Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02066-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02066-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02066-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
19 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Diecinueve (19) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-02066-011
Accionante : Alaín Antonio Naranjo Posada
Accionado : Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Vinculados : Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión
y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Acción : Tutela (impugnación)
Tema : Tutela contra providencia judicial, relación laboral encubierta
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el accionante contra el fallo
de Dieciocho (18) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), emitido por el Consejo de
Estado, Sección Quinta2, que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. Alaín Antonio Naranjo Posada, quien actúa a través de apoderado, interpuso el
presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, presuntamente
vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
1
Expediente digital disponible en Samai.
2
C. P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
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Accionante: Alaín Antonio Naranjo Posada
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3. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia de Veinticinco (25) de
Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), por medio de la cual, el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A confirmó la providencia de Seis (6) de
Marzo del mismo año, en la que, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta
de Decisión negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida contra el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) [expediente 05001-23-33-000-2021-00090-00/01]. En su lugar, pidió que se
ordene a la autoridad accionada emitir una nueva decisión «[…] que defina la
controversia teniendo en cuenta el valor real de las pruebas que fueron allegadas al expediente y el
precedente definido por la Sección Segunda del Consejo de Estado » y, «[…] disponga que el
análisis o criterio para definir la condena en costas, sea acorde con lo establecido en el inciso
segundo del artículo 188 del CPACA».
1.3 Hechos3.
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por el
accionante se puede evidenciar que, el Dieciocho (18) de Enero de Dos Mil
Veintiuno (2021) acudió ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA) [expediente 05001-23-33-000-2021-00090-00/01],
encaminado a que se declarara la nulidad del acto administrativo por medio del cual
se le negó la existencia de la relación laboral y el pago de todos los salarios y
prestaciones a que hubiere lugar durante el periodo laborado4, a través de contratos
de prestación de servicios, en las instalaciones de la sede Nueva Manrique,
Comuna Nororiental de Medellín, Centro de Servicio de salud, desde el Cinco (5) de
Junio de Dos Mil Cuatro (2004) hasta el Catorce (14) de Diciembre de Dos Mil
Diecinueve (2019).
5. De ese asunto conoció el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
Decisión que, el Seis (6) de Marzo de Dos Mil Veinticinco (2025) negó las
pretensiones formuladas, al considerar que, en su vínculo contractual no concurrían
los presupuestos de una relación de trabajo y, aunado a ello, lo condenó en costas.
3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
4
Como instructor en la orientación de la formación profesional integral en los programas tecnológicos de actividad física,
gestión de servicios recreativos, dirección técnica de futbol, entrenamiento deportivo, programas técnicos, operativos y
formación complementaria del área física, deporte, recreación y la cultura.
2
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Accionante: Alaín Antonio Naranjo Posada
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6. Inconforme con esa decisión, el actor interpuso recurso de apelación5, desatado
el Veinticinco (25) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025) por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el sentido de confirmarla, incluso en
lo relativo a la condena en costas impuesta, al estimar que, «[…] al desarrollarse cada
uno de los contratos de prestación de servicios entre [él] y la entidad no se presentaron los elementos
constitutivos de una relación laboral encubierta (en especial la subordinación) ».
7. El tutelante sostiene que, la providencia censurada incurre en defecto fáctico,
puesto que, no valoró en debida forma los elementos probatorios obrantes dentro
del proceso, especialmente, los testimonios de los señores Juan Felipe Betancur
Ramírez, Eugenia Widerman Bedoya y Arelis Arellano Beltrán, que daban cuenta
de la concurrencia de los elementos constitutivos de la relación laboral, en particular,
el de la subordinación.
8. Asimismo, en desconocimiento del precedente, al evaluar de manera aislada
los indicios de la subordinación previstos en la sentencia de unificación SUJ-025-
CE-S2-2021 de Nueve (9) de Septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021)6 y permitir la
concatenación indefinida de contratos de prestación de servicios, así como al
ignorar el precedente horizontal de la Subsección B7 de la misma Corporación, que
reconoce la idoneidad de la prueba testimonial para acreditar la equivalencia
funcional con el personal de planta, evidenciando que exigir el manual de funciones
constituye un estándar probatorio irrazonable y excesivo.
