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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2017-00097-01

Fecha
30 de mayo de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2017-00097-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 22 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR EN COSTAS, en ambas instancias, a la parte actora y a favor de la Nación - Fiscalía General de la Nación. En primera instancia, las agencias en derecho se fijan en la suma de $62’120.362, mientras que por la segunda instancia se pagará 1 SMLMV, tal como se discriminó en la parte motiva de esta decisión. Las costas se liquidarán de manera concentrada ante el a quo. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente de este proceso al Tribunal de origen y FINALIZAR y ARCHIVAR esta actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 54001-23-33-000-2017-00097-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

30 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 54001-23-33-000-2017-00097-01 (69.413)

Actor: LUIS FRANCISCO RODRÍGUEZ BLANCO Y OTROS

Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

Temas: DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Afectación por la
vinculación y acusación decretadas en una investigación penal que terminó con decisiones
absolutorias a favor del procesado / FALTA DE DAÑO ANTIJURÍDICO - Declaratoria de
persona ausente - No existió privación de la libertad u otro tipo de restricciones - Reiteración
de la tesis de la Sala en asuntos con supuestos fácticos y jurídicos similares al sub lite.

La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 22 de junio de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I.SÍNTESIS DEL CASO

Se demanda por la presunta falla del servicio en la que habría incurrido la Fiscalía
General de la Nación, dentro de la investigación penal que adelantó contra el señor
Luis Francisco Rodríguez Blanco por el punible de concierto para delinquir
agravado y que culminó con decisiones absolutorias.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 10 de febrero de 20171, los señores Luis Francisco Rodríguez Blanco, Marlene
Beltrán Gamboa, Genesis Dalai Samuel Olinto Rodríguez Beltrán, Sherylin Isela
América Rodríguez Peñaranda, José Luis Rodríguez Blanco, Norma Iris Rodríguez
Blanco, Isauro Rodríguez Blanco, Luis Adolfo Rodríguez Blanco y Gloria Rodríguez
Blanco formularon demanda de reparación directa contra la Nación - Fiscalía
General de la Nación, a fin de que se les indemnicen los perjuicios ocasionados por

1
Fl. 46 del archivo 1 del expediente digital del Tribunal.

Radicación número: 54001-23-33-000-2017-00097-01 (69.413)
Actor: LUIS FRANCISCO RODRÍGUEZ BLANCO Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

“vincular y acusar” al primero de los mencionados en un proceso penal adelantado
por el delito concierto para delinquir agravado.

Por lo anterior, pidieron el reconocimiento y pago de (i) 100 y 50 SMLMV, en su
orden, para la víctima directa, hijos, esposa, y hermanos, por daño moral; (ii) 100
SMLMV a favor del señor Luis Francisco Rodríguez Blanco, por daño a bienes
constitucional y convencionalmente protegidos; y (iii) la suma de $1.517’390.983,
por daño emergente y por lucro cesante. Además, solicitaron que se ofrecieran
excusas públicas y se creara un link en la página web de la entidad para acceder al
contenido de la sentencia final por seis meses.

Como fundamento fáctico de la demanda se narró que el señor Luis Francisco
Rodríguez Blanco prestaba sus servicios como abogado a varias empresas privadas
y públicas en Cúcuta, Norte de Santander.

El 13 de diciembre de 2007, la Fiscalía Primera Especializada de la Unidad Nacional
contra el Secuestro de Bogotá, dentro del proceso penal, radicado 74106, resolvió,
entre otros asuntos, la situación jurídica de la abogada Gladys Yolanda Durán. Esta
le informó al señor Rodríguez Blanco que en ese proceso se estaba estudiando su
vinculación en la causa.

El 22 de febrero de esa anualidad se recibió la declaración de varias personas que
afirmaron que el señor Rodríguez Blanco asistía a reuniones, como colaborador de
grupos paramilitares.

El 7 de marzo siguiente, el ente acusador lo vinculó a la investigación e impartió
orden de captura en su contra, pero fue declarado persona ausente.

El actor designó un abogado para que asumiera su defensa y, el 24 de junio de
2008, la Fiscalía se abstuvo de proferir medida de aseguramiento en su contra por
el punible de concierto para delinquir agravado.

El 1° de julio de 2008 se dispuso el cierre de la investigación; sin embargo, el aquí
demandante recurrió esa decisión para contrainterrogar a los “testigos falsos”. La
Fiscalía Catorce Especializada de la Unidad Nacional contra el Secuestro de Bogotá
indicó que había motivos para continuar el asunto.

El 25 de noviembre de 2008 se acusó al procesado, con base en que era señalado
“como una de las personas que asistía a las reuniones con los paramilitares y les
daba información sobre las demandas laborales de los transportadores de Trasan
contra ésta, la que era suministrada a alias Pacho para que los amedrentara y así

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Radicación número: 54001-23-33-000-2017-00097-01 (69.413)
Actor: LUIS FRANCISCO RODRÍGUEZ BLANCO Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

los llamaba a que rindieran cuentas y se pusieran al día”. Como consecuencia, se
libró de nuevo una orden de captura en su contra. El procesado apeló la decisión,
pero la Fiscalía Cuarenta y Ocho delegada ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá la confirmó.

En fallo del 22 de diciembre de 2010, el Juzgado Primero Adjunto Penal del Circuito
Especializado de Cúcuta absolvió al procesado de responsabilidad, por considerar
que los relatos de los testigos no le generaban certeza de que aquel financió o
prestó su concurso a los paramilitares, duda que se debía resolver a su favor.

El 12 de junio de 2012, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cúcuta confirmó la decisión, con argumentos semejantes.

“La parte civil” radicó recurso extraordinario de casación para que se condenara a
todos los procesados; no obstante, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
mantuvo la absolución del sindicado.

En criterio de la parte demandante, resulta claro que el señor Rodríguez Blanco no
cometió ningún delito y que la Fiscalía lo vinculó y acusó con apoyo en testigos
falsos y respecto de los cuales nunca se respetaron las garantías de defensa y
contradicción “para descalificarlos por no ser merecedores de credibilidad”, aspecto
que confirmaron los jueces en sus decisiones. Además, era palmario que el fiscal
sostenía una relación “personal y parcializada con los testigos, quienes tenían la
intención de ocasionar daño” por representar los intereses de una empresa
“declarada enemiga”.

Explicó que esa situación lesionó sus derechos fundamentales a la honra, al buen
nombre, a la libertad, al trabajo, al debido proceso, a la integración de su familia y a
la propiedad privada, lo que desencadenó perjuicios que debían ser reparados.

2. Trámite de primera instancia

2.1. Mediante auto del 24 de agosto de 2017, el a quo admitió la demanda y dispuso
su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público2.

2.2. La Fiscalía General de la Nación indicó que no se acreditó la existencia de una
falla en el servicio, dado que la investigación penal contra el señor Luis Francisco
Rodríguez Blanco se desarrolló con apego a las competencias que se le asignaron
en el artículo 250 de la Constitución Política, pues existió una denuncia y diferentes

2
Fls. 51 - 57 del archivo 3 del expediente digital del Tribunal.

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Radicación número: 54001-23-33-000-2017-00097-01 (69.413)
Actor: LUIS FRANCISCO RODRÍGUEZ BLANCO Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

testimonios que lo vinculaban con grupos al margen de la ley, por lo cual el sindicado
se encontraba en el deber de soportar las consecuencias de la actividad judicial.

Refirió que, pese a que el procesado fue absuelto por el punible investigado ante la
falta de pruebas que condujeran al grado de certeza de responsabilidad, eso no
demostraba, por sí solo, que su actuación hubiera sido ilegal, arbitraria o
desproporcionada, por el contrario, sostuvo que siempre se le respetaron las
garantías de defensa y contradicción.

Advirtió que no existió privación de su libertad y, en todo caso, cada una de las
decisiones adoptadas contaba con el debido respaldo fáctico y jurídico. Además,
expresó que en el curso del proceso penal nunca se limitó el ejercicio de su
profesión.

