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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02247-00

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02247-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales invocados por la parte actora. SEGUNDO: DEJAR sin valor ni efecto la sentencia de 9 de marzo de 2026 y, en su lugar, ORDENAR a la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro de un término de 10 días, siguientes a la notificación de este fallo, profiera una nueva decisión, de acuerdo con lo indicado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto de lo atinente a la manifestación de improcedencia y extemporaneidad del recurso de insistencia. CUARTO: NEGAR la pretensión contenida en el numeral 4 del escrito inicial. 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Dalila Esther Núñez Lozada Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2026-02247-00 QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. SEXTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02247-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

30 de abril de 2026

Demandante: Dalila Esther Núñez Lozada
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02247-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02247-00
Demandante: DALILA ESTHER NÚÑEZ LOZADA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN C

Tema: Tutela contra providencia judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la solicitud de tutela presentada por la ciudadana Dalila
Esther Núñez Lozada contra la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 18 de marzo de 20261, la actora solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso, petición
y acceso a documentos públicos.

Las anteriores garantías superiores las consideró vulneradas con ocasión de lo
resuelto el 9 de marzo de 2026, por parte de la Subsección C de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad que resolvió
desfavorablemente el recurso de insistencia que presentó contra la Fuerza
Aeroespacial Colombiana (FAC), esto dentro del proceso 25000-23-41-000-2026-
00333-00.

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó lo siguiente:

1. Solicito al Honorable Consejo de Estado que, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, SE REVOQUE la decisión adoptada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 9 DE MARZO DE 2026,
dentro del recurso de insistencia radicado 25000-2341000-2026-0033300,
mediante la cual se negó de manera absoluta el acceso a la información
relativa a la causa del accidente del helicóptero FAC-4441.

1 Según consta en el aplicativo Samai.

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Demandante: Dalila Esther Núñez Lozada
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2. En su lugar, ordene sea emitida decisión en la que se declare mal denegada
la información solicitada y SE ORDENE LA ENTREGA del “Informe Final
Evento de Seguridad Operacional” en lo que respecta a las causas del
accidente o se entregue una versión pública redactada que resuelva el
interrogante planteado consistente en “informe exclusivamente, y en un
lenguaje claro, cuál fue la causa del accidente Helicóptero FAC-4441,
ocurrido el 29 de septiembre de 2024.” en la cual, de ser necesario, se
reserve únicamente lo estrictamente indispensable conforme al artículo 21 de
la Ley 1712 de 2014, garantizando así los derechos fundamentales de
acceso a la información, petición, acceso a la justicia, verdad, debido
proceso y dignidad humana de los familiares de las víctimas.

3. Disponer que la respuesta sea remitida al correo electrónico:
tuderechoydefensa@gmail.com, en formato digital PDF.

4. Advertir a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, sobre la obligación de
garantizar la no repetición de la vulneración y de ajustar su actuación a los
principios de publicidad, legalidad y transparencia administrativa.2

1.3. Hechos

El 19 de enero de 2026, la señora Clara Eugenia Correa Gallego solicitó a la FAC
que le informara, en un lenguaje claro, las causas que llevaron al accidente del
helicóptero de matrícula FAC 4441, ocurrido el 29 de septiembre de 2024 y en el
que falleció su hija Karel Daniela Rojas Núñez, quien se desempeñaba como
técnico cuarto en la entidad.

Con oficio de 6 de febrero de 2026, que según la parte actora le fue remitido el 9
siguiente, la FAC resolvió la solicitud en el sentido de negar lo pretendido, esto,
por cuanto se trataba de información con carácter reservado por su relación con la
defensa y seguridad nacional.

El 12 de febrero de 2026, la actora interpuso recurso de insistencia, el cual, fue
tramitado por la entidad y se repartió a la Subsección C de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El 9 de marzo de 2026, la mencionada corporación resolvió desfavorablemente lo
solicitado, para ello, inicialmente afirmó que, de acuerdo con el artículo 27 de la
Ley 1712 de 2014, la actora debía interponer un recurso de reposición como
requisito de procedibilidad para poder acudir a la insistencia, lo cual no hizo. A su
vez, aseguró que la respuesta databa del 6 de febrero de 2026, por lo que el
documento radicado por la accionante el 12 de febrero siguiente estaba por fuera
del término.