9. Y, en cuanto a la condena en costas, en defecto sustantivo, al aplicar de manera
errada el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por la Ley 2080 de 2021, al
imponerlas de forma automática y objetiva sin verificar previamente la ausencia
manifiesta de fundamento legal en la demanda, pues, su demanda no fue temeraria
5
Con fundamento en que, «[d]urante sus quince (15) años de trabajo, […] tuvo como empleador al SENA, demostrándose la
permanencia en el servicio educativo y por lo mismo, desvirtuando la ocasionalidad o transitoriedad propia del contrato de
prestación de servicios; lapso temporal en el cual debió atender los horarios previamente establecidos en las locaciones donde
el SENA cumplió con su objeto misional, la formación educativa integral en actividades productivas; cumpliendo con las
órdenes, directrices y vigilancia de sus superiores jerárquicos, los Coordinadores Académicos; desarrollando la metodología
de aprendizaje SENA, formación titulada y complementaria; utilizando sus aplicativos y/o plataformas (Sofía Plus), a través
de la cuales se realizaba la administración de los alumnos y de los programas académicos; igualmente, debió concurrir a las
reuniones semanales que los coordinadores académicos fijaban para tratar los problemas presentados en la semana, con
alumnos, docentes y directivos, y en general por tratarse de la ejecución de un programa educativo por parte de una institución
pública creada para tal fin, por lo que en modo alguno, se podría concluir que […] actuó en forma independiente y autónoma
en el cumplimiento de la labor encomendada».
6
Expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
7
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado sentencia del 01 de septiembre de 2022 con radicado No. 66001-
23-33-000-2017-00659-01 M.P. César Palomino Cortés. Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado sentencia
del 24 de octubre de 2024, con radicado No. 66001 -23-33-000-2021- 00134-01 (3795-2023) M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
3
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Accionante: Alaín Antonio Naranjo Posada
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y tuvo como sustento el marco constitucional del contrato realidad y la jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado.
1.2 Contestaciones de la acción.
10. 1.2.1 El Tribunal Administrativo de Antioquia8 remitió el enlace digital del
expediente ordinario con radicado 05001-23-33-000-2021-00090-00/01, pero, no
emitió pronunciamiento alguno frente a los hechos y pretensiones expuestos en la
presente acción de tutela.
11. 1.2.2 El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)9 pidió declarar improcedente
la acción de tutela de la referencia, comoquiera que, «[…] el accionante pretende reabrir,
por vía constitucional, un debate jurídico y probatorio que ya fue resuelto por el juez natural en dos
instancias, con pleno respeto del debido proceso, la valoración probatoria y la jurisprudencia
aplicable».
12. 1.2.3 El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A10 se opuso a la
prosperidad de las súplicas, por cuanto, «[…] los argumentos que sustentan la presente
acción se refieren a cargos mencionados en la demanda[,] por lo que no se cumple con el requisito
de relevancia constitucional[,] dado que pretende convertir la tutela en una nueva instancia».
1.3 Providencia impugnada11.
13. Mediante sentencia de Dieciocho (18) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), el
Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia, porque, a su juicio, no se satisfizo el presupuesto de la relevancia
constitucional, toda vez que, «[…] resulta claro que las objeciones planteadas por el actor se
limitan a manifestar su desacuerdo con la decisión que cerró el proceso del nulidad y
restablecimiento del derecho, sin que ese disenso permita afirmar, prima facie, la existencia de una
afectación a sus derechos constitucionales», aunado a que, «[…] los defectos invocados […] se
reducen a una controversia de carácter legal y económica».
1.4 La impugnación12.
14. Inconforme con esa determinación, el accionante la impugnó, para cuyo propósito
reiteró los argumentos expuestos en la solicitud de amparo.
8
Índice 00044 del expediente de Samai de primera instancia.
9
Índice 00045 del expediente de Samai de primera instancia.
10
Índice 00049 del expediente de Samai de primera instancia.
11
Índice 00054 del expediente de Samai de primera instancia.
12
Índice 00062 del expediente de Samai de primera instancia.
4
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II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
15. En virtud de los artículos 3213 del Decreto ley 2591 de 199114 y 2515 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201916 expedido por la sala plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción.
16. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema jurídico.
17. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar si
la sentencia de Veinticinco (25) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), por
medio de la cual, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A confirmó
la providencia de Seis (6) de Marzo del mismo año, en la que, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión negó las pretensiones
formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
05001-23-33-000-2021-00090-00/01, adolece de defecto fáctico, desconocimiento
del precedente y defecto sustantivo y, por consiguiente, vulnera los derechos
fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva invocados por el
accionante.
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.
13
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
14
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
15
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
16
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
5
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18. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 17 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado18, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
19. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
20. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
17
Sentencia C-590 de 2005.
18
sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
6
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inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
21. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que, (i) contrario a lo indicado en
primera instancia, el asunto planteado comporta relevancia constitucional, en la
medida en que recae, a juicio del actor, en una indebida valoración probatoria y
aplicación jurisprudencial y normativa, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial
efectiva; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, teniendo en cuenta
que, la providencia atacada quedó ejecutoriada el Veinte (20) de Octubre de Dos
Mil Veinticinco (2025)19 y la solicitud de amparo se presentó el Trece (13) de Marzo
de Dos Mil Veintiséis (2026), es decir, dentro de los seis meses; y (v) el fallo acusado
no es de tutela.
22. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto fáctico,
desconocimiento del precedente y defecto sustantivo invocadas por el demandante.
2.4.1 Defecto fáctico.
23. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
19
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 10 de octubre de 2025, motivo
por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 15 de los mismos mes y año, conforme al artículo
205 (numeral 2) del CPACA.
7
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contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »20.
24. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los
eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra21.
2.4.2 Desconocimiento del precedente.
25. Al respecto, se precisa que el desconocimiento del precedente tiene dos
modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra
providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto
sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen
en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados
por la Corte Constitucional en su jurisprudencia22, y la segunda hace referencia a
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin
justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un
defecto sustantivo23 en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena
fe24.
2.4.3 Defecto sustantivo.
26. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
20
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
21
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
22
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando:
(i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii)
se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto
que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
23
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González
Cuervo.
24
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
27. La jurisprudencia constitucional25 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 26.
2.5 Análisis del caso concreto.
28. En el asunto sub examine, la demandante adujo que la providencia cuestionada
incurrió en defecto fáctico, puesto que, no valoró en debida forma los elementos
probatorios obrantes dentro del proceso, especialmente, los testimonios de los
señores Juan Felipe Betancur Ramírez, Eugenia Widerman Bedoya y Arelis
Arellano Beltrán, que daban cuenta de la concurrencia de los elementos
constitutivos de la relación laboral, en particular, el de la subordinación.
29. Asimismo, en desconocimiento del precedente, al evaluar de manera aislada
los indicios de la subordinación previstos en la sentencia de unificación SUJ-025-
CE-S2-2021 de Nueve (9) de Septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021)27 y permitir la
concatenación indefinida de contratos de prestación de servicios, así como al
ignorar el precedente horizontal de la Subsección B28 de la misma Corporación, que
reconoce la idoneidad de la prueba testimonial para acreditar la equivalencia
funcional con el personal de planta, evidenciando que exigir el manual de funciones
constituye un estándar probatorio irrazonable y excesivo.
25
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
26
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
27
Expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
28
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado sentencia del 01 de septiembre de 2022 con radicado No. 66001-
23-33-000-2017-00659-01 M.P. César Palomino Cortés. Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado sentencia
del 24 de octubre de 2024, con radicado No. 66001 -23-33-000-2021- 00134-01 (3795-2023) M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
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30. Y, en cuanto a la condena en costas, en defecto sustantivo, al aplicar de manera
errada el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por la Ley 2080 de 2021, al
imponerlas de forma automática y objetiva sin verificar previamente la ausencia
manifiesta de fundamento legal en la demanda, pues, su demanda no fue temeraria
y tuvo como sustento el marco constitucional del contrato realidad y la jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado.
31. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada, en el fallo objeto de censura,
concluyó:
55. En el caso concreto, corresponde analizar las pruebas con el fin de establecer si
el contratista estuvo subordinado al SENA durante la ejecución de los contratos.
