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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02246-00

Fecha
29 de mayo de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02246-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REQUERIR al señor Luis Ernesto García Ortega para que, en lo sucesivo, se abstenga de interponer acciones de tutela orientadas a la inaplicación de la Resolución 841 de 2005 y la extensión de los efectos de la sentencia del 31 de marzo de 2011, radicado 13-001-23-31-003-2006-00297-00, contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: ADVERTIR al accionante que la utilización reiterada de la acción de tutela sin el cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad podrá dar lugar a la imposición de las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico, en caso de configurarse una actuación temeraria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02246-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

29 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02246-00
Accionante: Luis Ernesto García Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Luis Ernesto García Ortega, a
nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 18 de marzo de 20262, la parte actora interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de sus derechos a la igualdad, debido proceso y acceso a
la administración de justicia que considera vulnerados por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, debido a que, mediante sentencia del 10 de marzo de 2026, confirmó la
decisión de primera instancia emitida por el Juzgado Trece Administrativo de
Cartagena el 30 de enero del mismo año, que declaró improcedente la acción de
tutela de radicado 13-001-33-33-013-2026-00010-00/01.

2. Hechos

2.1. El accionante manifiesta que fue retirado del servicio en la Armada Nacional
mediante Resolución 841 de 2005, acto que, posteriormente, a su juicio, fue
declarado nulo en el año 2011.

2.2. Posteriormente, afirma que en el año 2025 radicó ante la Armada Nacional
solicitud de inaplicación de la Resolución 841 de 2005, “por haber desaparecido del
orden jurídico”; sin embargo, aquella fue negada.

2.3. A raíz de ello, interpuso acción de tutela contra la Armada Nacional, con el fin
de que se ordenara, entre otras cosas, la inaplicación de la Resolución 841 del 19

1
Índice 2 de SAMAI, certificado A39BD4E8A875C122 C5492D287B760F9D FB332DF85E90BCA3 13563732D41D858D.
2
Índice 2 de SAMAI, certificado 331C04B47554041D 27038D2A0E0EAD2F 3C86FED47FE285F5 A9F70A8377667662.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02246-00
Accionante: Luis Ernesto García Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

de diciembre de 2005, “declarada nula por el Tribunal Administrativo de Bolívar
dentro del proceso radicado 13-001-23-31-003-2006-00297-00”.

2.4. El Juzgado Trece Administrativo de Cartagena, por medio de sentencia de
primera instancia del 30 de enero de 2026, radicado 13-001-33-33-013-2026-00010-
00, declaró improcedente la acción de tutela al no cumplir el requisito de inmediatez
y al encontrar acreditada la actuación temeraria del accionante, de conformidad con
lo previsto en el inciso primero del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

2.5. Inconforme con la decisión, el entonces actor interpuso impugnación, la cual
fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de sentencia del 10
de marzo de 2026, en el sentido de confirmar su contenido, de acuerdo con las
consideraciones ahí expuestas.3

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo que:

3.1. La autoridad judicial accionada incurrió en i) defecto sustantivo, porque permitió
que la Resolución 841 de 2005, declarada nula por el Tribunal Administrativo de
Bolívar en 2011, continuara produciendo efectos, pues ello viola los principios de
legalidad y la cosa juzgada material; y ii) defecto fáctico, comoquiera que no valoró
la decisión de nulidad emitida en el año 2011 y la respuesta negativa frente a la
inaplicación de aquella resolución, expedida por la Nación – Ministerio de Defensa
• Armada Nacional en 2025.

3.2. El tribunal omitió que la transgresión de los derechos fundamentales alegados
surgió con la decisión de la Nación – Ministerio de Defensa - Armada Nacional en
2025 con la respuesta de dicha entidad a su solicitud de inaplicación de la
Resolución 841 de 2005, razón por la cual sí existe inmediatez de la acción tuitiva.
Lo anterior, a su juicio, implica la configuración de un perjuicio irremediable.

