República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02136-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02136-00 (3207)
Accionante: Gladys Patricia Moreno Díaz
Accionado: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: relación laboral
encubierta. Subtema 3: defectos sustantivo y fáctico,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución Política.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la señora Gladys Patricia Moreno Díaz contra
la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
1. Síntesis del caso
La señora Gladys Patricia Moreno Díaz, a través de apoderada, presentó acción de
tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo, a la igualdad y a la seguridad social, y a los principios de
primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales y la buena fe,
que consideró vulnerados con ocasión a la sentencia del 9 de octubre de 2025,
proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 11001-33-35-016-2023-00278-01.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02136-00 (3207)
Accionante: Gladys Patricia Moreno Díaz
Accionado: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. La señora Gladys Patricia Moreno Díaz estuvo vinculada a la Secretaría
Distrital de Integración Social (SDIS) de Bogotá por el periodo comprendido entre el
7 de febrero de 2014 al 20 de junio de 2022, a través de contratos de prestación de
servicios como coordinadora y/o responsable de jardín.
3. El 10 de abril de 2023, la actora solicitó a la Secretaría Distrital de Integración
Social el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales por el periodo
laborado, por considerar que existió una relación laboral encubierta
4. La anterior petición fue negada por la entidad, mediante Oficio núm.
S2023060843 del 20 de abril de 2023, bajo el argumento de que no existió vínculo
laboral alguno.
5. La señora Gladys Patricia Moreno Díaz presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la SDIS, con el
fin de obtener la nulidad del Oficio núm. S2023060843 del 20 de abril de 2023 y, en
consecuencia, se declarará la existencia de una relación laboral encubierta y
ordenara el reconocimiento y pago de las acreencias laborales, así como de las
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Pensión.
6. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Dieciséis
Administrativo de Bogotá, que, mediante sentencia del 28 de noviembre de 2024,
accedió parcialmente a las pretensiones. En concreto, el despacho judicial
consideró que se acreditaron los tres elementos esenciales de la relación laboral
como lo eran la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación,
en tanto la accionante trabajó bajo la dependencia de sus superiores inmediatos.
7. La actora y la SDIS interpusieron recursos de apelación contra la anterior
decisión y la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del 9 de octubre de 2025, la revocó y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda. A juicio del Tribunal, no se demostró
el elemento de subordinación, pues lo que se advertía era una relación de
coordinación de actividades entre las partes.
8. La señora Gladys Patricia Moreno Díaz presentó recurso de unificación de
jurisprudencia contra la sentencia del 9 de octubre de 2025, el cual fue rechazado
mediante auto del 15 de diciembre de 2025, dictado por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01248-00, índice 2, certificado B592637AACFCCFA1 4FD3884C4ED4EC34
474DBEB8A38EA9F3 0074FED2C7E4684E.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02136-00 (3207)
Accionante: Gladys Patricia Moreno Díaz
Accionado: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
9. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:
1. Solicito que se le tutelen a mi poderdante la docente GLADYS PATRICIA MORENO
DIAZ sus derechos fundamentales conculcados como son: Igualdad, Debido Proceso,
derecho al trabajo, primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones
laborales, buena fe, por haber incurrido la parte accionada en sus decisiones en vía
de hecho por defecto factico, defecto material o sustantivo, defecto procedimental,
violación del precedente jurisprudencial vertical y violación de la constitución, y todos
aquellos que se encuentren en conexidad con los anteriores.
2. Ordenar al HONORABLE TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA Sección Segunda Sub Sección “D” Honorable Corporación, en
el sentido de que acceda a la declaratoria y existencia de la relación laboral (-Art. 53
de la C.N.-) existente entre las partes durante el periodo comprendido del 7 de febrero
de 2014 al 20 de junio de 2022 sin solución de continuidad salvo las interrupciones
habidas entre cada contrato de acuerdo a las pretensiones del medio de control de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
3. En el evento de que no sea posible disponer que se dicte una nueva providencia,
que se deje sin efecto las Sentencias proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda Sub-Sección “D” de fecha 9 de otubre de 2025
respectivamente, para que en su reemplazo se dicte la providencia que profiera esta
Honorable Corporación2.
10. Como fundamento de sus pretensiones, la señora Gladys Patricia Moreno Díaz
sostuvo que la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en la sentencia del 9 de octubre de 2025, incurrió en defecto fáctico
al considerar que la prestación del servicio en su calidad de coordinadora docente
de jardín con la SDIS no fue continua desde el 7 de febrero de 2014 al 20 de junio
de 2022.
