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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00134-01

Fecha
24 de octubre de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00134-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 19 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda incoada por Ángela Carolina Cañas Restrepo contra el Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone: 68 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 44 Radicado: 66001-23-33-000-2021-00134-01 (3795-2023) Demandante: Ángela Carolina Cañas Restrepo Segundo. Declarar la nulidad del Oficio 92021001701 N.I.S. 2021-01-063736 del 25 de febrero de 2021, por medio del cual el Sena le negó la existencia de una relación laboral y el reconocimiento de las prestaciones sociales que se derivaban de ella. Tercero. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, declarar la existencia de una relación laboral entre Ángela Carolina Cañas Restrepo y el Servicio Nacional de Aprendizaje durante el periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 2011 y el 30 de diciembre de 2020, tiempo que se tendrá en cuenta para efectos pensionales. Cuarto. Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje, a reconocer a Ángela Carolina Cañas Restrepo las prestaciones sociales comunes a su cargo, propias de los empleados públicos, las cuales deberán liquidarse con base en lo devengado por un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones, así como el pago del reajuste salarial. Quinto. Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje, que tome el ingreso base de cotización o IBC del demandante, dentro de los períodos laborados por prestación de servicios, esto es entre el 26 de septiembre de 2011 y el 30 de diciembre de 2020, mes a mes, y efectúe los aportes para pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, los cuales deberán liquidarse con base en lo devengado por un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2021-00134-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

24 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00134-01 (3795-2023)
Demandante: Ángela Carolina Cañas Restrepo
Demandados: Servicio Nacional de Aprendizaje1

Temas: Relación laboral encubierta

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 19 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Ángela Carolina Cañas Restrepo presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio 92021001701 N.I.S. 2021-01-
063736 del 25 de febrero de 2021, por medio del cual el Sena le negó la existencia
de una relación laboral por sus servicios prestados entre el 26 de septiembre de
2011 y el 30 de diciembre de 2020, y el reconocimiento de las prestaciones
sociales que se derivaban de ella.
1
En adelante Sena.
2
En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00134-01 (3795-2023)
Demandante: Ángela Carolina Cañas Restrepo

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) el reconocimiento de la existencia de la relación laboral entre las partes
por el periodo reclamado; ii) el pago de los conceptos salariales y prestacionales
que de ello se derivaran, tales como auxilio de cesantías, intereses de cesantías;
subsidio de alimentación, primas semestrales, de navidad, de vacaciones, técnica
y por antigüedad; bonificación por servicios prestados y por recreación;
vacaciones; «la diferencia de salario devengado por un empleado de planta con las
mismas funciones ejecutadas por la actor, instructora y profesional» (sic); iii) la
devolución de los aportes a la seguridad social correspondientes al empleador por
el tiempo de la relación laboral y de las retenciones en la fuente efectuadas a su
salario; iv) la sanción moratoria de las cesantías y la indemnización de perjuicios
por falta de pago de salarios, así como los intereses a los que hubiere lugar; v) el
reajuste y/o indexación del valor de las condenas; vi) el cumplimiento de la
sentencia según los términos del artículo 192 del CPACA; y vii) la condena en
costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Ángela Carolina Cañas Restrepo prestó sus servicios al Sena mediante
contratos de prestación de servicios entre el 26 de septiembre de 2011 y el 30 de
diciembre de 2020; inicialmente, con el objeto de impartir formación como
instructora, hasta el 30 de diciembre de 2018, y por último, entre el 28 de enero de
2019 y el 30 de diciembre de 2020, para cumplir funciones como profesional de
apoyo en «las actividades de supervisión y seguimiento en la etapas de ejecución y
finalización de los contratos de los instructores en el centro de diseño e innovación
tecnológica industrial» (sic).

3.2. A través de esos contratos se trató de ocultar una relación laboral pues del
cargo y objeto de los sucesivos contratos suscritos con el Sena se da cuenta que
cumplió con iguales funciones a las que debía cumplir un empleado público de
carrera administrativa y/o provisional de la planta de personal y de conformidad
con el manual de funciones de la entidad.

3.3. Sus labores las realizó de forma personal y bajo la subordinación del Sena,
toda vez que estuvo sometida a los reglamentos de la entidad, tuvo funciones
susceptibles de ser desarrolladas por trabajadores de contrato laboral directo, bajo
parámetros predeterminados para su función, mediante directrices de
comportamiento laboral y personal como por ejemplo el deber de presentar
informes escritos a los jefes o supervisores inmediatos de acuerdo con sus

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Demandante: Ángela Carolina Cañas Restrepo

requerimientos diarios, semanales, mensuales, relacionados con las diferentes
funciones asignadas, las que, además, están encaminadas al desarrollo del objeto
social para el cual fue creada la institución. Asimismo, cumplió con un horario en
las instalaciones y se le asignaron elementos de propiedad del Sena para el
desarrollo de las funciones.

3.4. Sus jefes inmediatos fueron los coordinadores académicos, siendo la última,
Ángela Johanna García Quintana, y cuando fungió como instructora, Martha Lucía
Ramírez Hurtado.

3.5. La jornada de trabajo la desarrolló en las instalaciones de la entidad por
tiempos determinados; cuando trabajó como instructora cumplió con un horario de
8 horas diarias en jornadas de mañanas, tarde y noche; y cuando fungió como
profesional debía cumplir con un horario de 7:30 a 12 am., y de 1:00 a 5:00 pm, en
las instalaciones de la entidad y de forma virtual.

3.6. Aun cuando entre uno y otro contrato hubo interrupciones por días, lo cierto es
que prestó sus servicios de manera ininterrumpida, pues este correspondía al
tiempo que debía esperar mientras se autorizaba la suscripción de nuevos
contratos.

3.7. El último salario devengado fue de $3’795.000 y no le efectuaron los aportes
para su seguridad social integral.

3.8. El 16 de febrero de 2021 solicitó a la entidad demandada el reconocimiento de
la existencia de una relación laboral por el tiempo en que prestó sus servicios a
favor del Sena y el pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales
que se derivaban de ella. Dicha petición fue negada a través del acto demandado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 25, 48, 53 y 209 de la Constitución
Política; 2 del Decreto 2400 de 1968; 8 y 11 del Decreto 3135 de 1968; 8, 24 y 25
Decreto 1045 de 1978; 42, parágrafo, del Decreto 2277 de 1979; 20 de la Ley 100
de 1993; 1, 2, 36 y 37 de la Ley 115 de 1994; 4 de la Ley 119 de 1994; 1 y 2 de la
Ley 244 de 1995; 22 del Decreto 1424 de 1998; 2 del Decreto 1426 de 1998; 48,
numeral 29 de la Ley 734 de 2002; 17 de la Ley 790 de 2002; 19 de la Ley 909 de
2004; y 1 y 2 de la Resolución 1067 de 2005.

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Demandante: Ángela Carolina Cañas Restrepo

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:

5.1. ElSena omitió aplicar el principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades, no obstante haberse configurado los elementos propios de una
relación laboral; además, vulneró el artículo 53 de la Constitución Política, toda
vez que se acreditó la existencia de un trabajo desarrollado de manera personal,
permanente y subordinado o dependiente, en la medida en que la entidad
contratante le impartió órdenes y directrices en relación con la labor contratada, le
fijó un horario de trabajo para la prestación de sus servicios y le pagó una
remuneración mensual como retribución por las labores que realizaba.

5.2. Comoquiera que el trabajo goza de especial protección por parte del Estado, se
atenta contra la dignidad humana cuando una persona de derecho público se
escuda en una figura «aparentemente jurídica» para desconocer y burlar los
derechos de los trabajadores que de manera permanente y subordinada presta
sus servicios personales a la entidad.

5.3. Se desnaturalizaron los contratos de prestación de servicios para disfrazar el
vínculo laboral y desconocer los derechos del trabajador, comoquiera que fue la
institución la que fijó las pautas de las actividades, impuso los horarios de trabajo y
la periodicidad de estos, estableció un régimen de disciplina y subordinación, y
controló el puntual cumplimiento en las actividades del objeto contractual.
Asimismo, se desvirtúa la naturaleza contractual de la relación cuando las
actividades demandan una permanencia mayor e indefinida y se convierten en
permanentes.

5.4. Tuvo una vinculación precaria, pues pese a que prestó sus servicios a la
entidad no le fueron reconocidos los derechos mínimos que le correspondían en
vigencia del principio de primacía de la realidad sobre las formas y el de a trabajo
igual salario igual.

1.2. Contestación de la demanda

6. El Sena se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda con
fundamento en los siguientes argumentos4:

6.1. La demandante no suscribió un contrato laboral sino que se materializaron
contratos de prestación de servicios, los cuales se rigieron por el artículo 32 de la
3
Samai, índice 14, 15RECIBEMEMORIAL_66001233300020210013(.zip) NroActua 14,
66001233300020210013400AngelaCañas, 01EscritoDemanda.pdf.
4
Ibidem, 10ContestacionDemanda.pdf.

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Demandante: Ángela Carolina Cañas Restrepo

Ley 80 de 1993 y si bien es cierto ejecutó varios, también lo es que entre ellos
existieron periodos de interrupción; en otras palabras, estuvo vinculada
exclusivamente como contratista de prestación de servicios para el desempeño de
labores de instrucción, a través de contratos interrumpidos, temporales y cuya
duración fue siempre por tiempo limitado e indispensable para ejecutar el objeto
contractual convenido. En consecuencia, no hubo continuidad en la prestación del
servicio.

6.2. La entidad solo le suministró la programación académica básica que debía
desarrollar de acuerdo con la programación de las actividades contractuales y
como es natural, supervisó su cumplimiento a través de los mecanismos
autorizados por la ley.

6.3. Las entidades públicas están en plena atribución de pactar o trazar las
directrices o instrucciones básicas sobre la manera y oportunidad de cómo deben
cumplir con sus obligaciones contractuales, sin que ello se traduzca en
dependencia o carencia de autonomía de parte del contratista por ser necesaria y
obligatoria la supervisión, so pena de incurrir en un detrimento patrimonial para el
estado.

6.4. ElSena, regional Risaralda nunca hizo uso del poder disciplinario y
subordinante sobre la contratista, ni le impuso prohibiciones o interfirió en la
manera de ejecutar la labor contratada.

6.5. La razón para suscribir un contrato de prestación de servicios se basa en un
análisis en el que se determina si los servicios son temporales, no corresponden a
funciones asignadas a funcionarios de planta o si el personal disponible no es
suficiente, última circunstancia que justificó la contratación de la demandante.

