Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02247-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02247-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02247-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
16 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02247-01
Demandante: Dalila Esther Núñez Lozada
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02247-01
Demandante: Dalila Esther Núñez Lozada
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C
Tema: Tutela contra providencia judicial. Recurso de insistencia. Defecto
sustantivo
Sentencia segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandada contra la sentencia
de tutela del 30 de abril de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta,
que resolvió:
PRIMERO: CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales invocados por la parte
actora.
SEGUNDO: DEJAR sin valor ni efecto la sentencia de 9 de marzo de 2026 y, en su lugar,
ORDENAR a la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que, dentro de un término de 10 días, siguientes a la notificación de este
fallo, profiera una nueva decisión, de acuerdo con lo indicado en la parte motiva de esta
sentencia.
TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto de lo atinente a la
manifestación de improcedencia y extemporaneidad del recurso de insistencia.
CUARTO: NEGAR la pretensión contenida en el numeral 4 del escrito inicial.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 18 de marzo de 2026, la señora Dalila Esther Núñez Lozada interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia, de petición, de acceso a documentos
públicos, a la verdad y a la dignidad humana. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
1. Solicito al Honorable Consejo de Estado que, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, SE REVOQUE la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca del 9 DE MARZO DE 2026, dentro del recurso de
insistencia radicado 25000-2341000-2026-0033300, mediante la cual se negó de manera
absoluta el acceso a la información relativa a la causa del accidente del helicóptero FAC-
4441.
2. En su lugar, ordene sea emitida decisión en la que se declare mal denegada la
información solicitada y SE ORDENE LA ENTREGA del “Informe Final Evento de
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Seguridad Operacional” en lo que respecta a las causas del accidente o se entregue una
versión pública redactada que resuelva el interrogante planteado consistente en
“informe exclusivamente, y en un lenguaje claro, cuál fue la causa del accidente
Helicóptero FAC-4441, ocurrido el 29 de septiembre de 2024.” en la cual, de ser
necesario, se reserve únicamente lo estrictamente indispensable conforme al artículo 21
de la Ley 1712 de 2014, garantizando así los derechos fundamentales de acceso a la
información, petición, acceso a la justicia, verdad, debido proceso y dignidad humana de
los familiares de las víctimas.
3. Disponer que la respuesta sea remitida al correo electrónico:
tuderechoydefensa@gmail.com, en formato digital PDF.
4. Advertir a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, sobre la obligación de garantizar la
no repetición de la vulneración y de ajustar su actuación a los principios de publicidad,
legalidad y transparencia administrativa.
2. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
El 29 de septiembre de 2024, la tripulación del helicóptero FAC-4441 fue enviada para
realizar una misión humanitaria en el área rural de la inspección Guanape, lugar en el
que debían evacuar a una persona con herida abierta en el tórax y trasladarla a Puerto
Carreño. No obstante, la referida aeronave sufrió un accidente y toda la tripulación
falleció.
El 19 de enero de 2026, la señora Dalila Esther Núñez Lozada, actuando en nombre
propio, como madre de la Técnico Cuarto – Karel Daniela Rojas Núñez (q.e.p.d.),
quien falleció el 29 de septiembre de 2024 en el accidente del helicóptero FAC-4441
radicó petición ante la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), con el fin de obtener
comunicación oficial en la que se le informara exclusivamente en lenguaje claro, cuál
fue la causa del accidente del helicóptero FAC-4441, ocurrido el 29 de septiembre de
2024.
Por oficio de 9 de febrero de 2026, la FAC negó la petición al considerar que la
información requerida hace parte del Informe Final Evento de Seguridad Operacional,
el cual tiene carácter reservado por su relación con la defensa y seguridad nacional.
El 12 de febrero de 2026, la actora interpuso recurso de insistencia con el fin de que
la autoridad entregara una versión pública, en la que se mantuviera la reserva
únicamente sobre lo estrictamente indispensable.
El recurso lo tramitó en única instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C bajo el radicado 25000-23-41-000-2026-00333-00 y
profirió providencia de 9 de marzo de 2026 en la que declaró bien negada la petición
de información1.
Inicialmente, la autoridad judicial calificó el recurso de insistencia como improcedente,
al considerar que la actora omitió interponer el recurso de reposición previo (requisito
que juzgó obligatorio según el artículo 27 de la Ley 1712 de 2014), y como
extemporáneo, por radicarse fuera de los tres días siguientes a la notificación de la
entidad. No obstante, en aplicación de los principios pro homine y pro actione, decidió
estudiar el fondo del asunto.
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El magistrado Fabio Iván Afanador García salvó su voto al considerar que la peticionaria no solicitó información de tipo técnico
y operacional, por lo que en aplicación del prinicipio de máxima publicidad era procedente acceder a la entrega de la información
bajo una versión pública en la que la FAC omitiera la identificación de la tripulación, pasajeros, uniformados involucrados en el
accidente y en la investigación de este.
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Al resolver, el Tribunal consideró que la información pedida gozaba de reserva por
estar relacionada con la defensa y seguridad nacional (artículo 24 del CPACA y
artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014). Argumentó que determinar cuál fue la causa
del accidente del helicóptero FAC-4441 requería de un procedimiento de análisis y
discusión interdisciplinario, que implica convocar la deliberación colectiva de
servidores públicos, aspecto expresamente sometido a reserva conforme al parágrafo
del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014. Finalmente, concluyó que, ante dicha reserva,
ni siquiera era jurídico permitir una versión pública de los documentos, lo que impedía
la aplicación del artículo 21 de la misma ley.
3. Argumentos de la acción de tutela
La actora sustentó la solicitud de tutela con los siguientes argumentos:
Advirtió que fue equivocada la interpretación del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C al exigir el recurso de reposición
previo al trámite de insistencia; aunque el artículo 27 de la Ley 1712 de 2014 lo
establecía, este no era obligatorio. Además, dijo que, con la expedición de la Ley
Estatutaria 1755 de 2015, con jerarquía superior, se eliminó dicho requisito y se fijó
un término de 10 días para interponer el recurso de insistencia, sin exigir la reposición
como condición previa. En consecuencia, aplicar la regla de la Ley 1712, en lugar de
la Ley 1755 constituye un error de interpretación y desconoce la prevalencia normativa
de la ley estatutaria.
