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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02418-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02418-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de Veinticuatro (24) de junio de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, para en su lugar: SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 1637 del 27 de junio de 2016, por medio de la cual, se resolvió una reclamación contra el resultado de la prueba de análisis de antecedentes y, la nulidad parcial de la Resolución 341 del 8 de julio de 2016, por medio de la cual el Procurador General de la Nación, publicó y estableció la Lista de Elegibles de la Convocatoria 010-2015, para nombrar 4 Procuradores Judiciales I (Código y Grado 3PJ-EG), Dependencia Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, respecto de la señora Sandra Liliana Montenegro Cardona. TERCERO: A título de restablecimiento del derecho se ordenará a la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN a reclasificar a la señora Sandra Liliana Montenegro Cardona dentro de la lista de elegibles, teniendo en cuenta los 15 puntos a los que tenía derecho en la prueba de antecedentes, con ocasión a su Magíster en Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas. En el evento de que, con ocasión a la reclasificación, la actora se posicione dentro de lista de elegibles, en uno de los puestos que llenaron los cargos vacantes de Procurador Judicial I Delegada para Asuntos Civiles al que aspiraba la actora, deberá la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, garantizar su derecho al mérito, sin que en ningún caso afecte las situaciones jurídicas y los derechos individuales ya consolidados de los demás concursantes. CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia. 22 Número interno: 2505-2025 Demandante: Sandra Liliana Montenegro Cardona Demandada: Procuraduría General de la Nación SEXTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-02418-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veinticinco (25) de junio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 25000-23-42-000-2017-02418-01 (2505-2025)1
Demandante : Sandra Liliana Montenegro Cardona
Demandada : Procuraduría General de la Nación
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Concurso de méritos. Resolución 040 de 2015
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y el
litisconsorte necesario, contra la sentencia de Veinticuatro (24) de junio de Dos Mil
Veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1. La demandante por conducto de apoderado, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA2),
demandó a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de obtener las
siguientes declaraciones y condenas:

1.1 Pretensiones

2. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Resolución 1637
del 27 de junio de 2016, por medio de la cual, se resolvió una reclamación contra
el resultado de la prueba de análisis de antecedentes; (ii) Resolución 341 de 8 de
julio de 2016, en la cual, se estableció la lista de elegibles de la convocatoria 010
de 2015; (iii) Resolución 726 del 11 de noviembre de 2016, a través de la que, se
da cumplimiento a un fallo de tutela en segunda instancia y se revocó la resolución
428 del 6 de septiembre de 2016 y se conformó nuevamente la lista de elegibles;
(iv) Resolución 1794 del 10 de noviembre de 2016, por medio de la cual, se
revoca la resolución 1778 del 30 de agosto de 2016, por la cual, se modificó el
puntaje de la prueba de antecedentes de la señora Sandra Montenegro de 32 a 47

1
Expediente hibrido
2
En adelante CPACA.

2

Número interno: 2505-2025
Demandante: Sandra Liliana Montenegro Cardona
Demandada: Procuraduría General de la Nación

y se determinó que el puntaje volvía a ser 32, y (v) Decreto 044 del 3 de enero de
2017, por medio del cual, se hace un nombramiento en periodo de prueba al señor
José Vicente Hurtado Palomino en el cargo de Procurador Judicial I código 3PJ,
grado EG, en la Procuraduría 11 Judicial I Asuntos Civiles, con sede en la ciudad
de Bogotá, y Acta de posesión No. 00101 del 1 de febrero de 2017.

3. A título de restablecimiento del derecho, deprecó que se condene a la entidad
accionada a: (i) otorgarle el puntaje que le corresponde en relación con la
Maestría de Análisis Económico del Derecho y Políticas Públicas y se recalifique
su prueba de análisis de antecedentes teniendo en cuenta dicho puntaje; (ii)
recomponer la lista de elegibles, de acuerdo con los resultados objetivamente
obtenidos por los participantes, después de que se dé el puntaje correspondiente
a la Maestría en Análisis Económico del Derecho.(iii) nombrar a la demandante en
el cargo de Procurador judicial I para asuntos civiles o, en su defecto, como
Procurador Judicial I en otra Procuraduría Delegada en la ciudad de Bogotá; (iv)
reconocer «los salarios y prestaciones sociales correspondientes al cargo de Procurador Judicial
I para asuntos civiles, dejados de percibir desde el día en que se debió haber hecho su
nombramiento en cumplimiento del fallo de tutela de primera instancia y hasta la fecha en que se
haga efectivo su nombramiento, así como los intereses y derechos a que haya lugar.» 3; (v)

reconocer por concepto de daños morales, el equivalente a 100 salarios mínimos
legales mensuales; (vi) pagar las sumas dinerarias debidamente indexadas, y los
intereses moratorios de no cumplir la sentencia de manera oportuna, y (vii)
cancelar las costas y agencias en derecho.

4. Los hechos en los que se fundamentan las pretensiones se sintetizan así:

5. La demandante es abogada con especialización en derecho de los negocios y
cursó la Maestría en Análisis Económico del Derecho y Políticas Públicas en la
Universidad de Salamanca España.

6. El Ministerio de Educación Nacional convalidó y reconoció con todos los efectos
académicos y legales la maestría cursada en el exterior, mediante la Resolución
No. 4440 de 26 de abril de 2012, como equivalente al título de magister en análisis
económico del derecho y las políticas públicas que otorgan las instituciones de
educación superior del país.

3
« Estos derechos están representados por todas las sumas correspondientes a sueldos, gastos de representación, primas
especiales de servicios, primas de servicio, vacaciones y primas vacacionales, primas de navidad, cesantías, prestaciones
sociales, bonificaciones, pagos hechos por concepto de afiliación al régimen de salud y a seguridad social y demás
emolumentos dejados de percibir.»

3

Número interno: 2505-2025
Demandante: Sandra Liliana Montenegro Cardona
Demandada: Procuraduría General de la Nación

7. Mediante la Resolución No. 040 de 20 de enero de 2015, el Procurador General
de la Nación dio apertura a un concurso público de mérito para proveer todos los
empleos de procuradores judiciales I y II.

8. La actora se inscribió en la convocatoria 010-2025 cargo 3PJ-EC, para proveer
dos vacantes del cargo de procurador judicial I de la Procuraduría Delegada para
Asuntos Civiles. Por ser una funcionaria activa de la Entidad, no debía adjuntar los
documentos requeridos para acceder a la convocatoria y ser valorados los
antecedentes, dado que, los mismos reposaban en la oficina de talento humano
de la Procuraduría General de la Nación.

9. Fue admitida al concurso público y aprobó la prueba de conocimiento con un
puntaje de 80.75 puntos; en la prueba de competencias comportamentales obtuvo
un puntaje de 72.35.

