Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02251-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02251-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02251-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02251-00
Demandante: Salud Total EPS SA
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Caducidad – recursos del ADRES / Defecto sustantivo
y fáctico
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Salud Total EPS SA en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Salud Total EPS SA promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia y a la seguridad social, con ocasión de las
providencias proferidas el 20 de junio y el 4 de septiembre de 2025 por el Juzgado
607 Administrativo Transitorio de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, respectivamente, en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
11001333400520240026801.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
2.1. Salud Total EPS SA presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud - ADRES2, dentro del proceso 11001333400520240026801, con el
fin de controvertir actos administrativos que rechazaron recobros por servicios y
1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
2 De aquí en adelante ADRES.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Salud Total EPS SA
tecnologías en salud NO PBS (antes NO POS), correspondientes a 13 cuentas, por
un valor aproximado de $44.016.938, más intereses o indexación.
2.2.La demanda fue inadmitida por el Juzgado 607 Administrativo de Bogotá
mediante auto del 5 de mayo de 2025, y se concedió término para subsanar, lo cual
fue realizado oportunamente por la EPS el 19 del igual mes y año.
2.3. Con posterioridad, mediante auto del 20 de junio de 2025, el juzgado rechazó la
demanda al considerar configurada la caducidad del medio de control. La EPS
interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, sin embargo, el referido
despacho judicial confirmó su decisión mediante auto del 11 de agosto de 2025 y
concedió la apelación.
2.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
emitió el auto del 4 de septiembre de 2025 con el que confirmó el rechazo de la
demanda, reiterando la configuración de la caducidad.
2.5. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
desconocer precedentes constitucionales obligatorios, en especial los autos 389 de
2021 y 1942 de 2023 de la Corte Constitucional, así como normas laborales
aplicables por analogía al cómputo del término (prescripción), la interrupción por
reclamación administrativa, y la suspensión de términos por la pandemia de COVID-
19.
2.5.1. Defecto sustantivo, en tanto se aplicó de manera rígida e inadecuada las
normas de caducidad del CPACA, se desconoció que el término debía homologarse
al régimen de prescripción laboral; se omitió la aplicación de los artículos 488, 489
y 151 del Código Sustantivo del Trabajo y del artículo 6 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social, que regulan la prescripción y su interrupción por
reclamación administrativa; se desconoció la suspensión de términos judiciales
decretada durante la emergencia sanitaria por COVID-19, que incidía directamente
en el cómputo del término, afectando el derecho al recobro judicial de la EPS.
2.5.2. Defecto procedimental porque los jueces rechazaron la demanda sin realizar
un análisis integral y material del caso, privilegiando formalismos sobre el derecho
sustancial; se declaró de manera indebida la caducidad, sin considerar la
interrupción del término por la reclamación administrativa ni la suspensión de
términos judiciales; se desconoció el deber del juez como director del proceso,
orientado a garantizar el acceso efectivo a la justicia.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRIMERA: Que se amparen los derechos fundamentales indicados y que fueron
conculcados por EL JUZGADO 607 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE BOGOTÁ y
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B- ORAL –
BOGOTÁ dentro del proceso 110013334005 2024 00268 01 como consecuencia de
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Demandante: Salud Total EPS SA
haber proferido las siguientes decisiones - auto del 08 de agosto de 2025 por el cual se
confirma la decisión de primera instancia y se concede la apelación y auto del 17 de
septiembre de 2025, por medio de la cual se resuelve la apelación que vulneraron los
derechos al debido proceso, Derecho a la salud, acceso a la administración de justicia
de Salud Total EPS S - S.A.
SEGUNDA: que como consecuencia del amparo solicitado se deje sin efectos las
providencias judiciales cuestionadas proferidas por EL JUZGADO 607
ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE BOGOTÁ y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO -
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B- ORAL – BOGOTÁ notificada el mes de
noviembre del mismo año, bajo radicado 110013334005 20240026801 y se ordene la
emisión de una nueva decisión que respete las garantías fundamentales invocadas en
la presente acción de tutela.
