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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02031-01

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02031-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de abril de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 23 Ibidem. 24 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de febrero de 2021. 25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Radicado núm.: 76001 23-33-000 2025-00648-01. C.P.: Myriam Stella Gutiérrez Argüello; 4 de diciembre de 2025. 14 Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02031-01 Accionante: Luis Francisco Rodríguez Blanco SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02031-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02031-01
Accionante: LUIS FRANCISCO RODRÍGUEZ BLANCO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN A
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
16 de abril de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Luis Francisco Rodríguez Blanco solicitó, en nombre propio, la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva e igualdad cuya vulneración le atribuyó a las
providencias de 30 de mayo y 25 de noviembre de 2025 y 30 de enero de 2026,
proferidas por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro
medio control de reparación directa con número de radicación 54001-23-33-000-
2017-00097-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que promovió demanda junto a su núcleo familiar1, en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, a fin
de que se indemnizaran los perjuicios ocasionados por ser vinculado y acusado en
un proceso penal por la presunta comisión del delito de concierto para delinquir
agravado.
1
Los señores Marlene Beltrán Gamboa, Genesis Dalai Samuel Olinto Rodríguez Beltrán, Sherylin Isela América
Rodríguez Peñaranda, José Luis Rodríguez Blanco, Norma Iris Rodríguez Blanco, Isauro Rodríguez Blanco,
Luis Adolfo Rodríguez Blanco y Gloria Rodríguez Blanco.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02031-01
Accionante: Luis Francisco Rodríguez Blanco

2.1. Afirmó que el conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, autoridad judicial que, mediante sentencia de 22 de junio de
2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2.2. Señaló
que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de sentencia de
30 de mayo de 2025, revocó la anterior decisión y, en su lugar, negó las pretensiones
de la demanda.

2.3. Afirmó que presentó solicitud de nulidad de la sentencia de segunda instancia y,
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de 25
de noviembre de 2025, negó la solicitud de nulidad presentada.

2.4. Agregó
que interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión, y la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de 30
de enero de 2026, rechazó por improcedente el recurso de reposición.

2.5. Sostuvo que las providencias proferidas por la autoridad judicial accionada
vulneraron sus derechos fundamentales indicados supra, al incurrir en la causal de
violación directa de la Constitución.

2.6. Señaló que “[…] Efectivamente, en el caso en concreto, el principio de
interpretación conforme con la constitución, - La totalidad de los preceptos jurídicos
deben ser interpretados de manera tal que su sentido se avenga a las disposiciones
constitucionales. -, no se dio. La interpretación de una norma que contraríe éste
principio es simplemente intolerable en un régimen que parte de la supremacía formal
y material de la Constitución (C.P. art. 4). La causal de violación directa de la
Constitución se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que
desconoce la Carta Política, ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición ius
fundamental a un caso concreto; o porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados
de la Constitución. El art. 29 de la C.P., consagra expresamente la inviolabilidad del
debido proceso en las actuaciones judiciales […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Que, se conceda el amparo a mis derechos fundamentales del DEBIDO
PROCESO (art. 29 C.P.), ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
consagrados en la Constitución Política de Colombia de 1991.

2. Que, se dejen sin efectos jurídicos:

Sentencia de fecha treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025),
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A CONSEJERA PONENTE: MARÍA
ADRIANA MARÍN Radicación número: 54001-23-33-000- 2017-00097-01
(69.413) Auto de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A CONSEJERA PONENTE: MARÍA

3

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02031-01
Accionante: Luis Francisco Rodríguez Blanco

ADRIANA MARÍN Radicación número: 54001-23-33-000- 2017-00097-01
(69.413) Auto de fecha treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A CONSEJERA PONENTE: MARÍA
ADRIANA MARÍN Radicación número: 54001-23-33-000-2017-00097-01
(69.413)

