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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02376-00

Fecha
11 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02376-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar la falta de legitimación en causa por activa de Santiago de León Martínez, en la solicitud de tutela presentada en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02376-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

11 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02376-00
Demandante: Santiago de León Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho
Decisión: Declarar la falta de legitimación en la causa por activa

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Santiago de León Martínez, en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Santiago de León Martínez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, a
la seguridad social, al mínimo vital y a la educación, los cuales consideró vulnerados
con ocasión de la sentencia proferida el 27 de febrero de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 08-001-33-33-004-2020-00134-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. Colpensiones en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho [lesividad] presentó demanda en contra de Amalia Cristina Juliao Puche,
con la finalidad de cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los
cuales le reconoció una pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de Jaime
Enrique de León Ballut, en calidad de compañera permanente, y como consecuencia,
devolviera los dineros recibidos.

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02376-00
Demandante: Santiago de León Martínez

2.2. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla en
providencia del 8 de octubre de 2020 admitió la demanda y ordenó vincular como
litisconsorte necesario a Rosa Elena Martínez Quiñones.

2.3. En sentencia del 13 de agosto de 2021 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en el sentido de precisar que no había lugar a ordenar
la devolución de los dineros pagados a la parte demandada, pues no se desvirtuó su
buena fe. En contra de esta decisión la parte demandada interpuso recurso de
apelación.

2.4. El Tribunal Administrativo del Atlántico en sentencia del 23 de febrero de 2025
revocó la decisión del a quo, y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que, a partir del contenido de la investigación administrativa interna que
adelantó la entidad demandante, no se logró desvirtuar la convivencia de la
demandada con el causante durante los últimos cinco (5) años previos al
fallecimiento.

2.5. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto fáctico, debido a que omitió valorar de forma integral la
investigación administrativa adelantada por las presuntas irregularidades; los
testimonios rendidos por familiares del causante [su padre], vecinos y porteros,
quienes descartaron la convivencia con Amalia Juliao Puche; así como las
inconsistencias documentales relacionadas con los domicilios registrados, elementos
determinantes para acreditar la inexistencia de convivencia. Además, al solicitar la
prestación, se presentó como única beneficiaria y omitió informar a Colpensiones
sobre la existencia de los hijos del causante, David Alejandro de León Díaz y él.

2.6. En defecto sustantivo al efectuar una interpretación contraria al artículo 47 de
la Ley 100 de 1993, disposición que exige a quien reclame la pensión en calidad de
cónyuge o compañero permanente acreditar una convivencia mínima de 5 años.
Pese a ello, el Tribunal concluyó que la convivencia no fue desvirtuada, criterio con
el que trasladó indebidamente la carga de la prueba a la parte demandante.

2.7. Asimismo, «la reducción de la prestación al 50% genera una afectación que se
actualiza mes a mes, comprometiendo de forma continua [su] mínimo vital y la continuidad
de [sus] estudios».

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, mínimo
vital y educación.
2. Dejar sin efectos la Sentencia del 27 de febrero de 2025 del Tribunal Administrativo del
Atlántico.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02376-00
Demandante: Santiago de León Martínez

3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Atlántico proferir una nueva decisión debidamente
motivada, con valoración integral del acervo probatorio y conforme a los parámetros
constitucionales.
4. Decretar medida provisional para garantizar mi mínimo vital, mientras se decide de fondo
la presente acción de Tutela. [...]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. Colpensiones2 solicitó que se declarara improcedente la petición de amparo,
por cuanto los fundamentos de hecho y de derecho ya fueron objeto de estudio
judicial y ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados.

5. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla3 si
bien allegó copia del expediente digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.

6. Amalia Cristina Juliao Puche4 pretendió que se declarara improcedente el
amparo solicitado por cuanto no se acreditó el requisito general de la inmediatez,
comoquiera que la decisión enjuiciada quedó ejecutoriada el 7 de abril de 2025 y la
radicación de la tutela fue el 25 de marzo de 2026, es decir, después de transcurrido
11 meses y 18 días, máxime cuando existe una inactividad injustificada del
demandante tras cumplir la mayoría de edad, esto es, desde el 21 de febrero de 2025.

6.1. No existió un perjuicio irremediable que justificara la intervención del juez de
tutela, toda vez que el joven ha recibido de manera ininterrumpida su cuota parte
pensional. En efecto, dicha prestación permaneció protegida y excluida de cualquier
afectación dentro del proceso de lesividad, razón por la cual percibe su pago de forma
puntual hasta la fecha.

7. El Tribunal Administrativo del Atlántico y Rosa Elena Martínez Quiñones
guardaron silencio.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) determinación del
problema jurídico; iv) falta de legitimación en la causa por activa en la solicitud de tutela;
y v) análisis de la Sala.

2
Ver índice 11 de Samai. Archivo denominado «11_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
adjunto_Respuestaac(.pdf) NroActua 11».
3
Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado «15RECIBEPRUEBAS_08001333300420200013(.zip)
NroActua 12».
4
Ver índice 19 de Samai. Archivo denominado «23_MemorialWeb_Otro-
CONTESTACIONACCION(.pdf) NroActua 19».

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02376-00
Demandante: Santiago de León Martínez

2.1. Competencia

9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1°. del Decreto 333 del 6 de
abril de 20215 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra
el Tribunal Administrativo del Atlántico.

