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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-07054-00

Fecha
21 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-07054-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia y al cumplimiento de las decisiones judiciales invocados por la señora Dalila Esther Núñez Lozada, respecto del auto del 31 de julio de 2026 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del expediente de tutela radicado bajo el número 11001-03-15-000-2026-02247-02, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto de la pretensión dirigida a obtener la entrega de la información relacionada con la causa del accidente del helicóptero FAC-4441, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. TERCERO: NOTIFICAR la presente providencia a los interesados por el medio más expedito. CUARTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de no ser impugnada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-07054-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

21 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-07054-00
Accionante: DALILA ESTHER NÚÑEZ LOZADA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN QUINTA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL: derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, de petición y de
acceso a la información pública / AUTO QUE TUVO POR CUMPLIDO UN FALLO DE
TUTELA Y NO ABRIÓ EL INCIDENTE DE DESACATO: la providencia cerró el trámite de
cumplimiento, por lo que la acción supera la subsidiariedad / DEFECTO SUSTANTIVO: No
se configura / IMPROCEDENCIA: la pretensión de entrega de la información reabre lo
decidido en el fallo de tutela.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala se pronunciará en relación con la acción de tutela1 presentada por Dalila
Esther Núñez Lozada, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la
Constitución Política y en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El 2 de septiembre de 2026, Dalila Esther Núñez Lozada, promovió acción de
tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la
administración de justicia, “cumplimiento de las decisiones judiciales”, petición y
acceso a la información pública.

Hechos relevantes

2. El 29 de septiembre de 2024, el helicóptero FAC-4441 de la Fuerza Aeroespacial
Colombiana, en adelante FAC, sufrió un accidente durante una misión humanitaria
en el departamento del Vichada. En el accidente murió la técnica cuarto Karel
Daniela Rojas Núñez, hija de la accionante2.

3. El 19 de enero de 2026, la accionante pidió a la FAC que le informara, de manera
exclusiva y en lenguaje claro, cuál fue la causa del accidente3. En la misma petición,
la accionante invocó el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014, para que la entidad

1 Que ingresó al despacho para fallo el 11 de septiembre de 2026.
2 Registro civil de nacimiento de Karel Daniela Rojas Núñez, anexo a la petición del 19 de enero de
2026. La Sección Cuarta del Consejo de Estado relató las circunstancias del accidente en la
sentencia del 16 de julio de 2026, expediente 11001-03-15-000-2026-02247-01.
3 Petición radicada con el consecutivo FAC-E-2026-001263-RE. Anexo 1 del escrito de tutela.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07054-00
Accionante: Dalila Esther Núñez Lozada
Accionado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

protegiera solo la información efectivamente reservada. La FAC negó lo pedido
mediante el oficio FAC-S-2026-003717-CE del 6 de febrero de 20264. La entidad
explicó que los hallazgos y el factor causal probable hacen parte del Informe Final
Evento de Seguridad Operacional, documento que calificó como reservado por su
relación con la defensa y la seguridad nacional.

4. El 12 de febrero de 2026, la accionante presentó recurso de insistencia 5. La
Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
tramitó el recurso con el radicado 25000-23-41-000-2026-00333-00. En sentencia
del 9 de marzo de 2026, el tribunal declaró bien negada la petición 6. El tribunal
estimó que la causa del accidente estaba cobijada por la reserva de defensa y
seguridad nacional y por la reserva de las deliberaciones de los servidores públicos.
Con base en esa reserva, el tribunal consideró que tampoco procedía una versión
pública de la información.

5. El 18 de marzo de 2026, la accionante presentó acción de tutela contra la
sentencia del 9 de marzo de 2026, con el radicado 11001-03-15-000-2026-02247-
00. La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 30 de abril de 2026,
amparó los derechos de la accionante7. La Sección Quinta encontró un defecto
sustantivo, porque el tribunal descartó sin fundamento la versión pública del artículo
21 de la Ley 1712 de 2014 y omitió el test del daño. En consecuencia, la Sección
Quinta dejó sin efectos la sentencia del 9 de marzo de 2026 y ordenó al tribunal
proferir una nueva decisión dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación,
conforme con la parte motiva. El juez de tutela se abstuvo de ordenar la entrega de
la información, porque el juez de la insistencia debía hacer primero el estudio de
razonabilidad y proporcionalidad.

