República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02007-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
9 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Nueve (9) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02007-01 (5651)
Accionante: Luz Leidy Jiménez Rojas
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca
Tema: acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: ajuste salarial docente. Subtema 3:
defectos sustantivo y fáctico.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir
la impugnación interpuesta por la señora Luz Leidy Jiménez Rojas contra la
sentencia de primera instancia del 9 de abril de 2026 proferida por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
1. Síntesis del caso
La señora Luz Leidy Jiménez Rojas presentó solicitud de amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad, que consideró
vulnerados por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca con ocasión de la sentencia del 22 de septiembre de 2025
proferida dentro del proceso con radicado núm. 11001-33-35-020-2024-00281-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:
1
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02007-00, índice 2, certificado 8DB4BC08E9E18A0F D222E712FB4BB18A
763A9DF63BB7649B A68BEEEB0D5E1FDC.
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Accionante: Luz Leidy Jiménez Rojas
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
2. La señora Luz Leidy Jiménez Rojas es educadora oficial ubicada en la categoría
3BM del escalafón docente, conforme al régimen establecido en el Decreto-Ley
1278 de 2002.
3. La accionante mediante sendos escritos radicados en la Secretaría de
Educación del municipio de Soacha y en el Ministerio de Educación Nacional,
solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los
incrementos que, a su juicio, fueron «desiguales e injustificados decretados para el
año 2008, en los cuales se favoreció a docentes de una categoría inferior (3DM) en
detrimento de quienes, como ella, se encontraban en el escalafón 3BM».
4. El Ministerio de Educación Nacional, a través del oficio 2024-EE-062937 del 28
de febrero de 2024 negó el requerimiento de la tutelante. Entre tanto, la entidad
territorial guardó silencio, configurándose el acto ficto presunto negativo, el 22 de
mayo de 2024.
5. La señora Luz Leidy Jiménez Rojas presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Soacha
y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que: i) se inaplicara por
ilegal el Decreto 284 de 2024, que definió la escala salarial del personal docente; ii)
se dejaran sin efectos los referidos actos administrativos y, en consecuencia, iii) se
ordenara pagar a su favor la diferencia salarial causada en los últimos 3 años de
servicio, con base en los incrementos porcentuales establecidos por el Gobierno
nacional durante los años 2008 y 2009, conforme el valor reconocido para los
docentes pertenecientes al escalafón 3DM, dado que el aplicado al nivel 3BM, al
que pertenece, fue inferior. Asimismo, pidió el respectivo ajuste de sus prestaciones
sociales.
6. El Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 18 de junio
de 2025, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que los incrementos
salariales alegados contaban con condiciones de formación y experiencia para cada
grado, y, por lo tanto, no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos
administrativos que alegó. Contra dicha decisión, la parte actora presentó recurso
de apelación.
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
a través de providencia del 22 de septiembre de 2025, confirmó en todas sus partes
el fallo de primera instancia.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA en la
sentencia proferida el día 22 de septiembre de 2025, en el expediente radicado bajo
número 11001333502020240028101, transgredió los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a)
LUZ LEIDY JIMENEZ ROJAS, por considerar que las razones de la decisión no se
2
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Accionante: Luz Leidy Jiménez Rojas
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ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al
caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma
aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del
(la) docente LUZ LEIDY JIMENEZ ROJAS a la luz de los argumentos planteados en la
demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico 2.
9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
providencia de la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca incurrió en defecto sustantivo, porque no efectuó una
interpretación adecuada de los postulados normativos que regulan el régimen
salarial de los docentes, en tanto se apartó de los lineamientos constitucionales y
legales que rigen la materia.
10. En este sentido, explicó que la autoridad accionada desconoció de manera
arbitraria el alcance del artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto-
Ley 1278 de 2002, en tanto otorgó un trato desigual en los incrementos salariales
de los docentes de las categorías 3 BM y 3 DM3, que se realizó en los años 2008 y
2009, cuya diferencia carecía de sustento objetivo y produjo una afectación
permanente en la base salarial de los docentes de la categoría 3 BM.
