Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00622-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00622-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2017-00622-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
16 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Veintitrés (23) de Octubre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado : 08001-23-33-000-2017-00622-01 (0480-2025)1
Demandante : Jesús Enrique Hernández Gámez
Demandada : Nación – Procuraduría General de la Nación
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
2011
Tema : Concursos de mérito
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide los recursos de apelación interpuesto por las partes
demandante y demandada, contra la sentencia del Tres (3) de Noviembre de
Dos Mil Veintitrés (2023), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2.
1.1. Pretensiones.
El señor Jesús Enrique Hernández Gámez, por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con
el objeto de obtener la nulidad parcial de la Resolución 345 del 8 de julio de
2016, lista de elegibles para la Convocatoria 006-2015, para nombrar 94
Procuradores Judiciales II, Dependencia Procuraduría Delegada para la
Conciliación Administrativa, en relación a la posición del señor Rafael Eduardo
Celis Celis (95) y el demandante, (154) en dicha lista.
Adicionalmente, solicitó la nulidad del acto administrativo de nombramiento del
señor Rafael Eduardo Celis Celis, como Procurador 24 Judicial II,
Administrativo de San José de Cúcuta (Norte de Santander), quien ocupaba el
puesto 95 de la lista de elegibles.
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Expediente digital.
2 Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 46.
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Nº Interno: 0480-2025
Demandante: Jesús Enrique Hernández Gámez
Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación
De manera subsidiaria, solicitó declarar la nulidad parcial de la calificación
obtenida en la prueba de análisis de antecedentes, donde se le asignaron 55
puntos y no se le otorgó el puntaje correspondiente, por estudios de posgrado
y la nulidad de la Resolución 1277 de 27 de junio de 2016, que resuelve la
reclamación en sede administrativa, del resultado de la prueba de análisis de
antecedentes, confirmando el resultado obtenido.
A título de restablecimiento del derecho solicitó que, la Procuraduría General
de la Nación, le reconozca 15 puntos por títulos de posgrado, en la prueba de
análisis de antecedentes, por el título de Magister en Derecho – Profundización
en Derecho Administrativo. Asimismo, se lo reclasifique en la Resolución 345
del 8 de julio de 2016, lista de elegibles de la Convocatoria 006-2015, del puesto
154, al 95; con 77,16 puntos y se disponga su nombramiento, entre los 94
Procuradores Judiciales II, Dependencia Procuraduría Delegada para la
Conciliación Administrativa, ya que, solamente se han posesionado 80 de los
elegibles.
Por reparación del daño, solicitó que se condene a la Nación – Procuraduría
General de la Nación, a reconocer, liquidar y pagar al actor, la diferencia salarial
y prestacional, entre los cargos de Juez Administrativo y Procurador Judicial II
para la Conciliación Administrativa, en el cual debió ser nombrado.
1.2. Hechos.
El 20 de enero se abrió proceso de selección para proveer 317 cargos de
Procurador Judicial I y 427 Procurador Judicial II, mediante resolución 040 de
2015, cumpliendo con lo ordenado en sentencia C-101 de 2013.
El accionante se inscribió el 19 de febrero de 2015 y fue admitido al Concurso
de Méritos para Procuradores Judiciales I (3PJ-EG) y II (3PJ-EC), con No. de
Registro 808113, como aspirante al cargo de Procurador Judicial II (3PJ-EC)
para la Conciliación Administrativa, Convocatoria 006-2015, adjuntando el
diploma No. 36210, que le otorga en título de magister en derecho.
En el concurso se aplicó prueba de conocimientos, prueba comportamental y
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Nº Interno: 0480-2025
Demandante: Jesús Enrique Hernández Gámez
Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación
prueba de análisis de antecedentes, en las cuales obtuvo 83, 01 puntos, 70, 04
puntos y 55 puntos respectivamente, ocupando el puesto 154, con 74,16 puntos
dentro de la lista de elegibles.
El 27 de junio de 2016, realizó la reclamación No. 781563, dada la
inconformidad con el resultado de la prueba de análisis de antecedentes,
porque no se le tuvo en cuenta el título de magister en derecho, allegado con
el diploma en su inscripción al concurso, lo cual, le restó 15 puntos de los 70
que podía obtener en su resultado.
La reclamación fue resuelta desfavorablemente, por el Jefe de la Oficina de
Selección y Carrera de la Procuraduría General de la Nación, mediante
Resolución No. 1277 de 27 de junio de 2016, argumentando que, el título
otorgado en el diploma allegado en la inscripción, no se encontraba definido
para la Convocatoria 006-2015, conforme a la Resolución 040 de 2015, la cual,
establece que, el puntaje otorgado por estudios, será para posgrados
específicos, respecto a la convocatoria y el empleo correspondiente.
El demandante instauró acción de tutela contra la Procuraduría General de la
Nación y la Universidad de Pamplona, por vulnerar sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a cargos públicos por concurso de
méritos, igualdad, transparencia en la administración, buena fe, confianza
legítima, al considerar que, su maestría es un título específico respecto a la
convocatoria y empleo correspondiente, por lo que, se le debió otorgar el
puntaje en la prueba de análisis de antecedentes, por el criterio de puntuación
títulos de posgrado del nivel profesional; declarada improcedente el 16 de
agosto de 2016, por el Tribunal Superior de Florencia y confirmada el 12 de
octubre de 2016, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia.
El 8 de julio de 2016, mediante Resolución 345, la Procuraduría General de la
Nación, publicó la lista de elegibles para los 94 cargos de procuradores
judiciales, entre ellas, la de Procuradores Judiciales II, dentro de la
Convocatoria 006-2015.
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Nº Interno: 0480-2025
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1.3. Normas violadas y concepto de violación.
La parte actora consideró quebrantados los artículos 1, 2, 29, 40, 83, 125, 209
y 279 de la Constitución Política de Colombia; artículo 3 de la Ley 489 de 1998;
artículos 5 numeral 8, 9 numeral 14, 40 y 103 de la Ley 1437 de; artículos 2, 3,
4, 10, 15 y 22, del Decreto 263 de 2000; Decreto 262 de 2000, Título VI Capítulo
II en concordancia con el numeral 7 del artículo 11; artículo 12 de la Ley 30 de
1992; artículos 5, 8, 9, 17 y 21 de la Resolución No. 040 del 20 de enero de
2015; Resolución No. 253 del 09 de agosto 2012; artículos 1, 10 y 11 de
Resolución 349 de 2009 (Acta 026 del 5 de noviembre); Sentencia C-101 de
2013.