10. El 24 de febrero de 2016, la entidad publicó los resultados de la calificación de
la prueba de análisis de antecedentes, en la cual le asignaron a la demandante un
puntaje de 32, cuando debió ser de 47 puntos por su experiencia y estudios, así: 7
puntos por la especialización, 15 puntos por la maestría, 25 puntos por 5 años de
experiencia profesional y docente.

11. Inconforme con la decisión, radicó reclamación que fue resuelta mediante la
Resolución 4440 de 27 de junio de 2016, en la cual se confirmó el puntaje
asignado en la prueba de análisis de antecedentes, bajo el argumento de que la
Maestría de análisis económico del derecho y las políticas públicas no fue incluida
en la convocatoria 010- 2015.

12. Por lo anterior, fue excluida de la lista de elegibles del concurso porque no
obtuvo el puntaje mínimo exigido mayor al 70% para integrar el registro. El
resultado final asignado fue 68.88 puntos.

13. El 5 de julio de 2016, antes de que se conformara el listado de elegibles la
demandante presentó acción de tutela por no habérsele tenido en cuenta la
maestría.

14. A través de la Resolución 341 de 8 de julio de 2016, el Procurador General de
la Nación conformó la lista de elegibles de la convocatoria No. 010-2015,
correspondiente a los Procuradores Judiciales I Delegados para asuntos civiles.

4

Número interno: 2505-2025
Demandante: Sandra Liliana Montenegro Cardona
Demandada: Procuraduría General de la Nación

15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia de tutela proferida el
5 de agosto de 2016, amparó el derecho fundamental de la aquí actora al debido
proceso y ordenó a la Procuraduría y a la Universidad de Pamplona otorgarle el
puntaje que correspondía en la prueba de análisis de antecedentes al título de
maestría de análisis económico del derecho y las políticas públicas, por estar
relacionada con el derecho económico del artículo 17 de la resolución 040 de
2015.

16. En cumplimiento al fallo de tutela, la Procuraduría profirió las Resoluciones
1178 de 30 de agosto de 2016, que modificó el puntaje obtenido en la prueba de
análisis de antecedentes de 32 a 47 puntos; y, la 428 de 6 de septiembre de 2016
que modificó el numeral 1° de la Resolución 341 de 8 de julio de 2016, que
conformó la lista de elegibles de la convocatoria 010 de 2015 y, resolvió incluir a la
demandante en el tercer lugar de la lista con un puntaje de 71.88.

17. La Procuraduría General de la Nación impugnó la decisión, y la Sección Quinta
del Consejo de Estado en sentencia de 27 de octubre de 2016, revocó la decisión
de primera instancia. Por lo anterior, la entidad mediante Resolución 1734 de 10
de noviembre de 2016, notificada en la misma fecha, revocó la Resolución 1778
de 30 de agosto de 2016, que modificó en un principio el puntaje obtenido por la
actora en la prueba de análisis de antecedentes y determinó que el puntaje volvía
a ser el obtenido inicialmente de 32.

18. De igual manera, dictó la Resolución 726 de 11 de noviembre de 2016 que
revocó la Resolución 426 de 6 de septiembre de 2016, y conformó nuevamente la
lista de elegibles, «retirando de la misma a la actora, sin el consentimiento previo acorde al
artículo 97 del CPACA.» El primero de los aspirantes de la lista de elegibles no aceptó,

y, por lo tanto, se nombró a los dos siguientes, pues, se ofertaron dos vacantes del
empleo.

19. Adujo que, la maestría en análisis económico del derecho y las políticas
públicas que le fue convalidada por el Ministerio de Educación Nacional contiene
los mismos ejes temáticos de una maestría de derecho económico o de regulación
económica ofertada en una universidad de Colombia.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

20. Constitución Política, artículos 13, 25, 29, numeral 7 del 40, 53, 83, 125 y 209,
artículos 3, 97, 128 y 161, 1° de la Ley 1437 de 2011; los artículos 1, 2, 27, 28, 29

5

Número interno: 2505-2025
Demandante: Sandra Liliana Montenegro Cardona
Demandada: Procuraduría General de la Nación

y 31 de la ley 909 de 2004. Artículos 7, 12, 183, 191, 192, 193, 194, 211, 216 y
260 del Decreto Ley 262 de 2000, y la Resolución 4440 de 26 de abril de 2012,
proferida por el Ministerio de Educación Nacional.

21. Que el acto acusado fue expedido con infracción de las normas en que debía
fundarse, en forma irregular y con desconocimiento de las garantías del debido
proceso y del derecho de defensa, además de encontrarse viciado por falsa
motivación; lo anterior, por cuanto la entidad incurrió en una indebida valoración
de la prueba de antecedentes, al apartarse de los principios que rigen el acceso al
empleo público, particularmente los de confiabilidad y validez de los instrumentos
destinados a verificar las capacidades y competencias de los aspirantes a cargos
de carrera.

22. Adujo que, la administración realizó un análisis superficial y discriminatorio, al
restringir la valoración de los estudios de posgrado a su denominación formal, sin
atender a la equivalencia sustancial de los contenidos académicos. Ello,
desconoce que la oferta educativa, tanto nacional como extranjera, presenta
similitudes en los programas, aun cuando difieran en su denominación.

23. De igual forma, la Procuraduría General de la Nación desconoció la resolución
expedida por el Ministerio de Educación Nacional, mediante la cual, se convalidó
el título de maestría obtenido por la demandante en el exterior, acto que le
otorgaba plena validez en el ordenamiento jurídico interno.

2. Contestación de la demanda

24. La Procuraduría General de la Nación4 se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda, al considerar que de conformidad con el artículo 10
del Decreto Ley 263 de 2000, el Procurador General de la Nación ostentaba la
competencia para fijar las reglas de la convocatoria pública, así como, los
mecanismos de verificación y valoración de la experiencia profesional exigida a los
aspirantes, disposiciones que fueron debidamente consignadas en la Resolución
040 de 2015.

25. En consecuencia, la aspirante conoció de manera previa a su inscripción las
condiciones, criterios y formas de valoración de los estudios de posgrado dentro
de la prueba de análisis de antecedentes, en concordancia con los énfasis y

4
Cuaderno tribunal, folios 104 a 215.

6

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Demandante: Sandra Liliana Montenegro Cardona
Demandada: Procuraduría General de la Nación

requerimientos definidos para cada área funcional, lo cual, garantizó la
transparencia y sujeción al principio de legalidad en el proceso de selección.

