Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02168-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02168-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02168-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
30 de abril de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02168-00
Demandantes: César Augusto Lasso Monsalve y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., treinta [30] de abril de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02168-00
Demandante: CÉSAR AUGUSTO LASSO MONSALVE Y OTROS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
C
Temas: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente por no
cumplir el requisito de inmediatez1
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el Acuerdo
080 de 20192, de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El 16 de marzo de 2026, el señor César Augusto Lasso Monsalve3 y otros4, por
intermedio de apoderado, presentaron acción de tutela con el fin de que se les
amparen sus derechos fundamentales al «debido proceso, acceso a la
administración de justicia y derecho a la igualdad como sujeto procesal, en
conexidad con el derecho a la vida, a la dignidad humana».
Las mencionadas garantías las estimaron vulneradas por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C al proferir la providencia de 19 de noviembre de
2020 que, en segunda instancia, declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa respecto de los familiares de la víctima directa y condenó a la
Nación a pagarle 150 SMLMV, por concepto de daño moral, al señor César Augusto
1 Ver al respecto, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, fallo de 12 de mayo de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01726-00; 6 de octubre de
2022, expediente 11001-03-15-000-2022-04855-00; 9 de febrero de 2023, expediente 11001-03-15-
000-2022-05795-01; 3 de agosto de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-01729-01, 5 de
octubre de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-04653-00 y 25 de abril de 2024, expediente
11001-03-15-000-2024-01351-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
2 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
3 En nombre propio y en el de su difunta esposa Ninfa Hernández.
4 Mónica Lasso Hernández, Daniel Lasso Hernández, Ruben Darío Lasso Monsalve, Diego Fernando
Lasso Monsalve, Miriam Fabiola Lasso Monsalve, Luis Eduardo Lasso Monsalve, Gloria Patricia
Lasso Monsalve, Nazly Adriana Cairasco Mora, Juan Esteban Lasso Cairasco y María Fabiola
Monsalve de Lasso.
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Demandantes: César Augusto Lasso Monsalve y otros
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con ocasión de su secuestro, ello, al interior de la demanda de identificada con el
radicado 25000-23-36-000-2014-00821-00/01 [58.306].
1.2. Pretensiones
Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:
a. Que se AMPARE el derecho fundamental al debido proceso, a la igualdad, y de
acceso a la administración de justicia del señor CESAR AUGUSTO LASSO
MONSALVE.
b. Que en consecuencia, se DEJE SIN EFECTOS la sentencia proferida por el
Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección C en el proceso
25000233600020140082101 (58306), en cuanto negó el reconocimiento de perjuicios
al grupo familiar del señor CÉSAR AUGUSTO LASSO MONSALVE.
c. Que se ORDENE al Consejo de Estado que profiera una nueva sentencia en la que
aplique de manera uniforme el precedente horizontal contenido en:
a) La Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020
b) La Sentencia del 22 de julio de 2022 en el caso de WILSON ROJAS MEDINA
reconociendo los derechos del grupo familiar de CÉSAR AUGUSTO LASSO
MONSALVE, en igualdad de condiciones a como fueron reconocidos para WILSON
ROJAS MEDINA y los demás compañeros de secuestro.
d. [sic] Que en la nueva sentencia, se aplique en favor del señor CESAR AUGUSTO
LASSO MONSALVE y de su grupo familiar, las tablas máximas que para perjuicios
morales y daños a bienes constitucional y contractualmente reconocidos tiene el
Consejo de Estado, esto es, trescientos (300) smlmv, tal como ocurrió en la sentencia
del también secuestrado ROMERO ROMERO JORGE HUMBERTO.
A. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA
SUBSIDIARIAMENTE, para el evento en que se considere que no procede la
revocatoria total de la sentencia, solicito respetuosamente:
Que se ordene al Consejo de Estado - Sección Tercera que, en ejercicio de su
potestad de modificación y complementación de las providencias judiciales, extienda
el reconocimiento de perjuicios (morales y por daños a bienes constitucional y
convencionalmente protegidos) al grupo familiar del señor CÉSAR AUGUSTO
LASSO MONSALVE, en aplicación de:
a) La Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 de la misma corporación
b) El precedente horizontal contenido en la sentencia del 22 de julio de 2022 (caso
WILSON ROJAS MEDINA)
c) El precedente horizontal contenido en la Sentencia del 18 de junio de 2025 (caso
JORGE HUMBERTO ROMERO ROMERO)
d) El artículo 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA)
e) Las Sentencias SU-298 de 2015, SU-353 de 2020 y SU-029 de 2024 de la Corte
Constitucional
Garantizando así el derecho fundamental a la igualdad y a la aplicación coherente de
la jurisprudencia. 5.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
5 Trascrito con posibles errores ortográficos y negritas del texto original.
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• El 13 de junio de 2014 los señores César Augusto Lasso Monsalve y otros6
presentaron demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional por los perjuicios causados con ocasión del secuestro7
que padeció el primero en mención, a manos de la guerrilla de las FARC.
