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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06399-00

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06399-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA TEMERIDAD de la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Francisco Rodríguez Blanco. SEGUNDO: ADVERTIR al señor Luis Francisco Rodríguez Blanco que, en lo sucesivo, se abstenga de presentar otras acciones de tutela por los mismos hechos. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-06399-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06399-00
Accionante: LUIS FRANCISCO RODRÍGUEZ BLANCO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A

Tema: Tutela contra providencia judicial — Temeridad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591
de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 13 de agosto de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia. Por otro lado, en proveído del 17 de septiembre de 2026, se declaró
infundado el impedimento manifestado por la magistrada Gloria María Gómez
Montoya3.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El 13 de agosto de 2026, el señor Luis Francisco Rodríguez Blanco,
actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra el Consejo de

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 007 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. De igual manera, se notificó en calidad de
vinculados al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a la Fiscalía General de la Nación,
a los señores Marlene Beltrán Gamboa, Genesis Dalai Samuel, Olinto Rodríguez Beltrán, Sherylin
Isela América Rodríguez Peñaranda, José Luis Rodríguez Blanco, Norma Iris Rodríguez Blanco,
Isauro Rodríguez Blanco, Luis Adolfo Rodríguez Blanco y Gloria Rodríguez Blanco y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en los términos del artículo 610 del Código
General del Proceso.
3 Índice 017 de Samai. Mediante escrito del 16 de septiembre de 2026 la magistrada Gloría María

Gómez Montoya manifestó un eventual impedimento para pronunciarse sobre la presente la
acción de tutela.

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Accionante: Luis Francisco Rodríguez Blanco
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06399-00

Estado, Sección Tercera, Subsección A. Con la solicitud de amparo pretende la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de la sentencia
del 30 de mayo de 2025, proferida por la autoridad judicial accionada en el
proceso de reparación directa4 promovido contra la Fiscalía General de la Nación.
Mediante dicho fallo, se revocó la providencia del 22 de junio de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, para, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora.

3. En concreto, el accionante formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, y AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, toda vez que la sentencia de
fecha treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025), proferida por el
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A CONSEJERA PONENTE: MARÍA
ADRIANA MARÍN Radicación número: 54001-23-33-000-2017-00097-01
(69.413), incurre en vía de hecho al desconocer las pruebas aportadas,
decretadas y practicadas en el debate procesal.

SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS jurídicos la sentencia de fecha treinta
(30) de mayo de dos mil veinticinco (2025), proferida por el CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
TERCERA SUBSECCIÓN A CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Radicación número: 54001-23-33-000-2017-00097-01 (69.413).

TERCERO: ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A,
para que, en el término de 48 horas, profiera una nueva sentencia dentro del
proceso de Reparación Directa Radicación número: 54001-23-33-000-2017
00097-01 (69.413), conforme a los lineamientos establecidos por la ley y la
jurisprudencia que trata sobre los hechos y consideraciones sometidos a su
jurisdicción.

1.2. Hechos

4. El 7 de marzo de 2008, el señor Luis Francisco Rodríguez Blanco fue
vinculado a una investigación penal, la cual culminó con la sentencia absolutoria
dictada por el Juzgado Primero Adjunto Penal del Circuito Especializado de
Cúcuta el 22 de diciembre de 2010. En dicha decisión, el juzgado absolvió al
procesado por considerar que los relatos de los testigos no le generaban certeza
de que aquel financió o prestó su concurso a los paramilitares, duda que se debía
resolver a su favor.

5. Dicha decisión fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta a través de sentencia del 12 de junio de 2012.

4 Proceso identificado con el número de radicado 54001-23-33-000-2017-00097-00/01.

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6. Por lo anterior, los señores Luis Francisco Rodríguez Blanco, Marlene
Beltrán Gamboa, Genesis Dalai Samuel, Olinto Rodríguez Beltrán, Sherylin Isela
América Rodríguez Peñaranda, José Luis Rodríguez Blanco, Norma Iris
Rodríguez Blanco, Isauro Rodríguez Blanco, Luis Adolfo Rodríguez Blanco y
Gloria Rodríguez Blanco promovieron demanda de reparación directa contra la
Fiscalía General de la Nación, a fin de que se les indemnizaran los perjuicios
ocasionados por «vincular y acusar» al primero de los mencionados en un
proceso penal adelantado por el delito de concierto para delinquir agravado.