En ese sentido, aunque calificó el recurso como «improcedente» y
«extemporáneo», procedió a estudiarlo de fondo y, en dicho análisis, llegó a la
conclusión de que la información solicitada por la accionante tenía «la vocación de
comprometer los cometidos estatales asignados a la Fuerza Pública sobre la
defensa y seguridad nacional y la de la integridad del Estado, y la libertad y la
seguridad de los aviadores, pasajeros, investigadores y servidores públicos de la

2 Trascripción literal del original con posibles errores.

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entidad, y de los implicados en la investigación, se comprometen otros derechos
de las instituciones, del Estado […]».

Con base en lo expuesto, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR bien negada por la Inspección General Fuerza
Aeroespacial Colombiana, la petición de información que se le radicó por
Dalila Esther Núñez Lozada.

Lo anterior fue objeto de salvamento de voto por parte del magistrado Fabio Iván
Afanador García, quien consideró que sí era posible que la FAC entregara una
versión pública, en la que se restringiera la información sensible, esto por cuanto
la actora no requirió detalles técnicos, operacionales o de estrategia.

A su vez, con fundamento las sentencias T – 1268 de 2001 y T – 1102 de 2004,
concluyó que la Corte Constitucional ha determinado que el acceso a la
información en accidentes aéreos no puede ser restringido, en atención a las
posibles reclamaciones que puedan surgir por parte de los interesados.

1.4. Fundamentos de la solicitud

Para la parte actora, la providencia cuestionada desconoce la evolución normativa
del derecho fundamental de petición, en su sentir, la Ley 1755 de 2015, al ser una
norma estatutaria posterior a la Ley 1712 de 2014, prevalece sobre la más
antigua.

En ese orden de ideas, resaltó que el recurso de reposición no es exigido en la
Ley 1755 de 2015, por lo que no había fundamento para exigirlo; con todo, recordó
que el texto del artículo 27 de la Ley 1712 de 2014 dispone que si se niega la
información solicitada el «solicitante podrá acudir al recurso de reposición», lo que
demuestra que no es un requisito obligatorio para acudir a la insistencia.

En cuanto a la oportunidad, explicó que, si bien la respuesta de la FAC estaba
fechada el 6 de febrero de 2026, lo cierto es que su notificación se realizó
mediante correo electrónico hasta el 9 de febrero siguiente, para lo cual allegó
imagen del mensaje de datos recibido en esa fecha por parte de la mencionada
entidad.

Por otra parte, acudió al artículo 21 de la Ley 1712 de 2014, para resaltar que
cuando existe información reservada, la autoridad debe elaborar y entregar una
versión pública en la que se omita únicamente lo indispensable. Consideró que,
frente a dicha disposición el tribunal se limitó a manifestar que «en este aspecto, ni
siquiera es jurídico permitir el conocimiento público a través de una versión pública
del artículo 21, Ley 1712 de 2014, por expresa prohibición legal que cubre la
información y la documentación con la protección de reserva», sin que exista un
fundamento para esa conclusión.

Con base en la misma norma, expuso que las excepciones de acceso a la
información «no aplican en casos de violación de derechos humanos o delitos de
lesa humanidad, y en todo caso deberán protegerse los derechos de las víctimas

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de dichas violaciones» y, aunque estimó que su caso no se enmarca
automáticamente en un crimen de lesa humanidad, estimó que la reserva no
puede imperar por sobre los derechos de las víctimas.

Señaló a la autoridad de imponer una reserva absoluta y perpetua cuando la
misma FAC, en la respuesta dada a la petición inicial, la clasificó como «público
reservada» y arguyó que «la única información que puede tener un término de
reserva legal definido es aquella en materia de inteligencia y contrainteligencia, no
la que determina técnicamente un accidente ya ocurrido y en desarrollo de una
misión médica».

Fue insistente en que la autoridad accionada aseguró que se «demostró que la
información y la documentación relacionada con la defensa y la seguridad
nacional, tiene protección de reserva», pero sin un sustento que respaldara la
afirmación, sino que se limitó a transcribir las normas indicadas por la FAC.