Indicó que, los actos administrativos demandados, se expidieron vulnerando las
normas y principios en las que debían fundarse, con desconocimiento del
debido proceso, mediante falsa motivación o con desvío de atribuciones de
quien los profirió, por desconocer el mérito del accionante en el concurso,
habiendo acreditado el título de magister en derecho con el Diploma No. 36210,
por haber cursado y aprobado el posgrado Maestría en Derecho-Profundización
en Derecho Administrativo, cuya acta de Grado No. 4176 fue allegada en la
reclamación y en la acción de tutela.
Enfatizó que, no se puede establecer que, el Acta de Grado No. 4176, haya
sido allegada de forma extemporánea al concurso, toda vez que, con el registro
al concurso se adjuntó el Diploma No. 36210, y estos forman una unidad
inescindible, razón por la cual, el acta de grado no conforma un documento
nuevo, si no la fuente del Diploma.
Recalcó que, el hecho que la profundización en derecho administrativo, no
conste en el título, es una omisión de la Universidad Nacional de Colombia y
no atribuible a omisión o culpa del accionante.
Resaltó que, si existieron dudas frente a la profundización del título de maestría
que el accionante allegó al concurso, la Procuraduría debió desplegar las
acciones pertinentes para esclarecer dichas dudas en la etapa de evaluación
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Nº Interno: 0480-2025
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de los antecedentes, en aplicación del principio de buena fe, pues toda maestría
tiene un énfasis.
Consideró que, el desconocimiento del posgrado, comporta el desconocimiento
del plan de estudios cursado por el demandante, el cual, constata el énfasis de
profundización en derecho administrativo de dicho posgrado.
Concluyó que, la exclusión del título de posgrado, vulnera los derechos
fundamentales del accionante al debido proceso, acceso a cargos públicos por
concurso de méritos, igualdad, transparencia y eficacia en la administración,
buena fe y confianza legítima, al no otorgarle los 15 puntos correspondientes,
dentro de la prueba de análisis de antecedentes del concurso, así como, la
garantía del derecho al trabajo, al privarlo injustificada e ilegítimamente, de ser
nombrado entre los 94 cargos vacantes, de Procuradores Judiciales II.
Por último, arguyó que, la decisión de la Procuraduría se fundamenta en un
exceso de formalismo jurídico, en aplicación del principio de legalidad, sin
embargo, la aplicación de la hermenéutica constitucional en el Estado Social
de Derecho, implica que se materialicen los principios, valores y derechos
constitucionales, en pro de la justicia material y la prevalencia del derecho
sustancial sobre el procesal, por lo cual la negativa de la entidad accionada a
reconocer los puntos al accionante por su título de posgrado, constituye una
ruptura de las principios constitucionales de la buena y eficacia de la actuación
administrativa.
2. Contestación de la demanda.
2.1 Procuraduría General de la Nación3.
La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda, indicando que,
conforme a lo establecido en el Decreto Ley 262 del 2000, la convocatoria
obliga a los concursantes y a la administración, con un efecto vinculante para
ambas partes, sin que sea concebible que, se pretenda cambiar las reglas del
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Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 46.
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Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación
concurso en beneficio del accionante; aduciendo que, las normas establecidas
en la Resolución 040 de 2015, son de obligatorio cumplimento, para la
administración y los concursantes.
Arguyó que, conforme a los artículos 5, 8, 9, 16, 17 de la Resolución 040 de
2015, el título magister en derecho allegado por el accionante, no fue tenido en
cuenta para la calificación de su prueba de análisis de antecedentes, porque
no estaba definido en los posgrados específicos para la Convocatoria 006 de
2015. Aclaró que, si bien el acta de grado especifica la profundización en
derecho administrativo, el accionante solo allegó el diploma, el cual, no
contempla la profundización de la maestría.
Resaltó que, el artículo 216 del Decreto Ley 262 del 2000, determinó la vigencia
de las listas de elegibles del concurso, por 2 años a partir de su publicación, las
cuales fueron publicadas el 8 de julio de 2016. Expuso que, mediante
providencia del 6 de julio de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
concedió medida cautelar de urgencia y ordenó la suspensión inmediata y
transitoria de las listas de elegibles, decisión revaluada el 18 de septiembre de
2018; razón por la cual, las listas de elegibles perdieron vigencia.
2.2 Contestación de la Universidad de Pamplona4.
La Universidad de Pamplona solicitó negar las súplicas de la demanda, al
considerar que, no se desvirtuó la presunción se legalidad que goza la lista de
elegibles, ni la de ninguna de los demandados.
Manifestó que, en la prueba de análisis de antecedentes, solo se califican los
estudios y experiencia acreditados en fase de inscripción, explicando que, así
como no se asigna puntaje a los requisitos mínimos para el ejercicio del empleo
ofertado, tampoco se asigna puntaje a criterios no establecidos en la
Resolución 040 de 2015.
Indico que, el título de posgrado aportado por el accionante no fue tenido en
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Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 46.
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Nº Interno: 0480-2025
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Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación
cuenta, porque no se encuentra contemplado para la Convocatoria 006-2015,
en la Resolución 040 de 2015, situación que el accionante debió prever.
Resaltó que, solo es un operador cumpliendo el objeto del contrato
interadministrativo No. 179-097 de 2014 «para que preste los servicios de apoyo
técnico, funcional y logístico en la convocatoria. reclutamiento (inscripción y aspectos
técnicos del proceso. y verificación de requisitos mínimos), diseño, construcción y
aplicación de las pruebas escritas de conocimientos y de competencias y la de análisis
de antecedentes, hasta la determinación de las personas que integran las listas de
elegibles en el concurso abierto para el ingreso de personal idóneo a la procuraduría
general de la nación a nivel nacional, en cargos de procurador judicial I y ll», para lo
cual, adoptó como base, lo establecido en Resolución 040 de 2015.
2.3 Contestación de Rafael Eduardo Celis Celis5.
La defensa del señor Rafael Eduardo Celis se opuso a las pretensiones que
tengan que ver con el acto administrativo que define lista de elegibles, y el acto
administrativo de nombramiento del demandado como Procurador Judicial II,
en la Procuraduría 24 Judicial II, para la Conciliación Administrativa, de Cúcuta,
considerando que, un posible fallo que acceda a las pretensiones, no puede
serle extensible, en virtud de los derechos consolidados, adquiridos de buena
fe.
Propuso como excepción de mérito, la existencia de mejor derecho del
demandado, frente a los elegibles que se encuentran ubicados en el puesto 96
y subsiguientes de la Resolución 345 de 2016, que han sido nombrados y
posesionados en el empleo de Procurador Judicial II delegado para la
Conciliación Administrativa.
Enfatizó que, ocupó el puesto 95 dentro de la lista de elegibles y fue nombrado
para ocupar uno de los puestos vacantes, ya que, a la fecha del nombramiento
solo se habían posesionado 80 de los 94 elegibles.