7. Mediante sentencia del 22 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander accedió parcialmente a las pretensiones del medio de
control. Al respecto, sostuvo que estaba probado el daño, en tanto el señor Luis
Francisco Rodríguez Blanco sufrió una «vulneración real, concreta y efectiva de
sus derechos a la libre circulación, a fijar su residencia y a la libre personalidad»,
por el solo hecho de que contra él se dictó orden de captura en dos
oportunidades, la cual se mantuvo hasta el fallo de primera instancia, situación
que «determinó imposiciones externas acerca de decisiones relativas a la esfera
personal que comprometieron sus derechos».

8. Al resolver la apelación en el fallo del 30 de mayo de 2025, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, revocó la sentencia de primera instancia
para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda por considerar que no
se presentó daño antijurídico. Consideró que la investigación penal se desarrolló
conforme a la ley y no se le afectó al demandante el derecho a la libertad. Agregó
que la condición de persona ausente y el aislamiento que adoptó este para evadir
la orden de captura respondieron a su propia decisión de no comparecer al
proceso, de manera que las cargas procesales que enfrentó derivaron de su
comportamiento y no de una actuación irregular.

9. En el término de notificación de la citada providencia, la parte actora
solicitó la nulidad de la sentencia del 30 de mayo de 2025 ya que estimó que se
configuraban las causales previstas en los numerales 2, 5 y 6 del Código General
del Proceso. Manifestó que no se emitió un pronunciamiento frente a las
declaraciones extrajuicio que aportó en un escrito adjunto al recurso de apelación
que promovió contra la sentencia de primera instancia, para que esta corporación
las examinara, lo que, de paso, desconoció la «sentencia de unificación del 29
de noviembre de 2021, expediente 46.681», en la que se señaló que se debía
conceder una oportunidad probatoria antes de dictar la decisión de fondo a que
hubiera lugar, para acreditar la afectación moral de los actores. También señaló
que no tuvo la posibilidad de alegar de conclusión, situación que daba cuenta de
la pretermisión de la instancia.

10. A través de auto del 25 de noviembre de 2025, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado negó la solicitud de nulidad por
considerar que los vicios alegados solo podían tener origen en la sentencia de
segunda instancia, lo cual no ocurrió en este caso, ya que las actuaciones
reprochadas por la parte actora correspondían a trámites anteriores a su

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expedición. Además, señaló que el precedente de unificación citado no era
aplicable a la litis, sino a casos de privación injusta de la libertad y el actor no
estuvo recluido. Aunado a ello, indicó que la valoración de las nuevas
declaraciones carecía de relevancia, ya que la decisión de negar las pretensiones
se basó en que no se acreditó la existencia de un daño antijurídico.

11. Contra esa providencia, la parte demandante radicó recurso de reposición.
Manifestó que la situación fáctica expuesta era suficiente para dejar sin efectos
la decisión que resolvió la controversia ante la ocurrencia de las causales de
nulidad invocadas.

12. Con auto del 30 de enero de 2026, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, rechazó por improcedente tal recurso. Lo anterior lo fundamentó
en que, de conformidad con el artículo 243A del CPACA, ciertas decisiones no
son recurribles cuando otros regímenes así lo disponen, por ende, debía acudirse
al artículo 318 del Código General del Proceso, que establece que los autos
expedidos por las salas de decisión no admiten reposición, salvo aclaración o
complementación en el plazo de ejecutoria. Así, determinó que el auto
cuestionado no era susceptible del medio de contradicción ejercido y descartó la
procedencia de los recursos de súplica o apelación, según los artículos 331 y 321
del Código General del Proceso.

