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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01949-01

Fecha
12 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01949-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

12 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01949-01 (2926)
Accionante: Hans Rojas Álvarez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: ajuste salarial docente. Subtema 3:
defectos sustantivo y fáctico.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir
la impugnación interpuesta por el señor Hans Rojas Álvarez contra la sentencia de
primera instancia del 16 de abril de 2026 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

1. Síntesis del caso

El señor Hans Rojas Álvarez presentó solicitud de amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad, que consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con ocasión de la
sentencia del 6 de febrero de 2026 proferida dentro del proceso con radicado núm.
76147-33-33-003-2025-00008-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:

1 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01949-00, índice 2, certificado D9C1342D93D3125A
EC531F2992C00288 A5386901DE8BE527 73A62AB2A14D5190.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01949-01 (2926)
Accionante: Hans Rojas Álvarez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

2. El señor Hans Rojas Álvarez es educador oficial ubicado en la categoría 3BM
del escalafón docente, conforme al régimen establecido en el Decreto-Ley 1278 de
2002.

3. El accionante, mediante sendos escritos radicados en la Secretaría de
Educación del departamento del Valle del Cauca y en el Ministerio de Educación
Nacional, solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas
de los incrementos que, a su juicio, fueron «desiguales e injustificados decretados
para los años 2008 y 2009, en los cuales se favoreció a docentes de una categoría
inferior (3DM) en detrimento de quienes, como él, se encontraban en el escalafón
3BM».

4. La entidad territorial y el Ministerio de Educación Nacional guardaron silencio,
por lo que se configuraron actos fictos presuntos negativos el 29 de mayo de 2024
y el 29 de agosto de 2024, respectivamente.

5. El señor Hans Rojas Álvarez presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el departamento del Valle
del Cauca y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que: i) se
inaplicara por ilegal el Decreto 284 de 2024, que definió la escala salarial del
personal docente; ii) se dejaran sin efecto los referidos actos administrativos y, en
consecuencia; y iii) se ordenara pagar a su favor la diferencia salarial de los
incrementos porcentuales establecidos por el Gobierno nacional durante los últimos
tres años anteriores a la presentación de la reclamación administrativa, en virtud del
fenómeno de la prescripción, y en adelante.

6. El Juzgado Tercero Administrativo de Cartago, mediante sentencia del 26 de
septiembre de 2025, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se
configuró una desigualdad en la remuneración de los docentes toda vez que los
grados de escalafón 3BM y 3DM encuentran respaldo en criterios objetivos que
permiten realizar una diferenciación en el aumento porcentual de dichos grados, los
cuales se ajustan al ordenamiento que regula el sector salarial docente. Contra
dicha decisión, la parte actora presentó recurso de apelación.

7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó en todas sus partes el
fallo de primera instancia a través de providencia del 6 de febrero de 2026.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. El señor Hans Rojas Álvarez solicitó al juez constitucional que amparara sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad
y, en consecuencia, que ordenara lo siguiente:

[…] al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA dejar sin efectos la
providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida
interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta
la situación particular del docente HANS ROJAS ALVAREZ a la luz de los argumentos

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Accionante: Hans Rojas Álvarez
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planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate
jurídico2.

9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
providencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en defecto
sustantivo porque no efectuó una interpretación adecuada de los postulados
normativos que regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto se apartó de
los lineamientos constitucionales y legales que rigen la materia.

10. De esta manera, explicó que la autoridad accionada desconoció de manera
arbitraria el alcance del artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto-
Ley 1278 de 2002, en tanto otorgó un trato desigual en los incrementos salariales
de los docentes de las categorías 3 BM y 3 DM3, que se realizó en los años 2008 y
2009, cuya diferencia carecía de sustento objetivo y produjo una afectación
permanente en la base salarial de los docentes de la categoría 3 BM.