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Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 46.
36Recibememorial_LINKEXPED_LINKEXPEDIENTEDIGITA(.pdf).36.CONTESTACION_DE_DEMANDA
_RAFAEL_EDUARDO_CELIS.
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Demandante: Jesús Enrique Hernández Gámez
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Concluyó que, dado el caso que el demandante tenga derecho a ser nombrado,
no se debe afectar el cargo del demandado, pues al momento de su
nombramiento, quedaban 11 vacantes vigentes y si no hubiere vacantes, de
todas maneras, contaba con mejor derecho frente a las personas nombradas
después de él.
Resaltó lo establecido por esta Corporación en sentencia de 27 de abril de 2017
(Rad. 11001032500020130108700) que establece que, los efectos de los fallos
de nulidad de actos administrativos serán hacia el futuro, debido a que se debe
respetar y proteger los derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica de
los participantes.
2.4. Contestación de Diana Fabiola Millán Suárez6.
Fundamentó su defensa en la falta de legitimación en la causa por pasiva, en
tanto, ocupó el puesto 41 en la lista de elegibles, de modo que, un eventual
reconocimiento de pretensiones, no afectaría su situación.
De manera subsidiara, propuso la excepción de inepta demanda, por haberse
demandado la totalidad de actos administrativos en el proceso concursal,
cuando la nulidad es predicable solo de la calificación de antecedentes del
demandante.
También propuso la inepta demanda, al cuestionarse un acto administrativo de
nombramiento, distinto al que se pretende atacar.
2.5. Contestación de Vladimir Fernández Andrade7.
Se opuso a las pretensiones, la falta de legitimación en la causa por pasiva, en
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Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 46.
36Recibememorial_LINKEXPED_LINKEXPEDIENTEDIGITA(.pdf).015.CONTESTACION_DIANA_MILL
AN.
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Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 46.
36Recibememorial_LINKEXPED_LINKEXPEDIENTEDIGITA(.pdf).018.CONTESTACION_VLADIMIR_F
ERNANDEZ_ANDRADE.
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a razón a que, su nombramiento no fue demandado, además de haber ocupado
el puesto 22 en la lista de elegibles, por lo que, un eventual reconocimiento de
pretensiones, no afectaría su situación.
De otro lado, adujo que los vicios alegados, no constituyen causal de nulidad ni
de la lista de elegibles ni del acto de nombramiento.
3. La sentencia de primera instancia8.
El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia proferida el Tres
(03) de Noviembre de Dos mil Veintitrés (2023), accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, así:
«PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución 345 del 8 de julio
de 2016, por medio de la cual el Procurador General de la Nación, publicó y
estableció la Lista de Elegibles de la Convocatoria N° 006-2015, para nombrar
94 Procuradores Judiciales II (Código y Grado 3PJ-EC), Dependencia
Procuraduría delegada para la Conciliación Administrativa, respecto del señor
JESÚS ENRIQUE HERNÁNDEZ GÁMEZ, de conformidad con las explicaciones
precedentes.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho se ordenará a la
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN a reclasificar al señor JESÚS
ENRIQUE HERNÁNDEZ GÁMEZ dentro de la lista de elegibles, teniendo en
cuenta los 15 puntos a los que tenía derecho en la prueba de antecedentes, con
ocasión a su Maestría en Derecho con Profundización en Derecho
Administrativo.
En el evento de que, con ocasión a la reclasificación, el actor se posicione dentro
de lista de elegibles, en uno de los puestos que llenaron los cargos vacantes de
Procurador Judicial II para la conciliación administrativa al que aspiraba el actor,
deberá PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, garantizar su derecho al
mérito, sin que en ningún caso afecte las situaciones jurídicas y los derechos
individuales ya consolidados de los demás concursantes.
TERCERO: NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.
CUARTO: Sin costas.
QUINTO: NOTIFÍQUESE personalmente el presente fallo al respectivo
Procurador Judicial delegado ante este Tribunal.
SEXTO: Ejecutoriada la presente providencia ARCHÍVESE el expediente.»
8 Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 24.
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Nº Interno: 0480-2025
Demandante: Jesús Enrique Hernández Gámez
Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación
En sustento de su decisión, el A-quo, luego de referenciar las etapas surtidas
en la convocatoria, que concluyeron ubicando al demandante en el puesto 154
de la lista de legibles, dio por acreditado el magister en derecho con
profundización en derecho administrativo, cursado por este, de acuerdo con el
acta de grado No. 4176.
Consideró que, la maestría es un título específico contenido en la Resolución
040 de 2015, que le otorgaba el derecho a ser calificado con 15 puntos
adicionales, de acuerdo a las reglas que otorgaban dicho puntaje para esta
formación académica.
Con base en el artículo 17 de la Resolución 040 de 2015, concluyó que, el acta
de grado, que indicaba el área de profundización de la maestría, era un
documento válido para optar por la puntuación relacionada.
Exaltó que, esta Corporación en sentencia de 30 de Julio de 2021, declaró la
legalidad condicionada del inciso 3, numeral 1 del artículo 17 de la Resolución
040 de 2015, determinando que, la prueba de antecedentes puede otorgar
puntos a los posgrados específicos conforme a la convocatoria, así como a
aquellos posgrados que el título no especifique la profundización en derecho,
pero por otros medios pueda ser determinada; criterio aplicable al caso del
demandante, dado que, aun cuando el diploma no señalara el nivel de
profundización, el acta de grado y demás pruebas aportadas, como la
programación de estudios y el certificado de asignaturas aprobadas, permitían
colegir, el área de especialidad específica para el cargo.
Aseveró que, el demandante al momento de la inscripción, aportó tanto el
diploma como el acta de grado, en el cual, consta que se le otorgó el título de
magister en derecho – profundización en derecho administrativo, lo cual,
constituye una unidad inescindible con el título otorgado.
Indicó que, inclusive si el accionante hubiere aportado los documentos que
acreditan la profundización de la maestría, con posterioridad a la inscripción,
esto es, con el recurso de reposición frente al resultado que le asignó 55 puntos,
en la prueba de análisis de antecedentes, estos se entenderían como aportados
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Demandante: Jesús Enrique Hernández Gámez
Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación
oportunamente, porque darían alcance al título aportado originalmente, en
aplicación del principio de la realidad sobre las formalidades y la garantía para
acceder a la función pública, previo concurso de méritos.
Bajo estos presupuestos, declaró la nulidad parcial de la lista de elegibles;
disponiendo la reclasificación del demandante, incluyendo los 15 puntos
omitidos, advirtiendo que, la puntuación de prueba de análisis de antecedentes
tendrá efecto retrospectivito siempre que, la decisión tomada no afecte
situaciones jurídicas y derechos individuales consolidados, por lo cual, el A-quo
ordena a la entidad accionada que garantice el derecho al mérito sin afectar
situaciones jurídicas y derechos individuales consolidados.
