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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03090-01

Fecha
27 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03090-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Veintiuno (21) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026) proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia. Para, en su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y seguridad jurídica invocados por Salud Total EPS-S S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Primera de esta Corporación y remitir copia. 14 Radicado: 11001-03-15-000-2026-03090-01 Accionante: Salud Total EPS-S S.A. Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C y otros CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03090-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

27 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintisiete (27) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-03090-011
Accionante : Salud Total EPS-S S.A.
Accionados : Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C y el Juzgado 609 Administrativo Transitorio de
Bogotá2
Vinculado : Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud – ADRES3
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, caducidad en recobros de
servicios y tecnologías en salud no POS (hoy PBS)
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la accionante contra el fallo
del Veintiuno (21) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), proferido por el Consejo de
Estado, Sección Primera4, que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por la accionante frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.

1.2 La demanda de tutela

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
Hoy Juzgado 809 Administrativo Transitorio de Bogotá.
3
En adelante, ADRES.
4
C. P. Pablo Andrés Córdoba Acosta.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03090-01
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C y otros

2. Salud Total EPS, quien actúa por intermedio de apoderada judicial, interpuso el

presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y
seguridad jurídica, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C y el Juzgado 609 Administrativo
Transitorio de Bogotá.

3. Por consiguiente, solicita:

PRIMERA: Que se amparen los derechos fundamentales indicados y que fueron
conculcados por EL JUZGADO 609 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE
BOGOTÁ y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN
C BOGOTÁ dentro del proceso 110013334006202300453/01 como consecuencia
de haber proferido las siguientes decisiones del Auto del 10 de julio de 2025, Auto
del 05 de agosto de 2025 y Auto del 15 de octubre de 2025, que vulneraron los
derechos al debido proceso, Derecho a la salud, acceso a la administración de
justicia de Salud Total EPS S - S.A.

SEGUNDA: que como consecuencia del amparo solicitado se deje sin efectos las
providencias judiciales cuestionadas proferidas por EL JUZGADO 609
ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE BOGOTÁ y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO - SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN C notificada el mes de
noviembre del mismo año, bajo radicado 110013334006202300453/01 y se
ordene la emisión de una nueva decisión que respete las garantías fundamentales
invocadas en la presente acción de tutela.

[…]

1.3 Hechos5

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la

parte accionante, se puede evidenciar que, Salud Total, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (ADRES) (antes Fosyga), con el fin de obtener la nulidad parcial de la
comunicación UTF2014-OPE-20261 del Veintisiete (27) de Marzo de Dos Mil
Diecisiete (2017), por medio de la cual, se glosaron definitivamente ciertas facturas
de recobros de servicios y tecnologías en salud no POS (hoy PBS).

5. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el pago de novecientos sesenta y

tres millones novecientos veintiséis mil cincuenta pesos ($963.926.050)
correspondientes al valor del recobro, suma debidamente indexada.

5
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 2.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03090-01
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C y otros

6. De ese asunto conoció, en primera instancia, el Juzgado 609 Administrativo
Transitorio de Bogotá6 que mediante auto del Ocho (8) de Mayo de Dos Mil
Veinticinco (2025), requirió a la EPS para que informara si había formulado
objeciones contra la referida comunicación y aportara las respuestas emitidas por
el ADRES.

7. A través de providencia del Diez (10) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025), el
Juzgado escindió la demanda, asumió el conocimiento respecto de la legalidad
parcial de la comunicación UTF2014-OPE-20261 y del Oficio MYT040417 por medio
del cual, se resolvió una objeción contra el referido acto administrativo, y rechazó el
medio de control al concluir que, había operado el fenómeno jurídico de la
caducidad. Para ello estimó que, «[…] la notificación de la comunicación MYT040417, que
glosó definitivamente ciertas facturas o recobros por servicios de salud no POS o no incluidas en el
PBS, se surtió el 18 de abril de 2017, por lo que el término de tres (3) años para demandar feneció
el 19 de abril de 2020, no obstante, la demanda fue presentada el 19 de mayo de 2023, por lo
tanto, operó la prescripción en los términos utilizados por la Corte Constitucional».

8. Inconforme con esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de reposición

y, en subsidio, apelación. Por auto del Cinco (5) de Agosto de Dos Mil Veinticinco
(2025), el Juzgado confirmó su decisión y concedió la apelación para ante el
superior.