Ahora bien, en relación con el derecho de acceso a documentos públicos, resaltó que
el artículo 74 constitucional lo garantiza y que el principio de publicidad se constituye
como la regla general y la reserva como la excepción. Precisó que, en virtud del
artículo 21 de la Ley 1712 de 2014, cuando un documento está protegido por una
excepción, la autoridad debe elaborar y entregar una versión pública que reserve
únicamente lo indispensable. En ese sentido dirigió el recurso de insistencia, pero el
Tribunal sin motivación alguna se limitó a apoyar la postura de la FAC y no tuvo en
cuenta que la reserva documental no puede prevalecer frente a la necesidad de
garantizar la verdad y la protección de las víctimas.
En este caso, resaltó que la información solicitada (causa del accidente) es esencial
para el ejercicio de derechos fundamentales de las víctimas como lo son el acceso a
la justicia, el control judicial, reparación y verdad; razón suficiente para que la
autoridad judicial privilegie la entrega en versión pública u ordene que se informe cuál
fue la causa real del accidente, salvo que exista un riesgo concreto y debidamente
motivado que justifique la reserva total, lo que no está acreditado.
En ese sentido, advirtió que resulta inconstitucional e ilegal imponer una reserva
absoluta y perpetua sobre la información relativa a la causa de un accidente ya
ocurrido y en desarrollo de una misión médica.
Sostuvo que tanto la providencia objeto de tutela como la respuesta de la FAC se
limitaron a transcribir las normas relativas a la reserva relacionada con la defensa y
seguridad nacional sin ninguna motivación, lo que vulnera los derechos al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana y a conocer
la verdad, en concreto las circunstancias en que murió la tripulación del helicóptero
FAC-4441.
De igual forma, afirmó que el desconocimiento de la causa del siniestro impide a los
familiares de la víctima contar con los insumos básicos para ejercer las acciones
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judiciales, establecer responsabilidades y reclamar la reparación; de tal manera es
indispensable que se entreguen los resultados del estudio del accidente o una versión
pública redactada, en la que se den a conocer las causas de este, sin que ello
comprometa operaciones futuras.
En este caso, señaló que también se desconoce el principio de proporcionalidad y el
deber de motivación de las restricciones a derechos fundamentales. Resaltó que la
Corte Constitucional ha señalado que toda limitación al acceso a la información debe
superar un test estricto: «(i) debe estar prevista en la ley, (ii) debe perseguir un fin
constitucionalmente legítimo – (verdad, acceso a la justicia, acceso a la
información pública), (iii) debe ser idónea para alcanzarlo, (iv) necesaria en el
sentido de que no exista una medida menos gravosa, y (v) proporcional en sentido
estricto»2.
En atención a lo anterior, sostuvo que la reserva planteada en la providencia recurrida
no supera dicho test, pues existe una alternativa menos lesiva: la entrega de una
versión pública o una redactada que preserve únicamente los apartes indispensables;
entonces, al no justificar por qué la divulgación de la causa del accidente
comprometería la seguridad nacional, la decisión carece de motivación suficiente y se
convierte en una restricción arbitraria.
4. Trámite procesal de la acción de tutela
En auto del 20 de marzo de 2026, el Consejo de Estado, Sección Quinta, admitió la
acción de tutela; ordenó notificar a la parte demandante y al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en calidad de demandado; y a la
Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), en calidad de tercero con interés.
5. Oposición
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C,
consideró que la acción de tutela es improcedente al no tener relevancia
constitucional, dado que lo que se busca es surtir una segunda instancia en un
proceso que es de única instancia.
Sostuvo que en la providencia cuestionada se explicó que el recurso de reposición era
obligatorio para acudir a la vía judicial, cuando se invoca la reserva por seguridad y
defensa nacional; así que la insistencia no era procedente, pues debió interponer el
recurso de reposición previamente. De todas formas, indicó que se resolvió de fondo.
Aseguró que la decisión está bien motivada y con pleno respaldo normativo,
jurisprudencial y probatorio y se analizó en forma expresa el tema de la reserva y su
aplicación en el caso estudiado.
En este asunto, advirtió que la tutelante plantea una cuestión meramente legal y la
aplicación de un procedimiento reglamentario especial; sin que pueda considerarse
como una discusión constitucional por la simple mención de derechos fundamentales.
Concluyó que los argumentos expuestos en la demanda de tutela se decidieron en el
trámite judicial de insistencia, es decir, que lo que se pretende es reabrir un debate
jurídico culminado.
2. Intervención del tercero con interés
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Sentencia T-398 de 2023
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El jefe del Departamento Estratégico de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos
de la Fuerza Aeroespacial Colombiana pidió negar el amparo solicitado al no
configurarse vulneración alguna de derechos fundamentales ni defecto judicial que
habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial.
Aseguró que ha actuado en estricto cumplimiento de sus deberes constitucionales y
legales y de los principios de transparencia y buena fe que orientan la función
administrativa. Para el asunto objeto de estudio, informó que la firma de abogados
«Tu Derecho, Defensa, Consultoría y Litigación Estratégica» ha actuado en
representación de distintos grupos familiares y ha formulado multitud de peticiones
entre 2025 y 2026 dirigidas a obtener información contenida en un informe, cuya
naturaleza reservada ya se definió por la jurisdicción de lo contencioso-administrativa
en la sentencia de única instancia de 3 de septiembre de 2025 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.
A pesar del anterior pronunciamiento, indicó que se ha insistido en el acceso de
manera indirecta o fragmentada al referido informe, amparado por reserva, lo que
desborda el ejercicio legítimo del derecho de petición.
En relación con las peticiones en ese sentido, indicó que ha dado respuestas de fondo,
oportunas y debidamente motivadas en la imposibilidad jurídica de suministrar la
información requerida por su carácter reservado.
Sobre la información requerida, sostuvo que no constituye simples datos
administrativos, sino que involucra aspectos técnicos, operacionales y estratégicos
relacionados con el funcionamiento y las capacidades de aeronaves de uso
institucional. Precisó que su divulgación no controlada comporta un riesgo cierto para
la seguridad y defensa nacional, por lo que la reserva invocada no obedece a una
decisión discrecional o arbitraria, sino al estricto cumplimiento de un mandato legal
orientado a la protección de intereses superiores del Estado.