4. Pretensiones de la acción

La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:
3
Archivo denominado “023 Sentencia segunda instancia”, visible a índice 13 de SAMAI, certificado E79ADFC7458822B6
B7BCEED6B5BCCA52 0BE71254360FAC98 5922CBE8E2DA6F16.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02246-00
Accionante: Luis Ernesto García Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

“1. AMPARAR mis derechos fundamentales.
2. DEJAR SIN EFECTO la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar.
3. ORDENAR emitir nueva decisión conforme a la Constitución.
4. ORDENAR a la Armada Nacional inaplicar la Resolución 841 de 2005.”4

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1. Mediante auto del 24 de marzo de 20265, el despacho ponente admitió la acción
de tutela y vinculó al Juzgado Trece Administrativo de Cartagena y a la Nación -
Ministerio de Defensa - Armada Nacional. También dispuso la notificación a las
partes y a los vinculados.

5.2. El Tribunal Administrativo de Bolívar6 afirmó que no resulta procedente la
presente acción, ya que cuestiona el contenido de otra sentencia de igual
naturaleza. Adicionalmente, tampoco se cumplen los requisitos para su admisión
excepcional.

Finalmente, manifestó que la presunta vulneración alegada por el actor, que, según
este, se originó en 2025 con la negativa de la administración, fue objeto de
pronunciamiento en los fallos de primera y segunda instancia, radicado 13-001-33-
33-013-2026-00010-01, tal y como se desprende del análisis del requisito de
inmediatez. Lo anterior, aunado al hecho de que, si el accionante considera que el
acto administrativo proferido el 4 de septiembre de 2025 modifica su situación,
cuenta con los medios ordinarios para controvertirlo, lo cual también hace
improcedente la presente acción constitucional.

5.3. El Juzgado Trece Administrativo de Cartagena7 hizo un recuento de las
actuaciones surtidas en esa instancia y en especial señaló que el accionante
pretendía con la acción de tutela de radicado 13-001-33-33-013-2026-00010-00 que
se le extendieran los efectos de la sentencia emitida el 31 de marzo de 2011 por el
Tribunal Administrativo de Bolívar dentro del proceso 13001 23 31 000 2006 00297
00, interpuesto por Pedro Antonio Espinosa Franco, en la cual se declaró la nulidad
parcial de la Resolución 841 de 19 de diciembre de 2005.

4
Índice 2 de SAMAI, certificado A39BD4E8A875C122 C5492D287B760F9D FB332DF85E90BCA3 13563732D41D858D, folio
4.
5
Índice 4 de SAMAI, certificado CBB056EC4134A4A2 DBC390733162F581 95772A3177C89089 912A7866B7F69836.
6
Índice 11 de SAMAI, certificado FCFFAFCB2C5507C6 38F0F471316C139E 58434A12D3D1C029 6D50FEBB3FB4DD25.
7
Índice 12 de SAMAI, certificado A1CBB5152040096C D13161B4E8052D61 90C769F88A948B46 83C72990575C2F35.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02246-00
Accionante: Luis Ernesto García Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

A su turno, señaló que se debía tener en cuenta lo indicado por el Consejo de Estado
en la sentencia del 27 de mayo de 2021, en la cual se declaró la improcedencia de
una acción de tutela presentada por el señor Luis Ernesto García Ortega contra el
Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena
por configurar el fenómeno de temeridad. Informó que el actor previamente,
también, interpuso el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
ante el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena, radicado 130013331000-
2007-00046-00, donde obtuvo una sentencia desfavorable el 16 de diciembre de
2010, confirmada por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

5.4. La Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional8 enlistó
cronológicamente las acciones de tutela radicadas por el señor García Ortega en
los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 y 2026.