3. Adoptar las demás medidas de protección constitucional que se consideren
necesarias […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 13 de marzo de 2026 el magistrado sustanciador de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de
tutela. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés en el resultado del
proceso al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a la Fiscalía General de
la Nación y a los señores Marlene Beltrán Gamboa, Genesis Dalai Samuel Olinto
Rodríguez Beltrán, Sherylin Isela América Rodríguez Peñaranda, José Luis
Rodríguez Blanco, Norma Iris Rodríguez Blanco, Isauro Rodríguez Blanco, Luis
Adolfo Rodríguez Blanco y Gloria Rodríguez Blanco.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los vinculados,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado afirmó que
revisar la demanda de tutela y las providencias cuestionadas, se advierte que no
se cumple el requisito de relevancia constitucional, por cuanto, en primer lugar, el
tutelante no formuló un cuestionamiento concreto y directo que afecte el fallo
proferido el 30 de mayo de 2025, es decir, no ataca los derroteros sobre los cuales
la Subsección soportó la ausencia de daño antijurídico, motivo por el que negó las
súplicas de la demanda del proceso ordinario.

5.2. La Fiscalía General de la Nación solicitó su desvinculación y señaló que en el
asunto que nos ocupa, no se evidencia vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales y por el contrario, se vislumbra que se está utilizando la
acción de tutela como mecanismo para reabrir debate legal ya definido, terminado
y ejecutoriado.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediantesentencia de tutela de 16 de abril de 2026, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo declaró improcedente la acción de tutela.

7. Al respecto consideró:
“[…] 41. En el presente asunto no se acredita el requisito de procedibilidad de
relevancia constitucional, pues no resulta suficiente que la parte actora afirme
de manera genérica que «la autoridad judicial accionada vulneró el derecho

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02031-01
Accionante: Luis Francisco Rodríguez Blanco

fundamental al debido proceso, toda vez que en el trámite de segunda instancia
no se pronunció respecto del decreto y practica de material probatorio que, a su
juicio, era necesario para acreditar los perjuicios morales que fueron negados
en la decisión de primer grado», esto es, sin exponer en qué defectos incurrió
la autoridad judicial accionada al proferir las decisiones que en esta sede se
discute, pues, tratándose de cuestionamientos dirigidos contra providencias
judiciales le corresponde una carga mínima de argumentación que en el
presente asunto no se cumple.

42. Al respecto, se tiene que la (sic) accionante ni siquiera mencionó en qué
defectos incurrió la autoridad judicial accionada al proferir las providencias
cuestionadas. Así como tampoco expone de manera concreta las razones por
las cuales las decisiones adoptadas vulneran los derechos fundamentales que
se invocan en protección, circunstancia que torna improcedente el mecanismo
constitucional.

43. En ese sentido, se advierte que la acción de tutela es improcedente porque
carece de una argumentación mínima que permita un estudio de fondo, en la
medida que dicha falencia no puede ser sustituida por el juez constitucional,
pues, si bien el presente mecanismo constitucional se caracteriza por la
flexibilización de las formalidades para garantizar los derechos fundamentales,
lo cierto es que, como se indicó en precedencia, al tratarse de cuestionamientos
dirigidos contra providencias judiciales, recae sobre la parte demandante una
carga mínima de argumentación.

44. Ahora, para la Sala es menester poner de presente que la discusión
planteada en esta sede fue resuelta por el juez natural de la causa mediante
providencia del 25 de noviembre de 2025, en la que se llegó a la conclusión que
el material probatorio que pretendía incorporar al proceso en nada afectaría la
decisión aquí adoptada, toda vez que negó las súplicas reclamadas por
ausencia de daño, por lo tanto, resultaría inane la revisión de perjuicios […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia argumentando lo
siguiente:

“[...] Es falsa esa apreciación. El Honorable Juez Constitucional cae en el mismo
error del Honorable Juez accionado.