Resaltó que otros núcleos familiares afectados por los mismos hechos, que no han
obtenido la información pedida por razones de reserva, ya acudieron a la jurisdicción
de lo contencioso-administrativa en ejercicio de los medios de control
correspondientes. Así que la negativa en sede administrativa no fue obstáculo para
acceder a la administración de justicia y es precisamente en el curso del proceso
judicial en el que se ventilan y debaten los elementos probatorios pertinentes, bajo la
dirección del juez competente.
Precisó que la reserva invocada no es oponible a la autoridad judicial en ejercicio de
sus funciones, por lo que la entidad tiene plena disposición de remitirle, cuando así se
requiera, la totalidad del informe y los elementos necesarios para el adecuado ejercicio
de la función jurisdiccional, con lo que garantiza el acceso a la información en sede
judicial, sin desconocer las restricciones legales aplicables frente a particulares.
Para el caso concreto de la señora Dalila Esther Núñez Lozada, indicó que dio
respuesta oportuna y de fondo a la petición de 19 de enero de 2026, mediante oficio
FAC-S-2026-003717-CE remitido el 9 de febrero siguiente. Y, que, el 26 de febrero de
2026, remitió el recurso de insistencia presentado al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
En relación con la decisión del 9 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, advirtió que no
tiene razón la actora al fundamentar la procedencia del amparo constitucional en la
supuesta irregularidad derivada de la no interposición del recurso de reposición previo
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al trámite de la insistencia, puesto que aunque la autoridad judicial realizó una
consideración jurídica sobre esa omisión, ello no se tradujo en una decisión inhibitoria
ni en un rechazo del acceso al juez.
Sobre el particular, resaltó que el Tribunal atendió de manera prevalente el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia, por lo que optó por superar
cualquier debate formal o procedimental y resolver de fondo el recurso de insistencia.
En efecto, se analizó de manera integral la legalidad de la reserva invocada y declaró
bien denegada la información solicitada, con fundamento en un estudio normativo,
jurisprudencial y fáctico exhaustivo
Por lo precisado, advirtió que la conducta de la tutelante se dirige a convertir la acción
de tutela en una instancia adicional de revisión, pues busca reabrir por vías indirectas
un debate ya definido por el juez natural en el que se determinó la naturaleza
reservada de la información requerida; ese actuar contraría el carácter subsidiario,
residual y excepcional de ese mecanismo.
En relación con la intención de que se entregue una versión pública de la información
solicitada, con fundamento en el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014, explicó que las
conclusiones del informe no constituyen un elemento autónomo susceptible de
disociación, sino que forman parte de una unidad técnica, metodológica y documental
indivisible, cuya divulgación parcial permitiría inferir información sensible relacionada
con capacidades operacionales, procedimientos, riesgos y estándares de seguridad
aérea. Por esa razón, la aplicación del principio de integralidad documental impide
jurídicamente cualquier fragmentación del contenido reservado.
Frente a la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados, sostuvo
que la negativa administrativa de entrega previa de la información no constituye un
obstáculo para el ejercicio del derecho de acción ni para el debate probatorio en sede
judicial; por el contrario, la entidad ha señalado que la información será suministrada
cuando medie requerimiento de una autoridad judicial competente.
En ese entendido, indicó que la actora puede acudir a la jurisdicción competente y,
dentro del trámite judicial respectivo, el juez -en ejercicio de sus facultades- podrá
requerir, conocer y valorar la información sometida a reserva, garantizando su manejo
en cuaderno separado o bajo las restricciones que estime necesarias. Así, que en este
caso no se vulnera el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.
Agregó que tampoco se desconocen los derechos a la verdad y a la dignidad humana
de la actora, pues se reconoce su condición de madre y su legítimo interés en conocer
las circunstancias del fallecimiento de su hija; pero esos derechos no son absolutos y
deben armonizarse con otros bienes constitucionales superiores, como la defensa y
la seguridad nacional.
Por lo anterior, concluyó que la reserva aplicada es legal, razonable, proporcional y
constitucional, no es perpetua ni arbitraria y se sujeta al control judicial ordinario en
los escenarios procesales previstos por la ley.
6. Sentencia de primera instancia
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El 30 de abril de 20263, el Consejo de Estado, Sección Quinta, profirió sentencia de
primera instancia, en la cual accedió parcialmente al amparo solicitado, con
fundamento en las siguientes consideraciones:
En primer lugar, frente al argumento de que el Tribunal accionado declaró el recurso
de insistencia improcedente y extemporáneo, evidenció que no supera el requisito de
relevancia constitucional porque la autoridad judicial estudió de fondo el asunto. Así
que los cuestionamientos en relación con la procedencia y oportunidad de la
insistencia no fueron el fundamento de la decisión, por lo que no tienen implicación en
la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.
En segundo lugar, en relación con las censuras de la decisión de declarar bien negada
la petición de información presentada ante la FAC, encontró superados los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y observó
que los señalamientos se enmarcan en el defecto sustantivo.
Al adentrarse al estudio, transcribió los artículos 21 y 28 de la Ley 1712 de 2014,
referidos a la divulgación parcial de la información y a la carga de la prueba. Y acudió
al «test del daño» determinado por la Corte Constitucional en la sentencia T-067 de
2025, según el cual el juez debe verificar que la autoridad que negó la información
haya acreditado que: a) la información está relacionada con un objetivo constitucional
y legalmente legítimo; b) se trata de una de las excepciones expresamente
establecidas en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014; c) la información causaría
un daño presente, probable y específico sobre un bien o interés constitucional; y d)
ese daño excede el interés público que representa el acceso a la información.
Anotó además que conforme con la citada sentencia, el fallador que resuelve el
recurso de insistencia debe constatar que la reserva alegada tenga fundamento legal
y que se cumplan los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Y en este caso,
también debía tenerse en cuenta el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 que le impone
a las autoridades el deber de emitir una versión pública para los eventos en que la
información contenida en un documento no sea, en su totalidad, de carácter
reservado.
En ese sentido, precisó que la norma reconoce que existen eventos en los que un
documento que, por disposición legal, sea reservado, contenga datos que sí puedan
ser puestos en conocimiento público.
A continuación, analizó los fundamentos de la decisión cuestionada y advirtió que,
aunque la autoridad accionada cumplió con la carga de invocar las normas en las que
se justificaba la reserva de la información, hizo una valoración precaria relativa a la
satisfacción de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Consideró que la
providencia acusada se centró en generalidades normativas y no en una valoración
que diera cuenta sobre el porqué el conocimiento público de las causas del incidente
genera un daño presente, probable y específico a un bien o interés constitucional, o
de qué manera excede el interés público de acceso a la información.