A manera de ejemplo, señaló que en el año 2014 interpuso una acción tuitiva de
radicado 11001-03-15-000-2014-01693-01 contra el Tribunal Administrativo de
Bolívar y el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena, con el fin de solicitar la
aplicación del fallo emitido dentro del proceso 13-001-23-21-003-2006-00297-00.
Dicha tutela fue declarada improcedente por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, confirmada por la Sección Cuarta, quien sostuvo que se presentaba
temeridad con la conducta del señor García Ortega.

Bajo ese panorama, afirmó que existe identidad de partes, objeto y causa. En
especial, dijo que el actor ha solicitado reiteradamente la extensión de los efectos
de la sentencia proferida dentro del proceso 13-001-23-21-003-2006-00297-00, de
manera que a lo largo de 10 años se ha reflejado su mala fe.

Igualmente, manifestó que el accionante utiliza a la acción de tutela como una
tercera instancia, aunado al hecho de que no acreditó la configuración de un
perjuicio irremediable. Finalmente, aseveró que la acción tuitiva es improcedente al
no cumplir el requisito de inmediatez, porque se radicó después de 10 años de que
ocurrió la presunta vulneración alegada.

8
Índice 20 de SAMAI, certificado B612CF44B5FC6F78 CD29306A2BC7360C 99A85F820B844F04 0840C40EECE62404.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02246-00
Accionante: Luis Ernesto García Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Por otro lado, allegó el expediente administrativo del señor García Ortega9.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Luis
Ernesto García Ortega en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto
2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad10 y de procedencia11 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

4. Procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de un fallo de la
misma naturaleza

4.1. De conformidad con lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-
590 de 2005, por regla general, la acción de tutela resulta improcedente para

9
Índice 18 de SAMAI, certificado E2C84421CF2D4181 9CA5CBA1E1DEC32A 023E5A00D26F09E4 55EBCEECFEEB7CE9.
10
De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
11
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02246-00
Accionante: Luis Ernesto García Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

reprochar sentencias dictadas en el marco del proceso constitucional definido en el
artículo 86 de la Constitución Política.

No obstante, en la SU-627 de 2015,12 el Alto Tribunal Constitucional fijó los
presupuestos exceptivos a la precitada regla. Para tal efecto, indicó que la solicitud
de amparo procede, de manera excepcional, en contra de un fallo de tutela si (i) es
proferido por un juez o tribunal diferente a la Corte Constitucional; (ii) se cumplen
los requisitos genéricos de procedibilidad; (iii) no comparte identidad procesal con
la cuestionada; (iv) se demuestra de manera clara y suficiente que la decisión
adoptada fue producto de una situación de fraude (fraus omnia corrumpit) que da
lugar a la cosa juzgada fraudulenta; y (v) no existe otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

En tal sentido, la Corte Constitucional ha considerado que debe proceder el amparo
en los casos en que se requiera la actuación inmediata del juez constitucional para
revertir o detener situaciones fraudulentas y graves, toda vez que “[…] el principio
de fraus omnia corrumpit [Principio que también se expresa como el fraude lo
corrompe todo], puede entrar en tensión con el principio de justicia material, a partir
del cual es posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que tiene la
decisión del juez”.13

4.2. De los medios probatorios arrimados al expediente se observa que el actor
promovió una primera acción de tutela de radicado 13-001-33-33-013-2026-00010-
00/01 contra la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional. En aquella
oportunidad, el accionante adujo similares hechos a los planteados en el sub lite,
esto es, entre otras cosas, que la Resolución 841 del 19 de diciembre de 2005 fue
expedida en un solo cuerpo normativo, con idéntica motivación fáctica y jurídica para
todos los suboficiales retirados, con fundamento en la facultad discrecional de retiro,
sin motivación individualizada, sin análisis particular de cada caso y bajo los mismos
supuestos de hecho y de derecho.

