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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02255-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02255-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 29 de abril de 2026 por la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02255-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., nueve (09) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02255-01
Accionante: Nancy Gisel García Pallero
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho / DECLARA
IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de requisito de relevancia constitucional

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora en contra de
la sentencia proferida el 29 de abril de 2026, por la Sección Segunda – Subsección
A del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de
amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 18 de marzo de 2026, la señora Nancy Gisel García Pallero presentó acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca1, con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia2.

2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia del 27 de febrero de 2026, emitida
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 3 que promovió su
mamá, la señora Nancy Esther Pallero de García4, contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP). En dicho proceso se pretendía obtener la nulidad de los actos
administrativos mediante los cuales: (i) se libró mandamiento de pago en su contra
por valor de $330.658.931, correspondiente a mayores valores de mesadas

1 Magistrados Patricia del Pilar Feuillet Palomares, Luz Elena Sierra Valencia y Juan Carlos Lasso Urresta.
2 También invocó los principios de buena fe y confianza legítima.
3 Radicado:
760013333002202100086-00/02
4 Consta que la señora Pallero García falleció el 19 de abril de 2023, cuando se encontraba en trámite el medio

de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Al día siguiente, la accionante y el señor Fernando Luis
García Pallero solicitaron ser reconocidos como sucesores procesales de su difunta madre, a lo cual accedió el
Juzgado Segundo Administrativo de Santiago de Cali.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02255-01
Accionante: Nancy Gisel García Pallero
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

pensionales pagadas a la demandante, y (ii) se ordenó continuar con la ejecución,
decretando el secuestro, avaluó y remate de los bienes de la deudora.

3.
También pidió que se profiera una decisión de reemplazo que garantice el respcto
de los principios y derechos cuya vulneración alegó, así como que se ordene a la
UGPP suspender el procedimiento de cobro administrativo y abstenerse de adoptar
medidas que comprometan el mínimo vital de la accionante.

4.
En el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
conocimiento del asunto correspondió, en primera instancia, al Juzgado Segundo
Administrativo de Cali que mediante sentencia del 26 de febrero de 2024 declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó a la UGPP dejar sin
efectos los embargos decretados en contra de la señora Pallero. Consideró que la
UGPP no desvirtuó la presunción de buena fe que la amparaba, en tanto no se probó
que hubiera actuado fraudulentamente al recibir las mesadas pensionales, por lo que
estimó improcedente la recuperación de las sumas percibidas, con fundamento en el
artículo 164 del CPACA y la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.

5.
En el fallo objeto de tutela, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó
la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda. Concluyó
que en el proceso de cobro coactivo no era posible controvertir la legalidad del título
ejecutivo ni debatir la buena fe de la señora Pallero de García sobre la recepción de
las mesadas pensionales percibidas en exceso, pues tales cuestionamientos
debieron formularse mediante demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el acto que determinó la obligación a su cargo (Resolución RDP 12815 de
2018), el cual conoció y recurrió, pero no demandó oportunamente.

6.
Como sustento de sus pretensiones, la actora alegó que la autoridad accionada
incurrió en defecto sustantivo al desconocer normas y principios que impiden exigir
la devolución de prestaciones económicas recibidas de buena fe. Afirmó que la
causante recibió por más de una década las mesadas pensionales con fundamento
en actos administrativos expedidos por la propia administración y que no era
jurídicamente admisible ordenar su reintegro, al no acreditarse mala fe en ello.

7.
Añadió que la decisión cuestionada desconoció los principios de buena fe,
confianza legítima, respeto por el acto propio, prohibición del enriquecimiento
injustificado al Estado y el artículo 164 del CPACA, según el cual, las prestaciones
pagadas de buena fe no son susceptibles de repetición. Asimismo, sostuvo que la
medida de cobro no superaba el análisis de proporcionalidad constitucional, pues
resulta inidónea, innecesaria y desproporcionada, en tanto traslada a ella, las
consecuencias de errores exclusivamente atribuibles a la UGPP.