26. La demandante pretende que la entidad realice un «juego de palabras» para
valorar una maestría que no estaba expresamente incluida dentro de las que
otorgaba puntaje en la convocatoria No. 10; sin embargo, esa situación contraría
el principio de igualdad frente a los demás concursantes en similares condiciones.

27. Por último, señaló que las resoluciones 726 y 1794 de 2016 se dictaron en
cumplimiento a una sentencia de acción de tutela, no se requería el
consentimiento previo, expreso y escrito de la demandante, tal como se
argumentó en la parte motiva de los actos mencionados.

3. Vinculados.

28. El señor Juan Andrés Sarmiento Naranjo, solicitó que, en el evento de
prosperar las pretensiones de la demanda, se conserve su condición de elegible
en el primer puesto para acceder al cargo solicitado por la actora.

29. El señor José Vicente Hurtado Palomino, se opone a las pretensiones del
libelo, en ese contexto, formuló como excepciones; la caducidad de la acción
frente a la Resolución 1637 de 27 de junio de 2016, improcedencia del medio de
control de nulidad y restablecimiento para alterar la Resolución 4440 de 26 de abril
de 2016 del Ministerio de Educación Nacional, y la inexistencia de discriminación o
vulneración a los derechos fundamentales de la demandante.

30. El señor Édgar Andrés Sinisterra Restrepo manifestó no tener interés en las
resultas del proceso, ya que, de recomponerse la lista de elegibles, la demandante
se ubicaría por debajo de su lugar en dicho registro y propuso como excepciones,
las que denominó «demanda carece de fundamento y se ejerció la acción errada para la
pretensión invocada»

31. La Universidad de Pamplona se opone a la prosperidad de las pretensiones de
la demanda, argumentando no haber proferido los actos administrativos cuya
nulidad se solicita, en tanto su intervención se limitó a la ejecución del contrato
interadministrativo No. 179-094 de 2014 en calidad de operador, y formuló la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

32. El señor Óscar Leonardo Romero Bareño guardó silencio.

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Número interno: 2505-2025
Demandante: Sandra Liliana Montenegro Cardona
Demandada: Procuraduría General de la Nación

4. Sentencia de primera instancia5

33. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección A
mediante sentencia del Veinticuatro (24) de junio de Dos Mil Veinticinco (2025),
negó las súplicas de la demanda, sin condena en costas.

34. Para el efecto, sostuvo que el título de Máster de Análisis Económico del
Derecho y Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca España de Sandra
Liliana Montenegro convalidado por el Ministerio de Educación Nacional, no
resultó suficiente para acreditar los conocimientos específicos que exige la
convocatoria 010-2015, bajo los parámetros de la sentencia de nulidad proferida
por el Consejo de Estado6 que declaró la legalidad condicionada del inciso 3º del
numeral 1º del artículo 17 de la resolución que convocó el concurso de
procuradores.

35. Sustentó esa tesis en que, las consideraciones de la resolución que convalidó
el máster, el Ministerio de Educación Nacional, no mencionó detalles del programa
académico que aprobó la actora. En ese sentido, recordó que esta corporación en
sentencia de 30 de julio de 20217, declaró la legalidad condicionada del inciso 3º
del numeral 1º del artículo 17 de la Resolución 040 de 2015, «en el entendido de que
en la prueba de análisis de antecedentes puede otorgarse puntaje tanto a los posgrados
(maestrías, doctorados o posdoctorados en derecho) que sean específicos respecto de la
convocatoria y empleo correspondiente, así como también, aquellos cuyo título no especifique
determinada área de profundización del derecho, pero de los cuales se pueda derivar, bien sea por
las calificaciones obtenidas, por el contenido del programa académico cursado o por la tesis o
trabajo de investigación adelantado, que el concursante cuenta con la idoneidad profesional y los
conocimientos previstos en cada convocatoria para el desempeño del empleo correspondiente.»

36. Indicó que, del material probatorio adosado al expediente no existe certeza del
contenido del documento denominado, «máster de Análisis económico del derecho y las
políticas públicas» de la Escuela de posgrado de la Universidad de Salamanca, pero,

en especial de si las asignaturas son o no las que cursó la demandante,
concluyendo que, «No es dable con las pruebas del expediente cotejar las afirmaciones de la
demanda para determinar si la concursante, aquí demandante, en el plan académico que cursó se
formó en el área del derecho económico o regulación económica que exigía la convocatoria 010-
2015.»

5
Samai del tribunal de origen, índice 118
6
Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 30 de julio de 2021, dentro del expediente con radicación
11001-03 25-000-2015-00366-00(0740-15)
7
Consejero Ponente, Gabriel Valbuena Hernández, radicado 110010325000201500366 00 (0740-2015).

8

Número interno: 2505-2025
Demandante: Sandra Liliana Montenegro Cardona
Demandada: Procuraduría General de la Nación

37. Igualmente, desestimó el argumento de la necesidad del consentimiento previo
frente a la demandante, antes de proferirse las Resoluciones 1794 de 10 de
noviembre de 2016 y 726 de 11 de noviembre de 2016, (actos que la excluyeron
del concurso), dado que, esas decisiones se profirieron en cumplimiento a la
sentencia en segunda instancia del Consejo de Estado que declaró improcedente
la acción de tutela que instauró la actora frente a los mencionados actos, en ese
sentido, la interesada conoció de antemano los fundamentos de la entidad y que
ésta sólo dio cumplimiento al mandato de una autoridad judicial, además, ejerció
su derecho a la defensa a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

38. Concluyó que, era carga de la parte demandante acreditar los cargos de
nulidad que formuló contra los actos acusados acorde al artículo 167 del C.G.P.;
sin embargo, tal circunstancia no ocurrió en el caso particular, razón por la cual,
los actos administrativos demandados conservan su validez al no haber sido
desvirtuada la presunción de legalidad que los ampara.

5.Recurso de apelación

39. La parte demandante8 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia para que, en su lugar, se revoque, por lo siguiente:

40. Expuso que, la decisión del A-quo desestimó una prueba documental que fue
debidamente allegada al proceso y cuya validez nunca fue cuestionada por los
sujetos procesales. Así mismo, se desconoció lo ordenado por el Consejo de
Estado en la Sentencia del 30 de julio de 2021, respecto a la valoración de los
títulos de maestría dentro del concurso de méritos de procuradores judiciales de la
Procuraduría General de la Nación del año 2015.

41. Por ello, solicita que se valoren en conjunto las pruebas allegadas al proceso y
se realice la comparación entre los pensum académicos que debió haberse
realizado en primera instancia, a fin establecer si del análisis del programa de
máster en análisis económico del derecho y las políticas públicas que cursó la
demandante y que acreditó en el concurso público, puede derivarse que cuenta
con la idoneidad profesional y los conocimientos previstos en la convocatoria para
el desempeño del empleo de Procurador Judicial 1 para asuntos civiles.

