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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02072-00

Fecha
3 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02072-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02072-00

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

3 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., tres (03) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02072-00
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – subsidiariedad. Sentido del fallo de tutela: Se
declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por la Procuraduría General de la
Nación, a través de apoderado, en contra del Tribunal Administrativo de Santander.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 13 de marzo de 20262 la entidad tutelante interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de su derecho fundamental al debido proceso que
considera vulnerado por el Tribunal Administrativo de Santander, debido a que a
través de la sentencia del 18 de septiembre de 2025 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho de radicado 68001-23-33-000-2018-01003-00.

2. Hechos

2.1. Arley Méndez de la Rosa presentó demanda3 contra la Procuraduría General
de la Nación, con el fin de que:

“Primera: SE INAPLIQUEN por inconstitucionales, inconvencionales e ilegales, las
siguientes reglas contenidas en la Resolución 050 de 2015, a saber: (I) Literal B del
artículo 8; (II) Numerales 1 y 2 del artículo 9; (III) El artículo 17, referido a la valoración
taxativa de Especializaciones, Maestrías, Doctorados y Postdoctorados puntuables
dentro de la convocatoria 2015 -006 y todas aquellas disposiciones que impidan el

1
Índice 2 de SAMAI, certificado F2E528B3256CA7B6 A2CEC4B14D6F7C70 F9DCA7BD1A62D942 51950CC198180CB4.
2
Índice 3 de SAMAI, certificado EE414A8253DD3796 C18AB3F6EF70B2EC 3A4973FA7F792B08 415D623A663DE224.
3
Formato onedrive, archivo denominado “002 Demanda y anexos [...]”, link contenido en el documento “032ED_[...]”, visible
a índice 23 de SAMAI, certificado 819A63DE6F16F41D 47FFA3973B2F7849 A30B438205B8F6BC 18B48E7AA0E61E5B.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

reconocimiento a favor del participante de todos sus estudios de postgrado adelantados
y todas las certificaciones de experiencia laboral acumulada con posterioridad a la
obtención de su título de abogado, respecto del cargo concursado por éste, en esa
convocatoria y, en consecuencia, se de aplicación a los términos de los artículos 3, 4, 6
y 7 del Decreto 263 de 2000, disposiciones que regulan los reconocimientos en concurso
de méritos de la PGN de los títulos de postgrado y la experiencia específica a cada uno
de los cargos de carrera de esa entidad.

Segunda: Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: (I) De la
Resolución de la calificación de la prueba de antecedentes del demandante señor
ARLEY MÉNDEZ DE LA ROSA, en el concurso de méritos convocatoria 2015 -006; (II)
De la Resolución 1517 de 27 de junio de 2016 que confirmó el puntaje asignado al
participante en la calificación de análisis de antecedentes; (III) Resolución 345 de 8 de
junio de 2016 por medio de la cual, se estableció en orden descendiente la lista de
elegibles para proveer los cargos de carrera de procuradores judiciales II para la
Conciliación Administrativa; (IV) El decreto No. 3295 del 8 de agosto de 2016 "Por medio
del cual, se hace un nombramiento en período de prueba (....)" (sic) el cual recayó a
favor del doctor IVÁN FERNANDO PRADA MACIAS, como Procurador Judicial II 160
Administrativo de Bucaramanga, por no corresponder este nombramiento a la estricta
legalidad del concurso en el orden que legalmente le correspondía.

Tercera: Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la entidad accionada,
otorgar al actor ARLEY MÉNDEZ DE LA ROSA, como participante en el concurso de
méritos referido a la convocatoria 2015 006, por experiencia profesional relacionada con
el cargo treinta (30) puntos adicionales a los ya reconocidos, en razón a su experiencia
como Juez Segundo Administrativo del Circuito de Bucaramanga entre el 12 de febrero
de 2009 y el 15 de febrero de 2015, de acuerdo con la certificación que anexó el actor al
momento de su inscripción al concurso.