Para la fecha de petición de pruebas en segunda instancia - día 01-16-2023 -,
lógicamente no se sabía que el Accionado: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, tenía predispuesto revocar la sentencia de Primera
instancia - día 30-05-2925 -. Si así se supiese resultaría inane presentar el
respectivo recurso de apelación por el Accionante: Luis Francisco Rodríguez
Blanco.

Ya se dijo y repitió que el reparo contra la sentencia de segunda instancia, no
lo es por lo decidido en ella. La observación contra esta providencia es que
dicha providencia fue el resultado o consecuencia ilegal por la violación del
debido proceso en la mencionada segunda instancia […]”.

[…]

“[…] Conforme a lo anterior, se tiene que el Requisito Especial de la Acción de
tutela alegado como la violación directa de la Constitución, como
consecuencia, comprende además otro igual, como lo es el defecto fáctico, los
cuales se complementa al integrar la carga probatoria con la norma superior.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02031-01
Accionante: Luis Francisco Rodríguez Blanco

Art. 29 C.P. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas.

Un defecto fáctico (error en pruebas) a menudo causa una violación directa
constitucional (desconocimiento de la norma superior - Art. 29 C.P. El debido
proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.),
configurando la procedencia de la tutela cuando el juez no practica o ignora
pruebas esenciales o aplica normas inconstitucionales al valorar el caso.

De acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-770
de 2014, en la práctica judicial, este tribunal ha encontrado tres hipótesis en las
cuales se configura el defecto fáctico, a saber: (i) cuando existe una omisión
en el decreto y en la práctica de pruebas que eran necesarias en el
proceso; (ii) cuando se hace una valoración defectuosa o contraevidente de las
pruebas existentes; y (iii) cuando no se valora en su integridad el acervo
probatorio.

Las anteriores hipótesis pueden configurarse por conductas omisivas o activas,
dando lugar al defecto fáctico por omisión y al defecto fáctico por acción.

El primero se presenta cuando el juez se niega a dar por probado un hecho que
aparece en el proceso, sea (i) porque niega, ignora o no valora las pruebas
solicitadas o (ii) porque, a pesar de poder decretar la prueba, no lo hace
por razones injustificadas.

El segundo se presenta cuando, a pesar de que la prueba sí obra en el proceso,
el juez (i) hace una errónea interpretación de ella, al atribuirle la capacidad de
probar un hecho que no aparece en el proceso o al estudiarla de manera
incompleta, o (ii) valora pruebas ineptas o ilegales, o (iii) valora pruebas
indebidamente practicadas o recaudadas […]”. [Negrilla del texto]

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195,
modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.

VIII.2. Problemas jurídicos

10. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las providencias de 30 de mayo y 25 de noviembre de 2025 y de 30 de enero de
2026, proferidas por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la providencia de 25 de

2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

6

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02031-01
Accionante: Luis Francisco Rodríguez Blanco

noviembre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo, vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante porque esta
decisión fue la que finiquitó la litis7.

11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado8, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; para posteriormente (ii) resolver el caso concreto.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental

7 Al respecto se precisa que la providencia de 30 de enero de 2026 rechazó por improcedente el recurso de

reposición contra el auto de 25 de noviembre de 2025.
8
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.

7

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02031-01
Accionante: Luis Francisco Rodríguez Blanco

absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

19. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

20. Elseñor Luis Francisco Rodríguez Blanco solicitó, en nombre propio, la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva e igualdad cuya vulneración le
atribuyó a las providencias de 30 de mayo y 25 de noviembre de 2025 y 30 de enero
de 2026, proferidas por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado dentro medio control de reparación directa con número de radicación 54001-
23-33-000-2017-00097-00/01.

11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02031-01
Accionante: Luis Francisco Rodríguez Blanco

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

21. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental13 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones14.

22. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales15, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces16.

23. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto]

24. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202218 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones

13
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
15
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
16
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
17
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
18 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02031-01
Accionante: Luis Francisco Rodríguez Blanco

particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]

25. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202319.