11. Además, al concluir que en su caso no se configuró la subordinación, sino que
se trató de una coordinación entre las partes, a pesar de que era la entidad la que
determinaba las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se desarrollaban
las actividades que tenía a cargo.
12. Indicó que el Tribunal no tuvo por demostrado que existió una relación laboral
entre las partes, pese a que el Manual de Funciones de los empleos públicos de
personal de la SDIS (Resolución núm. 1387 del 10 de octubre de 2016) detalla las
funciones de un profesional universitario, código 2019, grado 15, perteneciente al
«Área Funcional – dirección Territorial – Subdirecciones Locales para la Integración
Social – Jardines», las cuales, en su criterio, eran las mismas que desarrolló en el
tiempo que estuvo vinculada con la entidad.
13. A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada valoró erradamente los
siguientes medios probatorios: (i) certificación de los contratos de prestación de
servicios, en los que se individualizó las actividades y los periodos, junto con sus
2
Se transcribe incluso con errores.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02136-00 (3207)
Accionante: Gladys Patricia Moreno Díaz
Accionado: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
adiciones; (ii) expedientes contractuales de los contratos de prestación de servicios
contenidos en el expediente administrativo; (iii) la prueba testimonial e interrogatorio
de parte rendidos en la audiencia de pruebas; (iv) la Resolución núm. 1387 del 10
de octubre de 2016.
14. Respecto de los contratos de prestación de servicios, expuso que daban
cuenta de las obligaciones que desarrolló y que se podían agrupar en los siguientes
ejes: en la dirección pedagógica y técnica del servicio, la coordinación operativa del
jardín o unidad, el control de calidad y cumplimiento normativo, la protección integral
de derechos de niñas y niños, la relación con familias y corresponsabilidad, la
administración de recursos e insumos y las de apoyo institucional y supervisión.
Indicó que lo anterior demostraba que no se trataron de labores ocasionales o
meramente externas, sino de tareas permanentes, misionales y articuladas al
funcionamiento ordinario del servicio público de educación inicial y atención integral
a la primera infancia.
15. Asimismo, adujo que el Tribunal no tuvo en cuenta que todas las actividades
correspondían a la coordinación de unidad operativa y no a las de «apoyar» como
se relacionó en la providencia cuestionada.
16. Además, arguyó que no cotejó las certificaciones contractuales con la prueba
testimonial a partir de lo cual se evidenciaba que ejerció las mismas actividades a
lo largo de la vinculación en igual forma que los coordinadores de planta,
evidenciando que la labor correspondía al objeto social de la entidad. Sumado a que
entre las obligaciones se encontraban las de cumplir los reglamentos y
procedimientos de la SDIS.
17. La actora estimó que el Tribunal no tuvo en cuenta que se trataba de un indicio
inequívoco para demostrar la subordinación, el hecho de que suscribió ocho
contratos de prestación de servicios por un periodo de casi ocho años con la entidad,
y que en las cláusulas de los contratos se estableció la imposibilidad de ceder ni
subcontratar total o parcialmente.
18. En criterio de la actora, la autoridad judicial omitió valorar los testimonios de
Irma Prada Robayo y Nelly Elvira Torres, los cuales resultaban determinantes en el
caso concreto, dado que daban cuenta de las órdenes que la entidad le impartía.
19. Por otro lado, manifestó que en la decisión cuestionada se incurrió en defecto
sustantivo por interpretación errónea del artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo, el cual exige para la existencia de la relación laboral que se reúnan los
elementos de prestación personal del servicio, salario y subordinación y no, como
supuso el Tribunal, la existencia del cargo en la planta de personal, circunstancia
que, en todo caso, también se acreditó en el presente asunto.
20. Afirmó que se configuró la violación directa de la Constitución Política por
violación de los derechos a la igualdad, al debido proceso y a la seguridad social,
porque funcionarios de planta de la SDIS tenían sus mismas funciones y
obligaciones.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02136-00 (3207)
Accionante: Gladys Patricia Moreno Díaz
Accionado: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
21. Finalmente, alegó el desconocimiento del precedente vertical contenido en las
sentencias de unificación del Consejo de Estado que establecen la presunción de
subordinación en las actividades docentes.