• El 30 de junio de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al
considerar que la Nación incurrió en una falla en el servicio consistente en la falta
de protección del municipio de Mitú, por lo que concedió 150 SMLMV por concepto
de daño moral y 150 SMLMV por alteración a las condiciones de existencia.
• El 19 de noviembre de 2020, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado modificó la decisión de primer grado. En primer lugar, declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control respecto de los señores José Libardo
Forero Carrero, Jorge Humberto Romero Romero, Carlos José Duarte, Wilson Rojas
Medina y Jorge Trujillo Solarte al exponer que las disposiciones de la Ley 986 de
20058 solo favorecían a la víctima directa, por lo que los otros demandantes
debieron ejercer el derecho de acción durante el lapso del cautiverio.
• En este orden de ideas, expuso que, como los familiares conocieron del daño el
7 de enero de 1999, con la resolución de la Policía Nacional que declaró
provisionalmente desaparecido y secuestrado al señor César Augusto Lasso
Monsalve, la demanda presentada en el año 2014 era extemporánea.
• Por su parte, confirmó lo otorgado por concepto de daño moral, pero revocó el
perjuicio que se confirió por alteración a las condiciones de existencia, porque «no
obran medios de convicción que den cuenta de la afectación de bienes
jurídicamente tutelados y tampoco es posible inferir, del solo hecho de su
secuestro».
• En cuanto al lucro cesante, el ad quem confirmó lo dispuesto por el tribunal en
cuanto a su negativa, porque la demandada pagó la remuneración del servicio
durante todo el periodo de secuestro.
• La providencia que definió la controversia fue notificada el 20 de enero de 2022.
1.4. Fundamentos de la solicitud
En el sub examine, los accionantes alegaron, en síntesis, que se trasgredieron sus
derechos fundamentales, en especial el de la igualdad, comoquiera que en las
demandas presentadas por los señores Wilson Rojas Medina, Jorge Trujillo Solarte,
6 Mónica Lasso Hernández, Daniel Lasso Hernández, Ruben Darío Lasso Monsalve, Diego Fernando
Lasso Monsalve, Miriam Fabiola Lasso Monsalve, Luis Eduardo Lasso Monsalve, Gloria Patricia
Lasso Monsalve, María Fabiola Monsalve de Lasso, Daniel Omar Lasso Monsalve [fallecido] y Ninfa
Bernal Hernández [fallecida].
7 El intendente Lasso Monsalve y otros fueron secuestrados por las FARC el 1 de noviembre de
1998, y el 2 de abril de 2012 fue liberado junto con los señores José Libardo Forero Carrero, Jorge
Humberto Romero Romero, Carlos José Duarte, Wilson Rojas Medina, Jorge Trujillo Solarte, Luis
Arturo Arcia, Robinson Salcedo, Luis Alfredo Moreno y Luis Alfonso Beltrán
8 la Ley 986 de 2005 dispuso medidas de protección para las personas que padecían un secuestro,
entre ellas, el artículo 13, que interrumpe todos los términos en favor o en contra del secuestrado.
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Jorge Humberto Romero Romero, José Libardo Forero Carrero y Carlos José
Duarte, quienes estuvieron secuestrados junto al señor César Augusto Lasso
Monsalve, sí accedió al reconocimiento y pago de perjuicios morales y perjuicios
por daños a bienes constitucional y convencionalmente protegidos respecto de
todos los exsecuestrados y de sus grupos familiares.
En efecto, recalcaron que solo frente al señor César Augusto Lasso Monsalve se
negó el reconocimiento de los daños a bienes constitucional y convencionalmente
protegidos, y solo frente a sus familiares se declaró la caducidad del medio de
control. Destacaron
Destacaron que, respecto «del Subcomisario WILSON ROJAS MEDINA,
compañero de secuestro de Lasso Monsalve, el Consejo de Estado mediante
Sentencia de fecha 22 de julio de 2022, proferida dentro del proceso 25000-23-36-
000-2014-00610-01 (56834), [se] declar[ó] la responsabilidad de la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y condenó al pago de perjuicios
morales y daño a bienes constitucionalmente protegidos, tanto al secuestrado como
para toda su familia».
