Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00783-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00783-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2018-00783-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Dieciséis (16) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00783-02 (4379-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones
Demandados: Luis María Sierra Sierra y Nueva EPS
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Lesividad - pensión de vejez
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones, contra la sentencia del Trece (13)
de junio de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander1, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda2.
1.1.1. Pretensiones.
1. La Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante
Colpensiones, acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
solicitando la nulidad de la Resolución GNR 017535 del Veintisiete (27) de
febrero de Dos Mil Trece (2013), mediante la cual, se reconoció la pensión de
vejez a favor del señor Luis María Sierra Sierra, de conformidad con el Decreto
758 de 1990.
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Sala conformada por los Magistrados Francy Del Pilar Pinilla Pedraza, Iván Fernando Prada Macías y Julio Edisson
Ramos Salazar.
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Expediente digital – Samai – Otros Despachos - índice 057 – 680012333000-2018-00783-00- DEMANDA.
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Número Interno: 4379-2024
Demandante: Colpensiones
Demandada: Luis María Sierra Sierra y Nueva EPS
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar al señor Sierra
Sierra y en favor de Colpensiones, la devolución de lo pagado por concepto
de pensión de vejez.
3. Adicionalmente, solicitó ordenar a la Entidad Promotora de Salud,
NUEVA EPS S.A., el reintegro de los valores girados, desde la fecha de
inclusión en nómina de pensionados.
4. Finalmente solicitó que, las sumas a devolver sean actualizadas e
indexadas.
1.1.2. Hechos
5. El señor Luis María Sierra Sierra, nació el Diez (10) de mayo de Mil
Novecientos Cincuenta y Dos (1952).
6. Fue trasladado del régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, al
Régimen de Solidaridad de Prima Media con Prestación Definida, el Primero
(01) de agosto de Dos Mil Dos (2002).
7. Al Primero (01) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), el
beneficiario acreditó un total de 196 semanas de cotizaciones al Sistema
General de Seguridad Social en pensión.
8. Mediante Resolución GNR 017535 del Veintisiete (27) de febrero de
Dos Mil Trece (2013), la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones, reconoció el pago de una pensión de vejez, a favor del señor
Sierra Sierra, efectiva a partir del Primero (01) de marzo de Dos Mil Trece
(2013), en cuantía de $1.112.800, aplicando el Decreto 758 de 1990, con un
IBL de 1,373,827.00 y una tasa de remplazo del 81%, prestación ingresada en
nómina del periodo 2013-03, que se pagaría en el periodo 2013-04.
9. A través de la Resolución VPB 65649 del Nueve (09) de octubre de Dos
Mil Quince (2015), se solicitó autorización al demandando para revocar la
Resolución No. 017535 del Veintisiete (27) de febrero de Dos Mil Trece (2013),
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Número Interno: 4379-2024
Demandante: Colpensiones
Demandada: Luis María Sierra Sierra y Nueva EPS
sin embargo, superados los 30 días establecidos en la Ley 1437 de 2011, no
hubo pronunciamiento del requerido.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación.
10. La parte actora invocó como normas violadas las siguientes:
Constitución Política de Colombia,
Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003,
Acto legislativo 1 de 2005,
Decreto 758 de 1990.
11. Como concepto de violación señaló que, las personas que se trasladen
al Régimen de Ahorro Individual con solidaridad y posteriormente se devuelvan
al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, conservan el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, si acreditan 15 años o más de servicios o
cotizaciones.
12. Expuso que, dado que el señor Sierra Sierra se trasladó al Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad - RAIS, el Primero (01) de agosto de Dos Mil
Dos (2002), al Primero (01) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro
(1994), fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, debía acreditar
15 años de servicio, sin embargo, tan sólo acreditó 196 semanas de
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en pensión, razón por la
que, su prestación debe ser estudiada a la luz de la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 2003.
1.2. Contestación de la demanda.
1.2.1. Luis María Sierra Sierra3.
13. El apoderado del señor Sierra Sierra, contestó la demanda, solicitando
desestimar las pretensiones, bajo las siguientes consideraciones:
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Expediente digital – Samai – Otros Despachos - índice 057 – 680012333000-2018-00783-00- 001. CONTESTACIÓN
DEMANDA LUIS SIERRA.