Cuarta: Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la entidad demandada,
le conceda al actor ARLEY MÉNDEZ DE LA ROSA, como competidor en el concurso de
méritos de que trata la convocatoria 2015 -006, siete (7) puntos adicionales a los ya
reconocidos por estudios de posgrado, en razón a su condición de especialista en
Gobierno Municipal de la Universidad Javeriana de Colombia.

Quinta: Que en cumplimiento de lo anterior, se ordene al Jefe de la Oficina de Selección
y Carrera de la Procuraduría General de la Nación o quien haga sus veces al momento
de la notificación del fallo de fondo, modifique el puntaje de la prueba de antecedentes
asignado al concursante, lo cual, implicará un cambio del puntaje total asignado al actor
de 73.69 a 81.09, variando así su ubicación actual en la lista de elegibles del puesto 167
al puesto 49, que es el que legalmente le corresponde de acuerdo con las reglas legales
aplicables al caso expuesto.

Sexta: Que se ordene de conformidad con el orden de elegibilidad que corresponda, se
disponga el nombramiento del actor ARLEY MÉNDEZ DE LA ROSA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 91.255.272, en el cargo de Procurador Judicial II Código 3PJ,
Grado EC, en la Procuraduría 160 Judicial II Administrativa, con sede en la ciudad de
Bucaramanga, lugar escogido por el actor como sede de su preferencia al momento de
su inscripción.

Séptima: Que sea condenada la entidad al pago de los salarios y demás prestaciones
sociales dejados de percibir desde el momento en que fueron posesionados los primeros

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procuradores judiciales de carrera y hasta cuando se haga efectiva la vinculación de que
trata el punto anterior de las pretensiones.

Octava: Que sea condenada la entidad al pago de perjuicios morales en cuantía de 20
Salarios Mínimos Legales Mensuales.

Novena: Que se ordene que las sumas reconocidas en el fallo de fondo, sean indexadas
y que, sobre éstas, se ordene pagar los intereses que la ley reconoce, si la entidad no
se aviene al cumplimiento en los términos legalmente establecidos. […]”4

2.2. El Tribunal Administrativo de Santander, por medio de sentencia de primera
instancia, del 18 de septiembre de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, en los siguientes términos:

“[…] SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad de los siguientes actos administrativos
expedidos por la Procuraduría General de la Nación: i) nulidad parcial de la resolución
que calificó los antecedentes del demandante en la convocatoria núm. 2015 -006; ii)
nulidad de la Resolución núm. 1517 de 27 de junio de 2016 que confirmó el puntaje
asignado en la calificación de análisis de antecedentes y, iii) la nulidad parcial de la
Resolución núm. 345 de 8 de junio de 2016, por medio de la cual se conformó la lista de
elegibles para proveer las vacantes de Procuradores Judiciales II para la Conciliación
Administrativa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
ORDÉNASE a la Procuraduría General de la Nación que proceda a modificar la lista de
elegibles contenida en la Resolución núm. 345 de 8 de junio de 2016, con el fin de que
el señor Arley Méndez de la Rosa ocupe el lugar que le corresponda al haber obtenido
81,09 puntos en su cómputo final en la convocatoria núm. 2015-006 para proveer el
cargo de Procurador Judicial II, asignado a la Procuraduría delegada para la Conciliación
Administrativa, al estar demostrada la vulneración al debido proceso alegada por la parte
demandante.

CUARTO: Cumplido lo anterior, ORDÉNASE a la Procuraduría General de la Nación
que proceda a efectuar el nombramiento del señor Arley Méndez de la Rosa en el empleo
denominado Procurador Judicial II, asignado a la Procuraduría delegada para la
Conciliación Administrativa, advirtiéndole a la entidad que la legalidad de los actos
administrativos de carácter particular y concreto expedidos con anterioridad, en virtud de
la lista de elegibles, no fueron objeto de examen en el presente asunto, por lo que
permanecen incólumes.

Parágrafo. La Procuraduría General de la Nación deberá, ante la existencia de varias
vacantes, reconocerle al señor Arley Méndez de la Rosa el derecho a escoger una de
las sedes disponibles, conforme a los términos de la inscripción o convocatoria, dando
prioridad a la ciudad de Bucaramanga, lugar manifestado por el actor como sede de su
preferencia al momento de su inscripción.

