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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02263-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02263-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de mayo de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-02263-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 02263 01
Accionante: Erick Santiago Sánchez Escobar y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Se confirma el fallo de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito general de inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide las impugnaciones presentadas en contra del fallo de tutela proferido el 7
de mayo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente
el amparo solicitado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

Los señores Héctor Augusto Sánchez López, Erick Santiago Sánchez Escobar y Adriana
Escobar Cifuentes, actuando en nombre propio, interpusieron acción de tutela en contra
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y para ello formularon las siguientes
pretensiones1:

Primera. Solicito se me ampare a mí y a los demandantes el derecho fundamental
a la seguridad social (art. 48 CP), dignidad humana (arts. 1 y 13 CP), igualdad (art.
13 CP) y debido proceso (art. 29 CP) y al acceso efectivo a la administración de
justicia.

Segunda: En consecuencia, de lo anterior se deje sin efecto jurídico la decisión
contenida en la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle dentro del radicado Nro. 76111-33-33-002-2020-00058 01
promovido por la señora Adriana Escobar Cifuentes y otros

Tercero: Solicito se proceda a expedir sentencia de remplazo o en su defecto
ordenar al Tribunal Administrativo Del Valle PROFIERA una nueva decisión que
me ampare los derechos invocados y los que considere violentados por tratarse
de un tema laboral. (Negrillas originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

Los accionantes relataron que la señora Adriana Escobar Cifuentes ingresó a la Policía
Nacional en el año 2002 y que ascendió al grado de intendente, luego de superar los

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02263 00.

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Accionantes: Erick Santiago Sánchez Escobar y otros
Accionado: Tribunal Administrativo Del Valle Del Cauca

requisitos académicos y de carrera correspondientes. Igualmente, mencionaron que,
desde el año 2014, fue víctima de acoso laboral por parte de un mayor que se
desempeñaba como comandante de la estación de Policía de Tuluá y que, al no obtener
una respuesta efectiva de la institución frente a sus denuncias, presentó quejas ante la
Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Trabajo y la Defensoría del Pueblo.

Afirmaron que la señora Escobar Cifuentes fue retirada del servicio activo mediante
Resolución núm. 03360 del 13 de agosto de 2019, bajo la causal de llamamiento a
calificar servicios, pese a que se encontraba incapacitada. A su juicio, esa decisión
desconoció su estabilidad laboral reforzada y constituyó una represalia por las denuncias
y quejas que había formulado por acoso laboral.

Señalaron que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, presentaron demanda contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de la precitada Resolución núm.
03360 del 13 de agosto de 2019. A título de restablecimiento del derecho, solicitaron que
se ordenara el reintegro de la señora Escobar Cifuentes al cargo que desempeñaba o a
otro de igual o superior jerarquía, así como el pago de los salarios y prestaciones dejados
de percibir desde la fecha del retiro hasta cuando se materializara el reintegro.

También pidieron el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales e inmateriales
que, según indicaron, fueron ocasionados por el acoso laboral y por el retiro arbitrario del
servicio.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Guadalajara de Buga, autoridad judicial que, mediante sentencia del 21 de abril de 2022,
declaró la nulidad parcial de la Resolución núm. 03360 del 13 de agosto de 2019 y, en
consecuencia, condenó a la entidad demandada a reintegrar a la señora Escobar
Cifuentes al servicio activo, sin solución de continuidad, al cargo que venía
desempeñando o a uno acorde con las recomendaciones médicas fijadas para su estado
de salud. Asimismo, ordenó el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir
hasta el momento de la sentencia y negó las demás pretensiones de la demanda.

Anotaron que ambas partes interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión
y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 13 de junio de
2025, la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda al considerar que
no se acreditó un nexo causal directo, material y jurídicamente relevante entre las
condiciones médicas de la señora Escobar Cifuentes y el acto de retiro.

Advirtieron que el tribunal accionado argumentó en la sentencia acusada que el hecho
de que una funcionaria se encontrara en incapacidad médica prolongada no impedía que
la administración, en ejercicio de su facultad discrecional, dispusiera su retiro por
llamamiento a calificar servicios, siempre que se cumplieran los requisitos objetivos
establecidos en la normativa aplicable.

Manifestaron que interpusieron recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia,
con fundamento en la presunta inobservancia de las sentencias SU-091 de 2016, SU-217
de 2016, SU-049 de 2017, SU-237 de 2019, SU-087 de 2022, SU-061 de 2023, SU-067
de 2023 y SU-167 de 2023 de la Corte Constitucional.

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante auto del 20
de noviembre de 2025, confirmó el proveído del 5 de septiembre de 2025, por medio del

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Accionantes: Erick Santiago Sánchez Escobar y otros
Accionado: Tribunal Administrativo Del Valle Del Cauca

cual se rechazó de plano el precitado recurso extraordinario, al considerar que dicho
mecanismo procede únicamente respecto de providencias que reúnan los criterios
previstos en el artículo 270 del CPACA, esto es, sentencias de unificación proferidas por
el Consejo de Estado, y no frente a decisiones dictadas por la Corte Constitucional.

Los accionantes aseguraron que la acción de tutela cumple el requisito general de
relevancia constitucional, porque no pretende utilizarla como una tercera instancia, sino
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
social, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.

