Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01952-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01952-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01952-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01952-00
Demandante: ESTHER AUDITH VEGA NUÑEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Tema: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo1
La señora Esther Audith Vega Nuñez, actuando a través de apoderada judicial2
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, a efectos de
que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, de acceso a la administración de justicia, «a la tutela judicial efectiva».
Asimismo, para que se le aplique el principio de favorabilidad.
Dichas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de la
providencia del 4 de septiembre de 2025 dictada por la autoridad judicial accionada
que confirmó la sentencia del 28 de marzo de 2025 proferida por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, y a través de la cual, se negaron
las pretensiones elevadas al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con radicado 20001-33-33-008-2024-
00200-00/01 que promovió contra el Ministerio de Educación Nacional y el
departamento del Cesar.
1 Índice 002 de Samai. Tutela radicada el 10 de marzo de 2026 a la que se le asignó la secuencia
interna número 2944.
2 Índice 002 de Samai. Poder conferido a la abogada Clarena López Henao a través de mensaje de
datos.
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Demandante: Esther Audith Vega Nuñez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
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1.2. Pretensión
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió que:
[…]
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma
aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular
del (la) docente ESTHER AUDITH VEGA NUÑEZ a la luz de los argumentos
planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate
jurídico3
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
La señora Esther Audith Vega Nuñez ostenta la calidad de docente oficial en la
categoría 2BE del escalafón docente vigente, regulado por el Decreto Ley 1278 de
2002.
Señaló que, el Gobierno Nacional determinó iguales incrementos salariales a todos
los docentes oficiales que pertenecen al nuevo escalafón docente durante los años
2005, 2006 y 2007.
Sostuvo que, para el año 2009 la categoría 2AE del escalafón docente recibió un
incremento acumulado en su salario del 15.61%, mientras que la categoría 2BE
únicamente obtuvo un incremento de 7.67%, lo que refleja un trato desigual e
indiscriminado en la asignación de los aumentos salariales.
En atención a lo anterior, la actora elevó reclamación administrativa ante la Nación,
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del departamento de
Cesar, en la que solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales
derivadas de los incrementos desiguales e injustificados decretados para el año
2009, en los cuales se favoreció a docentes de la categoría 2AE en detrimento de
quienes, como ella, se encontraban en el escalafón 2BE.
Mediante los oficios 2024-EE-054052 del 27 de febrero de 2024 y
CES2024ER006761 del 22 de febrero de 2024 el Ministerio de Educación Nacional
y la Secretaría de Educación del departamento de Cesar respectivamente,
resolvieron de forma negativa lo peticionado por la docente.
En consecuencia, la señora Vega Nuñez presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional y el departamento del Cesar, en la que, solicitó: (i) la
3 Transcripción del texto original con posibles errores.
2
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inaplicación por ilegalidad del Decreto 284 de 2024 que fijó la escala salarial del
personal docente; (ii) el estudio de legalidad de los actos administrativos expedidos
por las autoridades demandadas y, (iii) el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales causadas en los tres años anteriores a la reclamación administrativa.
La demanda se asignó por reparto al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar que, mediante sentencia del 28 de marzo de 2025, negó las
pretensiones.
Como fundamento, explicó que el salario que devengan los docentes va ligado al
grado y nivel en el que se ubican en dentro del escalafón, que se obtiene una vez
se acreditan los requisitos para la inscripción y el ascenso en el mismo, y se superan
las correspondientes evaluaciones del período de prueba, de desempeño y de
competencias. Agregó que existe vulneración al derecho a la igualdad, pues el
tratamiento diferente al que alude la parte demandante, en relación con el aumento
salarial entre quienes se encuentran en el escalafón 2AE y 2BE, no admite
comparaciones entre la asignación salarial que se establece para quienes ingresan
a la carrera en uno u otro grado y nivel del escalafón, por cuanto, para acreditar tal
vulneración, debe estarse ante dos sujetos que desempeñan las mismas funciones
y estar sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de cualificación para el
empleo.