Por otra parte, consideró que esta decisión constituye un obstáculo para el acceso
a la administración de justicia al impedirle a las víctimas conocer las razones del
deceso de las personas que fallecieron en el accidente, con lo cual, podrían
esclarecer los hechos y saber sobre la posibilidad de buscar un pronunciamiento
judicial.

Finalmente, estima que sobre este tema existen posturas divergentes en la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, partiendo del
salvamento de voto que se incluyó en la sentencia y en otro proceso similar3.

1.5. Trámite de la acción

Con auto de 20 de marzo de 2026, el magistrado sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar como autoridad accionada al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C.

Adicionalmente, vinculó a la FAC, como tercero con interés directo, por ser la
autoridad contra la que se dirigió el recurso de insistencia.

Teniendo en cuenta que en sesión de 16 de abril de 2026 no fue posible lograr
una postura mayoritaria que dirimiera la controversia, se procedió con el tramite
para designar a la conjuez Diana Carolina Fuquen Avella con quien se conforma la
presente Sala de Decisión.

1.6. Contestaciones

Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital de la acción de tutela, se presentaron los
siguientes pronunciamientos:

3 Se refiere al caso 25000234100020250124300, en donde salvó voto el magistrado Luis Manuel

Lasso Lozano

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1.6.1. FAC

El jefe del departamento estratégico de asuntos jurídicos y derechos humanos de
la FAC concurrió en nombre de la entidad y manifestó que la firma de abogados
que representa a la actora ya ha solicitado el informe requerido y se le ha negado
múltiples veces. Adicionalmente, mencionó que en otro trámite de insistencia la
Subsección A de la Sección Primera, en sentencia de 3 de septiembre de 2025 4,
había avalado la condición de reservado el mencionado documento.

Con todo indicó que está dispuesta a remitir el «Informe Final Evento de
Seguridad Operacional» a la autoridad judicial que así lo requiera, con el fin de
que verifique su condición de clasificado.

A su vez, realizó un recuento de lo acaecido en la actuación administrativa, de lo
cual se resalta que la FAC indicó que la respuesta a la petición de la actora se
notificó el 9 de febrero de 2026.

Sobre el fondo del asunto, consideró que la firma de abogados que representa a la
señora Núñez Lozada está haciendo un uso «selectivo y fragmentado» de las
acciones judiciales y que debió cuestionar la primera sentencia proferida en un
trámite de recurso de insistencia, en lugar de acudir ahora a la acción de tutela.
Por lo tanto, solicita que se niegue el amparo.

Igualmente, defendió la reserva de la información en cuestión, indicando que se
«involucra aspectos técnicos, operacionales y estratégicos relacionados con el
funcionamiento y las capacidades de aeronaves de uso institucional. Su
divulgación no controlada comporta un riesgo cierto para la seguridad y la defensa
nacional».

1.6.2. Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

El magistrado ponente de la sentencia controvertida afirmó que la parte actora
pretende usar la acción de tutela como una instancia adicional para reabrir un
debate ya resuelto.

Estimó que solo se plantó un mero debate legal que no tiene alguna implicación
constitucional. Defendió los motivos por los que resolvió negativamente el recurso
de insistencia y consideró que se debía negar el amparo.

Es pertinente indicar que la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca remitió el vínculo de acceso al expediente
correspondiente al recurso de insistencia, contenido en la plataforma OneDrive,
esto, teniendo en cuenta que los documentos anexados al aplicativo Samai se
encuentran reservados.

4 Hace referencia al proceso 25000234100020250124300, en donde la parte actora es una
persona distinta a quien promueve este medio constitucional.

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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por Dalila Esther Núñez Lozada contra la Subsección C de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo del Valle de Cundinamarca de conformidad
con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, con ocasión de la providencia de 9
de marzo de 2026, por la cual se declaró bien denegada una solicitud de
información elevada por la accionante ante la FAC.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) los requisitos de
procedibilidad adjetiva, y, de superarse, (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 5
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema6.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -

Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Sobre la relevancia constitucional debe tenerse en cuenta que en la
sentencia SU – 215 de 2022, la Corte Constitucional refirió que las finalidades de
este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal9 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico10; es
decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional.”11

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”12 En
este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales”13
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto14, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,

9 Sentencia SU-573 de 2019.
10 Sentencia SU-103 de 2022.
11 Sentencia SU-103 de 2022.
12 Sentencia SU-103 de 2022.
13 Sentencia SU-128 de 2021.
14 Sentencia SU-573 de 2019.