TERCERA: Que se adopten medidas necesarias para evitar que en el futuro para evitar
que en el futuro se repitan las vulneraciones a los derechos mencionados en la presente
acción de tutela […]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca3 manifestó que la tutela es
improcedente por falta de subsidiariedad y relevancia constitucional, pues pretendió
reabrir una controversia ya decidida en primera y segunda instancia y convertirla en
una tercera instancia, cuando en el proceso ordinario se aplicaron de manera
correcta y aun favorable los lineamientos de la Corte Constitucional, incluido el
régimen de transición de 6 meses para presentar la demanda entre el 6 de
noviembre de 2023 y el 6 de mayo de 2024, término que fue incumplido ya que la
demanda se radicó el 7 de mayo de 2024; además, sostuvo que la caducidad fue
aplicada legítimamente como garantía de seguridad jurídica, que el argumento
relativo a la suspensión de términos por COVID-19 era nuevo, extemporáneo e
irrelevante para el cómputo del plazo, y que no se configuró ningún defecto fáctico,
sustantivo o procedimental.
5. El Juzgado 807 Administrativo Transitorio de Bogotá4 solicitó negar el amparo
al sostener que el rechazo de la demanda ordinaria por caducidad fue en derecho,
ya que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la ADRES para
obtener nulidad de la comunicación UTF2014-OPE-28089 del 19 de enero de 2018
fue presentada el 7 de mayo de 2024, esto es, por fuera del término de 6 meses
fijado por la Corte Constitucional en el Auto 1942 de 2023, contado entre el 6 de
noviembre de 2023 y el 6 de mayo de 2024, plazo que no podía extenderse al
tratarse de una inaplicación transitoria y excepcional de las normas del CPACA.
5.1. Argumentó que el mencionado auto no eliminó la figura de la caducidad ni
permitió su interrupción, sino que solo autorizó usar el término de prescripción
laboral de 3 años del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo como parámetro
para valorar la diligencia de la parte demandante, sin equiparar prescripción y
caducidad ni admitir la aplicación del artículo 489 ibidem, pues el trámite de recobros
3 Archivo obrante en el índice 13 del Samai.
4 Archivo obrante en el índice 14 del Samai. Quien rindió informe en reemplazo del Juzgado 607
Administrativo Transitorio de Bogotá.
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Demandante: Salud Total EPS SA
en salud era un procedimiento administrativo especial y reglado que no permitía
reabrir términos fenecidos mediante reclamaciones posteriores.
5.2. Asimismo, señaló que la suspensión de términos judiciales por la pandemia del
COVID‑19 carecía de incidencia en el caso, dado que los hechos relevantes y el
vencimiento del plazo ocurrieron con posterioridad, y que la demandante no acreditó
una afectación derivada del cambio jurisprudencial introducido por el Auto 389 de
2021, sino una falta de diligencia propia, razón por la cual no se configuró
vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados y la tutela resultaba
improcedente.
6. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social
en Salud - ADRES5 pidió declarar la improcedencia del amparo o, en subsidio,
negarlo al considerar que la tutela pretendía discutir como una tercera instancia
decisiones judiciales motivadas de manera adecuada que rechazaron una demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho por caducidad, rechazo confirmado en
doble instancia, además no se cumplían los requisitos generales ni especiales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, en particular los de
relevancia constitucional, inmediatez, existencia de una irregularidad procesal con
incidencia decisiva y configuración de un defecto sustantivo, pues la controversia
era de naturaleza legal y económica.
6.1. La tutela fue interpuesta varios meses después de la decisión de segunda
instancia, y las autoridades judiciales aplicaron de manera correcta el régimen de
caducidad conforme a las reglas fijadas por la Corte Constitucional en el Auto 1942
de 2023, sin que resultara procedente extender el régimen de transición ni aplicar
la prescripción para enmascarar la falta de diligencia de la EPS al presentar la
demanda por fuera del plazo; adicionalmente, alegó la falta de legitimación en la
causa por pasiva, al no tener injerencia alguna en las decisiones judiciales
cuestionadas, por lo cual concluyó que no se evidenciaba vulneración de derechos
fundamentales y que el uso de la tutela en este caso desnaturalizaba su carácter
excepcional.