Indicó que el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia proferida dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 13-001-23-31-003-
2006-00297-00, declaró su nulidad. Sin embargo, a su juicio, la Nación - Ministerio

12
Corte Constitucional, SU-627 del 1° de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
13
Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 2015. En el mismo sentido, véase las sentencias T-218 de 2012, T- 951 de
2013, T-373 de 2014, T-470 de 2018 y T-073 de 2019.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02246-00
Accionante: Luis Ernesto García Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

de Defensa - Armada Nacional desconoce sus efectos al negarse a inaplicar la
Resolución 841 de 2005.

Por consiguiente, pretendió:

“1. AMPARE los derechos fundamentales al debido proceso, derecho de petición y
seguridad jurídica del señor LUIS ERNESTO GARCÍA ORTEGA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 9.104.773.

2. ORDENE a la ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA inaplicar de manera inmediata,
definitiva y total la Resolución 841 del 19 de diciembre de 2005, declarada nula por el
Tribunal Administrativo de Bolívar dentro del proceso radicado 13-001-23-31-003-2006-
00297-00, respecto del accionante.

3. ORDENE dejar sin efectos administrativos todas las actuaciones, anotaciones,
decisiones o consecuencias que se deriven directa o indirectamente de la Resolución
841 del 19 de diciembre de 2005 en la situación jurídica del accionante.

4. ORDENE a la Armada Nacional emitir una nueva decisión administrativa, respetando
el debido proceso y la cosa juzgada, sin fundamento alguno en la Resolución 841 ni
en sus efectos.

5. ORDENE como prueba trasladada que el Tribunal Administrativo de Bolívar
remita copia auténtica de la sentencia proferida dentro del proceso radicado 13-001- 23-
31-003-2006-00297-00, que declaró la nulidad de la Resolución 841 del 19 de diciembre
de 2005.

6. DISPONGA las demás órdenes necesarias para garantizar la protección efectiva de
los derechos fundamentales vulnerados.”14 (Resaltado original del texto).

Dicha acción de tutela fue fallada en primera instancia por el Juzgado Trece
Administrativo de Cartagena, por medio de sentencia del 30 de enero de 2026, en
el sentido de declarar improcedente la acción de tutela al no cumplir el requisito de
inmediatez y al encontrar acreditada la actuación temeraria del accionante, de
conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 38 del Decreto 2591 de
1991. Expuso, entre otras cosas, lo siguiente:

“En el caso de que nos ocupa, el actor quien fue retirado del servicio mediante
Resolución 841 de 19 de diciembre de 2005 proferida por el Comandante de la Armada
Nacional, ha promovido múltiples acciones de tutela, algunas de las mismas tendientes
a que se deje sin efecto la sentencia de 2 de septiembre de 2011 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, por la cual se negaron las pretensiones del hoy accionante
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho por él promovido, y en
otras, como la que nos ocupa, donde pretende que se extiendan a su situación particular
los efectos de la sentencia emitida el 31 de marzo de 2011 por esa Corporación dentro
del proceso 13001 23 31 000 2006 00297 00.

14
Archivo denominado “01 Demanda [...]”, visible a índice 12 de SAMAI, certificado 75A4FB6A30311673
ACCBE699DF56C07F BDA68AB977D97E8D 0719417038C1FDBE, folio 3.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02246-00
Accionante: Luis Ernesto García Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

En todo caso, queda claro que el fin último que persigue el accionante es ser reintegrado
a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional, entidad en la cual prestaba sus
servicios y de la cual fue retirado en virtud de la decisión contenida en la Resolución 841
de 19 de diciembre de 2005.

[…] De acuerdo con lo expuesto, tratándose de al menos cuatro (4) acciones de tutela
anteriores las que ha promovido por el señor Luis Alberto García Ortega, en las que se
conserva identidad de objeto y causa, y si bien, como se dijo, las anteriores se dirigen
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, y algunas contra el Juzgado Tercero
Administrativo de Cartagena, y en esta ocasión se dirige contra la Armada Nacional, el
fin perseguido es el mismo.