QUINTO: ORDENÁSE a la Procuraduría General de la Nación pagar al señor Arley
Méndez de la Rosa los salarios y prestaciones sociales reclamados en la demanda,
desde la fecha en que fueron posesionados los primeros procuradores judiciales de
carrera en la ciudad de Bucaramanga dentro de dicha convocatoria, hasta la fecha en la
que se efectúe la posesión efectiva en el cargo denominado Procurador Judicial II,
asignado a la Procuraduría delegada para la Conciliación Administrativa.

4
Formato onedrive, archivo denominado “002 Demanda y anexos [...]”, link contenido en el documento “032ED_[...]”, visible
a índice 23 de SAMAI, certificado 819A63DE6F16F41D 47FFA3973B2F7849 A30B438205B8F6BC 18B48E7AA0E61E5B,
folios 129 al 130.

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Para el efecto, deberá efectuar el descuento de cualquier concepto laboral público que
haya recibido el demandante, por cuanto no resulta viable que perciba doble ingreso del
tesoro público y, adicionalmente, las diferencias que resulten a su favor, causadas a
partir de la fecha referida, serán reconocidas y pagadas, debidamente reajustadas, con
aplicación de la siguiente fórmula:

[…] SEXTO: NIÉGANSE las restantes pretensiones de la demanda.”5 (Resaltado original
del texto).

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo:

3.1. Si bien es cierto la PGN no interpuso el recurso de apelación para ante el
Consejo de Estado, ello obedeció a una objetiva falencia en la defensa por parte de
la apoderada a cargo del proceso que configura a favor de la entidad el denominado
defecto procedimental absoluto por falta de defensa técnica.

3.2. La PGN designó oportunamente a una apoderada para que defendiera los
intereses de la entidad, quien aceptó el poder de manera expresa. No obstante,
pese a tener conocimiento oportuno de las providencias mediante las cuales se
admitieron la demanda y su reforma, se corrió traslado para alegar y se profirió la
sentencia de instancia condenatoria, no realizó ninguna de las actuaciones
procesales correspondientes para ejercer la defensa técnica de la entidad.

En este orden, la entidad estuvo totalmente desprovista de protección procesal
eficiente que le hubiera permitido ejercer debidamente su derecho fundamental de
contradicción.

3.3. La ausencia total de actuación procesal por parte de la apoderada designada,
al no contestar la demanda ni su reforma, no proponer excepciones, no presentar
alegatos de conclusión y no interponer recurso de apelación contra la sentencia, dio
lugar a que se profiriera una decisión condenatoria sin que el juez contara con una
tesis de defensa que pudiera ser analizada y confrontada dentro del proceso.

3.4. El Tribunal Administrativo de Santander no adoptó medidas orientadas a
salvaguardar el debido proceso ni propició un escenario que permitiera corregir la

5
Archivo denominado “056 Sentencia de pr_[…]”, visible a índice 23 de SAMAI, certificado 819A63DE6F16F41D
47FFA3973B2F7849 A30B438205B8F6BC 18B48E7AA0E61E5B.

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irregularidad advertida, pese a encontrarse comprometidos derechos de rango
constitucional y, particularmente, recursos que integran el patrimonio público.

Igualmente, omitió pronunciarse sobre el reconocimiento de personería, el cual no
constituye un simple defecto formal. En el caso concreto, dicha omisión generó una
situación objetiva de indefensión, al crear incertidumbre sobre la legitimación para
ejercer actos de defensa técnica, lo cual incidió directamente en la falta de
contradicción efectiva y en el sentido adverso de la sentencia.

En consecuencia, la decisión terminó consolidándose sin que se garantizara
plenamente el principio de contradicción ni la adecuada defensa del interés general
comprometido en el litigio.