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestiones previas; iii) procedencia
de la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con 1.º del Decreto 333 del 6 de abril
5 Archivo obrante en el índice 15 y 16 del Samai.
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de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. Las decisiones cuestionadas
9. Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de las
decisiones proferidas por el Juzgado 607 Administrativo Transitorio de Bogotá y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, se
observa que los argumentos que sustentan sus pretensiones son similares respecto
a una y otra.
10. Por lo anterior y en atención a que la providencia del 20 de junio de 2025,
proferida en primera instancia fue apelada y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, desató el recurso a través de la
providencia del 4 de septiembre de igual mes y año, al confirmar lo resuelto por el
a quo, el reclamo constitucional formulado será estudiado solo respecto a esta
última, en tanto fue la que puso fin al proceso.
2.2.2. Legitimación en la causa por pasiva
11. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991:
«[…] Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior. […]»
12. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de
tutela, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente6:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental7. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”8, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.
6 Sentencia T-1015 de 2006. MP Álvaro Tafur Galvis.
7 Sentencia T-025 de 1995. MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
8 Sentencia T-416 de 1997 MP Antonio Barrera Carbonell.
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Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”9
Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a
interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho
fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]».
13. Ahora bien, la ADRES solicitó que se declarara su falta de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que, no vulneró derecho fundamental alguno de la parte
demandante y tampoco hay una relación directa entre lo pretendido y las acciones
que pueda desplegar para su cumplimiento.
14. Al respecto, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero con interés, al figurar como demandado en el proceso contencioso en
cuestión, y en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y contradicción, razón
por la cual se negará su solicitud.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
15. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 11. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».
16. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
9 Sentencia T-379 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Demandante: Salud Total EPS SA
17. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado12 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar,
además, contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
18. Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
19. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos14, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los
requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de
tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales15.
20. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3.1. Procedencia de la solicitud de tutela contra autos interlocutorios.
21. Para determinar la procedencia de la acción de tutela contra “providencia
judicial”, debe tenerse en cuenta que dicho termino hace referencia al medio a
través del cual el operador judicial emite su pronunciamiento al interior de cualquier
proceso judicial, el cual, a su vez, será por intermedio de sentencias o fallos y autos,
tal y como lo consideró la Corte Constitucional en Auto 230 de 200116, en los
siguientes términos:
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
14 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
16 Magistrado Ponente Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
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Demandante: Salud Total EPS SA
«Tanto el ordenamiento legislativo colombiano como la doctrina procesal ha
clasificado las providencias judiciales en autos y sentencias. Según el artículo 302 del
Código de Procedimiento Civil, "son sentencias las que deciden sobre pretensiones
de la demanda o las excepciones que no tengan el carácter de previas, cualquiera
que fuere la instancia en que se pronuncien, y las que resuelven los recursos de
casación y revisión." y, "son autos todas las demás providencias de trámite o
interlocutorias".
Por otro lado, la doctrina ha denominado sentencia o fallo a aquella providencia que
deciden de manera definitiva sobre las pretensiones de las partes resolviendo la
demanda[1] o, como diría Enrico Tullio Liebman en su Manual de Derecho Procesal
Civil, la concreta decisión sobre la demanda propuesta en juicio o la decisión que
declara como fundada o infundada la demanda propuesta, como inexistente o
existente el derecho hecho valer, y dispone los eventuales efectos consiguientes.
Chiovenda la define como "la resolución que acogiendo o rechazando la demanda del
actor, afirma la existencia o inexistencia de una voluntad de ley que le garantiza un
bien"
Los autos que se pueden proferir dentro de un proceso se dividen a su vez en autos
de trámite que buscan darle curso al proceso sin que se decida nada de fondo, dentro
de los cuales se encuentra el de admisión de la demanda o el que decreta pruebas y
autos interlocutorios que contienen decisiones o resoluciones y no meras órdenes de
trámite, como el que rechaza la demanda.»
