República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-01952-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
1 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Primero (1. °) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01952-01 (5419)
Accionante: Esther Audith Vega Núñez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Tema: acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: ajuste salarial docente. Subtema 3:
defectos sustantivo y fáctico.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir
la impugnación interpuesta por la señora Esther Audith Vega Núñez contra la
sentencia de primera instancia del 9 de abril de 2026 proferida por la Sección Quinta
de esta corporación.
1. Síntesis del caso
La señora Esther Audith Vega Núñez presentó solicitud de amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad, que consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cesar con ocasión de la sentencia del
4 de septiembre de 2025 proferida dentro del proceso con radicado núm. 20001-33-
33-008-2024-00200-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:
1 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01952-00, índice 2, certificado DB252AA32398892C
CFC8DCE3A7664E64 70B45C233FC0DC02 50EF0548B54900AE.
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Accionante: Esther Audith Vega Núñez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
2. La señora Esther Audith Vega Núñez es educadora oficial ubicada en la
categoría 2BE del escalafón docente, conforme al régimen establecido en el
Decreto- Ley 1278 de 2002.
3. La accionante solicitó al Ministerio de Educación Nacional y a la Secretaría de
Educación del departamento del Cesar el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales derivadas de lo que consideró «incrementos desiguales e injustificados
decretados para el año 2009, en los cuales se favoreció a docentes de una categoría
inferior (2AE) en detrimento de quienes, como ella, se encontraban en el escalafón
2BE».
4. La entidad territorial y el Ministerio de Educación Nacional, a través de los oficios
CES2024ER006761-CES2024EE002940 del 22 de febrero del 2024 y 2024-EE-
054052 del 27 de febrero siguiente, respectivamente, negaron el requerimiento de
la tutelante.
5. La señora Esther Audith Vega Núñez presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el departamento del
Cesar y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que: i) se
inaplicara por ilegal el Decreto 284 de 2024, que definió la escala salarial del
personal docente; ii) se dejaran sin efecto los referidos actos administrativos y, en
consecuencia, iii) se ordenara pagar a su favor la diferencia salarial de los
incrementos porcentuales establecidos por el Gobierno nacional durante los últimos
tres años anteriores a la presentación de la reclamación administrativa, en virtud del
fenómeno de la prescripción, y en adelante.
6. El Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar, mediante sentencia del 28 de
marzo de 2025, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que los actos
administrativos reprochados cumplían con parámetros objetivos, discernibles y
razonables que justificaban la diferencia salarial en la escala de los docentes.
7. La anterior decisión fue apelada y en segunda instancia el Tribunal
Administrativo del Cesar, a través de providencia del 4 de septiembre de 2025,
confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La señora Esther Audith Vega Núñez solicitó al juez constitucional que
amparara sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de
favorabilidad y, en consecuencia, que ordenara lo siguiente:
[…] al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia
referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación
de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación
particular del (la) docente ESTHER AUDITH VEGA NUÑEZ a la luz de los argumentos
planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate
jurídico 2.
2 Se transcribe incluso con errores de texto.
2
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9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
providencia del Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en defecto sustantivo
porque no efectuó una interpretación adecuada de los postulados normativos que
regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto se apartó de los lineamientos
constitucionales y legales que rigen la materia.
10. De esta manera, explicó que la autoridad accionada desconoció de manera
arbitraria el alcance del artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto-
Ley 1278 de 2002, en tanto justificó un trato desigual en los incrementos salariales
de los docentes de las categorías 2AE y 2BE, que se realizó en el año 2009, cuando
la diferencia carecía de sustento objetivo y produjo una afectación permanente en
la base salarial de los docentes de la categoría 2BE.
11. Resaltó que para el Tribunal las diferencias en el incremento salarial del 2009
respondían a criterios razonables previstos en la normativa, tales como la formación
académica, la experiencia, responsabilidades asumidas y rendimiento en el cargo;
esos aspectos, en su criterio, justamente daban lugar a que un educador ubicado
en un nivel superior del escalafón, como en su caso, percibiera una compensación
económica proporcionalmente más elevada, por lo que, se desconocieron los
principios de igualdad y equidad que regulan los aspectos salariales.