Resaltó que respecto de la aplicación del artículo 21 de la Ley 1712 de 2014, esto es
que la FAC emitiera una versión pública de lo ocurrido al helicóptero 4441, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca se limitó a afirmar que esa posibilidad no era jurídica;
sin fundamento alguno.
3
Los consejeros Omar Joaquín Barreto Suárez y Gloria María Gómez Montoya salvaron su voto al considerar que no se superó
el requisito de relevancia constitucional. Para conformar el cuórum decisorio participó como conjuez Diana Carolina Fuquen
Avella.
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Advirtió que la citada norma exige que la negativa absoluta a la divulgación de la
información solo procede si la totalidad está protegida por una excepción al principio
de publicidad, lo que no se evidenció de las consideraciones de la autoridad
accionada.
Señaló que la FAC al intervenir en la acción de tutela manifestó que el «Informe Final
del Evento de Seguridad Operacional», relacionado con el siniestro de la aeronave
4441, debía someterse a las disposiciones del Reglamento Aeronáutico Colombiano
de la Aviación del Estado (RACAE), RACAE 11438, que regula la investigación de
accidentes e incidentes de aviación del Estado.
Del referido reglamento, evidenció que resulta concordante con el artículo 21 de la
Ley 1712 de 2014, puesto que propende por la difusión de los informes finales en caso
de incidentes con las aeronaves y contempla la posibilidad de publicar de forma
segura la información que se pueda, y mantener reservada aquella que así lo amerite.
También indicó que el aparte 114.380 del mismo RACAE contiene un listado taxativo
de 8 documentos que pueden considerarse reservados en una investigación por
accidentes aéreos, por lo que la confidencialidad de los informes sobre estos eventos
no necesariamente es absoluta y, entenderla como tal, va en contravía de la
naturaleza restrictiva de la reserva legal. Así que concluyó que la reserva debe
limitarse puntualmente a los datos que comprometen derechos fundamentales o
bienes constitucionales, no a todo el proceso.
Y, en este caso, recordó que la petición de la actora no se dirigió a conocer sobre la
operación que desarrollaba la aeronave, la actividad, nombre, rango o funciones de
sus tripulantes ni especificidades técnicas de la misión, sino que se dirige
puntualmente, a la causa del accidente. En consecuencia, encontró acreditada la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la configuración de un
defecto sustantivo al excluir «[…] de manera deficiente el artículo 21 de la Ley 1712
de 2014 como norma aplicable, falencia que riñe con los parámetros establecidos por
la Corte Constitucional respecto del análisis que deben agotar los jueces al resolver
un recurso de insistencia».
Precisó que no era posible conceder el amparo en la forma pedida por la tutelante;
que lo que correspondía era dejar sin efecto la providencia acusada y ordenar al
Tribunal que profiera una nueva decisión en la que resuelva el recurso de insistencia
y aborde adecuadamente el estudio relativo a la razonabilidad y proporcionalidad.
7. Impugnación
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C,
impugnó la decisión de primer grado con el fin de que se revocara y, en su lugar, se
negara el amparo solicitado o, en subsidio, se declarara improcedente, con
fundamento en los siguientes argumentos:
Alegó como inaceptable que la acción de tutela se haya utilizado y decidido como una
segunda instancia. Reiteró que la providencia acusada se encuentra bien motivada,
con pleno respaldo probatorio, normativo y jurisprudencial para considerar bien
denegada la información y documentación pedida por la actora, incluida la no entrega
de versión pública. Transcribió apartes de las consideraciones que fundamentaron la
decisión objeto de tutela.
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Insistió en que frente a aspectos que gozan de reserva, se justifica la limitación, dado
que se trata de información que compromete los cometidos estatales relacionados con
la defensa y seguridad nacional.
Alegó que el juez de tutela reconoció que la parte actora no clasificó los argumentos
en alguno de los defectos específicos, a pesar de ello, decidió sanear la falta de carga
argumentativa y declarar la procedencia por relevancia constitucional.
Aunado a lo anterior, destacó que la acción de tutela no puede utilizarse para impedir
la interpretación razonable de una norma jurídica legal, pues admitirlo cercena el
principio de autonomía judicial con el que cuenta cada operador para resolver la
controversia puesta a su conocimiento.
Por lo anterior, en el presente caso, sostuvo que no se cumplió con el requisito de
relevancia constitucional, puesto que solo se busca convertir la acción de tutela en la
segunda instancia del trámite del recurso de insistencia y plantear una controversia
meramente legal y la aplicación de un procedimiento reglamentario especial; sin que
se advierta una discusión constitucional, pues no basta la enunciación de algún
derecho fundamental.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
De conformidad con lo alegado en el escrito de impugnación, corresponde a la Sala
determinar si se confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia, proferido por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la acción de tutela promovida por la señora Dalila Esther Núñez Lozada contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C.
Para realizar un estudio de fondo, previamente la Sala deberá analizar si la presente
solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales.
La Sala anticipa que confirmará la sentencia impugnada. Para resolver la controversia,
la Sala analizará los siguientes temas: (i) la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela en el presente caso; (iii) el derecho de acceso a la información y (iv) el defecto
sustantivo en el caso concreto.
(i) Acción de tutela contra providencias judiciales
9
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En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional»4, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales5 y específicas6 de procedencia de la
acción de tutela.
(ii) Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso
La acción de tutela cumple con el (i) requisito de relevancia constitucional porque la
parte actora invoca la protección de derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, de petición, de acceso a documentos públicos,
a la verdad y a la dignidad humana; sustenta con suficiencia las razones por las que
la decisión judicial cuestionada afecta esos derechos y no se trata de un asunto de
mera legalidad o económico.
Cabe señalar que la decisión cuestionada resolvió el trámite del recurso de insistencia
y declaró bien negada la petición de información radicada ante la FAC por la señora
Dalila Esther Núñez Lozada. De este modo, en caso de que se configure alguno de
los requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela contra la providencia
judicial cuestionada, ello impactaría directamente los derechos fundamentales
invocados, pues quedaría sin efecto la providencia de única instancia.