3.5. El Tribunal Administrativo de Santander desconoció el precedente
jurisprudencial contenido en la en sentencia del 30 de julio de 2021, radicado 11001-
0325- 000-2015-00366-00 (0740-2015), emitida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, al otorgar puntaje al posgrado en la modalidad de
especialización del actor, el cual que fue excluido expresa y claramente por el aquel
precedente. Igualmente, desconoció las sentencia del 9 de mayo de 2019, radicado
25000-23-42- 000-2013-02968-01(0946-16); del 3 de septiembre de 2020, radicado:
25000-23-42-000-2012-01291-01 (4449-17); del 5 de agosto de 2021, radicado
15001-23-33-000-2016-00506-01 (4917-19); del 11 de noviembre de 2021, radicado
25000-23-42-000-2013-04192-01(4568-17); y del 23 de octubre de 2025, radicado
08001-23-33-000-2017-00622-01 (0480-2025).

4. Pretensiones de la acción

La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:

“PRIMERA: AMPARAR el derecho al debido proceso, audiencia y defensa de la
Procuraduría General de la Nación, salvaguardando a su vez los principios que revisten
las decisiones judiciales, como la confianza legítima.

SEGUNDA. DISPONER dejar sin efectos la sentencia judicial del 18/09/2025 proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del radicado 68001-23-33-000-2018-
01003-00.

TERCERA. ORDENAR en consecuencia, al Tribunal Administrativo de Santander que,
en el término razonable que el juez constitucional encuentre procedente, profiera
sentencia sustitutiva acogiendo el precedente jurisprudencial (i) en materia de la
legalidad condicionada de la Resolución 040 del 20/01/2015 (apertura y reglamentación
del proceso de selección para ingresar a la PGN), y (ii) de las condenas pecuniarias

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cuando se ordena la reclasificación en listas de elegibles y/o el nombramiento de
participantes en concursos de mérito para acceder a carrera administrativa.

CUARTA: EXHORTAR al Tribunal Administrativo de Santander para que en lo sucesivo
respete los precedentes jurisprudenciales emanados de las Altas Cortes; y de esta
forma los fallos emitidos por dicha Corporación acaten la normatividad y la
jurisprudencia aplicable al caso.”6

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1. Mediante auto del 12 de junio de 2026 el despacho ponente admitió la acción
de tutela y vinculó a Arley Méndez de la Rosa. Igualmente, dispuso la notificación a
las partes y al vinculado.

5.2. El Tribunal Administrativo de Santander7 sostuvo que la acción de tutela es
improcedente al no cumplir el requisito de subsidiariedad, porque contra la sentencia
del 18 de septiembre de 2025 procedía el recurso de apelación, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 243 del CPACA, el cual dispone que son apelables las
sentencias de primera instancia; sin embargo, a pesar de que fue debidamente
notificada el 6 de octubre de 2025, no se advierte que la Procuraduría General de
la Nación haya remitido con destino al proceso algún escrito en el que manifestara
su inconformidad con la decisión adoptada.

En consecuencia, el amparo no puede convertirse en el escenario para introducir
argumentos que debieron proponerse y resolverse en la segunda instancia, pues
correspondía al superior funcional efectuar el estudio de fondo de los
cuestionamientos dirigidos contra la providencia, incluidos aquellos relacionados
con la presunta configuración del defecto procedimental absoluto y el supuesto
desconocimiento del precedente. La propia entidad reconoce que su apoderada
tuvo conocimiento oportuno de la admisión de la demanda y de su reforma, del
traslado para alegar y de la sentencia de primera instancia, pero no contestó la
demanda, no formuló alegatos de conclusión ni interpuso el recurso de apelación.

Igualmente, señaló que tampoco se cumple el requisito de relevancia constitucional,
por cuanto la parte actora no cumplió con una carga argumentativa que justifique la
intervención del juez constitucional. La presunta vulneración de los derechos

6
Índice 2 de SAMAI, certificado F2E528B3256CA7B6 A2CEC4B14D6F7C70 F9DCA7BD1A62D942 51950CC198180CB4,
folio 2.
7
Índice 24 de SAMAI, certificado BA25D8E3716971FB 810C2908AC273A90 B17E1D75CB13FE67 53D2BA734F3684C3.

