Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02031-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02031-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02031-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02031-00
Accionante: Luis Francisco Rodríguez Blanco
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Tema: Tutela contra providencia judicial proferida en el proceso de
reparación directa
Decisión: Declarar improcedente la acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por el señor Luis Francisco Rodríguez Blanco, quien actúa
en nombre propio contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por
la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, tutela judicial efectiva e igualdad, con ocasión de la
expedición de las providencias del 30 de mayo de 2025, del 25 de noviembre del
mismo año y 30 de enero de 2026 al interior del medio de control de reparación
directa con radicado 54001-23-33-000-2017-00097-00 [01].
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El 22 de febrero de 2008, la Fiscalía Primera Especializada de la Unidad
Nacional contra el Secuestro de Bogotá, dentro de un proceso penal recibió la
declaración de varias personas que afirmaron que el señor Luis Francisco
Rodríguez Blanco asistía a reuniones como colaborador de grupos paramilitares.
3. Con ocasión de dicha circunstancia, el 7 de marzo de 2008, el ente acusador lo
vinculó a la investigación e impartió orden de captura en su contra. Sin embargo,
fue declarado persona ausente.
4. Por lo anterior, el accionante designó un abogado para que asumiera su defensa
y, el 24 de junio de 2008, la Fiscalía se abstuvo de proferir medida de
aseguramiento en su contra por el punible de concierto para delinquir agravado. En
consecuencia, el 1° de julio de 2008 se dispuso el cierre de la investigación; sin
embargo, se recurrió esa decisión para contrainterrogar a los «testigos falsos».
1 Acción de tutela presentada el 11 de marzo de 2026.
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Accionante: Luis Francisco Rodríguez Blanco
5. Por su parte, la Fiscalía Catorce Especializada de la Unidad Nacional contra el
Secuestro de Bogotá indicó que había motivos para continuar el asunto, razón por
la que el 25 de noviembre de 2008 se acusó al procesado. Por lo tanto, se libró
nuevamente una orden de captura en su contra.
6. Finalmente, el Juzgado Primero Adjunto Penal del Circuito Especializado de
Cúcuta mediante sentencia del 22 de diciembre de 2010 resolvió absolver de
responsabilidad al accionante. Decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior
de Cúcuta mediante providencia del 12 de junio de 2012.
7. El señor Luis Francisco Rodríguez Blanco junto con su núcleo familiar2 promovió
demanda de reparación directa contra la Nación-Fiscalía General de la Nación, a
fin de que se le indemnizaran los perjuicios ocasionados por ser vinculado y
acusado en un proceso penal por la presunta comisión del delito concierto para
delinquir agravado.
8. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo del Norte de Santander,
autoridad judicial que mediante sentencia del 22 de junio de 2022 resolvió acceder
de manera parcial a las súplicas de la demanda, toda vez que se acreditó el daño
por error judicial por parte de la Fiscalía, pues contra el señor Rodríguez Blanco se
dictó orden de captura en dos oportunidades, decisión que se mantuvo hasta el fallo
de primera instancia.
9. En sede de apelación, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
mediante sentencia del 30 de mayo de 20253 resolvió revocar dicha decisión. En
consecuencia, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que, si bien se
expidió una orden de captura, lo cierto es que no se hizo efectiva la detención
preventiva decretada, por lo tanto, no era posible tener por acreditada la existencia
de un daño antijurídico.
10. Agregó que el hecho de que aquel se hubiera aislado de su familia y renunciado
a sus actividades rutinarias mientras se desarrollaba el proceso penal correspondía
a una carga que decidió asumir por no hacerse presente para cumplir con sus
deberes legales en el adecuado funcionamiento de la administración de justicia.
11. El 8 de julio de 2025, la parte actora presentó solicitud de nulidad de la sentencia
de segunda instancia, pues, a su juicio, se configuraron las causales previstas en
los numerales 2, 5 y 6 del artículo 133 del CGP, la cual fue resuelta
desfavorablemente a través de proveído del 25 de noviembre de 2025.
12. Al respecto, señaló que en el sub lite se estaba debatiendo la responsabilidad
del Estado por una falla del servicio derivada de la vinculación y acusación del actor
a un proceso penal, en el cual no se le restringió su derecho a la libertad, por tanto,
no es cierto que le resultara aplicable la regla fijada en la sentencia de unificación
del 29 de noviembre de 2021, proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en relación con una nueva etapa probatoria, pues esta se concibió para
garantizar el debido proceso en casos de privación injusta de la libertad.
2 Los señores Marlene Beltrán Gamboa, Genesis Dalai Samuel Olinto Rodríguez Beltrán y Sherylin Isela
América Rodríguez Peñaranda.
3
Decisión que se notificó 7 de julio de 2025.
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13. Asimismo, precisó que no existía mérito para asegurar que el a quo dejó de
interrogar a los señores Carmen Eliécer Castellano Núñez y Luis Miguel Castro
Moncada sobre asuntos distintos, porque era evidente que el objeto de esa prueba
se agotó, en la medida que se decretó para demostrar las relaciones de parentesco
o afinidad existentes al interior del núcleo familiar del actor, mas no para probar una
afectación moral de los demandantes.