La anterior decisión fue recurrida por la parte actora y confirmada por el Tribunal
Administrativo del Cesar a través de la sentencia del 4 de septiembre de 20254.
Como sustento indicó que (i) la decisión del Gobierno Nacional de aumentar las
asignaciones salariales de la población docente oficial de manera desigual,
considerando los grados y niveles salariales para los años 2008, 2009 y 2011, se
hizo acorde a lo consagrado por las normas que rigen la materia, y, con base en la
amplia potestad de configuración normativa otorgada por la Constitución Política;
(ii) los incrementos no obedecieron a una decisión caprichosa de la administración
que desconociera los derechos entre uno y otro nivel dentro del mismo o diferente
grado, sino que se sustentó en los objetivos del Decreto 1278 de 2002 en el marco
del proceso de profesionalización de la carrera docente; (iii) no se desvirtuó la
presunción de legalidad de los actos administrativos acusados.
La citada providencia fue notificada a las partes de forma personal mediante correo
electrónico el 9 de septiembre de 20255.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que, a través de la providencia acusada el tribunal
accionado incurrió en los siguientes defectos:
Sustantivo: al considerar que el operador judicial no advirtió la evidente ilegalidad
4 Providencia suscrita por los magistrados José Antonio Aponte Olivella, Carlos Mario Arango Hoyos
y Carmen Dalis Argote Solano.
5 Índice 013 del expediente ordinario de segunda instancia.
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de los actos administrativos sometidos a control jurisdiccional puesto que los
escalafones 2BE, 2CE Y 2DE, que son reubicaciones del escalafón 2 requieren
mayor preparación y requisitos de la categoría 2AE. Agregó que, pese a que en los
años 2006 y 2007 el incremento salarial fue igual, no sucedió lo mismo en el año
2009 en el que el Gobierno Nacional expidió los Decretos 702 y 1238 de 2009 en
los que efectuó incrementos en los salarios de los docentes de manera irregular.
Agregó que, la autoridad judicial accionada realizó una interpretación abiertamente
irrazonable y desproporcionada del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley
4 de 1992 y del Decreto Ley 1278 de 2002, ello, con fundamento en que, a su juicio,
el operador judicial se limitó a plantear un debate comparativo entre los grados 2BE
y 2AE sin ofrecer una justificación clara y coherente que permitiera concluir que el
incremento salarial desigual era legal y ajustado al marco normativo
Fáctico: por cuanto, según su juicio, existió una indebida valoración probatoria
frente al debate jurídico planteado, pues en su sentir, de la actora, no se allegó
prueba que soportara la diferencia en el mayor incremento salarial otorgado a los
docentes ubicados en un nivel inferior del escalafón 2AE, en comparación con la
accionante, quien se encontraba en la categoría 2BE.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 13 de marzo de 2026, la Magistrada Ponente de esta decisión
avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar a la parte
accionante6 y los magistrados José Antonio Aponte Olivella, Carlos Mario Arango
Hoyos y Carmen Dalis Argote Solano, que integran el Tribunal Administrativo del
Cesar7, en calidad de accionados.
Así mismo, vinculó como terceros con interés jurídico, al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar8 [A quo], a la Nación, Ministerio de
Educación Nacional9, y al departamento del Cesar10 [integraron el extremo pasivo del
proceso ordinario].
Por último, se reconoció personería la abogada Clarena López Henao, para que
representara los intereses de la parte actora dentro del presente asunto.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
6 Índice 008 de Samai. Notificación realizada al correo: valledupar@lopezquinteroabogados.com.
7 Índice 008 de Samai. Notificación realizada a los correos: sectriadm@cendoj.ramajudicial.gov.co y
sgtadmincsr@notificacionesrj.gov.co.
8Índice 008 de Samai. Notificación realizada al correo:
j08admvalledupar@cendoj.ramajudicial.gov.co.
