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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02007-00

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02007-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar las solicitudes de desvinculaciones formuladas por el Ministerio de Educación Nacional y el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, de conformidad con los argumentos expuestos en el presente proveído. Segundo: Negar el amparo solicitado interpuesta por la señora Luz Leidy Jiménez Rojas en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02007-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02007-00
Accionante: Luz Leidy Jiménez Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho

Decisión: Negar el amparo porque no se demostraron los defectos endilgados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por la señora Luz Leidy Jiménez Rojas, quien actúa a través
de apoderada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, igualdad y al
principio de favorabilidad, con ocasión de la expedición de la sentencia del 22 de
septiembre de 2025 al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-33-35-020-2024-00281-00 [01].

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. La señora Luz Leidy Jiménez Rojas en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho demandó a la Nación-Ministerio de Educación Nacional
y al municipio de Soacha para que se declararan nulos los actos administrativos por
medio de los cuales se le negó el derecho al pago de las diferencias en el incremento
salarial que fue decretado de manera desigual en los años 2008 y 2009.

3. El proceso correspondió al Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, autoridad judicial que, mediante sentencia del 18 de junio de 2025 resolvió
negar las pretensiones de la demanda, al considerar que los porcentajes de aumento
en los distintos grados del escalafón se fundamentaron en el nivel de formación de
los docentes, es decir, incrementos más significativos para aquellos con títulos de
maestría y doctorado, en reconocimiento de las diferencias laborales existentes entre
los distintos grados.

1 Acción de tutela presentada el 11 de marzo de 2026.

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02007-00
Accionante: Luz Leidy Jiménez Rojas

4. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A mediante de sentencia del 22 de septiembre de 2025
confirmó la anterior decisión.

2.2. Fundamento jurídico

5. La parte actora indicó que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo por
indebida interpretación de lo preceptuado en el artículo 13 de la Constitución Política,
la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002.

6. Al respecto, señaló que la autoridad judicial accionada en la decisión cuestionada
desconoció que la controversia no giraba en torno a la diferencia estructural y
permanente entre grados del escalafón, sino a un trato desigual en los incrementos
porcentuales aplicados en los años 2008 y 2009, en donde se concedió un 52,56%
de aumento a la categoría 3DM frente a un 29,37% para la 3BM, diferencia que
proyectó efectos permanentes sobre la base salarial y que no fue compensada en
los años posteriores.

7. Finalmente, sostuvo que la decisión cuestionada adolecía de un defecto fáctico
por indebida valoración probatoria «respecto del debate jurídico planteado (…) no se
allegó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran
dicha decisión administrativa, resulta imperativo cuestionar qué aspectos válidos y
concretos incidieron para otorgar un trato tan inequitativo, toda vez que ni el
expediente ni la sentencia ofrecen explicación alguna al respecto, lo que genera una
profunda incertidumbre sobre la legitimidad y justificación de la decisión
administrativa que avaló este incremento salarial desigual.»

2.3. Pretensiones

8. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA en la sentencia proferida el día [26] Sic de septiembre de
2025, en el expediente radicado bajo número 11001333502020240028101,
transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) LUZ LEIDY
JIMENEZ ROJAS, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan
a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable
al caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA dejar sin efectos la
providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una
debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de
manera concreta la situación particular del (la) docente LUZ LEIDY JIMENEZ
ROJAS a la luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los
hechos debidamente probados en el debate jurídico.»

2.4. Tramite procesal

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Accionante: Luz Leidy Jiménez Rojas

9. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 12 de marzo
de 2026 en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A como accionado y al Juzgado Veinte Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, la Nación – Ministerio de Educación Nacional,
municipio de Soacha – Secretaría de Educación como terceros interesados en el
resultado del proceso.

2.5. Intervenciones

10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A después de hacer un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso
ordinario solicitó negar el amparo porque la sentencia cuestionada se fundamentó
en la normativa y jurisprudencia aplicable al caso concreto.

11. El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declare improcedente
porque no se cumple con el requisito de relevancia constitucional. Asimismo, pidió
ser desvinculado por falta de legitimación en la causa por pasiva.

12. El Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Bogotá después de hacer
un resumen de lo actuado en el proceso ordinario solicitó ser desvinculada del
presente trámite.

13. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

14. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20192 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestiones previas

15. El Ministerio de Educación Nacional y el Juzgado Veinte Administrativo del
Circuito de Bogotá solicitaron que se declare la falta de legitimación por pasiva, al
respecto, la Sala no encuentra mérito suficiente para acceder a dicha pretensión,
toda vez que analizado el material probatorio se tiene que el primero en mención
hizo parte en el proceso ordinario y el Juzgado profirió la decisión de primer grado,
razón por la que se procede a negar dicha solicitud.