22. En particular, citó las sentencias CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016
radicado núm. 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15) y la del 9 de septiembre
de 2021 radicado núm. 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
2.3. Trámite procesal
23. El despacho ponente, mediante auto del 20 de marzo de 20263, admitió la
demanda contra la Subsección D de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Adicionalmente, vinculó en calidad de terceros con interés, al Juzgado Dieciséis
Administrativo de Bogotá, a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
2.4. Intervenciones
24. El Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá4 pidió que se declarara
improcedente la acción de tutela o, en su defecto, negaran las pretensiones por no
haberse vulnerado derecho alguno por parte de ese despacho judicial, teniendo en
cuenta que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se tramitó
conforme a las normas aplicables y las pruebas aportadas.
25. La Secretaría de Integración Social5 solicitó que se negara el amparo solicitado
por no cumplir los requisitos de procedencia, especialmente, la relevancia
constitucional, al considerar que promovió la acción de tutela a modo de tercera
instancia del proceso ordinario. Además, sostuvo que se configuraba la falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto de esa entidad, porque no existía nexo
causal entre la vulneración de derechos alegada y las competencias legales que
tiene asignada, motivo por el que requirió su desvinculación.
26. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de
la Secretaría, remitió el expediente digital del recurso extraordinario de unificación,
pero no se pronunció sobre los hechos que motivaron la interposición de la acción
de tutela.
27. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
guardó silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
3
Samai, índice 5.
4
Samai, índice 14, certificado 19F27E6912D0CFCE 25501C7A3FC854A7 6220A29DF0E8387B 67F4B4127096D257.
5
Samai, índice 17, certificado 4772BD28C9ADEC2F 68691AB304946540 1CC5F22D539EAB51 E8175BCD9F0E3FE2.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02136-00 (3207)
Accionante: Gladys Patricia Moreno Díaz
Accionado: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
presente solicitud de amparo interpuesta por Gladys Patricia Moreno Díaz en contra
de la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
3.2. Legitimación en la causa
29. La legitimación en la causa por activa de la señora Gladys Patricia Moreno
Díaz está acreditada, porque actuó como demandante en el proceso en el que fue
expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.
30. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección
D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, debido a
que fue la autoridad que profirió la sentencia objeto de tutela.
31. Por otro lado, se advierte que la Secretaría Distrital de Integración solicitó su
desvinculación, al considerar que no estaba llamada a responder por la vulneración
de los derechos fundamentales de la parte accionante.
32. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez
que, actuó como parte demandada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que fue expedida la providencia objeto de reparos y, en
consecuencia, la decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por
los motivos expuestos, se negará su solicitud.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
33. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado6 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional7.
34. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
7
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02136-00 (3207)
Accionante: Gladys Patricia Moreno Díaz
Accionado: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
35. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales8 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
36. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución9.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
37. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional10 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
38. Así pues, la Corte Constitucional11 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
39. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
9
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02136-00 (3207)
Accionante: Gladys Patricia Moreno Díaz
Accionado: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico y
probatorio que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a
derecho.
40. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
41. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia objeto de reparos, proferida el 9 de octubre de 2025 por la Subsección D
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, fue notificada
el 15 de octubre de 202512 y, por su parte, la demanda de tutela se presentó el 13
de marzo de 202613, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la
jurisprudencia constitucional14 y del Consejo de Estado15 como razonable.
42. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
43. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
44. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo, fáctico,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución, en
ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.
3.4. Problema jurídico
45. En los términos de la acción de tutela le corresponde a la Sala determinar si
¿La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
al trabajo y a la seguridad social de la parte actora, al proferir la sentencia del 9 de
octubre de 2025, mediante la cual revocó la sentencia de primera instancia que
había accedido a declarar la existencia de la relación laboral encubierta y ordenar
el pago de salarios y prestaciones para, en su lugar, negar las pretensiones?
12 Samai, proceso núm. 11001-33-35-016-2023-00278-01, índice 23.
13 Samai, índice 1.
14 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
15Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02136-00 (3207)
Accionante: Gladys Patricia Moreno Díaz
Accionado: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
46. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados;
y ii) el caso concreto.
3.4.1. El defecto sustantivo
47. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado16.
48. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta
que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
49. La Corte Constitucional se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]17.
50. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía
de los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
51. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
16 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
17 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02136-00 (3207)
Accionante: Gladys Patricia Moreno Díaz
Accionado: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).18
3.4.2. El defecto fáctico
52. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»19. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión20» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
53. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»21. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»22.
54. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos
que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso23.
55. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial24, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
18 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
20 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
23 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-289 de 2019.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02136-00 (3207)
Accionante: Gladys Patricia Moreno Díaz
Accionado: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»25.
56. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera
genérica, por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar
si la decisión judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar
las pruebas en cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]26.
3.4.3. El desconocimiento del precedente judicial
57. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas27.
58. Al respecto, la Corte Constitucional28 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados
y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por
las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:
90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto
25 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
27 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el
ordenamiento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar”
la vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento
en estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la
misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez cuenta, desde luego, con autonomía para
valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de que lo sea, de apartarse
de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario desconoce el
precedente horizontal».
28 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02136-00 (3207)
Accionante: Gladys Patricia Moreno Díaz
Accionado: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el
ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un
principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales29.
59. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia30.
60. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano
que los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar
si él mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»31.
61. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela32.
62. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que
29 Se transcribe incluso con errores.
30 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
31 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
32 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del
precedente horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y
suficiencia. El primero exige que el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares
(es decir, que reconozca expresamente el precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un
precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo requiere exponer razones suficientes y válidas a
la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio jurisprudencial
o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto o suficiente para
resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto el
derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores
judiciales.»
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02136-00 (3207)
Accionante: Gladys Patricia Moreno Díaz
Accionado: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
las decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior
de un tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el
marco de la función judicial, pues se trata de una sola corporación33.
63. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela
ante la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.
3.4.4. Violación directa de la Constitución Política
64. La Corte Constitucional señaló que esta causal tiene sustento en el artículo 4°
de la Constitución Política el cual prevé que la Constitución es norma de normas y
en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales34.
65. A su turno, recopiló los eventos en los que se presenta la violación directa de
la Constitución los cuales se resumen, así: primero, cuando en la solución del caso
se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; segundo, cuando el asunto versa sobre la violación
evidente a un derecho fundamental de aplicación inmediata; tercero, cuando los
jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no tienen en cuenta
el principio de interpretación conforme con la Constitución y cuarto, si el juez
encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma incompatible con la
Constitución, y no aplica las disposiciones constitucionales con preferencia a las
legales (excepción de inconstitucionalidad).
3.5. Caso concreto
66. En el caso bajo estudio, la señora Gladys Patricia Moreno Díaz pretende que
se deje sin efectos la sentencia del 9 de octubre de 2025 proferida en sede de
segunda instancia por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 11001-33-35-016-2023-00278-01.
67. A juicio de la actora, la providencia objeto de tutela incurrió en defectos
sustantivo y fáctico, así como en violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, al concluir que no se
acreditó el elemento de subordinación. Sostuvo que, por el contrario, de los
contratos de prestación de servicios, de la Resolución núm. 1387 del 10 de octubre
de 2026 y de los testimonios practicados se desprendía que desempeñó funciones
permanentes, propias del objeto misional de la entidad, en condiciones
equivalentes a las de los servidores de planta, bajo directrices fijadas por la SDIS
en cuanto a modo, tiempo y lugar.
33 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
34 Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02136-00 (3207)
Accionante: Gladys Patricia Moreno Díaz
Accionado: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
68. Añadió que el Tribunal omitió valorar en conjunto dichas pruebas y desconoció
que desarrolló las mismas funciones de los coordinadores de planta, lo que
evidenciaba la existencia de una relación laboral. En consecuencia, afirmó que se
vulneró su derecho a la igualdad y se desconoció el precedente de la Sección
Segunda de esta corporación en materia de presunción de subordinación en
actividades docentes.
69. Pues bien, en la sentencia del 9 de octubre de 2025, la Subsección D de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión
de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda, al concluir que, aunque
estaban demostradas la prestación personal del servicio y la remuneración, no se
acreditó el elemento de subordinación. Para llegar a esa conclusión, el Tribunal
inició por exponer el marco normativo y jurisprudencial aplicable a la relación laboral
encubierta, con apoyo en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, las sentencias C-154
de 1997 y C-386 de 2000 de la Corte Constitucional, la sentencia de unificación del
25 de agosto de 2016 de la Sección Segunda del Consejo de Estado35 y la sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 202136.
70. A partir de lo anterior, precisó que la existencia de una relación laboral
encubierta exige acreditar la prestación personal del servicio, la remuneración y,
especialmente, la subordinación continuada.