6.6. Los contratos de prestación de servicios se desarrollaron sin subordinación
laboral. El hecho de haber ejecutado el objeto contractual en las instalaciones de
la entidad contratante o de haber recibido instrucciones no implicó la configuración
del elemento de la subordinación. Por su parte, la ley impone la asignación de un
supervisor para el efectivo cumplimiento de los objetos y las obligaciones
pactadas, sin que de ello se deduzca la falta de independencia.

6.7. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 119 de 1994, al Sena se le encargó
la función de «invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos,
ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, y brindando la orientación
profesional tanto a empresarios como a la población desempleada para la incorporación y
el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo
social, económico y tecnológico del país, lo anterior, bajo el concepto de equidad social

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Demandante: Ángela Carolina Cañas Restrepo

redistributiva» (sic), para ello es necesario acudir a la figura de contratos de
prestación de servicios prevista en la Ley 80 de 1993, para contratar personal para
que ejecuten estas actividades y así garantizar en todo momento la prestación del
servicio y «el cumplimiento de la misión y función estatal del SENA» (sic), por cuanto el
personal de planta es insuficiente para atender la demanda.

6.8. Las relaciones de coordinación entre el contratante y el SENA no implican la
existencia del elemento subordinación, propio de las relaciones laborales.

6.9. El hecho de que la contratista tuviese que prestar sus servicios personales no
implicaba que existiera subordinación como elemento estructural de una relación
laboral, pues fue contratada en razón a su perfil académico.

6.10. En consecuencia, no se probaron los elementos de la relación laboral, pues lo
que hubo entre las partes estuvo amparado bajo la normatividad de la Ley 80 de
1993 y fue de prestación de servicios profesionales.

6.11. Por último, propuso las excepciones de: i) inexistencia del vínculo o relación
laboral; ii) cobro de lo no debido; iii) prescripción; iv) buena fe; v) inexistencia de
objeto de la acción incoada; y v) la genérica.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión mediante
sentencia proferida el 19 de abril de 2023 negó las pretensiones de la demanda y
no condenó en costas. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos5:

7.1. De las pruebas documentales aportadas al proceso se pudo establecer: i) la
prestación personal del servicio por parte de la demandante, puesto que, en un
primer momento fue contratada por el Sena para impartir formación profesional
integral en el nivel y modalidad asignada en el «centro de comercio y servicios de la
regional Risaralda» y en un segundo, para «el seguimiento en las etapas de ejecución y
finalización de contratos de los instructores del centro de diseño e innovación tecnológica
industrial», por lo que fue ella quien prestó el servicio, lo cual se ratificó con las
declaraciones y certificaciones expedidas por la subdirectora del centro comercio y
servicios del Sena, Regional Risaralda y ii) la remuneración recibida, en tanto, de
los contratos de prestación de servicios se deriva el valor que recibiría como
contraprestación de sus servicios. Pese a lo anterior, de los medios de prueba no
se advirtió la subordinación, por el contrario, se demostró que no se

5
Ibidem, 29SentenciaPrimeraInstancia.pdf.

6

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Demandante: Ángela Carolina Cañas Restrepo

desnaturalizaron los contratos de prestación de servicios celebrados válidamente
bajo las reglas previstas en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

7.2. Si bien, de acuerdo con la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 6
proferida por el Consejo de Estado, las actividades de docencia llevan implícito el
elemento subordinación, lo cierto es que, quien demanda la existencia de la
relación laboral debe acreditar la configuración de los elementos, ello por cuanto,
según la carga de la prueba prevista en el artículo 167 del Código General del
Proceso, esto compete a quien eleva la pretensión o alega los supuestos de hecho
en que esta se funda.

7.3. Aun cuando los testigos dan fe de la vinculación de la demandante como
instructora o tutora virtual del Sena, a través de contratos de prestación de
servicios, lo cierto es que ninguno da cuenta del cumplimiento de órdenes,
instrucciones, lineamientos impartidos por la entidad acerca de la forma y
temporalidad en que debía ejercer su labor; ni siquiera existe registro de oficios en
los que se impusieran las actividades ni que hubiese existido entrega de informes
en relación son sus funciones.

1.4. El recurso de apelación

8. Ángela Carolina Cañas Restrepo presentó recurso de apelación con fundamento
en los siguientes argumentos7:

8.1. La tesis pacífica y reiterada del Consejo de Estado ha sido enfática en señalar
que «es necesario, útil y procedente reconocer los derechos laborales» de los
instructores y docentes de planta contratados por el Sena bajo la modalidad de
contratos de prestación de servicios.

8.2. Las funciones se ejecutaron por más de 8 años consecutivos, en desarrollo de
actividades propias del objeto misional de la entidad, lo que denota la
permanencia de la labor, máxime cuando las actividades que han sido contratadas
por la administración fueron de manera sucesiva y continua, lo que demuestra el
ánimo de la entidad por contratar de forma permanente los servicios de una misma
persona.

8.3. En el ejercicio de sus funciones cumplió órdenes, directrices y vigilancia de sus
superiores jerárquicos y de los coordinadores académicos, según la metodología
6
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, expediente 23001-23-
33-000-2013-00260-01 (0088-15). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
7
Ibidem, 31ApelacionSentencia.pdf.

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Demandante: Ángela Carolina Cañas Restrepo

de enseñanza y aprendizaje del Sena; concurrió a reuniones semanales
programadas para tratar asuntos presentados en la semana con alumnos,
docentes y directivos de la entidad.

8.4. El Sena entregaba y suministraba a la contratista el material de trabajo, le
asignaba un horario y el lugar de la prestación de las labores, por lo cual se
demostró durante el proceso que aquella siempre dependió de las directrices de la
entidad.

1.5. Pronunciamientos en segunda instancia

9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.

1.6. Concepto del Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio8

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

11. Consisten en determinar ¿si entre Ángela Carolina Cañas Restrepo y el Sena
se configuró una relación laboral?, y si ¿aquella tiene derecho al reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales derivadas de ella?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

12. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

8
Obra notificación a índice 7 de Samai.

8

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00134-01 (3795-2023)
Demandante: Ángela Carolina Cañas Restrepo

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

13. Por su parte, el Decreto 2209 de 19989 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

14. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas
naturales, la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o
para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de
planta. De allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará
una relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación
social.

15. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales» , contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.

16. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución
Política que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia
laboral, entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto
señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;

9
«Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

9

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00134-01 (3795-2023)
Demandante: Ángela Carolina Cañas Restrepo

irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad
y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).

17. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)10 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización11, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los
métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».

18. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales» 12 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y
satisfactorias», y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos
los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y
un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

19. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

10
Aprobada el 11 de abril de 1919.
11
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
12
Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

10

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00134-01 (3795-2023)
Demandante: Ángela Carolina Cañas Restrepo

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el
honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los
tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de
otras condiciones o modalidades que se le agreguen».

20. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa
carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de
prestación de servicios.

21. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación13 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos
de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado ‹contrato realidad› aplica cuando se constata en
juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la
actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias

13
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

11

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dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes
y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto
de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación
propia de las relaciones laborales14». (Resalta la Sala).

22. Asíentonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se
acrediten fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo,
como son la prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la
subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.

23. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual, para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de
la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales” (artículo 53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las
prestaciones que se deriven de aquella, pues dicha situación se traduciría en su
desinterés, que no puede soportar el Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».

24. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

25. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.

26. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-

14
«En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».

12

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CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202115 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la
improcedencia de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Salud efectuados por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el
señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el
principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del
servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna
manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

27. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».

28. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado,
para que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez
Vargas.

13

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2.2.2. En torno a los instructores del Sena

29. El Sena fue creado mediante el Decreto Ley 118 de 195716 y según el Decreto
164 del 6 de agosto de 195717 sus funciones iniciales consistían en brindar
formación profesional a los trabajadores de la industria, el comercio, la agricultura,
la minería y la ganadería.

30. Posteriormente,la Ley 119 de 199418 dispuso que el Sena sería un
establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio
propio e independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del
Trabajo, cuya misión, de acuerdo con su artículo 2, consiste en «cumplir la
función que le corresponde al Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de
los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral,
para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país». Asimismo, los
objetivos específicos de acuerdo con el componente misional son los siguientes:

«Artículo 3. Objetivos. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tendrá los
siguientes objetivos:

1. Dar formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades
económicas, y a quienes sin serlo, requieran dicha formación, para aumentar por ese
medio la productividad nacional y promover la expansión y el desarrollo económico y
social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistributiva.

2. Fortalecer los procesos de formación profesional integral que contribuyan al
desarrollo comunitario a nivel urbano y rural, para su vinculación o promoción en
actividades productivas de interés social y económico».

31. Así,la misión especial encomendada al Sena comprende la formación y
capacitación de los aprendices, funciones de carácter permanente que cumple
en desarrollo de su actividad. Como se dijo, la entidad está adscrita al Ministerio
del Trabajo y, por ende, no está sometida a las orientaciones del Ministerio de
Educación o las secretarías de educación; no obstante, ejerce una labor
docente para desarrollar programas de formación de educación no formal que
ofrece la institución.

16
«Por el cual se decretan aumentos de salarios, se establece el subsidio familiar y se crea el
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA».
17
«Por el cual se organiza el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y se dictan otras
disposiciones».
18
«Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto
2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones».

14

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32. Ahora bien, el instructor es una figura propia de esa entidad y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1424 de 199819, este grupo ocupacional
«comprende los empleos cuyas funciones principales consisten en impartir formación
profesional y desempeñar actividades de coordinación académica de la formación e
investigación aplicada». Según el manual específico de funciones, requisitos
mínimos y competencias laborales para los empleos de la planta de personal del
Sena contenido en el Decreto 986 del 27 de mayo de 2007 (vigente entre 2007 y
2015), el cargo de instructor hace parte de dicha planta, con la descripción de
las siguientes funciones20:

«ii. Propósito principal

Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas
Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.

iii. Descripción de funciones esenciales

Instructor:

1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el programa
de Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en
las características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los
procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares
vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de conformidad
con los módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de
Procedimientos para la ejecución de acciones de Formación Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades
institucionales asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo con
le [sic] Manual de Evaluación vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área del desempeño del empleo».

33. En relación con la actividad que desarrollan los instructores, la Sección
Segunda del Consejo de Estado tuvo oportunidad de pronunciarse en sentencia
del 10 de septiembre de 201421. Al respecto, la autoridad judicial señaló:

19
«Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los Instructores del
Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena»
20
Información consultada en la página electrónica: http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de septiembre de 2014, radicado 20001
23 31 000 2011 00503 01, M.P. Alfonso Vargas Rincón.