11. Resaltó que para el Tribunal las diferencias en los incrementos salariales del de
los años 2008 y 2009 entre las categorías 3 BM y 3 DM respondían a criterios
razonables previstos en la normativa, tales como la formación académica, la
experiencia y la ubicación en el escalafón docente; sin embargo, no tuvo en cuenta
los principios de igualdad y progresividad que regulan los aspectos salariales.
12. Asimismo, indicó que la sentencia de segunda instancia incurrió en una omisión
sustancial al no incorporar ni analizar el precedente constitucional contenido en la
sentencia C-1064 de 2001 de la Corte Constitucional, en el cual se establece que
los tratos diferenciados en materia salarial se deben soportar en una justificación
objetiva y suficiente, por lo que la igualdad en el trabajo no se reduce a la igualdad
matemática ni permite incrementos que generen brechas irrazonables sin
fundamento técnico o normativo.
13. Por otra parte, indicó que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico,
porque pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos
válidos que justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos
porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 3BM y
3DM.
2
Se transcribe incluso con errores de texto.
3
En el año 2008 el incremento decretado por el Gobierno nacional fue del 44.89% para el grado 3 DM y de 13.92% para el
grado 3 BM. En el año 2009 el incremento decretado por el Gobierno nacional fue del 7.67% para el grado 3 DM y del 15.45%
para el grado 3 BM.
3
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2.3. Trámite Procesal
14. El despacho ponente de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante auto del 12 de marzo de 20264, admitió la solicitud de amparo,
ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su condición
de autoridad accionada y, puso en conocimiento el escrito de tutela al Juzgado
Veinte Administrativo de Bogotá, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, y a
la Secretaría de Educación del municipio de Soacha, en su condición de terceros
con interés.
2.4. Intervenciones
15. El Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá5 solicitó su desvinculación del
presente trámite constitucional, porque la solicitud de amparo se dirige a cuestionar
la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y no alguna
acción u omisión atribuible al despacho.
16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A6
refirió que la providencia objeto de tutela se fundamentó en la normativa y la
jurisprudencia aplicable al caso, por lo que no se configuraron los defectos
alegados. En consecuencia, pidió que se niegue el amparo de tutela.
17. El Ministerio de Educación Nacional7 manifestó que carece de legitimación en
la causa por pasiva para responder por las pretensiones de la tutela, toda vez que
la inconformidad de la accionante se dirige contra una providencia judicial, en cuyo
trámite de expedición no tuvo injerencia alguna.
18. Adicionalmente, refirió que el asunto carece de relevancia constitucional, en la
medida que la parte tutelante no desarrolló una carga argumentativa y probatoria
encaminada a demostrar las posibles falencias probatorias en las que incurrieron
las autoridades judiciales accionadas. En consecuencia, pidió que se declare
improcedente la tutela.
19. La Secretaría de Educación del municipio de Soacha guardó silencio.
2.5. Sentencia de tutela de primera instancia
20. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 9 de abril de 20268, negó las solicitudes de desvinculación propuestas
por el Ministerio de Educación Nacional y por el Juzgado Veinte Administrativo de
Bogotá. Además, negó la solicitud de amparo, al considerar que la decisión
cuestionada no incurrió en un defecto sustantivo, en la medida que efectuó un
4
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02007-00, índice 4, certificado 04551AB81B937858 7D689420052C99C8
C6A2AF726303BABB 47D520B8DFA6985F.
5
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02007-00, índice 11, certificado A50A6004ACD22F8 D5980F7DA689D2CE
54847E482AB775D5 CBBFE8B0A09B7C7E.
6
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02007-00, índice 13, certificado 964B61741EDAE41A
79D4CB2A48D4B313 CA42CBA26F26A2DC E041237EFCA2AC67.
7
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02007-00, índice 14, certificado 1806B43295936E83 EDC4311A61FA07C7
BD0F14251AAD93B4 ECC32D28FACB303A.
8
Samai. exp. núm. 11001-03-15-000-2026-02007-00, índice 18, certificado 2AE7C7A8153B2569 898DA933EEE5670A
0CB1AD542E9D0E7A CB0E4D0BECA5F989. .