9. En decisión del Quince (15) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, confirmó lo
resuelto por el a quo al estimar configurada la caducidad del medio de control, toda
vez que, la demanda fue presentada extemporáneamente.

10. Sobre la precedente situación, la parte actora sostuvo que, las providencias
objeto de censura incurrieron en defecto sustantivo porque declararon la
caducidad del medio de control sin aplicar, en debida forma, las reglas fijadas por la
Corte Constitucional en los Autos 389 de 2021 y 1942 de 2023 para las
controversias judiciales de recobros. En su criterio, el término para acudir a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo debía estudiarse a la luz del régimen
laboral, en particular de los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo,
así como, de los artículos 6 y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad

6
Proceso núm. 11001-33-34-006-2023-00453-00/01.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03090-01
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C y otros

Social, relativos a la prescripción, su interrupción y la reclamación administrativa
presentada el 2 de enero de 2020. Agregó que, las autoridades judiciales
accionadas omitieron valorar esos preceptos de manera armónica con el artículo
282 del Código General del Proceso, el numeral 3 del artículo 175 del CPACA y la
suspensión de términos judiciales decretada durante la emergencia sanitaria por
COVID-19.

1.4 Contestación de la acción

11. 1.4.1 El Juzgado 809 Administrativo Transitorio de Bogotá7 solicitó declarar

improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional. Además,
sostuvo que, no se acreditó la configuración del defecto sustantivo alegado.

12. 1.4.2 La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad

Social en Salud (ADRES)8 pidió declarar improcedente el mecanismo
constitucional, al considerar que, la controversia planteada carece de relevancia
constitucional. En su criterio, la EPS pretende reabrir un debate ya zanjado por el
juez de la causa sobre el rechazo de la demanda, pese a que la decisión fue
proferida con fundamento en la normatividad aplicable. Además, sostuvo que, no se
acreditó una irregularidad procesal con incidencia directa en los derechos
fundamentales invocados, sino una inconformidad con la interpretación judicial
adoptada en el proceso ordinario.

13. De igual manera, afirmó que, la acción constitucional no cumple el requisito de

inmediatez y que tampoco se configuró alguna causal específica de procedibilidad
de tutela contra providencia judicial. Finalmente, manifestó que, carece de
legitimación en la causa por pasiva, pues, no fue quien profirió las decisiones
cuestionadas, sino que actuó como parte demandada en el proceso ordinario. En
consecuencia, solicitó su desvinculación del trámite.

14. 1.4.3 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C9 señaló que, la decisión cuestionada se sustentó en las reglas de
transición previstas por la Corte Constitucional en el auto 1942 de 2023. Explicó
que, para determinar la oportunidad de la demanda, aplicó el término de 3 años

7
Índice 10 de SAMAI del proceso de primera instancia.
8
Índice 11 de SAMAI del proceso de primera instancia.
9
Índice 12 de SAMAI del proceso de primera instancia.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03090-01
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C y otros

establecido en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, sin que resultaran
procedentes las reglas sobre interrupción de la prescripción previstas en el artículo
489 ibidem y en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social, por cuanto no se trataba de una reclamación laboral, sino de un
procedimiento especial de recobros.

15. Agregó que, tuvo en cuenta la suspensión de términos judiciales decretada
durante la emergencia sanitaria por COVID-19 y, aun así, concluyó que el plazo
para demandar venció el Diecisiete (17) de Octubre de Dos Mil Veinte (2020),
mientras que la demanda fue presentada el Diecinueve (19) de Mayo de Dos Mil
Veintitrés (2023). En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción de
tutela, al considerar que, la parte actora pretende reabrir aspectos procesales y
jurídicos definidos por el juez natural.

1.5 Providencia impugnada10

16. Mediante sentencia del Veintiuno (21) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), el

Consejo de Estado, Sección Primera, declaró improcedente la acción de tutela de
la referencia, al considerar que, la controversia planteada por la tutelante no supera
el requisito de relevancia constitucional. Explicó que, los reparos de la parte actora
se limitaron a controvertir la forma de interpretación y aplicación de los autos 389
de 2021 y 1942 de 2023 de la Corte Constitucional, así como, las normas del Código
Sustantivo del Trabajo y del Código de Procedimiento Laboral a su caso, aspectos
de carácter estrictamente legal que ya habían sido resueltos por los jueces
naturales.

17. Asimismo, señaló que, la accionante no acreditó una actuación judicial arbitraria

ni una afectación de sus derechos fundamentales. Por tanto, concluyó que, el
mecanismo constitucional se utilizó como una instancia adicional para reabrir el
debate decidido en el proceso ordinario.