15

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«DOCENTES O CATEDRÁTICOS OCASIONALES O POR HORAS

Esta Corporación ha señalado que los profesores de cátedra también tienen una
relación laboral subordinada por cuanto cumplen una prestación personal del servicio.
Igual que los profesores de tiempo completo, de medio tiempo o los llamados
ocasionales, ellos devengan una remuneración por el trabajo desempeñado y están
sujetos a una subordinación, como se les exige a los otros, con horarios, reuniones,
evaluaciones, etc. contemplados en el reglamento. Dada la similar situación de hecho
que identifica la misma relación de trabajo subordinado de estos servidores públicos
debe corresponderles el mismo tratamiento en cuanto a prestaciones sociales, que
deben pagárseles proporcionalmente al trabajo desempeñado, pues otro tratamiento
desconocería el principio de igualdad y de justicia y sería evidentemente
discriminatorio.

Igualmente la Corte Constitucional22 señaló que al igual que los catedráticos, cumplen
las mismas funciones que un profesor de planta, además deben acreditar para efectos
de su vinculación similares requisitos de formación y experiencia, y tienen las mismas
obligaciones que los docentes empleados públicos; la diferencia con aquellos estriba
en su forma de vinculación, a través de resolución, y en la temporalidad de la misma, lo
cual no justifica que se le restrinjan sus derechos como trabajador. Textualmente
señaló:

Si su vinculación es transitoria, el reconocimiento de las prestaciones sociales será
proporcional al término de la misma, pero no se podrá negar, pues ello además de
contrariar el principio de igualdad que consagra la Constitución, atenta contra lo
dispuesto en el artículo 25 de la Carta, en el sentido de que "...toda persona tiene
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.", las cuales no se dan en un
régimen que establece similares obligaciones para unos y otros profesores, pero
restringe los derechos y prerrogativas de los ocasionales, vulnerando la dignidad de
dichos docentes, que se ven privados del derecho al descanso remunerado, a las
primas de servicios y de maternidad, a la cesantía, que precisamente pretende
proteger al trabajador en los lapsos en que éste se encuentre desempleado, entre
otros, además de ser excluido de los programas de capacitación y mejoramiento
profesional.

(…)

No se encuentra fundamento constitucional que justifique la negación expresa que
hace la disposición demandada, del derecho que tienen los profesores ocasionales, en
tanto trabajadores al servicio del Estado, al reconocimiento, obviamente proporcional,
de las prestaciones sociales que consagra la legislación laboral, mucho menos, cuando
ellas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la C.N. constituyen
beneficios mínimos irrenunciables:

22
Sentencia C-006 de 1996, Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz

16

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La regulación anterior aplicable a los Instructores del SENA, establece que dicha
entidad tiene como función permanente impartir formación laboral y profesional
certificando a los estudiantes que cursan los programas y cursos que imparte; define la
educación como todos aquellos procesos especializados tendientes a la obtención de
certificados, títulos o grados; e indica que el cargo de Instructor coordina y ejecuta
actividades académicas.

Conforme con la normativa citada, la función prestada por el SENA a través de los
Instructores se orienta a una formación integral, profesional y laboral certificando
a sus estudiantes, o sea, que por estas características y su naturaleza se clasifica
dentro de un sistema de educación no formal. No puede ser otra su categoría pues no
hace parte de los niveles propios de educación formal establecidos en el artículo 11 de
la Ley 115 de 1994 (preescolar, educación básica y educación media) ni se cataloga
dentro de la definición de educación informal, regulándose en lo concerniente por las
normas generales del Servicio Público de Educación». [se resalta].

34. En efecto, en la medida en que esta entidad ejecuta una actividad
académica, debe ajustar el contenido de los programas y títulos que otorga a lo
dispuesto en la normativa aplicable, por expresa disposición del numeral 6 del
artículo 4 de la citada Ley 11923. Es decir que el contenido de los programas que
ofrece el Sena está sometido al régimen académico previsto en la Ley 30 de
199224. Así lo concluyó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado25, que sobre su naturaleza, misión y funciones precisó:

«La formación profesional integral como objetivo y función principal del SENA es
reiterada en los artículos 3 y 4 de esa ley. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 4
permite al SENA adelantar “programas de formación tecnológica y técnica profesional,
en los términos previstos en las disposiciones legales respectivas”.

Integrando la ley 119 de 1994 con lo expuesto en el artículo 137 de la ley 30 de 1992,
es posible distinguir tres situaciones:

i) En cuanto a la formación profesional integral y otros servicios de capacitación
a los trabajadores, aspectos que conforman su misión esencial desde que fue creado
en 1957, se aplicarán las normas especiales de la ley 119 de 1994.

ii) En su funcionamiento se regirá por las normas especiales que le son propias,

23
artículo 4o. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las
siguientes:
[…]
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos
en las disposiciones legales respectivas. […]”. (se resalta).
24
“Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”
25
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2026 del 16 de septiembre de
2010, radicado 11001-03-06-000-2010-00089- 00, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.

17

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lo cual es concordante con la ley 30 de 1992, y,

iii) En cuanto desarrolle programas de educación superior, el régimen académico
de esa actividad será el de la ley 30 de 1992, y las normas que la modifiquen o
reformen.

Esto último significa que en desarrollo de esa actividad académica, según se ha
explicado, el SENA deberá ajustar el contenido de los programas y títulos que
otorga a lo dispuesto en las normas que regulan la educación superior, esto es,
la ley 30 de 1992 y las que la adicionen, modifiquen o reformen, como es el caso
de la ley 749 de 2002.

Advierte la Sala que la autorización dada al SENA para ofrecer programas en la
modalidad de formación tecnológica y técnica profesional, no la convierte o transforma
en institución de educación superior, por la sencilla razón que su régimen jurídico
definido por ley ha establecido sin asomo de duda su naturaleza jurídica y misión
específica encomendada y, por tanto, no puede tener esa condición. A ello debe
agregarse que nunca ha sido considerada como institución de educación superior por
las normas que rigen ese servicio

De esta manera lo dispuesto en la ley 119 en el sentido de autorizar al SENA para
ofrecer programas de educación superior en la modalidad de formación
tecnológica y técnica profesional, resulta compatible con lo establecido en las leyes
30 y 749 sobre el régimen académico aplicable al SENA respecto de tales programas, y
con la naturaleza jurídica, misión y objetivos de esa entidad previstos en la ley 119, sin
que ello signifique que el SENA deba cumplir con todos los requerimientos y exigencias
de una institución de educación superior, comoquiera que, se insiste, su naturaleza,
misión, organización y funcionamiento no corresponde a ese tipo de entidades.[…]» [se
resalta].

35. De esta manera el Consejo de Estado26 ha reconocido que la función
prestada por el Sena a través de los instructores se orienta a una formación
integral, profesional y laboral, dentro de un sistema de educación no formal. Sin
embargo, tal clasificación no desconoce su calidad de labor educativa, es decir,
de docencia.

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 10
de septiembre de 2014, expediente identificado con número único de radicación 20001 23 31 000
2011 00503 01, M.P. Alfonso Vargas Rincón y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 27 de febrero de 2014, expediente identificado con
número único de radicación 20001 23 31 000 2011 00312 01, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

18

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36. Con todo, esta corporación ha resaltado la libertad del juez a efectos de
determinar la existencia de una relación laboral encubierta en los casos en los
que los instructores se vincularon al Sena a través de contratos de prestación de
servicios. En efecto, a través de sus diferentes subsecciones ha exigido la
comprobación de todos los elementos que sirven para determinar sobre la
existencia de dicha relación a efectos de declararla27. En específico, sobre la
subordinación ha exigido que obren «elementos de convicción, acerca de las
actividades ejecutadas»28 pues, aunque se haya señalado que estas hacen parte
las funciones propias de la entidad, «tal situación no evidencia una relación de
sujeción directa frente a la prestación del servicio», puesto que puede coincidir con
el estricto cumplimiento del objeto contractual. De esta manera, ha privilegiado
un análisis del material probatorio «bajo las reglas de la sana crítica»29 a fin de
establecer la configuración o no del elemento de la subordinación continuada.

2.3. Caso concreto

37. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

2.3.1. Documentales

38. Se aportaron los siguientes documentos:

38.1. En el periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 2011 y el 30 de
diciembre de 2020, Ángela Carolina Cañas Restrepo estuvo vinculada con el
Sena, mediante los siguientes contratos y órdenes de prestación de servicios30:

Fecha de Fecha de
Modalidad Duración Objeto
inicio terminación

27
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del i) 27 de abril de 2016, radicado 66001-23-
31-000-2012-00241-01(2525-14); ii) 15 de mayo de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00123-
01 (3257-16); iii) 28 de noviembre de 2018, radicado 17001-23-33-000-2014-00282-01 (2093-16);
iv) 19 de julio de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00010-01 (3928-15); v) 25 de noviembre
de 2021, radicado 66001-23-33-000-2017-00317-01(2118-20); entre otros.
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de marzo de 2021;
radicado 18001-23-33-000-2016-00214-01(0008-19), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2020;
25000-23-42-000-2016-02481-01(5519-18), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
30
La información consignada en el cuadro, también se funda en las certificaciones expedidas el 7
de diciembre de 2018 y el 27 de enero de 2021, por la subdirectora del Sena, respectivamente, y el
plazo señalado en los contratos de prestación de servicios, sus prórrogas, adiciones y
certificaciones allegados al plenario.