22. Lo anterior resulta importante, toda vez, que por regla general las decisiones
adoptadas mediante autos deben ser controvertidas a través de los recursos que la
normatividad procesal disponga, según sea el caso. Por ello, la solicitud de tutela
respecto de estas providencias solo procederá:
«i) cuando se evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
de las partes que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa judicial.
Por tanto, la acción constitucional no será procedente cuando han vencido los
términos para interponer los recursos ordinarios y la parte afectada no hizo uso de
ellos, o cuando fueron utilizados, pero en forma indebida; ii) cuando a pesar de que
existen otros medios, éstos no resultan idóneos para proteger los derechos afectados
o amenazados; o iii) cuando la protección constitucional es urgente para evitar un
perjuicio irremediable.[16] En el primer caso, para que proceda la tutela, deberán
reunirse los requisitos generales de procedencia y presentarse al menos una de las
causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales que han sido fijados por esta Corporación».17
23. De acuerdo con todo lo expuesto y en consideración a que la postura de la Sala
es admitir la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales y
17 T-343 de 2012. Sentencia en la cual la Corte Constitucional también recordó: “La primera
oportunidad en la que la Corte admitió una tutela contra un auto fue en la sentencia T-224 de
1992[17]. En esta sentencia, la Corte consideró que el contenido y alcance de un auto interlocutorio
pueden vulnerar o poner en peligro derechos fundamentales de las partes. En estos casos, los
afectados deben acudir a los recursos ordinarios previstos en el ordenamiento contra la respectiva
providencia; sin embargo, si la lesión de los derechos persiste, la Corporación indicó que es posible
acudir a la acción de tutela.
Posteriormente, en las sentencias T-025 de 1997[18], T-1047 de 2003[19] y T-489 de 2006[20],
aunque la Corte no concedió la tutela en sede de revisión, admitió la procedencia de la tutela contra
autos interlocutorios; en el primer caso, contra un auto del Consejo de Estado que denegó una
solicitud de nulidad del tutelante en un proceso de reparación directa; en el segundo caso, contra un
auto que negó la libertad provisional solicitada por un recluso; y en el tercer caso, contra un auto que
en sede de apelación revocó otro auto que había decretado la nulidad de todo lo actuado por indebida
notificación dentro de un proceso ejecutivo.”
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Demandante: Salud Total EPS SA
de autos interlocutorios, en razón a la vigencia de los derechos fundamentales en
el Estado social de derecho, es procedente el estudio de fondo del presente asunto,
en la medida en que se trata de un auto interlocutorio que puso fin al proceso y
contra el cual no proceden recursos.
2.3. Problema jurídico
24. La Sala deberá definir si: ¿el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B vulneró los derechos fundamentales de Salud Total EPS SA
con ocasión de la providencia del 4 de septiembre de 2025, mediante la cual
confirmó el rechazo de la demanda, con la que incurrió, presuntamente, en defectos
sustantivo, procedimental y desconocimiento del precedente?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
25. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
26. En este punto, se precisa que, si bien la demandante alegó la configuración de
los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, así como el
procedimental, lo cierto es que la motivación expuesta respecto de este último se
subsume en los inicialmente mencionados, por lo que el estudio se dirigirá
únicamente en cuanto a aquellos.
2.4.2. Del defecto sustantivo
27. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta
una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una
norma evidentemente inaplicable al caso concreto18. En su jurisprudencia, la
corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que,
si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y
aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta19, para lo cual precisó que
los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
28. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de
razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición
18 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
19 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
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aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.
29. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales20.
2.4.3. Desconocimiento del precedente judicial
30. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite
afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes
como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la
seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de
las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos,
como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.
31. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo
si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.
32. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
33. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
20 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
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Demandante: Salud Total EPS SA
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.4.4. Sobre el caso concreto
34. Salud Total EPS SA acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la providencia
proferida el 4 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B en cuanto confirmó la decisión de
rechazar la demanda por configurarse la caducidad de la acción.