4
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análisis del caso conforme a las disposiciones normativas y el precedente
jurisprudencial vigente aplicable al asunto.
21. Al respecto, indicó que las conclusiones a las que llegó la autoridad judicial
accionada para confirmar la decisión cuestionada de negar las pretensiones de la
demanda no obedecieron a un capricho o arbitrariedad, sino que, por el contrario,
correspondió a un estudio juicioso y plausible de lo previsto en el artículo 13 de la
Constitución Política, la Ley 4 de 1992 y el Decreto-Ley 1278 de 2002.
22. Asimismo, refirió que la parte accionante plantea una inconformidad con la
interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la
finalidad prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez
constitucional.
23. Adicionalmente, afirmó que parte accionante no desarrolló una adecuada carga
argumentativa y probatoria dirigida a demostrar las circunstancias concretas en las
que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto fáctico, pues, solo se limitó
a señalar de manera genérica que el Tribunal incurrió en una indebida valoración
probatoria. En consecuencia, consideró que no había lugar a emitir un
pronunciamiento de fondo frente a este cargo.
2.6. Impugnación
24. La parte actora presentó impugnación9 contra la sentencia del 9 de abril de
2026. En su escrito, afirmó que la decisión impugnada omitió realizar un análisis
riguroso de los hechos acreditados en el expediente, con relación a la configuración
de los defectos sustantivo y fáctico en los que incurrió el fallo del 22 de septiembre
de 2025.
25. Resaltó que, en el caso concreto, los decretos de aumento salarial demostraban
que, durante los años 2008 y 2009, la categoría 3DM del escalafón docente recibió
un incremento del «52,56 %», mientras que la categoría 3BM obtuvo apenas un
«29,37%». La diferencia en perjuicio de esta última asciende a 23,19 puntos
porcentuales.
26. Agregó que la providencia judicial impugnada, al negar el reconocimiento de
esta inequidad y omitir el precedente constitucional aplicable (sentencia C-1064 de
2001), perpetuó una desigualdad incompatible con los artículos 13 y 53 de la Carta.
Esa circunstancia reafirma el carácter estrictamente constitucional del asunto y
demuestra que no se trata de una discusión aritmética, sino de la afectación del
núcleo esencial de la igualdad salarial en la función pública docente.
27. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo impugnado y, en
su lugar, se acceda a las pretensiones de la tutela.
9
Samai. exp. núm. 11001-03-15-000-2026-02007-00, índice 24, certificado 0A5235C71F73D452 424DCE60025BC28C
DAB0414E2F22A6E3 6DFE8E22334B9014.
5
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3. Consideraciones
3.1. Competencia
28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 9 de
abril de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado
3.2. Legitimación en la causa de las partes
29. La legitimación en la causa por activa de la señora Luz Leidy Jiménez Rojas
está acreditada, porque fue la demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la sentencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.
30.También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección
A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, debido a
que fue la autoridad que profirió la providencia, objeto de estudio.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
31. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado10 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional11.
32.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
33.Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
11
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
6
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incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por lo
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
34. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución13.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
35. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
36. La presenta acción también supera el requisito de subsidiariedad, porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
37. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 22 de septiembre de 2025 por la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue notificada el 26 de
septiembre siguiente14, y la demanda de tutela se presentó el 11 de marzo de
202615, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia
constitucional16 y del Consejo de Estado17 como razonable.
38. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
39. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
13
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
14
Samai, exp. 11001-33-35-020-2024-00281-00, índice 13.
15
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02007-01 índice 1.
16
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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40. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo y fáctico y, en
ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.
3.4. Problema jurídico
41. Corresponde a la Sala determinar si ¿la Subsección A de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la tutela
judicial efectiva y al principio de favorabilidad de la tutelante?
42. En particular, deberá establecer si ¿la autoridad accionada incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico al proferir la sentencia del 22 de septiembre de 2025,
que confirmó el fallo que negó las pretensiones de la demanda promovida por la
accionante contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el municipio de
Soacha, relacionadas con el ajuste de la diferencia salarial entre su escalafón 3BM
con respecto al grado 3DM?
43. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados;
y ii) el caso concreto.
3.4.1. El defecto sustantivo
44. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado18.
45. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
46. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los
jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar
18
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
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su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de
la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos,
postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […] 19.
47. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
48. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).20
3.4.2. El defecto fáctico
49. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»21. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión22» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
50. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»23. Por su parte, la dimensión negativa
se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran
los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución
del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes
que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en
aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»24.
51. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
19
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
22
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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Accionante: Luz Leidy Jiménez Rojas
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funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso25.
52. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial26, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»27.
53. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas] 28.
3.5. Caso concreto
54. En el asunto bajo estudio, la señora Luz Leidy Jiménez Rojas presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Soacha
y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que se dejaran sin
efectos los oficios 2024-EE-062937 del 28 de febrero de 2024 y el acto ficto del 22
de mayo del 2024 y, en consecuencia, se ordenara pagar la diferencia salarial
existente entre el grado que ocupa como educadora ubicado en el nivel 3BM con
respecto al 3DM del escalafón nacional docente.
55. En primera instancia, el Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá, mediane
sentencia del 18 de junio de 2025, negó las pretensiones de la demanda. Apelada
la anterior decisión, la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
25
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
26
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
27
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
28
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
10
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Administrativo de Cundinamarca emitió fallo el 22 de septiembre de 2025, en el que
confirmó la providencia del a quo.
56. Ahora bien, la parte actora argumentó en el escrito de tutela, en concreto, que
la autoridad judicial accionada, al proferir el fallo del 22 de septiembre de 2025,
incurrió en defecto sustantivo, por cuanto no realizó una interpretación adecuada
de los postulados normativos que regulan el régimen salarial de los docentes, en
tanto se apartó de los lineamientos constitucionales y legales que rigen la materia,
especialmente los principios de igualdad y progresividad.
57. De este modo, precisó que la autoridad accionada desconoció el alcance del
artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto-Ley 1278 de 2002, en
tanto otorgó un trato desigual en los incrementos salariales de los docentes
ubicados en los niveles 3BM y 3DM, que se realizó en los años 2008 y 2009, sin
tener en cuenta que la diferencia carecía de fundamento objetivo y produjo una
afectación permanente en la base salarial de los docentes de la categoría 3BM.
58. Asimismo, indicó que la sentencia de segunda instancia incurrió en una omisión
sustancial al no incorporar ni analizar el precedente constitucional contenido en la
sentencia C-1064 de 2001 de la Corte Constitucional, en el cual se establece que
los tratos diferenciados en materia salarial se deben soportar en una justificación
objetiva y suficiente.
59. Por otro lado, indicó que la decisión cuestionada contiene un defecto fáctico,
porque pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos
válidos que justificaran de decisión de la administración de otorgar distintos
porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 3BM y
3DM.
60. Al respecto, se observa que, la Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, efectuó un análisis a partir del marco constitucional y legal que
regula las facultades del Congreso de la República y del Gobierno nacional para
fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, incluido el personal
docente, y precisó que corresponde al legislador expedir la ley marco que
establezca los objetivos y criterios para dicha determinación, mientras que al
ejecutivo le compete desarrollar esos lineamientos mediante decretos, con sujeción
a los límites previstos.
61. En ese sentido, precisó que, en desarrollo de dichas competencias, la Ley 4 de
1992 estableció los criterios que debía observar el Gobierno nacional para fijar la
remuneración a los servidores públicos, de manera que los actos administrativos
que se emitiera para darle cumplimiento podrían «moverse libremente dentro de
ese marco, con claro respeto de la norma superior».
62. De igual forma, indicó que el Decreto-Ley 1278 de 2002 reguló el Estatuto de
profesionalización docente y estableció un sistema de clasificación de los
educadores basado en su formación académica, experiencia, desempeño y
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competencias, el cual se materializa en una estructura escalafonaria que permite
asignar el salario correspondiente.