A partir de esos postulados, propuso las excepciones denominadas “actuación
legítima”, y “ausencia de nexo causa,”, así como “culpa exclusiva de la víctima” -sin
ofrecer una argumentación- y “litis consorcio necesario”, teniendo en cuenta que se
debía vincular a la Rama Judicial, entidad que también participó en el proceso penal.

Para finalizar, puntualizó que el daño moral era excesivo y los perjuicios materiales
no contaban con respaldo probatorio3.

2.3. El 20 de junio de 2018 se llevó a cabo la audiencia inicial, diligencia en la que
el a quo fijó el litigio4, tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda
y requirió otras piezas procesales, así como decretó la práctica de unos
testimonios5.

2.4. El 10 de agosto y 21 de noviembre de 2018 se escucharon los testimonios
solicitados y se incorporaron los documentos pendientes de recolección. A su vez,
se corrió traslado a las partes para que radicaran escrito de alegaciones finales y al
Ministerio Público para que rindiera concepto6, etapa en la que la Fiscalía replicó lo
dicho en la contestación de la demanda, sin agregar otros argumentos, y el
Ministerio Público guardó silencio7.

2.5. La parte actora, después de pronunciarse sobre cada una de las excepciones
elevadas por la Fiscalía, coligió que la litis se debía resolver a luz de una falla de

3
Archivo 4 del expediente digital del Tribunal.
4
Sostuvo que se centraba en determinar si la responsabilidad de la entidad accionada se encontraba
comprometida por la investigación penal seguida contra el actor por el punible de concierto para
delinquir agravado y si era procedente el reconocimiento de los perjuicios alegados.
5
Archivo 9 del expediente digital del Tribunal.
6
Archivos 15 y 16 del expediente digital del Tribunal.
7
Fls. 237 - 248 del archivo 7 del expediente digital del Tribunal.

4

Radicación número: 54001-23-33-000-2017-00097-01 (69.413)
Actor: LUIS FRANCISCO RODRÍGUEZ BLANCO Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

servicio por error judicial, en razón de las reiteradas equivocaciones cometidas en
el proceso penal y advertidas por los jueces penales y el alto tribunal de la
jurisdicción ordinaria.

Adujo que el señor Rodríguez Blanco fue vinculado a la investigación ante la
existencia de indicios serios de responsabilidad, pero cuando se resolvió su
situación jurídica se concluyó lo opuesto, lo que, sin duda, evidenciaba una carente
motivación probatoria.

Reforzó que la acusación no cumplía con los requisitos sustanciales, en la medida
en que “no se hallaba demostrada la ocurrencia del hecho, puesto que no hubo
confesión, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio de prueba”
para deducir su responsabilidad, sino simplemente unos testimonios que ofrecían
serias dudas.

Así, anotó que el llamado a juicio comportó una decisión ilegal, tomando en
consideración de que se “basó en declaraciones que ya habían sido desechadas
antes por no reputar una convicción” y ni siquiera se realizó el esfuerzo de explicar
el mérito que se les asignó y menos confrontarlas o, en su defecto, desplegar una
actividad investigativa adecuada para descartar el número de reuniones que
supuestamente tuvo con los paramilitares, los sitios de encuentro y la aparente
estrechez con alias “Pacho”.

De este modo, dijo que “al no existir el hecho denunciado” y probarse la inocencia
del procesado, devenía la reparación de los daños antijurídicos acaecidos8.

3. Sentencia de primera instancia

A través de sentencia del 22 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander accedió parcialmente a las súplicas deprecadas.

Al respecto, sostuvo que estaba probado el daño, en tanto el señor Luis Francisco
Rodríguez Blanco sufrió una “vulneración real, concreta y efectiva de sus derechos
a la libre circulación, a fijar su residencia y a la libre personalidad”, por el solo hecho
de que contra él se dictó orden de captura en dos oportunidades, la cual se mantuvo
hasta el fallo de primera instancia, situación que “determinó imposiciones externas
acerca de decisiones relativas a la esfera personal que comprometieron sus
derechos”.

8
Fls. 221 - 236 del archivo 7 del expediente digital del Tribunal.

5

Radicación número: 54001-23-33-000-2017-00097-01 (69.413)
Actor: LUIS FRANCISCO RODRÍGUEZ BLANCO Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

En lo tocante a la imputación, definió que se hallaba demostrado un error judicial,
pues, si bien las diligencias de investigación eran complejas y delicadas ante la
pluralidad de sujetos vinculados y los delitos atribuidos, lo cierto era que esa
actividad judicial fue descalificada por los jueces de instancia y la Corte Suprema
de Justicia, incluso resultó extraño y contradictorio que la Fiscalía utilizara las
mismas pruebas para determinar que no existía mérito para continuar el proceso y
después lo acusara formalmente, sin que se presentara un cambio sustancial en la
investigación.

Igualmente, manifestó que la absolución sobre la responsabilidad reflejó las graves
inconsistencias de los testimonios que incriminaban al señor Rodríguez Blanco y
que no fueron debidamente apreciados, “pues de haberlo hecho, se habría tratado
de desvirtuar esas dudas que se encontraban antes de la sentencia de primera
instancia”.

Anotó que no se avizoraba una causa extraña que pudiera eximir de responsabilidad
a la demandada y menos una conducta de la víctima directa que determinara su
vinculación y acusación al proceso penal, en la medida en que todo emanó del
ejercicio de su profesión como abogado, evento que incidió en la cercanía con los
propietarios y personas relacionadas con la empresa Trasan S.A., quienes
soportaron la pérdida de la libertad, “por pesar y concurrir contra los mismos igual e
incluso más grave delitos como el secuestro”.

Por último, sobre la cuantificación del daño moral, hizo énfasis en la sentencia de
unificación del Consejo de Estado de privación injusta de la libertad; sin embargo,
precisó que los parámetros allí fijados no se podían extender tal cual al caso, porque
no hubo limitación de ese derecho, de ahí que se reducirían en un 50%. Entonces,
dado que la vinculación penal se mantuvo por un lapso superior a 20 meses, al
afectado, compañera permanente e hijos les reconoció 50 SMLMV, aspecto que no
ocurría con sus hermanos ante la falta de prueba de la afectación moral.

En relación con el lucro cesante, subrayó que, aunque se adjuntaron certificaciones
de la actividad profesional que desempeñaba el directo afectado en empresas
públicas y privadas, no se acompañaron de otro documento del que se desprendiera
el pago efectivo, a fin de tener la certeza del valor percibido. Al margen de esa
falencia, aclaró que no se podía desconocer que se trataba de una actividad lícita,
por ende, había lugar a presumir que devengaba un salario mínimo, rubro que al
multiplicarlo por el tiempo que duró vigente la orden de captura, ascendía a
$28’366.666.

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Radicación número: 54001-23-33-000-2017-00097-01 (69.413)
Actor: LUIS FRANCISCO RODRÍGUEZ BLANCO Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

Negó lo pedido por daño emergente y por la vulneración a bienes constitucional y
convencionalmente protegidos, comoquiera que, de un lado, el documento
elaborado por el abogado que asumió su defensa judicial en el proceso penal no
era suficiente para acreditar el pago de los honorarios reclamados y, de otra parte,
los elementos de juicio no acreditaban un perjuicio distinto a los reconocidos9.

4. Recursos de apelación

4.1. La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual expresó su
desacuerdo con la negativa del daño moral respecto de los hermanos del señor Luis
Francisco, en tanto la jurisprudencia vigente para la fecha de la demanda solo exigía
la prueba del parentesco para su reconocimiento, por ende, no era acertado aplicar
una nueva regla jurisprudencial que adicionó otro criterio; empero, señaló que el
tope de indemnización sí se debía mantener y tasar el equivalente a 15 SMLMV
para aquellos.

A la par, destacó que el Consejo de Estado siempre admitió como prueba del daño
emergente las certificaciones expedidas por los abogados acerca del pago de sus
honorarios y, en ese sentido, solo se requirió la constancia del paz y salvo, por tanto,
el a quo incurrió en un yerro al negar ese perjuicio ante la ausencia de una factura,
prueba que los profesionales del derecho no están obligados a tramitar y la
sentencia de unificación sobre la materia no tenía efectos retroactivos.