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Demandante: Colpensiones
Demandada: Luis María Sierra Sierra y Nueva EPS
14. El señor Luis María Sierra Sierra, es beneficiario legalmente de la
pensión de vejez, tal como le fue concedida mediante Resolución GNR 017535
del Veintisiete (27) de febrero de Dos Mil Trece (2013).
15. Sostuvo que, no se puede pretender la nulidad de un acto administrativo
mediante el cual, fue reconocida la pensión de vejez del demandado, cuando,
para proferir el mismo, se estudiaron a fondo los requisitos para su
reconocimiento y, menos aún, que le sean reintegrados dineros por mesadas
pensionales, porque la resolución que concedió la prestación pensional, esta
ajustada a los parámetros legales.
16. Adujo que, el reconocimiento pensional, es responsabilidad exclusiva
de la entidad demandante, en quien recae la obligación de analizar el caso
concreto, hacer una revisión, evaluación y valoración de fondo de los requisitos
y proferir de manera acertada y ajustada a derecho, el acto administrativo de
reconocimiento pensional, ya sea desconociendo o negando la prestación.
17. Señaló que, no puede ser exigido el reintegro de los dineros que fueron
pagados al demandado por concepto de mesadas pensionales, toda vez que,
fueron recibidos de buena fe y con pleno convencimiento que su prestación
pensional fue reconocida con el lleno de los requisitos que la norma exige para
ello.
18. Manifestó que, es irreparable el daño que se pretende causar al
demandado, afectando su mínimo vital, además de cumplirse con los
requisitos de la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003.
19. Finalmente, formuló las excepciones que denominó: «Buena fe del
demandado al recibir mesadas pensionales», «Aplicación del principio de
confianza legitima», y «legalidad del acto acusado».
1.2.2. Nueva Empresa Promotora de Salud S.A – Nueva EPS4.
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Expediente digital – Samai – Otros Despachos - índice 057 – 680012333000-2018-00783-00- 001. Cuaderno No. 01
2018-00783-00. Pdf- Folios 106 a 121.
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Demandante: Colpensiones
Demandada: Luis María Sierra Sierra y Nueva EPS
20. Mediante apoderado, se opuso a las pretensiones referentes a la Nueva
EPS, al considerar que, existe un desconocimiento de la naturaleza jurídica
del Sistema General de Seguridad Social en salud, cuyo objetivo es proveer
cobertura integral frente a los diferentes riesgos y contingencias en materia de
salud, además de desconocer la naturaleza de parafiscales de dichos aportes,
al pretender restitución sin causa, ni tener legitimación para tal efecto.
21. Indicó que, los aportes a seguridad social en salud, al ser recursos
públicos, no tienen cuentas independientes por usuarios, además que,
acarrearía la desfinanciación del sistema de salud, porque recursos que,
inicialmente están destinados a la autorización de servicios o atenciones
prioritarias, obligatoriamente deberían destinarse a un fin distinto.
Adicionalmente enfatizó en que, las sumas pagadas fueron debidamente
ejecutadas, y, por lo tanto, no hay lugar a reintegro.
22. Refirió que, Colpensiones no tiene legitimación por activa para
pretender el reintegro de la suma girada a la Nueva EPS por concepto de
aportes en salud, ya que, el obligado a realizar dicho pago (sujeto pasivo de la
contribución parafiscal), es la persona beneficiaria de la pensión y afiliada al
sistema de seguridad social, en este caso, el Señor Sierra Sierra.
23. Finalmente, formuló las excepciones que denominó: «Falta de
legitimación en la causa por pasiva»; «falta de legitimación en la causa por
activa»; «prestación de aseguramiento en salud ya fue causada y ejecutada
por NUEVA EPS»; «desconocimiento del sistema de seguridad social en salud
como sistema de gestión de riesgos»; «imposibilidad de restablecimiento del
derecho»; inexistencia de nexo causal»; «cobro de lo no debido» y «excepción
genérica».
1.3. Sentencia de primera instancia5.
24. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia proferida
el Trece (13) de junio de Dos Mil Veinticuatro (2024), accedió parcialmente a
las pretensiones, y se abstuvo de condenar en costas, así:
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Expediente digital – Otros Despachos - índice 00114.