1.6 La impugnación11

18. Inconforme con esa determinación, la demandante la impugnó, para cuyo
propósito sostuvo que, el asunto sí tiene relevancia constitucional, pues, involucra

10
Índice 15 de SAMAI del proceso de primera instancia.
11
Índice 19 de SAMAI del proceso de primera instancia.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03090-01
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C y otros

recursos públicos destinados al Sistema General de Seguridad Social en Salud y la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia. Asimismo, reiteró que las providencias cuestionadas
incurrieron en defecto sustantivo.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

19. En virtud de los artículos 3212 del Decreto Ley 2591 de 199113 y 2514 del Acuerdo

80 del Doce (12) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)15 expedido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la
presente impugnación.

2.2 La acción

20. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Cuestión previa

21. En el asunto sub examine la demandante pide dejar sin efectos los proveídos de

(i) Diez (10) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025), mediante el cual, el Juzgado 609
Administrativo Transitorio de Bogotá, rechazó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por la tutelante contra el ADRES; (ii) Cinco
(5) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), por medio de la cual, el Juzgado no
repuso la anterior decisión; y (iii) Quince (15) de Octubre de Dos Mil Veinticinco

12
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
13
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
14
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
15
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03090-01
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C y otros

(2025), a través del cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C confirmó el rechazo.

22. Sin embargo, esta Sala únicamente centrará su estudio jurídico en el auto
del Quince (15) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), por ser el que, al desatar
el recurso de apelación interpuesto contra el del Diez (10) de Julio de Dos Mil
Veinticinco (2025), resolvió de manera definitiva ese asunto contencioso
administrativo.

2.4 Problema jurídico

23. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar si

la providencia del Quince (15) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025) mediante la
cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C,
confirmó la decisión que rechazó la demanda interpuesta por la parte accionante
contra el ADRES, incurrió en defecto sustantivo y, por consiguiente, vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
igualdad y seguridad jurídica.

2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales

24. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 16 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado17, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

25. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y

16 Sentencia C-590 de 2005.
17 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth

García González.

7

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extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

26. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

2.6 Caso concreto

27. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado

8

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comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, en criterio de la
actora, en una indebida aplicación normativa, lo cual, de comprobarse, conllevaría
a la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad y seguridad jurídica; (ii) contra la decisión objeto
de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, por cuanto la providencia atacada quedó
ejecutoriada el Veinticuatro (24) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025)18 y la
solicitud de amparo se presentó el Veintidós (22) de Abril de Dos Mil Veintiséis
(2026), es decir, dentro de los 6 meses; y (v) la providencia acusada no desató una
acción de tutela.

28. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

del asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo invocada por la
accionante.

2.6.1 Defecto sustantivo

29. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que

los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

30. La jurisprudencia constitucional19 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una

18
La decisión cuestionada fue notificada mediante estado del 21 de octubre de 2025, de conformidad con el artículo 201 del
CPACA.
19
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.

9

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irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 20.

2.7 Análisis del caso concreto

31. En el asunto sub examine, la demandante aduce que, la providencia cuestionada

incurrió en defecto sustantivo porque declaró la caducidad del medio de control
sin aplicar, en debida forma, las reglas fijadas por la Corte Constitucional en los
Autos 389 de 2021 y 1942 de 2023 para las controversias judiciales de recobros. En
su criterio, el término para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo
debía estudiarse a la luz del régimen laboral, en particular de los artículos 488 y 489
del Código Sustantivo del Trabajo, así como de los artículos 6 y 151 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, relativos a la prescripción, su
interrupción y la reclamación administrativa presentada el 2 de enero de 2020.
Agregó que, la autoridad judicial accionada omitió valorar esos preceptos de manera
armónica con el artículo 282 del Código General del Proceso, el numeral 3 del
artículo 175 del CPACA y la suspensión de términos judiciales decretada durante la
emergencia sanitaria por COVID-19.

32. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en la decisión objeto de censura,

concluyó:

[E]l litigio planteado se encuentra inmerso dentro del universo de asuntos a los que
resultan aplicables las reglas de transición dispuestas por la Corte Constitucional,
específicamente la subregla c) del auto 1942 del 23 de agosto de 2023 para aplicar las
reglas de transición, porque la demanda se radicó ante la jurisdicción contencioso-
administrativa con posterioridad a la expedición del auto 389 de 2021 y fue inadmitida.