9 Índice 008 de Samai. Notificación realizada a los buzones:
notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co y atencionalciudadano@mineducacion.gov.co.
10 Índice 008 de Samai. Notificación realizada a los buzones: contactenos@cesar.gov.co,
notificacionesjudiciales@gobcesar.gov.co, despacho@gobcesar.gov.co; educacion@cesar.gov.co.
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1.6.1. Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar 11
El titular del despacho realizó un breve recuento de las actuaciones surtidas en el
proceso ordinario y concluyó que estas se realizaron respetando plenamente los
derechos y garantías de las partes, aunado a que la decisión que puso fin a la
controversia estuvo debidamente motivada, no obstante, adujo que la actora
pretende, dar continuidad al debate que ya fue resuelto con suficiencia por el juez
natural de la causa, en dos instancias, por lo que, a su juicio, pretende usar este
mecanismo constitucional como una tercera instancia, por lo que pidió que se
declare improcedente la presente acción.
1.6.2. Ministerio de Educación Nacional12
La profesional especializada de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad solicitó que
se declarara improcedente este mecanismo constitucional porque no supera el
requisito de relevancia constitucional dado que no advierte la transgresión de las
garantías invocadas, aunado a que el debate procesal gira en torno a una
controversia de naturaleza económica que excede la competencia del juez de tutela.
1.6.4. Departamento del Cesar13
La secretaria de Educación del ente territorial alegó la falta de legitimación en la
causa por pasiva porque no tiene injerencia alguna en las decisiones adoptadas por
la autoridad judicial accionada, por lo que pidió su desvinculación.
1.6.5. El Tribunal Administrativo del Cesar, pese a estar debidamente notificado del
presente trámite, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, por cuanto se dirige contra el Tribunal Administrativo del Cesar.
2.2. Cuestión previa
El departamento del Cesar solicitó su desvinculación, tras considerar que no le
asiste legitimación en la causa por pasiva.
11 Índice 013 de Samai.
12 Índice 014 y 015 de Samai.
13 Índice 016 de Samai.
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Sobre el particular, la sala encuentra necesario precisar que no se accederá a la
misma. Esto, en virtud de que su vinculación se hizo como tercero por el eventual
interés que le puede representar el presente trámite, en tanto conformó el extremo
pasivo del proceso ordinario donde se dictó la providencia cuestionada.
2.3. Problema jurídico
Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala resolver:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:
• ¿El Tribunal Administrativo del Cesar, vulneró las garantías invocadas por la
parte actora con ocasión de la sentencia del 4 de septiembre de 2025 dictada
al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 20001-33-33-008-2024-00200-00/01, en atención a la diferencia en
la asignación salarial en los escalafones de docentes?
Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 14
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema15 y declaró su
procedencia.16
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
16 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202217 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
17 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
7
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finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal18 (Énfasis de la
Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico19; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional20.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no a problemas de carácter legal21”. En este orden, se reitera que el examen de
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales22”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto23, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal24.
(Resaltado de la Sala)
2.6. Caso concreto
La señora Esther Audith Vega Nuñez cuestionó la providencia del 4 de septiembre
de 2025 en la que el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la sentencia del 28
de marzo de 2025 proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar, y a través de la cual, se negaron las pretensiones elevadas
18 Sentencia SU-573 de 2019.
19 Sentencia SU-103 de 2022.
20 Sentencia SU-103 de 2022.
21 Sentencia SU-103 de 2022.
22 Sentencia SU-128 de 2021.
23 Sentencia SU-573 de 2019.
24 Ibid.
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al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con
radicado 20001-33-33-008-2024-00200-00/01.
El medio de control perseguía la inaplicación por ilegalidad del Decreto 284 de 2024
que fijó la escala salarial del personal docente y la declaratoria de nulidad de los
actos administrativos expedidos por las autoridades demandadas con el
consecuente reconocimiento y pago de las diferencias salariales causadas en razón
al incremento salarial aplicado en el año 2009 que, en su sentir, resultó injustificado.