12. Por otra parte, indicó que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico
porque pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos
válidos que justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos
porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 2AE y
2BE.
13. Finalmente, puso en conocimiento que, en sentencia del 25 de marzo de 2025,
el Juzgado Veintitrés Administrativo de Medellín accedió a las pretensiones de una
demanda de iguales fundamentos fácticos y jurídicos, postura reiterada por el
Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín.
2.3. Trámite Procesal
14. La tutela correspondió a la Sección Quinta del Consejo de Estado que, a través
del despacho ponente, profirió auto el 13 de marzo de 20263 en el que admitió la
solicitud de amparo; vinculó al Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar, a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional y al departamento del Cesar; requirió el
expediente ordinario; y ordenó las notificaciones de rigor.
2.4. Intervenciones
15. El Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar refirió4 que la accionante
pretendía agotar una instancia adicional, toda vez que buscaba abrir un debate
3 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01952-00, índice 5, certificado 1 A7708221450E1B75
48E557CE4FDCA1FE 8F5118EC5509129A 16EECB2A23DA117B.
4
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01952-00, índice 13, certificado C25F6F1C6F5A9A15 8941130422F4D8C9
AA081BCE82117067 ADCDCE3D787D6FD4.
3
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jurídico que fue resuelto y motivado en el proceso ordinario, en el cual se respetaron
sus derechos y garantías, por lo que se debía declarar improcedente la acción.
16. El Ministerio de Educación Nacional manifestó5 que se debía declarar la
improcedencia de la tutela al considerar que el asunto carecía de relevancia
constitucional, en la medida que no se acreditó la existencia de una vulneración de
derechos fundamentales y, por el contrario, la controversia era de naturaleza
estrictamente económica. Además, expuso que los jueces constitucionales tenían
la obligación de examinar de manera rigurosa el caso, para no desvirtuar los
principios de autonomía funcional de la jurisdicción y de cosa juzgada.
17. Adicionalmente, indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva para
responder por las pretensiones de la tutelante.
18. El departamento del Cesar indicó6 que no existió una acción u omisión por parte
de la entidad que vulnerara los derechos de la actora, en cuanto a que el reproche
se dirigía contra una providencia judicial. Por lo tanto, debía ser desvinculada del
proceso.
19. La Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar manifestó 7 que reiteraba y
acogía los fundamentos de orden constitucional, legal y jurisprudencial expuestos
en la providencia del 4 de septiembre de 2025, así como los criterios impartidos por
el juez constitucional en el presente trámite.
20. Además, informó que los 11 despachos administrativos del circuito
administrativo de Valledupar y los 6 despachos de ese tribunal han mantenido una
línea uniforme en la decisión de los procesos relacionados con el incremento salarial
por concepto de escalafón docente, desestimando las pretensiones de las
demandas.
2.5. Sentencia de tutela de primera instancia
21. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia
el 9 de abril de 20268, en la que declaró improcedente la solicitud de amparo por
carecer de relevancia constitucional. Para lo anterior, reiteró los argumentos de las
providencias cuestionadas y sostuvo que la tutelante pretendió agotar una instancia
adicional al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.6. Impugnación
22. La accionante presentó escrito de impugnación en contra de la sentencia del 9
de abril de 2026, para lo cual afirmó que la tutela superó el requisito de relevancia
constitucional, que la conclusión efectuada por la Sección Quinta de esta
5
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01952-00, índice 14, FF34EACEE6073FD3 2DB4B6858D5C5097
395C6B553A985D17 D02572BD8994D822.
6
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01952-00, índice 16, CB591BCBE346CD27 3EEACA6762A84CA0
1A90E6BD9AC9B8E1 93EA3A5924B777BC.
7
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01952-00, índice 17, certificado FD5B2A72A82CD7F5
3677925CEA1E9970 E627B8A47B8E3118 502CE128EF9CE67D.
8
Samai. exp. núm. 11001-03-15-000-2026-01952-00, índice 23, certificado 60758F05070188D1 45E973589B86AF02
A36157BF127C5348 8D82837351A4F267.
4
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Accionante: Esther Audith Vega Núñez
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corporación omitió realizar un análisis material y riguroso de los hechos acreditados
en el expediente y reiteró los cargos atinentes a la configuración en el fallo del 4 de
septiembre de 2025 del defecto sustantivo, y del defecto fáctico9.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
23. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado tiene
competencia para conocer de la impugnación que presentó la parte accionante, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y
32 del Decreto 2591 de 1991.