56. Para ello, se tendrán en cuenta los criterios determinados por esta Corporación
en la sentencia de unificación SUJ-025-CES2-2021.
57. De los contratos de prestación de servicios se desprende que el actor tuvo como
lugar de trabajo dos sedes regionales del SENA: primero en Cundinamarca y luego
en Antioquia.
[…]
62. Ahora bien, los testigos de manera coincidente manifestaron que solo conocieron
el servicio del actor durante los años en que se desempeñó como instructor en la
sede de formación del SENA en Antioquia, es decir, entre 2014 y 2019 29.
63. En consecuencia, la Sala concluye que los declarantes no tienen conocimiento
del servicio prestado por el señor Alain Antonio Naranjo Posada en la Regional
Cundinamarca del SENA (2004–2013), puesto que expresamente señalaron haber
compartido con él únicamente entre 2014 y 2019, cuando laboró en la Regional
Antioquia.
[…]
29
En detalle, se expone en extenso lo manifestado por cada uno de los testigos cuando se les interrogó sobre el origen de su
conocimiento del servicio del demandante: Juan Felipe Betancur Ramírez indicó: «Pregunta: Bueno, usted le ha resultado
querida testimonio sobre su conocimiento de las actividades, labores o tareas que desempeñan el señor Alain y la relación
real que realmente pudo haber tenido el señor Alain con el SENA. Informe, ¿qué conoce de eso? Contestó: Eso señoría,
estando yo haciendo la labor como instructor, al llegar el compañero Alain, porque ya en adelante era un compañero en la
labor como formadores (…) Pregunta: ¿En qué, puede precisar las fechas en que ocurrió todo esto? Contestó: Sí señoría, yo
recuerdo que Alain llegó al área de deportes, sector El Pomar, Manrique, donde estaba la sede de formación, el 2014 (…)».
Eugenia Widerman Bedoya dijo lo siguiente: «Pregunta: informe que cuál es la relación que usted tiene o ha tenido con el
demandante Alain Naranjo Contestó: Claro que sí estuve como compañera de profesión en el SENA desde el 2014 hasta
2019 que estuve trabajando».
Arelis Arellano Beltrán manifestó lo siguiente: «Pregunta: Informe, ¿qué relación ha tenido con el señor Alain Naranjo?
Contestó: Pues somos amigos, compañeros, instructores del SENA. Lo conozco desde 2014, que trabajé con él allá en el
SENA, en la central y en el POMAR, la sede de deporte. Pregunta: Informar, ¿usted qué relación tuvo y si tiene alguna
actualmente con el SENA? Contestó: Pues yo fui instructora en el SENA, trabajé en la parte transversal de ética y valores en
el deporte. Desde 2014 al 2019». 16 El testigo Juan Felipe Betancur Ramírez dijo lo siguiente: «Pregunta: ¿En qué lugar o
lugares se realizaban estas actividades? Contestó: El SENA tiene en su complejo central toda la disponibilidad de escenarios,
los programas a los cuales podíamos utilizarlos. También se hacía en el POMAR, donde había un escenario o varios
escenarios en los cuales se podía desarrollar la actividad. Y para poder nosotros sacar los aprendices, podíamos ir, por
ejemplo, como este servidor lo hizo, Unidad Deportiva de Belén, otro escenario que nos facilitaba mucho la parte del desarrollo
de las prácticas (…)». La testigo Eugenia Widerman Bedoya manifestó lo siguiente: «Pregunta: Precise en qué lugar o
lugares el señor Alain realizaba sus actividades con el SENA contestó: En el momento en que estuvimos en la sede de
Manrique en el POMAR allí nos encontrábamos en los espacios, en las áreas abiertas donde él hacía su actividad deportiva
con los estudiantes en la sede de POMAR y cuando estuvimos en el SENA central también hacíamos eventos y actividades
deportivas y recreativas algunos proyectos que se hacían también allí (…)».
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66. En el recurso de alzada se alegó que, con las pruebas aportadas, quedó
demostrado que el SENA impuso al actor un horario de labores.