8.
También se alegó la configuración de un defecto procedimental absoluto por
exceso ritual manifiesto al aplicar de forma rígida el término de caducidad con que

2

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Accionante: Nancy Gisel García Pallero
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

se contaba para demandar el acto administrativo base del título ejecutivo, sin valorar
que este no fue debidamente notificado. En su criterio, este actuar del Tribunal
accionado restringió el acceso a la administración de justicia, al privilegiarse una
exigencia formal en desconocimiento de que fue la propia administración la que
habría obstaculizado el ejercicio del derecho a la defensa de la causante respecto al
auto que estableció la obligación de pago en su contra, mediante una notificación
defectuosa.

9.
A su vez, se alegó la concreción de un defecto fáctico al no haber valorado
pruebas determinantes, particularmente, la constancia de devolución de la
notificación de la resolución RDP 12815 de 2018 y la circunstancia de que la
beneficiaria era una persona adulta mayor de 80 años. Sostuvo que la falta de
apreciación de estos elementos condujo a desconocer que las mesadas pensionales
fueron recibidas de buena fe y que, por ende, no procedía exigir su devolución.

10.
Señaló que se incurrió en defecto procedimental absoluto por falta de defensa
técnica, ya que confiados en el fallo favorable del a quo, los sucesores procesales
no ejercieron una defensa diligente en segunda instancia, lo que habría generado
una afectación a su derecho al debido proceso. Sumado a que la controversia
relacionada con el título ejecutivo y la ausencia de notificación no fue planteada
oportunamente por una deficiente asistencia jurídica, circunstancia que, en su
concepto, debe ser corregida por el juez constitucional.

11.
Finalmente, manifestó que se configuró un desconocimiento del precedente en
razón a que el Tribunal accionado desconoció la línea jurisprudencial del Consejo de
Estado en la que se estableció que no procede exigir la devolución de prestaciones
pagadas por errores administrativos cuando el beneficiario los recibe de buena fe.

B. Sentencia de primera instancia

12.
Mediante sentencia del 29 de abril de 2026, la Sección Segunda – Subsección A
del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Señaló que los reproches
formulados por la demandante se limitaban a expresar su inconformidad con las
interpretaciones jurídicas, procesales y probatorias efectuadas por el juez natural,
sin desarrollar una carga argumentativa orientada a demostrar una vulneración
concreta de sus derechos fundamentales.

13.
Respecto del defecto sustantivo indicó que la accionante se limitó a afirmar que
se desconocieron normas que impedían exigir la devolución de prestaciones
recibidas de buena fe, sin embargo no individualizó las disposiciones presuntamente
inaplicadas, ni explicó en qué consistió su desconocimiento. Sobre el defecto
procedimental, consideró que la alegada configuración de un exceso ritual manifiesto
se reducía a una discrepancia con el entendimiento procesal acogido por el juez

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Accionante: Nancy Gisel García Pallero
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

ordinario, sin evidenciar un formalismo irrazonable que hubiese restringido el acceso
a la administración de justicia o comprometido el debido proceso.

14.
De otro lado, estimó que el defecto fáctico se sustentó en circunstancias que no
fueron objeto de controversia dentro del proceso ordinario, tales como la supuesta
notificación fallida de la resolución que constituyó el título ejecutivo y la condición de
adulta mayor de la causante. Finalmente, en cuanto al desconocimiento del
precedente, indicó que la actora se limitó a invocar de manera genérica la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la improcedencia de exigir la devolución
de prestaciones recibidas de buena fe, sin identificar la providencia presuntamente
desconocida, ni justificar su aplicabilidad al caso concreto.

C. La impugnación

15.
La demandante señaló que el juez de primera instancia efectuó una interpretación
restrictiva del requisito de relevancia constitucional, al reducir los cuestionamientos
planteados en la tutela a simples discrepancias interpretativas y exigir una
demostración anticipada de los defectos alegados. Además, se cumplió con la carga
argumentativa mínima exigida para cada defecto invocado.