Estimó que era procedente el reconocimiento del daño emergente, tal como se pidió
en el escrito inicial, más la actualización, incluidos los siete meses que se presumen
tarda una persona en reanudar su actividad profesional, puesto que la prueba
testimonial y documental -que no fue tachada de falsa- daban plena certeza de que
los contratos de presentación de servicios se iban mantener vigentes hasta que
existiera una causa de fuerza mayor que les diera término.

Discutió que las medidas no pecuniarias fueron despachadas desfavorablemente
con la excusa de que no obraban pruebas para proceder en tal sentido, a sabiendas
de que se reconoció el actuar “ilícito de la Fiscalía, incriminando a Luis Francisco
de delitos que no cometió”. En ese contexto, su falta de reconocimiento “deja
impune la actuación, además se le sigue revictimizando, quien nunca podrá
reivindicar su honra y buen nombre ante la sociedad”10.

4.2. La Fiscalía General de la Nación aseguró que la investigación adelantada
contra el señor Luis Francisco Rodríguez Blanco gozó de todas las garantías y

9
Archivo 8 del expediente digital del Tribunal.
10
Archivo 10 del expediente digital del Tribunal.

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Radicación número: 54001-23-33-000-2017-00097-01 (69.413)
Actor: LUIS FRANCISCO RODRÍGUEZ BLANCO Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

nunca estuvo privado de su libertad, de ahí que no soportó un daño susceptible de
reparación.

Igualmente, la investigación “estuvo fundada en abundante material probatorio” del
que se inferían los indicios graves de responsabilidad, aspecto que evitaba calificar
sus actuaciones como caprichosas o irresponsables.

También destacó que no se podía olvidar que, en atención a sus competencias,
estaba obligada a investigar las posibles conductas constitutivas de delitos, de modo
que el actor debía soportar las consecuencias de la actividad judicial.

Debatió los perjuicios reconocidos, tomando en consideración de que el sindicado
no estuvo privado de la libertad y, por tal razón, el parámetro aplicado para valorar
su causación no era el fallo de unificación del Consejo de Estado referente a ese
tema, a lo que se agregaba que no se sopesó que aquel huyó de Cúcuta para evitar
su captura y no se probó que hubiera soportado limitaciones para trabajar11.

5. Trámite de segunda instancia

El 20 de junio de 202412, esta Corporación admitió el recurso de apelación y, como
no se decretaron pruebas, el asunto ingresó para dictar sentencia13.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, modificado por
el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021, establece que el Consejo de Estado es
competente para conocer, en segunda instancia, de “las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos”.

El artículo 152.6 del CPACA dispone que los tribunales administrativos conocerán
en primera instancia, entre otros asuntos, “de los de reparación directa, inclusive
aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales”, cuando la
cuantía exceda los 500 SMLMV.

11
Archivo 9 del expediente digital del Tribunal.
12
Archivo 20 del expediente digital del Consejo de Estado.
13
Archivo 42 del expediente digital del Consejo de Estado.

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Radicación número: 54001-23-33-000-2017-00097-01 (69.413)
Actor: LUIS FRANCISCO RODRÍGUEZ BLANCO Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

En el sub lite, la pretensión mayor superó la cuantía señalada en la mencionada
disposición normativa, de suerte que la Sala es competente para conocer los
recursos de apelación interpuestos contra el fallo del a quo14.

2. Oportunidad

El artículo 164, numeral 2, literal i, del CPACA establece que la demanda de
reparación directa debe presentarse dentro de los 2 años contados a partir del día
siguiente de la acción u omisión causante del respectivo daño o de cuando el actor
tuvo o debió tener conocimiento de éste, si fue en fecha posterior, siempre que se
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

En el caso que se examina, la parte demandante alegó que la Fiscalía General de
la Nación incurrió en “una falla del servicio”, habida cuenta de que vinculó al señor
Luis Francisco Rodríguez Blanco a una investigación penal y lo acusó del delito de
concierto para delinquir agravado, pese a que no existían pruebas suficientes para
ello.

En el proceso está acreditado que, mediante providencia del 22 de diciembre de
2010, el Juzgado Primero Adjunto Penal del Circuito Especializado de Cúcuta
absolvió al procesado de responsabilidad, decisión que fue confirmada en su
integridad el 12 de junio de 2012 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta;
no obstante, contra esa providencia se formuló recurso extraordinario de casación,
a fin de que se condenaran a todos los sindicados. El 9 de diciembre de 2014, la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia casó parcialmente la sentencia de
segundo grado respecto de algunos procesados y mantuvo la decisión sobre la
ausencia de responsabilidad del actor y, como consecuencia, las decisiones
enjuiciadas hicieron tránsito a cosa juzgada.

La Sala estima que la supuesta falla del servicio se hizo evidente para la parte actora
desde dicha decisión, porque tuvo certeza de que el proceso penal finalizó a favor
del señor Rodríguez Blanco y pudo observar las falencias probatorias del ente
acusador, por tanto, constituye el parámetro para contar el término de caducidad.

En el expediente no obra constancia de ejecutoria de la última determinación, pero,
consultada la página web de la Rama Judicial se tiene que se notificó el 12 de
diciembre de 201415, de ahí que quedó en firme el 18 de ese mismo mes y año.

14
Por lucro cesante se pidió la suma de $1.454’829.000, monto que supera los 500 SMLMV para la
fecha de presentación de la demanda -2017-, los cuales equivalían a $368’858.500.
15
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NombreRazonSocial.
Radicado: 54001310700120090009301

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Radicación número: 54001-23-33-000-2017-00097-01 (69.413)
Actor: LUIS FRANCISCO RODRÍGUEZ BLANCO Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

Así las cosas, el plazo para acudir ante esta jurisdicción se extendió hasta el 19 de
diciembre de 2016, pero el 18 de octubre de esa anualidad se radicó la solicitud de
conciliación extrajudicial16, esto es, cuando faltaban 2 meses y 1 día para operara
la caducidad.

El 2 de febrero de 2017 se expidió la constancia de no conciliación 17, es decir,
superados los 3 meses para agotar el requisito de conciliación previo a demandar18,
pues estos se cumplieron el 18 de enero de 2017, por tal razón, como a partir del
día siguiente al vencimiento de los tres meses se reanudó el término faltante para
que se configurara la caducidad, los actores disponían hasta el 20 de marzo de 2017
para instaurar la demanda, y como procedieron de conformidad el 10 de febrero de
ese año19, se colige que la demanda fue oportuna.

3. Legitimación

El señor Luis Francisco Rodríguez Blanco está legitimado para demandar, en tanto
de los medios de convicción aportados al expediente se desprende que estuvo
vinculado al proceso penal, de ahí que pueda incoar la presente demanda como
directo afectado.

Al proceso concurrieron, además, las señoras Marlene Beltrán Gamboa, Genesis
Dalai Samuel Olinto Rodríguez Beltrán y Sherylin Isela América Rodríguez
Peñaranda, quienes demostraron ser su compañera permanente20 e hijas21,
respectivamente, por manera que les asiste interés para solicitar una indemnización,
al igual que a los señores José Luis, Norma Iris, Isauro, Luis Adolfo y Gloria
Rodríguez Blanco, quienes probaron ser hermanos del señor Luis Francisco22.

La Fiscalía General de la Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva,
puesto que fue a esta entidad a la que se le imputó el daño por el que se demandó;
no obstante, se aclara que está por determinar el sentido de la sentencia, de ahí
que al adelantar el estudio de fondo se determinará si existió o no una participación
efectiva en la producción del daño antijurídico alegado .

16
Fl. 47 - 48 del archivo 2 del expediente digital del Tribunal.
17
Ibidem.
18
Según el artículo 21 de la Ley 640 de 2001.
19
Fl. 46 del archivo 1 del expediente digital del Tribunal.
20
Según las declaraciones de los señores Luis Humberto Rodríguez Gutiérrez, Carmen Eliecer
Castellanos Núñez, Luis Miguel Castro Moncada y Jairo Ibero Ortega.
21
Anexo 6 de la demanda.
22
Ibidem.

