Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02263-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02263-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02263-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C, siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02263-00
Accionante: ADRIANA ESCOBAR CIFUENTES, HÉCTOR AUGUSTO
SÁNCHEZ LÓPEZ Y ERICK SANTIAGO SÁNCHEZ ESCOBAR
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con la pretensión de nulidad de acto
administrativo de retiro por llamamiento a calificar servicio. Defectos
sustantivo, desconocimiento del precedente judicial, decisión sin
motivación y fáctico. Requisito general de inmediatez
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores Héctor Augusto Sánchez López, Erick Santiago Sánchez
Escobar y Adriana Escobar Cifuentes, quienes actúan en nombre propio, contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 18 de marzo de 2026, la parte actora solicitó al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad
social, de acceso a la administración de justicia y la dignidad humana,
presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Primera. Solicito se me ampare a mí y a los demandantes el derecho fundamental a la seguridad
social (art. 48 CP), dignidad humana (arts. 1 y 13 CP), igualdad (art. 13 CP) y debido proceso (art.
29 CP) y al acceso efectivo a la administración de justicia.
Segunda: En consecuencia, de lo anterior se deje sin efecto jurídico la decisión contenida en la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle dentro del
radicado Nro. 76111-33-33-002-2020-00058-01 promovido por la señora Adriana Escobar
Cifuentes y otros
Tercero: Solicito se proceda a expedir sentencia de remplazo o en su defecto ordenar al Tribunal
Administrativo Del Valle PROFIERA una nueva decisión que me ampare los derechos invocados
y los que considere violentados por tratarse de un tema laboral”.
2. Hechos
Los demandantes relataron que señora Adriana Escobar Cifuentes ingresó a la
Policía Nacional en el año 2002 y ascendió al grado de intendente tras superar los
1
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Accionante: Adriana Escobar Cifuentes y Otros
requisitos académicos y de carrera. Igualmente, mencionaron que para el año 2014
fue víctima de acoso laboral por parte de un mayor que era el comandante de la
Estación de Policía de Tuluá y que, al no encontrar una respuesta de la institución
ante sus denuncias, presentó queja ante la Procuraduría General de la Nación, el
Ministerio del Trabajo y la Defensoría del Pueblo.
Afirmaron que fue retirada del servicio activo a pesar de estar incapacitada,
mediante Resolución núm. 03360 de 13 de agosto de 2019, bajo la causal de
llamamiento a calificar servicios, lo que desconoció la estabilidad laboral reforzada
y que esto obedeció a una represalia por sus denuncias y quejas por acoso laboral.
Sostuvieron que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho presentaron demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional, con el fin de que se anulara la Resolución núm. 03360 de 13 de
agosto de 2019, y a título de restablecimiento del derecho se ordenara el reintegro
de la señora Escobar Cifuentes al cargo que desempeñaba o a otro de igual o
superior jerarquía. Así como el pago de emolumentos dejados de percibir durante
la fecha de retiro hasta el momento en que se materialice el mencionado reintegro.
Igualmente, pidieron el reconocimiento y pago de los daños materiales e
inmateriales ocasionados por el acoso laboral y el retiro arbitrario del servicio.
Indicaron que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de
Buga en fallo de 21 de abril de 2022, declaró la nulidad parcial de la Resolución
núm. 03360 de 13 de agosto de 2019 y, en consecuencia, condenó a la entidad
demandada el reintegro del servicio activo de la señora Adriana Escobar Cifuentes
sin solución de continuidad, al cargo que venía desempeñando sus funciones,
conforme a las prescripciones o recomendaciones médicas fijadas para su estado
de salud, y al pago de salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento
de la sentencia. Adicionalmente, negó las demás pretensiones de la demanda.