2.2. Cuestión previa

10. La Sala advierte que, de conformidad con la información registrada en Samai6,
aunque el demandante no fue vinculado al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en cuestión, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla, mediante providencia del 8 de octubre de 20207, ordenó integrar el
litisconsorcio necesario respecto de Rosa Elena Martínez Quiñones, su madre, quien
tuvo su oportunidad de cuestionar la legalidad del acto administrativo, como en efecto
sucedió.

2.3. Problema jurídico

11. De conformidad con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si Santiago de
León Martínez cuenta con legitimación en la causa por activa en la presente solicitud
de tutela?

2.4. Legitimación en causa por activa en la solicitud de tutela

12. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o
por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales; en el mismo sentido lo reguló el Decreto 2591 de 19918, que dispuso:

Artículo 10. LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.

También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.

5 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
6 Ver el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 08-

001-33-33-004-2020-00134-01.
7 Visible en el índice 7 de Samai del proceso contencioso.
8 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02376-00
Demandante: Santiago de León Martínez

13. La Corte Constitucional9 refirió la evolución jurisprudencial en lo que a la
legitimación en la causa por activa para acudir al juez de tutela se refiere, así:

«[…] 5. Desde sus inicios, particularmente en la sentencia T-416 de 199710, la Corte
Constitucional estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un
presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva
de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.

Más adelante, la sentencia T-086 de 201011, reiteró lo siguiente con respecto a la
legitimación en la causa por activa como requisito de procedencia de la acción de tutela:

“Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se
opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de
representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”. (Negrilla fuera del texto
original).

Asimismo, en la sentencia T-176 de 201112, este Tribunal indicó que la legitimación en la
causa por activa constituye una garantía de que la persona que presenta la acción de
tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez
constitucional, de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho
fundamental reclamado es propio del demandante.

En el mismo sentido se pronunció la Corte en la sentencia T-435 de 201613, al establecer
que se encuentra legitimado por activa quien promueva una acción de tutela siempre que
se presenten las siguientes condiciones: (i) que la persona actúe a nombre propio, a
través de representante legal, por medio de apoderado judicial o mediante agente
oficioso; y (ii) procure la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales.

Adicionalmente, en la sentencia SU-454 de 201614, esta Corporación reiteró que el
estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces y constituye
un presupuesto procesal de la demanda.

6. Ahora bien, con respecto a la legitimación del agente oficioso, en las sentencias T-452
de 200115, T-372 de 201016, y la T-968 de 201417, este Tribunal estableció que se
encuentra legitimada para actuar la persona que cumpla los siguientes requisitos: (i) la
manifestación que indique que actúa en dicha calidad; (ii) la circunstancia real de que, en
efecto, el titular del derecho no se encuentra en condiciones físicas o mentales para
interponer la acción, ya sea dicho expresamente en el escrito de tutela o que pueda
deducirse del contenido de la misma; y (iii) la ratificación de la voluntad del agenciado de
solicitar el amparo constitucional.

9 Sentencia T-511 de 2017. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
11 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
12 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
13 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
14 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
15 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
16 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02376-00
Demandante: Santiago de León Martínez

En concordancia con lo anterior, en la sentencia SU-173 de 201518, reiterada en la T-467
de 201519, la Corte indicó que por regla general, el agenciado es un sujeto de especial
protección y, en consecuencia, la agencia oficiosa se encuentra limitada a la prueba del
estado de vulnerabilidad del titular de los derechos.

En esta oportunidad, la Corte reitera la regla jurisprudencial que establece que una
persona se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela, cuando
demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución del
fallo que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que el funcionario judicial
pueda concluir que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante. […]».

14. Como se observa, la normativa y la jurisprudencia definen cuatro vías
procesales para acudir al juez de tutela a saber: i) el directamente afectado, ii) a
través de representante legal o de apoderado judicial, iii) por medio de agente oficioso
y iv) por conducto del defensor del pueblo y los personeros municipales.

2.5. Sobre el caso concreto

15. Santiago de León Martínez acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
sentencia proferida el 27 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 08-001-33-33-004-2020-00134-01.

16. Con relación a lo anterior, entonces, es necesario evaluar si Santiago de León
Martínez, tiene la titularidad para reclamar sobre el amparo de sus derechos
fundamentales con fundamento en la sentencia proferida en un medio de control que
le es ajeno y del que no acreditó haber hecho parte.

17. Según lo manifestado en el escrito de tutela, la Sala aclara que, en el presente
proceso constitucional, se tiene que, Santiago de León Martínez no cuenta con
legitimación para actuar en nombre propio y tampoco en representación de algún
sujeto procesal; pues, de ser el caso, nada se dijo y tampoco se acreditó un motivo
por el que estos últimos no estén en condiciones de actuar de forma directa en
defensa de sus derechos fundamentales.

18. Observa esta Sala, que, conforme a lo expuesto, en caso de haberse
vulnerado los derechos fundamentales de la parte demandante en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, la titularidad de los derechos no
corresponde a Santiago de León Martínez, por lo que no está llamado a discutir sobre
el interés jurídico ventilado en este proceso, razón por la cual, no cumple con el
requisito de legitimación en la causa por activa.

18 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
19 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02376-00
Demandante: Santiago de León Martínez

3. Conclusión

19. En este orden de ideas, la Sala declarará la falta de legitimación en causa por
activa de Santiago de León Martínez, en la solicitud de tutela presentada contra el
Tribunal Administrativo del Atlántico.

20. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar la falta de legitimación en causa por activa de Santiago de León
Martínez, en la solicitud de tutela presentada en contra del Tribunal Administrativo
del Atlántico.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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