Con la apelación la parte actora argumenta que la prescripción no se declara de oficio
y que el término de tres años dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se
interrumpió con la reclamación presentada el 2 de enero de 2020, así como con la
suspensión de términos producto de la pandemia.

Al respecto se precisa que el decreto de la prescripción de oficio se hace en el marco
de las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en los autos 389/21 y 1942/23
como presupuesto procesal.

De otra parte, en cuanto al cómputo de la prescripción, la Sala realizará el análisis de
oportunidad a partir de la verificación del término de prescripción que debió tener en
cuenta el Juez Laboral y de la Seguridad Social, como ordenó la Corte Constitucional
en las reglas de transición.

En ese marco se advierte que el análisis debe realizarse a partir de las previsiones del
Auto 1942/23 y del Código Sustantivo del Trabajo sin las modificaciones introducidas
por la Ley 2466 de 2025, pues la formulación de la demanda fue anterior a su
expedición.

20
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03090-01
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C y otros

Así, el artículo 488 del referido estatuto disponía que, “Las acciones correspondientes
a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan
desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de
prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el
presente estatuto”.

Con base en lo expuesto, en el presente asunto se encuentra acreditado que:

• La comunicación UTF2014-OPE- 20261 27 de marzo de 2017, acto
administrativo demandado, se notificó el 30 de marzo de 2017, pero la parte
actora formuló objeciones, que la ADRES resolvió en oficio MYT040417,
notificado el 18 de abril de 2017, por lo tanto, el término de tres (3) años
contemplado en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo vencía el 19
de abril de 2020.

• La suspensión de términos judiciales por la pandemia, desde el 16 de marzo de
2020 hasta el 1º de julio de 2020, tuvo incidencia en este proceso, por lo tanto,
se agregan 3 meses y 16 días, de suspensión; por lo tanto, el término máximo
para presentar la demanda era el 17 de octubre de 2020.

• La demanda fue radicada ante la jurisdicción contencioso-administrativa el 19
de mayo de 2023.

• Si bien la parte actora presentó una reclamación el 2 de enero de 2020 ella no
tiene la virtualidad de interrumpir la prescripción.

33. De lo transcrito se colige que, la autoridad judicial accionada confirmó el rechazo

de la demanda, al encontrar configurada la caducidad del medio de control. Para
arribar a esa conclusión, partió de las reglas fijadas por la Corte Constitucional en
los autos 389 de 2021 y 1942 de 2023, relativas a la competencia de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo para conocer las controversias sobre recobros de
servicios y tecnologías en salud no incluidos en el POS (hoy PBS), y al régimen de
transición previsto para este tipo de asuntos.

34. En efecto, el Tribunal advirtió que, la demanda presentada por Salud Total EPS

se encontraba dentro del universo de casos cobijados por el auto 1942 de 2023,
específicamente en la regla c)21, pues, fue radicada ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo con posterioridad al auto 389 de 2021 y había sido
inadmitida.

35. No obstante, precisó que, la aplicación de las reglas de transición no conducía,

por sí sola, a la admisión de la demanda. Conforme a lo dispuesto por la Corte
Constitucional, correspondía verificar si la EPS promovió la controversia dentro del

21
«(c) Se formularon ante la jurisdicción contencioso administrativa con posterioridad a la expedición del Auto 389 de 2021 y
fueron inadmitidas o rechazadas por incumplir con los requisitos de procedibilidad según el medio de control elegido por el
accionante».

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término que habría tenido en cuenta el juez laboral, para lo cual, acudió al plazo de
3 años previsto en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo.

36. Bajo ese entendimiento, la autoridad judicial tuvo en cuenta que, la objeción

formulada contra la comunicación UTF2014-OPE-20261 fue resuelta mediante el
Oficio MYT040417, notificado el Dieciocho (18) de Abril de Dos Mil Diecisiete (2017).
Por tanto, estimó que, el término vencía el Diecinueve (19) de Abril de Dos Mil Veinte
(2020).

37. Asimismo, valoró la suspensión de términos judiciales decretada durante la
emergencia sanitaria por COVID-19 entre el Dieciséis (16) de Marzo y el Primero
(1) de Julio de Dos Mil Veinte (2020). Aun con la suspensión, concluyó que, el plazo
máximo para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa finalizaba el 17 de
octubre del mismo año, mientras que la demanda fue radicada el Diecinueve (19)
de Mayo de Dos Mil Veintitrés (2023).