8
Samai del tribunal de origen, índice 132

9

Número interno: 2505-2025
Demandante: Sandra Liliana Montenegro Cardona
Demandada: Procuraduría General de la Nación

42. Por su parte, el señor Juan Andrés Sarmiento Naranjo, apela la sentencia de
instancia para que sea revocada, teniendo en cuenta que, la accionante obtuvo la
convalidación de la maestría por parte del Ministerio de Educación, en ese sentido
se desconoció el puntaje que en realidad le correspondía.

6. Trámite de segunda instancia

43. Por auto del catorce (14) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)9, el
despacho sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la
demandante y el señor Sarmiento Naranjo, y conforme con el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar; sin embargo, se pronunciaron respecto de
la apelación y el Ministerio Público rindió concepto.

7. Concepto del Ministerio Público.10

44. En su concepto, el Agente del Ministerio Público, indicó que la sentencia deber
ser confirmada, por cuanto, «se encuentra debidamente fundamentada en las disposiciones
legales y jurisprudenciales aplicables, razón por la cual los argumentos expuestos en el recurso de
apelación no están llamados a prosperar. En consecuencia, se solicitará la confirmación del fallo
objeto de censura, por encontrarse ajustado a derecho.»

8. Alegatos de conclusión

45. El señor José Vicente Hurtado Palomino11, en calidad de vinculado, presentó
alegatos de conclusión, en suma, aboga por la confirmación del fallo apelado e
insiste en que la acción deviene caduca respecto de la Resolución 1637 de 27 de
junio de 2016, y 341 de 8 de julio de 2016; y que, la Resolución 1734 del 10 de
noviembre de 2016 y 726 del 11 de noviembre de 2016, no son susceptibles de
reproche judicial, toda vez que, se expidieron en cumplimiento a una orden judicial
(acción de tutela).
II.CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

46. La Sala es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

9
Índice 0005. Samai.
10
Índice 0010. Samai
11
Índice 0011. Samai
Samai del tribunal de origen, índice 132

10

Número interno: 2505-2025
Demandante: Sandra Liliana Montenegro Cardona
Demandada: Procuraduría General de la Nación

2.1.2. Cuestión previa

2.1.3. De la caducidad
47. Previo a pronunciarse sobre el problema jurídico y el caso concreto, la Sala
considera necesario precisar que, el estudio de la caducidad y procedencia del
medio de control, ya fue zanjado por la primera instancia mediante proveído del
Dos (2) de mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024)12, bajo el siguiente tenor:

[…]

De acuerdo al recuento fáctico se advierte por este Despacho que la caducidad no puede
predicarse del acto que resolvió la reclamación realizada contra el puntaje obtenido en el
análisis de antecedentes, ni de la primera lista de elegibles, como quiera que con el fallo de
tutela en primera instancia su menoscabo había cesado y no existía fundamento para acudir
a la jurisdicción, máxime cuando la orden impartida por el juez constitucional no fue
transitoria.

Es con la providencia que resuelve la impugnación y las resoluciones que dan cumplimiento
a ella, que se consolidó la situación jurídica de la actora y que realmente se le generó un
daño, pues decidieron de manera directa en su puntaje y ello trajo como resultado que fuera
retirada de manera definitiva de la lista de elegibles, lo cual la habilitó para demandar en
nulidad tales resoluciones.

A través de la jurisprudencia se ha señalado que los actos administrativos de calificación que
excluyan a un participante del concurso, al igual que la lista de elegibles, son actos que
definen situaciones jurídicas, en la medida que al asignar un puntaje crean para el
participante un estatus que, para el caso, puede ser excluyente del concurso.

Habiendo hecho tal precisión, la caducidad se contabilizará desde la publicación de la
Resolución 726 de 11 de noviembre de 2016 que revocó la Resolución 426 de 6 de
septiembre de 2016 y conformó nuevamente la lista de elegibles.

De acuerdo con la información que reposa en la página web de la Procuraduría General de
la Nación4 , la Resolución 726 de 11 de noviembre de 2016 fue publicada el 15 de
noviembre de 2016, por lo cual los cuatro meses empezaron a correr a partir del día
siguiente, finiquitando el 16 de marzo de 2017. Conforme se aprecia en el acta de
conciliación extrajudicial expedida por la Procuraduría 128 Judicial II para Asuntos
Administrativos, la solicitud fue presentada el 10 de marzo de 2017, restando para ese
momento 6 días de los cuatro meses. El requisito se dio por agotado por falta de acuerdo
entre las partes mediante acta otorgada el 16 de mayo de esa misma anualidad y, según
acta de reparto la demanda fue radicada al día siguiente, es decir, el 17 de mayo de 2017;
por lo que la demanda se encuentra en término.

[…]

48. Así las cosas, ante la inexistencia de algún vicio procesal que invalide la
actuación, se procederá a la fijación del problemas jurídico a dilucidar.

2.2 . Problema jurídico.

49. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:

12
Samai del tribunal de origen, índice 83

11

Número interno: 2505-2025
Demandante: Sandra Liliana Montenegro Cardona
Demandada: Procuraduría General de la Nación

¿Se debe revocar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
negó las pretensiones, por una presunta indebida valoración probatoria respecto
del título de maestría aportado por la demandante, para otorgarle puntaje adicional
al fijado en el análisis de antecedentes? En caso afirmativo, ¿procede el
restablecimiento del derecho pretendido por la actora, esto es, nombrarla en el
cargo de Procurador judicial I para asuntos civiles o, en su defecto, como
Procurador Judicial I en otra Procuraduría Delegada en la ciudad de Bogotá?

50. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1 Marco normativo y jurisprudencial y 2.2 Caso concreto

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

51. La Procuraduría General de la Nación cuenta con un régimen especial de
carrera; para el cual, la Ley 573 de 2000 revistió al Presidente de la República de
amplias facultades extraordinarias; es así como, se expidió el Decreto ley 262 de
2000, que lo reguló.

52. Contra dicho decreto se presentó demanda de inconstitucionalidad, la cual,
finalizó con la Sentencia C-101 de 2013, que declaró inexequible la expresión
«procurador judicial» contenida en el numeral 2 del artículo 182, que catalogaba a los
procuradores judiciales como de libre nombramiento y remoción; ordenándosele a
la entidad aquí demandada que, en el término de seis meses, convocara a
concurso público, para la provisión en propiedad de los cargos de procurador
judicial, mismo que debía culminar en el plazo máximo de un año, contado a partir
de la notificación de esa sentencia.

53. La Procuraduría General de la Nación solicitó la nulidad de la referida
sentencia de constitucionalidad; habiéndose proferido el auto No. 255 del mismo
año, donde se negó tal solicitud.