67. Para resolver este punto, debe precisarse que, como ya se indicó, los testigos
solo tuvieron conocimiento del servicio del actor entre 2014 y 2019; por tanto, su
conocimiento no se extiende a los años anteriores. En consecuencia, la Subsección
no encuentra, frente al servicio prestado por el actor en los años 2004 y 2013,
elemento probatorio alguno que refieran los extremos, días o franjas horarias de su
cumplimiento. De tal suerte que, como los testimonios tampoco ofrecen claridad al
respecto, debe concluirse que en el expediente no obran pruebas que den cuenta
sobre el cumplimiento de un horario en este período.
[…] [Por otro lado], [d]e las [declaraciones de los testigos] se desprende que […] no
fueron claros a la hora de determinar las franjas de tiempo en que el actor prestó sus
servicios […] [e]n lo que respecta al tiempo comprendido entre 2014 y 2019.
[…]
75. En cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, es
de reiterar que el control y manejo directo de la entidad contratante sobre las
actividades ejecutadas por el contratista resultan ser un requisito fundamental a
efectos de constatar la existencia o no del elemento de subordinación. De forma que,
para probar la existencia de la relación laboral encubierta, debe la parte demandante
probar que se encontraba dentro del círculo rector, disciplinario y organizativo de la
entidad, a modo tal que se concluya que las actividades ejecutadas se encontraban
dirigidas de manera contundente por la entidad contratante.
[…]
77. Para la Sala, tampoco le asiste razón a la parte apelante, pues, del análisis
conjunto de las pruebas no se desprende de manera clara que funcionarios de la
entidad ejercieran de forma decisiva dirección y control efectivo sobre las actividades
del señor Naranjo Posada. Por lo tanto, no se extraen los componentes de juicio
necesarios que permitan establecer la existencia del elemento de la subordinación.
[…]
82. La Subsección observa que, aunque los testigos afirmaron que la entidad emitía
lineamientos a través del coordinador académico o de deportes, en ninguna de sus
declaraciones se mencionaron situaciones particulares o concretas que permitan
concluir que el actor estuvo bajo una dirección y control efectivos de la entidad.
[…]
91. Por lo demás, los documentos que obran en el expediente tampoco brindan
elementos de juicio adicionales que evidencien que entre 2004 – 2013 o 2014 – 2019
el actor fue subordinado al SENA. En realidad, en el dossier solo reposan copias de
los contratos de prestación de servicios, actas de inicio y liquidación, certificados de
tiempo de servicios e informes de ejecución contractual; para los cuales vale precisar
que no constituyen elementos de subordinación, sino [de] controles necesarios que
entre las partes deben presentar en la ejecución de los contratos para lograr su
correcto cometido.
92. Por otra parte, el recurrente indicó que la equivalencia de sus obligaciones con
las realizadas por el personal de planta del SENA se acredita con los testimonios.
93. Frente a esto, encuentra la Sala que, si bien los declarantes manifestaron que
existían instructores de planta y que había diferencias entre estos y los contratistas,
lo cierto es que, no precisaron si las funciones para las cuales fue vinculado el
demandante eran también desempeñadas por personal de planta, ni explicaron las
diferencias operativas en el cumplimiento de sus obligaciones.
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94. En consecuencia, los testimonios no constituyen prueba idónea para acreditar la
equivalencia del servicio del actor con el del personal de planta. Además, la Sala
comparte lo dicho por el a quo: la comparación solo puede hacerse a partir de
elementos objetivos como el manual de funciones o certificaciones de la entidad,
que permitan establecer con claridad las obligaciones asignadas.
95. Tampoco resulta de recibo el argumento según el cual el hecho de que el
demandante hubiera prestado sus servicios durante quince (15) años configura, por
sí solo, una relación laboral, en razón a que se acreditó la permanencia del servicio.
32. De lo trascrito se colige que, la autoridad accionada concluyó que, como el
accionante no aportó los medios de prueba necesarios para acreditar el elemento
de la subordinación, requisito esencial para determinar la existencia de la relación
laboral, era dable confirmar la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Decisión de negar las pretensiones.
33. Lo anterior, con fundamento en que, de las pruebas aportadas no se podía inferir
que el actor cumpliera sus labores bajo órdenes provenientes de la entidad,
relacionadas con la cantidad, modo o tiempo en que debía realizarlas, ni se
acreditaron llamados de atención o asignación de tareas en idénticas condiciones a
los empleados de planta.