35. Lo anterior, por cuanto la referida decisión judicial incurrió en defecto sustantivo
y desconocimiento del precedente, al omitir pronunciamientos constitucionales
obligatorios, en especial los autos 389 de 2021 y 1942 de 2023 de la Corte
Constitucional, así como normas laborales aplicables por analogía al cómputo del
término (prescripción), la interrupción por reclamación administrativa, y la
suspensión de términos por la pandemia de COVID-19.
36. Al descender a la situación particular planteada por la parte demandante, esta
Sala de decisión encuentra razonable la motivación a la que efectuó la corporación
judicial demandada en sede de tutela, pues se advierte que, luego de estudiar la
normatividad aplicable, concluyó que:
«[…] La Sala observa que, en primera instancia, la demanda fue rechazada al no
enmarcarse en los supuestos establecidos por la Corte Constitucional para ser
beneficiario de las reglas fijadas en el Auto 1342 de 2023. En consecuencia, se declaró
configurado el fenómeno de la caducidad. Así las cosas, corresponde a esta Corporación
examinar si en el caso concreto se encontraba acreditada dicha causal y, con base en
ello, definir si la providencia del 30 de junio de 2025 debe ser confirmada, modificada o
revocada.
En ese contexto, lo primero es señalar que la caducidad establece un plazo perentorio
para el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual
una vez vencido impide un pronunciamiento de fondo respecto de la legalidad de los
actos demandados.
Al respecto, el Consejo de Estado ha considerado que la caducidad de la acción debe
ser entendida como el fenómeno jurídico procesal a través del cual el legislador en uso
de la amplia potestad de configuración normativa limita en el tiempo el ejercicio del
derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción. La justificación de la
aplicación de la figura de la caducidad de la acción contencioso administrativa tiene
como fundamento evitar la incertidumbre que podría generarse, ya sea por la eventual
anulación de un acto administrativo, o el deber que podría recaer sobre el Estado de
reparar el patrimonio del particular.
De otro lado, la Corte Constitucional en Sentencia C-574-98, ha indicado frente a la
caducidad:
“La caducidad está unida al concepto de plazo extintivo, es decir, al término prefijado
para intentar la acción judicial, de manera que una vez transcurrido éste se produce
fatalmente el resultado de extinguir dicha acción.”
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Demandante: Salud Total EPS SA
En este tipo de asuntos en donde se discuten el recobro de recursos por concepto de
insumos NO PBS suministrados por el cumplimiento de los fallos de tutela o actas del
Comité Técnico Científico por parte de las entidades promotoras de salud al extinto
FOSYGA hoy ADRESS, se entendía como una controversia relacionada con la
seguridad social, motivo por el cual eran conocidos en su oportunidad por la Jurisdicción
Ordinaria Laboral.
No obstante, la Corte Constitucional mediante auto 389 de 2021 al dirimir un conflicto de
competencia entre un Juzgado Laboral y Administrativo, observó que lo que se discute
en realidad, no es una simple presentación de facturas sino una decisión adoptada en
un procedimiento administrativo.
[…]
Conforme estos lineamientos, los juzgados laborales remitieron este tipo de demandas
a los Tribunales y Juzgados Administrativos, originando incertidumbre a los
demandantes frente a qué medio de control era el adecuado para presentar la demanda;
esto es, si debía ejercerse bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho o de reparación directa.
Dicha discusión fue resuelta por la Sección Tercera del Consejo de Estado en
providencia de 20 de abril de 2023; unificó jurisprudencia y determinó que estas
controversias deben ser dirimidas bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, a saber:
“(…) Si bien la Sala ha admitido excepcionalmente la procedencia de la acción de
reparación directa por daños causados por actos administrativos, cuya legalidad no
se cuestiona, no basta con invocar como título de imputación el «daño especial» por
una supuesta ruptura de las cargas públicas para que la acción se entienda de
reparación directa, si lo que se pretende es cuestionar la legalidad del acto
administrativo.