54. En virtud de dicha orden judicial, la Procuraduría General de la Nación, a
través de la Resolución No. 040 del 20 de enero de 2015, dio apertura al concurso
abierto de méritos para proveer los empleos de procurador judicial I y II, proceso
que finalizó con la Resolución No. 341 del 8 de julio de 2016, mediante la cual, se
conformó la lista de elegibles, para Procuradores Judiciales I, Dependencia
Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles.

2.3. Hechos probados

12

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55. Mediante Resolución 1637 de 27 de junio de 2016, la Procuraduría le resolvió
de manera desfavorable la reclamación elevada por la actora frente a la
calificación de los antecedentes y, confirmó el resultado obtenido.13

56. Por medio de la Resolución 341 de 8 de julio de 2016, la Procuraduría General
de la Nación, conformó la lista de elegibles de la convocatoria 010 de 2015, con un
total de cuatro concursantes para dos empleos vacantes, en la cual Sandra Liliana
Montenegro no figuró.14

57. En cumplimiento de una acción de tutela se profirieron las Resoluciones Nos.
1178 de 30 de agosto de 2016 por la que modificó el puntaje obtenido por Sandra
Montenegro en la prueba de análisis de antecedentes de 32 a 47 puntos; y, la 428
de 6 de septiembre de 2016, que modificó el numeral 1° de la Resolución 341 de 8
de julio de 2016, y, resolvió incluir a la demandante en el tercer lugar de la lista con
un puntaje de 71.88.15

58. Esta corporación revocó la decisión constitucional mediante sentencia del 27
de octubre de 201616. En cumplimiento de dicha decisión se conformó nuevamente
la lista de elegibles, retirando de la misma a la demandante, conforme a la
Resolución 726 del 11 de noviembre de 201617, en la que dispuso, «PRIMERO:
REVOCAR la Resolución 428 de 6 de septiembre de 2016, por medio de la cual se modifica la lista
de elegibles de la convocatoria 010-2015 del Concurso Abierto de Méritos para Proveer los cargos
de Procuradores Judiciales I y II, quedando de la siguiente manera»

2.2. Caso concreto.

13
Folios 29 a 35 y 186 a 196 del expediente.
14
Folios 71 a 72 y 197 a 199 del expediente.
15
Folios 79 a 85 del expediente.
16
Radicado 25000 23 37 000 2016 01284 01Folios 73 a 75 del expediente
17
Folios 200 a 201 del expediente

13

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59. En el presente asunto, no está en discusión la participación de la señora
Sandra Liliana Montenegro Cardona, en la Convocatoria 010-2015, para el cargo
de Procuradores Judiciales I, Dependencia Procuraduría Delegada para Asuntos
Civiles.

60. Tampoco está en entredicho, el hecho que, en la etapa dispuesta para tal fin,
aportó el diploma de maestría en análisis económico del derecho y políticas
públicas otorgado por la Universidad de Salamanca España, ni que, en la
reclamación frente al puntaje otorgado en el análisis de antecedentes, aportó el
título de «Máster Universitario en Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas»;
aspectos dilucidados en la sentencia de primera instancia y no controvertidos por
los extremos procesales.

61. Puntualmente, la apelación de la demandante y el vinculado, radican en la
decisión de primer grado, de negar las pretensiones del libelo, tras desconocer el
valor probatorio del título de Máster Universitario en Análisis Económico del
Derecho y las Políticas Públicas otorgado por la Universidad de Salamanca
España, convalidado por el Ministerio de Educación Nacional, mismo que fue
descartado por la Procuraduría General de la Nación de cara a la Convocatoria
010-2015.

62. En criterio de la recurrente, el documento resulta idóneo y corresponde a la
temática de los títulos aceptados para dicha convocatoria.

63. Al respecto, debe señalarse que, la Resolución 040 de 2015, «Por medio de la
cual se da apertura y se reglamenta la convocatoria del proceso de selección para proveer los
cargos de carrera de procuradores judiciales de la Entidad», en su artículo 17 dispuso:

«(…) ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: CRITERIOS Y VALORES DE PUNTUACIÓN EN LA
PRUEBA DE ANÁLISIS DE ANTECEDENTES. Dentro de esta prueba se valorarán dos
criterios:

1. Títulos de posgrado
2. Experiencia profesional relacionada adicional y publicaciones de libros

1. Títulos de posgrado
Por el criterio de títulos de posgrado se puede obtener un máximo de 40 puntos en la prueba
de análisis de antecedentes.

Se otorga puntaje a cada título de posgrado del nivel profesional, en las modalidades de
especialización, maestría, doctorado y posdoctorado, para lo cual es necesario adjuntar
copia del diploma o del acta de grado y del acto de convalidación cuando se trata de títulos
obtenidos en el exterior.

14

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Los puntajes se asignan de la siguiente manera:

a) Por cada título de especialización 7 puntos
b) Por cada título de maestría 15 puntos
c) Por cada título de doctorado 30 puntos
d) Por cada posdoctorado 40 puntos

En la prueba de análisis de antecedentes únicamente se otorga puntaje a los posgrados
(especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados en derecho) que sean
específicos respecto de la convocatoria y empleo correspondiente, para lo cual se aplicará la
siguiente tabla:

64. No obstante lo anterior, para los precisos términos del concurso de méritos de
procuradores judiciales I y II, surtida en el año 2015, debe tenerse en cuenta la
sentencia proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, el 30 de julio de 2021, dentro del expediente con radicación 11001-03 25-
000-2015-00366-00(0740-15), en la cual, al resolver una demanda de simple
nulidad contra la Resolución 040 de 2015, puntualizo:

«3.9.- NOVENO PROBLEMA JURÍDICO: ¿El artículo 17 de la Resolución 040 de 2015 viola
el derecho a la igualdad y limita indebidamente el acceso al cargo de procurador judicial, a
quienes adelantaron estudios de posgrado en la modalidad investigativa cuyo título no refleja
expresamente un área específica del derecho y por no asignar puntaje a los títulos de
posgrado en temas ambientales y desarrollo sostenible concretamente en las convocatorias
06 y 013?

(…)

b.- Pronunciamiento de la Sala 154 Luego de analizar con detenimiento los cargos antes
mencionados, la Sala encuentra que le asiste razón a los demandantes en relación con el
primero de los cargos de nulidad. En efecto, otorgar puntajes solamente a los títulos de
posgrado maestría, doctorado y posdoctorado que reflejen de forma expresa áreas
específicas del derecho descartando de plano aquellos que se expiden de forma genérica,
como lo consagra el inciso 3º del numeral 1º del art. 17 de la Resolución 040 de 2015,
comporta una restricción del derecho de acceso a los cargos públicos, y contraviene el
principio del mérito, puesto que desconoce que el aspirante cuenta en todo caso, con las
destrezas y capacidades que el mismo acto demandado en el art. 17 busca privilegiar a
través de la asignación de mayores puntajes a los posgrados en maestría (15), doctorado
(30) y posdoctorado (40).