En consonancia, negó la nulidad del acto administrativo de nombramiento del
señor Rafael Eduardo Celis Celis, como actual Procurador 24 Judicial II
Administrativo de San José de Cúcuta (Norte de Santander), por tratarse de
una situación consolidada.
Finalmente, negó la pretensión relativa al pago salarial del cargo de Procurador
Judicial II para conciliación administrativa, al considerar que, a tales
emolumentos se accede con la posesión efectiva del cargo, situación que
consideró incierta.
4. Auto que resuelve solicitud de aclaración y adición de fallo de primera
instancia9.
Por medio de Auto de 7 de octubre de 2024, el Tribunal de primera instancia
resolvió solicitud de aclaración y adición, interpuesto por la parte demandante.
El accionante funda su solicitud10 en el hecho que el sentenciador de primera
instancia, deja al arbitrio de la entidad accionada, cómo realizar el
restablecimiento del derecho, aun contando con el acervo probatorio para poder
fijar, establecer o imponer, una condena o restablecimiento del derecho,
concreta y determinada, específicamente, porque la sentencia no le da la orden
9 Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 32.
10 Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 28.
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directa de ubicarlo en el puesto 94, sino que, dice que en el evento que se
ubique en uno de los puestos que llenaron los cargos vacantes, deba ser
nombrado.
También le ofreció duda, que la orden dispusiera garantizar su derecho al
mérito y no ordenar su nombramiento y posesión en el cargo de procurador,
siendo que, se acreditó que quedaría ubicado en el puesto 94, mismo que
definitivamente alcanzaba vacante.
Consideró motivo de duda, que, la sentencia exija el nombramiento y posesión
del actor, para causar la reparación del daño, lo que en su criterio resulta un
contrasentido, o algo ilógico o paradójico, porque es precisamente por negarle
la demandada al demandante, a lo largo de ocho (8) años, el puntaje,
reclasificación y la designación a que tiene derecho, que se vio obligado a
presentar después de la conclusión del procedimiento administrativo y de la vía
constitucional mediante acción de tutela en primera y segunda instancia, el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, siendo
precisamente esa causación del daño antijurídico ocasionado, la consecuencia
de la privación del nombramiento y posesión a que tenía derecho, todo lo cual
lo evidencia la ilegalidad de los actos administrativos que se declaran nulos.
El Tribunal Administrativo del Atlántico negó la solicitud de aclaración y adición
de la sentencia de primera instancia, señalando, frente a la pretensión tendiente
a que se le liquide al accionante la diferencia salarial y prestacional entre el
cargo de Juez Administrativo y Procurador Judicial II, dado que, no hay razón
para su reconocimiento, pues esto depende de la posesión efectiva del cargo.
De igual forma, establece que el fallo de instancia es claro y determinable, por
lo que, no habría lugar a arbitrariedades por parte de la entidad accionada para
que, esta pueda evadir el cumplimiento de la sentencia.
Conforme a lo anterior, el Tribunal Administrativo del Atlántico consideró que,
se resolvieron todos los extremos de la litis, con lo cual, no se dieron los
supuestos para efectos de la aclaración solicitada.
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Nº Interno: 0480-2025
Demandante: Jesús Enrique Hernández Gámez
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5. Los recursos de apelación.
5.1 Parte demandante11.
El apoderado del señor Jesús Enrique Hernández Gámez, interpuso recurso de
apelación contra el fallo de primera instancia y el auto que resuelve solitud de
aclaración y adición, con el propósito que, se reforme el fallo de primera
instancia y se reconozca el restablecimiento del derecho claro y determinado
para el accionante.
Argumenta el accionante que, el fallo de primera instancia en sus numerales
segundo y tercero, no ordena el restablecimiento del derecho de forma clara y
determinada, contando con las pruebas suficientes para hacerlo, por el
contrario, considera que, la forma en que fue proferido el fallo, deja al arbitrio
de la entidad, la forma de restablecer el derecho del accionante, la cual, ha
demostrado su negativa de hacerlo.
Enfatizó que, en el proceso de primera instancia, quedó demostrado que, el
accionante era acreedor de los 15 puntos que se le debieron otorgar en la
prueba de análisis de antecedentes de la Convocatoria 006-2015, en razón de
su posgrado, lo que lleva su reposicionamiento en la lista de elegibles
(Resolución 345 del 8 de julio de 2016).
Considera que, la frase “en el evento de que” utilizada en la parte motiva y
resolutiva del fallo de primera instancia, es ambigua y genera motivos de duda,
toda vez que, en el cálculo aritmético de la reclasificación del accionante, lo
posiciona dentro de los 94 concursantes elegibles para ocupar el cargo de
Procurador Judicial II para conciliación administrativa.
En el mismo sentido, recalca la frase “garantizar su derecho al mérito”, porque
deja al arbitrio de la entidad accionada, el cumplimiento de lo ordenado en la
sentencia, pudiendo evadir el restablecimiento del derecho.
Conforme a lo anterior, establece que el fallo debió ordenar el nombramiento y
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Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 37
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posesión del accionante como Procurador, para que así no existiera
ambigüedad ni motivos de duda, frente al fallo.
Plantea que el nombramiento y posesión del accionante sería una garantía para
el restablecimiento del derecho, pues, con la reclasificación del accionante
pasaría a ser uno de los elegibles, independiente que se le asigne la posición
94, toda vez que, a razón de que, los 94 elegibles sobrepasaron esa posición
en la lista.
Además de la existencia de vacantes y nombramientos en provisionalidad en
cargos de procurador I y II, lo cual, según argumenta no configuraría una
afectación de derechos individuales consolidados, toda vez que, estos cargos
atentan contra el principio del mérito y lo establecido en sentencia C-753 de
2008 de la Corte Constitucional.
Establece que, en la demanda se cumplió con los requisitos, como la
individualización de las pretensiones dispuesta en los artículos 162 y 163 del
C.P.A.C.A. por lo tanto, para no incurrir en un fallo ultra, extra e infra petita y
desconociendo en principio de congruencia, la sentencia debe estar fundada
en los hechos y pretensiones de la demanda.
Considera entonces que, en el fallo hay una omisión en resolver los extremos
de la litis, pues el mismo debió estar en congruencia con los hechos y
pretensiones de la demanda de la siguiente forma: Asignación de puntaje por
posgrado para el accionante, reclasificación del accionante en la lista de
elegibles, nombramiento y posesión del accionante como Procurador Judicial II
para la Conciliación Administrativa y como reparación del daño condenar a la
entidad demandada a liquidar y pagar la diferencia salarial y prestacional entre
los cargos de Juez Administrativo y Procurador Judicial II para la Conciliación
Administrativa.