16.
Sostuvo que se pasó por alto que el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto se sustentó en la omisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
de examinar la buena fe de la pensionada, la confianza legítima creada por la
administración al hacer el recálculo y desembolso de las mesadas pensionales
recibidas, la imposibilidad de trasladar las consecuencias de los errores estatales al
administrativo, la proporcionalidad del cobro coactivo y la falta de notificación del acto
que sirvió de fundamento al título ejecutivo. Asuntos que habrían sido descartados
bajo el argumento meramente formal de que dicho acto no fue demandado
oportunamente.

17.
A su vez, afirmó que la tutela desarrolló adecuadamente el defecto sustantivo,
pues se identificaron los principios y mandatos constitucionales presuntamente
desconocidos por el juez natural. De igual manera, reiteró lo alegado en la demanda
inicial sobre la configuración de los defectos fáctico y procedimental por ausencia de
defensa técnica.

18.
Agregó que la sentencia impugnada carecía de motivación suficiente, por cuanto
no explicó las razones por las cuales las vulneraciones alegadas carecían de
relevancia constitucional, en desconocimiento de que la accionante tiene más de 60
años, por lo que es sujeto de especial protección y que la controversia no se limita a
debatir la afectación sobre un derecho económico heredado, sino que versa sobre la
afectación patrimonial causada a los sucesores procesales, derivada de un cobro
estatal fundado en errores administrativos prolongados durante años.

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Accionante: Nancy Gisel García Pallero
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

19.
Finalmente, aseguró que se desconoció la línea jurisprudencial consolidada del
Consejo de Estado relativa a la improcedencia de exigir la devolución de
prestaciones económicas percibidas de buena fe, y citó una sentencia del 16 de abril
de 2026, proferida por la Sección Segunda – Subsección B de esta Corporación5.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

20.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19916.

E. Análisis del caso concreto

21.
La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente el
amparo solicitado por no satisfacer el presupuesto de relevancia constitucional. Las
inconformidades de la actora se circunscriben a cuestionar la interpretación
efectuada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sobre los actos
proferidos dentro del procedimiento de cobro coactivo que son susceptibles de
control judicial y la oportunidad procesal para controvertir la legalidad del acto
administrativo que sirvió de fundamento al recaudo. Todo ello, sin presentar razones
que permitan concluir que el entendimiento del caso adoptado por dicha autoridad
judicial resulte arbitrario, caprichoso o irrazonable.

22.
En efecto, aunque la parte actora atribuyó a la providencia cuestionada la
configuración de los defectos, sustantivo, fáctico, procedimental por exceso ritual
manifiesto, procedimental absoluto por falta de defensa técnica y desconocimiento
del precedente judicial, se considera que tales reproches convergen en cuestionar
que el Tribunal accionado no hubiese estudiado de fondo la legalidad del cobro
adelantado por la UGPP.

23.
En particular, la actora insistió en que omitió pronunciarse sobre aspectos
relacionados con la presunción de buena fe de la causante al recibir las mesadas
pensionales, la confianza legítima generada por el reconocimiento y pago de las
mesadas, la ausencia de notificación del acto que sirvió de fundamento al título
ejecutivo, la imposibilidad de trasladar al administrado las consecuencias de errores
atribuibles exclusivamente a la administración, la “irrecuperabilidad” de las
prestaciones pagadas al ciudadano que no actuó con dolo o malicia y la falta de
proporcionalidad del cobro coactivo adelantado por la UGPP.

5 Radicación: 68001233300020180078302. M.P. Jorge Edison Portocarrero.
6 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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Accionante: Nancy Gisel García Pallero
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

24.
Al respecto, se considera que dicha argumentación carece de entidad suficiente
para desvirtuar las razones expuestas por el Tribunal para negar las pretensiones
de la demandante.

25.
En la providencia cuestionada, la autoridad judicial accionada sostuvo que la
Resolución RCC 35069 del 26 de enero de 2021, que libró mandamiento de pago
contra la señora Pallero García, no era susceptible de control judicial, acorde a lo
dispuesto en el artículo 101 del CPACA, el cual prevé que en el procedimiento de
cobro coactivo solo son demandables los actos administrativos que deciden las
excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los
que liquiden el crédito. Incluso aclaró que, por vía jurisprudencial se ha admitido
también el enjuiciamiento de cualquier acto administrativo diferente a la
determinación de la obligación tributaria, que cree, modifique o extinga una situación
jurídica particular (por ejemplo, el auto aprobatorio del remate).