11. Resaltó que para el Tribunal las diferencias en los incrementos salariales de los
años 2008 y 2009 entre las categorías 3 BM y 3 DM respondían a criterios
razonables previstos en la normativa, tales como la formación académica, la
experiencia y la ubicación en el escalafón docente; sin embargo, no tuvo en cuenta
los principios de igualdad y progresividad que regulan los aspectos salariales.

12. Asimismo, indicó que la sentencia de segunda instancia incurrió en una omisión
sustancial al no incorporar ni analizar el precedente constitucional contenido en la
sentencia C-1064 de 2001 de la Corte Constitucional, en el cual se establece que
los tratos diferenciados en materia salarial se deben soportar en una justificación
objetiva y suficiente, por lo que la igualdad en el trabajo no se reduce a la igualdad
matemática ni permite incrementos que generen brechas irrazonables sin
fundamento técnico o normativo.

13. Por otra parte, indicó que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico
porque pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos
válidos que justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos
porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 3BM y
3DM.

2.3. Trámite Procesal

14. El despacho ponente de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante auto del 12 de marzo de 20264, admitió la solicitud de amparo,
ordenó la notificación al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en su condición
de autoridad accionada y puso en conocimiento el escrito de tutela al Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Cartago, a la Nación, Ministerio de

2 Se transcribe incluso con errores de texto.
3 En el año 2008 el incremento decretado por el Gobierno nacional fue del 44.89% para el grado 3 DM y de

13.92% para el grado 3 BM. En el año 2009 el incremento decretado por el Gobierno nacional fue del 7.67%
para el grado 3 DM y del 15.45% para el grado 3 BM.
4 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01949-00, índice 5, D8D1B37C63932FA4
2481AFF88A0239E3 68918236F97618DA B494B142C4A0768E.

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Accionante: Hans Rojas Álvarez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Educación Nacional, al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y
al departamento del Valle del Cauca, en su condición de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

15. El departamento del Valle del Cauca5 refirió que la solicitud de amparo, en su
criterio, se dirige a cuestionar la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, por lo cual, debía ser desvinculado del presente trámite
constitucional.

16. Además, indicó que la tutela no cumplía con los requisitos de procedencia y el
accionante pretendía reabrir un debate jurídico resuelto en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. En consecuencia, pidió que se declarara
improcedente la acción constitucional.

17. El Ministerio de Educación Nacional manifestó 6 que carece de legitimación en
la causa por pasiva para responder por las pretensiones del tutelante, toda vez que
la inconformidad fue interpuesta contra una providencia judicial, en cuyo trámite de
expedición no tuvo injerencia alguna.

18. Adicionalmente, resaltó que el asunto carece de relevancia constitucional, en la
medida en que la parte tutelante no acreditó la existencia de una vulneración de sus
derechos fundamentales y, por el contrario, la controversia era de naturaleza
estrictamente económica. Así pues, expuso que los jueces constitucionales tenían
la obligación de examinar de manera rigurosa el caso, para no desvirtuar los
principios de autonomía funcional de la jurisdicción y de cosa juzgada. En
consecuencia, pidió que se declare improcedente la solicitud de amparo.

19. El Juzgado Tercero Administrativo de Cartago7 y el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca8 remitieron a esta corporación el expediente del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, sin pronunciarse sobre los hechos y
pretensiones del escrito de tutela.

20. Los demás vinculados, guardaron silencio.

2.5. Sentencia de tutela de primera instancia

21. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 16 de abril de 20269, no accedió a las solicitudes de desvinculación
propuestas por el Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Valle del
Cauca. Además, negó la solicitud de amparo, al considerar que la decisión

5 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01949-00, índice 12, certificado D7AB6D0C13B444EF
00285AF525A072B9 8BA8EF3E258AE06E 4B0E3062E91F938A.
6
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01949-00, índice 14, certificado 9979678F440C3A24
621A8A54CC7D49D1 709E79474769CC53 BBE58FDF238663F7.
7 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01949-00, índice 11, certificado F6043E922B9CF45B

B5F340340CC8DB93 4057A49E4FF81DD4 E005C818E9A3796B.
8 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01949-00, índice 10, certificado 346C752494374F6E

FAB464A8EF5E478E 87735908820C9341 FC3A0896D6702B9A.
9 Samai. exp. núm. 11001-03-15-000-2026-01949-00, índice 18, certificado 522DC0DB50635B9A
694B8F4C7B3FCE33 45967B8C7B968719 A716083D48997CE6. .