Frente a la pretensión de que se le reconozca al actor el pago de la diferencia
salarial y prestacional entre los cargos de Juez Administrativo y Procurador
Judicial II para la Conciliación Administrativa, considera que, el argumento que
esgrime el A-quo para negarla, no resuelve los extremos de litis, genera motivos
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Nº Interno: 0480-2025
Demandante: Jesús Enrique Hernández Gámez
Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación
de duda y es ambiguo porque el daño causado al accionante en este sentido,
surge de la negativa de la Procuraduría para reconocer el puntaje, la
reclasificación y el nombramiento y posesión como procurador, a lo cual tenía
derecho.
Solicita se tengan como pruebas las acopiadas en el proceso de primera
instancia y se condene en costas a la parte demandada en ambas instancias.
5.2 Parte demandada12.
El apoderado de la Procuraduría General de la Nación, interpuso recurso de
apelación, con el fin que se revoque la decisión de primera instancia y se
denieguen las pretensiones de la demanda.
Considera que, al caso en concreto, no se puede aplicar la sentencia del 30 de
Julio de 2021, emitida por esta corporación, toda vez que, el accionante solo
aportó el diploma de su maestría en derecho y no los otros documentos que le
permitieran a la Procuraduría tener en cuenta su posgrado para la convocatoria.
Argumenta que, no es posible reconocerle al accionante en proceso judicial, un
puesto para el que no aportó oportunamente los documentos pertinentes que
le permitieran a la Procuraduría acreditar tales especificidades dentro del
concurso.
Por lo anterior, considera que, no se puede aplicar la tesis planteada por el A-
quo, relativa al principio de la realidad sobre las formalidades y el acceso a la
función pública, puesto que, los términos para aportar los requisitos dentro del
concurso de méritos son perentorios y preclusivos, así mismo, la Resolución
040 de 2015, no establece excepción para aportar documentos de acreditación
de requisitos de forma extemporánea por consiguiente, validar la tesis adoptada
por el Tribunal, implicaría desconocer el precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado referente a la materia, así como el
derecho a la igualdad de los demás concursantes que se encuentren en la
12
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, Índice 31.
16
Nº Interno: 0480-2025
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Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación
misma situación.
Establece que, las reglas del concurso son vinculantes, a razón de lo
determinado en el artículo 195 del Decreto Ley 262 de 2000, la sentencia T-
090 de 2013 de la Corte Constitucional y las sentencias del 26 de julio de 2007
(Rad. 52001-23-31-000-2007-00150-01(AC)) y 16 de marzo de 2011 (Rad.
19001-23-31-000-2011-00010-01 (AC)) de esta Corporación, ya que en ellas
se confirman las reglas establecidas en la Resolución 040 de 2015, las cuales
son vinculantes para la administración y los concursantes, hecho que aceptó el
accionante cuando se inscribió al concurso.
6. Alegatos de conclusión.
Mediante auto de 29 de agosto de 202513, el despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación interpuesto por el demandante y la entidad demandada,
en virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se corrió traslado
a las partes para alegar.
6.1 Parte demandada14.
El representante de la Procuraduría General de la Nación se pronunció
destacando que, el recurso de apelación instaurado por su defensa lo hizo
fundado en derecho para respaldar su tesis jurídica y las inconformidades de la
Procuraduría, bajo el pleno uso del derecho de contradicción y defensa que le
asiste a la entidad y no como una maniobra temeraria e infundada como
establece la parte demandante.
Requirió que, en caso que no prospere la apelación hecha por su defensa, se
opone a que se disponga el nombramiento y posesión del actor, puesto que en
instancia de apelación, la decisión que deberá tomar el juzgador, no podrá ir
más allá de fallo de primera instancia, considerando que la reclasificación de la
lista de elegibles no conlleva directamente a ordenar un nombramiento o
posesión, toda vez que, no es posible determinar si el nuevo puntaje
13 Aplicativo Samai. Consecutivo 00004.
14
Aplicativo Samai. Consecutivo 00009
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posicionara al accionante en un lugar que le otorgue el derecho a una de las
plazas ofertadas, en el entendido que, el puntaje individual no genera una
certeza comparativa frente a los demás puntajes elegibles, que a su vez
pudieran cambiar por múltiples causas.
Frente a la pretensión que se le reconozca al actor el pago de la diferencia
salarial y prestacional entre los cargos de Juez Administrativo y Procurador
Judicial II para la Conciliación Administrativa, se opone recalcando lo
establecido en sentencia de esta Corporación de fecha de 21 de abril de 2014
(1726-08) donde se establece que, frente a la nulidad de acto administrativo,
donde se ordena retrotraer las cosas al estado antes de la expedición del acto
nulo, no conlleva el reconocimiento de salarios y prestaciones, pues no se
puede decir que se venían recibiendo y se dejaron de recibir con la expedición
del acto demandado. Tampoco constituye el reconocimiento de salarios y
prestaciones hasta el cumplimiento de la sentencia, pues, el perfeccionamiento
de los derechos de carrera está sometido a la condición suspensiva del
nombramiento en periodo de prueba que se supera con la evaluación
satisfactoria en el desempeño del cargo, situación incierta al dictar sentencia.
Por lo cual, considera la defensa que resulta improcedente acceder al pago de
diferencias salariales, cuando nombramientos derivados de las listas de
elegibles, deben realizar en un periodo de prueba de cuatro meses, donde se
evalúa su desempeño laboral.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia.
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.
2. Problema jurídico.
Le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones. Para
lo cual, debe analizarse si, el carácter preclusivo de los términos de la
Convocatoria 006-2015, dispuestos en la Resolución 345 del 8 de julio de 2016,
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impide que se tenga en cuenta el énfasis del título de maestría aportado por el
demandante, para otorgarle puntaje adicional al fijado en el análisis de
antecedentes.
De resultar negativa la respuesta al problema jurídico planteado, deberá
dilucidarse si, el restablecimiento del derecho dispuesto en la sentencia de
primer grado, adolece de indefinición y ambigüedad, que deba ser dispuesto en
concreto en la presente instancia.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1 Marco normativo y jurisprudencial y 2.2 Caso concreto.
2.1. Marco normativo y jurisprudencial.
La Procuraduría General de la Nación cuenta con un régimen especial de
carrera; para el cual, la Ley 573 de 2000 revistió al presidente de la república
de amplias facultades extraordinarias; es así como, se expidió el Decreto ley
262 de 2000, que lo reguló.