19

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Demandante: Ángela Carolina Cañas Restrepo

Prestación de servicios de carácter
temporal por horas para atender
26 de 16 de procesos de formación en el área de
2 meses y
0423 septiembre diciembre de contables y financieras programa de
21 días
de 2011 2011 formación virtual pertenecientes al
Centro de Comercio y Servicios de la
regional Risaralda
Prestación de servicios de persona
natural, de carácter temporal para
3 de febrero 2 de julio de desarrollar la formación profesional
0332 5 meses
de 2012 2012 integral en todas modalidades de
formación y evaluación de competencias
laborales
Prestar los servicios profesionales para
8 de atender todas las modalidades de los
9 de julio de
0827 diciembre e 5 meses programas de formación profesional
2012
2012 integral del Centro de Comercio y
Servicios de la Regional Risaralda
Prestación de servicios de personas
17 de naturales de carácter temporal para
23 de enero 10 meses atender todas las modalidades en los
31831 diciembre de
de 2013 y 25 días programas de formación profesional
2013 integral del Centro de Comercio y
Servicios de la Regional Risaralda
Prestar los servicios de carácter temporal
13 de como instructor en los programas de
21 de enero 10 meses formación profesional integral en el nivel
029132 diciembre de
de 2014 y 23 días y modalidad que le sea asignadas en el
2014 Centro de Comercio y Servicios de la
Regional Risaralda
Prestar los servicios de carácter temporal
18 de como instructor en los programas de
28 de enero 10 meses formación profesional integral en el nivel
47733 diciembre de
de 2015 y 21 días y modalidad que le sea asignadas en el
2015 Centro de Comercio y Servicios de la
Regional Risaralda
Prestar los servicios de carácter temporal
7 de como instructor en los programas de
1° de febrero 10 meses formación profesional integral en el nivel
14334 diciembre de
de 2016 y 7 días y modalidad que le sea asignadas en el
2016 Centro de Comercio y Servicios de la
Regional Risaralda
Prestar servicios personales de carácter
9 de 30 de temporal como instructor o tutor virtual en
los programas de formación profesional
115335 diciembre de diciembre de 19 días
integral en el nivel y modalidad que sea
2016 2016 asignada en el Centro de Comercio y
Servicios de la Regional

31
Samai, índice 14, 15RECIBEMEMORIAL_66001233300020210013(.zip) NroActua 14,
66001233300020210013400AngelaCañas, 02PodereYAnexos.pdf, folios 19 al 24.
32
Ibidem, folios 25 al 30.
33
Ibidem, folios 31 al 36.
34
Ibidem, folios 37 al 42.
35
Ibidem, folios 43 al 47.

20

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00134-01 (3795-2023)
Demandante: Ángela Carolina Cañas Restrepo

Prestar servicios personales de carácter
temporal como instructor o tutor virtual en
7 de
23 de enero 10 meses los programas de formación integral en el
14736 diciembre de
de 2017 y 15 días nivel y modalidad que le sea asignada en
2017
el Centro de Comercio y Servicios de la
Regional Risaralda
Prestar servicios personales de carácter
7 de temporal como instructor o tutor virtual en
29 de enero 10 meses los programas de formación integral en el
32137 diciembre de
de 2018 y 10 días nivel y modalidad que le sea asignada en
2018 el Centro de Comercio y Servicios de la
Regional Risaralda
Prestar servicios profesionales de
carácter temporal para apoyar las
27 de actividades de supervisión y seguimiento
28 de enero
11538 diciembre de 11 meses en las etapas de ejecución y finalización
de 2019
2019 de contratos de los instructores del
centro de diseño e innovación
tecnológica industrial.
Prestar servicios profesionales de
carácter temporal para apoyar las
30 de actividades de supervisión y seguimiento
CO1.PCCNT 24 de enero 11 meses
diciembre de en las etapas de ejecución y finalización
R.130564939 de 2020 y 8 días
2020 de contratos de los instructores del
centro de diseño e innovación
tecnológica industrial.

38.2. El 16 de febrero de 2021, Ángela Carolina Cañas Restrepo solicitó al Sena el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral y el pago de todas las
prestaciones sociales y salariales, a su juicio adeudadas por los servicios
prestados allí40.

38.3. El 25 de febrero de 2021, mediante Oficio 92021001701 N.I.S. 2021-01-
063736, el director Regional Sena, Risaralda respondió de forma negativa a la
solicitud anterior. Para tal efecto argumentó que fue vinculada en calidad de
instructora contratista, y entre uno y otro contrato hubo solución de continuidad «lo
que indica que no prestó sus servicios de manera continua y permanente». Su
contratación fue acorde con lo regulado en la Ley 80 de 1993 para desarrollar
actividades que no podían ser cubiertas por el personal de planta, sin
subordinación o dependencia alguna. Así pues, las órdenes de trabajo y los
contratos fueron suscritos en el régimen general de contratación estatal y, por lo
tanto, no tiene derecho al pago de las prestaciones sociales reclamadas, además,
se le pagaron los honorarios pactados sin que le fuera permitido reconocer valor
adicional o que excediera lo convenido41.

36
Ibidem, folios 48 al 53.
37
Ibidem, folios 56 al 61.
38
Ibidem, folios 62 al 67.
39
Ibidem, folios 71 al 73.
40
Ibidem, folios 71 al 73.
41
Ibidem, folios 13 al 15.

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38.4. Oficio
66-9-2022-008243 N.I.S 2022-01-324435 del 19 de septiembre de
2022, mediante el cual el director general del Sena precisó que «el periodo de las
vacaciones colectivas para instructores son 15 días hábiles iniciando en la tercera
semana de diciembre» 42 (sic).

38.5. Al expediente también fueron allegados el acta de grado y certificados de
estudios realizados por la demandante43.

2.3.2. Testimoniales

39. En la audiencia de pruebas celebrada el 26 de octubre de 202244, fueron oídos
los testimonios de Alexander Giraldo Román, Jailer Alberto Hernández Otálvaro y
Diana María Quiroz Parra, instructores del Sena y los cuales compartieron sitio de
trabajo con la demandante. Al respecto señalaron lo siguiente:

39.1. Alexander Giraldo Román es asesor de empresas, especialista en
seguridad y trabajado en salud de profesión y entre el 2002 y el 2015 prestó sus
servicios a la regional del Sena Risaralda, entidad en la que conoció a la
demandante porque fueron compañeros de trabajo, compartieron grupos de
formación y espacios. Ella era instructora del área de contabilidad y en el ejercicio
de sus funciones seguía instrucciones y órdenes del coordinador académico
Guillermo González, en su momento.

39.1.1. Los
instructores contratistas manejan diferente vinculación, lo hacen por
contrato para hacer la labor de formación en los diferentes lugares donde los
designe el jefe inmediato.

39.1.2. Ángela Carolina Cañas Restrepo era instructora y manejaba la formación en
la parte de contabilidad; ingresó al Sena «más o menos desde 2012».

39.1.3. En el departamento de Risaralda el Sena tiene 3 sedes de las cuales 2 de
ellas están ubicadas en Pereira y la otra en Dosquebradas.

39.1.4. Los horarios los asignan de acuerdo con la necesidad del medio, en la

42
Samai, índice 14, 15RECIBEMEMORIAL_66001233300020210013(.zip) NroActua 14,
66001233300020210013400AngelaCañas, 23RespuestaPruebaSena.pdf.
43
Samai, índice 14, 15RECIBEMEMORIAL_66001233300020210013(.zip) NroActua 14,
66001233300020210013400AngelaCañas, 03Pruebas.pdf.
44
Samai del tribunal, índice 33,
https://sistemagrabaciones.ramajudicial.gov.co/shareProcess/664503a2-2036-4fe7-a54c-
6a41b0f37d62.

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mañana, tarde o noche; el responsable directo de la programación es el
coordinador académico y se trabaja en tiempo laboral de 8 a 12 o de 2 a 6,
dependiendo de la demanda, al igual que los de planta. En ocasiones, el servicio
debía prestarse en los sábados, aunque normalmente solo se hacía hasta el
viernes.

39.1.5. El
contratista debía completar un mínimo de 160 horas mensuales de
enseñanza, si no se completaban, el supervisor le indicaba que debía cumplirlas,
so pena de descuento.

39.1.6. La demandante ejerció las labores propias del contrato, el objeto principal del
instructor que era impartir formación en los programas que asignaba la entidad en
la sede directa, a grupos asignados en franjas que corresponden a unos horarios
determinados.

39.1.7. Hasta el año 2011, los instructores de la Regional se vincularon a través de
la cooperativa de trabajo asociado Cootraser, posteriormente, en cumplimiento de
una directriz del orden nacional, todos pasaron a vincularse por medio de
contratos de prestación de servicios; sin diferencia con los instructores de planta.

39.1.8. El calendario del Sena para un empleado de planta es de enero a diciembre,
se tiene un periodo de vacaciones y arrancan nuevamente en enero; para los
contratistas terminan contrato en diciembre y arrancan por ahí en enero principios
de febrero y van hasta el mes de noviembre o principios de diciembre.

39.1.9. Tanto para los empleados vinculados de planta como para los contratistas el
coordinador les establecía los horarios, les asignaba los elementos de trabajo y les
impartía instrucciones relacionadas con los servicios contratados. Además,
estaban sometidos al reglamento de la institución, el cual estaba dirigido para los
contratistas, los aprendices y el personal administrativo.

39.1.10. Para ausentarse de las obligaciones de impartir formación hay un conducto
regular, en primera instancia está el correo y en segunda personalmente el
trabajador se lo comunica al coordinador académico, esto aplica para todos los
instructores, los de planta y contratistas; sin embargo, dichos permisos eran
difíciles porque no se podía dejar a un grupo sin clase.

39.1.11. Comoquiera que, posterior a su retiro de la entidad, tuvo una amistad con el
esposo de la demandante, le consta que durante los últimos años ella realizó
labores de interventoría contractual.

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39.1.12. El cumplimiento de las labores de instructor no se podía delegar en otra
persona, toda vez que son contratados por la entidad de acuerdo con su perfil.

39.1.13. Instructores contratistas y los de planta siempre debían identificarse con un
carné y una bata asignados por el Sena.

39.2. Jailer Alberto Hernández Otálvaro es contador público de profesión y
actualmente ejerce como docente universitario. Entre 2009 y 2012 fungió como
instructor virtual del Sena. Conoce a Ángela Carolina Cañas Restrepo porque fue
su compañera en el área de contabilidad del Sena.

39.2.1. En el periodo en que prestó sus servicios al Sena debían asistir a reuniones
presenciales en las cuales compartió con la demandante. El líder del modelo
virtual de enseñanza era William García, quien les impartía órdenes e
instrucciones relacionadas con las áreas y temas de formación.

39.2.2. La institución contrataba los servicios de profesionales ante la carencia de
instructores de planta que atendieran los diferentes grupos de formación o las
necesidades de la institución.

39.2.3. El informe para el pago se sustentaba en el número de horas de formación
virtual equivalente a una jornada laboral.

39.2.4. La vinculación era como instructor contratista, no como provisional ni de
planta, pero cumplía iguales funciones que aquellos por cuanto se guiaban por un
programa de formación que contiene las competencias y los resultados exigibles a
todos los instructores, porque la parte misional del Sena es la formación integral.

39.2.5. Los horarios eran de estricto cumplimiento y nadie podía modificarlo excepto
la coordinación.

39.2.6. En la época en la que estuvo trabajando con el Sena, los contratistas debían
acreditar un total de 192 horas mensuales de formación.