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ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal15. (Resaltado de la Sala)

Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la
argumentación de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el
Consejo de Estado ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C –
590 de 2005, en la cual se explica que los accionantes deben exponer los
defectos16 en los que incurrió la decisión atacada.

Ahora bien, en el presente caso, aunque la parte accionante no clasificó sus
argumentos en alguno de los defectos decantados por la jurisprudencia para la
procedencia de esta acción de amparo, la Sala identifica que los señalamientos
del escrito inicial se pueden enmarcar en los defectos sustantivo y fáctico, como
pasa a explicarse.

En el primer grupo de señalamientos de la actora, se alegó que la Subsección C
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca había
declarado que el recurso de insistencia era improcedente y extemporáneo, a pesar
de que dichas manifestaciones desconocían la Ley 1755 de 2015 y que el artículo
27 de la Ley 1712 de 2014 presentaba el recurso de reposición como algo
potestativo y no obligatorio, todo lo cual, indica una indebida aplicación de las
normas.

En el mismo sentido, indicó que la respuesta de la FAC fue entregada el 9 de
febrero de 2026, no el 6 de ese mes, lo que denota un posible defecto fáctico, por
cuanto el tribunal accionado, presuntamente, habría tenido por probado un hecho
sin tener sustento para ello.

Sobre estos dos puntos, la Sala evidencia que no es posible superar la relevancia
constitucional, esto por cuanto, a pesar de que la Subsección C de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca afirmó que el recurso era
improcedente y extemporáneo, finalmente manifestó:

No obstante y en aras de aplicar los poderes y los deberes del Juez (artículos
42 y 43, CGP), y de acudir a los principios pro homine (Preferir la interpretación
que mejor proteja a la persona, independiente de lo que resuelva el Juez), pro
damato (Criterio restrictivo al analizar los plazos extintivos de derechos) y pro
actione (El defecto no debe impedir que se decida el caso), y el derecho de
acceso a la administración de Justicia (Artículo 229, C.Po), se tomaría como
procedente -Aun cuando es claro que no lo es- el recurso de insistencia y se
analiza de fondo el caso sometido a la Rama Judicial.

Nótese que, a pesar de los cuestionamientos técnicos que puedan surgir al hecho
de que la autoridad accionada estudie de fondo un mecanismo del cual afirmó que
era improcedente y extemporáneo, lo cierto, es que tales consideraciones no
fueron el fundamento de la decisión, esto, por cuanto, a pesar de lo que expuso,
igual abordó sustancialmente el caso.

15 Ibid.
16 Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error

inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.

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Tanto es así, que en la parte resolutiva no se hizo mención alguna a la
procedencia del recurso de insistencia o su oportunidad, sino que se limitó a
declarar bien denegada la solicitud de información.

Sobre lo dicho, debe recordarse que la Sala, en este momento, se encuentra
investida como juez de tutela y no como órgano de cierre de lo contencioso -
administrativo, en ese orden de ideas, no es del caso que se entren a analizar
aspectos distintos de aquellos que implican la eventual vulneración de los
derechos fundamentales de la actora.

En consecuencia, al margen de que las consideraciones, finalmente inocuas, de la
Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
relativas a la procedencia y oportunidad del recurso puedan ser o no acertadas, lo
cierto, es que aquellas no tuvieron influencia alguna en lo resuelto y, por lo tanto,
no tiene implicación en la presunta afectación de las garantías superiores de la
señora Núñez Lozada y, en ese sentido, carecen de relevancia constitucional.

Cosa distinta ocurre con las censuras propuestas frente al sustento con el que la
autoridad declaró bien negada la petición, en donde la señora Núñez Lozada
evidencia una incorrecta aplicación del artículo 21 de la Ley 1712 de 2014,
además, de que no se observa el fundamento de las afirmaciones del tribunal
relativas a que no había información alguna que pudiera hacerse pública o que se
demostró que lo requerido por la actora comprometía la seguridad nacional.

Sobre la mencionada norma, es evidente que se soporta en un posible defecto
sustantivo, relacionado con la decisión de la autoridad accionada de desconocer el
artículo 21 de la Ley 1712 de 2014, como norma aplicable a su caso.