71. Frente al precedente invocado por la actora sobre la presunción de
subordinación en actividades docentes (sentencia de unificación del 25 de agosto
de 2016) el Tribunal explicó que esa línea no era extensible automáticamente al
caso. Para ello, analizó la definición de docente contenida en el artículo 2 del
Decreto Ley 2277 de 1979, la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1075 de 2015, y
concluyó que la labor de la actora como responsable o coordinadora de jardín infantil
de la SDIS no era equiparable a la de un docente adscrito al sistema de educación
formal ni al magisterio. Señaló que los jardines infantiles de la SDIS corresponden
a centros de atención integral a la primera infancia, cuya habilitación se rige por el
Acuerdo 138 de 2004 y el Decreto 1075 de 2015, y no por las reglas propias de los
establecimientos educativos formales avalados por el Ministerio de Educación
Nacional.
72. En cuanto a los contratos de prestación de servicios, el Tribunal examinó los
objetos y obligaciones pactadas, en particular las correspondientes al contrato núm.
2016-2789, que consideró similares a las de los demás contratos suscritos. De esa
revisión advirtió que la actora debía liderar la construcción, implementación y
seguimiento del proyecto pedagógico; orientar al equipo de maestras y maestros;
coordinar la implementación de lineamientos técnicos; verificar pedidos de
proveedores; comunicar necesidades de mantenimiento; coordinar el proceso
alimentario; propiciar espacios con familias; liderar acciones de articulación entre
agentes educativos; activar rutas de protección; revisar informes de maestras y
35 Radicado núm. 23001-23-33-000-2013-00260-01.
36 Radicado núm. 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02136-00 (3207)
Accionante: Gladys Patricia Moreno Díaz
Accionado: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
maestros; verificar información en sistemas de registro; participar en reuniones,
capacitaciones y procesos institucionales; y presentar informes de ejecución.
73. El Tribunal comparó esas obligaciones contractuales con el Manual de
Funciones de la SDIS, contenido en la Resolución núm. 1387 del 10 de octubre de
2016, respecto del empleo de profesional universitario, código 2019, grado 15, del
área funcional de jardines. Reconoció que algunas funciones eran asimilables, en
particular las relacionadas con orientar al equipo pedagógico, hacer seguimiento a
las actividades del jardín, administrar información, efectuar controles y promover el
cumplimiento de lineamientos técnicos. No obstante, precisó que esa similitud
funcional no era suficiente, por sí sola, para declarar la existencia de una relación
laboral, pues era indispensable demostrar que esas actividades se ejecutaron bajo
dependencia o subordinación, y no simplemente en desarrollo de las obligaciones
contractuales asumidas por la demandante.
74. Sin embargo, el Tribunal entendió esas actividades como obligaciones propias
de coordinación administrativa, operativa y de seguimiento dentro del jardín infantil
asignado, no como prueba suficiente de subordinación laboral.
75. Respecto de la prueba testimonial, el Tribunal valoró la declaración de Nelly
Elvira Torres, quien manifestó que conoció a la actora cuando se desempeñaba
como coordinadora del Jardín El Rubí y compartieron espacio en el Jardín Aures
durante algunos meses. Según reseñó el Tribunal, la testigo indicó que la actora
orientaba a las maestras, organizaba actividades, recibía alimentos, portaba carné
y chaqueta institucional, y que existían bitácoras de ingreso y salida. También
mencionó reuniones globales sobre horarios y garantía de derechos de niños y
niñas; sin embargo, aclaró que no estuvo presente en las reuniones exclusivas de
coordinadores, por lo que no podía precisar qué temas se trataban.
76. Asimismo, el Tribunal analizó el testimonio de Irma Prada Robayo, quien relató
que la actora era coordinadora del Jardín El Rubí, tenía a cargo el manejo del
personal, debía realizar tareas asignadas por la Secretaría de Integración Social,
cumplía horario y estaba sujeta a órdenes del referente. También refirió un llamado
de atención por no encontrarse en el lugar de trabajo durante una visita.
77. En relación con el interrogatorio de parte, el Tribunal tuvo en cuenta que la
señora Gladys Patricia Moreno Díaz afirmó que ejecutaba labores de coordinación,
seguimiento de rutas, diligenciamiento de bitácoras, registro de información, ingreso
de datos sobre niños y alimentos en plataformas institucionales, calificación de
docentes, supervisión de salas amigas y vigilancia de niños en clases y
alimentación. También narró visitas del nivel central, inspecciones, verificaciones
sanitarias y llamados de atención verbales.