16. Por otro lado, la Sala aclara que, si bien en la demanda de tutela se invocó el
defecto fáctico, lo cierto es que la parte accionante no argumentó de qué manera la
autoridad judicial accionada incurrió en la referida causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial, pues, solo se limitó a señalar de
manera genérica que el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria
«respecto del debate jurídico planteado (…) no se allegó prueba alguna que
demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión
administrativa, resulta imperativo cuestionar qué aspectos válidos y concretos

2 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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incidieron para otorgar un trato tan inequitativo, toda vez que ni el expediente ni la
sentencia ofrecen explicación alguna al respecto, lo que genera una profunda
incertidumbre sobre la legitimidad y justificación de la decisión administrativa que
avaló este incremento salarial desigual», pero no expuso de manera concreta las
razones por las cuales considera que la decisión cuestionada adolece de tal defecto.
Por lo tanto, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento de fondo en lo atinente
a dicho reparo.

3.3. Problema jurídico

17. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar
si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, al
proferir la sentencia del 22 de septiembre de 2025, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad,
al incurrir en defecto sustantivo.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

18. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades
o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto
anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para
hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de
residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

19. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de
ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.

20. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de
sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial,
los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado
equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de
los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de
los derechos constitucionales fundamentales.

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21. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios
como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo,
salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6
meses desde la ejecutoria de la providencia objeto de cuestionamiento, esto es, el 3
de octubre de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 11 de marzo
de 2026.

3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad,
al incurrir en los defectos sustantivo y fáctico, los cuales se encuentran
razonadamente fundamentados.

22. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

23. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma,
el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y

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razonabilidad que orientan al sistema jurídico»3.

24. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad
de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial
respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso
determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error
grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales
con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre
la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por
el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para
los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los
jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia
judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso
absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual
Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que convierte
en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda
el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido
derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es
claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv)
porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a
pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual
se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los
expresamente señalados por el legislador»4.

25. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.

3 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo Montealegre

Lynett.
4 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt

Chaljub.

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3.6. Análisis del presunto defecto sustantivo en el caso concreto

26. La parte actora señala que el Tribunal incurre en un defecto sustantivo por
indebida interpretación de lo preceptuado en el artículo 13 de la Constitución Política,
la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, pues, desconoció que la
controversia no giraba en torno a la diferencia estructural y permanente entre grados
del escalafón, sino a un trato desigual en los incrementos porcentuales aplicados en
los años 2008 y 2009, en donde se concedió un 52,56% de aumento a la categoría
3DM frente a un 29,37% para la 3BM, diferencia que proyectó efectos permanentes
sobre la base salarial y que no fue compensada en los años posteriores.

27. Sobre el particular, se tiene que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A en la providencia cuestionada consideró:

«De conformidad con lo señalado en el fundamento normativo de esta providencia,
la Ley 4 de 1992 facultó al Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial de los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional para lo que debe tener en cuenta
las calidades exigidas para el desempeño del cargo.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno Nacional establece la escala única
nacional de salarios para los docentes escalafonados, de acuerdo con el grado y nivel
que acrediten en el Escalafón Docente. Para el caso en estudio, a través de los
Decretos 624 y 714 de 2008, y 702 y 1238 de 2009, el Gobierno Nacional fijó la
asignación básica mensual de los distintos grados y niveles del escalafón nacional
docente correspondientes a los empleos docentes y directivos docentes al servicio
del Estado que se rigen por el Decreto-ley 1278 de 2002, a partir del 1º de enero de
2008 y 2009, respectivamente. Y como ya se refirió, para 2008 el incremento salarial
fijado por el Gobierno Nacional para el grado 3 nivel salarial D con maestría del
escalafón docente fue superior al del mismo grado nivel salarial B con maestría.