Contra dicho decreto se presentó demanda de inconstitucionalidad, la cual,
finalizó con la Sentencia C-101 de 2013, que declaró inexequible la expresión
“procurador judicial” contenida en el numeral 2 del artículo 182, que catalogaba
a los procuradores judiciales como de libre nombramiento y remoción;
ordenándosele a la entidad aquí demandada que, en el término de seis meses
convocara a concurso público, para la provisión en propiedad de los cargos de
procurador judicial, mismo que debía culminar en el plazo máximo de un año,
contado a partir de la notificación de esa sentencia.
La Procuraduría General de la Nación solicitó la nulidad de la referida sentencia
de constitucionalidad; habiéndose proferido el auto No. 255 del mismo año,
donde se negó tal solicitud.
En virtud de dicha orden judicial, la Procuraduría General de la Nación, a través
de la Resolución No. 040 del 20 de enero de 2015, dio apertura al concurso
abierto de méritos para proveer los empleos de procurador judicial I y II, proceso
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Nº Interno: 0480-2025
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que finalizó con la Resolución No. 345 del 8 de julio de 2016, mediante la cual,
se conformó la lista de elegibles, para Procuradores Judiciales II, Dependencia
Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa.
2.2. Caso concreto.
En el presente asunto, no está en discusión la participación del señor Jesús
Enrique Hernández Gámez, en la Convocatoria 006-2015, para el cargo de
Procuradores Judiciales II, Dependencia Procuraduría Delegada para la
Conciliación Administrativa.
Tampoco está en entredicho, el hecho que, en la etapa dispuesta para tal fin,
aportó el diploma de magister en derecho, otorgado por la Universidad Nacional
de Colombia, ni que, en la reclamación frente al puntaje otorgado en el análisis
de antecedentes, aportó el acta de grado, que especifica la profundización de
la maestría en derecho administrativo; aspectos dilucidados en la sentencia de
primera instancia y no controvertida por los extremos procesales.
Puntualmente, la apelación de la Procuraduría General de la Nación, radica en
la decisión de primer grado, de ordenar valorar el acta de grado, para
incrementar en 15 puntos, la calificación de análisis de antecedentes y
reclasificar al demandante en la lista de elegibles.
En criterio de la recurrente, el documento fue allegado de manera
extemporánea, y, por lo tanto, con base en las reglas del concurso y la
jurisprudencia en la materia, dado el carácter preclusivo de los términos
dispuestos en la convocatoria, no es loable la orden judicial.
Al respecto, debe señalarse que, la Resolución 040 de 2015, «Por medio de la
cual se da apertura y se reglamenta la convocatoria del proceso de selección para
proveer los cargos de carrera de procuradores judiciales de la Entidad», en su artículo
17 dispuso:
«(…) ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: CRITERIOS Y VALORES DE
PUNTUACIÓN EN LA PRUEBA DE ANÁLISIS DE ANTECEDENTES. Dentro de
esta prueba se valorarán dos criterios:
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Nº Interno: 0480-2025
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1. Títulos de posgrado
2. Experiencia profesional relacionada adicional y publicaciones de libros
1. Títulos de posgrado
Por el criterio de títulos de posgrado se puede obtener un máximo de 40 puntos
en la prueba de análisis de antecedentes.
Se otorga puntaje a cada título de posgrado del nivel profesional, en las
modalidades de especialización, maestría, doctorado y posdoctorado, para lo
cual es necesario adjuntar copia del diploma o del acta de grado y del acto de
convalidación cuando se trata de títulos obtenidos en el exterior.
Los puntajes se asignan de la siguiente manera:
a) Por cada título de especialización 7 puntos
b) Por cada título de maestría 15 puntos
c) Por cada título de doctorado 30 puntos
d) Por cada posdoctorado 40 puntos
En la prueba de análisis de antecedentes únicamente se otorga puntaje a los
posgrados (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados en
derecho) que sean específicos respecto de la convocatoria y empleo
correspondiente, para lo cual se aplicará la siguiente tabla:
(…)»
Por su parte, los artículos 5 y 7, que fijan los términos del proceso de inscripción
a la convocatoria, prevén:
ARTÍCULO QUINTO: INSCRIPCIÓN. La fase de inscripción tiene por objeto el
registro del formulario electrónico y de los documentos que acrediten los
requisitos mínimos exigidos para el empleo seleccionado, y se realiza
únicamente en la sede electrónica institucional, a través del módulo dispuesto
para tal fin, el cual asignará un número de inscripción para cada aspirante. Para
todos los efectos, se entenderá que no hay inscripción válida si no se tiene el
número suministrado por el sistema durante el tiempo previsto para esta fase.
El aspirante solo podrá inscribirse en una (1) de las convocatorias publicadas,
indicando la sede territorial de su preferencia de aquellas ofertadas en la misma,
según la distribución de los empleos señalada en el artículo primero de este acto
administrativo. No se permiten inscripciones múltiples. El sistema confrontará
automáticamente los datos registrados por los participantes y en caso de existir
múltiples inscripciones todas serán anuladas mediante acto administrativo.
Con el fin de completar el procedimiento de inscripción, los interesados deben
diligenciar todos los datos solicitados en el módulo web y adjuntar
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electrónicamente en este los documentos que acrediten los requisitos mínimos,
según las reglas de este concurso y el instructivo que se publique en la sede
electrónica de la Entidad. Durante la fase de inscripción también es obligatorio
aportar electrónicamente, en el mismo módulo, los soportes de estudios y
experiencia adicionales que tengan por objeto la asignación de puntaje en la
prueba de análisis de antecedentes, excepto las publicaciones de libros, las
cuales se reciben en físico, en etapa posterior y solo respecto de los
concursantes que superen la prueba de conocimientos, según se indique en el
aviso que se publique en la página institucional.
Los servidores de la Procuraduría General de la Nación deben utilizar el mismo
módulo web para realizar su inscripción al concurso, indicando expresamente en
el formulario su condición de funcionario de la Entidad. En este caso, no deben
anexar al aplicativo de inscripción los documentos de estudios y experiencia para
requisitos mínimos ni para la prueba de análisis de antecedentes que reposen
en su hoja de vida laboral. Es responsabilidad del funcionario actualizar los
documentos en su carpeta laboral, hasta el término previsto para los demás
aspirantes.
Los títulos de estudios y la experiencia profesional que pueden ser tenidos en
cuenta para acreditar requisitos mínimos y para la prueba de análisis de
antecedentes son los obtenidos y la realizada con posterioridad a la fecha del
grado y hasta el día de cierre de la fase de inscripción, siempre que sean
acreditados con los documentos y en la forma exigida en este acto
administrativo.