Es aquí donde emerge la relevancia constitucional, puesto que se trata de un caso
en el que la hija de la actora falleció en el ejercicio de su servicio a la FAC y donde
los hechos del evento, con los cuales pretende descubrir si hay razones para
reclamar ante la justicia, se encuentran reservados y, al ser sometidos al filtro del
recurso de insistencia, la autoridad judicial negó la opción de contar con una
versión pública sin que, presuntamente, verificara con suficiencia la viabilidad de la
opción contemplada en el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014.

En consecuencia, respecto del defecto sustantivo, en la modalidad explicada, se
observa superado el requisito aquí estudiado.

2.5.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de
la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura el accionante
fue proferida en el marco del proceso de insistencia.

2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la sentencia
atacada data del 9 de marzo de 2026, por lo que, sin necesidad de contar la
ejecutoria, es claro que el mecanismo de amparo se presentó de manera
oportuna.

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Demandante: Dalila Esther Núñez Lozada
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02247-00

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201417, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en el fallo C-590 de 200518, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y, reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y
solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
estas.

2.5.4. Por otra parte, en consideración al requisito de agotamiento de los
mecanismos judiciales, en el caso concreto, se tiene que contra la sentencia de
única instancia no proceden recursos ordinarios ni extraordinarios, por lo que se
tiene cumplida esta exigencia.

2.6. Generalidades del defecto identificado

2.6.1. Referente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional19, ha
explicado que este se presenta cuando «la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta
por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica»20.

Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente21 o porque ha sido derogada22, es
inexistente23, inexequible24 o se le reconocen efectos distintos a los
otorgados por el Legislador25.

b) No se hace una interpretación razonable de la norma26.

c) La disposición aplicada es regresiva27 o contraria a la Constitución28.

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela, importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
18 «c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en

un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».
19 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
20 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del
27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.

24 Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

25 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
26 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-

1101 del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición29.

e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma30 .

f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga
argumentativa.

2.7. Caso concreto

De acuerdo con la delimitación realizada previamente, en este punto la Sala debe
estudiar si la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales de la actora al declarar bien
negada la petición de información que radicó ante la FAC.

Para resolver, se tiene que, sobre el trámite del recurso de insistencia, el artículo
26 de la Ley 1437 de 2011 dispone:

Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona
interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la
autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con
jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de
autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al
juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en
única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición
formulada.

Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente
al tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días
siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos:

1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los
documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información
que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente.

2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el
reglamento disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su
importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo
de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar conocimiento,
la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo.
(Resaltado fuera de texto)

A su vez, el artículo 27 de la Ley 1712 de 2014 contiene lo siguiente:

ARTÍCULO 27. RECURSOS DEL SOLICITANTE. Cuando la respuesta a la

28 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
29 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
30 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.

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solicitud de información invoque la reserva de seguridad y defensa nacional o
relaciones internacionales, el solicitante podrá acudir al recurso de reposición,
el cual deberá interponerse por escrito y sustentando en la diligencia de
notificación, o dentro de los tres (3) días siguientes a ella.

Negado este recurso corresponderá al Tribunal administrativo con jurisdicción
en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades
nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez
administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales, decidir en
única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente, la petición
formulada.

Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente
al tribunal o al juez administrativo en un plazo no superior a tres (3) días. En
caso de que el funcionario incumpla esta obligación el solicitante podrá hacer
el respectivo envío de manera directa.

El juez administrativo decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este
término se interrumpirá en los siguientes casos:

1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los
documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información
que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente.

2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el
reglamento disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su
importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al
cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar
conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado
administrativo.

PARÁGRAFO. Será procedente la acción de tutela para aquellos casos no
contemplados en el presente artículo, una vez agotado el recurso de
reposición del Código Contencioso Administrativo. (Resaltado fuera de
texto)

Como puede observarse, el recurso de insistencia tiene un procedimiento sencillo,
en donde una vez una entidad niega una solicitud de información invocando su
reserva, el peticionario debe interponer el recurso y, en consecuencia, la
administración enviará la documentación correspondiente a la autoridad judicial
competente quien resolverá si estuvo bien o mal denegado el requerimiento.