34. Ahora bien, en la solicitud de amparo el tutelante alega que se realizó una
valoración irracional y caprichosa de los testimonios recibidos; sin embargo, para la
Sala, la sentencia acusada no incurre en tal irregularidad, toda vez que, por el
contrario, en esta se concluyó que aquellos no aportaron mayor precisión sobre la
labor y las formas de la prestación de sus servicios, así como, en lo referente al
horario, aunado a que los mismos testigos manifestaron que solo lo conocieron
durante los años en que se desempeñó como instructor en la sede de formación del
SENA en Antioquia, es decir, entre 2014 y 2019, por lo que, no tenían la entidad
suficiente para dar por acreditado el elemento de subordinación, máxime, cuando
no reposaba documento alguno que los respaldara.
35. En ese orden de ideas, se observa que la providencia censurada no deviene de
una interpretación caprichosa de la autoridad accionada, puesto que, sus
argumentos estuvieron debidamente motivados, conforme a las pruebas que fueron
aportadas en el aludido proceso ordinario, lo que conlleva a concluir que no se
incurre en el defecto fáctico alegado.
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36. Por otra parte, resulta oportuno indicar que el hecho que la autoridad judicial
accionada no haya valorado las pruebas en el sentido que pretendía el tutelante, no
involucra la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales denominada defecto fáctico, por cuanto en acatamiento de
sus competencias jurisdiccionales tiene la potestad de examinar la pertinencia,
utilidad y conducencia de los elementos de convicción obrantes en el expediente,
así como la de otorgarles diferentes grados de certeza, siempre que lo haga de
manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, conforme aconteció en el
asunto materia de controversia.
37. Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están precedidas de
una valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que
imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias
a las garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de este
aspecto, la Corte Constitucional30 sostuvo:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no
pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar,
conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia,
cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.
El juez, en su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de
buena fe. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la
valoración de las pruebas realizadas por el juez natural es razonable.
[…]
Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto,
y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del
juez que ordinariamente conoce de un asunto.
38. Por otro lado, en lo que respecta a la sentencia de unificación del 9 de septiembre
de 202131 que el actor adujo como desconocida por la autoridad accionada, cabe
precisar que, por el contrario, fue debidamente analizada, distinto es que, con base
en aquella, concluyera que, no se satisfizo ninguno de los indicios de la presunción
de la subordinación, en tanto:
30
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
31
Expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-16), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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39. (i) en cuanto al lugar de trabajo, se evidenció que tuvo que prestar sus servicios
en dos departamentos diferentes (Cundinamarca y Antioquia); sin que se
demostrara que tuviera que ser personalmente en las instalaciones del SENA allí
ubicadas;
40. (ii) en lo que respecta al horario, no se aportó prueba de ello y, como se indicó
en párrafos precedentes, los testimonios no fueron precisos, aunado a que los
testigos única y exclusivamente se refirieron al periodo laborado entre 2014 y 2019;
41. (iii) en relación con la dirección y control efectivo de las actividades
encomendadas, se estableció que, aquellas eran convenidas en una relación de
coordinación encaminada al cumplimiento del objeto misional de la entidad, mas no
de subordinación, pues, no se comprobó que recibiera órdenes específicas sobre la
forma, cantidad o tiempo en que debía realizarlas.
42. (iv) en lo que concierne a la permanencia, la autoridad judicial accionada no
desconoció la continuidad en la suscripción de contratos celebrados con el SENA;
no obstante, explicó que, ello por sí solo no implicaba que careciera de autonomía
para el desempeño de sus labores o que aquellas fueran impuestas.
43. Por otra parte, para la Sala, tampoco no tiene vocación de prosperidad el
argumento del actor correspondiente a que se ignoró el precedente horizontal de la
Subsección B32 de esta Corporación, en virtud del cual, se reconoce la idoneidad de
la prueba testimonial para acreditar la equivalencia funcional con el personal de
planta, evidenciando que exigir el manual de funciones constituye un estándar
probatorio irrazonable y excesivo, por cuanto, en la providencia reprochada se
expuso con claridad que, los testimonios no fueron consistentes en si las funciones
para las cuales fue vinculado eran también desempeñadas por personal de planta,
ni explicaron las diferencias operativas en su cumplimiento, aunado a que, advirtió
que, en esas discusiones, son los elementos objetivos los que prestan mayor
certeza y credibilidad, tales como el manual de funciones o las certificaciones de la
entidad.