1.3. Sustento de la vulneración

13. La parte actora señaló que la corporación judicial accionada incurrió en el
defecto fáctico por no apreciar ni valorar las pruebas documentales aportadas al
proceso que (i) acreditaban los prejuicios que tenían los funcionarios de la
Fiscalía General de la Nación en su contra y (ii) demostraban las irregularidades
en la investigación determinantes para la decisión, las cuales le justificaban al
sindicado no cumplir con el deber legal de colaborar con el buen funcionamiento
de la administración de justicia, ya que «esta se encontraba contaminada de
parcialidad a favor del denunciante».

14. Por otro lado, indicó que en la providencia cuestionada se incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, en tanto se apartó de lo decidido en las
«sentencias del 16 de agosto de 2012, expediente 21.968 y las sentencias del 29
de agosto de 2012 en los expedientes 27.059 y 27.109», en las cuales se declaró
la responsabilidad del Estado en aquellos eventos en los que se ordenó una
medida de aseguramiento y que, a pesar de no materializarse la captura, se
concluía que al procesado se le vulneraba su derecho a la libertad, entendiendo
esta situación como una privación jurídica, es decir, aquella que generó
perjuicios, pero no se materializó físicamente, y que el sindicado no estaba en el
deber legal de soportarla porque el proceso culminó con absolución o resolución
de preclusión. Por lo anterior, señaló que su caso se debía fallar con dicho
precedente y no con una postura jurisprudencial adoptada con posterioridad a la
ocurrencia de los hechos.

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1.4. Intervenciones

15. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A solicitó que se
declare la improcedencia de la tutela o, en su defecto, se niegue el amparo.
Frente a lo primero, señaló que el debate sub judice corresponde a una mera
inconformidad con la decisión adoptada con la que se pretende reabrir una
instancia adicional del proceso ordinario, mas no un defecto constitucional que
afecte la validez de la providencia.

16. Agregó que, sin embargo, si se decidiera hacer un estudio de fondo de la
acción constitucional, en ningún caso se incurrió en los defectos señalados. En
cuanto al defecto fáctico señaló que la sentencia sí examinó las quejas,
recusaciones y demás actuaciones promovidas contra funcionarios de la
Fiscalía, pero concluyó que su sola existencia no demostraba las irregularidades
denunciadas, pues no obraba decisión definitiva de la autoridad competente
sobre una actuación irregular con incidencia en el proceso penal. Añadió que,
sin perjuicio de lo anterior, esos documentos no tenían la aptitud de modificar la
razón decisoria de la sentencia, ya que la subsección resolvió el asunto no solo
a partir de dichos elementos, sino luego de analizar en conjunto la naturaleza de
las decisiones expedidas en el proceso penal, el material probatorio que dio lugar
a la vinculación y acusación, y la ausencia de una afectación antijurídica
susceptible de reparación.

17. Frente al desconocimiento del precedente, señaló que la sentencia no
ignoró la línea jurisprudencial invocada por el actor, sino que, por el contrario,
identificó dichas decisiones. Sin embargo, argumentó que acogió el criterio
actualmente preponderante en la jurisprudencia del Consejo de Estado según el
cual no se configura daño antijurídico indemnizable cuando la orden de captura
no se hace efectiva, no hay privación de la libertad y el procesado decide por
voluntad propia sustraerse de la actuación penal. En tales eventos, subsiste el
deber de comparecer y colaborar con la administración de justicia, que
precisamente no fue atendido por el demandante. De esta manera concluyó que
no se está ante un desconocimiento del precedente, sino ante la aplicación
razonada de una línea jurisprudencial posterior y pertinente para resolver
supuestos fácticos como el examinado, lo cual no convierte la sentencia en
arbitraria ni habilita al juez constitucional para sustituir el criterio jurídico
adoptado por el juez natural.

18. Por último, advirtió que el señor Luis Francisco Rodríguez Blanco ya había
instaurado una acción de tutela en contra de las providencias del 30 de mayo y
25 de noviembre de 2025, así como de 30 de enero de 2026 proferidas por la
misma subsección. Sobre el particular, el 16 de abril de 2026, la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo
constitucional ya que el tutelante no sustentó de forma adecuada la vulneración
reclamada y los elementos de juicio indicados no alteraban la decisión atacada,
debido a que las pretensiones se negaron por falta de un daño susceptible de
reparación. Esta decisión fue confirmada en su integridad el 28 de mayo de 2026

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por la Sección Primera del Consejo de Estado.

19. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declare la improcedencia
de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de inmediatez, por falta de
legitimación en la causa por pasiva y por configurarse la cosa juzgada
constitucional.

20. Sobre la falta de cumplimiento del requisito de inmediatez, señaló que el
escrito de tutela fue presentado el 13 de agosto de 2026 y la sentencia
cuestionada cobró firmeza el 8 de julio de 2025, es decir, superando el término
de 6 meses fijado por el Consejo de Estado para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.

21. Acerca de la falta de legitimación en la causa por pasiva, indicó que la
Fiscalía General de la Nación no profirió la providencia objeto de la acción de
tutela.

22. Finalmente, señaló que existe cosa juzgada constitucional, ya que el
accionante presentó tutela contra la sentencia del 30 de mayo de 2025, con
identidad fáctica y jurídica, la cual se tramitó con el número de radicación 11001-
03-15-000-2026-02031-00/01.

II. CONSIDERACIONES

23. La Sala declarará la temeridad de la acción de tutela presentada por el
señor Luis Francisco Rodríguez Blanco, por las razones que a continuación se
desarrollan.

2.1. Caso concreto

2.1.1. De la cosa juzgada constitucional y la temeridad

24. La Corte Constitucional ha señalado que, como regla general, cuando el
juez constitucional resuelve un asunto y, posteriormente, dicha corporación
decide sobre su selección, aquella decisión judicial se torna definitiva, inmutable
y vinculante. En este sentido, si la Corte decide seleccionar el caso para su
estudio, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria del fallo de
la propia corte y, en los casos en los que no se selecciona el asunto en cuestión,
el fenómeno opera desde la ejecutoria del auto en que se decide la no selección.

25. La configuración de dicho fenómeno debe ser estudiado conforme a lo
dispuesto en el artículo 303 del Código General del Proceso, en virtud del cual
los elementos constitutivos de la cosa juzgada son la identidad de partes,
pretensiones y objeto.

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26. La Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples ocasiones5 sobre
el alcance de la cosa juzgada constitucional y ha señalado que esta se configura
cuando se adelanta un nuevo proceso de tutela con posterioridad a la ejecutoria
de un fallo de tutela y entre ambos hay identidad jurídica de partes, objeto y causa
y que esta triple identidad se verifica cuando hay:

1. Identidad de partes, esto es, que las acciones de tutela se hayan presentado
por la misma persona natural o jurídica o a través de su apoderado o
representantes y se dirija contra el mismo demandado.

2. Identidad de causa petendi, es decir, que el ejercicio repetido de la acción
de tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven de sustento.

3. Identidad de objeto, en otras palabras, que las demandas persigan la
satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los mismos
derechos fundamentales6.

27. En el caso que ocupa a la sala, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A y la Fiscalía General de la Nación coincidieron en señalar en los
informes rendidos que el señor Luis Francisco Rodríguez Blanco promovió otra
acción de tutela que gira en torno a los mismos hechos objeto del presente
asunto. De la revisión de dichos procesos, se encontró lo siguiente:

Rad. Derechos cuya
Parte Parte protección se
Acción de Pretensiones
demandante demandada solicita
tutela
Que se tutelen sus derechos
fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, toda
vez que la sentencia del 30 de mayo de
2025 proferida por Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, en
11001- proceso de reparación directa con
03-15- Consejo de radicado 54001-23-33-000-2017-00097-01
Debido
000- Luis Estado, incurrió en vías de hecho al desconocer
proceso y de
2026- Francisco Sección las pruebas aportadas, decretadas y
acceso a la
06399-00 Rodríguez Tercera, practicadas en el debate procesal.
administración
Blanco Subsección
de justicia
(sub A Que se deje sin efectos jurídicos la
examine) mencionada sentencia del 30 de mayo de
2025.