3.2. Legitimación en la causa de las partes
24. La legitimación en la causa por activa de la señora Esther Audith Vega Núñez
se encuentra acreditada, por cuanto fue la parte demandante dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que finalizó con la sentencia del 4 de
septiembre de 2025 objeto de tutela, y, por lo tanto, es la titular de los derechos que
consideró fueron vulnerados.
25. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Cesar porque es la autoridad que profirió la anterior providencia,
la cual, según afirmó la tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.
26. Por otro lado, se advierte que el departamento del Cesar y el Ministerio de
Educación Nacional solicitaron su desvinculación, al considerar que la acción de
tutela se dirigía contra una providencia judicial, "por lo cual no estaban llamados a
responder por la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.
27. Al respecto, la Sala aclara al departamento del Cesar y al Ministerio de
Educación Nacional que su vinculación al presente asunto fue en calidad de
terceros, en aras de garantizar su derecho de defensa y contradicción, por lo cual
la decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por lo anterior, se
negarán sus solicitudes de desvinculación.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
28. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado10 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional11.
9
Samai. exp. núm. 11001-03-15-000-2026-01952-00, índice 28, certificado 88A57C1DE9F635E0 685B81D8D3043841
D99E746CA98BD060 66EB81529C650EB6.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
11 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
5
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29.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis
y que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
30. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por lo
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
31. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución13.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
32. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional14
ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia15.
33. Contrario a lo que determinó la Sección Quinta del Consejo de Estado en la
sentencia impugnada, esta Sala considera que la cuestión que se discute reviste
12 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
13 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15 Ibidem.
La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el
requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente
legal y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea
exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un
aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que
la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las
cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
6
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relevancia constitucional, toda vez que, de encontrarse configurados en el fallo del
4 de septiembre de 2025 los defectos alegados en el escrito de tutela, quedaría
acreditado en el proceso ordinario que la señora Esther Audith Vega Núñez tenía
derecho al reconocimiento y pago de la diferencia salarial derivada de los
incrementos aplicados de manera desigual a los docentes regidos por el Decreto-
Ley 1278 de 2002, específicamente entre los niveles 2AE y 2BE de un grado en el
escalafón inferior al que pertenece.
34. En ese escenario, la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar que confirmó
la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda
comprometería y afectaría los derechos fundamentales para cuyo amparo se acudió
a esta acción constitucional.
35. Respecto de los cargos de la tutela, la accionante no tiene otros mecanismos
ordinarios y/o extraordinarios para proteger sus derechos fundamentales, pues
agotó las instancias respectivas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.
36. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho porque la providencia objeto
de reproche fue proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 4 de septiembre
de 2025, y la demanda de tutela se presentó el 10 de marzo de 2026, esto es, dentro
del plazo de seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia constitucional16 y del
Consejo de Estado17 como razonable.
37. La parte actora, en el escrito de tutela, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, y en ellos no evidencian una irregularidad procedimental.
Finalmente, la providencia reprochada no se emitió dentro de un trámite de tutela.
38. Según lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales específicas
en los términos que planteó la parte actora.
3.4. Problema jurídico
39. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal accionado vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad
de la tutelante?
40. En particular, deberá establecer si ¿la autoridad accionada incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico al proferir la sentencia del 4 de septiembre de 2025
que confirmó el fallo que negó las pretensiones de la demanda promovida contra la
Nación, Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Cesar, relacionadas
con el ajuste de la diferencia salarial entre su escalafón 2BE con respecto al grado
2AE?
16 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
17Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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41. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados;
y ii) el caso concreto.
3.4.1. Generalidades del defecto fáctico
42. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial presenta defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»18. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión»19 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
43. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»20. Por su parte, la dimensión negativa
se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran
los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución
del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes
que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en
aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»21.
44. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos
que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso22.
45. Ahora bien, la Corte Constitucional ha manifestado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial23, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, por qué el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia»24.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
19 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
22 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
23 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
24 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
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46. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica,
por lo menos, cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la
decisión judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las
pruebas en cada caso:
El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas que
obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta –
siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios.