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Demandante: Colpensiones
Demandada: Luis María Sierra Sierra y Nueva EPS
«PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de la Resolución GNR 017535 del 27 de
febrero de 2013, por medio de la cual COLPENSIONES reconoció la PENSIÓN
DE VEJEZ a favor del señor LUIS MARÍA SIERRA SIERRA de conformidad con
el Decreto 758 de 1990 (art. 12), conforme lo expuesto en la parte motiva de
esta sentencia.
SEGUNDO: SE ORDENA a COLPENSIONES definir, de manera inmediata por
tratarse de un sujeto de especial protección constitucional, en condición de
vulnerabilidad-, el derecho pensional del señor LUIS MARÍA SIERRA SIERRA
al amparo del régimen que le es aplicable (Ley 100 de 1993), previo a disponer
la suspensión del pago de las mesadas pensionales que actualmente percibe
por virtud de la Resolución GNR 017535 del 27 de febrero de 2013, conforme
lo expuesto en la parte motiva.
TERCERO: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda, conforme
lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO: SIN CONDENA EN COSTAS de primera instancia, conforme lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
(…)»
25. El Tribunal señaló que, habiéndose trasladado el señor Sierra Sierra del
Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro
Individual, y, retornado posteriormente, al Régimen de Prima Media con
Prestación Definida, por virtud de los incisos 4° y 5° del art. 36 de la Ley 100
de 1993, quedó excluido del régimen de transición, no haciendo parte del
grupo de personas, frente a quienes la Corte Constitucional en Sentencia C-
789/02 buscó la protección de sus expectativas legítimas y la interpretación
más favorable de la referida disposición, al declarar su exequibilidad
condicionada, esto es, para quienes, habiendo cumplido el requisito de quince
(15) años o más de servicios cotizados al momento de entrar en vigencia el
sistema de seguridad social en pensiones, se trasladaron, pero luego
decidieron regresar al régimen de prima media con prestación definida.
26. Precisó que, el régimen aplicable al señor Sierra Sierra, correspondía
al contenido en la Ley 100 de 1993 y no en el Decreto 758 de 1990, como lo
hizo la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, al momento
de expedir la Resolución GNR 017535 del Veintisiete (27) de febrero de Dos
Mil Trece (2013).
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Demandante: Colpensiones
Demandada: Luis María Sierra Sierra y Nueva EPS
27. Bajo este presupuesto, indicó que, aunque el demandado cumplió 60
años en el 2012, para dicha anualidad debía acreditar 1225 semanas de
cotización, respecto de las cuales, al no existir certeza si, además de las
reportadas por Colpensiones (que a Ocho (8) de mayo de dos Mil Diecisiete
(2017), correspondían a 1173), se registran adicionales que le permitan al
demandado cumplir dicho requisito, ordenó a Colpensiones verificar su
cumplimiento, mediante un estudio pensional para efectos de definir el derecho
a la pensión de vejez del señor Sierra Sierra, bajo el régimen contenido en la
Ley 100 de 1993, «dándole la oportunidad de acreditar los requisitos legales
para ello, sin perjuicio de la revisión minuciosa de su historia laboral por parte
de la entidad y previo a disponer la suspensión del pago de las mesadas
pensionales que actualmente percibe por virtud de la Resolución GNR 017535
del 27 de febrero de 2013.», enfatizando que dicha verificación debía
efectuarse de manera inmediata, por tratarse de un sujeto de especial
protección constitucional, en condición de vulnerabilidad.
28. De otro lado, el A quo determinó la imposibilidad del reconocimiento de
una pensión de invalidez en favor del demandado, teniendo en cuenta el
porcentaje de pérdida de capacidad laboral establecido por la Junta Regional
de Calificación de Invalidez de Santander.
29. Respecto a la pretensión de restituir la suma correspondiente a los
valores percibidos por el demandado, con ocasión de la pensión de vejez,
advirtió que, no se acreditó el desconocimiento de los postulados de la buena
fe, esto es, que el demandado hubiese incurrido en comportamientos
deshonestos, o actos dolosos para beneficiarse de tal reconocimiento.
30. También, denegó la devolución de aportes a salud, dada su naturaleza
parafiscal y en virtud del reconocimiento pensional, que obligaba a que fueran
sufragados.