Los documentos que los participantes adjunten a través de la sede electrónica
institucional, módulo de inscripciones, son los únicos que se tienen en cuenta en
la revisión de los requisitos mínimos y en la prueba de análisis de antecedentes,
salvo lo indicado en este artículo para los libros y los funcionarios de la Entidad.
Parágrafo primero: En caso de no haberse inscrito al menos cinco (5) aspirantes
en una convocatoria, el tiempo de inscripción respecto de aquella será ampliado
por un término igual al inicialmente previsto, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 201 del Decreto Ley 262 de 2000.
(…)
ARTÍCULO SÉPTIMO: TÉRMINO PARA LA INSCRIPCIÓN. Esta se realizará en
las direcciones virtuales del concurso
(www.concursoprocuradoresiudiciales.org.co o www.procuraduria.gov.co,
vinculo Carrera y Concursos), inician el lunes dieciséis (16) de febrero de 2015
y culminan el viernes veinte (20) de febrero de 2015 en los siguientes horarios:
desde las 08:00 horas del primer día y hasta las 16:00 horas del último día en
forma continua, en concordancia con el artículo 199 del Decreto Ley 262 de
2000.
(…)»
De conformidad con las reglas del concurso, es claro que para la convocatoria
a la cual se inscribió el demandante, para el cargo de Procuradores Judiciales
II, Dependencia Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa,
estaba habilitada la formación de posgrado en derecho administrativo; frente a
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Nº Interno: 0480-2025
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la cual, se debía anexar en los términos dispuestos para la inscripción el
diploma o acta de grado que acreditara la formación académica.
Toda vez que, los términos de inscripción fueron fijados entre el 16 y el 20 de
febrero de 2015, en estas fechas se debía aportar el título de posgrado para
acreditar los estudios adicionales.
No obstante lo anterior, para los precisos términos del concurso de méritos de
procuradores judiciales I y II, surtida en el año 2015, debe tenerse en cuenta la
sentencia proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, el 30 de julio de 2021, dentro del expediente con radicación 11001-03-
25-000-2015-00366-00(0740-15), en la cual, al resolver una demanda de
simple nulidad contra la Resolución 040 de 2015, dilucidó:
«3.9.- NOVENO PROBLEMA JURÍDICO: ¿El artículo 17 de la Resolución 040
de 2015 viola el derecho a la igualdad y limita indebidamente el acceso al cargo
de procurador judicial, a quienes adelantaron estudios de posgrado en la
modalidad investigativa cuyo título no refleja expresamente un área específica
del derecho y por no asignar puntaje a los títulos de posgrado en temas
ambientales y desarrollo sostenible concretamente en las convocatorias 06 y
013?
(…)
b.- Pronunciamiento de la Sala
154 Luego de analizar con detenimiento los cargos antes mencionados, la Sala
encuentra que le asiste razón a los demandantes en relación con el primero de
los cargos de nulidad. En efecto, otorgar puntajes solamente a los títulos de
posgrado maestría, doctorado y posdoctorado que reflejen de forma expresa
áreas específicas del derecho descartando de plano aquellos que se expiden de
forma genérica, como lo consagra el inciso 3º del numeral 1º del art. 17 de la
Resolución 040 de 2015, comporta una restricción del derecho de acceso a los
cargos públicos, y contraviene el principio del mérito, puesto que desconoce que
el aspirante cuenta en todo caso, con las destrezas y capacidades que el mismo
acto demandado en el art. 17 busca privilegiar a través de la asignación de
mayores puntajes a los posgrados en maestría (15), doctorado (30) y
posdoctorado (40).
155 Para la Sala resulta relevante mencionar que la misma Ley 30 de 1992 en
los artículos 12 y 13, se ocupó expresamente de resaltar que los programas
antes enunciados contribuyen a ampliar y desarrollar los conocimientos para la
solución de problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales con
apoyo en la investigación y la profundización en áreas específicas de las
ciencias, y en tal sentido, es claro que quien ha tenido la oportunidad de cursar
dichos estudios, no solo tiene el dominio del tema en el cual centró su
investigación, sino que además de ello, cuenta con importantes habilidades y
competencias profesionales que lo cualifican en el servicio público.
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Nº Interno: 0480-2025
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156 En opinión de la Sala, la disposición que establece que son objeto de
puntuación aquellos títulos de maestría, doctorado y posdoctorado que reflejen
una de las áreas específicas del derecho enlistadas en el acto administrativo
demandado, constituye una barrera injustificada al acceso al servicio público,
pues como bien lo señalan los actores, puede darse que el caso de que los
planes de estudio o las investigaciones académicas realizadas para la obtención
de dichos títulos, correspondan a las mismas materias cursadas por quienes
ostentan diplomas específicos. Por lo mismo, unos y otros son diplomas válidos
para acreditar la idoneidad profesional, así como las habilidades, competencias,
capacidades y conocimientos necesarios para el desempeño de las funciones
inherentes a los empleos a los cuales aspiran. Al fin y al cabo la culminación
exitosa de ese tipo de estudios de posgrado hace suponer que la persona que
ha tenido la oportunidad de adelantarlos ha alcanzado un alto nivel de formación
y cuenta con el criterio, la capacidad de análisis y las habilidades necesarias
para contribuir al cumplimiento de las misiones institucionales distintos cargos
que forman parte de la planta de personal de la Procuraduría.
157 Aunque la especificidad es útil al momento de “escoger al personal con
mayor conocimiento y experiencia para un área de trabajo en particular”, dicho
propósito también se puede lograr si se permite a los concursantes que hayan
obtenido ese tipo de títulos genéricos o inespecíficos, la posibilidad de acreditar
o precisar su formación, mediante la presentación complementaria de las
calificaciones obtenidas, de certificaciones que den cuenta de los estudios
académicos adelantados o de los trabajos de investigación realizados. Criterios
extensivos como el expuesto, contribuyen a honrar de mejor manera el principio
del mérito y allanan la posibilidad de que esos profesionales puedan tener un
acceso efectivo a los cargos públicos en igualdad de condiciones. Del mismo
modo, esta interpretación se aproxima mucho más a la justicia material, a los
postulados filosóficos inherentes a nuestro Estado social y democrático de
derecho, consulta de mejor manera el principio pro homine y contribuye a dar
cumplimiento al mandato constitucional de privilegiar la realidad frente a las
formas.
158 Vale la pena resaltar que los posgrados a los que alude la Sala son los de
maestría, doctorado y posdoctorado y no los de especialización, pues como su
propio nombre lo indica, estos últimos están orientados a la profundización en un
área específica del derecho, y por ello los títulos que acreditan la realización de
tales estudios, están llamados a precisar de manera puntal el área profesional
correspondiente.