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cuestionada no incurrió en un defecto sustantivo, en la medida en que efectuó un
análisis del caso conforme a las disposiciones normativas que regulan la carrera
docente y se evidenció que el accionante para los años 2008 y 2009 no ostentaba
la categoría de escalafón que alegó.

22. Afirmó que la parte accionante no desarrolló una adecuada carga argumentativa
y probatoria dirigida a demostrar las circunstancias concretas en las que la autoridad
judicial accionada incurrió en el defecto fáctico, pues, solo se limitó a señalar de
manera genérica que el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria. En
consecuencia, consideró que no había lugar a emitir un pronunciamiento de fondo
frente a este cargo.

2.6. Impugnación

23. La parte actora presentó impugnación10 contra la sentencia del 16 de abril de
2026. En su escrito sostuvo que el Tribunal omitió realizar un análisis riguroso de
los hechos acreditados en el expediente, en relación con la configuración de los
defectos sustantivo y fáctico en los que incurrió el fallo del 6 de febrero de 2026.

24. Resaltó que, en el caso concreto, la evidencia salarial demuestra que durante
los años 2008 y 2009 la categoría 3DM del escalafón docente recibió un incremento
del 52,56 %, mientras que la categoría 3BM obtuvo apenas un 29,37 %. La
diferencia en perjuicio de esta última asciende a 23,19 puntos porcentuales.

25. Agregó que la providencia judicial impugnada, al negar el reconocimiento de
esta inequidad y omitir el precedente constitucional aplicable (sentencia C-1064 de
2001), perpetuó una desigualdad incompatible con los artículos 13 superior, 21 del
Decreto-Ley 1278 de 2002 y la Ley 4 de 1992.

26. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo impugnado y, en
su lugar, se acceda a las pretensiones de la tutela.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

27. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en segunda
instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 16 de abril de
2026 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

3.2. Legitimación en la causa de las partes

28. La legitimación en la causa por activa del señor Hans Rojas Álvarez está
acreditada, porque fue el demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que fue expedida la sentencia que, a su juicio, desconoció sus
derechos fundamentales.

10 Samai. exp. núm. 11001-03-15-000-2026-01949-00, índice 22, certificado D11FBE1B0EA430F6
4E7C23AB52B4B755 5C02241811E20A36 12AE8A49BE9468A4.

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29. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, debido a que fue la autoridad que profirió la
providencia objeto de estudio.

3.3. Cuestión preliminar

30. El magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera manifestó su impedimento
para conocer del asunto al considerarse incurso en la causal de impedimento
contenida en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Al
respecto, la Sala dual aceptará dicha manifestación, toda vez que la decisión objeto
de tutela fue suscrita por el magistrado Óscar Alonso Valero Nisimblat, quien es
padrino de uno de sus hijos.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

31. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado11 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional12.

32.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

33. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales13 y, por lo
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
12 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.

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34. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución14.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

35. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

36. La presenta acción también supera el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela

37. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 6 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca fue notificada el 13 de febrero siguiente15 y la demanda de tutela se
presentó el 10 de marzo de 202616, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto
por la jurisprudencia constitucional17 y del Consejo de Estado18 como razonable.

38. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

39. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

40. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo y fáctico y, en
ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.

14
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
15 Samai, exp. 76147-33-33-003-2025-00008-01, índice 17, certificado 577C5140985AED54
52250393E99D1788 8BE88804ED1F0873 58CB829F45AA40C5.
16 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01949-00 índice 1.
17 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,

expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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3.5. Problema jurídico

41. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal accionado vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad
del tutelante?