26.
Añadió que la Sección Cuarta del Consejo de Estado 7 ha reconocido
expresamente que el mandamiento de pago no es una de las decisiones
susceptibles de control judicial.

27.
Las anteriores consideraciones no son desvirtuadas por los defectos invocados
en la solicitud de amparo. En efecto, la parte actora no expone razones encaminadas
a demostrar que resulte arbitraria o caprichosa la interpretación acogida por el
Tribunal en torno a que el mandamiento de pago no constituye uno de los actos
susceptibles de control judicial dentro del procedimiento de cobro coactivo. Mas allá
de manifestar su desacuerdo con dicha conclusión, no desarrolló una argumentación
dirigida a controvertir la consideración jurídica conforme a la cual el artículo 101 del
CPACA no contempla el mandamiento de pago entre tales actos.

28.
El Tribunal accionado no limitó su decisión a señalar que el mandamiento de pago
escapa del control judicial, pues también examinó la naturaleza de la Resolución
RCC 35878 del 15 de marzo de 2021, por medio de la cual se ordenó seguir adelante
con la ejecución en el procedimiento de cobro coactivo, y concluyó que, aunque
dicho acto administrativo podía ser objeto de control judicial, ello no permitía reabrir
la discusión sobre la legalidad del título ejecutivo, ni cuestionar aspectos que
debieron proponerse oportunamente en sede administrativa o mediante el medio de
control que debió promoverse contra el acto que dispuso el cobro.

29.
Para arribar a esa conclusión, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca indicó
que, según la jurisprudencia reiterada de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
por la naturaleza del proceso de cobro coactivo, el análisis no comprende aspectos
de fondo relacionados con la legalidad del título ejecutivo. Con fundamento en ese
criterio explicó que, en el caso concreto, el análisis no podía recaer sobre si estuvo
ajustado a derecho o no que la Resolución RDP 045122 del 26 de noviembre de
2018 determinara que la señora Nancy Esther Pallero de García adeudaba

7 Cita original: “Auto del 10 de julio de 2025, expediente 08001-23-33-000-2023-00240-01 (30162).”

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$330.658.931 al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, por concepto de
mayores valores de mesadas pensionales recibidas entre el 1 de febrero de 2006 y
el 31 de mayo de 2018. La legalidad del título ejecutivo no podía discutirse en el
proceso de cobro coactivo, salvo que se alegara indebida notificación, circunstancia
que en todo caso no fue probada por la parte demandante.

30.
Aclaró que había prueba de que la causante conoció de la Resolución 045122
porque interpuso recursos de reposición y de apelación que fueron resueltos
mediante Resolución RDP 005689 del 21 de febrero de 2019, notificada el 7 de
marzo siguiente. En consecuencia, si la demandante consideraba que el acto
administrativo que constituyó el título ejecutivo estuvo indebidamente notificado,
pudo acudir ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad del
acto de determinación de la obligación, incluida la alegada indebida notificación y la
consecuente declaración de extemporaneidad de la reposición e improcedencia de
la apelación.

31.
En ese contexto, al no haber demandado el acto de determinación de la obligación
se entendía que la parte actora renunció a la posibilidad de discutir el título ejecutivo
y, por ende, resultaba extemporáneo que lo hiciera en sede del procedimiento de
cobro coactivo. En ese orden de ideas, descartó que fuera procedente abordar la
discusión sobre la buena fe con que actuó la actora y su alegada exención de
devolver los dineros recibidos por concepto de mesadas pensionales, por ser
argumentos relacionados con la legalidad del acto administrativo base de la
ejecución.