39.2.7. El «hacer docente se hacia a través de plataformas» virtuales suministradas por
el Sena, tales como «Sofía Plus», previa capacitación por la institución.

39.2.8. El cumplimiento de las funciones no podía delegarse en otra persona porque
la labor contratada era directa y personal.

39.2.9. Muchos de sus compañeros continuaron contratados con la institución, pero

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desconoce ella con qué labor puntal continuó.

39.2.10. Con ella coincidió en los procesos de capacitación y reuniones masivas
porque como tutores virtuales realizaban su enseñanza de forma privada. El Sena
tiene la modalidad virtual y presencial.

39.3. Diana María Quiroz Parra es contadora pública de profesión y actualmente
labora como docente de un colegio. Entre 2016 y 2018 trabajó con la demandante
en un programa del Sena llamado «articulación con la media», el cual está enfocado
en que los bachilleres ingresen a capacitarse con la entidad.

39.4. Fueron vinculadas mediante contratos de prestación de servicios y durante su
ejecución debían seguir las instrucciones del coordinador académico o líder
(César Augusto Cano y Diana Marcela), además, tenían que presentar informes
relacionados con el objeto y con cada una de las obligaciones contractuales. Dicho
informe se usaba como seguimiento al trabajo y para proceder con el pago de
honorarios.

39.4.1. Todos los instructores, independiente del tipo de vinculación, debían «dictar
las clases en varias instituciones educativas, atendiendo el programa de articulación con
la media».

39.4.2. Losinstructores del programa debían reunirse todos los viernes para
compartir sobre la prestación del servicio.

39.4.3. El acceso al Centro de formación era con el carné.

39.4.4. Para
ausentarse debía solicitar el permiso al coordinador del centro de
formación y enviar excusa médica e incapacidad.

39.4.5. Como instructores debían cumplir un mínimo de 8 horas diarias laborales.

39.4.6. El pago de honorarios era de acuerdo con las horas que se reportaban, las
cuales se registraban en aplicativo Sofía plus, se verificaba que las reportara y las
ejecutara y de ahí se le reconocía los honorarios.

39.4.7. Algunas de las obligaciones del contratista eran dar formación a los
aprendices, asesorarlos, darles inducción, evaluarlos, subir los juicios evaluativos,
participar en los comités de evaluación, también realizar sus aportes a la
seguridad social y trabajar con autonomía e independencia. El Sena es una
institución educativa y las obligaciones antes relacionadas hacen parte de su labor
misional.

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2.4. Análisis sustancial del caso concreto

2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral

40. Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si en el sub judice se
acreditaron los elementos que permiten configurar una relación laboral entre
Ángela Carolina Cañas Restrepo y el Sena.

2.4.1.1. Prestación personal del servicio

41. De acuerdo con los elementos de prueba que obran en el expediente, se
advierte que Ángela Carolina Cañas Restrepo suscribió contratos de «prestación de
servicios personales» como instructora en procesos de formación integral del Centro
de Comercio de la Regional Risaralda, entre el 26 de septiembre de 2011 y el 7 de
noviembre de 2018, tal y como se advierte en el clausulado de los contratos y en
el certificado expedido por la entidad.

42. Asimismo, se tiene que entre el 28 de enero de 2019 y el 30 de diciembre de
2020, la demandante prestó sus servicios para el apoyo de las actividades de
supervisión y seguimiento en las etapas de ejecución y finalización de contratos de
instructores, vinculada por medio de contratos de prestación de servicios.

43. En efecto, de dichos contratos y de los testimonios se advierte que
efectivamente la demandante fue contratada por el Sena para prestar «servicios
personales» como instructora y de «apoyo a las actividades de supervisión» y sus
obligaciones contractuales las realizaba afines a su profesión y a sus
competencias como capacitadora y formadora, en atención a su experiencia
laboral y conocimientos específicos; sin posibilidad de que otra persona pudiera
cumplir con esta labor, como se extrae de la cláusula de cesión incluida en todos
los contratos en la que se manifestó que el contratista no podría cederlos total o
parcialmente sin autorización previa y expresa del contratista, lo que no se probó o
alegó que hubiese ocurrido; de lo que se sigue que era ella y no otra persona
quien debía ejecutar las obligaciones pactadas, independientemente que las haya
realizado de manera presencial o virtual. Así las cosas, la prestación personal del
servicio se encuentra acreditada.

2.4.1.2. Remuneración

44. Ángela Carolina Cañas Restrepo recibió una remuneración por el trabajo
realizado, tal y como se evidencia en los contratos de prestación de servicios que

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suscribió, en los que se advierte que se estipuló el valor y la forma de pago, lo que
se entiende como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado,
independientemente de su denominación (honorarios o salario).

2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia

45. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y los
testimonios, se tiene que las funciones desempeñadas por la demandante no se
realizaron de forma autónoma e independiente, sino que estuvo sujeto a horarios,
instrucciones y órdenes que son de naturaleza subordinada pues atienden al
control de un superior (coordinadores o líderes de área) para ejecutar las
obligaciones contractuales, por lo que existe una sujeción de ella hacia la entidad
demandada y, en tal sentido, esta contaba en todo momento con la posibilidad de
disponer de su servicio, y aquella, a su vez, tenía la obligación correlativa de
obedecerle, lo que evidencia el ejercicio del ius variandi por parte del Sena.

46. Precisamente los testimonios de quienes en algunos lapsos fungieron como
compañeros de trabajo de la demandante y el contenido de los contratos dan
cuenta que el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar,
inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que la trabajadora
desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia,
pues Ángela Carolina Cañas Restrepo en ejercicio de sus funciones cumplía con
un horario y seguía órdenes e instrucciones de los jefes inmediatos. Además, que
las labores desarrolladas debían realizarse de forma continua, no podía
ausentarse libremente de su lugar de trabajo sin previa autorización del
coordinador.

47. En este punto, la Sala precisa que, tal y como lo afirmaron los testigos la
demandante prestó sus servicios de manera personal para el Sena y que la
contratación de sus servicios profesionales se realizaba ante la carencia de
personal de planta que atendieran los diferentes grupos de formación y la oferta
educativa; además, por su perfil profesional, tal como quedó establecido en el
acápite anterior.

48. De la valoración en conjunto de los testimonios también se advierte que los
horarios de los cursos de formación eran asignados por el coordinador académico;
que se guiaba por un programa de formación que contenía las competencias y los
resultados exigibles a todos los instructores tanto de planta como contratistas; que
las estructuras de los programas eran iguales; que cada programa de formación
tenía unos contenidos preestablecidos por la institución y diseños curriculares
específicos para cada área; que la coordinación académica era la encargada de

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informar al instructor el grupo, población o comunidad a la que le iba a impartir la
formación, la cual se desarrollaba en las instalaciones del Sena con algunos
insumos suministrados por esta; que debía participar de los comités; y que en
caso de no poder asistir a impartir la formación, en comunicación con el
coordinador, se debía acordar el tiempo para hacerlo.

49. Además, que de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato, debía
cumplir con funciones como dar formación a los aprendices, asesorarlos, darles
inducción, evaluarlos, subir los juicios evaluativos, participar en los comités de
evaluación y, de acuerdo con lo señalado por los testigos, al ser el Sena una
institución educativa las obligaciones que cumplía la demandante hacían parte de
la labor misional de la institución.

50. Así pues, las manifestaciones realizadas en la audiencia de pruebas dejan ver
que la actividad desplegada por Ángela Carolina Cañas restrepo se realizó de
conformidad con las orientaciones emanadas del centro educativo, y no bajo su
propia dirección y gobierno.

51. Por todo lo anterior, resulta evidente que el empleador impuso las condiciones
de tiempo, modo y lugar para que la trabajadora desarrollara sus labores, sin que
le hubiere asistido ningún tipo de independencia o autonomía, pues le impartía las
directrices y lineamientos del modelo pedagógico, preestablecía las competencias
y el diseño curricular de los programas de formación, la citaban a reuniones
periódicas y le señalaba el lugar (sede) y la modalidad de trabajo (virtual o
presencial).

52. Aunado a que, por la misión encomendada al Sena se imparte una formación
integral que atiende a los programas curriculares ofertados y a las políticas
institucionales, el material de formación debe atender a estos parámetros, y en
efecto, se advierte que en la ejecución de sus actividades recibió elementos de
trabajo e insumos por parte de la entidad, e incluso las desarrolló en sus
instalaciones.

53. Esto se advierte también luego de contrastado el objeto, las obligaciones y las
funciones que se establecieron en los contratos de prestación de servicios
suscritos entre los extremos procesales. Si bien es cierto los objetos contractuales
no se redactaron en iguales términos, lo cierto es que todos están guiados a
contratar a la demandante como instructora para impartir formación en áreas
afines con temas contables y de «apoyo a las actividades de supervisión»,
independientemente de los términos usados.

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54. Ahora, en lo que respecta a las labores de apoyo a las actividades de
supervisión y seguimiento en las etapas de ejecución y finalización de contratos de
instructores, para la Sala es evidente que la labor contratada era de carácter
permanente, pues en ejercicio de esa labor atendió las políticas institucionales del
Sena y desarrolló las labores necesarias para el cumplimiento de sus propósitos,
las cuales están encaminadas a formar para el trabajo y con ello generar unidades
productivas para el desarrollo emprendedor y empresarial de las comunidades, por
lo que, para tal efecto se requirió de las actividades ejecutadas en el área contable
y administrativa de la entidad. Además, comoquiera que en el ejercicio de sus
funciones realizaba labores de apoyo en la revisión de «los informes de ejecución, de
las planillas de pago de los contratistas y de la revisión hecha por el supervisor respecto
al número de horas reportadas por los instructores», lo que se traduce en la ausencia
de libertad o autonomía en el desarrollo de la labor.

55. Aunado a lo expuesto, lo cierto es que la labor de supervisión y seguimiento de
las etapas de ejecución y finalización de contratos que suscribe una entidad
estatal resulta necesaria y permanente, no ocasional, justamente por la posibilidad
con que cuentan estas entidades para celebrar contratos los que, a la luz de las
disposiciones de la Ley 80 de 1993 deben ser supervisados, esto se traduce en un
imperativo para las entidades que hacen uso de esos instrumentos jurídicos; de
manera que no puede considerarse como una labor ocasional que permitiera la
contratación por prestación de servicios.