14. Aunado a lo anterior, indicó que esos documentos en nada afectarían la decisión
aquí adoptada, toda vez que la Subsección negó las súplicas reclamadas por
ausencia de daño, por manera que resultaría inane la revisión de perjuicios, último
asunto con el que se relacionan las nuevas declaraciones. Máxime cuando, la
solicitud ni siquiera se ajustaría a alguno de los eventos de que trata el artículo 212
del CPACA.
15. Inconforme con lo anterior, el accionante interpuso recurso de reposición contra
el auto del 25 de noviembre de 2025, mediante el cual la Subsección negó el
incidente de nulidad, el cual fue rechazado a través de providencia del 30 de enero
de 2026, al considerar que la providencia censurada no podía ser controvertida a
través del recurso de reposición y tampoco había lugar a tramitarse vía súplica o
apelación.
2.2. Fundamento jurídico
16. Sobre el particular, es menester señalar que la parte actora no menciona en qué
defectos incurrió la autoridad judicial, al proferir las decisiones cuestionadas en esta
sede.
17. De otra parte, sostuvo que la autoridad judicial accionada vulneró el derecho
fundamental al debido proceso, toda vez que en el trámite de segunda instancia no
se pronunció respecto del decreto y practica de material probatorio que, a su juicio,
era necesario para acreditar los perjuicios morales que fueron negados en la
decisión de primer grado.
18. A partir de lo anterior, indicó que el despacho judicial tenía dos opciones i)
decretar de oficio la nulidad de todo lo actuado por vulneración del debido proceso,
devolver el expediente para que se cumpliera con la función encomendada. En
consecuencia, se advirtiera que el recurso de apelación contenía solicitud de
práctica de pruebas y procediera a dictar decisión al respecto, brindando a las
partes la oportunidad de actuar conforme a derecho y ii) en el respectivo fallo de
segunda instancia, hacer mención expresa del error cometido en la valoración de
las pruebas.
2.3. Pretensiones
19. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…)
1. Que, se conceda el amparo a mis derechos fundamentales del DEBIDO
PROCESO (art. 29 C.P.), ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, consagrados en la Constitución Política de Colombia de 1991.
2. Que, se dejen sin efectos jurídicos:
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Accionante: Luis Francisco Rodríguez Blanco
Sentencia de fecha treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025),
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A CONSEJERA
PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN Radicación número: 54001-23-33-
000-2017-00097-01 (69.413)
Auto de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A CONSEJERA
PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN Radicación número: 54001-23-33-
000-2017-00097-01 (69.413)
Auto de fecha treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026) CONSEJO
DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
TERCERA SUBSECCIÓN A CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA
MARÍN Radicación número: 54001-23-33-000-2017-00097-01 (69.413)
3. Adoptar las demás medidas de protección constitucional que se
consideren necesarias.» (Sic)
2.4. Intervenciones
20. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 13 de marzo
de 2026 en el que se ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A como accionado y al Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
a la Nación, Fiscalía General de la Nación y a los señores Marlene Beltrán Gamboa,
Genesis Dalai Samuel Olinto Rodríguez Beltrán, Sherylin Isela América Rodríguez
Peñaranda, José Luis Rodríguez Blanco, Norma Iris Rodríguez Blanco, Isauro
Rodríguez Blanco, Luis Adolfo Rodríguez Blanco y Gloria Rodríguez Blanco como
terceros interesados en el resultado del proceso.
21. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A después de hacer un
recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso indicó que la parte
actora en el escrito de la demanda se limitó a reiterar de manera íntegra los
argumentos que había expuesto en los memoriales mediante los cuales promovió
el incidente de nulidad y el recurso de reposición, insistiendo en que las supuestas
irregularidades ocurridas en el sub judice debían conducir a dejar sin efectos la
sentencia que resolvió la controversia y las decisiones posteriores.
22. Sobre el particular, señaló no se cumple el requisito de relevancia constitucional,
por cuanto, el tutelante no formula un cuestionamiento concreto y directo que afecte
la sentencia proferida el 30 de mayo de 2025, es decir, no ataca los argumentos
sobre los cuales soportó la ausencia de daño antijurídico.
23. Respecto de los autos del 25 de noviembre de 2025 y 30 de enero del 2026,
manifestó que lo que pretendía era abrir una instancia adicional sobre un aspecto
que fue definido de forma expresa y razonada, por lo tanto, consideraba que la
presunta vulneración se invocó únicamente para prolongar el debate jurídico ya
definido.
24. Ahora, en caso de realizarse un estudio de fondo de la acción constitucional,
esta debería negarse, debido a que, para resolver todo lo relacionado a la solicitud
de nulidad se examinó rigurosamente la situación procesal y fáctica del asunto,
ofreciendo una explicación suficiente y jurídicamente respaldada sobre la
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imposibilidad de acceder a lo pedido por el actor, lo que, a su vez, puede revisarse
con detalle en cada una de las providencias cuestionadas.
25. Con fundamento en lo anterior, requirió que se declare improcedente la acción
de tutela o, en su defecto, se niegue el amparo.
26. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declare improcedente la acción
de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional, en la medida que lo que
pretende la parte actora con su interposición es reabrir un debate ya definido por el
juez natural.
27. ElTribunal Administrativo de Norte de Santander remitió copia del
expediente digital.
28. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
29. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20194 y demás normas
concordantes.
3.2. Cuestión previa
30. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declare la falta de legitimación
por pasiva, al respecto, la Sala no encuentra mérito suficiente para acceder a dicha
pretensión, toda vez que analizado el material probatorio se tiene que el primero en
mención hizo parte en el proceso ordinario, razón por la que se procede a negar
dicha solicitud
3.3. Problema jurídico
31. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, al proferir las
providencias del 30 de mayo de 2025, 25 de noviembre de 2025 y 30 de enero de
2026 vulneró el derecho fundamental al debido proceso.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
32. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
4 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
33. De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la
vulneración; iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de
manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v)
que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de
sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen
exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia
judicial de naturaleza «excepcional».
34. En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material
o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho
de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos
una de las anteriores causales o defectos.
3.1. Del requisito de relevancia constitucional como requisito de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales
35. En lo que tiene que ver con el requisito de relevancia constitucional la Corte
Constitucional, ha establecido que se entiende satisfecho cuando la controversia
objeto de tutela trata de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido,
alcance y goce de un derecho fundamental o un principio constitucional y ha
precisado que es imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible que
se cumple con el referido requisito5. La finalidad de esta exigencia es la de
preservar la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional e impedir que la acción de tutela se torne en una instancia o recurso
adicional de los procesos ordinarios.
36. Sobre el particular, el alto tribunal en materia constitucional, en Sentencia SU-
215 de 2022, estableció los siguientes criterios para determinar si se cumple con el
referido requisito:
37. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no meramente
legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la determinación de
5 Cfr. Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de
2022, proferidas por la Corte Constitucional.
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aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta interpretación o aplicación
de una norma de rango legal o reglamentario, y que el debate no sea estrictamente
monetario ni connotaciones particulares o privadas que no representen un interés
general.6
38. Asimismo, que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no
basta con que la parte actora alegue la violación al debido proceso, a la
administración de justicia o a la igualdad, sino que debe ir más allá «de la mera
adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales», lo cual supone justificar de manera razonada y clara la «existencia
de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»7.
39. Además, que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o
un recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios. Sobre
este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela contra
providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo
cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica si se
verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso».8
40. Finalmente, que la solicitud de amparo que pretenda la protección de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el
comportamiento negligente u omisivo del accionante en el procedimiento judicial.9
3.5.1. Análisis del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
41. En el presente asunto no se acredita el requisito de procedibilidad de relevancia
constitucional, pues no resulta suficiente que la parte actora afirme de manera
genérica que «la autoridad judicial accionada vulneró el derecho fundamental al
debido proceso, toda vez que en el trámite de segunda instancia no se pronunció
respecto del decreto y practica de material probatorio que, a su juicio, era necesario
para acreditar los perjuicios morales que fueron negados en la decisión de primer
grado», esto es, sin exponer en qué defectos incurrió la autoridad judicial accionada
al proferir las decisiones que en esta sede se discute, pues, tratándose de
cuestionamientos dirigidos contra providencias judiciales le corresponde una carga
mínima de argumentación que en el presente asunto no se cumple.
42. Al respecto, se tiene que la accionante ni siquiera mencionó en qué defectos
incurrió la autoridad judicial accionada al proferir las providencias cuestionadas. Así
como tampoco expone de manera concreta las razones por las cuales las
decisiones adoptadas vulneran los derechos fundamentales que se invocan en
protección, circunstancia que torna improcedente el mecanismo constitucional.
43. En ese sentido, se advierte que la acción de tutela es improcedente porque
carece de una argumentación mínima que permita un estudio de fondo, en la
6 Cfr. Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.
7 Cfr. Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022.
8 Cfr. Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, entre otras.
9 Cfr. Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.
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medida que dicha falencia no puede ser sustituida por el juez constitucional, pues,
si bien el presente mecanismo constitucional se caracteriza por la flexibilización de
las formalidades para garantizar los derechos fundamentales, lo cierto es que,
como se indicó en precedencia, al tratarse de cuestionamientos dirigidos contra
providencias judiciales, recae sobre la parte demandante una carga mínima de
argumentación.
44. Ahora, para la Sala es menester poner de presente que la discusión planteada
en esta sede fue resuelta por el juez natural de la causa mediante providencia del
25 de noviembre de 2025, en la que se llegó a la conclusión que el material
probatorio que pretendía incorporar al proceso en nada afectaría la decisión aquí
adoptada, toda vez que negó las súplicas reclamadas por ausencia de daño, por lo
tanto, resultaría inane la revisión de perjuicios.
45. Así las cosas, la Sala procederá a declarar improcedente el presente mecanismo
constitucional por falta del requisito de relevancia constitucional, de conformidad
con lo expuesto en precedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela por falta del requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con los argumentos expuestos en el
presente proveído.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada la decisión remitir el expediente de la actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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