42. En particular, deberá establecer si ¿la sentencia del 6 de febrero de 2026
incurrió en los defectos sustantivo y fáctico al confirmar el fallo que negó las
pretensiones de la demanda promovida por el accionante contra la Nación,
Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Valle del Cauca,
relacionadas con el ajuste de la diferencia salarial entre su escalafón 3BM con
respecto al grado 3DM?

43. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados;
y ii) el caso concreto.

3.5.1. El defecto sustantivo

44. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado19.

45. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

46. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los
jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar
su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de
la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos,
postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […] 20.

19 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
20 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.

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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

47. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

48. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).21

3.5.2. El defecto fáctico

49. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»22. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión23» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

50. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»24. Por su parte, la dimensión negativa
se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran
los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución
del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes
que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en
aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»25.

51. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida valoración
probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez

21 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
23 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso26.

52. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el análisis del
defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial 27, lo
que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta, las razones por las cuales el juez
ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia»28.

53. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica, por lo
menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión judicial
cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas] 29.

3.6. Caso concreto

54. En el asunto bajo estudio, el señor Hans Rojas Álvarez presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el departamento de Valle del Cauca
y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que se dejaran sin
efectos los actos fictos presuntos negativos del 29 de mayo y del 29 de agosto de
2024 y, en consecuencia, se ordenara pagar la diferencia salarial existente entre el
grado que ocupa como educador ubicado en el nivel 3BM con respecto al 3DM del
escalafón nacional docente.

55. En primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo de Cartago, mediane
sentencia del 26 de septiembre de 2025, negó las pretensiones de la demanda.
Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca emitió
fallo el 6 de febrero de 2026 en el que confirmó la providencia del a quo.

56. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto,
que la autoridad judicial accionada, al proferir el fallo del 6 de febrero de 2026,
incurrió en defecto sustantivo, por cuanto no realizó una interpretación adecuada
de los postulados normativos que regulan el régimen salarial de los docentes, en

26 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
27 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
28 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
29 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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tanto se apartó de los lineamientos constitucionales y legales que rigen la materia,
especialmente los principios de igualdad y progresividad.

57. De este modo, precisó que la autoridad accionada desconoció el alcance del
artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto-Ley 1278 de 2002, en
tanto otorgó un trato desigual en los incrementos salariales de los docentes
ubicados en los niveles 3BM y 3DM, que se realizó en el año 2008 y 2009, sin tener
en cuenta que la diferencia carecía de fundamento objetivo y produjo una afectación
permanente en la base salarial de los docentes de la categoría 3BM.

58. Asimismo, indicó que la sentencia de segunda instancia incurrió en una omisión
sustancial al no incorporar ni analizar el precedente constitucional contenido en la
sentencia C-1064 de 2001 de la Corte Constitucional, en el cual se establece que
los tratos diferenciados en materia salarial se deben soportar en una justificación
objetiva y suficiente.

59. De otro lado, indicó que la decisión cuestionada contiene un defecto fáctico
porque pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho no se aportó prueba alguna que justificara la decisión de la administración
de otorgar distintos porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en
el escalafón 3BM y 3DM.

60. Al respecto, se observa que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
efectuó un análisis a partir del marco constitucional y legal que regula las facultades
del Congreso de la República y del Gobierno nacional para fijar el régimen salarial
y prestacional del personal docente.

61. En ese sentido, precisó que, en desarrollo de dichas competencias, la Ley 4 de
1992 estableció la escala única nacional de salarios y el régimen prestacional para
los docentes escalafonados, de acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el
escalafón docente.

62. Así las cosas, indicó que el Decreto-Ley 1278 de 2002 reguló el Estatuto de
Profesionalización Docente y estableció un sistema de clasificación de los
educadores basado en su formación académica, experiencia, desempeño y
competencias, el cual se materializa en una estructura escalafonaria que permite
asignar el salario correspondiente.