56. Así, si bien el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece la posibilidad de
celebrar contratos de prestación de servicios con la finalidad de que se apoye la
actividad de supervisión a cargo de una entidad, lo cierto es que cuando esa labor
se desarrolla sin autonomía o independencia, desnaturaliza esa modalidad
contractual y abre paso a una laboral; tal y como se evidenció en el presente
asunto, pues en el desarrollo de sus funciones debía «[b]rindar apoyo a la
coordinación académica frente a la estructuración y ejecución del plan de contratación de
instructores del centro de formación. 8) Garantizar el soporte en aspectos técnicos y
pedagógicos a los instructores contratistas (…) 12) Participar en el cumplimiento de las
diferentes actividades del SIGA, principalmente en las capacitaciones que los sistemas
del SIGA orienta y con los demás lineamientos establecidos, bien sea para el
sostenimiento de la certificación de la NTC ISO 9001, como también para las actividades
de implementación de la NTC ISO 14001 (…) Cumplir con las normas, reglamentos e
instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo del Sena,
según la normatividad vigente (…) El contratista se obliga a no subcontratar las
actividades propias del objeto contractual (…) 17) Desplazarse dentro y fuera del
territorio nacional en caso de que se requiera para el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales y legalizar ordenes de viaje de acuerdo con los términos
y lineamientos del Sena (…) Realizar la recepción, revisión y tramites de los informes de
ejecución y de las planillas de pago de los contratos de los instructores. -. Realizar visita

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de acuerdo a la programación realizada con el supervisor del contrato a las diferentes
sedes donde se imparta formación por parte del Centro, con el fin de verificar las
actividades programadas a los contratistas instructores en ejecución de las obligaciones
contractuales. -. Consolidar los planes de trabajo en compañía de los coordinadores
académicos e instructores contratistas para la ejecución de los contratos» (sic). [Se
resalta]

57. De lo anterior, se advierte que el Sena hizo uso del ius variandi pues, entre
otras, mantuvo a su arbitrio la posibilidad de alterar el lugar o sitio de trabajo de la
demandante y, por ende, su jornada laboral, además la obligó a participar en el
cumplimiento de actividades orientadas para el logro de los objetivos de la entidad
y su labor debía estar acorde con una programación previamente realizada por el
supervisor.

58. Con todo, en lo relativo a la prestación de los servicios en la modalidad virtual,
la Sala resalta que, si bien dicha modalidad surgió con el fin de eliminar aquellas
barreras de tiempo y geográficas para impartir conocimientos y desarrollar
habilidades en el panorama educativo y laboral, también es cierto que, en todo
caso la flexibilidad que permite a los estudiantes acceder a este tipo de programas
desde cualquier ubicación y adaptada a los horarios de estudio, no implica que los
capacitadores no deben seguir los lineamientos del modelo pedagógico y
principios de la institución para el cumplimiento de su objeto misional.

59. Así, Ángela Carolina Cañas Restrepo prestó sus servicios al Sena como
instructora en las áreas contables (del 26 de septiembre de 2011 al 7 de
noviembre de 2018) y en el grupo de apoyo a la supervisión contractual del Centro
de Comercio Regional Risaralda (del 28 de enero de 2019 al 30 de diciembre de
2020), esto es por alrededor de 9 años, en consideración a su formación y
experiencia en la entidad, de lo que se advierte, además, la carencia de
transitoriedad o excepcionalidad de la contratación, sin que por haberse
presentado interrupciones entre los contratos se pueda llegar a la conclusión de
una falta de ánimo de permanencia.

60. En este punto, la Sala precisa que contrario a lo manifestado por el a quo, los
testimonios recepcionados, fueron precisos respecto de la forma de vinculación y
ejecución de los contratos celebrados por la demandante, y además coincide con
las documentales allegadas al plenario que dan cuenta del ejercicio del ius
variandi por parte del Sena sobre la labor desarrollada por aquella.

61. Esto se advierte luego de contrastado el objeto, las obligaciones y las funciones
que se establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos entre los
extremos procesales, en virtud de los cuales la Sala encuentra que las actividades

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exigidas para su ejecución necesariamente requerían de dependencia y
subordinación, siendo incuestionable el ánimo de la entidad contratante de
emplear de modo permanente y continuo los servicios de la demandante, pues de
acuerdo con el lapso por el cual fue contratada, es evidente que sus funciones no
fueron temporales, ni que se pretendiera simplemente suplir algunas funciones
que no pudiese realizar un funcionario de planta.

62. Lo expuesto se funda en que durante los periodos de ejecución de los contratos
celebrados con la entidad demandada, se comprometió a cumplir, entre otras, con
las siguientes obligaciones: «[a]delantar todas las gestiones necesarias para la
ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad, y de acuerdo a las
especificaciones exigidas por el Sena; 2) Ejecutar el contrato con autonomía e
independencia desde el punto de vista técnico y científico, sin perjuicio del
cumplimiento que se debe dar al pensum y los contenidos mínimos de los
programas de formación, el calendario académico, la programación de clases, las
estrategias para evitar la deserción, el lugar los fines y objetivos misionales, las
normas y directrices del Sena. Para ello aplicará las herramientas pedagógicas, criterios
de evaluación, asignación de calificaciones, entre otros aspectos que considere
necesarios, conducentes y pertinentes para garantizar la transferencia de sus
conocimientos y la adquisición de competencias por parte de los aprendices,
coherentemente con la filosofía de la institución. 3) Vigilar y salvaguardar los bienes y
valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y
racionalmente, para los fines que les fueron entregados de conformidad con el
objeto del contrato suscrito. 4) Desarrollar las actividades adicionales que como
instructor se requieran para la ejecución del contrato: El contratista se compromete a
ajustarse a las políticas de comunicación del Sena y aplicación de las TIC (Manejar los
sitios web oficiales, utilizar correctamente los correos electrónicos, revisarlos
periódicamente y contestar requerimientos, velar por la correcta utilización de la imagen
institucional, reportar al área de comunicaciones regional los eventos o actividades a
realizar que requieran divulgación y participar activamente en la reuniones citadas por
el Centro (…) 5) Avisar al Sena dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del
hecho o circunstancia que pueda incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato
o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del Sena. 6) Avisar al Centro dentro
del día hábil siguiente a conocida la existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad
sobreviniente. 7) Cumplir cabalmente con los deberes que le impone la Constitución, la
ley y los reglamentos internos, los cuales deberá conocer sin que por ello adquiera la
calidad de empleado público o trabajador oficial del Sena. 8) Permanecer identificado
con su carné dentro de las instalaciones del Sena y dictar las clases con el delantal
u overol que le hayan sido asignados por la subdirección del Centro. 9) Deberá
promover entre sus aprendices y velar por el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial. 10) Mantener actualizados los pagos correspondientes a entidades promotoras
de salud, fondo de pensiones y administradora de riesgos profesionales (…) 11) Efectuar
y demostrar el oportuno y correcto registro de aprendices, evaluaciones y demás
novedades de los aprendices y programas de formación bajo su responsabilidad,

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en los aplicativos con los que cuenta el Sena para tal fin, así como diligenciar y
presentar oportunamente y correctamente los formatos del sistema de mejora
continua institucional, de acuerdo a las disposiciones normativas y directrices
internas que regulen estos aspectos. Esta obligación será requisito para pago. 12)
Participar activamente, impulsar, acompañar y estimular a los aprendices en los procesos
de formación, elaboración, ejecución y seguimiento de los proyectos de aprendizaje. 13)
Conformar equipos de desarrollo curricular interdisciplinarios por programa o conjunto de
programas por redes tecnológicas, para garantizar integridad en la formulación de los
proyectos formativos, el diseño de actividades de aprendizaje, el diseño de talleres e
ítems que alimentaran los bancos de pruebas para la selección de aprendices, entre
otras. 14) Participar en la programación y ejecución del proceso de inducción de
aprendices de formación titulada y el reconocimiento de aprendizajes previos siempre y
cuando cumpla con el objeto contractual de ejecutar acciones de formación diferentes a la
inducción. 15) Reportar en el sistema Sofia Plus en un plazo máximo de 3 días todas las
actividades que de acuerdo con los procesos que son de su responsabilidad,
garantizando la calidad de la información y su coherencia con el proceso formativo (…)
16) El coordinador académico del centro podrá designarlo como gestor de
proyectos para apoyar la programación y seguimiento de la formación por proyecto
o conjunto de proyectos por redes tecnológicas que garantices la integridad en la
ejecución de los procesos de aprendizaje. 17) Subir al aplicativo el o los proyectos
formativos. 18) Coordinar actividades que contribuyan al desarrollo integral de los
aprendices y que se encuentren en el plan de bienestar de los mismos. 19) Atender
oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar
informes mensuales de la ejecución del contrato (…) 1) Apoyar en la supervisión de la
ejecución y seguimiento de los contratos suscritos en el Centro (…) 2) Apoyar en la
recepción y revisión de los informes de ejecución y de las planillas de pago de los
contratistas. 3) Verificar que la revisión hecha por el supervisor respecto al número de
horas reportadas por los instructores, estén de acuerdo con las políticas institucionales.
(…) participar en el cumplimiento de las diferentes actividades del SIGA,
principalmente en las capacitaciones que los subsistemas del SIGA orienta y con
los demás lineamientos establecidos, bien se para el sostenimiento de la
certificación de la NTC ISO9001, como también para las actividades de
implementación de la NTC ISO 14001 (…) de acuerdo con el principio de coordinación,
el contratista deberá participar en las reuniones que sean convocadas relacionadas con la
ejecución del contrato. 13) Mantener actualizados los sistemas de información sobre los
cuales se le haya asignado usuario y contraseña durante la ejecución del contrato y
entregar al supervisor las evidencias del estado en que se encuentre, en los informes de
ejecución contractual parcial o final (…) 15) El contratista se obliga a no subcontratar
las actividades propias del objeto contractual (…) 17) Desplazarse dentro y fuera del
territorio nacional en caso que se requiera para el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales y legalizar las ordenes de viaje de acuerdo con los
términos y lineamientos del Sena una vez culminado el desplazamiento (…) » (sic). [Se
resalta].

63. Las anteriores obligaciones ponen en evidencia que no realizó sus labores en

32

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forma autónoma e independiente, pues estas tienen relación de correspondencia
con el ejercicio del poder subordinante por parte del empleador, en la medida en
que debía seguir las directrices de la entidad, ya fuera las contenidas en el
reglamento o las instrucciones entregadas por sus superiores [coordinador
académico], de acuerdo con los proyectos formativos, metodologías de
aprendizaje, programas curriculares vigentes, las guías y documentos definidos
por la institución y el calendario de formación del Sena, pues así se pactó en cada
uno de los contratos, lo que deja ver que la actividad desplegada por el
demandante se realizó de conformidad con las orientaciones emanadas del centro
educativo, se insiste, y no bajo su propia dirección y gobierno.