Aseguraron que las partes interpusieron recurso de apelación contra la anterior
decisión. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia de 13
de junio de 20251 la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda,
bajo el argumento de que no se acreditó un nexo causal directo, material y
jurídicamente relevante entre las condiciones médicas y el acto de retiro, pues el
hecho de que una funcionaria se encuentre en estado de incapacidad médica
prolongada no excluye la posibilidad de que la administración, en ejercicio de su
facultad discrecional, decida su retiro por llamamiento a calificar servicios, siempre
que se satisfagan los requisitos objetivos establecidos en la normatividad, como
efectivamente ocurrió en el presente asunto. Igualmente, no se demostró que el
estado de salud de la señora Escobar hubiese sido ignorado o manipulado con el
fin de separarla del servicio, ni que existiera una motivación oculta o
desproporcionada. Esa decisión fue notificada a las partes por medios electrónicos
el 17 de junio de 2025.
Finalmente, manifestaron interpusieron recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia con sustento en la inobservancia de las sentencias SU-091 de 2016,
SU-217 de 2016, SU-049 de 2017, SU-237 de 2019, SU-087 de 2022, SU-061 de
1
El Tribunal manifestó que “se establece que la asignación mensual de retiro procede a partir de los quince (15)
años de servicio”, por lo que la demandante cumplía con el requisito mínimo de tiempo para ser retirada
válidamente por llamamiento a calificar servicio.
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2023, SU-067 de 2023 y SU-167 de 2023 de la Corte Constitucional. La Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en auto de 20 de noviembre de
2025, confirmó el proveído de 5 de septiembre de 2025 mediante el cual se rechazó
de plano el recurso, en tanto procede únicamente respecto de las providencias que
reúnan los criterios previstos en el artículo 270 del CPACA, es decir, las sentencias
de unificación proferidas por el Consejo de Estado, pero no en aquellas dictadas
por la Corte Constitucional.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora aseguró que la acción de tutela cumple con el requisito general de
la relevancia constitucional, porque no se pretende utilizar como una tercera
instancia sino con el fin de proteger sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la seguridad social, igualdad y de acceso a la administración de justicia.
De otro lado, afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
sustantivo, por cuanto sustentó la decisión objetada en los Decretos 754 de 2019
y 1790 de 2000, los cuales no son aplicables para el nivel ejecutivo de la Policía
Nacional, a lo que agregó que la norma que regula el retiro por llamamiento a
calificar servicios es el artículo 57 del Decreto Ley 1791 de 2000.
Luego, sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en
defecto por desconocimiento del precedente judicial, porque en sentencias de
26 de noviembre de 2025 (radicado núm. 76001-33-33-009-2021-00206-01) y 30
de enero de 2026 (radicado núm. 76001-33-33-006-2020-00121-01), proferidas por
el mismo Tribunal, en las que se reconoció que el artículo 57 del Decreto Ley 1791
de 2000 continúa vigente y regula de manera específica la causal de retiro por
llamamiento a calificar servicios.
Por otra parte, señaló que la sentencia objetada constituye una decisión sin
motivación, pues el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no analizó de
manera exhaustiva los cargos planteados en la demanda y reiterados en el recurso
de apelación y de extensión de la jurisprudencia.
Resaltó que en la demanda se estructuraron tres tesis. La primera, que el retiro del
servicio obedeció a actos de acoso laboral. La segunda, una persecución por su
condición médica y desviación de poder, y la tercera que el llamamiento a calificar
servicios no era procedente antes de cumplir 20 años de servicio, tratándose de
miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.
Indicó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se limitó a señalar que la
señora Escobar Cifuentes había adquirido el derecho a la asignación de retiro, sin
desarrollar un análisis sobre el alcance del artículo 57 del Decreto Ley 1791 de
2000 ni sobre la posible desviación de poder alegada.