38. A partir de lo anterior, la Sala no encuentra acreditado el defecto sustantivo

alegado. El Tribunal no desconoció las reglas de transición previstas en el auto 1942
de 2023, sino que las aplicó al caso concreto y examinó la oportunidad para
demandar a partir del término allí señalado por la Corte Constitucional.

39. En ese orden de ideas, no resulta contrario al precedente que la autoridad judicial

demandada hubiera verificado de oficio la caducidad. La decisión cuestionada no
declaró la prescripción extintiva de un derecho laboral, sino la caducidad del medio
de control, figura que debe ser examinada por el juez al decidir sobre la admisión
de la demanda.

40. En ese sentido, la prohibición de declarar de oficio la prescripción, invocada por

la accionante, no impedía al juez ordinario verificar la oportunidad de presentar la
demanda, pues, el término de 3 años fue examinado como presupuesto procesal,
de conformidad con las reglas de transición fijadas por la Corte Constitucional, y no
como una excepción de prescripción.

41. Ahora bien, en cuanto a la reclamación presentada el Dos (2) de Enero de Dos

Mil Veinte (2020), el Tribunal consideró que esta no tenía la virtualidad de
interrumpir el término. Pues, como lo explicó en su contestación «[…] no es aplicable la
interrupción de la prescripción que consagra el artículo 489 ibidem y 151 del Código Procesal del

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Trabajo y de la Seguridad Social porque no se trata de una reclamación laboral del empleado a su
empleador, para lo cual fue concebida esa norma, sino del procedimiento especial de recobros,
tramite reglado que consagra expresamente que el hito temporal inicial del cómputo es la
comunicación de glosas».

42. Al respecto, esta Subsección22, al resolver un caso de contornos fácticos
similares, manifestó que, «[…] el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B […] no incurrió en desconocimiento del precedente aplicable, en la medida en que
efectuó una interpretación razonable de los supuestos acreditados frente a la normatividad que
establece el término para ejercer el derecho de acción ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo en este tipo de asuntos».

43. En ese orden de ideas, el Tribunal descartó que, las reclamaciones posteriores a

la comunicación de la glosa interrumpieran el término para demandar, ya que, en su
criterio, el trámite de recobros en salud tiene reglas propias, en el que la oportunidad
para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo se cuenta desde la
glosa que negó el recobro, sin que una actuación posterior tenga la virtualidad de
revivir plazos ya vencidos.

44. De igual manera, la suspensión de términos judiciales decretada durante la
emergencia sanitaria por COVID-19 fue valorada en el auto cuestionado. Si bien
dicho lapso, comprendido entre el Dieciséis (16) de Marzo y el Treinta (30) de Junio
de Dos Mil Veinte (2020), incidía en el cómputo del término de 3 años previsto en el
artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, su aplicación no hacía oportuna la
presentación de la demanda, pues, esta se interpuso el Diecinueve (19) de Mayo
de Dos Mil Veintitrés (2023), cuando ya había vencido el plazo para acudir al juez
contencioso.

45. En ese orden de ideas, se observa que, la providencia censurada no deviene de

una interpretación caprichosa de la autoridad accionada, toda vez que, sus
argumentos estuvieron debidamente motivados, conforme al marco jurisprudencial
y normativo que regula el asunto, situación de la que se concluye que no se
configuró el defecto sustantivo alegado.

46. Por todo lo anterior, para la Sala, es evidente que la única intención de la tutelante

es reabrir un debate que ya fue zanjado por el juez natural con el fin de obtener

22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de tutela del 27 de abril de 2026, proceso núm. 11001-03-
15-000-2026-02251-00, M. P., Juan Enrique Bedoya Escobar.

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un pronunciamiento favorable a sus intereses, como si la acción de
tutela comportara una instancia adicional, máxime, cuando el debate suscitado
gira en torno a un aspecto puramente legal.

47. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que

efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.

III. DECISIÓN

48. La Sala considera que en el presente asunto la parte actora no acreditó que la

providencia cuestionada hubiere incurrido en defecto sustantivo, por tal motivo, se
revocará el fallo impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia para, en su lugar, negar el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Veintiuno (21) de Mayo de Dos Mil Veintiséis
(2026) proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia. Para, en su lugar, NEGAR el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad y seguridad jurídica invocados por Salud Total
EPS-S S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Primera de esta
Corporación y remitir copia.

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CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
(En permiso)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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