159 De conformidad con lo expuesto, la Sala se ve precisada a declarar la
legalidad condicionada de la expresión “En la prueba de análisis de antecedentes
únicamente se otorga puntaje a los posgrados[…] maestrías, doctorados o
posdoctorados en derecho) que sean específicos respecto de la convocatoria y
empleo correspondiente[…]”, contenida en el inciso 3º del numeral 1º del art. 17
de la Resolución 040 de 2015, siempre y cuando se entienda que también deberá
otorgarse puntaje a los títulos de maestría, doctorados o posdoctorados, que se
expidan de forma general, sin especificar un área de profundización del derecho,
pero de los cuales se pueda derivar, bien sea a partir de las calificaciones
obtenidas, del contenido de los planes académicos, o del trabajo de investigación
adelantado, que el concursante conoce las materias que se exigen y relacionan
en cada convocatoria.»
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Nº Interno: 0480-2025
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A partir de la decisión adoptada por esta corporación, es dable concluir que,
frente a aquellos títulos de maestría, doctorados y posdoctorados que no
especifiquen el área de profundización, pero de los cuales se pueda dilucidar
el cumplimiento de la exigencia de la convocatoria, deben tenerse en cuenta.
Ahora bien, la sentencia remembrada, además de fijar la posibilidad de
valoración de dichas titulaciones, fijó los efectos de la declaratoria de legalidad
condicionada; en los siguientes términos:
199 Respecto de aquellos asuntos que se estén ventilando en procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho que se encuentren en trámite y que
tengan que ver con los problemas jurídicos mencionados en los numerales 3.9 y
3.11 de esta providencia, el efecto será retrospectivo, siempre y cuando las
decisiones que se adopten no afecten derechos y situaciones particulares ya
consolidados.
De acuerdo con lo anterior, el efecto retrospectivo está dado por expresa
disposición judicial, lo cual le impone a los sentenciadores de inferior categoría
acogerse a la decisión.
Esta razón es suficiente, para que el argumento de la Procuraduría General de
la Nación relativo a la extemporaneidad del allegamiento del acta de grado, en
el cual, se establece de manera explícita la profundización en derecho
administrativo, en la maestría cursada por el elegible, quede sin sustento;
porque aunque esta Corporación en múltiples oportunidades ha avalado el
carácter preclusivo de los términos y etapas del concurso de méritos, en el
presente asunto, es una decisión judicial, que en amparo de derechos de
raigambre fundamental, y ante el exceso ritual manifiesto contenido en la regla
del concurso, admitió que, para los procesos en trámite, como ocurre en el
presente evento; se pueda tener en cuenta el documento que da cuenta del
cumplimiento del requisito, al acreditarse el área de profundización.
Un planteamiento en contrario, vaciaría en su totalidad el objeto de la legalidad
condicionada dispuesta por la Corporación, máxime que, en el presente evento,
el acta de grado, fue allegada en el término de reclamación, y no como un
documento nuevo, sino justamente para acreditar la profundización, ante el
rechazo de otorgar puntaje al diploma de grado, por no establecer el énfasis de
la maestría en derecho.
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Nº Interno: 0480-2025
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De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, siendo que la decisión de
primera instancia se sustentó en la orden judicial expuesta, no hay lugar a
atender la alzada de la Procuraduría General de la Nación.
Ahora bien, siendo negativa la respuesta el primer problema jurídico planteado,
debe centrarse la Sala en el recurso impetrado por la parte demandante, según
el cual, al no disponerse de manera concreta el restablecimiento del derecho,
ordenando el nombramiento en el cargo de Procurador, por haber ocupado la
posición 94 en la lista de elegibles, una vez efectuada su reclasificación, al
incluir los 15 puntos, por la formación académica por título de maestría.
Indicó que, la forma en que fue planteado el restablecimiento del derecho, al
señalar que, en el evento que, con ocasión a la reclasificación, el actor se
posicione dentro de lista de elegibles, en uno de los puestos que llenaron los
cargos vacantes de Procurador Judicial II para la conciliación administrativa al
que aspiraba el actor, deberá PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
garantizar su derecho al mérito, sin que en ningún caso afecte las situaciones
jurídicas y los derechos individuales ya consolidados de los demás
concursantes, permite que la entidad cumpla a su arbitrio con la orden judicial,
además de ser incongruente con el petitum de la demanda.
En criterio de la Sala, la orden dispuesta por el juzgador de instancia, respeta
el concurso de méritos entendido como un todo, además de atender los efectos
que dispuso la sentencia del 30 de julio de 2021, expuesta en líneas anteriores.
La anterior conclusión por cuanto, la ubicación en la lista de elegibles del
demandante, no depende exclusivamente de la inclusión matemática efectuada
por el demandante; sino que, debe atender los derechos de los demás
concursantes, que, bajo los mismos presupuestos de la controversia aquí
suscitada, hayan acudido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para
obtener los puntajes en los términos de la decisión adoptada por el Consejo de
Estado y se encontraran en trámite.
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Nº Interno: 0480-2025
Demandante: Jesús Enrique Hernández Gámez
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Así las cosas, si bien al demandante deben incluírsele los 15 puntos por su
título de maestría, esta situación no le otorga per se, derecho a ser ubicado en
el puesto 94, en razón a que pueden existir elegibles con igual o mejor derecho,
quienes también deban ser reclasificados y en todo caso, la garantía del
derecho al mérito, penderá de quedar ubicado, luego de la antedicha
reclasificación, en el puesto que, al momento de vencerse la lista de elegibles,
le daba derecho a haber sido nombrado.
Bajo este panorama, ordenar el nombramiento como procurador, sin tener
prueba de la situación expresa de dicha lista de elegibles, frente a los demás
concursantes, excede el marco legal en la materia, por más que haya sido el
petitum de la demanda.
En línea con lo anterior, tampoco es factible ordenar el pago de la diferencia de
salarios y demás emolumentos dejados de percibir, desde el vencimiento de la
lista de elegibles, hasta el efectivo nombramiento; porque tal como lo adujo el
A-quo, tal circunstancia es incierta, en la medida que depende de la posición
de los demás elegibles que se encuentren en igual situación, que permitirá
concretar si al señor Jesús Enrique Hernández Gámez, le asistía o no el
derecho a ser nombrado como procurador; lo que impide establecer un
restablecimiento sobre derechos actualmente inciertos.
En virtud de todo lo expuesto, se confirmará la decisión de instancia.
2.3. Condena en costas.
Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus intereses, es decir,
no se cumplen los presupuestos establecidos por el artículo 188 de la Ley 1437
de 2011.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
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Demandante: Jesús Enrique Hernández Gámez
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de Tres (3) de Noviembre de Dos Mil
Veintitrés (2023), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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