1.4. Recurso de apelación.
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Número Interno: 4379-2024
Demandante: Colpensiones
Demandada: Luis María Sierra Sierra y Nueva EPS
31. La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES6, interpuso recurso de apelación frente al numeral tercero
de la sentencia de primera instancia, por considerar que, se desvirtúa el
argumento de la buena fe, desde que el señor Sierra fue informado de la
irregularidad en el reconocimiento de su pensión y, aun así, no allegó
autorización para la revocatoria del acto administrativo, conducta que, en su
criterio, refleja un conocimiento y aprovechamiento indebido de una situación
irregular, lo que desvirtúa la presunción de buena fe.
32. Además, reiteró que, el principio de sostenibilidad financiera,
consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política, implica la obligación
del Estado de garantizar la viabilidad económica del sistema de seguridad
social y, en consecuencia, la resolución de este asunto, debe considerar la
preservación de los recursos públicos y evitar el enriquecimiento sin justa
causa, del beneficiario de una pensión que no le correspondía.
33. Finalmente, señaló que, la naturaleza parafiscal de los aportes en salud
no excluye la posibilidad de reclamar su devolución, cuando han sido
sufragados en el marco de un reconocimiento pensional irregular. Por
consiguiente, expone que, la sentencia de primera instancia omite considerar
que la devolución de estos aportes es procedente, para restablecer el equilibrio
financiero y evitar un perjuicio adicional a los recursos del Sistema General de
Seguridad Social.
1.5. Trámite de segunda instancia.
34. Por auto del Treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)7, el
consejero ponente admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante y en virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021,
que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, se prescindió de la etapa
de alegaciones y ordenó que, una vez ejecutoriada la providencia, el
expediente regresara al despacho para proferir la decisión correspondiente.
1.6. Concepto del Ministerio Público.
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Expediente digital – Otros Despachos - Índice 00117.
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Samai – índice 00015.
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Demandada: Luis María Sierra Sierra y Nueva EPS
35. El representante del Ministerio Público, se abstuvo de rendir concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
36. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda
instancia este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125,
150, 243 y 247 del CPACA.
37. Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 3288 del Código
General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2 Problema jurídico
38. Corresponde a la Sala determinar, si se debe revocar parcialmente la
sentencia del Trece (13) de junio de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander, para disponer el reembolso de las
mesadas pensionales percibidas por el señor Luis María Sierra Sierra, al
desvirtuarse la presunción de buena fe y comprometerse la sostenibilidad
financiera del Sistema de Seguridad Social en pensiones.
39. Adicionalmente, deberá establecerse, si hay lugar a la devolución de los
aportes a salud, para restablecer el equilibrio financiero y evitar un perjuicio
adicional a los recursos del Sistema General de Seguridad Social.
40. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2.2. Pruebas
recaudadas; y 2.2.3 Caso concreto.
8
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»
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2.2.1 Marco normativo y jurisprudencial
41. Debe señalarse que, según el artículo 839 de la Carta Política, la buena
fe se presume en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las
autoridades públicas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-131
de 200410, definió el principio general de la buena fe, así:
«En relación con el principio de la buena fe cabe recordar que es uno de los principios
generales del derecho11, consagrado en el artículo 83 de la Constitución, el cual
gobierna las relaciones entre la Administración Pública y los ciudadanos, y que sirve
de fundamento al ordenamiento jurídico, informa la labor del intérprete y constituye un
decisivo instrumento de integración del sistema de fuentes colombiano.
En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una
exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra
dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas
y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte
esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen
el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal
suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más
congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos
intervinientes en la misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de
la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad
surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y
normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el
ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar
las lagunas del sistema jurídico».
42. En tal virtud, para que resulte procedente el reintegro de los valores
recibidos por aquellas personas a las que se les haya reconocido una
prestación sin tener derecho a ella, o por un monto mayor al que correspondía,
en el proceso deberá estar probada la mala fe con que pudieron actuar, para
obtener el pago de tal beneficio, en atención a que la buena fe es una
presunción que requiere ser desvirtuada.