Por último, manifestó que el Tribunal incurrió en defecto fáctico, en tanto en el
proceso se acreditó el acoso laboral, por lo que “denuncie disciplinaria y
penalmente estos actos de acoso laboral ocurridos al interior de la institución
policial desde el año 2014, atribuidos al señor Mayor Mayor (sic) Julio Fernando
Mora Escobar, representada en traslados internos, negación de citas médicas, no
otorgamiento de permisos de estudio, traslado para otro lugar diferente al de Tuluá
3
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y ante el amparo judicial a través de acción de tutela, se procedió con mi retiro, ese
acoso laboral produjo lesiones psíquicas que fueron calificadas en la Junta Medica
Laboral”.
4. Trámite procesal
Por auto de 25 de marzo de 2026, el magistrado sustanciador admitió la demanda
y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada. Asimismo, al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, al Ministerio
de Defensa Nacional, Policía Nacional y a la señora María Yaneth Cifuentes
Zapata. De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 58947 a 58954 de
27 de marzo de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
El magistrado ponente de la sentencia objetada pidió que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, se nieguen las pretensiones
por no evidenciarse la vulneración de los derechos fundamentales de los
demandantes.
Afirmó que el debate no se estructuró en torno a un incumplimiento de requisitos
objetivos ni a la aplicación de una norma inaplicable, sino a la presunta existencia
de una desviación de poder derivada del estado de salud de la demandante y de
situaciones de acoso laboral, aspectos que fueron examinados de manera expresa
en el fallo objetado, en el que se concluyó que, si bien dichas circunstancias se
encontraban acreditadas, no existía un vínculo causal jurídicamente relevante entre
estas y la decisión de retiro, ni se probó que la medida obedeciera a una finalidad
ilegítima o discriminatoria.
Sostuvo que no se configuraron los defectos fáctico, porque la decisión se apoyó
en los elementos probatorios obrantes en el expediente, el sustantivo, en la medida
en que la interpretación normativa adoptada corresponde a una lectura
jurídicamente plausible del ordenamiento ni el desconocimiento del precedente
judicial, en tanto no se acreditó la existencia de supuestos fácticos y jurídicos
idénticos que impusieran la aplicación obligatoria de una regla decisional previa.
Para terminar, manifestó que la acción constitucional pretende reabrir un debate
propio del juez natural del proceso, particularmente en lo relativo a la valoración
probatoria y la interpretación del régimen jurídico aplicable, y que la solicitud de
amparo no está concebida como una instancia adicional ni como un mecanismo
para sustituir al juez ordinario.
5.2. Respuesta de la Policía Nacional
La asesora del Área Jurídica solicitó que se declare la improcedencia de la acción
de tutela, toda vez que no se cumple con el requisito de la inmediatez, pues los
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demandantes dejaron trascurrir 9 meses desde la notificación del fallo objetado
para radicar la solicitud de amparo.
5.3. Informe de la señora María Yaneth Cifuentes Zapata
La tercera con interés pidió que se accediera al amparo solicitado por la parte
actora, pues la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo,
fáctico y por desconocimiento del precedente judicial. Para lo cual, reiteró los
alegatos del acoso laboral e indebida aplicación de la norma.
5.4. El Juzgado Segundo Administrativo de Guadalajara de Buga, a pesar de
que fue notificado en debida forma del auto admisorio, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el curso
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, de acceso a
la administración de justicia y la dignidad humana de los demandantes.
3. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Ahora bien, aun
cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo momento y lugar”, lo que
podría dar a entender que la acción de amparo puede solicitarse en cualquier
tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los derechos vulnerados, lo
único cierto es que se trata de un requisito que se debe valorar en cada caso
concreto.
Sin embargo, la Corte Constitucional2 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un término
razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos
2
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida en que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino
también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en
un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la negligencia o
indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 3
La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para que
el juez de tutela pueda determinar4, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito
de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de 20165,
así: “(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del
peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la exigencia de
presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que se produce la
vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos
fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar
el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de
presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se
prolongó; (iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos
de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la
presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de derechos
fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige la tutela: la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez puede variar
dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados
en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los efectos de la
tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique la demora
en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en
los derechos de terceros si se declarara procedente”6.