También se determinó que la jurisprudencia constitucional ha establecido que cuando
las diferencias en los incrementos salariales se presentan como consecuencia de
factores objetivos o subjetivos que hacen justo un mayor reconocimiento a quien más
merece por su producción o preparación, por su especialidad, por el tiempo que lleva
desarrollando una labor o por las claras circunstancias que sobrellevan la relación de
trabajo, no puede considerarse dicha actitud como discriminatoria ni como violatoria
del derecho a la igualdad. Además, que la igualdad debe ser entendida en sentido
material o sustancial, apreciando la situación semejante o diferente entre grupos de
personas, de tal manera que los desiguales sean tratados de manera desigual y los
iguales de manera igual.
(…)
Al respecto, la Sala destaca que la Corte Constitucional ha sido enfática en precisar
que: “(…) El derecho a la igualdad implica la comprobación de situaciones fácticas y
de hecho idénticas similares entre dos circunstancias que ameritan un trato igual.
(…)”, situación que no se presenta en el caso sub examine toda vez que pese a
ostentar el mismo grado 3 con maestría en el Escalafón Docente, los enunciados
normativos analizados distinguen en este grado docente 4 niveles salariales, esto es,
A, B, C y D, en virtud de las diferencias objetivas que estipula dicha normativa en
cuanto a su vinculación y ascenso, en el sentido que se ubicarán en el nivel salarial
A del correspondiente grado, según el título académico que acrediten, y pudiendo ser
reubicados en el nivel siguiente o ascender de grado, después de 3 años de servicio,
siempre y cuando obtengan en la respectiva evaluación de competencias el puntaje
indicado para ello.
(…)
De esta manera, dicha distinción de docentes no transgrede el artículo 13 de la
Constitución Política y, en esa medida, no es posible realizar un juicio de igualdad
entre docentes del grado 3 en los niveles salariales D y B, en la medida que el
tratamiento igual solo puede predicarse entre iguales y, en este caso, las situaciones
a comparar no son fáctica y normativamente similares, máxime cuando dicha
diferencia obedece al tiempo de servicios y la superación de evaluaciones de

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competencias, criterios que son establecidos por el legislador para la fijación del
régimen prestacional en el literal j del artículo 2 de la Ley 4 de 1992.
(…)
Precisado lo anterior, debe indicarse que los decretos cuya inaplicación por ilegalidad
se solicita y que regulan la materia de manera específica, gozan de presunción de
legalidad, y su vigencia y aplicación se encuentran incólumes, por lo tanto, son de
obligatorio cumplimiento. Dichos decretos fueron proferidos por el Gobierno Nacional
de acuerdo a sus atribuciones constitucionales y legales (literal del numeral 19 del
artículo 150 de la Constitución Política y la Ley 4 de 1992), de ahí que la parte
demandada se encontraba en la obligación de implementarlos y acatarlos, de modo
que si alguna inconformidad tenía la parte demandante respecto a esos actos, debió
demandarlos, sin embargo, los mismos no han sido anulados por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, motivo por el cual siguen gozando de presunción de
legalidad aunado a que la Sala no encuentra fundamento para apartarse de sus
disposiciones.

Por todo lo previamente expuesto, a juicio de esta Sala para el presente caso, las
razones aludidas por la parte demandante no reflejan incompatibilidad por ilegalidad
alguna, por lo que no resulta procedente inaplicarlos por ilegales, por cuanto tienen
fundamento legal y constitucional, y están soportados en el principio de legalidad del
gasto público, además, no se advierte una incompatibilidad visible e indiscutible con
las normas legales señaladas por la parte demandante, que obligue a preferir el
precepto legal, en razón de su carácter superior en el ordenamiento jurídico.»

28. A partir de las transcripciones realizadas, la Sala estima que las conclusiones a
las que llegó la autoridad judicial accionada para confirmar la decisión cuestionada
de negar las pretensiones de la demanda, al considerar que no se configuraba una
vulneración del derecho a la igualdad en la fijación de los incrementos salariales
entre los distintos niveles del escalafón docente, no obedecieron a un capricho o
arbitrariedad, ni se fundamentó en su simple voluntad, sino que, por el contrario,
correspondió a un estudio juicioso y plausible de lo previsto en el artículo 13 de la
Constitución Política, la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002.

29. Al respecto, el Tribunal indicó que existía un régimen legal y reglamentario que
distingue niveles dentro de un mismo grado del escalafón docente, con base en
criterios objetivos relacionados con formación académica, tiempo de servicio y
evaluación de competencias.

30. De otra parte, señaló que los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en
desarrollo de la Ley 4 de 1992, gozaban de presunción de legalidad mientras no
fueran anulados por la jurisdicción competente.

31. En ese sentido, para la Sala en el presente asunto no se evidencia se haya
desconocido abiertamente lo preceptuado en el artículo 4 de la Constitución Política,
pues se limitó a constatar la vigencia de normas expedidas en ejercicio de
competencias constitucionales y legales.

32. Por lo tanto, no se advierte la aplicación de una norma inexistente, abiertamente
inconstitucional, o una interpretación abiertamente contraevidente del ordenamiento
jurídico. De modo que, no es posible considerar que la decisión adolece de algún
defecto, sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la interpretación
efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la finalidad prevista
para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez constitucional.

33. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez

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constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez9, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el razonamiento
es arbitrario o caprichoso.

34. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a negar
el amparo deprecado, por las consideraciones expuestas en la presente
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar las solicitudes de desvinculaciones formuladas por el Ministerio de
Educación Nacional y el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, de conformidad con los argumentos expuestos en el presente proveído.

Segundo: Negar el amparo solicitado interpuesta por la señora Luz Leidy Jiménez
Rojas en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

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