155 Para la Sala resulta relevante mencionar que la misma Ley 30 de 1992 en los artículos
12 y 13, se ocupó expresamente de resaltar que los programas antes enunciados
contribuyen a ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas
disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales con apoyo en la investigación y la
profundización en áreas específicas de las ciencias, y en tal sentido, es claro que quien ha

15

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tenido la oportunidad de cursar dichos estudios, no solo tiene el dominio del tema en el cual
centró su investigación, sino que además de ello, cuenta con importantes habilidades y
competencias profesionales que lo cualifican en el servicio público.

156 En opinión de la Sala, la disposición que establece que son objeto de puntuación
aquellos títulos de maestría, doctorado y posdoctorado que reflejen una de las áreas
específicas del derecho enlistadas en el acto administrativo demandado, constituye una
barrera injustificada al acceso al servicio público, pues como bien lo señalan los actores,
puede darse que el caso de que los planes de estudio o las investigaciones académicas
realizadas para la obtención de dichos títulos, correspondan a las mismas materias cursadas
por quienes ostentan diplomas específicos. Por lo mismo, unos y otros son diplomas válidos
para acreditar la idoneidad profesional, así como las habilidades, competencias,
capacidades y conocimientos necesarios para el desempeño de las funciones inherentes a
los empleos a los cuales aspiran. Al fin y al cabo, la culminación exitosa de ese tipo de
estudios de posgrado hace suponer que la persona que ha tenido la oportunidad de
adelantarlos ha alcanzado un alto nivel de formación y cuenta con el criterio, la capacidad de
análisis y las habilidades necesarias para contribuir al cumplimiento de las misiones
institucionales distintos cargos que forman parte de la planta de personal de la Procuraduría.

157 Aunque la especificidad es útil al momento de “escoger al personal con mayor
conocimiento y experiencia para un área de trabajo en particular”, dicho propósito también
se puede lograr si se permite a los concursantes que hayan obtenido ese tipo de títulos
genéricos o inespecíficos, la posibilidad de acreditar o precisar su formación, mediante la
presentación complementaria de las calificaciones obtenidas, de certificaciones que den
cuenta de los estudios académicos adelantados o de los trabajos de investigación
realizados. Criterios extensivos como el expuesto, contribuyen a honrar de mejor manera el
principio del mérito y allanan la posibilidad de que esos profesionales puedan tener un
acceso efectivo a los cargos públicos en igualdad de condiciones. Del mismo modo, esta
interpretación se aproxima mucho más a la justicia material, a los postulados filosóficos
inherentes a nuestro Estado social y democrático de derecho, consulta de mejor manera el
principio pro homine y contribuye a dar cumplimiento al mandato constitucional de privilegiar
la realidad frente a las formas.

157 Aunque la especificidad es útil al momento de “escoger al personal con mayor
conocimiento y experiencia para un área de trabajo en particular”, dicho propósito también
se puede lograr si se permite a los concursantes que hayan obtenido ese tipo de títulos
genéricos o inespecíficos, la posibilidad de acreditar o precisar su formación, mediante la
presentación complementaria de las calificaciones obtenidas, de certificaciones que den
cuenta de los estudios académicos adelantados o de los trabajos de investigación
realizados. Criterios extensivos como el expuesto, contribuyen a honrar de mejor manera el
principio del mérito y allanan la posibilidad de que esos profesionales puedan tener un
acceso efectivo a los cargos públicos en igualdad de condiciones. Del mismo modo, esta
interpretación se aproxima mucho más a la justicia material, a los postulados filosóficos
inherentes a nuestro Estado social y democrático de derecho, consulta de mejor manera el
principio pro homine y contribuye a dar cumplimiento al mandato constitucional de privilegiar
la realidad frente a las formas. 159 De conformidad con lo expuesto, la Sala se ve precisada
a declarar la legalidad condicionada de la expresión “En la prueba de análisis de
antecedentes únicamente se otorga puntaje a los posgrados[…] maestrías, doctorados o
posdoctorados en derecho) que sean específicos respecto de la convocatoria y empleo
correspondiente[…]”, contenida en el inciso 3º del numeral 1º del art. 17 de la Resolución
040 de 2015, siempre y cuando se entienda que también deberá otorgarse puntaje a los
títulos de maestría, doctorados o posdoctorados, que se expidan de forma general, sin
especificar un área de profundización del derecho, pero de los cuales se pueda derivar, bien
sea a partir de las calificaciones obtenidas, del contenido de los planes académicos, o del
trabajo de investigación adelantado, que el concursante conoce las materias que se exigen y
relacionan en cada convocatoria.»

65. A partir de la decisión adoptada por esta corporación, es dable concluir que,
frente a aquellos títulos de maestría, doctorados y posdoctorados que no
especifiquen el área de profundización, pero de los cuales se pueda dilucidar el
cumplimiento de la exigencia de la convocatoria, deben tenerse en cuenta.

16

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66. Ahora bien, la sentencia remembrada, además de fijar la posibilidad de
valoración de dichas titulaciones, fijó los efectos de la declaratoria de legalidad
condicionada; en los siguientes términos:

«199 Respecto de aquellos asuntos que se estén ventilando en procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho que se encuentren en trámite y que tengan que ver con los
problemas jurídicos mencionados en los numerales 3.9 y 3.11 de esta providencia, el efecto
será retrospectivo, siempre y cuando las decisiones que se adopten no afecten derechos y
situaciones particulares ya consolidados.»

67. De acuerdo con lo anterior, el efecto retrospectivo está dado por expresa
disposición judicial, lo cual le impone a los sentenciadores de inferior categoría
acogerse a la decisión.

68. En ese orden, con base en los resultados de la prueba de conocimientos y en
la evaluación de antecedentes, la señora Montenegro Cardona obtuvo un puntaje
total de 68,88 puntos, razón por la cual, no superó el mínimo de setenta (70)
puntos exigidos para integrar la lista de elegibles.

69. No obstante, la actora insiste en su recurso que, la temática de la maestría
corresponde a la regulación económica o derecho económico «los cuales se incluyen
dentro del listado de títulos para la convocatoria 010-2015, por lo que debe ser puntuada.»