63. Así pues, explicó que el decreto plantea una estructura del escalafón docente
con base en tres grados, cada uno compuesto por cuatro niveles salariales (A, B,
C y D), que dependen de la formación académica del educador. De este modo, el
ingreso a la carrera y la ubicación dentro del escalafón se hace conforme al título
académico y los ascensos o reubicaciones, requieren una evaluación de
competencias, el cumplimiento de requisitos y un tiempo mínimo de permanencia o
experiencia.

64. También se observa que el Tribunal realizó una reseña del Decreto 624 de
2008, modificado por el Decreto 714 de 2008 y el Decreto 702 de 2009, modificado
por el Decreto 1238 de 2009, que fijaron la escala salarial de los docentes, mediante

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la cual se estableció la asignación básica mensual correspondiente a los distintos
grados y niveles del escalafón docente nacional, aplicable a los empleos docentes
y directivos docentes vinculados al servicio del Estado bajo el régimen del Decreto-
Ley 1278 de 2002.

65. Aunado a lo anterior, la providencia cuestionada realizó un análisis de las
sentencias del Consejo de Estado para explicar la nivelación salarial y
prestacional30, las cuales le permitieron concluir que para acreditar una vulneración
del principio de igualdad en materia salarial en virtud del postulado «a trabajo igual,
salario igual», deberá acreditarse que se encuentran sometidos al mismo régimen
jurídico de exigencias para el empleo, toda vez que, únicamente un trato
discriminatorio puede ser predicado entre pares y no similares con ciertas
diferencias.

66. A partir de ese contexto normativo y jurisprudencial, el Tribunal Administrativo
de Valle del Cauca procedió a examinar los documentos aportados al plenario y
dejo consignado que el señor Hans Rojas Álvarez se vinculó como docente de aula
en el grado 3BM el 18 de julio de 2011 y fue reubicado en el nivel salarial 3BM a
partir del 9 de octubre de 2019.

67. En este sentido, la providencia cuestionada resaltó que el accionante fue
vinculado en vigencia de la ley 715 de 2001 por lo que se encontraba sometido al
régimen del Decreto- Ley 1278 de 2002.

68. Sobre el particular, la decisión objeto de tutela puso de presente que del análisis
probatorio se observó que el accionante alegó una diferencia salarial entre los
grados de escalafón 3BM y 3DM para los años 2008 y 2009, de los cuales no se
encontraba ubicado en la categoría 3BM pues fue reubicado hasta 2019.

69. Así pues, refirió que, ante la solicitud de inaplicar los decretos a partir del año
2008, los cuales fijaron el incremento de la asignación mensual de los docentes en
la categoría del escalafón 3BM resultaba improcedente, debido a que no se
evidenció que estos fueran contrarios a los lineamientos Constitucionales.

70. En concreto, el Tribunal accionado expuso las siguientes consideraciones:

Sin perjuicio de ello y atendiendo las razones de la parte recurrente en que la supuesta
desnivelación salarial de los años 2008 y 2009 afecta la base de los salarios siguientes
para la categoría de escalafón docente 3BM, y que ello viola los principios de igualdad
y proporcionalidad que rigen el derecho al trabajo por la diferencia del incremento
salarial fijado para dicho nivel en comparación con el fijado para el grado y nivel 3DM
conviene señalar que el Decreto 1278 de 2002 dispuso unos parámetros objetivos para
que el Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, estableciera la escala
única nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados,
de acuerdo: i) con el grado y ii) nivel que acrediten en el Escalafón Docente, teniendo

30 Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ. Providencia del treinta y uno (31) de agosto de

dos mil veintitrés (2023), radicación: 66001-23-33-000-2016-00140-01 (1290-2019).
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ. Providencia del diecinueve (19) de octubre de dos mil
diecisiete (2017). Radicación número: 70001-23-31-000-2009-00072-01(4291-14).
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Providencia del dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Expediente :76001-23-33-007-2017-00554-01 (3502-2022).

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en cuenta además que iii) el salario de ingreso a la carrera docente debía ser superior
al que devengaban los educadores regidos por el decreto-ley 2277 de 1979.