El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento objetivo.
Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o
voluntad.
El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas de manera integral o
si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba en relación con
otras, sin que exista justificación para ello.
El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]25.
3.4.2. Generalidades del defecto sustantivo
47. Conforme con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o, porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado26.
48. De este modo, para que se predique tal defecto es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, ya que los jueces son autónomos
para escoger entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que
consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en
el artículo 230 de la Constitución Política.
49. En este sentido, la Corte ha precisado que la interpretación que hace el juez de
las normas que aplica a un caso concreto, encuentra límite en el carácter normativo
de la Constitución (artículo 4º de la CP), en la obligación de dar eficacia a los
derechos fundamentales (artículo 2º superior), en la primacía de los derechos
humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el
derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP), y en la garantía al
acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior)27.
3.5. Caso concreto
50. En el asunto bajo estudio, la señora Esther Audith Vega Núñez presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el departamento del Cesar y la Nación, Ministerio de Educación
25 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-214 de 2023.
27 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
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Nacional, con el fin de que se dejaran sin efectos los oficios CES2024ER006761-
CES2024EE002940 del 22 de febrero del 2024-EE-05405 del 27 de febrero de 2024
y, en consecuencia, se ordenara pagar la diferencia salarial derivada de los
incrementos aplicados de manera desigual a los docentes regidos por el Decreto-
Ley 1278 de 2002, específicamente entre los niveles 2AE y 2BE.
51. El asunto correspondió al Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar que
negó las pretensiones de la demanda en sentencia del 28 de marzo de 2025.
Apelada esta decisión, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la providencia
anteriormente referida en fallo del 4 de septiembre de 2025.
52. Ahora bien, la señora Esther Audith Vega Núñez presentó acción de tutela
contra el juez ordinario de segunda instancia, en la que solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad,
pues consideró que incurrió en los defectos fáctico y sustantivo.
53. Frente a la primera causal de procedencia invocada en el escrito de amparo, la
accionante sustentó que el Tribunal no realizó una interpretación adecuada de los
postulados normativos que regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto se
apartó de los lineamientos constitucionales y legales que rigen la materia,
especialmente los principios de igualdad y equidad.
54. Al respecto, se observa que, el Tribunal Administrativo del Cesar, en atención a
la pretensión de la demandante, efectuó un análisis a partir del marco constitucional
y legal que regula la fijación del régimen salarial de los docentes oficiales,
particularmente la distribución de competencias entre el Congreso de la República
y el Gobierno nacional, y el contenido de la Ley 4 de 1992 y del Decreto-Ley 1278
de 2002.
55. En ese sentido, señaló que corresponde al Congreso expedir la ley marco que
establezca los objetivos y criterios para la fijación del régimen salarial y prestacional
de servidores públicos, mientras que al Gobierno nacional le compete desarrollar
tales lineamientos mediante decretos, con sujeción a los límites.
56. Precisó que, en desarrollo de dichas competencias, la Ley 4 de 1992 fijó los
criterios que debía observar el Gobierno nacional para fijar la remuneración a los
servidores públicos, de manera que los actos administrativos que se emitiera para
darle cumplimiento podrían «moverse libremente dentro de ese marco, con claro
respeto de la norma superior».
57. De igual forma, indicó que el Decreto-Ley 1278 de 2002 reguló el Estatuto de
profesionalización docente y estableció un sistema de clasificación de los
educadores basado en su formación académica, experiencia, desempeño y
competencias, el cual se materializa en una estructura escalafonaria que permite
asignar el salario correspondiente.
58. Explicó que el escalafón docente está conformado por tres grados, cada uno
integrado por cuatro niveles salariales y que la ubicación en dichos niveles depende
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01952-01 (5419)
Accionante: Esther Audith Vega Núñez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
del título académico acreditado y del cumplimiento de los requisitos previstos para
el ascenso o la reubicación, conforme a las evaluaciones de desempeño y
competencias.
59. A partir de ese marco normativo, el Tribunal señaló que la creación de
emolumentos salariales y prestacionales de los servidores públicos era una facultad
exclusiva del legislador y que correspondía al Gobierno nacional regular lo
establecido en la ley marco con la finalidad de fijar las escalas y asignaciones
salariales.