(…)
El administrador del Fosyga, en ejercicio de función administrativa, decide
definitivamente sobre el reconocimiento de los recobros presentados por las EPS por
los servicios no cubiertos en el POS, con fundamento en una función administrativa
prevista por la ley, cuya constitucionalidad fue ratificada por la Corte Constitucional.
La comunicación en la que el administrador del Fosyga daba respuesta a la objeción
que presenta la EPS y que terminaba el procedimiento constituye sin duda un acto
administrativo.
11. Por ello, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de señalar que la decisión
definitiva del administrador del Fosyga –sobre las solicitudes de recobro por concepto
de suministro de medicamentos, servicios médicos y prestaciones de salud no
incluidos en el POS, autorizados por el Comité Técnico Científico o por fallos de
tutela– es un acto administrativo. En consecuencia, la acción procedente para solicitar
la responsabilidad de los daños derivados de las decisiones del administrador
fiduciario del Fosyga, frente a las solicitudes de recobro por servicios de salud no
incluidos en el POS es la nulidad y restablecimiento del derecho. La acción de
reparación directa no puede interponerse sin límite, ni restar –por su uso
indiscriminado– eficacia a las demás acciones contenciosas.
Esta sentencia busca garantizar la unidad de interpretación respecto de la acción
procedente para solicitar la responsabilidad derivada de las decisiones del
administrador fiduciario del Fosyga. Por ello, será referente para resolver todas las
controversias en curso a las que les aplique el régimen legal que fue estudiado en el
fallo.”
Empero, a pesar de que se unificó la jurisprudencia al respecto, estableciendo qué medio
de control debía ejercerse para asumir este tipo de asuntos, lo cierto es que muchas
demandas que fueron remitidas a esta jurisdicción fueron presentadas previo a la
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Demandante: Salud Total EPS SA
expedición del auto A389 de 2021; así mismo, muchos procesos se encontraban en
etapas procesales adelantadas e incluso, algunos, se encontraban en segunda instancia
para resolver la apelación del fallo de primer grado.
En ese sentido, esta Corporación al resolver el recurso de alzada frente un auto que
rechazó la demanda, en las circunstancias señaladas, advirtió que las demandas
presentadas ante la jurisdicción ordinaria (antes del auto A389 de 2021) se habían
adelantado conforme la jurisprudencia de la época, generando una confianza legítima
de que su causa se resolvería en ese marco; por lo que de exigirle el cumplimiento de
los requisitos para demandar en el ejercicio de nulidad y restablecimiento del derecho,
como por ejemplo, la conciliación prejudicial cuando este presupuesto no era necesario
en la jurisdicción ordinaria, constituiría una afectación al acceso de la administración de
justicia al imponer cargas adicionales, que en su momento, no eran necesarias para
impulsar el proceso y que a la fecha en que avocara conocimiento el Juez administrativo,
serían de imposible cumplimiento.
Así las cosas, se determinó que cuando las demandas que fueron presentadas ante la
Jurisdicción Ordinaria previo al auto A389 de 2021 y posteriormente fue expedido el Auto
A1942 de 2023; mediante el cual se confirmó que se avocaría conocimiento sobre estas
así no cumpliera con los requisitos de procedibilidad que exige el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, para lo cual, se adoptarían las medidas
necesarias de saneamiento para dar impulso del proceso.
Ahora bien, conforme a lo anterior se observa que la Corte Constitucional concedió un
término de 6 meses para la transición de dichos procesos que comenzaría a contarse
desde la publicación que realice el Consejo Superior de la Judicatura.
La publicación fue realizada el entre el 5 de octubre – 5 de noviembre de 2023, Por tanto,
el plazo de seis meses corrió desde el 06 de noviembre de 2023 hasta el 06 de mayo de
2024 para presentar la demanda con las reglas de transición del auto 1942 de 23 de
agosto de 2023.
Ahora descendiendo en el caso concreto se tiene que SALUD TOTAL EPS pretende la
nulidad de la comunicación número UTF2014-OPE-28089 del 19 de enero de 2018, y la
demanda fue radicada el 08 de mayo de 2024 (Acta de Reparto Archivo 002 Expediente
Digital).