Que se ordene al Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, proferir
una nueva sentencia dentro del citado
proceso de reparación directa.
Que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso y al
11001- acceso a la administración de justicia.
03-15-
Luis Consejo de Debido
000- Que se deje sin efectos jurídicos (i) la
Francisco Estado, proceso y de
2026- sentencia del 30 de mayo de 2025 del
Rodríguez Sección acceso a la
02031- Consejo de Estado, Sección Tercera,
Blanco Tercera, administración
00/01 Subsección A en proceso de reparación
Subsección de justicia
directa con radicado 54001-23-33-000-
A
2017-00097-01, (ii) el auto de 25 de
noviembre de 2025 de la Sección Tercera,
Subsección A, emitido en el mismo

5 Sentencias SU-213 de 2023, SU-397 de 2022 y SU-027 de 2021, entre otras.

6 Sentencia SU-027 de 2021.

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proceso, (iii) el auto del 30 de enero de
2026 del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A en el mismo
proceso. Lo anterior, al considerar que, en
dichas providencias, la autoridad judicial
accionada incurrió en vías de hecho.

28. Del anterior cuadro comparativo, la Sala advierte que se configura la
identidad de partes, hechos y pretensiones entre la presente solicitud de amparo
y el proceso con radicado 11001-03-15-000-2026-02031-00/01, por cuanto el
debate planteado en esta oportunidad coincide con aquel que fue conocido y
resuelto por las secciones Segunda y Primera, esto es, que se deje sin efectos
la sentencia de 30 de mayo de 2025.

29. Ahora bien, se debe señalar que el expediente con radicado 11001-03-15-
000-2026-02031-00/01 fue enviado a la Corte Constitucional el 19 de junio de
2026 y al consultar la página web de esa corporación se advierte que a la fecha
expedición de esta providencia no se ha surtido el trámite de revisión por el
máximo órgano constitucional. Por lo anterior, no puede predicarse la existencia
de la cosa juzgada constitucional.

30. Sin embargo, la Sala sí encuentra acreditada la temeridad, en tanto el
accionante ha venido realizando un uso indebido de este mecanismo
constitucional, al elevar, en el presente caso, las mismas pretensiones que ya
había formulado en el proceso con radicado con radicado 11001-03-15-000-
2026-02031-00/01, sin que se advierta justificación alguna para ello.

31. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 contempla la figura jurídica de la
temeridad en materia de acción de tutela, de la siguiente manera:

Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

32. La Corte Constitucional ha establecido los siguientes requisitos para
declarar la ocurrencia de esta figura, así: «(i) identidad fáctica y de derechos
invocados en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en
cuanto la otra acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su
representante; (iii) identidad del sujeto accionado y; (iv) falta de justificación para
interponer la nueva acción»7.

33. El alto tribunal constitucional precisó que la verificación de este último
requisito se deriva de la prohibición general para que se presente un nuevo
pronunciamiento por parte del juez constitucional sobre un asunto que guarde
identidad jurídica con otro que haya sido decidido, pues la sentencia ejecutoriada
tiene fuerza de cosa juzgada.

7 Sentencia T-883 de 2001, reiterada en la sentencia T-151 de 2010.

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34. Es así como en criterio de esta Sección8 la actuación temeraria tiene una
relación directa con el principio constitucional de la buena fe, prescrito en el
artículo 83 de la Constitución Política. Ahora bien, dado que la buena fe se
presume en todas las actuaciones de los particulares ante las autoridades
públicas, corresponde al juez de tutela demostrar su existencia mediante un
análisis profundo de las pretensiones de las demandas, de los hechos y de los
derechos en que éstas se fundan9.

35. En el presente caso, se encuentran acreditados los presupuestos de la
temeridad, teniendo en cuenta que i) los hechos de la presente acción
coinciden sustancialmente con los expuestos en el trámite anterior, pues,
en ambos, el actor señala que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta
y no se pronunció respecto de parte del material probatorio que, a su juicio, era
necesario para proferir la sentencia del 30 de mayo de 2025. Ahora bien, que en
la presente acción de tutela no se cuestionen los autos por medio de los cuales
se resolvió la solicitud de nulidad contra la mencionada sentencia y el recurso de
reposición contra el auto que resolvió la solicitud de nulidad, en nada cambia la
identidad fáctica de los dos procesos de tutela pues, en ambos casos, el objeto
último, es cuestionar la sentencia de segunda instancia que puso fin al proceso
de reparación directa con radicado 54001-23-33-000-2017-00097-00/01.