En concordancia con lo expuesto, la Sala advierte que las diferencias en los
incrementos salariales fijados para los años 2008 y 2009 respecto de los docentes
ubicados en los grados y niveles 3BM y 3DM se ajustaron a los criterios que delimitan
la facultad del Gobierno Nacional conforme al Decreto 1278. Ello, en la medida en
corresponden grados y niveles distintos, sin que existiera prohibición para que el
Ejecutivo estableciera incrementos salariales diferenciados entre grupos que no se
encuentran en situaciones equiparables por tener requisitos distintos para acceder al
respectivo grado y nivel.

Finalmente, si bien por vía judicial puede pretenderse el reconocimiento de una
compensación económica por nivelación salarial, en virtud del principio denominado “a
trabajo igual, salario igual”, debe la Sala recordar que quien pretenda el pago de una
diferencia en su remuneración debe acreditar que existe un criterio de igualdad con el
que pueda compararse a fin de determinar si se presenta un trato disímil injustificado 31,
pues un trato discriminatorio únicamente puede ser predicado entre pares y no entre
similares con ciertas diferencias.

En ese orden de ideas, como todos docentes en el marco del escalafón no se
encuentran en una idéntica situación fáctica ni jurídica, habida cuenta que existen
categorías por grados y niveles (grados de escalafón 1, 2 y 3; niveles A, B, C ,D para
los dos últimos grados; y subniveles con especialización para el grado 2 y con maestría
para el grado 3), no pueden equiparse las responsabilidades y requisitos de los
distintos niveles y, por tanto, no puede predicarse el principio de “a trabajo igual, salario
igual”

Se precisa que jurisprudencialmente se ha catalogado como razones admisibles de
diferenciación salarial, entre otras, la distinta clasificación de los empleos públicos, a
partir de la cual se generan diferentes escalas salariales, que responden a
cualificaciones disímiles.

Por tanto, no se cumple con los presupuestos jurisprudenciales para verificar la
equivalencia de características entre empleos a nivelar, pues no se puede equiparar el
nivel ocupado por el docente que es del grado 3, nivel B, con los docentes del nivel D,
cuyos requisitos para su acceso son disimiles 32.

71. De acuerdo con lo anterior, se observa que para la autoridad judicial accionada
la diferencia porcentual en el aumento salarial entre los dos grupos de docentes es
legal, ya que el Gobierno nacional tiene la potestad para fijar los incrementos
conforme a la Ley 4 de 1992, sin estar obligado a aplicar el mismo porcentaje cada
año.

72. Así pues, el Tribunal argumentó que no existe discriminación por aplicar
incrementos salariales desiguales entre los docentes, ya que la clasificación en el
escalafón docente depende de la formación académica y del cumplimiento de
requisitos establecidos en el Decreto-Ley 1278 de 2002.

31 Consejo de Estado - Sección segunda, Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, Providencia

del quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021), Radicación número: 73001-23-33-000-2016-00616-
01(0047-18)
32 Se transcribe incluso con errores de texto.

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73. Con fundamento en lo anterior, la corporación judicial accionada concluyó que,
si bien los aumentos fueron diferentes, ello no configuraba una vulneración al
«principio de trabajo igual, salario igual», toda vez que los docentes ubicados en
los grados 3BM y 3DM no se encontraban en las mismas condiciones fácticas y
jurídicas, por lo que el trato diferenciado resultaba constitucionalmente admisible al
pues respondía a criterios objetivos.

74. En este orden de ideas, se observa que la sentencia del 6 de febrero de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no incurrió en los
defectos alegados, pues realizó un análisis razonable y adecuado de la normativa,
la jurisprudencia aplicable al asunto y los documentos aportados al proceso, lo que
le permitió concluir que la diferencia salarial existente entre los docentes ubicados
en los niveles 3BM y 3DM del escalafón nacional docente se justificaba en criterios
objetivos definidos por el legislador (Decreto-Ley 1278 de 2002), relacionados con
la capacitación y el nivel educativo del docente.