32.
Por último, precisó que en sede del procedimiento de cobro coactivo la discusión
debía limitarse a si estuvieron bien denegadas o no las excepciones propuestas por
la señora Pallero. En ese sentido, debía tenerse en cuenta que los cargos de la
demanda se circunscribieron a la improcedencia de exigir la devolución de
prestaciones recibidas por los particulares de buena fe, aspecto que, como se
explicó, era una discusión propia respecto del título ejecutivo, que resultaba
impertinente de cara a los actos administrativos que se expiden en el procedimiento
de cobro coactivo.

33.
En todo caso, advirtió que la Resolución 35878 del 15 de marzo de 2021 resolvió
acertadamente las excepciones, pues luego de desestimar aquellas que no estaban
enlistadas en el artículo 831 del Estatuto Tributario, explicó que no se configuraba
la prescripción de la acción de cobro, toda vez que el título ejecutivo surgió en el año
2018 y el mandamiento de pago se notificó el 29 de enero de 2021, es decir, antes
de que transcurrieran los 5 años de que trata el artículo 817 del ET.

34.
Sobre el particular, la Sala reitera que los cuestionamientos formulados en la
acción de tutela, independientemente de la denominación de los defectos
constitucionales invocados, se sustentan en las mismas premisas, referentes a que

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la actora no estaba obligada a reintegrar las sumas percibidas por concepto de
mesadas pensionales, en atención a la buena fe con la que actuó, la confianza
legítima generada por la administración, la indebida notificación del título ejecutivo y
la imposibilidad de permitir que el Estado se beneficie de sus propios errores en
detrimento del patrimonio de los ciudadanos.

35.
Sin embargo, como lo puso de presente el Tribunal accionado, tales
planteamientos no estaban dirigidos a controvertir las decisiones adoptadas dentro
del procedimiento de cobro coactivo, sino a cuestionar la legalidad del acto
administrativo que constituyó el título ejecutivo. De ahí que, aunque la Sala no
desconoce que sus reproches pudieran suscitar una discusión jurídicamente
razonable acerca de la procedencia material del reintegro de las sumas reclamadas;
era deber de la parte presentar esos argumentos mediante los recursos procedentes
y, especialmente, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que podía promover contra dicho acto; no en el marco del procedimiento de
cobro coactivo, cuyo objeto se limita a verificar la procedencia de las excepciones
formuladas y la existencia de los presupuestos para continuar con la ejecución.

36.
En otras palabras, lo que censuró el Tribunal fue la oportunidad y el escenario en
el cual se pretendió plantear los referidos cuestionamientos, pues para el momento
en que se hizo ya se trataba de situaciones jurídicas consolidadas. Consideración
que no se antoja arbitraria, ni carente de razonabilidad.

37.
Finalmente, se descarta la configuración de un defecto por desconocimiento del
precedente judicial. En efecto, la parte actora no identificó en el escrito inicial de
tutela las providencias cuya ratio decidendi estima aplicable al caso concreto, ni
efectuó un ejercicio de comparación fáctica y jurídica que permitiera evidenciar la
existencia de supuestos análogos y la obligación de resolver en el mismo sentido.
Sumado a que la providencia invocada en el escrito de impugnación como
precedente desconocido fue proferida con posterioridad a la decisión cuestionada,
de manera que no constituía un referente jurisprudencial vinculante al momento de
su expedición.

38.
De igual manera, no se acreditó el defecto procedimental alegado, toda vez que
la falta de defensa técnica de la accionante en la segunda instancia del proceso
ordinario es un yerro atribuible exclusivamente a ella misma y sus apoderados, de
modo que, las eventuales consecuencias adversas no pueden ser imputadas a los
operadores judiciales.

39.
Por lo hasta aquí expuesto, es evidente que la demandante pretende reabrir el
debate jurídico y probatorio surtido en el proceso ordinario y controvertir las
consecuencias de su actividad procesal y probatoria, aspectos que carecen de
relevancia constitucional, al haber sido razonablemente analizados por el juez
natural de la causa. En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02255-01
Accionante: Nancy Gisel García Pallero
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

40.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 29 de abril de 2026 por la Sección
Segunda – Subsección A del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Ausente con excusa

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

8 VF

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