No se encuentran además acreditados hechos nuevos o circunstancias que indefensión,
error o similares, que ameriten un nuevo pronunciamiento por parte del juez
constitucional, pues si bien está demostrado que el actor solicitó, en el año 2025, ante
la Armada Nacional su reintegro por extensión de los efectos de la mencionada sentencia
proferida en marzo de 2011 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, lo cierto es que el
señor Luis Alberto García Ortega conocía desde la sentencia del Consejo de Estado que
data del año 2017, que dichas pretensiones no eran viables a través de este mecanismo
constitucional, y más cuando se le dejó claro por el Alto Tribunal que el restablecimiento
del derecho cuando se ejerce el medio de control de nulidad y restablecimiento son de
orden particular y concreto frente a quien solicitó, bajo sus condiciones específicas la
legalidad del acto administrativo acusado.”15

Luego, a través de sentencia de segunda instancia proferida el 10 de marzo de 2026
por el Tribunal Administrativo de Bolívar, confirmó la providencia impugnada. En ese
sentido, el tribunal señaló que la acción de tutela era improcedente al no cumplir
con los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad.

Así las cosas, la autoridad judicial accionada advirtió lo siguiente:

“[…] Como se indicó, en la acción de tutela se pretende la inaplicación de la Resolución
841 de 2005, declarada nula por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Sin embargo, el
accionante interpuso la acción de tutela el 19 de enero de 2026; por ende, no ejerció la
acción en un tiempo razonable, al haber transcurrido entre una y otros 20 años.

Por su parte, la sentencia de nulidad en cuestión fue proferida el 31 de marzo de 2011 y
si bien el actor radicó petición de reintegro ante la Armada Nacional de Colombia el 26
de agosto de 2025, ocurrió 14 años después de la emisión del fallo en comento.

En este entendido, pese a que la parte accionada respondiera a la petición en fecha del
4 de septiembre de 2025, se concluye que la acción no cumple con el requisito de
inmediatez, por cuanto el accionante dejó transcurrir 20 años desde la emisión del acto
y 14 años desde la sentencia de nulidad de 2011 hasta la primera solicitud en 2025, lo
cual excede de manera desproporcionada el término de 6 meses previsto como
razonable por la jurisprudencia constitucional.

Para este caso, se debe aclarar que la Resolución No. 841 de 2005 constituye un acto
administrativo de carácter particular, porque cada retiro es una decisión individual que

15
Archivo denominado “14 Sentencia tutela [...]”, visible a índice 12 de SAMAI, certificado 75A4FB6A30311673
ACCBE699DF56C07F BDA68AB977D97E8D 0719417038C1FDBE.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02246-00
Accionante: Luis Ernesto García Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

modifica la situación jurídica de cada suboficial retirado de la Armada Nacional - y no a
la colectividad en general.

Aclarado ello, el artículo 138 del CPACA establece que los actos administrativos de
carácter particular podrán ser cuestionados mediante el ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho; razón por la cual los afectados por dicho acto
debieron acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo con el fin de solicitar su
nulidad y respectivo restablecimiento.

Al respecto se tiene probado que el accionante efectivamente instauró demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo aquí señalado, cuyo
conocimiento en primera instancia correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de
Cartagena con rad. 13001333100320070004600.

No obstante, la sentencia de primera instancia emitida el 16 de diciembre de 2010,
resultó desfavorable a sus intereses, siendo confirmada en segunda instancia la negativa
por el Tribunal Administrativo de Bolívar en providencia del 2 de septiembre de 2011.

Además, el accionante ha presentado distintas acciones de tutelas contra las
providencias judiciales dictadas en el proceso que decidió de fondo su situación jurídica;
sin embargo, las mismas han sido declaradas improcedentes16”.17

4.3. Ahora, en el caso concreto, el señor García Ortega cuestiona, en esencia, que
el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en i) defecto sustantivo, porque
permitió que la Resolución 841 de 2005 continuara produciendo efectos; y ii) defecto
fáctico, comoquiera que no valoró la decisión de nulidad de la Resolución 841 de
2005, emitida en el año 2011 en el expediente 13001-23-31-000-2006-00297-00, ni
la respuesta negativa frente a la inaplicación de aquella resolución, expedida por la
Nación – Ministerio de Defensa - Armada Nacional en 2025.