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca impugnó la providencia del 30 de
abril de 20268. Sostuvo que la decisión cuestionada respetó plenamente el
ordenamiento jurídico pues aplicó de manera motivada las normas que regulan el
acceso a información sometida a reserva por razones de defensa y seguridad
nacional. En consecuencia, solicitó revocar el fallo de primera instancia al considerar
que no existió vulneración de derechos fundamentales y que la decisión judicial
controvertida se ajustó a los principios de legalidad, razonabilidad y autonomía
judicial.

7. El 21 de mayo de 2026, el tribunal profirió la sentencia de reemplazo y declaró
otra vez bien negada la petición9. El tribunal precisó que el fallo de tutela no le

4 La FAC remitió el oficio a la accionante por correo electrónico el 9 de febrero de 2026. Anexo 2 del
escrito de tutela.
5 Anexo 3 del escrito de tutela. La FAC remitió el recurso al tribunal el 26 de febrero de 2026 y la
Secretaría de la Sección Primera lo repartió el 3 de marzo de 2026.
6 SAMAI, expediente 25000-23-41-000-2026-00333-00, índice 4, certificado E3BB489B78A8D03F
C9FAFBC5993376F5 BC741E018F797709 8E86BB35E793A02B, sentencia notificada el 12 de
marzo de 2026. El magistrado Fabio Iván Afanador García suscribió el salvamento de voto el 13 de
marzo de 2026.
7 SAMAI, expediente 11001-03-15-000-2026-02247-00, índices 2 y 27. notificada el 6 de mayo de
2026. Ante la falta de mayoría en la sesión del 16 de abril de 2026, la Sección Quinta integró la Sala
con la conjuez Diana Carolina Fuquen Avella.
8 SAMAI, ibidem, índice 34 del 11 de mayo de 2026
9 SAMAI, expediente 25000-23-41-000-2026-00333-00, índice 15

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07054-00
Accionante: Dalila Esther Núñez Lozada
Accionado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

ordenó entregar la información. En la nueva motivación, el tribunal sostuvo que la
causa del accidente es el resultado de las deliberaciones de los investigadores y
que, por ello, la protegen el parágrafo del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 y el
numeral 114.380 del Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación del
Estado, en adelante RACAE. El tribunal también afirmó que divulgar la causa podría
mostrar aspectos vulnerables de la defensa o del ataque aéreo del Estado. Con
esas razones, el tribunal concluyó que la versión pública no procedía frente a la
información solicitada. El magistrado Afanador García salvó otra vez el voto, porque,
a su juicio, la FAC no cumplió la carga probatoria del artículo 28 de la Ley 1712 de
201410.

8. La accionante solicitó a la Sección Quinta abrir incidente de desacato11 así mismo
alegó que la sentencia de reemplazo cumplió la orden solo en apariencia, porque
conservó la estructura argumentativa de la sentencia dejada sin efectos. Según la
solicitud, el tribunal omitió de nuevo el test del daño, confundió la deliberación
interna con la conclusión institucional y trató la causa del accidente como si fuera el
informe completo. El magistrado ponente de la Sección Quinta, mediante auto del 6
de julio de 2026, corrió traslado de la solicitud al tribunal por tres (3) días. El tribunal
respondió que profirió la nueva sentencia dentro del término y que el fallo de tutela
no le ordenó entregar la información12.

9. El 16 de julio de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado resolvió la
impugnación del Tribunal y confirmó la sentencia del 30 de abril de 2026 13. La
Sección Cuarta compartió la existencia del defecto sustantivo y reiteró que la FAC
debía demostrar el daño concreto de la divulgación y explicar por qué no procedía
una versión pública. El juez de segunda instancia mencionó la sentencia de
reemplazo, pero precisó que esa providencia no modificaba su estudio.

10. El 31 de julio de 2026, el magistrado ponente de la Sección Quinta tuvo por
cumplidas las órdenes de la sentencia del 30 de abril de 2026 y no abrió el incidente
de desacato14. El magistrado explicó que la orden consistía en que el tribunal
expusiera los motivos para descartar la versión pública, con apoyo en una
ponderación del riesgo, y no en que accediera a la entrega. A su juicio, la sentencia
de reemplazo cumplió ese mandato, porque identificó dos amenazas: la filtración de
los nombres de quienes elaboraron el dictamen y la exposición de aspectos
vulnerables de la defensa aérea. El magistrado aclaró que no calificaba el acierto
de esas razones y que la accionante podía controvertirlas mediante una nueva
tutela. Finalmente, el magistrado ordenó archivar las diligencias una vez
ejecutoriada la decisión.