36. De igual manera, que los reproches formulados en el primer amparo
tramitado ahora sí sean encuadrados por la parte actora en el marco de los
defectos específicos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales
y agregue un defecto adicional, tampoco modifica que los hechos cuestionados
sean los mismos.

37. Además, se observa que existe ii) identidad de la parte demandante,
dado que ambas tutelas fueron promovidas por el señor Luis Francisco
Rodríguez Blanco y existe coincidencia iii) en el sujeto accionado, pues las
acciones de tutela que se comparan fueron presentadas en uno y otro caso contra
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

38. Igualmente, se advierte que el actor iv) no acreditó un motivo que
justificara su proceder en el asunto de la referencia y llama la atención que,
aun cuando en la sentencia dictada en el marco de la tutela se declaró la
improcedencia de esta por falta de relevancia constitucional, el accionante
acudiera nuevamente a este mecanismo, sin advertir que previamente había
interpuesto una acción de tutela con el mismo objeto.

39. De modo que, en el presente caso no se evidencia alguna circunstancia
que ameritara insistir en una controversia resuelta, esta vez con la excusa de
agregar autos ya expedidos y debidamente ejecutoriados al momento de
presentar la primera solicitud de amparo. Es más, esta nueva acción fue

8 Sentencia de 23 de mayo de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2016-00813-00.
9 Posición que fue adoptada por la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias T-308 y T-145 de

1995, T-091 de 1996, T-001 de 1997, T-1215 de 2003.

9
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Accionante: Luis Francisco Rodríguez Blanco
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06399-00

interpuesta incluso después de notificado el fallo de 28 de mayo de 2026 por
medio del cual la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó el fallo de
primera instancia por considerar que la acción de tutela interpuesta por el señor
Rodríguez Blanco no cumplió con el requisito general de relevancia
constitucional.

40. Al respecto, en la sentencia T-427 de 2017, la Corte Constitucional indicó
que «[…] una variación de los hechos o un nuevo elemento que no tiene
incidencia en las pretensiones ni en la decisión, tampoco puede ser razón per se
para afirmar que no hay identidad de pretensiones, pues, agregar un hecho nuevo
que no tenga incidencia en la decisión no puede justificar reabrir una controversia
que ha cumplido el correspondiente trámite. Finalmente tener un mismo objetivo
y pretensión no significa que deba existir una redacción idéntica de las
pretensiones de las dos acciones, sino, en cambio, que el juez pueda verificar
que materialmente existe una pretensión equivalente».

41. De lo anterior, se colige que la intención del accionante era precisamente
que la discusión planteada contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, fuera abordada nuevamente por otra autoridad judicial, a pesar de
que previamente tanto en primera como en segunda instancia se declaró la
improcedencia de lo que pretendía, lo que desvirtúa su buena fe y denota que su
propósito era «obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando
con la eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera
resultar favorable»10.

42. En este orden de ideas, se constata que en el presente asunto se configura
la figura jurídica de la temeridad en lo que atañe a los señalamientos dirigidos
contra la autoridad judicial en mención, teniendo en cuenta el carácter
excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar el respeto de la autonomía
judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica
y la confianza en los fallos judiciales.

43. Finalmente, en criterio de la Sala, resulta necesario advertirle al accionante
que, en lo sucesivo, debe abstenerse de presentar otras acciones de tutela por
los mismos hechos, pues tal conducta implica un ejercicio desproporcionado de
este mecanismo constitucional y un movimiento innecesario de la administración
de justicia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

10 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 2006.

10
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Accionante: Luis Francisco Rodríguez Blanco
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06399-00

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA TEMERIDAD de la acción de tutela interpuesta por
el señor Luis Francisco Rodríguez Blanco.

SEGUNDO: ADVERTIR al señor Luis Francisco Rodríguez Blanco que, en lo
sucesivo, se abstenga de presentar otras acciones de tutela por los mismos
hechos.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
«Ausente en comisión de servicios»

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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