43. En ese sentido, se pronunció esta Sala, el Veintitrés (23) de marzo de
Dos Mil Diecisiete (2017)12, al estimar que «[…] la devolución de las sumas
9
«Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe,
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
10
M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
11
Ver al respecto, A. Jeanneau, “Les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative”, París, LGDJ,
1954 y Ch. Letourneur, «Les principes généraux du droit dans la jurisprudence du Conseil d’Etat », París, LGDJ, 1980.
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicación 19001-23-31-000-2012-00251-01
(2036-2015). M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Demandante: Colpensiones
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pagadas por prestaciones periódicas se condiciona a verificar que hayan
mediado conductas reprochables encaminadas a defraudar a la administración
en orden a obtener tales reconocimientos, de modo que si ello no se logra
demostrar, no habrá lugar a ordenar reintegro alguno», dado que «[e]l
concepto de buena fe hace referencia al comportamiento leal y honesto que
deben asumir los particulares y autoridades para mantener un orden justo y
permitir el goce efectivo de los derechos y oportunidades de los asociados.
Además, como se expresó previamente, por mandato Constitucional, se
presume la buena fe de los particulares en sus relaciones con las autoridades
del Estado, siendo deber de quien alegue la mala fe demostrar los hechos
sobre los cuales se fundamenta»13.
2.2.5. Pruebas recaudadas.
44. Del material probatorio allegado al expediente, se destacan los
siguientes medios de convicción:
i. Resolución GNR 017535 del Veintisiete (27) de febrero de Dos Mil Trece
(2013)14, expedida por Colpensiones, mediante la cual, se reconoció la
pensión de vejez a favor del señor Luis María Sierra Sierra.
ii. Certificado de devengados y deducidos expedido por Colpensiones
periodos 2014-08 a 2017-0815.
iii. Declaración juramentada del señor Luis María Sierra Sierra, ante la Notaría
Once del Circuito de Bucaramanga16.
iv. Declaración juramentada de la señora Claudia Patricia Ramos Sierra, ante
la Notaria Once del Circuito de Bucaramanga17.
v. Historia Clínica del señor Luis María Sierra Sierra18.
vi. Dictamen de pérdida de capacidad laboral No. 1899 de Veinte (20) de
octubre de Dos Mil Veintitrés (2023), expedido por la Junta Regional de
13
Criterio reiterado por esta subsección, entre otras decisiones, en la de Dieciséis (16) de agosto de Dos Mil Dieciocho
(2018), en el expediente con radicación interna 3507-2015.
14
Expediente digital – Samai – Otros Despachos - índice 057 – 680012333000-2018-00783-00- Expediente- 001.
Cuaderno – Folios 13 al 17.
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Expediente digital – Samai – Otros Despachos - índice 057 – 680012333000-2018-00783-00- Expediente - 001.
Cuaderno – Folios 12.
16
Expediente digital – Samai – Otros Despachos - índice 057 – 680012333000-2018-00783-00- Expediente - 001.
Cuaderno – Folios 40 y 41.
17
Expediente digital – Samai – Otros Despachos - índice 057 – 680012333000-2018-00783-00- Expediente - 001.
Cuaderno – Folios 42 y 43.
18
Expediente digital – Samai – Otros Despachos - índice 057 – 680012333000-2018-00783-00- Expediente - 001.
Cuaderno – Folios 44 a 59.
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Demandante: Colpensiones
Demandada: Luis María Sierra Sierra y Nueva EPS
Calificación de Invalidez de Santander, en el que se estableció un
porcentaje del 46.61 %19.
2.2.6. Caso concreto.
45. En el sub-lite, el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad
del acto administrativo por medio del cual, la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones, reconoció la pensión de vejez al señor Luis María
Sierra Sierra, por no resultarle aplicable el régimen del Decreto 758 de 1990.
No obstante, se abstuvo de ordenar la devolución de las mesadas pensionales
percibidas por el demandado, al considerar que, no se desvirtuó la presunción
de buena fe; también negó la devolución de los aportes a salud, por tratarse
de recursos parafiscales.
46. El primer punto de inconformidad de la entidad demandante, radica en
la negativa de la sentencia de primera instancia, frente al reintegro de las
mesadas pensionales, por considerar debidamente descartada la presunción
de buena fe, por cuanto, solicitó el consentimiento del señor Luis María Sierra
Sierra, para la revocatoria directa del acto administrativo de reconocimiento
pensional y este guardó silencio, aun sabiendo que no tenía derecho a la
prestación concedida.