Precisaron que el «18 de junio de 2025, el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección C. MP Dr Nicolas Yepes Corrales, dict[ó] sentencia dentro de la
demanda del policial secuestrado JORGE HUMBERTO ROMERO ROMERO y
reconoc[ió] en favor de los demandantes, perjuicios morales y de daños a bienes
contractual y convencionalmente protegidos para el grupo familiar y el secuestrado,
aplicando para el reconocimiento de perjuicios, las máximas tablas que para estos
efectos dispone la jurisprudencia del Consejo de Estado, esto es 300 smlmv».
Resaltaron que el reconocimiento de perjuicios en mención también ocurrió
respecto de los exsecuestrados Jorge Trujillo Solarte9, José Libardo Forero
Carrero10 y Carlos José Duarte11.
Indicaron que era evidente que la autoridad judicial accionada conocía de la
«Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020, que ya había establecido la
regla vinculante sobre la inexigibilidad de la caducidad en casos de secuestro».
1.5. Trámite de la acción
El 19 de marzo de 2026, el magistrado sustanciador admitió la acción de tutela, y
dispuso notificar a la autoridad judicial accionada.
9 «El Consejo de Estado en Sentencia del 13 de marzo de 2024. MP Dr Jaime Enrique Rodríguez
Navas, reconoció los derechos tanto de la víctima directa como de su familia, bajo los mismos
fundamentos jurídicos: […]».
10 «El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia de fecha 14 de diciembre de 2022. MP
Dr Henry Aldemar Barreto Mogollón, confirmada implícitamente por la jurisprudencia del Consejo de
Estado, reconoció los derechos del señor Forero Carrero y de su grupo familiar, bajo idénticos
fundamentos fácticos y jurídicos».
11 «En consonancia con las anteriores decisiones, se reconocieron los derechos del señor Duarte y
de su familia, aplicando de manera uniforme la regla jurisprudencial sobre la inexigibilidad del término
de caducidad en casos de secuestro prolongado».
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Como terceros con interés en las resultas del proceso vinculó a los señores Luis
Eduardo Lasso Monsalve12, Ninfa Hernández Bernal13 y Daniel Alejandro Lasso
Monsalve, y a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, así como
las demás partes, personas y/o entidades que hayan participado en el expediente
con radicado 25000-23-36-000-2014-00821-00/01 [58.306].
También dispuso requerir al profesional del derecho para que acreditara la
legitimación en la causa por activa respecto de Nazly Adriana Cairasco Mora y Juan
Esteban Lasso Cairasco, quien informó que estas personas son la esposa e hijo del
señor Daniel Omar Lasso Monsalve, razón por la cual se aceptará su legitimación
para incoar este mecanismo constitucional.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. El magistrado William Barrera Muñoz informó que se posesionó «como
consejero de Estado el 24 de noviembre de 2023. Por ello, no fu[e] el ponente de la
sentencia del 19 de noviembre de 2020, Rad. 25000-23-36-000-2014-00821-01
(58306), que se reprocha con la acción de tutela de la referencia», pero manifestó
que quedaba atento a lo que definiera la Sección.
1.6.2. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, solicitó
declarar improcedente la tutela, porque no se acreditó el requisito de inmediatez, ya
que se interpuso hace más de 4 años desde su notificación.
Destacó que el ad quem del proceso ordinario aplicó el precedente vigente para la
fecha de la emisión de la sentencia controvertida.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor César Augusto Lasso Monsalve y otros, de conformidad
con lo establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a esta colegiatura determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por la parte accionante, por
parte del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, (ii) los requisitos generales de procedibilidad adjetiva, y (iii) el
12
El profesional del derecho informó que el señor Luis Eduardo Lasso Monsalve falleció.
13 En abogado de los accionantes acreditó que la señora a Ninfa falleció.
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caso en concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 14
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema15.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales16.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201417, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Inmediatez
La sala considera que la presente solicitud de amparo no cumple con el requisito
de la inmediatez, por las razones que a continuación se explican:
Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en
un plazo razonable18, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de
lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo19.
14 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth
García González.
15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
16 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
17 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
18 Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de fecha
5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia
jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 26 de febrero
del 2015, Radicación 2015-00045-00, Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez;
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de octubre del 2015, Radicación 2015-01605-
01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
19 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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De acuerdo con lo anterior, esta sección20 ha considerado como plazo prudencial el
de seis [6] meses, contado desde la ocurrencia del hecho generador, el cual es la
ejecutoria de la providencia judicial cuestionada que da lugar a la solicitud de
protección y la consecuencia de su presentación cuando se sobrepasa este límite
es que se declara su improcedencia.