63. Así pues, explicó que el decreto plantea una estructura del escalafón docente
con base en tres grados, cada uno compuesto por cuatro niveles salariales (A, B,
C y D), que dependen de la formación académica del educador. De este modo, el
ingreso a la carrera y la ubicación dentro del escalafón se hace conforme el título y
los ascensos o reubicaciones requieren una evaluación de las competencias, el
cumplimiento de requisitos y un tiempo mínimo de permanencia o experiencia.
64. También se observa que el Tribunal realizó una reseña de los decretos que
fijaron la escala salarial de los docentes entre el 2007 y el 200929 y, entre el 2020 y
el 202430, con los cuales se estableció la asignación básica mensual
correspondiente a los distintos grados y niveles del escalafón docente nacional,
aplicable a los docentes y directivos vinculados al servicio del Estado bajo el
régimen del Decreto-Ley 1278 de 2002.
65. Aunado lo anterior, la providencia cuestionada realizó un análisis de las
sentencias T-171 del 29 de abril de 1996, la SU-519 del 15 de octubre de 1997 y la
C-1064 del 10 de octubre de 2001 de la Corte Constitucional, las cuales le
permitieron concluir que las diferencias salariales basadas en factores objetivos,
como formación, experiencia o especialidad, no constituyen discriminación, y que
la igualdad debe entenderse de manera material, tratando de forma distinta a
quienes se encuentran en situaciones distintas.
66. A partir de ese contexto normativo y jurisprudencial, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca procedió a examinar los documentos aportados al plenario y dejo
consignado que la señora Luz Leidy Jiménez Rojas se vinculó como docente en
carrera en el grado 2, nivel salarial A el 20 de febrero de 2020 y, fue reubicada en
el nivel salarial 3BM a partir del 3 de septiembre de 2019.
67. En este sentido, la providencia cuestionada resaltó que el Gobierno nacional
fija la escala única de salarios para los docentes según el grado y nivel que se
acredite en el escalafón docente. En el caso analizado, los Decretos 624 y 714 de
2008, y 702 y 1238 de 2009 establecieron la asignación básica mensual para los
docentes y directivos regidos por el Decreto-Ley 1278 de 2002, aplicable desde el
1.º de enero de 2008 y 2009. Para 2008, el incremento salarial otorgado al grado 3,
nivel D con maestría fue superior al asignado al grado 3, nivel B con maestría.
68. Sobre el particular, la decisión objeto de tutela, puso de presente que la
jurisprudencia constitucional ha señalado que las diferencias en los incrementos
salariales no vulneran la igualdad cuando se sustentan en factores objetivos o
subjetivos que justifican un mayor reconocimiento, como la formación, la
experiencia, la especialidad o las condiciones propias de la labor desempeñada.
Asimismo, ha reiterado que la igualdad debe entenderse en sentido material, lo que
29
[Decreto 634 de 2007, Decreto 624 de 2008, modificado por el Decreto 714 de 2008, Decreto 702 de 2009, modificado
por el Decreto 1238 de 2009].
30
[decretos 319 de 2020, 965 de 2021, 449 de 2022, 449 de 2023 y 0284 de 2024].
12
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implica tratar de manera distinta a quienes se encuentran en situaciones diferentes
y de una forma igualitaria a quienes están en condiciones equivalentes.
69. En concreto, el Tribunal accionado expuso las siguientes consideraciones:
Al respecto, la Sala destaca que la Corte Constitucional ha sido enfática en precisar
que31: “(…) El derecho a la igualdad implica la comprobación de situaciones fácticas y
de hecho idénticas o similares entre dos circunstancias que ameritan un trato igual.
(…)”, situación que no se presenta en el caso sub examine toda vez que pese a
ostentar el mismo grado 3 con maestría en el Escalafón Docente, los enunciados
normativos analizados distinguen en este grado docente 4 niveles salariales, esto es,
A, B, C y D, en virtud de las diferencias objetivas que estipula dicha normativa en
cuanto a su vinculación y ascenso, en el sentido que se ubicarán en el nivel salarial A
del correspondiente grado, según el título académico que acrediten, y pudiendo ser
reubicados en el nivel siguiente o ascender de grado, después de 3 años de servicio,
siempre y cuando obtengan en la respectiva evaluación de competencias el puntaje
indicado para ello.