10 SAMAI, ibidem, índice 17
11 Memorial presentado por la ventanilla virtual de SAMAI. El trámite de desacato corresponde al
radicado 11001-03-15-000-2026-02247-02.
12 El auto del 31 de julio de 2026 reseñó el informe del tribunal en el numeral 1.4.2. SAMAI,
expediente 11001-03-15-000-2026-02247-02, índice
13 SAMAI, expediente 11001-03-15-000-2026-02247-01, índice 5. Sentencia notificada el 23 de julio
de 2026. Consejera ponente Claudia Rodríguez Velásquez.
14 SAMAI, expediente 11001-03-15-000-2026-02247-02, índice 13.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07054-00
Accionante: Dalila Esther Núñez Lozada
Accionado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Pretensiones

11. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):

“PRIMERA. Solicito al Honorable Consejo de Estado AMPARAR mis
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO EFECTIVO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CUMPLIMIENTO DE LAS DECISIONES
JUDICIALES, PETICIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
vulnerados mediante el Auto del 31 de julio de 2026.

SEGUNDA En consecuencia, solicito DEJAR SIN EFECTO el Auto del 31
de julio de 2026, proferido dentro del radicado 11001-03-15-000-2026-
02247-02, en cuanto resolvió tener por cumplidas las órdenes impartidas en
la sentencia del 30 de abril de 2026 y no dar apertura al incidente de
desacato.

TERCERO. Solicito que se declare que la verificación del cumplimiento de
las sentencias de tutela del 30 de abril y 16 de julio de 2026 debe realizarse
conforme a su contenido integral y no mediante el estándar reducido
utilizado en el auto cuestionado, lo que exige comprobar materialmente la
aplicación del artículo 21 de la Ley 1712 de 2014, la realización del test
previsto en su artículo 28 y el análisis de razonabilidad y proporcionalidad
expresamente ordenado.

CUARTO. Como medida encaminada al cumplimiento efectivo del amparo
y teniendo en consideración que una primera sentencia de reemplazo no
removió la vulneración constitucional, solicito que se ordene a la autoridad
judicial encargada del cumplimiento adoptar, en ejercicio de las facultades
del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, las medidas necesarias para
garantizar materialmente mis derechos, sin tener por satisfecho el fallo
mediante la sola existencia formal de una nueva providencia o la formulación
de riesgos hipotéticos.

QUINTO. Demostrada LA ineficacia de una nueva orden puramente
remisoria, solicito que se disponga como medida de protección efectiva que
se suministre la información solicitada relativa a la causa oficialmente
determinada del accidente del helicóptero FAC-4441, mediante una
comunicación clara o versión pública en la que únicamente se supriman
aquellos datos concretos cuya reserva se encuentre legalmente establecida
y respecto de los cuales se acredite de manera específica la existencia del
daño exigido por los artículos 21 y 28 de la Ley 1712 de 2014.”15.

Fundamentos de la demanda de tutela

12. La accionante sostiene que la tutela es procedente conforme con la sentencia
SU-034 de 2018. En su criterio, el auto del 31 de julio de 2026 puso fin al trámite de
cumplimiento, aunque formalmente no abrió el incidente, porque declaró cumplida
la sentencia y ordenó el archivo. La demandante afirma que no existe otro escenario
para controvertir esa decisión. La actora aclara que la tutela 11001-03-15-000-2026-

15 Folios 6 del escrito de tutela.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07054-00
Accionante: Dalila Esther Núñez Lozada
Accionado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

02247-00 atacó la sentencia de la insistencia, mientras que la presente acción ataca
una providencia posterior y autónoma16.

13. Igualmente, alega un defecto sustantivo. Según la tutela, el auto modificó el
alcance de la sentencia del 30 de abril de 2026 al verificar su cumplimiento, porque
convirtió la obligación material de realizar el test del daño y de examinar la versión
pública en una obligación formal de exponer motivos. La actora advierte una
contradicción interna: el auto reconoció que el amparo tuvo como fundamento la
ausencia del test del daño, pero dio por superada esa falencia con dos amenazas
posibles. En criterio de la accionante, el auto no verificó si el daño era presente,
probable y específico, si excedía el interés público ni si podía evitarse con la
supresión de datos.

14. La demandante agrega que las dos amenazas no justifican la reserva de la
causa del accidente. La actora sostiene que los nombres de los investigadores
pueden anonimizarse y que la referencia a aspectos vulnerables de la defensa
aérea no identifica el dato estratégico que revelaría una comunicación limitada a la
causa. Para la accionante, el auto confundió la verificación del cumplimiento con
una revisión del fondo. La demandante añade que la remisión a una nueva tutela la
somete a una sucesión indefinida de sentencias de reemplazo, mientras sigue sin
conocer la causa de la muerte de su hija17.