32
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado sentencia del 01 de septiembre de 2022 con radicado No. 66001-
23-33-000-2017-00659-01 M.P. César Palomino Cortés. Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado sentencia
del 24 de octubre de 2024, con radicado No. 66001 -23-33-000-2021- 00134-01 (3795-2023) M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
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44. Asimismo, es claro que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
ya había resuelto los reproches planteados por el tutelante en el recurso de
apelación interpuesto contra el fallo de Seis (6) de Marzo de Dos Mil Veinticinco
(2025), en el que, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión
negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 05001-23-33-000-2021-00090-00/01, que reiteró en esta
acción de tutela (para lo cual invocó las causales de defecto fáctico y
desconocimiento del precedente), lo que denota que su intención, más allá de
manifestar la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, es utilizar este
mecanismo constitucional como una instancia adicional con el fin de obtener
un pronunciamiento favorable a sus intereses.
45. En ese orden de ideas, se concluye que, la decisión de confirmar el fallo que
negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 05001-23-33-000-2021-00090-00/01, no incurrió en desconocimiento del
precedente.
46. Ahora bien, en lo que a las costas procesales concierne, cabe precisar que, el
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), dispone:
ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
(Énfasis propio).
47. Se aclara que, comoquiera que el Código de Procedimiento Civil fue derogado
por el Código General del Proceso, se entiende que el aludido artículo 188 del
CPACA, hace remisión directa al último (Ley 1564 de 2012), el cual, al respecto en
su artículo 365, preceptúa:
ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las
siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
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Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un
incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo
de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a
aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su
decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los
condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se
entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de
ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las
liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin
embargo, podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o
transacción. (Énfasis propio).
48. En el asunto sub examine se observa que la autoridad accionada, en la sentencia
censurada, frente a la condena en costas, indicó:
104. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó
un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
105. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este
tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
106. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
107. Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en segunda instancia al
demandante Alain Antonio Naranjo Posada, ya que se confirmará en todas sus partes
la sentencia de primer grado. Para el efecto, conforme con el artículo 366 del CGP las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y
las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02066-01
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49. De lo anterior se concluye que, la autoridad accionada, en la sentencia
censurada, en cuanto a la condena en costas impuesta, acogió lo previsto en el
numeral primero del artículo 365 del CGP, según el cual, se condenará en costas a
la parte vencida en el proceso, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la
temeridad o mala fe, máxime, cuando en la actualidad el criterio aplicable sobre la
materia es objetivo valorativo y no subjetivo como se pretende, lo que implica que
baste con que haya sido desfavorecido y que se compruebe la causación de las
costas, lo cual, es un análisis que le corresponde efectuar solo al juez de
conocimiento.
50. En todo caso, se observa que la autoridad accionada, solo se limitó a confirmar
en su integridad la decisión proferida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, lo que incluía la condena en costas que se le impuso,
sin que se observe en su escrito de apelación reproche alguno derivado de ese
aspecto.
51. De acuerdo con lo anotado, la providencia censurada no incurre en defecto
sustantivo.
52. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
III. DECISIÓN
53. Por las razones señaladas, comoquiera que, para la Sala, contrario a lo indicado
en primera instancia, en este caso el análisis efectuado supera el requisito de
relevancia constitucional; no obstante, como el actor no acreditó que la providencia
de Veinticinco (25) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, hubiere incurrido en defecto
fáctico, desconocimiento del precedente y defecto sustantivo, se revocará el fallo
impugnado, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, para, en
su lugar, negar el amparo deprecado.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de Dieciocho (18) de Junio de Dos Mil Veintiséis
(2026), emitida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia. En su lugar, NEGAR el amparo
de los derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva
invocados por Alaín Antonio Naranjo Posada, por las razones consignadas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Quinta de esta
Corporación y remitir copia.
CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
18
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