10

Radicación número: 54001-23-33-000-2017-00097-01 (69.413)
Actor: LUIS FRANCISCO RODRÍGUEZ BLANCO Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

4. Problema Jurídico

En los términos de los recursos de apelación, la Sala verificará si en el presente
caso se reúnen los presupuestos necesarios para declarar a la Fiscalía General de
la Nación patrimonialmente responsable debido a la afectación sufrida por la parte
actora dada la vinculación y acusación dictadas contra el señor Luis Francisco
Rodríguez Blanco. De superarse lo anterior, definirá la procedencia de los perjuicios.

5. Lo probado

Por razones metodológicas, la Sala enunciará los hechos probados, en atención a
las únicas pruebas que obran en el plenario:

• El señor Jesús Antonio Alba Martínez, quien trabajó como despachador de busetas
de la empresa Transan S.A., entre 1995 a 2009, declaró que, por órdenes de los
directivos, transportaba paramilitares a diferentes sitios y que, en 2003, conoció del
secuestro del señor Hugo Combariza para que desistiera de una demanda laboral
contra la empresa; además, fue testigo presencial de la muerte del señor Antonio
Cáceres. Explicó que el comandante de los paramilitares alias “Pacho” frecuentaba
el lugar y se reunía, entre otras personas, con el señor Luis Francisco Rodríguez
Blanco, abogado de la empresa transportadora “y quien era el encargado de hacer
las listas negras de conductores o propietarios que le debían a la empresa y luego
se las pasaba a Pacho para que los paracos cobraran las deudas”. Precisó que
recibió una llamada del abogado en la que le dijo “que lo podían estar mandando a
matar por sapo”. A la pregunta que dónde eran las reuniones y quienes asistían,
contestó: “La Finca Las Piscinas en Agua Clara y la empresa Trasan”23.

• El 7 de marzo de 2008, la Fiscalía señaló que existían indicios graves de
responsabilidad respecto de varias personas, incluido el señor Rodríguez Blanco
por la presunta participación en el delito de concierto para delinquir. Por tanto, libró
orden de captura en su contra con fines de indagatoria24. Como no fue posible su
ubicación, se declaró persona ausente y luego aquel designó un abogado para que
ejerciera su defensa25.

• El señor Predo José Nossa Gómez, uno de los abogados de la empresa Trasan,
testificó que se enteró por terceros que los dueños de la sociedad tenían vínculos
con paramilitares, quienes recibían colaboración económica que aportaba la
gerencia. Comentó que vio como la gerente, el revisor fiscal, la contadora y dos

23
Paginación 44 - 47 del anexo 1 de la demanda.
24
Paginación 66 del anexo 1 de la demanda.
25
Paginación 97 del anexo 1 de la demanda.

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Radicación número: 54001-23-33-000-2017-00097-01 (69.413)
Actor: LUIS FRANCISCO RODRÍGUEZ BLANCO Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

personas más se reunieron con el señor Hugo Combariza, pero desconocía quiénes
eran, “parece ser que el motivo era una conciliación por una demanda laboral que
tenía el último contra la empresa”, pleito al que le habían asignado otro abogado.
Destacó que en una oportunidad acompañó a la gerente a Puerto Santander y en
ella hizo varias paradas en el camino y detalló que habló con varios grupos de
personas, encuentro que se repitió después en horas de la noche en un restaurante
de la ciudad de Cúcuta; no obstante, desconocía “lo que hablaban o negociaban y
a veces iba Francisco Rodríguez”26.

• El 24 de junio de 2008, la Fiscalía se abstuvo de imponer medida de aseguramiento
contra el ahora demandante por el delito investigado y canceló la orden de captura
que pesaba en su contra, la cual no se había materializado.

En esa providencia se indicó como hecho relevante el secuestro del que fue víctima
el señor Hugo Combariza, el 25 de noviembre de 2003, en Cúcuta, con el propósito
de “hacerlo desistir de una demanda laboral que había instaurado contra la empresa
Trasan, desistimiento que, en efecto, se produce”. A su turno, refirió las reuniones
sostenidas por los dueños de la empresa de transporte y algunos de sus miembros
con las autodefensas, a fin de cometer delitos de homicidio, secuestro, extorsión,
etc., reuniones iniciadas en agosto de 2002 y finalizadas en noviembre de 2004,
cuando se produjo la desmovilización paramilitar en la zona. En lo tocante a la
valoración del procesado, se concluyó27:

La defensa de Luis Francisco Rodríguez allega al expediente la resultas de
la demanda de que hablara el testimoniante Arias Vivas y demuestra que lo
manifestado por éste carece de verdad, toda vez que las pretensiones del
demandante Hernando Acevedo dentro de un proceso civil que se adelantaba
contra la empresa Trasan resultaron favorables para el demandante, frente a
este hecho se le pregunta al declarante y este manifiesta que no sabía que esa
circunstancia hubiera ocurrido. Así pues, la imputación perdió contundencia,
amén de que no existe prueba que demuestre otros ejemplos como los que
enunciara el declarante, en perjuicio de la integridad de demandantes contra la
empresa Trasan, por recomendación, orden o información que hiciera; diera o
impartiera el citado Dr. Rodríguez.

Está probado que el declarante Arias Vivas fue objeto del actuar jurídico del Dr.
Rodríguez, que impidió, como era su labor de asesor jurídico externo de la
empresa, que esta fuera objeto de acción laboral en su contra, circunstancia
que llevó muy seguramente a la animadversión del declarante, circunstancia
que pesa al momento de valorar el dicho de este frente al declarada persona
ausente. Así pues, si bien es cierta que por el momento existen declaraciones
que señalan que el Dr. Luis Francisco Rodríguez se reunió con algunos de los
miembros de la Familia Acevedo y las AUC no está probado que de las mismas
se hubiere ocasionado daño a persona determinada por recomendación,
asesoramiento o información que diera el profesional del derecho en razón a
sus funciones de asesor jurídico externo de Trasan, razón por la cual no se
encuentra reproche alguno para imputarle la autoría del delito de concierto para
delinquir.

26
Paginación 99 - 101 del anexo 1 de la demanda.
27
Paginación 112 - 125 del anexo 1 de la demanda.

12

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Actor: LUIS FRANCISCO RODRÍGUEZ BLANCO Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

• El 1° de julio de 2008 se declaró cerrada la investigación a favor del ahora actor,
pero él recurrió esa decisión, porque estimó que no se había surtido la contradicción
frente a varias pruebas testimoniales. El 27 de agosto siguiente, el fiscal de la causa
manifestó impedimento para continuar conociendo del proceso28.

• El 25 de noviembre de esa anualidad, la Fiscalía Catorce de la Unidad Nacional
contra el Secuestro y la Extorsión acusó al señor Rodríguez Blanco del delito
investigado, le impuso medida de aseguramiento y expidió orden de captura, sin
que se hubiera hecho efectiva. Las consideraciones de esa determinación se
transcriben a continuación29:

(…) En cuanto al delito de concierto para delinquir, a más de los antecedentes
propios de la retención física padecida por Hugo Combariza, esto es que la
restricción de su libertad obedeció a determinaciones adoptadas por quienes no
sólo detentaban la dirección y manejo de la empresa Trasan, sino que además
disponía de dinero y de toda la infraestructura propia para mantener o
subvencionar un grupo al margen de la ley. (…) Luis Francisco Rodríguez es
señalado por Edwin Arias, Pedro Palencia, Jesús Antonio Alba y Yonis Manuel
González como una de las personas que asistía a las reuniones con los
paramilitares y les suministraba información sobre las demandas laborales
incoadas por los transportadores de la empresa en contra de ésta y la que era
suministrada a alias Pacho para que los amedrentara y así los llamaban a que
rindieran cuentas y se pusieran al día.