Trámite procesal

15. Mediante auto del 3 de septiembre de 202618, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela y ordenó notificar a la parte accionada y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado. Vinculó a la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
a la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a la Fuerza Aeroespacial Colombiana - FAC y a su Inspección
General, al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del trámite de
acción de tutela y del incidente de desacato identificados con el radicado núm.
11001-03-15-000-2026-02247-00/01/02 en calidad de terceros interesados. Entre
otras decisiones.

Intervenciones

16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó negar el amparo o, en
subsidio, declarar improcedente la acción de tutela19, al considerar que no se
cumplen los requisitos excepcionales de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales. Sostuvo que la accionante pretende reabrir el debate
jurídico ya resuelvo y generar una instancia adicional. Afirmó que la controversia
carece de relevancia constitucional, pues busca controvertir asuntos propios del
proceso ordinario ya definidos por los jueces competentes, sin acreditar la
vulneración de derechos fundamentales, la existencia de un perjuicio irremediable
ni una irregularidad procesal con incidencia determinante en las decisiones

16 Folio 1 del escrito de tutela.
17 Folios 3 a 6 del escrito de tutela.
18 SAMAI, expediente: 11001-03-15-000-2026-07054-00, Índice 5.
19 SAMAI, ibidem, índice 13.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07054-00
Accionante: Dalila Esther Núñez Lozada
Accionado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

adoptadas. Añadió que todos los cuestionamientos expuestos en la demanda ya
fueron examinados y resueltos expresamente en las providencias objeto de
reproche, incluidas las consideraciones relativas a la reserva de la información y a
la entrega de una versión editada de los documentos solicitados.

17. Los demás sujetos notificados y vinculados20 guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

18. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

19. De conformidad con lo expuesto, la Sala de Subsección debe resolver, en primer
lugar: ¿cumple la acción de tutela los requisitos generales de procedencia contra
una providencia dictada en el trámite de cumplimiento de un fallo de tutela, en
particular el de subsidiariedad, dado que el auto del 31 de julio de 2026 cerró ese
trámite y ordenó su archivo?

20. Si la respuesta es afirmativa, la Sala resolverá un segundo lugar: ¿incurrió el
magistrado ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado en un defecto
sustantivo al tener por cumplida la sentencia del 30 de abril de 2026 y no abrir el
incidente de desacato, porque redujo el alcance de la orden y no verificó si la
sentencia de reemplazo aplicó el artículo 21 y el test del daño del artículo 28 de la
Ley 1712 de 2014?

21. Para resolver los problemas planteados, la Sala expondrá: (i) la procedencia
excepcional de la tutela contra providencias dictadas en el trámite de cumplimiento
y de desacato, con el análisis de los requisitos generales en el presente asunto; (ii)
el defecto sustantivo en la verificación del cumplimiento cuando el fallo de tutela
ordena proferir una nueva decisión judicial; y (iii) la solución del caso concreto.

Procedencia excepcional de la tutela contra providencias dictadas en el
trámite de cumplimiento y de desacato

22. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados
o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades o de los particulares en
los casos que señale la ley.

20 SAMAI, ibidem, Índice 8: Auto notificado el 4 de septiembre de 2026.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07054-00
Accionante: Dalila Esther Núñez Lozada
Accionado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

23. En ese sentido, el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”, prevé:

“Artículo 5. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede
contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado,
viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de
esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de
conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Decreto. La
procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la
autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito”21.

24. La tutela contra providencias dictadas en el trámite de desacato tiene reglas
propias. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-034 de 2018, exigió tres
condiciones: i) que la decisión esté ejecutoriada, es decir, que el trámite haya
terminado, incluido el grado de consulta cuando proceda; ii) que la demanda
acredite los requisitos generales y sustente al menos un defecto específico; y iii)
que los argumentos del accionante sean consistentes con los que planteó en el
incidente, sin alegaciones ni pruebas nuevas22. La misma sentencia limitó el objeto
de esta tutela: el juez examina el debido proceso en el trámite y la adecuación de la
decisión a lo ordenado, pero no puede revisar ni modificar el fallo de tutela original
ni el contenido de sus órdenes, salvo que la orden sea de imposible cumplimiento o
ineficaz para proteger el derecho23.