Asimismo, conviene precisar que la acción de tutela no constituye una instancia
adicional para controvertir lo decidido por el Tribunal, según lo planteó la autoridad
demandada en la impugnación, pues la decisión que resolvió el recurso de insistencia
se dictó en única instancia y contra ella no procede recurso u otro medio de defensa
judicial, de modo que la actora carece de una vía distinta para cuestionar esa
determinación.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad porque los argumentos
invocados no se enmarcan en algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de
los derechos que invoca vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de
inmediatez se satisface. El ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno,
4
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
5
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
6
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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toda vez que la providencia atacada fue notificada el 12 de marzo de 2026 y la
demanda de tutela se presentó el 18 de marzo siguiente.
La Sala también encuentra que están satisfechos los demás requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la parte actora: alega una irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales invocados;
identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y, no se
cuestionan sentencias de tutela.
Por lo que la Sala pasa a analizar si se configura el defecto sustantivo alegado. Cabe
precisar que no es aceptable el argumento de impugnación del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca de que la tutelante no encuadró sus argumentos en uno de los
defectos específicos, y que el a quo saneó la falta de carga argumentativa y estudió
de fondo como defecto sustantivo. Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado
que el juez de tutela tiene facultades ultra y extra petita que lo habilitan para definir
qué asuntos estudiará, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de los
actores7. En concreto ha sostenido que, en aplicación del principio pro actione, en el
marco de una tutela contra providencia judicial el juez está facultado para «encuadrar
la censura formulada en las causales materiales de procedencia fijadas por la
jurisprudencia»8.
(iii) Derecho de acceso a la información
El artículo 74 de la Constitución Política garantiza a toda persona el derecho de
acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. Sobre el
derecho de acceso a la información pública, la Corte Constitucional ha considerado
que cumple tres funciones primordiales9: (i) garantizar la participación democrática y
el ejercicio de los derechos políticos; (ii) permitir el ejercicio de otros derechos
constitucionales y (iii) garantizar la transparencia de la gestión pública, al constituirse
en un mecanismo de control y veeduría ciudadana de la actividad estatal.
Por su parte, los artículos 24 y 25 de la Ley 1712 de 2014 disponen que «Toda persona
tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier sujeto obligado», así como
aquella información de naturaleza pública. Se entiende que la regla general es el
acceso a la información y la excepción es que exista reserva legal respecto de ciertos
documentos e información.
El artículo 19 ibídem, en concordancia con el artículo 24 del CPACA [sustituido por la
Ley 1755 de 2015], prevé como reservada, entre otra, aquella información o
documentación relacionada con la defensa o seguridad nacional. Esa misma norma
exige que la decisión de negar o rechazar el acceso a la información pública reservada
debe ser motivada y por escrito.
Y el artículo 26 ibídem, exige que la respuesta dada a una petición de información
pública sea veraz, completa, motivada, actualizada y oportuna según los términos
dispuestos en el artículo 14 del CPACA.
Cuando se niega el acceso a una determinada información por reserva legal, la
autoridad debe indicar las razones y aportar las pruebas que fundamenten tal
negativa. En concreto, el artículo 28 ibídem, ordena que «el sujeto obligado debe
demostrar que la información debe relacionarse con un objetivo legítimo establecido
legal o constitucionalmente. Además, deberá establecer si se trata de una excepción
7
Sentencia T-084 de 2025.
8
Sentencias T-258 de 2017, SU-168 de 2017 y SU-150 de 2021.
9
Sentencia C-274 de 2013.
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contenida en los artículos 18 y 19 de esta ley y si la revelación de la información
causaría un daño presente, probable y específico que excede el interés público que
representa el acceso a la información.»
Ante la negativa de entregar determinada información o documentación por reserva
legal, relacionada con asuntos de defensa y seguridad nacional, el artículo 27 ibídem
dispone que el interesado puede interponer recurso de reposición y si este se niega
tendrá el recurso de insistencia que corresponderá conocer al tribunal o juzgado
administrativo, según sea el caso, y decidir si accede o niega total o parcialmente la
petición. Esa norma es concordante con el artículo 26 del CPACA.
Explicado lo anterior, es relevante también indicar que en relación con la información
clasificada y reservada, el artículo 20 de la Ley 1712 de 2014 ordena que debe
mantenerse un índice actualizado de los actos, documentos e informaciones
calificados de una u otra manera. Y el artículo 21 ibídem permite que se haga una
versión pública de cualquier documento que contenga información que no está
protegida en su totalidad por reserva legal, de manera que se conserve únicamente
respecto de lo que no puede divulgarse. La citada norma dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 21. DIVULGACIÓN PARCIAL Y OTRAS REGLAS. <Artículo corregido por
el artículo 3 del Decreto 1494 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> En aquellas
circunstancias en que la totalidad de la información contenida en un documento no esté
protegida por una excepción contenida en la presente ley, debe hacerse una versión
pública que mantenga la reserva únicamente de la parte indispensable. La información
pública que no cae en ningún supuesto de excepción deberá ser entregada a la parte
solicitante, así como ser de conocimiento público. La reserva de acceso a la información
opera respecto del contenido de un documento público pero no de su existencia.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Ninguna autoridad pública puede
negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o negar la divulgación de un
documento, salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés público
de obtener acceso a la información.
Las excepciones de acceso a la información contenidas en la presente ley no aplican en
casos de violación de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y en todo caso
deberán protegerse los derechos de las víctimas de dichas violaciones.
En correspondencia con la anterior norma, el artículo 31 del Decreto 103 de 2015
contempla la posibilidad de divulgar parcialmente los datos contenidos en un acto o
documento que no están protegidos con reserva legal. La citada disposición en
concreto señala10:
Artículo 31. Existencia y divulgación integral o parcial de la información. Si un
mismo acto o documento contiene información que puede ser divulgada e información
clasificada o reservada, el sujeto obligado debe revelar los datos no protegidos y
presentar los fundamentos constitucionales y legales por los que retiene los datos que
no puede divulgar.
Los sujetos obligados podrán tachar los apartes clasificados o reservados del
documento, anonimizar, transliterar o editar el documento para suprimir la información
que no puede difundirse; abrir un nuevo expediente con la información pública que puede
ser divulgada; o acudir a las acciones que sean adecuadas para cumplir con su deber de
permitir el acceso a toda aquella información que no esté clasificada o reservada,
teniendo en cuenta el formato y medio de conservación de la información.