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fundamentales y los defectos alegados no son más que discrepancias que la parte
accionante tiene frente a la decisión judicial.

Finalmente, afirmó que no se configuran los defectos alegados.

5.3. Arley Méndez de la Rosa no se pronunció.8

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por la
Procuraduría General de la Nación en contra del Tribunal Administrativo de
Santander, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución,
37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si fueron
vulnerados los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

3. Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto

3.1. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de
tutela resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa
judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud de amparo
procede de forma excepcional: i) cuando, a pesar de existir otros mecanismos, estos
no son idóneos ni eficaces para la protección de derechos fundamentales, o ii)
cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio irremediable9. En el primer
caso, la orden de protección sería definitiva y, en el segundo, transitoria.

8
Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que Arley Méndez de la Rosa hubiera rendido
informe, pese a la notificación electrónica surtida, la cual obra en el índice 22 de SAMAI.
9
Corte Constitucional, sentencia T 230 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; 18 de abril de 2013.

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Es pertinente recordar que la acción de tutela tiene un carácter residual y que,
tratándose de la censura de providencias judiciales, corresponde al juez verificar: i)
si el asunto está en trámite; ii) si el solicitante agotó todos los medios de defensa
ordinarios y extraordinarios; y iii) si se pretende su uso para revivir etapas
procesales en las que se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico.

3.2. En el sub examine, la entidad accionante manifiesta que si bien designó
oportunamente una apoderada para representarla en el proceso y esta aceptó
expresamente los poderes conferidos, lo cierto es que omitió ejercer las actuaciones
esenciales para la defensa de la entidad. En particular, pese a conocer las
decisiones de admisión de la demanda y su reforma, el traslado para alegar y la
sentencia de primera instancia, no contestó la demanda ni su reforma, no formuló
excepciones, no presentó alegatos de conclusión y tampoco interpuso recurso de
apelación contra la sentencia condenatoria.

Afirma que esta inactividad dejó a la entidad sin una defensa efectiva, impidiendo
que el juez conociera y analizara su posición jurídica dentro del proceso, lo que
derivó en una sentencia adversa sin una verdadera contradicción procesal.

Asimismo, señala que el Tribunal Administrativo de Santander tampoco adoptó
medidas para salvaguardar el debido proceso o corregir la irregularidad advertida,
pese a estar comprometidos derechos constitucionales y recursos públicos. Agrega
que el tribunal omitió pronunciarse sobre el reconocimiento de personería, situación
que, en su criterio, generó incertidumbre sobre la legitimación para actuar en
defensa de la entidad y contribuyó a la falta de contradicción efectiva. Por ello,
considera que la sentencia quedó en firme sin que se garantizara adecuadamente
el derecho de defensa ni la protección del interés público involucrado.

3.3. La Sala advierte que el requisito general de subsidiariedad no se satisface,
porque la accionante pretende cuestionar la sentencia del 18 de septiembre de 2025
proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Santander.

Se advierte que se trata de un proceso de primera instancia de nulidad y
restablecimiento del derecho, dentro del cual se emitió sentencia contra la que
procede el recurso de apelación contenido en el artículo 243 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), según el

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cual “[s]on apelables las sentencias de primera instancia”. En consecuencia,
contaba con dicho mecanismo para controvertir la decisión en caso de
inconformidad; sin embargo, no hizo uso de él.

3.4. Por su parte, la entidad actora afirma que, en su caso, las falencias en la
defensa técnica ejercida por la apoderada dentro del proceso ordinario implicaron
una afectación de los derechos fundamentales que invoca en esta oportunidad.