25. La Corte Constitucional aplicó las reglas de la sentencia SU-034 de 2018 a un
supuesto semejante en la sentencia T-029 de 2025. En aquel caso, un juzgado
administrativo se abstuvo de abrir el incidente de desacato y dio por cumplida la
orden de tutela. La Corte consideró que esa providencia no era de mero trámite,
sino una decisión de fondo sobre la solicitud, y encontró satisfecha la subsidiariedad
porque contra ella no procedía recurso24. En la sentencia T-013 de 2022, la Corte
también precisó que el auto que termina el incidente sin imponer sanción no admite
apelación ni requiere el grado de consulta25.

El defecto sustantivo en la verificación del cumplimiento cuando el fallo de
tutela ordena proferir una nueva decisión judicial

26. El defecto sustantivo se configura cuando la autoridad judicial decide con
fundamento en una norma claramente inaplicable, deja de aplicar la norma que rige
el caso o adopta una interpretación que contraría la razonabilidad jurídica26. En el
trámite de cumplimiento, el parámetro que el juez aplica es el propio fallo de tutela,
junto con los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991. El juez de cumplimiento

21 Art. 5. Decreto 2591 de 1991.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-034 de 2018.
23 Ibidem.
24 Corte Constitucional, sentencia T-029 de 2025.
25 Corte Constitucional, sentencia T-013 de 2022.
26 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002 y SU-195 de 2012.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07054-00
Accionante: Dalila Esther Núñez Lozada
Accionado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

incurre en este defecto cuando reduce el contenido de la orden, cuando lo amplía o
cuando reabre el debate que el fallo ya resolvió27.

27. El artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 obliga a la autoridad responsable a
cumplir el fallo de tutela sin demora. La misma norma atribuye al juez de primera
instancia la competencia para hacerlo cumplir y le permite conservarla hasta que el
derecho quede restablecido. El artículo 52 del mismo decreto regula el desacato
como una sanción de arresto y multa para quien incumple la orden. La Corte
Constitucional ha distinguido ambos instrumentos: el cumplimiento busca la eficacia
del derecho protegido, mientras que el desacato busca sancionar al renuente,
aunque su fin último también es lograr el cumplimiento de la orden28.

28. La Corte Constitucional ha precisado que todo desacato implica un
incumplimiento, pero que no todo incumplimiento conduce a un desacato. El juez
puede constatar de manera objetiva que el fallo no se cumplió, sin que ello obedezca
a la negligencia del obligado. En ese evento, el juez no impone la sanción del
artículo 52, pero debe adoptar las medidas necesarias para el cabal cumplimiento
del fallo, conforme con el artículo 27 del Decreto 2591 de 199129. Por ello, la
verificación objetiva del cumplimiento precede al examen de la responsabilidad
subjetiva del obligado.

29. Para verificar el cumplimiento, el juez debe identificar el destinatario de la orden,
el término que otorgó y su alcance. Con esa base, el juez establece si el destinatario
cumplió de manera oportuna y completa30. El juez debe determinar si el fallo no se
cumplió, si se cumplió solo en parte o si el obligado tergiversó su contenido 31.
Cuando la orden es compleja o poco precisa, el juez debe acudir a la razón de la
decisión del fallo para fijar el alcance del mandato32. Con mayor razón, cuando la
parte resolutiva remite a la parte motiva, las consideraciones del fallo integran la
orden que el juez debe hacer cumplir.

30. Un supuesto particular se presenta cuando la tutela contra providencia judicial
deja sin efectos una decisión y ordena proferir otra conforme con la parte motiva.
En ese evento, el juez natural conserva su autonomía para decidir el caso, y el fallo
de tutela no le impone un resultado. Sin embargo, el juez natural debe resolver
dentro de los parámetros que fijó el juez de tutela y debe corregir las falencias que
dieron lugar al amparo. El juez de cumplimiento, por tanto, no califica el acierto de
la conclusión, pero sí verifica que la nueva providencia contenga el análisis cuya
omisión motivó la protección33. Una nueva providencia que reproduce las razones
que el juez de tutela encontró insuficientes no cumple la orden, aunque exista
formalmente.

27 Corte Constitucional, sentencias T-014 de 2009 y SU-034 de 2018.
28 Corte Constitucional, Auto 045 de 2004 y sentencia T-271 de 2015.
29 Corte Constitucional, sentencias SU-034 de 2018 y T-364 de 2021.
30 Corte Constitucional, sentencias T-512 de 2011 y SU-034 de 2018.
31 Corte Constitucional, sentencia T-086 de 2003.
32 Corte Constitucional, sentencia T-509 de 2013.
33 Corte Constitucional, sentencias SU-034 de 2018 y T-014 de 2009.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07054-00
Accionante: Dalila Esther Núñez Lozada
Accionado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