En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-372 de 2024, reiteró los
anteriores criterios para analizar las particulares de cada caso en torno a la
presentación de la acción de tutela dentro de un término oportuno y recordó que no
toda manifestación de una circunstancia especial habilita la procedencia del
mecanismo constitucional, puesto que no basta con la simple afirmación de que el
interesado no pudo ejercer la solicitud de amparo en un plazo razonable. Al
respecto, sostuvo que “pretender establecer la inmediatez a partir de un hito diferente al
3
Ibídem.
4
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, sentencia T-158 de 2006 M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
5
Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
6
Ibídem.
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de la fecha de la sentencia de condena y su notificación, como es la respuesta negativa a
una solicitud de libertad, como lo hace el actor, carece de justificación, pues lo que pretende
cuestionarse es la condena y no la negativa de la libertad”.
Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela
que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7 estableció,
como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo
máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la sentencia o
providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que también ha sido
acogido por la Corte Constitucional8.
4. Estudio y solución del caso concreto
Los señores Héctor Augusto Sánchez López, Erick Santiago Sánchez Escobar y
Adriana Escobar Cifuentes presentaron acción de tutela con el objeto de que el juez
constitucional proteja sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
a la seguridad social, de acceso a la administración de justicia y la dignidad
humana, supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, al incurrir en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente
judicial, decisión sin motivación y fáctico al no declarar la nulidad del acto
administrativo de retiro y ordenar el reintegro, a pesar de que padecía acoso laboral,
gozaba de estabilidad laboral reforzada y que no se aplicó el marco normativo
correspondiente a la situación de la señora Adriana Escobar Cifuentes al pertenecer
al nivel ejecutivo de la Policía Nacional.
Previo a cualquier pronunciamiento y en atención a los argumentos planteados por
la Policía Nacional, la Sala procede a verificar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, en concreto, el de la inmediatez,
así:
Conforme da cuenta el expediente ordinario allegado al trámite constitucional, el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en fallo de 13 de junio de 2025 revocó
la decisión de primera instancia y, en consecuencia, negó las pretensiones de los
demandantes tendiente a la anulación del acto administrativo de retiro y el reintegro
de la señora Adriana Escobar Cifuentes en la Policía Nacional, pues no se cumplió
con la carga de desvirtuar la presunción de legalidad del acto demandado.
Al respecto, la Sala observa que dicha decisión se notificó a las partes por medios
electrónicos el 17 de junio de 20259, fecha a partir de la cual se verificará el
cumplimiento del requisito de inmediatez, mas no desde el proveído de 20 de
noviembre de 2025 que confirmó la decisión que rechazó de plano el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, pues dicho mecanismo está
concebido para reprochar las decisiones judiciales que desconozcan una sentencia
de unificación del Consejo de Estado, lo que no es motivo de reparo por parte del
actor, quien delimitó sus alegatos a los defectos sustantivo, fáctico, decisión sin
motivación y desconocimiento del precedente judicial, para lo cual invoca
7
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
8
T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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00025.
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decisiones del mismo Tribunal. Más aún, ese recurso fue rechazado de plano
porque las decisiones que invocó en el mencionado recurso no ostentaban la
naturaleza requerida, sino que lo sustentó en sentencias de la Corte Constitucional.
Adicionalmente, se debe resaltar que de acuerdo con el artículo 261 10 de la Ley
1437 de 2011, modificado por el artículo 72 de la Ley 2080 de 2021, el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia se debe interponer dentro de los 10
días siguientes a la ejecutoria de la decisión reprochada, es decir, que la decisión
que puso fin al proceso ordinario quedaba en firme y con efectos para las partes,
por lo que su concesión no impedía la ejecución del fallo, al menos que todas las
partes lo hubieran recurrido, lo cual no fue el caso, toda vez que lo interpuso solo
la parte demandante.