En el caso objeto de estudio, como el accionante pretende que se deje sin efectos
la sentencia proferida al interior del proceso contencioso identificado con el radicado
25000-23-36-000-2014-00821-00/01 [58.306], este requisito se debe estudiar a la
luz de la ejecutoria de esa providencia que puso fin al proceso ordinario, esto es, la
sentencia de 19 de noviembre de 2020 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C.
Al respecto, esta colegiatura encontró que:
• La sentencia de 19 de noviembre de 2020 del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C se notificó el 20 de enero de 2022.
• La ejecutoria21 de esta providencia operó el 25 de enero de 2022.
• La solicitud de tutela se radicó el 16 de marzo de 2026.
Así las cosas, como la acción constitucional se presentó el 16 de marzo de 2026, la
sala concluye que para esa fecha transcurrió, desde la ejecutoria de las respectivas
providencias, un término superior a 6 meses, lo cual desatiende el plazo que,
tanto la Corte Constitucional como esta Sección, han considerado como prudencial
para presentar la solicitud de amparo constitucional.
En esta línea argumentativa, en relación con aquellas circunstancias que justifican
el retardo para promover la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia T-
256 de 2015, cuya tesis es acogida por este juez colegiado como criterio auxiliar,
indicó que la acción de tutela será procedente:
Cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada
vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la
decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que
la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la
originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación
20 Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, Magistrada
Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-01,
12 de agosto de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00, Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12
de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01, Magistrado Ponente: Alberto
Yepes Barreiro; 21 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, Magistrada
Ponente: Rocío Araújo Oñate entre otras.
21 Ver índice 26 del aplicativo Samai:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=25000233600020140
0821011100103
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desfavorable de la actora derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y
es actual22.
En este orden de ideas, esta colegiatura considera como plazo prudencial el de seis
[6] meses, contados desde la ocurrencia del hecho generador, el cual, para el
caso concreto es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada.
En este punto cabe destacar que, de aceptarse un término superior, sin que se
exponga una razón de trascendencia constitucional, o se justifiquen alguna de las
causales jurisprudenciales en cita, se atentaría en contra del derecho a la igualdad
de los demás usuarios de la administración de justicia a quienes se les ha declarado
improcedente su solicitud de amparo, por superar el lapso en mención.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 23, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200524, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales
y reiteró que seis [6] meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo
de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados.
Por ello, el estudio sobre el requisito de la inmediatez frente al caso de las tutelas
contra providencias judiciales resulta ser estricto y basta con que la decisión que
se señala como vulneradora de derechos fundamentales sea conocida en razón de
la efectiva notificación y se encuentre ejecutoriada para que la persona acuda ante
el juez constitucional y solicite el amparo de sus garantías.
Ahora bien, la sala resalta que en el presente asunto la parte accionante alegó que
con ocasión a providencias25 proferidas con posterioridad a la suya se configuró la
trasgresión al derecho a la igualdad, sin embargo, la vulneración de este derecho,
jurisprudencialmente, se ha analizado con ocasión al desconocimiento de los
parámetros de una providencia que se emita de manera previa cuyos casos son
análogos o similares.
En este orden de ideas, carece de carga argumentativa el alegato de los
accionantes que pretende usar, como «precedente horizontal», unos proveídos que
se emitieron con posterioridad a su fallo, ya que, de aplicarse tal criterio, de entrada
es posible colegir que se atentaría contra los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica que revisten los fallos judiciales.
22 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
24
«c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos».
25 Se destaca que la sala solo se referirá a las providencias emitidas por el Consejo de Estado,
comoquiera que los antecedentes que se relacionan respecto de tribunales de menor jerarquía no
son vinculantes para la máxima autoridad de lo contencioso administrativo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02168-00
Demandantes: César Augusto Lasso Monsalve y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
En este orden de ideas, la existencia de una providencia posterior, como por
ejemplo la de obedecimiento y cumplimiento por parte del a quo, o una sentencia
que aplique un criterio más favorable a los demandantes del proceso ordinario, no
habilita para que este requisito sea más flexible, máxime cuando en ninguna de las
sentencias que se citaron como desatendidas se fijaron efectos ex nunc, por lo que
es diáfano concluir que los criterios establecidos en dicho fallos rigen hacia futuro,
y no de manera retroactiva.
Solo en casos excepcionales y debidamente acreditados es posible ponderar el
principio de la seguridad jurídica con el derecho de acceso a la administración de
justicia, pero como ya se expuso, ello no corresponde los supuestos fácticos aquí
analizados.
2.5. Conclusión
Así las cosas, es claro para esta colegiatura que en el sub examine, no puede el
juez constitucional pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo, toda vez que
no se supera el requisito de inmediatez.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor César Augusto Lasso Monsalve y otros.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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