4.4. En primera medida, se dirá que no es posible que existan dos decisiones frente
al mismo litigio, de modo que este juez constitucional se encuentra en la
imposibilidad de examinar el asunto de fondo, pues se advierte que el accionante,
al cuestionar la sentencia emitida el 10 de marzo de 2026, pretende que se inaplique
la Resolución 841 de 2005 y se extiendan los efectos de la sentencia del 31 de
marzo de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por Pedro Antonio

16
“Año 2012 - Acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
de Cartagena. Resolvió el Consejo de Estado- Sección Segunda - Subsección B declararla improcedente. RAD
1100103150002012 0224200 (Fols. 101 – 135 doc. 11)
Año 2014 - Acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Cartagena. Resolvió el Consejo de Estado - Sección Cuarta, declararla improcedente. RAD 11001-03-15-000-2014-01693-
01. (Fols. 87- 100 doc. 11)
Año 2016. El accionante presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar porque no se le aclaró si la
expresión «…entre otros miembros de la Armada Nacional…», contenida en la sentencia del 31 de marzo de 2011, aplicaba
a todo el personal relacionado. Frente a ello, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, indicó que no estaba legitimado para
solicitar dicha aclaración y declaró la tutela improcedente. RAD. 11001-03-15-000-2026-02376-00. (Fols. 79 - 86 Doc. 11)
Año 2020. Acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cartagena y el Tribunal Administrativo
de Bolívar. Resolvió el Consejo de Estado Sección Cuarta declararla improcedente. RAD. 11001-03-15-000-2020-05181-00.
(Fols. 34- 43 Doc. 11)”.
17
Archivo denominado “20 Sentencia segunda instancia”, visible a índice 12 de SAMAI, certificado 75A4FB6A30311673
ACCBE699DF56C07F BDA68AB977D97E8D 0719417038C1FDBE.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02246-00
Accionante: Luis Ernesto García Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Espinosa Franco contra la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional,
radicado 13-001-23-31-003-2006-00297-00. De esta manera, la Sala observa que
el actor reiteró argumentos similares a los expuestos en la primera acción de tutela.
Frente a la última pretensión, la Sala advierte que la Sección Quinta del Consejo de
Estado en sentencia del 23 de marzo de 2017, en el marco de la acción de tutela de
radicado 11001-03-15-000-2016-02376-01, interpuesta por el hoy accionante contra
el Tribunal Administrativo de Bolívar, señaló lo siguiente:

“Ante la presente petición de amparo, observa la Sala que lo que pretende el tutelante
es que se le atribuyan efectos erga omnes a la sentencia de 31 de marzo de 2011,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la nulidad de la Resolución
No. 841 de 2005 y ordenó el reintegro del señor Pedro Antonio Espinosa Franco.

[…] La Resolución No. 841 de 2005 constituye un acto administrativo de carácter
particular, que a la luz del artículo 138 del CPACA, podrá ser cuestionado mediante el
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; razón por la
cual aquellos que se vieron afectados por dicho acto debieron acudir a la jurisdicción de
lo contencioso administrativo con el fin de solicitar su nulidad y respectivo
restablecimiento.

Ahora bien, en cuanto a los efectos del fallo proferido en este tipo de proceso, el inciso
5º del artículo 189 del CPACA, relativo a los efectos de la sentencia, señala: “La
sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien
hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor”.

Al respecto, es necesario precisar que el efecto de la nulidad del acto sí es erga omnes,
pero el restablecimiento del derecho ordenado en favor del señor PEDRO ANTONIO
ESPINOSA FRANCO es inter partes. En ese sentido, el restablecimiento no fue ni es
automático, sino que se deriva de la pretensión correspondiente que surge de un interés
individual: exclusiva para quien ejerció en tiempo la acción.