Significa que es posible acceder a la información pública siempre que no esté
restringida por la causal de reserva legal expresa.
10
Esta norma quedó compilada en el artículo 2.1.1.4.3.2 del Decreto 1081 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto
Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República."
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(iv) Defecto sustantivo11 en el caso concreto
La señora Dalila Esther Núñez Lozada ejerce la acción de tutela con el fin de que se
deje sin efecto la providencia de 9 de marzo de 2026 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, por la cual declaró bien negada la
petición de información radicada ante la FAC por ahora tutelante (rad. 25000-23-41-
000-2026-00333-00).
Frente a la anterior decisión, la actora advierte que el Tribunal no interpretó en debida
forma las normas que regulan la reserva de la información. A su juicio, lo que
correspondía era ordenar, como mínimo, la entrega de una versión pública de la
información que no tiene reserva, como lo dispone el artículo 21 de la Ley 1712 de
2014, y al no hacerlo resultan sacrificados los derechos invocados, sobre todo el
derecho a la verdad de las familias de los tripulantes y pasajeros fallecidos bajo una
premisa de reserva que la FAC no probó.
Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, el juez de tutela de
primera instancia amparó los derechos fundamentales invocados al encontrar que en
la providencia reprochada se configuró el defecto sustantivo por no tenerse en cuenta
el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 como norma aplicable ni realizarse un estudio
de razonabilidad y proporcionalidad, según los parámetros dispuestos por la Corte
Constitucional en relación con el papel de los jueces al decidir un recurso de
insistencia.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en la
impugnación alegó que en este caso no se superó el requisito de relevancia
constitucional, puesto que la tutelante busca convertir la acción de tutela en la segunda
instancia del trámite del recurso de insistencia y plantear una controversia legal.
Para resolver el presente caso, es relevante acudir al expediente administrativo y
posteriormente a la providencia judicial aquí cuestionada.
El 19 de enero de 2026, la señora Dalila Esther Núñez Lozada, en calidad de madre
de la Técnico Cuarto, Karel Daniela Rojas Núñez (q.e.p.d.), elevó petición ante el
comandante de la FAC, en los siguientes términos:
Se expida comunicación oficial, por medio de la cual me informe exclusivamente, y en
un lenguaje claro, cuál fue la causa del accidente Helicóptero FAC-4441. ocurrido el 29
de septiembre de 2024.
IMPORTANTE ⚠: Solicito se proceda a bridar la respuesta a la pres[en]te petición de
manera legal, siguiendo lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014, y el
salvamento de voto del emitido por el MG. Dr. LUIS MANUEL LASSO LOZANO, bajo el
radicado 25000234100020250124300, mediante sentencia del 3 de septiembre de 2025,
11
Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta el
denominado defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al
caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no
guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado. Sin embargo, para que se
predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, en razón de que los jueces son autónomos para escoger entre diversas
interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico (art. 230 de la Constitución
Política).
Para la Corte Constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al caso es
claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable
o desproporcionada), y, finalmente, (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva (Sentencia T – 462 de 2003, Corte Constitucional).
13
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de recurso de insistencia que conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el
que señala lo siguiente:
“En aquellas circunstancias en que la totalidad de la información contenida en un
documento no esté protegida por una excepción contenida en la presente ley,
debe hacerse una versión pública que mantenga la reserva únicamente de la
parte indispensable. La información pública que no cae en ningún supuesto de
excepción deberá ser entregada a la parte solicitante.
Lo anterior, como quiera que se ha indicado por esa Fuerza que “…el documento tiene
carácter de reservado por su relación con la Defensa y Seguridad Nacional de acuerdo
a lo preceptuado en el artículo 24 del Código de Procedimiento Administrativo…” al
contener información de carácter operacional.
En Oficio FAC-S-2026-003717-CE del 6 de febrero de 2026 / MDN-COGFM-FAC-
COFAC-IGEFA, suscrito por el inspector general de la FAC, dio respuesta a la
petición. Enviado a la peticionaria por correo el 9 de febrero siguiente. La respuesta
se dio en los siguientes términos:
[…] me permito informar que las conclusiones (hallazgos, factor causal probable), son
parte integral del Informe Final Evento de Seguridad Operacional tiene carácter
reservado por su relación con la Defensa y Seguridad Nacional de acuerdo a lo
preceptuado en el artículo 24 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, sustituido por el artículo 01 de la Ley 1755 de 2015, en
concordancia con el artículo 18 y el literal a) del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014.
Aunado a lo anterior, conforme a lo dispuesto en el RACAE 114 (numeral 114.525 –
Informe Final), los Informes Finales derivados de las Investigaciones de Seguridad
Operacional se clasifican como “PÚBLICO RESERVADO”, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014; en consecuencia, ningún
Ente de Aviación de Estado podrá divulgar información relacionada con las
investigaciones de accidentes o incidentes graves que se adelanten, salvo que así lo
determinen expresamente las autoridades competentes designadas por el Estado
colombiano.
Por lo tanto se precisa que, en caso de ser requerida dicha información por una autoridad
judicial, la misma será entregada con las formalidades que sobre reserva documental
dispone la Ley dentro del expediente investigativo respectivo.
La señora Dalila Esther Núñez Lozada formuló recurso de insistencia para precisar
que, conforme con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014, cuando un
documento contiene apartes reservados, como el Informe Final Evento de Seguridad
Operacional, la autoridad debe entregar una versión pública en la que se mantenga la
reserva únicamente sobre lo estrictamente indispensable.
La peticionaria sostuvo que las causas o factores del accidente del helicóptero FAC-
4441 no comprometen la seguridad nacional ni operaciones futuras, máxime cuando
se trata de una aeronave siniestrada, por lo que deben ser entregadas en versión
pública. Advirtió que negar toda la información desconoce el principio de publicidad y
vulnera derechos que como madre le asisten, entre estos el de obtener la verdad. Se
refirió además a los artículos 18, 19 y 21 ibídem, según los cuales la decisión de
reserva debe motivarse en debida forma y estar demostrado el daño real a la defensa
y seguridad nacional o pública, para lo cual es necesario realizar el test de daño y
proporcionalidad, lo que en este caso no hizo la FAC.