Por consiguiente, se insiste, que el requisito de la inmediatez de la acción de tutela
que ocupa la atención de la Sala se verifica a partir de la notificación del fallo de 17
de junio de 2025 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Precisado lo anterior y en atención a lo que se indicó en las consideraciones
jurídicas de esta decisión, el artículo 86 de la Constitución aclara que la acción de
tutela debe procurar la protección inmediata de los derechos fundamentales,
cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de
una autoridad pública. Si bien, la misma disposición establece que se podrá hacer
uso de este mecanismo constitucional en todo momento, ello no implica que no se
deba interponer dentro de un plazo razonable, pues ello está en consonancia con
los principios de seguridad jurídica y cosa juzgadas, los cuales, prima facie, se
deben resguardar.
Como la solicitud de amparo fue promovida el 18 de marzo de 202611,
transcurrieron ocho (8) meses y veintiséis (26) días entre el momento de la
notificación de la sentencia de segunda instancia dictada en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho y el de la interposición de la acción constitucional,
término que excede el límite razonable establecido jurisprudencialmente por la Sala
Plena de esta Corporación, como regla general, acogido igualmente por la Corte
Constitucional.
Sobre el particular, cabe resaltar que la Corte Constitucional en diferentes
decisiones ha ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar
que el plazo razonable para interponer la acción de tutela, si bien no es un término
fijo, puede entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe
analizarse en general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las condiciones
12
del accionante y los derechos que subyacen en la pretensión” , respecto del cual ha
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ARTÍCULO 261. Interposición. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia deberá interponerse y sustentarse
por escrito ante quien expidió la providencia, a más tardar dentro los diez (10) días siguientes a su ejecutoria. Si el recurso se
interpuso y sustentó en término, el ponente lo concederá dentro de los cinco (5) días siguientes y ordenará remitir el
expediente al competente para resolverlo. De lo contrario, lo rechazará o declarará desierto, según el caso. La concesión del
recurso no impide la ejecución de la sentencia, salvo cuando haya sido recurrida totalmente por ambas partes y por los
terceros reconocidos en el proceso. Sin embargo, cuando el recurso no comprenda todas las decisiones, se cumplirá lo no
recurrido. Lo anterior, sin perjuicio de lo regulado en el artículo 264 de este código.
11
Acta individual de reparto.
12
Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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precisado “que (…) ha entendido que seis meses es un plazo razonable para satisfacer el
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requisito de inmediatez sin que ello signifique que dicho término es perentorio” .
En ese mismo sentido, en la sentencia T-619 de 2019, la Corte estimó que “el juez
debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar en riesgo la
seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6 meses), lo cierto
es que también se ha extendido dicho lapso, pues para su fijación se debe acudir a criterios
como el de razonabilidad y proporcionalidad en cuya valoración le corresponde al juez tener
14
en cuenta las circunstancias que caractericen al caso concreto” .
Es cierto que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a
concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la
omisión que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el
tiempo, y hacen que la violación sea siempre actual. Sin embargo, cuando se trata
de cuestionar providencias judiciales la verificación de este presupuesto se torna
aún más exigente, por lo que no cualquier circunstancia lo excepcionaría cuando
se ha superado el plazo razonable de los seis meses, sino que en cada caso
concreto se deberá efectuar su estudio, siempre con el norte de preservar prima
facie los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
En el presente caso, no se presentaron circunstancias especiales, aunado al hecho
de que la parte actora solo se limitó a señalar que la acción de tutela cumplía con
los requisitos generales de procedencia contra providencias judiciales, lo que no
justifica la presentación de la solicitud de amparo sin el cumplimiento del requisito
de la inmediatez.
Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de la acción de tutela,
toda vez que no se cumple con el requisito de la inmediatez.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por los señores
Héctor Augusto Sánchez López, Erick Santiago Sánchez Escobar y Adriana
Escobar Cifuentes, quienes actúan en nombre propio, contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
14
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02263-00
Accionante: Adriana Escobar Cifuentes y Otros
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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