64. En esa medida, se advierte que la misión del Sena es la de «intervenir en el
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la
formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del
país»45, función que cumple en desarrollo de su actividad y que guarda similitud
con las labores desempeñadas por la demandante, es decir, ejecutó labores que
permitían el desarrollo del objeto misional de la entidad.

65. Lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de
instructor o formador al servicio del Sena, al tiempo que corrobora que no puede
dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto contractual,
puesto que se trata de funciones que atañen a la esencia y finalidad de la entidad.

66. Ahora, si bien es cierto que en la ejecución de un contrato de prestación de
servicios por su propia naturaleza se establece la supervisión de este, en virtud de
la coordinación de actividades entre las partes contractuales, tal y como lo señaló
la demandada, también lo es que, si tal coordinación desborda sus límites de
modo que no quede duda de que el desempeño de las obligaciones se realizó sin
autonomía e independencia, ello permitiría encontrar acreditada la subordinación
como elemento diferenciador de una verdadera relación laboral, como ocurrió en
este caso.

67. Se aclara entonces que la situación descrita en el sub judice no corresponde a
la que es propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de
las actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para
la ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las

45
Ley 119 de 1994, artículo 2.

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cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»46.

68. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador
hacia su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de
disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle.
En efecto, el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con
sus propios elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin
que a este respecto le asista ningún tipo de independencia»47.

69. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte de la demandante estaba sujeto a
medidas u órdenes del Sena, a saber: el cumplimiento de un esquema formativo,
la sujeción a directrices de los coordinadores o líderes de área de las que se
resalta el ejercicio del ius variandi al establecerle responsabilidades particulares
en cuanto a los programas de formación, la evaluación de los aprendices, y la
ejecución de actividades curriculares, el lugar y la modalidad de la formación, lo
que demuestra que la entidad, en su calidad de empleadora, contaba con la
posibilidad de disponer del trabajo de la demandante y lo que denota la existencia
de una indiscutible subordinación.

70. Ahora bien, la Sala echa de menos que pese a las disposiciones contenidas en
la Ley 909 de 2004, la entidad no haya dispuesto de la creación de plantas
temporales que atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio
formativo, por lo tanto, la ausencia de personal suficiente que ejecute las
obligaciones para las cuales fue contratada la demandante no es un argumento
que enerve las consideraciones expuestas en esta decisión, pues no justifica la
ausencia de planeación por parte de la entidad y desconoce que las labores
desarrolladas se ejercieron bajo la subordinación de la entidad.

71. De esta manera, la circunstancia de que, consciente y libremente, la
demandante haya aceptado las condiciones de contratación que le fueron
planteadas en el contrato de prestación de servicios resulta indiferente en una
situación como la expuesta pues «ni aún el consentimiento puede considerarse como
argumento válido para que el trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que la
ley prevé en su favor»48, tal y como lo señaló el artículo 53 de la Constitución
Política.

46
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
47
Ibidem.
48
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,
radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.

34

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72. Así las cosas, se encuentra demostrada la existencia de los elementos de la
relación laboral de acuerdo con los contratos de prestación de servicios, las
demás pruebas documentales allegadas y los testimonios practicados.

2.4.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio

73. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de
las prestaciones a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.

74. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación49 dispuso que:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días
hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad entre
contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya
una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con
los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se
presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que
inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles,
siempre y cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones
emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el

49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: sentencia de unificación de jurisprudencia
conforme al artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, Medio de control: Nulidad y restablecimiento del
derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), Demandante: Gloria Luz Manco
Quiroz.

35

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evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo
respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no
procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de
aquellos hubiesen podido generarse».

75. Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el
que la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30)
días hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia
del 9 de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir
que no hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para
efectos de la prescripción de derechos laborales».

76. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con
referencia SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, se establecieron las
siguientes subreglas:

«(…)

En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…)». (Se subraya).

77. Así las cosas, esta Sala reitera lo expuesto en precedencia, según lo cual
«(q)uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio
de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del
término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual»50.

50
Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.

36

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78. En consideración a lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la reclamación
en sede administrativa fue presentada ante la entidad demandada el 16 de
febrero de 2021, y que no existió interrupción entre los lapsos en que se declarará
la existencia de una relación laboral, esto es, entre el 26 de septiembre de 2011 y
el 30 de diciembre de 2020; y que cumplió con la exigencia de presentar la
reclamación administrativa dentro de los 3 años siguientes a la terminación de la
relación contractual, se advierte que no operó el fenómeno de la prescripción
extintiva del derecho. Lo anterior se advierte en el siguiente recuento.

Interrupción en días
Contrato Fecha inicio Fecha terminación
hábiles
26 de septiembre de
0423 16 de diciembre de 2011 -
2011
0332 3 de febrero de 2012 2 de julio de 2012 33

0827 9 de julio de 2012 8 de diciembre de 2012 4

318 23 de enero de 2013 17 de diciembre de 2013 29

0291 21 de enero de 2014 13 de diciembre de 2014 21

477 28 de enero de 2015 18 de diciembre de 2015 29

143 1° de febrero de 2016 7 de diciembre de 2016 26

1153 9 de diciembre de 2016 30 de diciembre de 2016 -

147 23 de enero de 2017 7 de diciembre de 2017 14

321 29 de enero de 2018 7 de diciembre de 2018 32

115 28 de enero de 2019 27 de diciembre de 2019 32
CO1.PCCNT
24 de enero de 2020 30 de diciembre de 2020
R.1305649

79. En efecto, si bien entre los contratos 0423 de 2011 y 0332 de 2012; 147 de
2017 y 321 de 2018; 115 de 2019 y CO1.pCCNTR.1305649 de 2020 hubo
interrupciones superiores a 30 días, estas se encuentran justificadas en el periodo
de vacaciones según el calendario académico certificado en el Oficio 66-9-2022-
008243 N.I.S 2022-01-324435 del 19 de septiembre de 2022, por el director
general del Sena, pues se dieron entre diciembre y enero. En igual se sentido se
ha determinado en anteriores oportunidades por esta subsección51 en los que se
ha considerado que no puede reprocharse la ausencia de reclamación por parte

51
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 16 de mayo de 2024,
radicado 63001-23-33-000-2021-00071-01 (4327-2022); del 13 de junio de 2024, radicado 63001-
23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022); del 26 de septiembre de 2024, radicado 17001-23-33-000-
2019-00060-01 (4111-2023).

37

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del interesado, cuando la interrupción ocurre en época de vacaciones de los
aprendices y de los instructores de planta.

2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho

80. Con base en todo lo anterior, se establece que Ángela Carolina Cañas Restrepo
tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores que por concepto de
prestaciones legales derivadas de la relación laboral debieron liquidarle, en el
periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 2011 y el 30 de diciembre de
2020 y el criterio de la Sala es que la liquidación tendría que realizarse en
consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba iguales
funciones a las que ejecutó.

81. Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales52 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración
de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas
cuando se trata de hipótesis distintas53.

82. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, correspondería reconocer
que la labor desempeñada por Ángela Carolina Cañas Restrepo debía ser
remunerada conforme con lo devengado por un empleado de planta que realizara
iguales funciones a las suyas.

83. Para estos efectos, el criterio de la Sala es que la demandante debe acreditar
las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos

52
25 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna
especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de
los hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior
que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
53 26
Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.

38

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contractuales, con la salvedad de que en caso de no haberse realizado o de existir
diferencia en su contra, tendría la carga de pagar o completar el porcentaje que le
correspondía como empleado.

84. Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que
deberán ser reconocidas a la demandante se sostuvo en anterior providencia54
que «el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva
a la declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de
prestación de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público
[…]», lo que no impide que se reconozcan las prestaciones reclamadas en virtud
del aludido principio de «a trabajo igual salario igual».

85. En consideración a esto, a la demandante le asiste el derecho al
reconocimiento de las prestaciones de carácter legal que devengara un empleado
de planta de la entidad que desarrollaba iguales funciones a las suyas, tales como
vacaciones, primas, bonificaciones y cesantías, entre otras.

86. Por tal razón, la entidad deberá calcular las prestaciones de orden legal, para lo
cual tomará como referente los salarios de un empleado de planta, en el periodo
reconocido y frente al cual no operó la prescripción.

87. Al respecto, esta Sala resalta que tal y como se expuso en la sentencia del 4 de
febrero de 201655, los honorarios son el criterio imperante únicamente cuando el
cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues en
razón a la inexistencia del cargo, dichos emolumentos son la única forma de tasar
objetivamente la indemnización de perjuicios. Esto señaló en aquella oportunidad:

«[L]a Sala, ha acudido a los honorarios pactados, como punto de partida para la
reparación de los daños en este tipo de controversias, siendo este el criterio imperante
cuando el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal,
pues en razón a la inexistencia del cargo en la planta de personal, dichos emolumentos
son la única forma de tasar objetivamente la indemnización de perjuicios, ya que de
otra forma se incurría en subjetivismos por parte de la administración, a la hora de
definir la identidad o equivalencia con otro empleo existente en la planta de la entidad,
con el riesgo de reabrir la controversia al momento de ejecutar la sentencia.

No obstante, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, las Subsecciones A
y B de la Sección Segunda, también han tenido en cuenta, de manera excepcional,
como criterio para la reparación del daño, el salario devengado por un empleado de
planta de la entidad, en aquellos casos en que se ha demostrado que el empleo

54
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016,
radicado 66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).
55
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de febrero de 2016,
radicado 81001-23-33-000-2012-00020-01(0316-14), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

39

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desarrollado por el contratista demandante existe en la planta de personal y es
desempeñado en igualdad de condiciones que los servidores públicos de planta56, o
cuando los honorarios pactados son inferiores al salario devengado por un empleado
de planta de la entidad con las mismas funciones desarrolladas57.

En este orden de ideas, la Sala considera oportuno y necesario precisar cuál es el
criterio imperante para el reconocimiento de la reparación de los daños derivados de la
existencia del contrato realidad, dependiendo si las actividades contratadas bajo la
modalidad de prestación de servicios son iguales a las funciones asignadas a empleos
existentes en la planta de personal de la entidad o si no lo son, pues según el caso, el
parámetro objetivo para la tasación de perjuicios podrá variar, en aplicación de los
principios laborales de igualdad de oportunidades y remuneración proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, derivados del artículo 53 de la C.P.