31. La Corte Constitucional ha fijado el límite entre la autonomía del juez natural y
el cumplimiento del fallo en dos casos de signo contrario. En la sentencia T-014 de
2009, la Corte avaló la decisión que declaró que no hubo desacato, porque el
tribunal obligado profirió una nueva sentencia en contra del actor, pero con razones
fundadas y dentro de los parámetros que fijó el juez de tutela34. En la sentencia T-
013 de 2022, en cambio, la Corte amparó los derechos del accionante, porque el
juez de desacato tuvo por cumplida una orden de atención en salud con la sola
autorización de una valoración por especialista que nunca se materializó. La Corte
dejó sin efectos esa decisión y ordenó al juez adoptar una nueva, porque el acto
formal del obligado no satisfacía el contenido material del fallo35.

Estudio del caso concreto

32. A continuación, se realizará un estudio formal de la acción de tutela y uno
jurídico en caso de superar el primero.

Análisis de los requisitos generales en el caso concreto

33. La Sala sintetiza en el Cuadro 1 el examen de los requisitos generales de
procedencia frente a cada grupo de pretensiones.

Requisito Conclusión y razones
Legitimación en la Se cumple. Por activa: La accionante fue la parte actora en la
causa tutela 11001-03-15-000-2026-02247-00 y promovió el incidente
de desacato. Por pasiva: La Sección Quinta del Consejo de
Estado profirió el auto cuestionado.
Relevancia Se cumple frente a las pretensiones primera a cuarta, porque
constitucional la controversia versa sobre la eficacia de un fallo de tutela, que
integra el debido proceso y el acceso a la administración de
justicia. No se cumple frente a la pretensión quinta, porque
esta reabre lo decidido en la sentencia del 30 de abril de 2026.
Subsidiariedad Se cumple. El auto está ejecutoriado, cerró el trámite de
cumplimiento y ordenó su archivo. Contra esa decisión no
procede recurso ni grado de consulta, porque no impuso
sanción.
Inmediatez Se cumple. La Secretaría General notificó el auto el 4 de
agosto de 2026 y la accionante presentó la tutela el 2 de
septiembre de 2026, veintinueve (29) días después, es decir,
en menos de un (1) mes.
Irregularidad procesal No aplica. La accionante no alega un defecto procedimental.
determinante
Identificación razonable Se cumple. La accionante identificó el auto, el defecto
de los hechos sustantivo y los derechos que considera vulnerados.
Providencia distinta de Se cumple. El magistrado dictó el auto en la fase de
una sentencia de tutela cumplimiento, después de la sentencia de tutela.
Consistencia con lo Se cumple. La accionante reitera la omisión del test del daño y
alegado en el incidente el cumplimiento aparente que planteó en la solicitud de
desacato, y no pide pruebas nuevas.

34 Corte Constitucional, sentencia T-014 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
35 Corte Constitucional, sentencia T-013 de 2022, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07054-00
Accionante: Dalila Esther Núñez Lozada
Accionado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Cuadro 1. Requisitos generales de procedencia en el caso concreto

34. La subsidiariedad merece un análisis particular, porque el auto del 31 de julio de
2026 no abrió formalmente el incidente. La Sala considera que esa circunstancia no
convierte el auto en una decisión preliminar. El magistrado ponente corrió traslado
al tribunal, recibió su informe, contrastó la sentencia de reemplazo con la orden y
declaró cumplido el fallo. Además, el magistrado ordenó archivar las diligencias una
vez ejecutoriada la decisión. El Decreto 2591 de 1991 no prevé recurso contra la
providencia que descarta el desacato, y el grado de consulta solo procede frente a
la sanción, que en este caso no existió36. En consecuencia, el auto cerró el trámite
de cumplimiento y la accionante no cuenta con otro medio judicial para
controvertirlo.

35. La posibilidad de promover una nueva tutela contra la sentencia de reemplazo,
que mencionó el auto cuestionado, no desvirtúa la subsidiariedad. Una tutela de esa
naturaleza tendría por objeto la sentencia del 21 de mayo de 2026 y sus eventuales
defectos propios. La presente acción, en cambio, cuestiona la forma en que el juez
de cumplimiento delimitó y verificó la orden del 30 de abril de 2026.