60.A continuación, el Tribunal examinó los valores fijados como asignación básica
mensual para los años 2008, 2009 y 2011 de la siguiente manera:
Ahora bien, para mejor análisis del incremento salarial recibido en los años 2008,
2009 y 2011, a los docentes oficiales de los escalafones 2BE y 2AE, se adjunta la
siguiente tabla comparativa de las asignaciones básicas mensuales del año anterior,
frente al valor pagado en los años de estudio, para mejor ilustración se calculó
matemáticamente el porcentaje de incremento salarial, sin embargo, es de aclarar
que los valores fueron establecidos como montos líquidos en cada año para cada
grado y nivel salarial:
DECRETO
ASIGNACI
QUE FIJÓ ASIGNACI PORCENTA
ÓN
LA ÓN JE DEL
AÑ GRADO BÁSICA
ASIGNACI BÁSICA INCREMEN
O ESCALAFÓN MENSUAL
ÓN MENSUAL TO
VIGENTE
BÁSICA ANTERIOR SALARIAL
DEL AÑO
MENSUAL
Decreto
624 de
2008,
2-A (CON
200 modificado
ESPECIALIZACI $887.822 $1.101.206 24,03%
8 por el
ÓN)
Decreto
714 de
2008
Decreto
624 de
2008,
2-B (CON
200 modificado
ESPECIALIZACI $1.344.903 $1.510.735 12,33%
8 por el
ÓN)
Decreto
714 de
2008
Decreto
702 de
2-A (CON
200 2009,
ESPECIALIZACI $1.101.206 $1.273.124 15,61%
9 modificado
ÓN)
por el
Decreto
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01952-01 (5419)
Accionante: Esther Audith Vega Núñez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
1238 de
2009
Decreto
702 de
2009,
2-B (CON
200 modificado
ESPECIALIZACI $1.510.735 $1.626.609 7,67%
9 por el
ÓN)
Decreto
1238 de
2009
2-A (CON Decreto
201
ESPECIALIZACI 1027 de $1.298.587 $1.372.590 5,70%
1
ÓN) 2011
2-B (CON Decreto
201
ESPECIALIZACI 1027 de $1.659.142 $1.753.690 5,70%
1
ÓN 2011
En virtud de la tabla, lo primero que salta a la vista es que la suma fijada como
asignación salarial, corresponde a un importe neto, hecho que se repite en cada uno
de los decretos posteriores hasta la actualidad, de igual manera, se avizora que los
incrementos que se realizaron en los años subsiguientes a partir de 2005 no fueron
realizados en aumento porcentual, sino que se fijó en una suma líquida a la que
correspondería el salario cada año, como se realizó en el año 2004.
Con base en lo anterior, es posible concluir, en primer lugar, que el valor fijado como
asignación salarial en los años posteriores al 2004, no depende porcentualmente del
importe pagado el año inmediatamente anterior, pues el incremento no se calcula con
un aumento porcentual sobre ese valor; sino que, se determina en un monto líquido,
en otras palabras, no se puede confundir el acto de fijar la asignación salarial, con
aumentar su valor de manera porcentual anualmente, toda vez que en la primera se
determina un monto y en la segunda para llegar a un valor determinado, es necesario
sumar el aumento porcentual con base en el salario anterior.
Ahora bien, la Ley 4 de 1992, establece que corresponde al Gobierno Nacional fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre ellos la población
docente al servicio del Estado, por remisión del artículo 46 del Decreto 1278 de 2002.
Bajo esta premisa, para fijar la remuneración de los servidores públicos docentes, se
exige que el acto promulgado por el Gobierno Nacional, se ajuste a los límites
establecidos por la ley marco, dentro los cuales se destaca (en lo que respecta a la
modificación de las asignaciones salariales) que el valor debe aumentarse
anualmente con el propósito de contrarrestar el fenómeno inflacionario y la
imposibilidad de desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores
públicos, según fue establecido por el artículo 2°12 y 4°13 de la ley marco.
Así las cosas, dista la Sala de la posición planteada por la parte demandante, en la
que manifestó que el aumento en un porcentaje desigual que se realizó para los años
2008, 2009 y 2011, afectó negativamente el valor del importe en el año siguiente, pues
este valor no es modificado porcentualmente, sino que el decreto lo fija en un monto
líquido que sólo debe seguir los preceptos estipulados por la ley marco.