19 Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses

Mosquera; 22 de marzo de 2023.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02031-01
Accionante: Luis Francisco Rodríguez Blanco

26. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el accionante se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la
discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto
de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial
que no involucre derechos fundamentales20.

27. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

28. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio el accionante alegó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la tutela
judicial efectiva e igualdad, por haber incurrido, presuntamente, en la causal de
violación directa de la Constitución.

29. Señaló que “[…] Efectivamente, en el caso en concreto, el principio de interpretación
conforme con la constitución, - La totalidad de los preceptos jurídicos deben ser
interpretados de manera tal que su sentido se avenga a las disposiciones
constitucionales. -, no se dio. La interpretación de una norma que contraríe éste
principio es simplemente intolerable en un régimen que parte de la supremacía formal
y material de la Constitución (C.P. art. 4). La causal de violación directa de la
Constitución se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que
desconoce la Carta Política, ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición ius
fundamental a un caso concreto; o porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados
de la Constitución. El art. 29 de la C.P., consagra expresamente la inviolabilidad del
debido proceso en las actuaciones judiciales […]”.

30. Precisados los argumentos que sustentan la acción de amparo, la Sala estima
que no se cumple con el requisito general de relevancia constitucional porque el
escrito de tutela carece de la carga mínima argumentativa, en tanto que no se
desarrollaron los defectos en los que presuntamente incurrió la autoridad judicial.

31. Sobre la base de lo anterior, la Sala concluye que las circunstancias de hecho y
de derecho que el accionante indica para sustentar la violación a sus derechos
fundamentales resultan ser insuficientes para tener por acreditada la carga
argumentativa mínima en el caso objeto de estudio.

20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P.

Guillermo Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Rad. núm.: 2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02031-01
Accionante: Luis Francisco Rodríguez Blanco

32. En este punto, es necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada no conduce a que el juez de tutela
pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta autoridad no actúa como instancia
adicional o de revisión del proceso.

33. La falencia argumentativa advertida no puede ser subsanada por el juez de tutela,
dado que la presente acción constitucional se dirige contra una providencia judicial
que ha hecho tránsito a cosa juzgada; por lo cual es exigible el cumplimiento de una
carga mínima argumentativa que habilite un examen de fondo del caso. En armonía
con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 señaló lo
siguiente:

“[…] [D]ado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”21. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, además de
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia […]”. [Negrilla fuera del texto]

34. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las
que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

35. En el caso sub examine se considera que la parte accionante no está exponiendo
que la providencia cuestionada haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que
el motivo que fundamenta su inconformidad se sustenta, básicamente, en que la
decisión adoptada no fue favorable a sus pretensiones.

36. La Sala estima pertinente traer a colación lo decidido en la providencia de 25 de
noviembre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado:

“[…] En el sub lite se debate la configuración de las causales 2, 5 y 6 de nulidad
del artículo 133 del CGP ante la aparente desatención de las pruebas aportadas
en el trámite de la segunda instancia de cara al precedente unificado y vinculante
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sumado a la imposibilidad de alegar
de conclusión.

De entrada, se aclara que la solicitud de nulidad propuesta sólo podría tener origen
en la sentencia de segunda instancia, lo que aquí no sucede, pues es palmario
que las actuaciones que representan inconformidad para el actor están atadas a
un trámite previo a su expedición.

21
Sentencia SU-074 de 2022.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02031-01
Accionante: Luis Francisco Rodríguez Blanco

Este argumento bastaría para que la Subsección no avanzara en un examen de
fondo sobre los planteamientos formulados; empero, resulta conveniente
descartar que los hechos alegados tampoco constituyen causales de nulidad,
como se pasa a explicar.