• El 16 de abril de 2009, la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá confirmó la resolución anterior30:

(...) La primera mención del nombre de Luis Francisco aparece en el escrito
firmado por el señor Edwin Arias Vivas donde señala “el dr Luis Francisco, alias
“chiche”, asesor jurídico de Trasan es el que se encarga de amenazar y
amedrentar a los que tenemos algún reclamo con la empresa, utiliza esas
tácticas respaldadas por las órdenes que impartían en las reuniones los grupos
armados”.

(…) El señor Edwin Vivas Arias señaló sobre el secuestro de Hugo Combariza
le adeudaban una indemnización por el suministro de unas empresas por 10
años, entonces como reclamaba el dinero, la señora Nelly, junto con los hijos
de la dueña de la empresa, los empleados (…) Francisco Rodríguez, todas
estas personas dieron la orden al comandante Pacho de las autodefensas para
planear el secuestro.

En el escrito de Izael Méndez Daza informa que el señor Hernando Acevedo
Uribe lo presionaba para que se presentara ante el abogado de la empresa
Transan, Luis Francisco Rodríguez Blanco, para que cambiara la versión que
había rendido en el proceso que se adelantaba en contra de Nelly.

(…) Yonis Manuel González aludió que a las reuniones de grupos paramilitares
“bajaba Sonia Rincón y el abogado trabajador de la empresa”, al ser interrogado
sobre el conocimiento que tenía sobre Luis Francisco, contestó “sí, los conozco
a todos, allá donde el Iguano, ellos mostraban la cédula cuando pasaban el
primer retén del pueblo, iban en camioneta, entraban en la mañana y salían en
la tarde, los vi muchas veces porque estaba en el segundo anillo de seguridad
(…).

28
Paginación 141 - 151 del anexo 1 de la demanda.
29
Paginación 161 - 180 del anexo 1 de la demanda.
30
Paginación 37 - 153 del anexo 2 de la demanda.

13

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Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

Declaración de Pedro Antonio Palencia, extrabajador de Trasan, manifestó que
Luis Francisco, alias Chiche, era la persona que elaboraba las listas negras de
los deudores de la sociedad para entregársela a los ilegales para su cobro. De
igual indicó que después de la muerte de Antonio Cáceres se reunieron en la
empresa (…) Luis Francisco con los comandantes paramilitares alias Pacho y
el Gato para hablar de su muerte y luego siguieron haciendo reuniones.

Declaración de Jesús Antonio Alba Martínez, extrabajador de Trasan, informó
haberlo visto con otros empleados reunidos en un lote de la avenida
libertadores, en el sector de Agua Clara y en la sede de Trasan con los
comandantes paramilitares alias Pacho, Iguano y Gato. Manifestó que el
abogado era el encargado de elaborar las listas negras en las que figuraban
conductores y propietarios de vehículos deudores de la empresa para
entregarles a los paramilitares para su cobro.

Declaración de Jorge Olager Guerrero Cárdenas, extrabajador de Trasan, dijo
que para 2002 los dueños y administradores de Trasan entablaron una serie de
pactos con los paramilitares que incluían el cobro de dinero de conductores
afiliados a la empresa para financiar el grupo armado ilegal, para lo cual los
dueños de la empresa se encargaban de bajo amenazas de controles, entre
ellos, el de su recaudo. Manifestó que Pacho era un miembro más de los
directivos de Trasan y era común verlo en la oficina.

(…) Declaración de Jorge Iván Laverde Zapata en la que mencionó que el
procesado, bajo compañía de la familia Acevedo Liévano, asistían a las
reuniones que los paramilitares llevaban a cabo en la zona de Agua Clara. En
referencia, señaló que todos eran conocidos en la organización, todos asistían
a las reuniones (…). Si bien luego dijo no conocerlo, eso no controvierte lo antes
dicho con precisión.

Por último, el testimonio de Pedro José Nossa, abogado al servicio de la
empresa que no tiene problemas con Trasan y que vive en el mismo edificio
donde funciona la empresa, señaló la injerencia de los paramilitares en la
organización, indicando conocer de reuniones de sus directivos con
comandantes de grupos armados en el que se encuentra el ahora procesado.

• El 22 de diciembre de 2010, el Juzgado Primero Adjunto del Circuito Especializado
de Cúcuta absolvió al señor Rodríguez Blanco del delito imputado. De entrada,
reseñó que, una vez se expidió la orden de captura para ser oído en indagatoria,
“se escondió para evitar su encarcelación”.

En lo tocante a la responsabilidad, coligió que existían inconsistencias en las
versiones de varios de los testigos que generaban dudas si, con su actuar, de algún
modo, financió o prestó su concurso para que otros lo hicieran a favor de
paramilitares, lo cual debía absolverse a su favor.

Puso de presente que la referencia a “citadas reuniones con paramilitares” no tenía
la trascendía que se le había imprimido. El procesado no ejercía funciones
relacionadas con la parte contable o financiera de la empresa para involucrarlo en
la redacción de listas negras ni ejerció como jefe de controles en el período de
dominio de los paramilitares en Trasan S.A.

Detalló que algunos de los paramilitares desmovilizados declararon que tuvieron
acceso a las reuniones, porque formaban parte del cuerpo de seguridad de los
comandantes, pero ninguno mencionó la presencia del acusado, con excepción del

14

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señor Yonis Manuel González; empero, la descripción que hizo de sus
características morfológicas no coincidía. Y quienes eran los encargados de
transportar el personal a las reuniones nunca lo observaron; es más, la Fiscalía no
dio credibilidad a la versión del señor Edwin Arias, al punto de que no lo acusó por
el secuestro de Hugo Combariza. Por su parte, el señor Jorge Iván Laverde Zapata,
en principio, dijo conocer a todos los empleados de la empresa y luego manifestó
no saber quién era el encartado, sumado a las dudas de la declaración del señor
Jesús Antonio Alba Martínez, ya que no concordaban los horarios de trabajo y los
comandantes afirmaron que nunca asistían a Cúcuta, y de las declaraciones de
otros desmovilizados se desprendía que nunca visitaron las oficinas de Trasan, de
ahí la necesidad de la familia Acevedo para desplazarse hasta Agua Clara.

De igual forma, afirmó que las listas de los deudores morosos de Trasan eran
entregadas por Nelly al comandante “Gato” para orden y luego a alias “Pacho” para
su cobro, de acuerdo con lo declarado por más desmovilizados, “por lo que no
resulta creíble que el procesado las elaborara porque no trabajaba en cartera y
menos que las entregara a Pacho”. El señor Pedro Antonio lo involucró en que se
las enviaban a todos los controles; sin embargo, no se pudo comprobar su
existencia.

Mencionó que los conductores de las busetas no tenían deudas con la empresa,
solo los propietarios y esas listas las manejaba el abogado Nossa, así como
también lo corroboró la señora María Emilia Pérez González, quien aseguró que el
procesado no tenía ingreso a la oficina donde supuestamente se reunían y, en todo
caso, no existía prueba para inferir la colaboración de aportes económicos a los
ilegales31.

• El ahora demandante apeló la decisión anterior y, el 12 de junio de 2012, la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta confirmó la absolución
de culpabilidad del delito imputado.

Sobre el particular, sostuvo que la acusación relacionada con el delito de concierto
para delinquir hace referencia a un supuesto financiamiento de parte de la empresa
Trasan S.A. y sus directivos, el problema residió en que no se probó la financiación
voluntaria. El denunciante indicó que ese grupo siempre lo coaccionó y hasta “lo
secuestró”, la cual no se comprobó y, de todos modos, solo constituiría una prueba
de la conducta extorsiva o coactiva de ese grupo que en sus tiempos de actividad
en Norte de Santander siempre actuó de esa manera y no se podía confundir con
una supuesta financiación voluntaria de la empresa por las declaraciones de

31
Paginación 234 - 351 del anexo 3 de la demanda.

15

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quienes supuestamente eran testigos de reuniones o planificaciones, pero que
nunca vieron la comisión de delito alguno.