De esta manera, dicha distinción de docentes no transgrede el artículo 13 de la
Constitución Política y, en esa medida, no es posible realizar un juicio de igualdad entre
docentes del grado 3 en los niveles salariales D y B, en la medida que el tratamiento
igual solo puede predicarse entre iguales y, en este caso, las situaciones a comparar
no son fáctica y normativamente similares, máxime cuando dicha diferencia obedece
al tiempo de servicios y la superación de evaluaciones de competencias, criterios que
son establecidos por el legislador para la fijación del régimen prestacional en el literal
j del artículo 2 de la Ley 4 de 1992.
En este orden de ideas, considera la Sala que al no evidenciarse un “tertium
comparationis” entre los niveles D y B con maestría del grado 3 del Escalafón Docente,
no resultan de recibo los argumentos planteados por la parte demandante en el recurso
de apelación.
Precisado lo anterior, debe indicarse que los decretos cuya inaplicación por ilegalidad
se solicita y que regulan la materia de manera específica, gozan de presunción de
legalidad, y su vigencia y aplicación se encuentran incólumes, por lo tanto, son de
obligatorio cumplimiento. Dichos decretos fueron proferidos por el Gobierno Nacional
de acuerdo a sus atribuciones constitucionales y legales (literal e del numeral 19 del
artículo 150 de la Constitución Política y la Ley 4 de 1992), de ahí que la parte
demandada se encontraba en la obligación de implementarlos y acatarlos, de modo
que si alguna inconformidad tenía la parte demandante respecto a esos actos, debió
demandarlos, sin embargo, los mismos no han sido anulados por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, motivo por el cual siguen gozando de presunción de
legalidad aunado a que la Sala no encuentra fundamento para apartarse de sus
disposiciones.
Por todo lo previamente expuesto, a juicio de esta Sala para el presente caso, las
razones aludidas por la parte demandante no reflejan incompatibilidad por ilegalidad
alguna, por lo que no resulta procedente inaplicarlos por ilegales, por cuanto tienen
fundamento legal y constitucional, y están soportados en el principio de legalidad del
gasto público, además, no se advierte una incompatibilidad visible e indiscutible con
31
Sentencia T-102 de 2014, Referencia: expediente T- 4.105.910.
13
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las normas legales señaladas por la parte demandante, que obligue a preferir el
precepto legal, en razón de su carácter superior en el ordenamiento jurídico.
70. De acuerdo con lo anterior, se observa que para la autoridad judicial accionada
la diferencia porcentual en el aumento salarial entre los dos grupos de docentes es
legal, ya que el Gobierno nacional tiene la potestad para fijar los incrementos
conforme a la Ley 4 de 1992, sin estar obligado a aplicar el mismo porcentaje cada
uno en el respectivo año.
71. Así pues, el Tribunal argumentó que no existe discriminación por aplicar
incrementos salariales desiguales entre los docentes, ya que la clasificación en el
escalafón depende de la formación académica y del cumplimiento de requisitos
establecidos en el Decreto-Ley 1278 de 2002.
72. Con fundamento en lo anterior, la corporación judicial accionada concluyó que
no se demostró que la accionante tuviera derecho, conforme al artículo 21 del
Decreto-Ley 1278 de 2002, al reconocimiento y pago de una diferencia en el
incremento salarial decretado en 2008 para el grado 3DM del escalafón docente,
en el cual se aplicó un aumento del 44,89% mediante los decretos 624, 714 y 1407
de 2008 expedidos por el Gobierno nacional. En contraste, el incremento otorgado
a la categoría 3BM del mismo escalafón fue del 13,92% sobre su salario.