[…] En ese sentido, en este proceso el juez no debió notificar a todos los suboficiales
que fueron retirados mediante la Resolución No. 841, pues no se trata de un acto
administrativo general, sino particular, naturaleza jurídica que conduce a que solo quien
considere que el acto es nulo y tiene como justificarlo, interponga la demanda.”18

4.5. En segunda medida, esta Subsección advierte que la solicitud no satisface los
supuestos excepcionales de procedencia del amparo contra un fallo de tutela,
puesto que los reproches planteados por la parte actora no cumplen con una carga
argumentativa suficiente para suscitar una discusión de rango constitucional ni para
demostrar la configuración de un fraude. Lo anterior, en la medida en que se fundan
en un desacuerdo con la sentencia que puso fin al trámite de tutela identificado con
el radicado 13-001-33-33-013-2026-00010-00/01. En efecto, el accionante
controvierte directamente la decisión adoptada por la autoridad cuestionada, sin
exponer en su argumentación la existencia de una actuación fraudulenta, dolosa o

18
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de tutela del 23 de marzo de 2017, radicado 11001-03-15-000-2016-02376-
01.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02246-00
Accionante: Luis Ernesto García Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

contraria a los principios de lealtad y buena fe que haya incidido en el sentido del
fallo.

5. Bajo esta línea argumentativa, la solicitud de amparo resulta improcedente,
comoquiera que no cumple los requisitos excepcionales exigidos para la
procedencia de la acción de tutela contra una sentencia proferida en el marco de un
proceso de la misma naturaleza.

6. Esta Subsección observa que, si bien el actor ha promovido previamente
acciones de tutela relacionadas con su retiro de la Armada Nacional, no se configura
identidad plena entre el presente asunto y las acciones identificadas con los
radicados 11001-03-15-000-2016-02376-00/01, 11001-03-15-000-2020-05181-
00/01 y 13001233300020170008400/01, toda vez que en esta oportunidad la
controversia se sustenta, entre otros aspectos, en la respuesta emitida por la
Armada Nacional en 2025 frente a la solicitud de inaplicación de la Resolución 841
de 2005 elevada por el actor.

Así las cosas, aunque en el expediente obran copias de las referidas acciones
constitucionales, de su revisión no se advierte coincidencia íntegra entre las partes,
los hechos, las pretensiones y la causa petendi del sub lite, razón por la cual no se
declarará, en esta oportunidad, una actuación temeraria.

Lo anterior no obsta para que la Sala requiera al accionante a fin de que se abstenga
de continuar presentando acciones de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Bolívar y la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional, orientadas a la
inaplicación de la Resolución 841 de 2005 y a la extensión de los efectos de la
sentencia del 31 de marzo de 2011, radicado 13-001-23-31-003-2006-00297-00. La
reiterada utilización de la acción constitucional, sin el cumplimiento de los
presupuestos de procedibilidad, no solo implica un uso inadecuado del mecanismo
de amparo, sino que también genera una carga innecesaria para la administración
de justicia y podría dar lugar a la imposición de las sanciones previstas en el
ordenamiento jurídico, en caso de configurarse una actuación temeraria.

En tal sentido, se adoptará la decisión correspondiente en la parte resolutiva de esta
providencia.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02246-00
Accionante: Luis Ernesto García Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REQUERIR al señor Luis Ernesto García Ortega para que, en lo
sucesivo, se abstenga de interponer acciones de tutela orientadas a la inaplicación
de la Resolución 841 de 2005 y la extensión de los efectos de la sentencia del 31
de marzo de 2011, radicado 13-001-23-31-003-2006-00297-00, contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar y la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional,
de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ADVERTIR al accionante que la utilización reiterada de la acción de
tutela sin el cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad podrá dar lugar a
la imposición de las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico, en caso de
configurarse una actuación temeraria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
38 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado

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