36. Respecto de la pretensión quinta, la Sala advierte que la accionante solicita que,
como medida de protección, se ordene directamente el suministro de la información
relativa a la causa del accidente del helicóptero FAC-4441, mediante una
comunicación clara o una versión pública. Sin embargo, esa solicitud desborda el
objeto de la presente acción, que se dirige contra el auto del 31 de julio de 2026
mediante el cual la Sección Quinta tuvo por cumplida la sentencia de tutela y se
abstuvo de abrir el incidente de desacato. En efecto, la sentencia del 30 de abril de
2026 no dispuso la entrega de la información, sino que dejó esa determinación en
cabeza del juez natural del recurso de insistencia, previa realización del análisis de
razonabilidad y proporcionalidad correspondiente; decisión que, además, fue
confirmada por la Sección Cuarta. Por ello, acceder ahora a la entrega implicaría
modificar materialmente el contenido de la orden de tutela cuyo cumplimiento se
controvierte, sustituir al juez competente para resolver el recurso de insistencia y
convertir este trámite en un mecanismo para obtener un resultado que no fue
dispuesto en el fallo originario. En consecuencia, la pretensión quinta resulta
improcedente.

37. La Sala estudiará de fondo el defecto sustantivo frente a las pretensiones
primera a cuarta, porque respecto de ellas la acción de tutela supera los requisitos
generales de procedencia.

Solución del caso concreto

38. La sentencia del 30 de abril de 2026 ordenó a la Subsección C de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferir una nueva decisión
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, de acuerdo con lo indicado
en la parte motiva. En esa parte motiva, la Sección Quinta censuró que el tribunal
se limitara a afirmar que la versión pública no era jurídicamente viable, sin exponer

36 Corte Constitucional, sentencias T-684 de 2004 y T-014 de 2009.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07054-00
Accionante: Dalila Esther Núñez Lozada
Accionado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

el fundamento de esa conclusión. La Sección Quinta recordó que el artículo 21 de
la Ley 1712 de 2014 solo permite la negativa absoluta cuando toda la información
está protegida por una excepción37. La Sección Quinta también reprochó la
ausencia absoluta del test del daño y una ponderación basada en generalidades
normativas, que no explicaba por qué conocer la causa del accidente produciría un
daño presente, probable y específico, ni de qué manera ese daño superaba el
interés público en el acceso38.

39. Además, la sentencia del 30 de abril de 2026 fijó dos parámetros sobre el daño
y el objeto de la petición. Por una parte, la Sección Quinta recordó que el riesgo
para terceros debe ser real, probable y específico, y no remoto ni eventual39. Por
otra, precisó que la petición no versó sobre la operación de la aeronave, los
tripulantes ni las especificidades técnicas de la misión, sino únicamente sobre la
causa del accidente40. La Sección Quinta se abstuvo de ordenar la entrega, porque
el juez de la insistencia debía hacer primero el estudio de razonabilidad y
proporcionalidad41.

40. El 16 de julio de 2026, antes de que el juez de cumplimiento decidiera, la Sección
Cuarta confirmó la sentencia del 30 de abril de 2026. El juez de segunda instancia
reiteró que no basta invocar la reserva por defensa y seguridad nacional, y que la
FAC debe indicar de forma específica el daño y explicar por qué no procede una
versión pública. La Sección Cuarta examinó dos razones del tribunal: la necesidad
de una deliberación interdisciplinaria para establecer la causa del accidente y el
riesgo para la libertad y la seguridad de los aviadores, pasajeros, investigadores y
servidores. Para la Sección Cuarta, esas afirmaciones, por sí solas, no explican en
qué forma informar la causa del siniestro amenaza la defensa y la seguridad
nacional42. La Sección Cuarta también recordó que el daño es presente cuando no
es remoto ni eventual, probable cuando se demuestran las circunstancias que
harían posible su materialización, y específico cuando puede individualizarse43.

41. En este contexto, la Sala no encuentra configurado el defecto sustantivo
alegado. La sentencia del 30 de abril de 2026 dejó sin efectos la decisión adoptada
dentro del recurso de insistencia y ordenó al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca proferir una nueva providencia conforme con las consideraciones del
fallo de tutela, pero no le impuso un sentido decisorio determinado ni dispuso la
entrega de la información solicitada. Por el contrario, la Sección Quinta se abstuvo
expresamente de adoptar esa determinación, al considerar que correspondía al juez
natural efectuar el análisis de razonabilidad y proporcionalidad de la reserva y
establecer, a partir de este, si procedía mantenerla total o parcialmente.