La actora advirtió que la FAC en la respuesta se limitó a declarar de manera genérica
que la información tiene «carácter reservado» sin ofrecer motivación suficiente, puesto
que no identificó «¿Cuál documento de todo el informe final contiene la información
supuestamente reservada?, ¿Qué dato concreto debe ocultarse? y ¿Cuál es el daño
real, cierto e identificable que produciría su divulgación o entrega?; mucho menos se
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señala por qué no procede la entrega de una versión pública parcial de las causas del
accidente, y que mantenga la reserva únicamente de la parte indispensable u objeto
de reserva, como lo establece la Ley 1712 de 2014.»
El recurso de insistencia lo resolvió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, en providencia de 9 de marzo de 202612, en la que
decidió lo siguiente:
PRIMERO: DECLARAR bien negada por la Inspección General Fuerza Aeroespacial
Colombiana, la petición de información que se le radicó por Dalila Esther Núñez Lozada.
La anterior providencia es la cuestionada en la solicitud de amparo, ahora estudiada
en segunda instancia, y las razones en las que se sustentó son las siguientes:
En primer lugar, advirtió que la peticionaria no interpuso recurso de reposición contra
la respuesta negativa dada por la FAC, el cual era procedente conforme con el artículo
27 de la Ley 1712 de 2014, y debió radicarlo dentro de los tres días siguientes. Sostuvo
que ese recurso es un requisito de procedibilidad inexorable para abrir la vía judicial y
tramitar el recurso de insistencia. En ese entendido, en principio el Tribunal consideró
que resultaba «improcedente el trámite recibido como “recurso de insistencia” y
además fue extemporáneo.»
No obstante lo anterior, estudió de fondo el recurso de insistencia, en aras de aplicar
los poderes y los deberes del juez (artículos 42 y 43, CGP), y de acudir a los principios
pro homine (preferir la interpretación que mejor proteja a la persona, independiente de
lo que resuelva el juez), pro damato (criterio restrictivo al analizar los plazos extintivos
de derechos) y pro actione (el defecto no debe impedir que se decida el caso), y el
derecho de acceso a la administración de justicia (artículo 229, C.Po).
Al estudiar el caso, encontró que la información pedida se enmarca en la protección
de reserva invocada por la FAC, contemplada en los artículos 24 del CPACA y 18 de
la Ley 1712 de 2014, dado que se relaciona con la defensa y seguridad nacional.
Consideró que determinar cuál fue la causa del accidente del helicóptero FAC-4441
requiere de un procedimiento de análisis y discusión interdisciplinario, que a su vez
implica convocar la opinión y deliberación colectiva de servidores públicos, con alguna
intervención de particulares, aspecto que también está expresamente sometido a
reserva, conforme con el parágrafo del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014.
Anotó que la restricción invocada por la FAC es constitucionalmente admisible porque
se protege la seguridad y defensa nacional; así que el aparente sacrificio del derecho
a la información es adecuado y proporcional porque en este caso se comprometen
cometidos estatales asignados a la fuerza pública y la libertad y seguridad de los
aviadores, pasajeros, investigadores y servidores públicos de la entidad, y de los
implicados en la investigación, y se comprometen otros derechos de las instituciones,
del Estado.
Precisó que «la garantía de reserva legal debe ser respetada, pues así lo determinó
el legislador dentro de su amplio margen de libertad y autonomía normativa de las que
está atribuido. Y en este aspecto, ni siquiera es jurídico permitir el conocimiento
público a través de una versión pública del artículo 21, Ley 1712 de 2014, por expresa
12
El magistrado Fabio Iván Afanador García salvó su voto al considerar que la peticionaria no solicitó información de tipo técnico
y operacional, por lo que en aplicación del prinicipio de máxima publicidad era procedente acceder a la entrega de la información
bajo una versión pública en la que la FAC omitiera la identificación de la tripulación, pasajeros, uniformados involucrados en el
accidente y en la investigación de este.
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prohibición legal que cubre la información y la documentación con la protección de
reserva.» Para reforzar su postura, citó un pronunciamiento de esa Corporación en el
que se declaró bien negada la petición de información en un asunto similar13.
Expuestos como están los considerandos que sustentaron la providencia judicial
cuestionada en sede de tutela, la Sala comparte la postura asumida en la sentencia
de tutela de primera instancia, en el entendido de que no bastaba referirse a las
normas aplicables a la reserva de la información en aquellos casos relacionados con
la defensa y seguridad nacional, sino que debía hacerse un estudio más a fondo que
garantizara el derecho de acceso a la información pública.
En efecto, de una parte, se observa que la FAC, si bien identifica el carácter sensible
del «Informe Final Evento de Seguridad Operacional» y cita las normas que sustentan
la reserva de este por estar clasificado como «PÚBLICO RESERVADO», así como el
Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación del Estado (RACAE), que regula
la investigación de accidentes e incidentes de aviación medida, no explica de qué
forma la información de la causa del accidente comprometería la defensa y la
seguridad nacional, ni por qué no resultaba viable una versión pública en los términos
del artículo 21 de la Ley 1712 de 2014.
Es relevante que, en casos como el estudiado, la FAC indique en forma específica el
daño que se causaría y que se excede el interés público que representa el derecho
fundamental de acceder a la información pública, tal como exige el artículo 28 de la
Ley 1712 de 2014; así que al negar una petición de información no basta con invocar
la reserva legal por estar relacionada con la defensa y seguridad nacional.
Adicionalmente, debe explicar en cada caso por qué no procede una versión pública
en los términos permitidos en el citado artículo 21.
De otra parte, se observa que al resolver el recurso de insistencia, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, apoyó la negativa
de la FAC y, si bien, advirtió que para determinar la causa del accidente aéreo se
necesita de un procedimiento de análisis y discusión interdisciplinario y que en este
caso se compromete la libertad y seguridad de los aviadores, pasajeros,
investigadores y servidores públicos de la entidad, y de los implicados en la
investigación, así como otros derechos de las instituciones del Estado; empero, para
esta Sala esa afirmación por sí sola no tiene el alcance de explicar en qué forma
resulta amenazada la defensa y seguridad nacional al informar la causa del siniestro
ocurrido con el helicóptero FAC-4441 en el que falleció la hija de la ahora tutelante.