Así las cosas, es evidente que se radicó la demanda por fuera del término legal puesto
que si lo que buscaba era que lo cobijara la transición, que con todo esta no aplicaba
para la caducidad si no para la exigencia del requisito de procedibilidad, esto a la
conciliación prejudicial planteada por la Corte Constitucional debía radicar la demandan
dentro del 06 de noviembre de 2023 hasta el 06 de mayo de 2024, lo cual no ocurrió
pues la misma fue radicada hasta el 07 de mayo de 2024.
Adicionalmente se observa una falta de diligencia puesto que la comunicación que
pretende sea declarada nula es del año 2018, es decir han transcurrido 6 años para la
presentación de la demanda, por lo cual no es de recibo para esta sala el argumento que
se debe garantizar el acceso a la administración de justicia puesto que el legislador al
disponer de un término de caducidad para ejercer el medio de control tiene como
fundamento evitar la incertidumbre que podría generarse, ya sea por la eventual
anulación de un acto administrativo, o el deber que podría recaer sobre el Estado de
reparar el patrimonio del particular.
En este orden de ideas, debe resaltarse que la caducidad, como institución procesal,
cumple un papel esencial dentro del ordenamiento jurídico colombiano, en tanto fija un
límite temporal al ejercicio del derecho de acción. Su razón de ser radica en la necesidad
de asegurar la estabilidad de las relaciones jurídicas y la confianza legítima de los
administrados, evitando que los actos administrativos o las situaciones jurídicas
consolidadas puedan ser objeto de controversia indefinida. Así lo ha reconocido de
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manera reiterada la jurisprudencia del Consejo de Estado, al señalar que la caducidad
constituye una garantía para el interés general y un mecanismo que impide la
perpetuación de la incertidumbre frente a la validez de las decisiones administrativas.
En Conclusión: i) como quiera que la demanda fue radicada el día el 07 de mayo de 2024
(Acta de Reparto), ha de concluirse que en el sub lite ha operado el fenómeno de la
caducidad, toda vez que debió presentarse el 06 de mayo de 2024 si lo que buscaba con
ello era acogerse a la transición dispuesta por la Corte Constitucional.
En consecuencia, le asiste razón al juez de primera instancia al rechazar la demanda
por haber operado el fenómeno de la caducidad, por lo antes expuesto, se confirmará el
Auto proferido el 20 de junio de 2025 por el Juzgado 607 Administrativo de Bogotá, D.C.
[…]». (sic)
37. Así, una vez revisada la motivación de la providencia judicial cuestionada en la
que el juez natural del asunto se pronunció sobre cada uno de los argumentos
expuestos por la demandante, debe precisarse que, más allá de concretar las
razones por las cuales se configuraría el defecto sustantivo o alguna interpretación
irrazonable, lo que se evidencia es su desacuerdo con las consideraciones
efectuadas por el juez de la causa, con lo cual pretende que se realice un nuevo
estudio de legalidad que no procede en sede de tutela.
38. Al respecto, como lo hiciera el tribunal demandado en la providencia cuestionada,
resulta pertinente precisar que la controversia planteada lleva implícita una situación
sui generis que fue dirimida por la Corte Constitucional, a través de los referidos
Autos 389 de 2021 y 1942 de 2023, con los que estableció una serie de pautas y un
régimen de transición para aquellos eventos en los que las Entidades Promotoras
de Salud pretendían el recobro de recursos del Adres (antes Fosyga).
39. De tal manera, en la medida en que se pudo determinar que la falta de definición
respecto a la competencia para conocer de estos asuntos, es decir, entre la
jurisdicción ordinaria y la contencioso-administrativa, generaba inseguridad jurídica
para los usuarios de la administración de justicia en este tipo de asuntos, la Corte
Constitucional estableció que se presentaba un universo de casos frente a los
cuales debían fijarse ciertas reglas para garantizar los derechos implicados, tales
como el no agotamiento de recursos en sede administrativa, en cuanto el
procedimiento de recobro por prestaciones del servicio de salud no contempla
recursos, o la no exigencia de conciliación como requisito de procedibilidad, debido
a la flexibilización establecida por el máximo tribunal constitucional.