42. Bajo ese entendimiento, la interpretación que efectuó el auto del 31 de julio de
2026 sobre el alcance de la orden no resulta irrazonable, arbitraria o caprichosa. La

37 Sentencia del 30 de abril de 2026, expediente 11001-03-15-000-2026-02247-00, página 15.
38 Ibidem, página 16.
39 Ibidem, página 15. La Sección Quinta citó la sentencia T-324 de 2024.
40 Ibidem, página 16.
41 Ibidem, página 17.
42 Sentencia del 16 de julio de 2026, expediente 11001-03-15-000-2026-02247-01, página 16.
43 Ibidem, página 17. La Sección Cuarta citó la sentencia T-067 de 2025.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07054-00
Accionante: Dalila Esther Núñez Lozada
Accionado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Sección Quinta verificó que el Tribunal hubiera proferido una sentencia de
reemplazo, que examinara nuevamente la reserva invocada, se pronunciara sobre
la posibilidad de divulgar la información y expusiera razones relacionadas con los
riesgos que, a su juicio, se derivaban de revelar la causa del accidente. Incluso, la
nueva providencia incorporó como consideración adicional la eventual exposición
de aspectos vulnerables de la defensa o del ataque aéreo del Estado, de modo que
no puede afirmarse que se tratara simplemente de la reproducción formal de la
sentencia dejada sin efectos.

43. La controversia propuesta por la accionante se desplaza de la existencia del
análisis ordenado hacia la suficiencia y corrección de las razones empleadas por el
Tribunal para aplicar el test del daño. Sin embargo, establecer si los argumentos
expuestos demostraban adecuadamente un daño presente, probable y específico,
si este excedía el interés público en conocer la información o si podía neutralizarse
mediante una versión pública implica valorar nuevamente el mérito jurídico y
probatorio de la sentencia de reemplazo. Ese examen excedía el ámbito propio del
juez de cumplimiento, cuya función consistía en constatar que la autoridad judicial
hubiera decidido nuevamente dentro de los parámetros fijados por el fallo, pero no
en sustituir su valoración sobre la procedencia de la reserva.

44. La circunstancia de que la sentencia de reemplazo hubiera reiterado algunas de
las razones contenidas en la providencia dejada sin efectos tampoco permite
concluir, por sí sola, que existió incumplimiento de la orden constitucional. El fallo
de tutela no prohibió al Tribunal conservar argumentos anteriores ni arribar
nuevamente a la misma conclusión, sino que le exigió complementar el análisis cuya
ausencia había dado lugar al amparo. Por ello, lo determinante no es que varias
consideraciones coincidan con las de la decisión inicial, sino que la nueva
providencia haya incorporado elementos adicionales y haya ejercido nuevamente
su función jurisdiccional dentro del marco fijado por el juez constitucional.

45. Tampoco modifica esa conclusión la sentencia del 16 de julio de 2026 de la
Sección Cuarta, que confirmó el amparo y reiteró la necesidad de justificar de
manera específica el daño derivado de la divulgación. Esa providencia precisó el
estándar que debía orientar el análisis, pero no convirtió la orden original en una
instrucción dirigida a obtener un resultado determinado. En efecto, la aplicación
integral del test del daño podía conducir tanto a mantener la reserva, si se
acreditaba suficientemente el riesgo exigido por la ley, como a disponer una versión
pública o la entrega de la información; por tanto, una eventual insuficiencia en
alguno de sus componentes no permite concluir que la sentencia de reemplazo
necesariamente habría tenido un sentido diferente ni que el auto cuestionado
hubiera desconocido manifiestamente la orden.

46. En consecuencia, aun si pudiera discutirse el grado de desarrollo con el que el
Tribunal aplicó los parámetros establecidos en las sentencias de tutela, esa
circunstancia no demuestra que el magistrado ponente de la Sección Quinta hubiera
reducido de manera arbitraria el alcance del fallo o adoptado una interpretación
incompatible con los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991. El auto
cuestionado optó por una lectura posible del límite entre la verificación del
cumplimiento y la autonomía del juez natural, conforme con la cual correspondía

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07054-00
Accionante: Dalila Esther Núñez Lozada
Accionado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

constatar la expedición de una nueva decisión motivada, sin calificar nuevamente la
suficiencia de la ponderación realizada. Por ello, la Sala concluye que no se
configura el defecto sustantivo alegado y, en consecuencia, negará el amparo
solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso efectivo a la administración de justicia y al cumplimiento de las decisiones
judiciales invocados por la señora Dalila Esther Núñez Lozada, respecto del auto
del 31 de julio de 2026 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro
del expediente de tutela radicado bajo el número 11001-03-15-000-2026-02247-02,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto de la
pretensión dirigida a obtener la entrega de la información relacionada con la causa
del accidente del helicóptero FAC-4441, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.

TERCERO: NOTIFICAR la presente providencia a los interesados por el medio más
expedito.

CUARTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, de no ser impugnada esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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