En tal sentido, dirá la Sala que los honorarios pactados son el criterio imperante
cuando el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal,
pues en razón a la inexistencia del cargo, dichos emolumentos son la única forma de
tasar objetivamente la indemnización de perjuicios».

88. Así, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201658, la Sección
Segunda dispuso que «en lo que atañe al ingreso sobre el cual han de calcularse las
prestaciones dejadas de percibir por el docente vinculado por contrato de prestación de
servicios, cabe anotar que este corresponderá a los honorarios pactados, ya que no es
dable tener en cuenta, en este caso, el empleo de planta, pues los docentes
oficiales se encuentran inscritos en el escalafón nacional docente que implica
remuneraciones diferenciadas según el grado en el que estén59», esto fue así, se
insiste, por la imposibilidad de calcular la condena con el empleo de planta.

89. Sin embargo, siempre que se acredite la existencia del cargo en la planta de
personal, las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral reconocida
deben liquidarse con fundamento en los salarios devengados por tales empleados,
pues esto le otorga vigencia al ya citado principio de «salario igual por un trabajo

56
Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. C.P. Gerardo Arenas
Monsalve. Sentencia de 27 de noviembre de 2014, Expediente: 05001-23-33-000-2012-00275-01,
Referencia: 3222-2013, Actor: David Alejandro Jaramillo Arbeláez; Subsección A, sentencia de 4
de junio de 2009, Referencia 1221-08, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Subsección A,
sentencia de 21 de octubre de 2009, referencia 2725-08, C.P. Luis Rafael Vergara.
57
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 11 de marzo de 2010,
Referencia: 2168-08, C.P. Alfonso Vargas Rincón.
58
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
59
Decreto 2277 de 1979, “por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión
docente”, artículo 36: “Derechos de los educadores. Los educadores al servicio oficial gozarán de
los siguientes derechos:
(…)
b. Percibir oportunamente la remuneración asignada para el respectivo cargo y grado del
escalafón;
(…)”:

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de igual valor».

90. Esto último resulta necesario advertirlo a efectos de precisar que aun cuando el
Decreto 1424 de 199860 señala una escala de asignación básica que comprende
diferentes grados del empleo de instructor [del 01 al 20], esta norma también
establece unos criterios objetivos que permiten ubicar al servidor en uno de los
distintos grados. Al efecto, el artículo 6 alude a unos factores a evaluar que
comprende: experiencia, desempeño, producción técnico-pedagógica, educación y
capacitación técnica y pedagógica. A continuación, la norma desarrolla cada uno
de los criterios y establece la forma de otorgar puntos por cada uno de los ítems;
finalmente indica la manera de determinar el grado de remuneración de acuerdo
con los puntos obtenidos en cada uno de los factores evaluables.

91. Así las cosas, la Sala precisa que el Sena cuenta con criterios objetivos para
determinar el grado de remuneración de la instructora a partir del estudio de su
hoja de vida, de forma que no existe impedimento alguno para que el
restablecimiento del derecho se realice con base en los salarios de un empleado
de planta.

92. En línea con lo anterior, si bien en oportunidades anteriores esta Subsección ha
señalado que por el reconocimiento de una relación laboral «no surge el derecho al
reconocimiento y pago de las diferencias salariales»61; esta Sala modificó su postura
para señalar que en estos asuntos el restablecimiento del derecho comporta,
además, el reconocimiento y pago de la diferencia que pueda existir entre lo
devengado por los empleados de planta de la entidad y los honorarios que le
fueron pagados a los contratistas62.

93. En efecto situaciones como las descritas en el sub judice plantean un dilema
que debe resolverse a la luz de los principios y derechos garantizados por la
Constitución Política de manera que el debate jurídico imponga un análisis que
evite vaciar el contenido y alcance los derechos en pugna, que no son otros que
los de los trabajadores en el marco de un Estado social de derecho, en el que
debe existir proporcionalidad entre el servicio y su remuneración, «puesto que ello
es una lógica consecuencia de la naturaleza sinalagmática y conmutativa de la relación
laboral»63.

60
«Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los Instructores del
Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena».
61
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016,
radicado 66001-23-33-000-2013-00091-01 (0237 2014), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
62
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de enero de 2024,
radicado 81001-23-39-000-2017-00008-01 (1824-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
63
Sentencia T-102 de 1995.

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94. Así las cosas, en casos como el que es objeto de estudio por la Sala, a pesar
de tratarse de funciones iguales a las de los empleados de planta, los contratistas
no reciben la remuneración correspondiente al ejercicio de esa función pública,
pues la retribución por los servicios prestados es denominada honorarios, los
cuales son consecuencia del ejercicio irregular de una figura contractual que se
desnaturalizó, lo que desconoce el carácter fundamental del derecho al trabajo y la
especial protección que ordena la Constitución y que está estrechamente ligada
con la dignidad humana y la justicia material.

95. Aunado a lo expuesto, reconocer iguales condiciones laborales a los
contratistas que acrediten que prestaron sus servicios a la entidad en el marco de
una verdadera relación laboral, implica darle eficacia a ese principio constitucional
al que se ha aludido en esta decisión y aplicarlo en su integridad para así eliminar
las diferencias surgidas en esa relación contractual que encubría una laboral.

96. De esta manera el juez de lo contencioso administrativo en material laboral, al
advertir que la carga de igualdad se rompió, pues el contratista fue remunerado en
forma disímil de los demás empleados de planta, debe utilizar los mecanismos
necesarios para combatir esa situación de inequidad y garantizar así la movilidad
salarial.

97. Así las cosas, no reconocer el reajuste salarial constituye no solo una violación
a la legislación laboral contenida en el ordenamiento interno, sino también a los
tratados internacionales ratificados por Colombia, los cuales al tenor del artículo
93 de la Constitución hacen parte del bloque de constitucionalidad.

98. Ahora bien, es improcedente la devolución de las retenciones efectuadas, en
consideración a lo dispuesto por la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia del 13 de mayo de 201564, según la cual «no hay lugar a ordenar la
devolución de los descuentos realizados al actor por concepto de retención de la fuente,
pues si bien es cierto se desnaturalizó la vinculación de origen contractual, también lo es
que la declaración de la existencia de dicha relación no implica per se la devolución de
sumas de dinero que se generaron en virtud de la celebración contractual, pues la
finalidad del restablecimiento de derecho es el reconocimiento de emolumentos salariales
y prestacionales dejados de percibir con la relación laboral oculta más no la devolución de
sumas pagadas con ocasión del contrato65».

64
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 13
de mayo de 2015. Expediente: 68001233100020090063601 (1224-2014). M.P.: Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
65
«Ver Sentencia de 17 de noviembre de 2011 proferida por esta Subsección, M.P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila, Expediente N. 25000232500020080065501 (1422-2011)».

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00134-01 (3795-2023)
Demandante: Ángela Carolina Cañas Restrepo

99. En lo referente a la devolución de aportes al sistema de seguridad social, la
Sala advierte que dicha condena es improcedente, tal y como se indicó en la
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 202166, toda vez que, de acuerdo
con lo que ha venido señalando esta corporación, a pesar de que se haya
declarado a su favor la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente,
en función de su naturaleza parafiscal, estos recursos son de obligatorio pago y
recaudo para un fin especifico «lo que excluye la posibilidad de titularidad que sobre los
mismos pretenda el actor ejercer»67, por tanto, se negará dicha pretensión.

100. No hay lugar al reconocimiento de la sanción moratoria, pues la obligación de
pago surge con este proveído a través del cual se efectúa el reconocimiento de la
relación laboral existente entre la demandante y el Sena, toda vez que esta tiene
el carácter de sentencia constitutiva, motivo por el cual a partir de su ejecutoria
empiezan a correr los términos para reclamar los derechos que esta genera.

101. Por lo analizado, la Sala revocará la sentencia apelada que negó las
pretensiones de la demanda.

2.4. Costas

102. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

103. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

66
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez
Vargas.
67
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, radicado 76001-
23-33-000-2012-00288-01 (3681-2013), magistrado ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00134-01 (3795-2023)
Demandante: Ángela Carolina Cañas Restrepo

104. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma68.

105. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

106. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

107. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que hubo una relación
laboral entre Ángela Carolina Cañas Restrepo y el Sena entre el 26 de septiembre
de 2011 y el 30 de diciembre de 2020, sin interrupciones y, en consecuencia, tiene
derecho al reconocimiento de las prestaciones de orden legal a que haya lugar,
para lo cual la entidad, de conformidad con el Decreto 1424 de 1998, tomará como
referente los salarios de un empleado de planta que desarrollaba iguales
funciones en dicho periodo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 19 de abril de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda incoada por Ángela Carolina Cañas
Restrepo contra el Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone:

68
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00134-01 (3795-2023)
Demandante: Ángela Carolina Cañas Restrepo

Segundo. Declarar la nulidad del Oficio 92021001701 N.I.S. 2021-01-063736 del
25 de febrero de 2021, por medio del cual el Sena le negó la existencia de una
relación laboral y el reconocimiento de las prestaciones sociales que se
derivaban de ella.

Tercero. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, declarar la existencia de una relación laboral entre Ángela Carolina
Cañas Restrepo y el Servicio Nacional de Aprendizaje durante el periodo
comprendido entre el 26 de septiembre de 2011 y el 30 de diciembre de 2020,
tiempo que se tendrá en cuenta para efectos pensionales.

Cuarto. Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje, a reconocer a Ángela
Carolina Cañas Restrepo las prestaciones sociales comunes a su cargo, propias
de los empleados públicos, las cuales deberán liquidarse con base en lo
devengado por un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones, así
como el pago del reajuste salarial.

Quinto. Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje, que tome el ingreso base
de cotización o IBC del demandante, dentro de los períodos laborados por
prestación de servicios, esto es entre el 26 de septiembre de 2011 y el 30 de
diciembre de 2020, mes a mes, y efectúe los aportes para pensión solo en el
porcentaje que le correspondía como empleador, los cuales deberán liquidarse
con base en lo devengado por un empleado de planta que desarrollaba iguales
funciones.

Sexto. Ordenar al Servicio Nacional de Aprendizaje realizar la actualización sobre
las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso
final) del CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor (IPC)
certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y
mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de
Estado, a saber:

R = Rh. índice final__
índice inicial

Séptimo. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Octavo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.

Noveno. No condenar en costas en esta instancia.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00134-01 (3795-2023)
Demandante: Ángela Carolina Cañas Restrepo

Décimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Aclara voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DMGT

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