40. Asimismo, en atención a que también se presentó duplicidad en cuanto al medio
de control procedente ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo hasta que
la Sección Tercera del Consejo de Estado21 estableció que debía acudirse a través
de la nulidad y restablecimiento del derecho, se fijó el término de transición aplicable
para estos asuntos con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia.
41. Sumado a esto, tal como lo explicó el tribunal demandado, es necesario recordar
21 Consejo de Estado; Sección Tercera Sala Plena; consejero ponente: Guillermo Sánchez Luque;
Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023); Radicación número: 25000-23-26-000-
2012-00291-01(55085) Actor: Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.
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Demandante: Salud Total EPS SA
que en el auto 1942 de 2023 la Corte Constitucional fijó un término de 6 meses que
comenzaría a contarse desde la publicación de aquella decisión que realizara el
Consejo Superior de la Judicatura, lo cual ocurrió entre el 5 de octubre y el 5 de
noviembre de 2023 por lo que aquel finalizaba el 6 de mayo de 2024.
42. En atención a tal supuesto, asuntos como el que hoy expone la EPS demandante
en los que la demanda no había sido presentada, tenían máximo hasta el 6 de mayo
de 2024, lo cual no ocurrió, en la medida en que fue presentada de manera
extemporánea el 8 de igual mes y año, frente a lo cual es pertinente recordar que la
Corte Constitucional consideró22:
«[…] 65. Por ello, se estima que, dado que el universo de casos no está diseñado para
agotar todas las particularidades o circunstancias fácticas que se puedan suscitar a las
EPS demandantes, un mecanismo que limita en alguna medida que sean favorecidas
con esta decisión entidades promotoras que fueron negligentes en el marco de la posible
reclamación judicial de los recobros, lo constituye habilitar expresamente a los jueces
que conocerán del asunto para que valoren al momento de admitir la demanda, si la falta
de agotamiento de los recursos obligatorios y el término de caducidad ciertamente está
ligada a la confianza legítima de que la vía judicial idónea para presentar sus
pretensiones era la ordinaria laboral (el apego al precedente establecido por el Consejo
Superior de la Judicatura) o si, por el contrario, se trata únicamente de demandantes que
por razones completamente ajenas a las reseñadas en el presente auto dejaron de
cumplir los parámetros de acceso a la jurisdicción contencioso administrativa. […]».
43. En ese orden de ideas, se evidencia que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, partió del criterio dispuesto en los
autos 389 de 2021 y 1942 de 2023 de la Corte Constitucional para definir el caso
concreto por lo cual se concluye que no incurrió en desconocimiento del precedente
aplicable, en la medida en que efectuó una interpretación razonable de los
supuestos acreditados frente a la normatividad que establece el término para ejercer
el derecho de acción ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo en este
tipo de asuntos.
44. Por otra parte, en sede de tutela la demandante plantea como argumento la
suspensión de términos judiciales con ocasión de la emergencia ocasionada por el
COVID-19, argumento que resulta improcedente, en tanto este mecanismo de
amparo constitucional no puede ser utilizado para incorporar argumentos nuevos
que no fueron puestos a consideración del juez natural del asunto. No obstante, en
gracia de discusión, se aclara que para el año 2023 la emergencia sanitaria
mencionada ya se encontraba superada.
45. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
46. Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en defecto
sustantivo o desconocimiento del precedente, debido a que fue proferida de
22 Auto 1942 de 2023, Corte Constitucional.
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Demandante: Salud Total EPS SA
conformidad con las normas que regulan la materia y aquella se apoyó en el material
probatorio aportado al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
cuestionado.
47. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
3. Conclusión
48. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales de Salud Total EPS SA, en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la ADRES.
Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Salud Total EPS SA,
en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B y el Juzgado 607 Administrativo
Transitorio de Bogotá.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
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Demandante: Salud Total EPS SA
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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