Aseguró que al escuchar con juicio las declaraciones de los desmovilizados se tenía
que las reuniones con ese movimiento eran obligadas y que las colaboraciones lo
eran bajo amenaza de muerte y aquellas personas que hablaban sobre la entrega
de dinero no les constaba, de forma personal y directa. A juicio de esa autoridad,
ello carecía de seriedad para probar la existencia del delito. Así lo razonó:

Basta señalar que la totalidad de los testigos presentados contra el procesado
Luis Francisco Rodríguez Blanco, que acusaron igual a los demás enjuiciados,
fueron desestimados en la sentencia materia de alzada, donde el juez advierte
en los testigos un ánimo incriminatorio injustificado lo que motivó su absolución.
Para el colmo a la denuncia, los testigos pretendieron complementarla con unas
supuestas “listas negras” que constituían el punto neurálgico de la extorsión por
parte de los paramilitares. Los mismos responsables del manejo de la
contabilidad y su revisión expresamente señalaron que ello no tuvo existencia
alguna.

La simple afirmación de que existieron “multiplicidad” de reuniones de la Familia
Acevedo, y los directivos de Trasan, con los grupos de autodefensa para
planificar el secuestro del denunciante y la supuesta financiación solo constituye
precisamente eso, una afirmación carente de respaldo probatorio o como en el
presente proceso queriendo ser fundado en declaraciones faltas de credibilidad
y llenas de contradicciones.

La Sala no puede compartir semejante criterio, mucho menos cuando tenemos
unos supuestos testigos de “oídas”, ninguno presencial en forma personal y
directa y como se comprenderá con solo la prueba indirecta resulta imposible
poder condenar, mucho menos cuando ni siquiera se estableció la existencia
del delito. De otra parte “la prueba de referencia” constituye un medio de
conocimiento o de prueba y que no es aplicable en el presente proceso, además
que para ello la ley exige determinadas causales. En consecuencia, no pueden
ser atendibles las afirmaciones del señor denunciante.

A esto agregó que, al estudiar más de treinta declaraciones recaudadas en el
asunto, era palmario que no se ceñían a la realidad “por lo contradictorias e ilógicas
que se muestran”, en especial, las rendidas en la etapa del juicio, donde los testigos
no pasaron la prueba de credibilidad32.

• La Fiscalía, el Ministerio Público y la parte civil formularon recurso extraordinario
de casación contra el fallo de segunda instancia, los cuales fueron resueltos en
sentencia del 9 de diciembre de 2014 por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, autoridad que arguyó que el cargo planteado no era suficiente
para destruir la presunción de acierto de la sentencia enjuiciada, en el sentido en
que la prueba que se indicó como inobservada por el tribunal carecía de
fundamento para atribuir al procesado el delito de concierto para delinquir
agravado, pues en la grabación del 26 de noviembre de 2003, cuya transliteración
se aportó al proceso, en momento alguno se le mencionó y, era claro que se

32
Anexo 4 de la demanda.

16

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abordaron los señalamientos provenientes por muchos testigos, en particular, los
desmovilizados que se escucharon en el juicio oral, sin que se evidenciara
tergiversación o falsedad, es decir, se explicaron ampliamente las razones por las
cuales les restaba mérito probatorio a estas declaraciones.

De otra parte, adujo que estaba probada la asistencia del enjuiciado a algunas
reuniones con grupos ilegales, cosa distinta es que no se halló prueba sobre la
financiación activa a favor de estos, por tanto, no había lugar a casar la sentencia
en este punto33.

• Se aportaron los contratos de prestación de servicios de asesorías jurídicas del
actor con entes privados y públicos, las cuentas de cobro de sus honorarios
profesionales y el listado de la relación de procesos que atendía. Todo esto con
fecha anterior a los hechos y paz y salvo del abogado que lo defendió en el proceso
penal34.

• Obra un recorte de prensa de octubre de 2016, publicado por el periódico
Vanguardia de Bucaramanga, titulado “11 personas han recuperado la libertad tras
ser detenidos injustamente”, sin relacionar algún dato del procesado o datos de la
causa penal, solo se advierte una fotografía. Asimismo, un extracto de una crónica
sobre el paramilitarismo en Cúcuta35.

• Ante el a quo comparecieron los señores Carmen Eliecer Castellanos Núñez y
Luis Miguel Castro Moncada con el único fin de ratificar cómo estaba integrada la
familia del señor Luis Francisco Rodríguez Blanco36, así como la relación afectiva
entre él y su compañera permanente.

A su vez, el señor Luis Humberto Rodríguez Gutiérrez, compañero de estudio del
hijo del directo afectado, expresó que iniciaron la universidad juntos desde 2010 y
en los pasillos de ese lugar se escuchaba que su padre estaba siendo investigado
por un tema de paramilitarismo por la empresa Trasan, evento que lo afectó
económicamente. Añadió que estaba enterado de que el señor Rodríguez Blanco
decidió ausentarse de la ciudad para no ser objeto de captura y sus familiares
tuvieron que cambiar de domicilio. Igual relató que “a cualquier persona que se le
hagan comentarios sobre estigmatización social la afecta y en dos ocasiones vio a
la esposa de aquel decaída por esa situación”.

33
Anexo 5 de la demandada.
34
Anexo 7 de la demanda.
35
Anexo 7 de la demanda.
36
Teniendo en cuenta que efectuaron declaraciones extrajuicio en tal sentido y que se aportó como
anexo de la demanda.

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Por su parte, el señor Jairo Ibero Ortega, conocido del señor Luis Francisco
Rodríguez Blanco, aseguró que debido a la investigación aquel salió de Cúcuta
entre 2008 y 2010, hasta que lo absolvieron y regresó, “me dijeron que ese tiempo
se refugió en Bogotá y quedó desprestigiado por los dichos de la gente”; sin
embargo, no observó la noticia en la radio o prensa, de lo que sí se enteró es que
tuvo inconvenientes con el pago de los arriendos de la oficina que tenía y uno de
sus hijos le comentó que estaba afectado por la situación de su papá37.

6. Daño

Con el fin de abordar integralmente la problemática planteada en esta instancia, la
Sala analizará la demostración del daño, toda vez que fue discutido por la entidad
demandada en la alzada y se trata del primer elemento que debe dilucidarse para
establecer la responsabilidad extracontractual del Estado.

De conformidad con la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado 38, el
daño, a efectos de que sea indemnizable, requiere estar cabalmente estructurado,
por tal motivo, resulta imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados
con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: (i) que lesione un derecho,
bien o interés protegido por el ordenamiento legal; (ii) que sea cierto, es decir, que
se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera
conjetura y que, además, debe ser personal; y (iii) que sea antijurídico, esto es,
que la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo, “se excluyen las decisiones
que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen
interpretaciones válidas de los hechos o derechos”39.

En el sub lite, la parte actora señaló taxativamente que se generaron unos daños
que no estaba en la obligación de sobrellevar, esto es, la afectación a la honra, al
buen nombre, al trabajo, a la libertad, al debido proceso, a la integración del núcleo
familiar y a la propiedad privada, en razón de las actuaciones de la Fiscalía,
consistentes en la vinculación y acusación por el punible de concierto para delinquir
agravado.

37
Archivo 15 del expediente digital del Tribunal.
38
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, expediente 16.516,
M.P. Enrique Gil Botero y sentencia del 6 de junio de 2012 dictada por esta Subsección dentro del
expediente 24.633, M.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia del 24 de octubre de 2017, expediente
32.985, decisiones reiteradas el 7 de febrero de 2025, expediente 66.33, M.P. María Adriana Marín,
entre otras.
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de
abril de 2006, expediente 14.837 y 23 de abril de 2008, expediente 16.271. Reiterada por la
Subsección A, en sentencia del 1° de marzo de 2018, expediente 52.097, y por la Subsección C, en
sentencia del 7 de mayo de 2018, expediente 40.610. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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Hay que recordar que el juez de primera instancia concluyó que se demostró que la
persona mencionada sufrió una “vulneración real, concreta y efectiva de sus
derechos a la libre circulación, a fijar su residencia y a la libre personalidad”. Las
demás afectaciones propuestas no se analizaron y la parte actora mostró
conformidad en tal sentido, pues no emitió reproche alguno en este punto.