En esa línea, el juez o tribunal administrativo que conozca del recurso de insistencia
debe verificar si la información cuyo acceso se pide ante una autoridad pública es
considerada como reservada por una norma y si se cumplen los principios de
razonabilidad y proporcionalidad para considerar como legítima la restricción al
derecho de acceso a la información pública. Así lo consideró la Corte Constitucional
en la sentencia T-067 de 2025 al referirse al test del daño que debe realizarse para
llegar a la conclusión que determinada información debe permanecer en reserva. En
efecto, el alto tribunal constitucional sostuvo lo siguiente:
El test de daño
45. Ahora bien, respecto de las obligaciones de motivación que debe cumplir quien niega
el acceso a la información, la ley estatutaria contiene un artículo específico al que ya se
ha hecho referencia. El artículo 28 desarrolla lo que se conoce como el test del daño,
que busca equilibrar el derecho de acceso a la información pública y la protección de
ciertos intereses que se pueden ver afectados por la publicación de determinada
13
Providencia de 3 de septiembre de 2025, rad. 25000234100020250124300, MP Felipe Solarte Maya.
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información. Para ello, la norma establece que el sujeto obligado que niegue el acceso a
determinada información pública alegando un daño a un interés particular o público debe
demostrar que:
a) la información está relacionada con un objetivo constitucional y legalmente legítimo;
b) se trata de una de las excepciones expresamente establecidas en los artículos 18 y
19 de la Ley 1712 de 2014;
c) la información causaría un daño presente, probable y específico sobre un bien o
interés constitucional;
d) dicho daño excede el interés público que representa el acceso a la información.
46. El Decreto 103 de 2015, que reglamentó la Ley 1712 de 2014, define en el artículo
34 las características del daño. Así, dicha disposición indica que el daño es presente
cuando no es remoto ni eventual; probable, cuando se demuestra que existen las
circunstancias que harían posible su materialización; y específico cuando puede
individualizarse de tal forma que no se trate de una afectación genérica.
47. Para que el sujeto obligado se niegue a suministrar una determinada información
pública debe demostrar que el daño que podría producirse si se accediera a la petición
es sustancial, es decir, que excede el interés público de darla a conocer. Para la Corte,
“[l]a determinación de qué tan sustancial es un daño se determina al sopesar si el daño
causado al interés protegido es desproporcionado ante el beneficio que se obtendría por
garantizar el derecho a acceder a documentos públicos” 14. En consecuencia, en la
respuesta que niega el acceso a la información con base en las excepciones ya referidas,
el sujeto obligado debe realizar una ponderación entre los costos y beneficios de publicar
la información y explicar por qué considera que, a la luz de esa ponderación, el daño es
desproporcionado.
En este caso, valga advertir que la actora, en su calidad de madre de la Técnico Cuarto
• Karel Daniela Rojas Núñez, insiste en acceder a la información referida a la causa
del accidente del helicóptero FAC-4441. Se observa que la peticionaria, de manera
clara y amplia expuso las razones de su insistencia, por lo que correspondía al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizar un estudio juicioso de racionalidad
y proporcionalidad para determinar si procedía acceder a la información pedida o
mantener la negativa por reserva legal.
Con fundamento en la citada providencia de tutela de la Corte Constitucional, el a quo
al revisar la providencia aquí cuestionada, encontró que no se hizo un estudio de fondo
de las razones que sustentaron el recurso de insistencia, sino que se limitó a acoger
lo expuesto por la FAC al invocar la reserva de la información pedida sin que se
evidenciara que la divulgación de la causa del accidente genera un daño presente,
probable y específico a un bien o interés constitucional o la forma en que excede el
interés público de acceso a la información.
Y advirtió que en este caso tampoco se justificó por qué no procede la elaboración de
una versión pública con la que se mantenga la reserva únicamente de los datos que
no pueden divulgarse, tal como lo contempla el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014.
Igualmente, concluyó que la confidencialidad de los informes sobre accidentes aéreos
no es absoluta y, entenderla así desconoce la naturaleza restrictiva de la reserva legal,
con la que se busca salvaguardar aquellos datos que comprometen derechos
fundamentales o bienes constitucionales, pero no toda la información relacionada con
el siniestro.
Las anteriores consideraciones se comparten en su totalidad en esta instancia, por lo
que para la Sala resulta acreditado el defecto sustantivo, pues el Tribunal omitió
aplicar los artículos 21 y 28 de la Ley 1712 de 2014, en concordancia con el artículo
31 del Decreto 103 de 2015.
14
Sentencia C-274 de 2013
17
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02247-01
Demandante: Dalila Esther Núñez Lozada
Sobre el particular, se reitera que el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 impone evaluar
la entrega de una versión pública cuando solo una parte de la información se
encuentra sujeta a reserva, y el artículo 28 exige acreditar que la divulgación de la
información causa un daño presente, probable y específico que supere el interés
público en el acceso15. De modo que, en el asunto puesto en conocimiento del juez
de tutela, se encontró que la inaplicación de esas normas condujo a mantener la
reserva sin el juicio de proporcionalidad que el ordenamiento exige y derivó en la
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Así las cosas, se confirmará la decisión impugnada que concedió el amparo de los
derechos invocados y dejó sin efecto la providencia de 9 de marzo de 2026, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en
el trámite del recurso de insistencia con radicado 25000-23-41-000-2026-00333-00 y
le ordenó a dicho Tribunal que profiera una nueva decisión en la que aborde
adecuadamente el estudio relativo a la razonabilidad y proporcionalidad de la petición
de información.
Por último, es del caso informar que al consultar la plataforma de Samai del citado
trámite de insistencia16 se encontró que el 21 de mayo de 202617 el Tribunal accionado
profirió providencia de reemplazo en cumplimiento de la anterior orden de tutela y en
su parte resolutiva decidió: «PRIMERO: DECLARAR bien negada por la Inspección
General Fuerza Aeroespacial Colombiana, la petición de información que se le radicó
por Dalila Esther Núñez Lozada.»
La Sala precisa que la anterior decisión no modifica el estudio que correspondía
realizar en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada del 30 de abril de 2026, proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
15
En sentencia de 2 de julio de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado se pronunció en similar sentido, expediente de
tutela 11001-03-15-000-2026-03318-00, CP Claudia Rodríguez Velásquez.
16
Índice 15, exp. 25000-23-41-000-2026-00333-00 tramitado en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
17
Con salvamento de voto del magistrado Fabio Iván Afanador García.
18
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