70. Ahora bien, para efectos de resolver la primera arista de problema jurídico,
esto es, la valoración del título de Máster Universitario en Análisis Económico del
Derecho y las Políticas Públicas otorgado por la Universidad de Salamanca
España, de cara a su convalidación para el resultado de la prueba de análisis de
antecedentes, dirá la Sala lo siguiente.

71. El grado académico de la actora fue convalidado por el Ministerio de
Educación Nacional mediante la Resolución No. 4440 de 26 de abril de 2012 18,
como equivalente al título de magister en análisis económico del derecho y las
políticas públicas que otorgan las instituciones de educación superior del país,
para llegar a ese criterio expuso lo siguiente:

«3. Que el Comité del que trata el artículo 11, teniendo en cuenta los elementos de juicio
aportados, decida si es procedente o no dar trámite a la solicitud de convalidación.

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el Comité de Convalidación de
Títulos de Educación Superior, mediante acta No.822 del 26 de marzo 2012, después de
analizar la solicitud de convalidación, concluyó que es viable adelantar el trámite de
convalidación del título de MASTER UNIVERSITARIO EN ANALISIS ECONÓMICO DEL
DERECHO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, otorgado el 6 de julio de 2011, por la
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, España, pues "(...) el certificado presentado está

18
Folios 37-38

17

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debidamente legalizado, evidencia que el titulo fue otorgado, y así mismo, hace las veces del
Diploma

Que en virtud del artículo 3º de la Resolución 5547 del 1 de diciembre de 2005, uno de los
criterios aplicables para efectos de la convalidación de títulos de educación superior
otorgados por instituciones extranjeras, es al de Caso similar, el cual establece que “Cuando
el título que se someta a convalidación, corresponda a un programa académico que hubiera
sido evaluado con anterioridad por el Ministerio de Educación Nacional o el ICFES, resolverá
aplicando la misma decisión que en el caso que sirve como referencia. Para tal efecto,
deberá tratarse del mismo programa académico, ofrecido por la misma institución y con una
diferencia entre las fechas de otorgamiento de los dos títulos que no podrá exceder los ocho
(8) años"

Que en un caso similar al considerado en el presente acto administrativo, el Ministerio de
Educación Nacional, mediante resolución No. 049 del 3 de enero de 2012, convalido un título
otorgado el 13 de julio de 2011 por la misma universidad y correspondiente al mismo
programa académico, previa evaluación de la Comisión Nacional Intersectorial de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior-CONACES.

Que con fundamento en las anteriores consideraciones y después de haber estudiado la
documentación presentade. se concluye que es procedente la convalidación solicitada.»

72. En este sentido dispuso.

«ARTÍCULO PRIMERO Convalidar y reconocer para todos los efectos académicos y legales
en Colombia, el título de MASTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS ECONÓMICO DEL
DERECHO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. otorgado el 6 de julio de 2011, por la
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, ESPAÑA, SANDRA LILIANA MONTENEGRO
CARDONA, ciudadana colombiana, identificada con cédula de ciudadanía No.52.887.001,
como equivalente al título de MAGISTER EN ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO Y
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS que otorgan las instituciones de educación superior
colombianas de acuerdo con la Ley 30 de 1992. ER EN ANALISIS EC

PARAGRAFO La convalidación que se hace por el presente acto administrativo no exime al
profesional beneficiario del cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas que
regulan el ejercicio de la respectiva profesión.

ARTICULO SEGUNDO La presente resolución rige a parte de la focha de su expedición y
contra la misma procede el recurso de reposición, que debe ser presentado dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes»

73. Convalidado entonces el título presentado por la actora, la entidad demandada
le restó validez arguyendo, « Respecto al título de Master Universitario en Análisis Económico
del Derecho y las Políticas Públicas acreditado en el folio 21, 22, 23 y 24, se precisa que no es
objeto de puntuación toda vez que no hace parte de los títulos de posgrado específicos para la
convocatoria 010-2015 y tampoco corresponde a los títulos establecidos para otorgar puntaje para
todas las convocatorias.»

74. En ese orden, se hace necesario comparar las especialidades académicas
requeridas por la Convocatoria 010 de 2015, para el cargo de Procuradores
Judiciales I, Dependencia Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, con el
título obtenido por la señora Sandra Liliana Montenegro Cardona.

Convocatoria Áreas de Título obtenido por la Programa académico
especialización demandante cursado
exigidas
(Convocatorias 003 y

18

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010 de 2015)
Procuradores Derecho Magíster en Análisis Formación en
Judiciales para administrativo; Económico del derecho
Asuntos Civiles derecho público; Derecho y las administrativo,
(Convocatorias 003 y gestión jurídica Políticas Públicas constitucional y
010 de 2015) pública; derecho civil; mercantil; ciencia
derecho procesal política; economía
civil; derecho (sector público,
comercial, privado y macroeconomía,
económico; mercados no
regulación competitivos y
económica y de economía financiera);
mercados; derecho regulación sectorial;
de sociedades y telecomunicaciones y
contractual; derecho energía; análisis
aduanero y comercio económico de
exterior; derecho políticas públicas e
empresarial y de investigación en
negocios; derecho economía y derecho.
financiero; mercado
de capitales;
arbitraje; propiedad
intelectual; derecho
de la competencia y
protección al
consumidor;
derechos de autor;
derecho marítimo;
seguros; bienes;
tierras; aguas;
derecho notarial y
registral; derecho
inmobiliario y
urbanístico.
(nacional)

75. Advierte la Sala, que el programa académico correspondiente al Magíster en
Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas presenta una similitud con
algunas de las áreas de especialización exigidas en las Convocatorias 003 y 010
de 2015, en particular respecto de los campos de «derecho administrativo, derecho
económico, regulación de mercados y derecho financiero, al incorporar formación específica en
regulación sectorial, economía del sector público y análisis jurídico-económico», entre otros. Por

lo que, es dable inferir que, el título de Magíster en Análisis Económico del
Derecho y las Políticas Públicas es compatible con la especialidad académica
específica para el cargo de Procuradores Judiciales I, Dependencia Procuraduría
Delegada para Asuntos Civiles.

76. Así las cosas, considera la Sala que, resultó errada la valoración que del título
de Magíster en Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas efectuó el
Tribunal, pues, de cara al principio de confianza legítima19, dicho estudio fue

19 La Corporación ha indicado que, “El principio de confianza legítima consiste en la expectativa genuina que alberga el
particular, de que las reglas establecidas por el Estado para el ejercicio de una actividad o el reconocimiento de un derecho
no sean variadas súbitamente. De acuerdo con ello, este principio se ve defraudado cuando la autoridad produce un cambio
abrupto en sus comportamientos y decisiones, cambio que resquebraja la esperanza legítima que el administrado se ha
fijado.” Así mismo, el referido principio ha sido desarrollado como un mecanismo que permite conciliar el conflicto entre los
intereses público y privado en aquellos casos en los cuales la administración ha creado expectativas favorables para el
administrado y lo sorprende al eliminar súbitamente esas condiciones.» Consejera ponente: Rocío Araújo Oñate Radicado
25000-23-24-000-2009-00348-01

19

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validado para todos los efectos académicos y legales en Colombia por parte del
Ministerio de Educación Nacional20.