61.Posteriormente, la providencia acusada examinó la figura del aumento salarial
de los servidores públicos conforme los criterios establecidos por la Corte
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01952-01 (5419)
Accionante: Esther Audith Vega Núñez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Constitucional en la sentencia C-1064 de 2001 e indicó que el Gobierno nacional
cuenta con amplia potestad de configuración normativa para fijar los valores de
incremento salarial cada año y los mismos deben obedecer a razones de política
macroeconómica y fiscal de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2, literal «h» de
la Ley 4 de 1992. Sobre el particular explicó lo que sigue:
[…] si bien es necesario aumentar los salarios de los servidores públicos cada año,
con el fin de contrarrestar el efecto de la inflación, el incremento entre unos y otros
puede ser diferente teniendo en cuenta políticas macroeconómicas y fiscales del
país.
Además, la naturaleza de las leyes marco consiste, no sólo en establecer unas limi-
tantes para disponer sobre determinadas materias, sino que, dada la complejidad
de algunas de ellas y tendencia al cambio, corresponde al Gobierno Nacional regla-
mentarlas cada cierto tiempo de acuerdo con la realidad del país, como es el caso
de las asignaciones salariales de los servidores públicos28.
62. Con base en lo anterior, la providencia cuestionada explicó que la decisión del
Gobierno nacional de aumentar las asignaciones salariales de los docentes
oficiales de forma diferenciada, en consideración a los grados y los niveles
salariales para los años 2008, 2009 y 2011, se hizo acorde a lo previsto por las
normas que rigen la materia, dada la potestad de configuración normativa que fue
otorgada por la misma Constitución Política.
63. En este sentido, el Tribunal destacó que, si bien el incremento de quienes se
encuentran en el escalafón 2AE fue mayor a los miembros del escalafón 2BE, lo
cierto es que estos corresponden a niveles salariales diferentes y no podría
predicarse de ellos una igualdad porque no lo son conforme con la estructura de la
población docente.
64. Agregó que al examinar los decretos emitidos por el Gobierno nacional se
evidencia una diferencia en el porcentaje de aumento entre los niveles 2AE y 2BE.
De modo que al nivel 2BE le correspondió una asignación salarial superior a
quienes se encontraban en el nivel 2AE, por lo que norma acató los criterios y
objetivos del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, toda vez que el nivel 2BE es de una
categoría superior a la 2AE, hecho que destaca nuevamente su desigualdad.
65. Así pues, el Tribunal argumentó que no existe discriminación por aplicar
incrementos salariales desiguales entre los docentes, ya que la clasificación en el
escalafón docente depende de la formación académica y del cumplimiento de
requisitos establecidos en el artículo 21 del Decreto-Ley 1278 de 2002. Por lo
anterior, consideró que no se vulneraba el principio de «a trabajo igual salario
igual», pues los grupos 2AE y 2BE del escalafón docente tienen requisitos distintos
para el acceso y permanencia en el cargo, y por ello no son iguales.
66. Para la autoridad judicial accionada la diferencia porcentual en el aumento
salarial entre los dos grupos de docentes es legal, ya que el Gobierno nacional tiene
28
Corte Constitucional, Sentencia C – 608 de 199 MP. José Gregorio Hernández Galindo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01952-01 (5419)
Accionante: Esther Audith Vega Núñez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
la potestad para fijar los incrementos conforme a la Ley 4 de 1992, sin estar
obligado a aplicar el mismo porcentaje cada año.
67. Adicionalmente, se tiene que el análisis probatorio desarrollado por la autoridad
judicial accionada lejos de mostrar una situación indebida por acción u omisión, lo
que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al contenido de los
documentos aportados a la actuación judicial, por lo que no es posible inferir que la
decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es que el Tribunal no le
haya otorgado el valor probatorio que la tutelante pretendía que se les atribuyera a
los medios de prueba allegados al proceso.