En oposición, la Fiscalía aseguró que no se podía predicar una afectación concreta
que generara la obligación de reparar, en tanto el procesado nunca estuvo privado
de su libertad y siempre se le respetaron las garantías de defensa y contradicción.

En ese orden de ideas, la Sala tiene competencia para analizar si el procesado
estaba o no en la obligación de soportar los menoscabos indicados por el a quo,
pues solo de hallarse probados, permitiría estudiar su eventual reparación.

Resulta necesario precisar que, en pronunciamientos anteriores, la Sala declaró la
responsabilidad del Estado en aquellos eventos en los que se ordenó una medida
de aseguramiento preventiva de la libertad y que, a pesar de no materializarse la
captura, se concluía que al procesado se le vulneraba su derecho a la libertad,
entendiendo esta situación como una privación jurídica, es decir, aquella que generó
perjuicios, pero no se materializó físicamente, y que el sindicado no estaba en el
deber legal de soportarla porque el proceso culminó con absolución o resolución de
preclusión40.

La Subsección se alejó de dicha postura y considera actualmente41 que no hay lugar
a reparar los daños que eventualmente hubiera sufrido el sindicado que evadía la
justicia y respecto del cual no se hace efectiva su captura, porque, a pesar de que
este sea finalmente absuelto o se precluya la investigación, al sindicado le asistía el
deber legal de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de
justicia42; en otras palabras, todo ciudadano tiene el compromiso de comparecer
ante las citaciones o requerimientos que le hagan las autoridades judiciales, pues
es precisamente a través de esa colaboración que los operadores judiciales
pretenden obtener la verdad material de los hechos investigados y así lograr el fin
constitucional de construir un orden jurídico justo, tal como lo prescribe el Preámbulo
de la Carta Política43.

40
Sentencia del 16 de agosto de 2012, expediente 21.968. En términos similares a los descritos en
esta providencia, se pueden consultar las sentencias del 29 de agosto de 2012, expedientes 27.059
y 27.109.
41
Sobre el particular, se pueden revisar, entre otras, sentencia del 22 de mayo de 2020, expediente
51.440, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, del 2 de mayo, del 20 de noviembre y del 16 de diciembre
de 2020, expedientes 51.140, 52.568 y 55.245, M.P. María Adriana Marín, entre otros.
42
Sentencia del 9 de marzo de 2016, expediente 40.599.
43
Sentencia del 28 de septiembre de 2017, expediente 40.163.

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Asimismo, se indicó que dicha postura involucra otras medidas de aseguramiento
como la detención domiciliaria y la que establezca restricciones para salir del país
o cambiar de domicilio, ya que evitar la captura constituye un acto volitivo del
afectado directo con la medida que comporta una conducta contraria a derecho.

En ese sentido, se ha estimado que no se estructura un daño antijurídico por la
vulneración de la libertad cuando el procesado contra quien se dictó la orden de
restricción nunca estuvo detenido, porque decide voluntariamente abstenerse de
acudir al proceso y, de esta manera, evadir a la autoridad judicial.

Por consiguiente, para determinar la antijuridicidad del daño relacionado con la
vulneración al derecho de la libertad y a fijar la residencia del señor Rodríguez
Blanco es necesario estudiar el asunto desde la óptica de la efectividad de las
órdenes de captura o medida de aseguramiento.

Las pretensiones de la demanda se refieren a las irregularidades de las providencias
que la Fiscalía profirió a lo largo de la investigación penal, a saber, la apertura de la
instrucción y la acusación, las cuales, en su criterio, fueron emitidas sin soporte
probatorio sólido.

Pues bien, como ya lo ha reiterado la Corporación de tiempo atrás, la sola
vinculación de una persona a un proceso penal no necesariamente genera, per se,
un daño antijurídico, en la medida en que se trata de una carga que todas las
personas deben asumir, en cumplimiento del deber que tienen de colaborar con la
administración de justicia y la materialización de los fines constitucionales del
Estado44.

Bajo esa línea, la vinculación del señor Luis Francisco Rodríguez Blanco al proceso
penal no puede ser catalogada como daño antijurídico, en vista de que no sufrió
ninguna carga pública anormal por el inicio de la investigación penal en su contra 45,
pues no hubo detrimento a su libertad personal o a su derecho de locomoción.

Se precisa que el artículo 336 de la Ley 600 de 2000, norma aplicable al asunto 46,
establecía que, en los casos en los cuales el delito investigado fuera de aquellos en

44
Artículo 95.7 Superior.
45
En relación con la ausencia de antijuridicidad de este tipo de daño -proceso penal-, esta
Corporación ha señalado: “En esa medida, si bien en principio todas las personas están en la
obligación de soportar investigaciones de carácter penal, en aras de que se protejan bienes
superiores y con el fin de que las autoridades puedan establecer la responsabilidad de los autores o
partícipes de las infracciones, de ello no se sigue que tengan que soportar la pérdida de su libertad”
(Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 10 de mayo de 2018, expediente
42.897, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo).
46
Los hechos investigados datan del 2003.

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Radicación número: 54001-23-33-000-2017-00097-01 (69.413)
Actor: LUIS FRANCISCO RODRÍGUEZ BLANCO Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

los que resultaba obligatorio resolver situación jurídica, el fiscal podía prescindir de
la citación a rendir indagatoria y librar orden de captura.

El delito de concierto para delinquir agravado, por el cual se ordenó la captura del
ahora demandante, tenía prevista una pena de prisión de 8 a 18 años, en atención
a lo dispuesto por el artículo 340 Ley 599 de 200047, de ahí que sobre el mismo
procedía la resolución de la situación jurídica y, por ende, disponer la captura con
fines de indagatoria.

A su turno, el artículo 354 de la Ley 600 de 2000 disponía que en los delitos en los
cuales fuera procedente la medida de aseguramiento se debía resolver la situación
jurídica del sindicado, esto es, en aquellos en los que la pena fuese igual o superior
a 4 años de prisión -artículo 357 ibidem-.

Aquí se observa que el proceso penal se desarrolló de acuerdo con el trámite
establecido, puesto que ante la existencia de una denuncia y las declaraciones de
unos testigos que lo relacionaban directamente con reuniones y actos que
desplegaba como abogado de la empresa Trasan S.A. con grupos ilegales, a la
Fiscalía no le quedaba otra opción que iniciar su actividad investigativa.

Ciertamente, la captura se ordenó para esclarecer las circunstancias de tiempo,
modo y lugar sobre los hechos aludidos; no obstante, a pesar de que se realizaron
las diligencias para ubicar al señor Rodríguez Blanco, no se obtuvo resultado
satisfactorio, razón por la cual fue declarado persona ausente, de conformidad con
lo previsto en el artículo 344 del estatuto procesal penal. Después, aquel designó
un defensor, pero ello no modificó su condición.

La declaración de persona ausente le permite a la administración de justicia cumplir
en forma permanente y eficaz la función que el Constituyente le ha asignado y, por
tanto, al estar comprometida en ella el interés general no puede postergarse, so
pretexto de que el procesado no ha comparecido al llamado de la justicia y esperar
a que éste voluntariamente se presente o que sea capturado o que la acción penal
prescriba48.

Ahora, el artículo 397 de Ley 600 de 2000 previó como requisitos sustanciales de la
resolución de acusación que existiera “testimonio que ofrezca serios motivos de
credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio
probatorio que señale la responsabilidad del sindicado”.

47
Por la fecha de los hechos, no resultan aplicables las modificaciones establecidas con
posterioridad a la expedición de la Ley 599 de 2000.
48
Corte Constitucional, sentencia C-488 de 1996, sentencia del 26 de septiembre de 1996, M.P.
Carlos Gaviria Díaz.

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En el sub lite, la Fiscalía siguió adelante con la investigación y se abstuvo de dictar
medida de aseguramiento en su contra, por lo que canceló la orden de captura, pero
ni con tal antecedente el procesado compareció a la causa.