47. Para resolver el recurso de alzada, la Sala considera necesario señalar
que, por regla general, la consecuencia de la declaratoria de nulidad de los
actos administrativos de contenido particular, es retrotraer las cosas al estado
inicial, de manera que, se entienda que, la decisión extinguida del
ordenamiento positivo por ilegal o inconstitucional, nunca existió.
48. No obstante, en asuntos en los que se discuten prestaciones periódicas,
y principalmente, cuando la pretensión de restablecimiento del derecho es la
devolución de sumas de dinero pagadas y no debidas, la ley se ha encargado
de cualificar la manera en que ello es posible, tal como se expuso en el marco
normativo y jurisprudencial de esta providencia.
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Expediente digital – Otros Despachos - Índice 00101.
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49. La Sala considera que, en este asunto, no está demostrada la mala fe
como presupuesto para definir la devolución de las mesadas percibidas por el
pensionado, comoquiera que, al tenor del artículo 83 de la Constitución
Política20, la buena fe se presume en todas las gestiones que los particulares
adelanten ante las autoridades.
50. Asimismo, el literal c) del numeral 1° del artículo 164 del CPACA
preceptúa lo siguiente: «[…] Los actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas» podrán demandarse en cualquier
tiempo, «Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe» [la Sala destaca].
51. Con base en lo anterior, para que resulte procedente la devolución de
los valores recibidos por quienes se les ha reconocido o mantenido una
prestación social, sin tener derecho a ella, o en un monto mayor al que
correspondía, en el proceso deberá estar acreditada la mala fe con que
actuaron, para obtener el beneficio otorgado, pues, la presunción de buena fe
a favor de los particulares, traslada la carga de la prueba a la administración,
debiendo acreditar el actuar fraudulento o de algún modo, que se indujo en
error a la entidad, para obtener el beneficio21.
52. En criterio de la entidad recurrente, la falta de consentimiento del señor
Luis María Sierra Sierra, para la revocatoria directa del acto de reconocimiento
pensional, estructura la mala fe; no obstante, lo que ha exigido la
jurisprudencia, es la prueba del actuar fraudulento del beneficiario de la
prestación al momento del reconocimiento de aquella, supuesto de hecho que,
no se evidenció en este proceso.
20
«Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe,
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
21
«[…] la buena fe se presume en la actuación de los particulares ante las autoridades, por tanto, debe desvirtuarse
por quien así la alega. Es así que es de competencia de quien la invoca, en este caso de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, acreditar que el demandado, no
obró con lealtad, rectitud y honestidad, sino que por el contrario acudió a maniobras engañosas o documentos falsos,
para inducir en error a la administración y a las autoridades judiciales, con el fin de obtener el reconocimiento
prestacional». Expediente: 54001-23-33-000-2013-00047-01 (258-2017), actora: UGPP, demandada: Martha Rondón
Duarte, C. P. César Palomino Cortés. Véase también sentencia de 7 de septiembre de 2018, expediente: 25000-23-
42-000-2014-03257-01 (4792-2017), C. P. César Palomino Cortés. Esta postura fue reiterada por la Sala en la
sentencia de referencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
B. Sentencia del 24 de mayo de 2024. Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera. Expediente: 54001-
23-33-000-2018-00054-01 (4949-2022).
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Número Interno: 4379-2024
Demandante: Colpensiones
Demandada: Luis María Sierra Sierra y Nueva EPS
53. En este punto, resulta evidente para la Sala que, la ausencia de
consentimiento del demandado para que se le revocara su beneficio pensional,
obedece a los argumentos manifestados en la contestación de la demanda, de
tener derecho a la pensión, en ese sentido, no puede interpretarse como una
conducta de mala fe que pretende mantener un beneficio de manera ilegítima,
ya que, tal como lo ha establecido esta Subsección22 en asuntos similares,
para que ello ocurra, se debe demostrar que haya habido fraude, maniobras o
actos ilegales tendientes a lograr ese beneficio; lo cual, se insiste, no fue
acreditado en el presente asunto. Por lo tanto, resulta improcedente la
recuperación de las sumas pagadas a favor del señor Luis María Sierra Sierra,
en virtud del acto acusado y, en ese sentido, este cargo de apelación de la
entidad demandante no está llamado a prosperar.