Adicionalmente, el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 expone el siguiente
escenario:

ARTÍCULO 21. DIVULGACIÓN PARCIAL Y OTRAS REGLAS. En aquellas
circunstancias en que la totalidad de la información contenida en un
documento no esté protegida por una excepción contenida en la presente ley,
debe hacerse una versión pública que mantenga la reserva únicamente de la
parte indispensable. La información pública que no cae en ningún
supuesto de excepción deberá ser entregada a la parte solicitante, así
como ser de conocimiento público. La reserva de acceso a la información
opera respecto del contenido de un documento público pero no de su
existencia.

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Ninguna autoridad
pública puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o
negar la divulgación de un documento, salvo que el daño causado al interés
protegido sea mayor al interés público de obtener acceso a la información.

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Las excepciones de acceso a la información contenidas en la presente ley no
aplican en casos de violación de derechos humanos o delitos de lesa
humanidad, y en todo caso deberán protegerse los derechos de las víctimas
de dichas violaciones. (Resaltado fuera de texto)

Finalmente, el artículo 28 de la misma norma, contiene la siguiente disposición:

ARTÍCULO 28. Carga de la prueba. Le corresponde al sujeto obligado
aportar las razones y pruebas que fundamenten y evidencien que la
información solicitada debe permanecer reservada o confidencial. En
particular, el sujeto obligado debe demostrar que la información debe
relacionarse con un objetivo legítimo establecido legal o constitucionalmente.
Además, deberá establecer si se trata de una excepción contenida en los
artículos 18 y 19 de esta ley y si la revelación de la información causaría un
daño presente, probable y específico que excede el interés público que
representa el acceso a la información.

Sobre este artículo, la Corte Constitucional ha considerado que hace referencia a
lo que denominó como «test del daño», en el cual le juez debe verificar que la
autoridad que negó la información haya acreditado que:

a) la información está relacionada con un objetivo constitucional y legalmente
legítimo;
b) se trata de una de las excepciones expresamente establecidas en los artículos
18 y 19 de la Ley 1712 de 2014;
c) la información causaría un daño presente, probable y específico sobre un bien o
interés constitucional;
d) dicho daño excede el interés público que representa el acceso a la
información.31

Verificado el expediente remitido por la Subsección C de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y que solo se pudo visualizar en el
vínculo del aplicativo OneDrive dirigido exclusivamente a esta Sala, se encuentra
que, ante la petición de información de la actora, la FAC se pronunció mediante el
oficio FAC-S-2026-003717-CE, fechado el 6 de febrero de 202632, el cual contiene
en una sola página la respuesta en sentido negativo33, siendo este el acto
administrativo que resolvió sobre lo pedido.

Ahora bien, entre los documentos remitidos por la entidad, se observa que estos
corresponden a34:

1. Correo electrónico mediante el cual la parte actora solcito la información en
cuestión.

2. Oficio FAC-S-2026-003717-CE, fechado el 6 de febrero de 2026, sin constancia
de notificación.

31 Sentencia T 067 de 2025
32 En el expediente del recurso de insistencia no se observa que la FAC hubiera incluido la
constancia de notificación.
33 Aunque el documento consta de 2 páginas, la segunda hoja se limita a la firma del inspector

general de la Fuerza Aeroespacial Colombiana
34 Información que además concuerda con lo anunciado por la FAC en el oficio con el que remitió el

recurso de insistencia.

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3. Recurso de insistencia.

4. Sentencia de 3 de septiembre de 2025, proferida por la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

5. Oficio FAC-S-2026-007070-CE del 26 de febrero de 2026, contentivo de 19
páginas donde la FAC presentó su oposición al recurso de insistencia 35.

La Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca al resolver, expresó que:

• «se encuentra que la información y la documentación pedida sí se enmarca
en la protección de reserva que adujo la entidad».

• «se demostró que la información y la documentación relacionada con la
defensa y la seguridad nacional, tiene protección de reserva, entre otras, la
establecida en las normas jurídicas transcritas».

• «ni siquiera es jurídico permitir el conocimiento público a través de una
versión pública del artículo 21, Ley 1712 de 2014, por expresa prohibición
legal que cubre la información y la documentación con la protección de
reserva».