Sobre el asunto, la Sala considera que la razón expuesta tampoco es suficiente para
superar el requisito de subsidiariedad. Lo anterior, dado que las inconformidades
relacionadas con las presuntas deficiencias en la defensa técnica ejercida por su
apoderada judicial dentro del proceso ordinario debían plantearse a través de los
mecanismos procesales previstos en el ordenamiento jurídico, pues la acción de
tutela no constituye el escenario idóneo para controvertir o subsanar actuaciones
atribuibles a la estrategia de defensa o a la conducta procesal de las partes dentro
de un proceso judicial. Máxime cuando la providencia objeto de censura fue
proferida con fundamento en los elementos de juicio obrantes en el expediente
ordinario y se encuentra amparada por la cosa juzgada.

Bajo esta línea argumentativa, las explicaciones ofrecidas por la accionante no
constituyen una justificación válida para eludir el agotamiento de los mecanismos
ordinarios de defensa judicial. Por el contrario, evidencian que la entidad contó con
oportunidades procesales concretas para controvertir la decisión cuestionada y no
hizo uso de ellas, circunstancia que impide trasladar al juez constitucional la carga
de corregir omisiones ocurridas dentro del trámite ordinario.

Ahora, en lo que corresponde al perjuicio irremediable, la Sala tampoco advierte su
acaecimiento10. En efecto, la circunstancia invocada por la accionante, relacionada
con las presuntas falencias en la defensa técnica ejercida por su apoderada, no
constituye por sí misma un daño inminente, urgente, grave e impostergable que
habilite la intervención excepcional del juez de tutela. Antes bien, se trata de una
situación que pudo ser debatida y corregida mediante los mecanismos ordinarios de
defensa previstos por el legislador, entre ellos el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, del cual la entidad decidió no hacer uso.

10
Ha señalado la Corte Constitucional que en la valoración del perjuicio irremediable se exige que este sea (i) cierto, en el
entendido de que exista plena certeza y convicción de la amenaza o vulneración del derecho invocado; (ii) con una alta
probabilidad de ocurrencia, pues no puede tratarse de una simple conjetura hipotética o percepción del solicitante; y (iii)
inminente, de modo que esté por suceder en un tiempo cercano, por lo que no se trata de una mera expectativa. Ver Corte
Constitucional, sentencia T-425 de 2019.

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En tal sentido, la eventual afectación alegada no reviste las características de
inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad exigidas por la jurisprudencia
constitucional para estructurar un perjuicio irremediable, razón por la cual la
intervención del juez de tutela resulta improcedente; máxime cuando la parte actora
reconoce que contó con la posibilidad de interponer recurso de apelación contra la
sentencia censurada.

Además, acceder a las pretensiones de la demanda implicaría admitir que la acción
de tutela puede utilizarse para reabrir una controversia judicial respecto de la cual
la propia parte dejó precluir los mecanismos ordinarios de impugnación, lo que
desnaturalizaría el carácter residual y subsidiario de este mecanismo constitucional
y lo convertiría en una instancia adicional de revisión de las decisiones judiciales.

Así las cosas, no cabe duda de que el juez de tutela no puede concebirse ni actuar
como una instancia adicional encargada de reexaminar controversias ya sometidas
al conocimiento de la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa, por cuanto
el ordenamiento jurídico ha dotado a las partes de distintos instrumentos y recursos
para salvaguardar sus intereses, siendo estos los mecanismos a los cuales debe
sujetarse la interesada, en la medida en que resultan idóneos y eficaces para la
protección de sus derechos.

3.5. Finalmente, se advierte que la entidad accionante manifiesta que el tribunal
omitió pronunciarse sobre el reconocimiento de personería de la apoderada
designada, el cual, a su juicio, no constituye un simple defecto formal.

Al respecto, se dirá que aquella entidad contaba con la posibilidad de solicitar
adición de la sentencia, en los términos del artículo 287 del CGP, que dispone lo
siguiente:

“Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los
extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser
objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria,
dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma
oportunidad.”

Sin embargo, en el expediente no obra prueba de que haya actuado de dicha
manera.

11

Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02072-00
Accionante: Procuraduría General de la Nación
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

4. En consecuencia, en el sub lite, el presupuesto de subsidiariedad, como se indicó,
no se encuentra satisfecho, lo que hace que la acción constitucional resulte
improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado

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