La señora Vega Nuñez consideró que el ad quem, incurrió en los defectos sustantivo
y fáctico al no analizar y valorar si el Gobierno Nacional cumplió con el deber legal
de sustentar con razones objetivas y jurídicas el trato discriminatorio en materia
salarial, pues a su juicio, a partir de la expedición de los Decretos 702 y 1238 de
2009 se consumó un trato desigual entre el incremento del salario de los docentes
de los escalafones 2BE y 2AE.
Sobre los yerros, argumentó que el tribunal realizó una interpretación abiertamente
irrazonable de la Carta Política y del ordenamiento jurídico aplicable y validó el trato
desigual en los incrementos salariales de 2009 para los docentes pertenecientes al
escalafón 2BE, respecto del 2AE.
En este punto, la Sala considera que la solicitud de amparo no supera el requisito
de la relevancia constitucional. Esto, debido a que la parte actora en su escrito de
tutela demuestra una mera inconformidad con los criterios adoptados por la
autoridad judicial accionada, sin que medie una argumentación encaminada a
evidenciar la presunta transgresión de sus garantías constitucionales que justifique
la intromisión del juez de tutela.
Resulta oportuno destacar que el Tribunal Administrativo del Cesar indicó que, más
allá de lo argumentado en la demanda, no se aportaron medios de prueba
adicionales que permitieran inferir que los decretos salariales de los docentes cuya
inaplicación por inconstitucionalidad fue solicitada, realmente fueran incompatibles
con la constitución, como tampoco se vislumbró una contradicción con el artículo
53, ni con la Ley marco y los criterios en ella definidos.
Por lo anterior, concluyó que la pretensión de inaplicar el Decreto 284 de 2024 por
vía de excepción de inconstitucionalidad carecía de sustento, al no haberse
acreditado contradicción manifiesta con normas superiores, ni continuidad de un
vicio estructural que traspase el estándar de control judicial de la discrecionalidad,
como tampoco se demostró el trato desigual entre pares del mismo grado y nivel, ni
afectación del mínimo constitucional. Además, consideró que no se logró desvirtuar
la ilegalidad de los actos administrativos demandados.
En consecuencia, esta colegiatura evidencia que los reproches planteados por la
tutelante reflejan una mera inconformidad con lo decidido por el Tribunal
Administrativo del Cesar por concluir que no existió vulneración al derecho a la
igualdad, de lo cual no se deriva una verdadera cuestión iusfundamental que
justifique la intromisión del juez de tutela.
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Por el contrario, la accionante se limitó a insistir en la existencia de un trato
discriminatorio, con el fin de imponer su criterio jurídico al que se fijó en el fallo
cuestionado, sin haberse propuesto una discusión que dé cuenta de la posible
vulneración de las garantías constitucionales.
De igual forma, esta Sala de Decisión advierte que el contenido del defecto fáctico
invocado se planteó igualmente en el recurso de apelación que radicó contra la
sentencia del 28 de marzo de 2025, argumentos que fueron desvirtuados por el
tribunal demandado. En ese orden, se observa que la parte actora pretende
convertir esta acción en una tercera instancia, dado que insistió nuevamente en los
reproches planteados al interior del proceso ordinario, con el objetivo de que se
estudie el presunto trato discriminatorio como lo propone.
Finalmente, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el
debate planteado por la accionante busca mutar la acción constitucional en una
instancia adicional y reabrir un debate ya zanjado por el juez contencioso, conforme
las etapas que para tal efecto estableció el legislador.
De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela y la
desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente caso, este
mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el requisito de relevancia
constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el departamento
del Cesar.
SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por la señora Esther Audith Vega Nuñez, por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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_______________________________________________________________
Demandante: Esther Audith Vega Nuñez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01952-00
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
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