En el sub lite se estaba debatiendo la responsabilidad del Estado por una falla del
servicio derivada de la vinculación y acusación del actor a un proceso penal, en el
cual no se le restringió su derecho a la libertad, por tanto, no es cierto que le
resultara aplicable la regla fijada en la sentencia de unificación del 29 de
noviembre de 2021, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado,
expediente 46.681, en relación con una nueva etapa probatoria, pues esta se
concibió para garantizar el debido proceso en casos de privación injusta de la
libertad.

La Sala precisa que no existe mérito para asegurar, como lo indica la parte actora,
que el a quo dejó de interrogar a los señores Carmen Eliécer Castellano Núñez y
Luis Miguel Castro Moncada sobre asuntos distintos, porque es evidente que el
objeto de esa prueba se agotó, pues, se repite, se decretó para demostrar las
relaciones de parentesco o afinidad existentes al interior del núcleo familiar del
actor, mas no para probar una afectación moral de los demandantes. En todo
caso, su apoderado asistió a la audiencia respectiva y estuvo de acuerdo con la
actuación que se llevó a cabo.

En gracia de discusión, esos documentos en nada afectarían la decisión aquí
adoptada, toda vez que la Subsección negó las súplicas reclamadas por ausencia
de daño, por manera que resultaría inane la revisión de perjuicios, último asunto
con el que se relacionan las nuevas declaraciones. De hecho, la solicitud ni
siquiera se ajustaría a alguno de los eventos de que trata el artículo 212 del
CPACA para que fuera tenida en cuenta y, en ese sentido, tampoco habría lugar
a correr traslado para alegar de conclusión, dada la carente prosperidad para su
decreto, al tenor de lo sostenido en el numeral 5 del artículo 247 ibidem. A esto se
agrega que, a pesar de la existencia del informe secretarial de paso al despacho
para fallo, la parte actora durante el término de 2 años guardó silencio al respecto
y al proferirse la decisión de fondo se sanearon las posibles irregularidades que
se pudieron cometer en el trámite de segunda instancia.

Así las cosas, dado que la situación fáctica alegada por la parte actora no encaja
en los supuestos de las causales 2, 5 y 6 de nulidad del artículo 133 del CGP, las
cuales son taxativas y su interpretación es restrictiva, la Sala negará la solicitud
de la parte actora […]”.

37. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado fue
analizado por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales del accionante en el trámite del proceso
de reparación directa.

38. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”22.

39. Significa
lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole

22 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02031-01
Accionante: Luis Francisco Rodríguez Blanco

probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”;
ya que en “el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las decisiones
de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos […]”23. En
esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”24.

40. Ahora bien, revisado el escrito de impugnación, la Sala observa que el accionante
trajo a colación argumentos nuevos indicando que las providencias judiciales
incurrieron además de la causal de violación directa de la Constitución en un defecto
fáctico.

41. Esta Corporación ha considerado que “[…] la impugnación en las acciones de
tutela no está concebida como un mecanismo que permita al impugnante adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejó de plantear en el escrito de tutela inicial
[…]”25.

42. En ese orden de ideas, el escrito de impugnación no puede ser utilizado para incluir
argumentos nuevos que se dejaron de plantear en el escrito de tutela, en la medida
en que fue frente a esos planteamientos iniciales que las autoridades accionadas
se pronunciaron y ejercieron su derecho de defensa y contradicción.

43. La Sala se abstendrá de estudiar los cuestionamientos presentados en el escrito de
impugnación contra las providencias mencionadas supra, so pena de vulnerar el
derecho al debido proceso de la contraparte, puesto que, se insiste, corresponden a
argumentos nuevos, incluso, a un problema jurídico no planteado desde el inicio por
el accionante.

44. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará el fallo impugnado, como
dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de abril de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

23 Ibidem.
24 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo

Schlesinger; 5 de febrero de 2021.
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Radicado núm.: 76001 23-33-000 2025-00648-01. C.P.: Myriam
Stella Gutiérrez Argüello; 4 de diciembre de 2025.

14

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02031-01
Accionante: Luis Francisco Rodríguez Blanco

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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