54. En cuanto a la afectación a la sostenibilidad financiera del Sistema de
Seguridad Social en pensiones, argüida por la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones, como cargo de apelación y argumento para que
se disponga judicialmente la devolución de los dineros percibidos por el
demandado por concepto de mesadas pensionales, la Sala debe indicar que,
fue la propia entidad, quien le reconoció la prestación económica
al demandado, sin verificar el régimen aplicable, de tal modo que, las
consecuencias de tal omisión, no pueden trasladarse al administrado, máxime,
cuando se insiste, su actuar estuvo amparado en la presunción constitucional
de buena fe, razón suficiente para que este argumento de la apelación
tampoco tenga vocación de prosperidad.
55. De otra parte, frente a la devolución de los aportes realizados a la Nueva
EPS por concepto de salud, la Sala advierte que, tampoco resulta atendible el
planteamiento en esta instancia judicial, toda vez que, tal como lo señaló el
Tribunal Administrativo de Santander, además de la naturaleza parafiscal de
estos recursos, el sustento para su pago fue el reconocimiento pensional
efectuado por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones,
por lo que, no puede pretender la entidad beneficiarse de su propia omisión,
máxime cuando, en la contestación de la demanda, la Nueva EPS aduce que,
tales rubros fueron debidamente ejecutados, sin que exista una cuenta
22
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), Radicado: 68001-23-
33-000-2017-01292-01 (2025-2023).
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Número Interno: 4379-2024
Demandante: Colpensiones
Demandada: Luis María Sierra Sierra y Nueva EPS
individual en cabeza del beneficiario; cuestión que impide la devolución
pretendida, pues una decisión en tal sentido implicaría trasladar las
consecuencias del indebido reconocimiento pensional a la administradora de
salud, razón por la cual, se mantendrá incólume la decisión de instancia.
56. Finalmente, la Sala considera necesario, sin perder de vista la condición
de apelante único que ostenta la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, dar alcance a la orden contenida en el ordinal segundo de la
sentencia de primera instancia, mediante la cual, el Tribunal Administrativo de
Santander, dispuso verificar el cumplimiento de requisitos para acceder a la
pensión de vejez por el demandado, conforme las reglas contenidas en la Ley
100 de 1993, en garantía de los derechos fundamentales de este, dada su
condición de sujeto de especial protección constitucional en razón a su edad.
57. En este orden de ideas, toda vez que, de conformidad con lo establecido
en la sentencia de primera instancia, el demandado reporta 1173 semanas de
servicios, y para el año 2012, fecha en que cumplió 60 años, debía acreditar
1225 semanas, de conformidad con la Ley 797 de 2003, es decir, que le
faltaban 52 semanas de servicios, la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones deberá verificar de manera concreta si, el
demandante prestó el servicio militar obligatorio, el cual, de conformidad con
el literal a, del artículo 40 de la Ley 48 de 1993, debe tenerse en cuenta en
materia pensional, razón por la cual, se adicionará el ordinal segundo es este
sentido.
2.3 Condena en costas
58. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses,
es decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del
CPACA, por tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Número Interno: 4379-2024
Demandante: Colpensiones
Demandada: Luis María Sierra Sierra y Nueva EPS
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia del Trece (13) de junio de
Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ADICIONAR el ordinal segundo de la sentencia del Trece (13) de
junio de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, el cual quedará así:
«SEGUNDO: SE ORDENA a COLPENSIONES definir, de manera inmediata
por tratarse de un sujeto de especial protección constitucional, en condición de
vulnerabilidad-, el derecho pensional del señor LUIS MARÍA SIERRA SIERRA
al amparo del régimen que le es aplicable (Ley 100 de 1993), verificando si
existen tiempos adicionales cotizados, además de la prestación de[l] servicio
militar obligatorio; previo a disponer la suspensión del pago de las mesadas
pensionales que actualmente percibe por virtud de la Resolución GNR 017535
del 27 de febrero de 2013, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.»
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclaración de voto Aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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