En este punto, la Sala resalta que la Corte Constitucional, respecto de la
información reservada, ha establecido distintas reglas, entre las que se resaltan
las siguientes:

Los jueces competentes deben definir si la decisión de acceder -o no- a la
información por parte de un sujeto obligado se encuentra soportada de manera
clara y precisa en una ley, y si cumple con los principios de razonabilidad y
proporcionalidad. Los ciudadanos pueden acudir a los recursos o acciones
judiciales existentes para impugnar la decisión de mantener en reserva una
determinada información.

[…]

Aunque la restricción del principio de publicidad de la información del Estado
por la defensa de la seguridad nacional constituye una restricción legítima, la
limitación que se establezca al derecho fundamental al acceso a la
información pública debe satisfacer de manera rigurosa los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, así como los restantes requisitos antes
mencionados.36 (Resaltado añadido por la Sala)

De acuerdo con lo establecido con el órgano de cierre en materia constitucional,
cuando se resuelve un recurso de insistencia el fallador debe abordar dos
aspectos, a saber: (i) que la reserva alegada tenga fundamento legal y (ii) que se
cumplan con los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

35 Sobre este documento no se advierte que se hubiere corrido traslado a la parte actora, es decir,

se trata de argumentos adicionales a los contenidos en el acto administrativo que negó la
información, y respecto de los que la señora Núñez Lozada no tuvo la oportunidad de oponerse.
36
Sentencia T – 067 de 2025

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En el presente caso, además, debe tenerse en cuenta que el artículo 21 de la Ley
1712 de 2014 impone a las autoridades el deber de emitir una versión pública para
los eventos en que la información contenida en un documento no sea, en su
totalidad, de carácter reservado. Es decir, la norma reconoce que existen eventos
en los que un documento que, por disposición legal, sea reservado, pueda tener
datos que sí sean pasibles de ser puestos en conocimiento público.

Al verificar los fundamentos con los cuales la Subsección C de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se evidencia que la autoridad
identificó las normas relacionadas con la confidencialidad de los documentos
relacionados con la seguridad nacional, puntualmente, el artículo 24 de la Ley
1437 de 2011 y el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014.

Del mismo modo, consideró que con la solicitud de la accionante podría
comprometerse «la libertad y la seguridad de los aviadores, pasajeros,
investigadores y servidores públicos de la entidad, y de los implicados en la
investigación».

Sobre la reserva, cuando se alega posibles daños a terceros, la Corte
Constitucional ha establecido que debe expresarse porque «la posibilidad de
dañar esos derechos es real, probable y específica, que no es un riesgo remoto
ni eventual»37 (negrilla propio del original).

Con base en lo anterior, para la Sala, sí se configura una vulneración a los
derechos fundamentales de la parte accionante, esto por cuanto si bien la
autoridad accionada cumplió con la carga de invocar las normas en las que se
justificaba la reserva de la información, en la providencia se advierte una
valoración precaria relativa a la satisfacción de los principios de razonabilidad y
proporcionalidad. En especial, respecto de la aplicación del artículo 21 de la Ley
1712 de 2014.

Lo anterior, por cuanto, frente a la posibilidad de que la FAC emitiera una versión
pública de lo acaecido al helicóptero 4441, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca se limitó a afirmar, sucintamente, que esta no era jurídica; no
obstante, no se evidencia en la providencia el fundamento con el cual la autoridad
accionada llegó a tal conclusión.

Nótese que, en la sentencia, se aseveró que la falta de juridicidad de tal opción
surge del hecho de que la información sobre la seguridad nacional es reservada,
lo cual es indiscutible; sin embargo, el referido artículo 21 exige que la negativa
absoluta a la divulgación de la información solo procede cuanto la totalidad de la
misma esté protegida por una excepción al principio de publicidad, lo cual, no
surge evidente de las consideraciones de la autoridad accionada.

En este punto, la Sala considera pertinente resaltar que, en la intervención
efectuada por la FAC en esta acción de tutela, se manifestó que el «Informe Final
del Evento de Seguridad Operacional», relacionado con el evento de la aeronave
37 Sentencia t – 324 de 2024

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4441, debe someterse a las disposiciones del Reglamento Aeronáutico
Colombiano de la Aviación del Estado (RACAE), puntualmente el RACAE 11438
que versa sobre la investigación de accidentes e incidentes de Aviación del
Estado, del cual, se resalta lo siguiente:

114.382 Publicación de informes

(a) Cada Ente de la Aviación de Estado, establecerá los mecanismos
necesarios para difundir los informes finales y sus recomendaciones de
seguridad operacional de manera segura y expedita, manteniendo los
principios de seguridad de la información y reserva de información
crítica de los EAE.