68. En este orden de ideas, se observa que la sentencia del 4 de septiembre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, realizó un análisis
razonable y adecuado de la normativa, la jurisprudencia aplicable al asunto y los
documentos aportados al proceso, lo que le permitió concluir que la diferencia
salarial existente entre los docentes ubicados en los niveles 2AE y 2BE del
escalafón nacional docente se justificaba en criterios objetivos definidos por el
legislador (Decreto Ley 1278 de 2002), relacionados con la capacitación y el nivel
educativo del docente.
69. En efecto, se advierte que el Tribunal analizó el contenido del Decreto Ley 1278
de 2002 en conjunto con los decretos salariales 624 y 718 de 2008 y 702 y 1238 de
2009 para verificar la trazabilidad con la que el Gobierno nacional realizó los
incrementos salariales durante dichas anualidades para los grados 2AE y 2BE y las
condiciones que llevaron a definir los valores respectivos.
70. El estudio normativo y jurisprudencial desarrollado por la autoridad accionada
le permitió constatar que la diferencia salarial establecida para los docentes en los
grados 2AE y 2BE, además tener una justificación válida, tampoco es contraria al
principio de progresividad y no regresividad en materia salarial, dado que no se
demostró una desmejora económica para los educadores ubicados en el grado
2BE.
71. Cabe aclarar que el porcentaje que la tutelante aduce fue reconocido para los
docentes ubicados en el grado 2BE, en el año 2009, no fue inferior al IPC certificado
por el DANE para esa anualidad, por lo que no se puede advertir que el valor
otorgado represente un acto inequitativo o regresivo frente a sus derechos
salariales.
72. Dicho esto, esta Sala observa que el Tribunal accionado no incurrió en los
defectos sustantivo y factico, pues las razones y motivos que dieron origen a la
fijación diferenciada del salario entre los grados 2AE y 2BE encuentran fundamento
en lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto-Ley 1278 de 2002, el cual faculta al
ejecutivo para definir los salarios y prestaciones de los educadores en los siguientes
términos:
«El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la
escala única nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes
escalafonados, de acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01952-01 (5419)
Accionante: Esther Audith Vega Núñez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Docente de conformidad con el presente decreto; y según el título que
acrediten, para los docentes nombrados en provisionalidad o en período de
prueba; lo mismo que las remuneraciones adicionales para los directivos
docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el tamaño de la institución
educativa que dirijan».
73. De acuerdo con lo anterior, se observa que los argumentos desarrollados en la
providencia objeto de tutela atienden las pautas establecidas por el legislador sobre
la forma de definir los incrementos salariales de los docentes.
74. Adicionalmente, se tiene que el análisis probatorio desarrollado por la autoridad
judicial accionada lejos de mostrar una situación indebida por acción u omisión, lo
que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al contenido de los
documentos aportados a la actuación judicial, por lo que no es posible inferir que la
decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es que el Tribunal no le
haya otorgado el valor probatorio que la tutelante pretendía que se les atribuyera a
los medios de prueba allegados al proceso.
75. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»29.
76. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto, así como de las pruebas obrantes en el expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho. Por estas razones, si bien la providencia
objeto de tutela no resultó favorable al tutelante, esto no significa que se hayan
desconocido sus garantías constitucionales.
77. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin
de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones.
78. Finalmente, es preciso indicar que las decisiones emitidas por los Juzgados
Veintitrés Administrativo Oral de Medellín y Veintiocho Administrativo de Medellín
no constituyen precedente vertical u horizontal obligatorio para el Tribunal
Administrativo del Cesar, motivo por el cual no constituyen un criterio implique ser
acogido por la autoridad accionada.
29
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
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Accionante: Esther Audith Vega Núñez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
4. Conclusión
Por las razones expuestas, el Tribunal Administrativo del Cesar no incurrió en los
defectos alegados por la accionante. Por tal motivo, modificará la sentencia del 9 de
abril de 2026 proferida por la Sección Quinta de esta corporación, que declaró
improcedentes las pretensiones de amparo y, en su lugar, negará la solicitud de
amparo.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Modificar el numeral segundo de la sentencia del 9 de abril de 2026
emitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en
esta providencia. En su lugar, quedará así:
Segundo: Negar la tutela interpuesta por la señora Esther Audith Vega Núñez
contra el Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones consignadas en
esta sentencia.
Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia del 9 de abril de 2026, proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las consideraciones expuestas en
esta providencia.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx
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