78. A partir de lo anterior, el Tribunal concluyó que no se demostraron órdenes
concretas ni ejercicio efectivo de poder subordinante sobre la actora. En los
siguientes términos lo expuso:
Igualmente se resalta que las declaraciones de los testigos no dieron cuenta de quién
y qué tipo de órdenes o instrucciones específicas le daban a la accionante que
15
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02136-00 (3207)
Accionante: Gladys Patricia Moreno Díaz
Accionado: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
implicara subordinación, o que se le impusiera a la actora los reglamentos internos o
que fuese sujeto del círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad que en
efecto demostrara el ejercicio de una influencia decisiva sobre las condiciones para
el cumplimiento del objeto contractual.
Asimismo, respecto a las reuniones o capacitaciones a las cuales indicaron que la
actora había asistido, no se comprobó́ que su inasistencia le acarreara algún tipo de
sanción o llamado de atención por parte de la entidad.
79. Adicionalmente, analizó los informes de ejecución de los años 2015 a 2022,
en los que, adujo, constaba que la actora cumplió obligaciones como elaborar
planes de mejoramiento, diligenciar aplicativos, revisar planeadores pedagógicos,
socializar protocolos, coordinar visitas domiciliarias, orientar a maestras, coordinar
con nutrición, revisar formatos de limpieza, reportar novedades y atender asuntos
administrativos. Sin embargo, sostuvo que la presentación de informes mensuales
no constituye, por sí misma, un elemento de subordinación laboral, sino una
manifestación de la supervisión propia del contrato estatal, conforme a los
numerales 1 y 4 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993.
80. Finalmente, el Tribunal explicó que el cumplimiento de horarios, la asistencia
a reuniones o capacitaciones, la rendición de informes y el seguimiento de
lineamientos institucionales no bastaban para acreditar subordinación, porque
podían corresponder a una relación de coordinación necesaria para la ejecución del
contrato de prestación de servicios. En esa medida, concluyó que no se demostró
que la actora estuviera sometida al círculo rector, organizativo y disciplinario de la
entidad, ni que la SDIS ejerciera sobre ella un poder jurídico permanente de
dirección, control y sanción propio de una relación laboral.
81. A partir de lo anterior, la Sala encuentra que no se configura el defecto fáctico
alegado, pues el Tribunal sí valoró los contratos de prestación de servicios, las
certificaciones contractuales, los informes de ejecución, la Resolución núm. 1387
del 10 de octubre de 2016, los testimonios de Nelly Elvira Torres e Irma Prada
Robayo y el interrogatorio de parte. Además, explicó de manera razonada por qué
esos medios de prueba no acreditaban subordinación laboral, sino el cumplimiento
de obligaciones contractuales en un esquema de coordinación y supervisión. Por
tanto, la valoración probatoria cuestionada no se advierte arbitraria, caprichosa ni
abiertamente contraria al material obrante en el expediente, sino comprendida
dentro del margen de autonomía judicial.
82. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en
la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»37.
37 Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
16
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02136-00 (3207)
Accionante: Gladys Patricia Moreno Díaz
Accionado: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
83. Por las mismas razones, tampoco se configuran el defecto sustantivo, la
violación directa de la Constitución ni el desconocimiento del precedente judicial. El
Tribunal identificó el marco normativo y jurisprudencial aplicable a la relación laboral
encubierta, explicó por qué la línea jurisprudencial sobre docentes contratistas no
era extensible al caso de la actora, en la medida en que la actividad desempeñada
como responsable o coordinadora de jardín infantil de la SDIS no era equiparable a
la labor docente del sistema de educación formal.
84. En consecuencia, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de
los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente. Por estas razones, si bien la providencia objeto de tutela
no resultó favorable a la tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus
garantías constitucionales.
4. Conclusión
85. La providencia del 9 de octubre de 2025, dictada por la Subsección D de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativa de Cundinamarca no vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, por cuanto no se evidencia
en su contenido un análisis arbitrario, o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de
orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por los defectos
sustantivo y fáctico, que exija la intervención del juez de tutela. Por tal motivo, se
negará la solicitud de amparo invocada por la accionante.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Negar la solicitud de desvinculación de la Secretaría Distrital de
Integración Social, conforme a lo expuesto en esta providencia.
Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por Gladys
Patricia Moreno Díaz contra la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con las consideraciones de esta
decisión.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
17
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02136-00 (3207)
Accionante: Gladys Patricia Moreno Díaz
Accionado: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace.
18
Sigue leyendo
Lee la providencia completa en RuleX
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.