75. En efecto, se advierte que el Tribunal analizó el contenido del Decreto-Ley 1278
de 2002 en conjunto con los decretos salariales del Decreto 624 de 2008,
modificado por el Decreto 714 de 2008, y el Decreto 702 de 2009, modificado por
el Decreto 1238 de 2009, para verificar la trazabilidad con la que el Gobierno
nacional realizó los incrementos salariales durante dichas anualidades para los
grados 3 BM y 3 DM y las condiciones que llevaron a definir los valores respectivos.

76. El estudio normativo y jurisprudencial desarrollado por la autoridad accionada
le permitió constatar que la diferencia salarial establecida para los docentes en los
grados 3 BM y 3 DM tiene una justificación válida y no es contraria al principio de
progresividad y no regresividad en materia salarial, dado que no se demostró una
desmejora económica para los educadores ubicados en el grado 3 BM.

77. Cabe aclarar que el porcentaje que el tutelante aduce fue reconocido para los
docentes ubicados en el grado 3 BM, en los años 2008 y 2009, no fue inferior al
IPC certificado por el DANE33 para esa anualidad, por lo que no se puede advertir
que el valor otorgado represente un acto inequitativo o regresivo frente a sus
derechos salariales.

78. Dicho esto, para la Sala no es posible inferir la configuración de un defecto
sustantivo y fáctico como lo plantea la parte tutelante, debido a que las razones y
motivos que dieron origen a la fijación diferenciada del salario entre los grados 3BM
y 3DM encuentran fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto-Ley
1278 de 2002, el cual faculta al ejecutivo para definir los salarios y prestaciones de
los educadores en los siguientes términos:

El Gobierno nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala única
nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados, de
acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad
con el presente decreto; y según el título que acrediten, para los docentes nombrados

33 El IPC (Índice de Precios al Consumidor) de Colombia para el año 2008 tuvo una variación anual del 7.67%.

y en el año 2009 del 2.0.

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en provisionalidad o en período de prueba; lo mismo que las remuneraciones
adicionales para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el
tamaño de la institución educativa que dirijan.

79. De acuerdo con lo anterior, se observa que la sentencia del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca de ninguna manera realizó una interpretación
sesgada de la normativa aplicable y de los criterios jurisprudenciales que rigen el
caso sometido a estudio; por el contrario, lo que se advierte es que los argumentos
desarrollados en la providencia objeto de tutela atienden las pautas establecidas
por el legislador sobre la forma de definir los incrementos salariales de los docentes.

80. Adicionalmente, se tiene que el análisis probatorio desarrollado por la autoridad
judicial accionada lejos de mostrar una situación indebida por acción u omisión, lo
que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al contenido de los
documentos aportados a la actuación judicial, por lo que no es posible inferir que la
decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es que el Tribunal no le
haya otorgado el valor probatorio que el tutelante pretendía que se les atribuyera a
los medios de prueba allegados al proceso.

81. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»34.

82. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto, así como de las pruebas obrantes en el expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho. Por estas razones, si bien la providencia
objeto de tutela no resultó favorable al tutelante, esto no significa que se hayan
desconocido sus garantías constitucionales.

83. De esta manera, no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la
acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir
el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un pronunciamiento
que se acomode a sus intereses y pretensiones.

4. Conclusión

84. Por lo anterior, la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca no vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante, por
cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario, infundado o
caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que

34 Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.

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constituya una vía de hecho por el defecto sustantivo y fáctico, que exija la
intervención del juez de tutela.

85. En consecuencia, confirmará la sentencia del 16 de abril de 2026, proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

Falla:

Primero: Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado Jorge
Edison Portocarrero Banguera para conocer la acción de tutela de la referencia, por
las razones consignadas en esta providencia y, por tal motivo, separarlo del
conocimiento del trámite constitucional.

Segundo: Confirmar la sentencia del 16 de abril de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por los motivos
contenidos en esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Con impedimento

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx

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