(b) Cuando sea necesario, la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado,
podrá solicitar copia del informe final de las investigaciones adelantadas por
los diferentes Entes, con fines de prevención. (Resaltado añadido por la
Sala)

Nótese que, el reglamento referido, se evidencia concordante con el artículo 21 de
la Ley 1712 de 2014, en tanto que propende por la difusión de los informes finales
en caso de incidentes con las aeronaves y deja abierta la posibilidad de que
aquellos contengan información que se puede publicar de forma segura, y la
diferencia de que aquella que debe mantenerse reservada, calificándola como
crítica.

A su vez, el aparte 114.380 del mismo RACAE, contiene un listado taxativo de 8
documentos que pueden considerarse reservados en una investigación por
accidentes aéreos, lo que brinda sustento para afirmar que la confidencialidad de
los informes sobre estos eventos no necesariamente es absoluta y, entenderla
como tal, va en contravía de la naturaleza restrictiva de la reserva legal, es decir,
que aquella debe limitarse puntualmente a los datos que comprometen derechos
fundamentales o bienes constitucionales, no a todo el proceso.

De ese modo, la ligereza con la que la Subsección C de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca descartó la viabilidad de dar aplicación
al artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 y la ausencia absoluta del test del daño,
ponen en evidencia que, respecto del análisis de la racionalidad y
proporcionalidad, la parte accionada se centró en generalidades normativas y no
en una valoración que diera cuenta sobre el porqué el conocimiento público sobre
las causas del incidente conllevan al daño presente, probable y específico a un
bien o interés constitucional, o de qué manera excede el interés público de acceso
a la información.

No sobra recordar que la solicitud de la actora no se dirigió a conocer sobre la
operación que desarrollaba la aeronave, la actividad, nombre, rango o funciones
de sus tripulantes ni especificidades técnicas de la misión, sino que se dirige
puntualmente, a la causa del accidente.

En consecuencia, se encuentra acreditada la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y petición

38 Consultable en https://aaaes.fac.mil.co/es/racae

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de la accionante por la ocurrencia de un defecto sustantivo, puesto que se excluyó
de manera deficiente el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 como norma aplicable,
falencia que riñe con los parámetros establecidos por la Corte Constitucional
respecto del análisis que deben agotar los jueces al resolver un recurso de
insistencia.

No obstante, no es posible conceder el amparo en la manera solicitada por la
señora Núñez Lozada, en el entendido de disponer la entrega de la información,
puesto que, para ello, resulta necesario que el juez de instancia aborde
adecuadamente el estudio relativo a la razonabilidad y proporcionalidad que se
extraña en esta providencia.

Por lo tanto, la tutela se concederá en el sentido de dejar sin efecto la sentencia
de 9 de marzo de 2026 y ordenar a la Subsección C de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro de un término de 10 días,
siguientes a la notificación de este fallo, profiera una nueva decisión en la que
resuelva el recurso de insistencia, teniendo en cuenta las consideraciones de este
fallo.

Finalmente, sobre la petición relativa a «advertir a la Fuerza Aeroespacial
Colombiana, sobre la obligación de garantizar la no repetición de la vulneración y
de ajustar su actuación a los principios de publicidad, legalidad y transparencia
administrativa», no se evidencia una conducta reiterativa o una política
institucional de la FAC que amerite tal instrucción.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales invocados por
la parte actora.

SEGUNDO: DEJAR sin valor ni efecto la sentencia de 9 de marzo de 2026 y, en
su lugar, ORDENAR a la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, dentro de un término de 10 días, siguientes
a la notificación de este fallo, profiera una nueva decisión, de acuerdo con lo
indicado en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto de lo atinente
a la manifestación de improcedencia y extemporaneidad del recurso de
insistencia.

CUARTO: NEGAR la pretensión contenida en el numeral 4 del escrito inicial.

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QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(con salvamento de voto)
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

DIANA CAROLINA FUQUEN AVELLA
Conjuez

(con salvamento de voto)
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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