Posteriormente, dictó resolución de acusación en su contra y, de acuerdo con las
transcripciones de esa decisión, hasta esa oportunidad, se disponía de ocho
declaraciones de paramilitares desmovilizados y ex trabajadores de la empresa
Trasan S.A. que referían la participación del procesado con grupos al margen de la
ley, situación amparada en el ordenamiento jurídico para acusarlo.

La Sala no niega que el juez de primera instancia expidió fallo absolutorio a su favor,
determinación que confirmaron el juez de segundo grado y la Corte Suprema de
Justicia, pero bajo la aclaración de que, si bien se advertía la asistencia del
procesado a algunas reuniones con grupos ilegales; no era posible determinar que,
en efecto, prestó colaboración o financió, directa y activamente a los mismos,
elemento que exigía el tipo penal endilgado.

Entonces, las inconsistencias sobre los testimonios y la imposibilidad para que a
partir de estos se endilgara responsabilidad al señor Rodríguez Blanco frente al
delito de concierto para delinquir agravado salieron a relucir en la etapa de juicio
oral, pues allí fue tal oportunidad cuando los relatos de varios desmovilizados de las
autodefensas no fueron coherentes.

Con ocasión de la acusación, la Fiscalía expidió la respectiva orden de captura, sin
que se materializara, porque se probó que desde que el procesado tuvo
conocimiento de la primera orden de captura abandonó su lugar de residencia, se
ocultó en una vivienda en Bogotá y solo retornó a Cúcuta cuando se le absolvió de
responsabilidad penal, lo que significa que al no hacerse efectiva la detención
preventiva decretada no es posible tener por acreditada la existencia de un daño
antijurídico.

El hecho de que el señor Rodríguez Blanco decidiera ocultarse y faltar a sus
obligaciones de obedecer, respetar y apoyar a las autoridades, colaborar con la
administración de justicia para el desarrollo de su gestión, le trae como
consecuencia la carga de soportar la actividad probatoria que desarrolló la
administración mientras se esclarecían completamente los hechos.

En suma, no es posible aducir que se configuró un daño antijurídico en relación con
la vulneración al derecho a la libertad del actor, dado que las órdenes de captura
impartidas nunca se hicieron efectivas y el hecho de que aquel se hubiera aislado

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de su familia y renunciado a su actividades rutinarias mientras se desarrollaba el
proceso penal corresponde a una carga que decidió asumir por no hacerse presente
para cumplir con sus deberes legales en el adecuado funcionamiento de la
administración de justicia, razón por la cual se revocará el fallo apelado.

Adicionalmente, para la Sala no resulta de recibo el argumento de la parte actora
sobre las supuestas “alianzas o relaciones íntimas entre el fiscal y los testigos y la
intención de causarle daño con el proceso penal” en su contra, puesto que no existe
prueba que respalde esas afirmaciones y el hecho de que el señor Rodríguez
Blanco hubiera presentado quejas y recusaciones contra los funcionarios públicos
involucrados en el proceso penal no prueba por sí solo la falta a sus deberes.
Además, no se arrimó prueba de algún pronunciamiento definitivo de las
autoridades competentes sobre ese aspecto.

7. Costas

De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el artículo 365.4 del CGP, en el
caso particular se condenará en costas a la parte demandante en ambas instancias,
en razón de la revocatoria total del fallo de primera instancia. La liquidación de las
costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del
CGP.

En relación con las agencias en derecho, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales si las hubiera, al tenor de lo previsto en el artículo 366.4 del CGP.

En el presente caso se observa que, en ambas instancias, la gestión del apoderado
de la Fiscalía fue continúa, pues asistió a las audiencias, alegó de conclusión en
primera e interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primer grado.

El Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, vigente
para la fecha en que se presentó la demanda, estableció las tarifas de agencias en
derecho.

En lo que a este caso interesa, las agencias en derecho, en primera instancia, para
los “procesos declarativos en general”, deben fijarse en atención a la cuantía del
correspondiente proceso. La cuantía del presente asunto, determinada por la
pretensión mayor, superó los 500 SMLMV al momento en que se presentó la
demanda, por lo que el proceso debe ser clasificado como de mayor cuantía. En tal
virtud, las agencias en derecho de dicha instancia se fijarán en la suma de

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$62’120.362, con base en la relación porcentual del 3% de las pretensiones
formuladas en el litigio49, que suman en total $2.070’678.733.

De otra parte, el acuerdo dispone que las agencias en derecho, en segunda
instancia deben fijarse entre 1 y 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por
tal razón, se fijan como agencias en derecho 1 SMLMV.

Ahora, teniendo en cuenta que la parte actora está constituida por varios
demandantes con intereses económicos distintos, la condena en costas debe ser
proporcional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 365.6 del CGP. En ese
sentido, los actores pagarán a la Fiscalía General de la Nación los siguientes rubros:

PRIMERA INSTANCIA
1% DE LA
DEMANDANTES PRETENSIÓN PRETENSIÓN
1 Luis Francisco Rodríguez Blanco50 $1.664’934.383 $49’948.031
2 Marlene Beltrán Gamboa 51 $73’771.700 $2’213.151
3 Genesis Dalai Samuel Olinto Rodríguez Beltrán52 $73’771.700 $2’213.151
4 Sherylin Isela América Rodríguez Peñaranda 53 $73’771.700 $2’213.151
5 José Luis Rodríguez Blanco54 $36’885.850 $1’106.575
6 Norma Iris Rodríguez Blanco55 $36’885.850 $1’106.575
7 Isauro Rodríguez Blanco56 $36’885.850 $1’106.575
8 Luis Adolfo Rodríguez Blanco57 $36’885.850 $1’106.575
9 Gloria Rodríguez Blanco58 $36’885.850 $1’106.575
TOTAL $2.070’678.733 $62’120.362

SEGUNDA INSTANCIA
DEMANDANTES 1 SMLMV PORCENTAJE
1 Luis Francisco Rodríguez Blanco $1’144.494 80.4%
2 Marlene Beltrán Gamboa $50.676 3.56%
3 Genesis Dalai Samuel Olinto Rodríguez Beltrán $50.676 3.56%
4 Sherylin Isela América Rodríguez Peñaranda $50.676 3.56%
5 José Luis Rodríguez Blanco $25.338 1.78%
6 Norma Iris Rodríguez Blanco $25.338 1.78%
7 Isauro Rodríguez Blanco $25.338 1.78%
8 Luis Adolfo Rodríguez Blanco $25.338 1.78%
9 Gloria Rodríguez Blanco $25.338 1.78%
TOTAL $1’423.500 100%

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

49
Aunque la norma establece que el porcentaje mínimo corresponde al 3% del valor total de lo
pedido, lo cierto es que, como no se está accediendo a lo exigido, se estima adecuado reducir el
porcentaje de agencias.
50
Solicitó 100 SMLMV, por perjuicios morales, 100 SMLMV, por daño a bienes constitucional y
convencionalmente protegidos, y $1.517’390.983, por lucro cesante.
51
Solicitó 100 SMLMV, por perjuicios morales.
52
Solicitó 100 SMLMV, por perjuicios morales.
53
Solicitó 100 SMLMV, por perjuicios morales.
54
Solicitó 50 SMLMV, por perjuicios morales.
55
Solicitó 50 SMLMV, por perjuicios morales.
56
Solicitó 50 SMLMV, por perjuicios morales.
57
Solicitó 50 SMLMV, por perjuicios morales.
58
Solicitó 50 SMLMV, por perjuicios morales.

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FALLA:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 22 de junio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, para, en su lugar, negar las pretensiones de
la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. CONDENAR EN COSTAS, en ambas instancias, a la parte actora y a
favor de la Nación - Fiscalía General de la Nación.

En primera instancia, las agencias en derecho se fijan en la suma de $62’120.362,
mientras que por la segunda instancia se pagará 1 SMLMV, tal como se discriminó
en la parte motiva de esta decisión. Las costas se liquidarán de manera concentrada
ante el a quo.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente de este proceso al Tribunal de origen y FINALIZAR y ARCHIVAR esta
actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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