77. En ese sentido resulta procedente reclasificar a la señora Sandra Liliana
Montenegro Cardona dentro de la lista de elegibles, teniendo en cuenta los 15
puntos a los que tenía derecho en la prueba de antecedentes, con ocasión a su
Magíster en Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas,
resolviéndose así el primer problema jurídico.

78. Ahora, respecto al restablecimiento del derecho en la forma pretendida por la
actora, esto es, nombrarla en el «cargo de Procurador judicial I para asuntos civiles o, en su
defecto, como Procurador Judicial I en otra Procuraduría Delegada en la ciudad de Bogotá» ,

deberá [la] PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, garantizar su derecho al
mérito, sin que en ningún caso afecte las situaciones jurídicas y los derechos
individuales ya consolidados de los demás concursantes, pues si bien a la
demandante deben incluirle los 15 puntos por su título de maestría, esta situación
no le otorga per se, derecho a ser ubicada directamente en la entidad, en razón a
que pueden existir elegibles con igual o mejor derecho, quienes también deban ser
reclasificados y en todo caso, la garantía del derecho al mérito, penderá del lugar
en que quede ubicada, luego de la antedicha reclasificación.

79. Bajo este panorama, ordenar el nombramiento como procuradora, sin tener
prueba de la situación expresa de dicha lista de elegibles, frente a los demás
concursantes, excede el marco legal en la materia, por más que haya sido el
petitum de la demanda.

80. En línea con lo anterior, tampoco es factible ordenar el pago de la diferencia
de salarios y demás emolumentos dejados de percibir, «desde el día en que se debió
haber hecho su nombramiento en cumplimiento del fallo de tutela de primera instancia y hasta la
fecha en que se haga efectivo su nombramiento, así como los intereses y derechos a que haya
lugar»; porque tal circunstancia es incierta, en la medida que depende de la
posición de los demás elegibles que se encuentren en igual situación, que
permitirá concretar si a la señora Sandra Liliana Montenegro Cardona, le asistía o
no el derecho a ser nombrada como procuradora; lo que impide establecer un
restablecimiento sobre derechos actualmente inciertos.

81. En este apartado vale recordar que, las anteriores decisiones se acompasan
con el criterio de esta Sala en un caso de similares contornos fácticos y jurídicos,

20 . Resolución No. 4440 del 26 de abril de 2012, folios 37-38

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resuelto en la sentencia del Veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco
(2025)21.

82. Respecto a la condena por concepto de perjuicios morales entendidos como
«la afectación sufrida de bienes no patrimoniales que causa a una persona un acto contrario a
derecho. Con su reconocimiento se busca compensar el dolor antijurídico, el impacto sentimental,
que sufrió una persona como consecuencia del proceder del Estado» 22, es procedente en la

medida en que se encuentren acreditados dentro del proceso, por parte de quien
alega haberlos sufrido, de acuerdo con lo previsto por el artículo 167 del Código
General del Proceso23, carga procesal que no se observó en el caso concreto,
puesto que la parte actora se limitó a formular dicha pretensión.

83. Siendo así las cosas, la Sala revocará la sentencia de Veinticuatro (24) de
junio de Dos Mil Veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda Subsección A, que negó las pretensiones de la
demanda y, en su lugar, declarará la nulidad de la Resolución 1637 del 27 de junio
de 2016, por medio de la cual, se resolvió una reclamación contra el resultado de
la prueba de análisis de antecedentes y, la nulidad parcial de la Resolución 341
del 8 de julio de 2016, a través de la que el Procurador General de la Nación,
publicó y estableció la Lista de Elegibles de la Convocatoria 010-2015, para
nombrar 4 Procuradores Judiciales I (Código y Grado 3PJ-EG), Dependencia
Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, respecto de la señora Sandra Liliana
Montenegro Cardona.

2.7. Conclusión

84. El estudio de maestría y el plan académico presentados por la demandante se
acompasan con los conocimientos específicos que exige el concurso de mérito
para el cargo de Procuradores Judiciales I, Dependencia Procuraduría Delegada
para Asuntos Civiles, razón por la cual, se ordenó reclasificar a la señora Sandra
Liliana Montenegro Cardona dentro de la lista de elegibles.

2.8. Condena en costas.

85. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no

21
Magistrado ponente Jorge Edison Portocarrero Banguera Radicado: 08001-23-33-000-2017-00622-01 (0480-2025)
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 12 de marzo de 2009, Radicación número: 44001-
23-31-000-2003-00499-01(7150-05), Actor: Samuel Santander Lanao Robles, C.P.: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
23
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 20 de septiembre del 2018. Radicado 68001 23 33
000 2014 00988 01 (3301-17)

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se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
Por lo tanto, se revocarán las impuestas en primera instancia y se abstendrá de
imponerlas en esta instancia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de Veinticuatro (24) de junio de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, para en su
lugar:

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 1637 del 27 de junio de
2016, por medio de la cual, se resolvió una reclamación contra el resultado de la
prueba de análisis de antecedentes y, la nulidad parcial de la Resolución 341 del 8
de julio de 2016, por medio de la cual el Procurador General de la Nación, publicó
y estableció la Lista de Elegibles de la Convocatoria 010-2015, para nombrar 4
Procuradores Judiciales I (Código y Grado 3PJ-EG), Dependencia Procuraduría
Delegada para Asuntos Civiles, respecto de la señora Sandra Liliana Montenegro
Cardona.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho se ordenará a la
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN a reclasificar a la señora Sandra
Liliana Montenegro Cardona dentro de la lista de elegibles, teniendo en cuenta los
15 puntos a los que tenía derecho en la prueba de antecedentes, con ocasión a su
Magíster en Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas. En el evento
de que, con ocasión a la reclasificación, la actora se posicione dentro de lista de
elegibles, en uno de los puestos que llenaron los cargos vacantes de Procurador
Judicial I Delegada para Asuntos Civiles al que aspiraba la actora, deberá la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, garantizar su derecho al mérito, sin
que en ningún caso afecte las situaciones jurídicas y los derechos individuales ya
consolidados de los demás concursantes.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia.

22

Número interno: 2505-2025
Demandante: Sandra Liliana Montenegro Cardona
Demandada: Procuraduría General de la Nación

SEXTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA
CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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