73. En este orden de ideas, se observa que la sentencia del 22 de septiembre de
2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, no incurrió en los defectos alegados, pues
realizó un análisis razonable y adecuado de la normativa, la jurisprudencia aplicable
al asunto y los documentos aportados al proceso, lo que le permitió concluir que la
diferencia salarial existente entre los docentes ubicados en los niveles 3BM y 3DM
del escalafón nacional docente se justificaba en criterios objetivos definidos por el
legislador (Decreto-Ley 1278 de 2002), relacionados con la capacitación y el nivel
educativo de la docente.
74. En efecto, se advierte que el Tribunal analizó el contenido del Decreto-Ley 1278
de 2002 en conjunto con los decretos salariales 624 y 718 de 2008 y 702 y 1238 de
2009 para verificar la trazabilidad con la que el Gobierno nacional realizó los
incrementos durante dichas anualidades para los grados 3 BM y 3 DM y las
condiciones que llevaron a definir los valores respectivos.
75. El estudio normativo y jurisprudencial desarrollado por la autoridad accionada
le permitió constatar que la diferencia salarial establecida para los docentes en los
grados 3 BM y 3 DM tiene una justificación válida y no es contraria al principio de
progresividad y no regresividad en materia salarial, dado que no se demostró una
desmejora económica para los educadores ubicados en el grado 3 BM.
76.Cabe aclarar que el porcentaje que la tutelante aduce fue reconocido para los
docentes ubicados en el grado 3 BM, en los años 2008 y 2009, no fue inferior al
IPC certificado por el DANE32 para esa anualidad, por lo que no se puede advertir
32
El IPC (Índice de Precios al Consumidor) de Colombia para el año 2008 tuvo una variación anual del 7.67%. y en el año
2009 del 2.0.
14
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que el valor otorgado represente un acto inequitativo o regresivo frente a sus
derechos salariales.
77. Dicho esto, para la Sala no es posible inferir la configuración de un defecto
sustantivo y fáctico como lo plantea la parte tutelante, pues las razones y motivos
que dieron origen a la fijación diferenciada del salario entre los grados 3BM y 3DM
encuentran fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto-Ley 1278 de
2002, el cual faculta al ejecutivo para definir los salarios y prestaciones de los
educadores en los siguientes términos:
El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala única
nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados, de
acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad
con el presente decreto; y según el título que acrediten, para los docentes nombrados
en provisionalidad o en período de prueba; lo mismo que las remuneraciones
adicionales para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el
tamaño de la institución educativa que dirijan.
78. De acuerdo con lo anterior, se observa que la sentencia de la Subsección A de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de ninguna
manera realizó una interpretación sesgada de la normativa aplicable y de los
criterios jurisprudenciales que rigen el caso sometido a estudio; por el contrario, lo
que se advierte es que los argumentos desarrollados en la providencia objeto de
tutela atienden las pautas establecidas por el legislador sobre la forma de definir los
incrementos salariales de los docentes.
79. Adicionalmente, se tiene que el análisis probatorio desarrollado por la autoridad
judicial accionada lejos de mostrar una situación indebida por acción u omisión, lo
que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al contenido de los
documentos aportados a la actuación judicial, por lo que no es posible inferir que la
decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es que el Tribunal no le
haya otorgado el valor probatorio que la tutelante pretendía que se les atribuyera a
los medios de prueba allegados al proceso.
80. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»33.
81. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto, así como de las pruebas obrantes en el expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho. Por estas razones, si bien la providencia
33
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
15
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objeto de tutela no resultó favorable a la tutelante, esto no significa que se hayan
desconocido sus garantías constitucionales.
82. De esta manera, no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la
acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir
el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un pronunciamiento
que se acomode a sus intereses y pretensiones.
4. Conclusión
83. Por lo anterior, la providencia proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no vulneró los derechos
fundamentales invocados por la accionante, por cuanto no se evidencia en su
contenido un análisis arbitrario, infundado o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos
de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por el defecto
sustantivo y fáctico, que exija la intervención del juez de tutela.
84. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 9 de abril de 2026,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que
negó la solicitud de amparo.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia del 9 de abril de 2026, proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta
providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02007-01 (5651)
Accionante: Luz Leidy Jiménez Rojas
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Ausente con excusa
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx
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