Adicionalmente, afirmaron que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo, por cuanto sustentó la decisión cuestionada en los Decretos 754 de 2019 y
1790 de 2000, los cuales, en su criterio, no son aplicables al personal del nivel ejecutivo
de la Policía Nacional. Añadieron que la norma que regula el retiro por llamamiento a
calificar servicios es el artículo 57 del Decreto Ley 1791 de 2000.

Adujeron que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en desconocimiento
del precedente judicial, porque en sentencias del 26 de noviembre de 2025, radicado
núm. 76001 33 33 009 2021 00206 01, y del 30 de enero de 2026, radicado núm. 76001
33 33 006 2020 00121 01, esa misma corporación habría reconocido que el artículo 57
del Decreto Ley 1791 de 2000 continúa vigente y regula de manera específica la causal
de retiro por llamamiento a calificar servicios del personal del nivel ejecutivo.

Agregaron que la sentencia cuestionada constituye una decisión sin motivación, pues la
autoridad judicial accionada no analizó de manera exhaustiva los cargos planteados en
la demanda y reiterados en el recurso de apelación y en el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia.

Resaltaron que en la demanda ordinaria se estructuraron tres tesis. La primera, que el
retiro del servicio obedeció a actos de acoso laboral. La segunda, que existió persecución
por su condición médica y desviación de poder. La tercera, que el llamamiento a calificar
servicios no era procedente antes de cumplir veinte años de servicio, al tratarse de una
integrante del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

Al respecto, reprocharon que el tribunal accionado se limitó a señalar que la señora
Escobar Cifuentes había adquirido el derecho a la asignación de retiro, sin desarrollar un
análisis suficiente sobre el alcance del artículo 57 del Decreto Ley 1791 de 2000 ni sobre
la posible desviación de poder alegada.

Por último, arguyeron que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en
defecto fáctico, en tanto, a su juicio, en el proceso se acreditó el acoso laboral denunciado
desde el año 2014, atribuido al Mayor Julio Fernando Mora Escobar. Expusieron que
dicho acoso se habría materializado en traslados internos, negación de permisos para
asistir a citas médicas, negativa de permisos de estudio, traslado a un lugar diferente de
Tuluá y posteriormente, en su retiro del servicio activo, pese a que contaba con protección
judicial previa. Agregaron que esos hechos le produjeron afectaciones psíquicas que
fueron valoradas por la Junta Médico Laboral.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3

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Accionantes: Erick Santiago Sánchez Escobar y otros
Accionado: Tribunal Administrativo Del Valle Del Cauca

3.1. La tutela fue radicada el 18 de marzo de 20262 y correspondió por reparto a la
Sección Cuarta del Consejo de Estado que, por auto del 25 de marzo de 20263 la admitió
y dispuso notificar4 al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como parte accionada;
así como vincular al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de
Buga, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y a la señora María
Yaneth Cifuentes Zapata, como tercero con interés en las resultas del proceso.

De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga para que allegaran copia
digital del expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado núm. 76111
33 33 002 2020 00058 01, el cual fue remitido5.

3.2. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional allegó escrito6 en el
que solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela. Para ello, sostuvo que no se
cumplió el requisito de inmediatez, pues la sentencia del 13 de junio de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, fue notificada el 17 de junio de 2025,
mientras que la solicitud de amparo se radicó el 18 de marzo de 2026, esto es, más de 9
meses después.

Agregó que no se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales invocados, toda
vez que las autoridades judiciales competentes resolvieron de fondo la controversia
planteada por los demandantes. Además, indicó que la providencia cuestionada analizó
la legalidad del acto administrativo de retiro y concluyó que no se configuró falsa
motivación ni desviación de poder.

3.3. María Yaneth Cifuentes Zapata, tercera vinculada al trámite tutelar, presentó escrito7
en el que solicitó que se accediera al amparo deprecado por la parte actora, al considerar
que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y por
desconocimiento del precedente judicial.

Anotó que el retiro de la señora Adriana Escobar Cifuentes estuvo precedido por un
contexto de acoso laboral, que exigía un análisis con enfoque de género y que la
accionante se encontraba en condición de debilidad manifiesta al momento de su
desvinculación. Asimismo, sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
aplicó normas que no regulaban su situación, pues, en su criterio, el régimen aplicable
era el previsto para el nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

3.4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca rindió informe8 en el que manifestó que
debía declararse la improcedencia de la acción de tutela o en subsidio, negarse el amparo

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02263 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02263 00.
4 Esta orden se cumplió el 27 de marzo de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02263 00.
5 Visto en los índices 15 y 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

11001 03 15 000 2026 02263 00.
6 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02263 00.
7
Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02263 00.
8
Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02263 00.
4

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Accionado: Tribunal Administrativo Del Valle Del Cauca

solicitado, al no evidenciarse la vulneración de los derechos fundamentales invocados
por la parte actora.

Señaló que la sentencia cuestionada fue proferida en ejercicio de la función jurisdiccional,
con fundamento en la valoración integral del material probatorio y del régimen normativo
aplicable. Agregó que en esa providencia se analizaron las condiciones de salud de la
señora Adriana Escobar Cifuentes, las circunstancias de acoso laboral alegadas y la
figura del llamamiento a calificar servicios, y se concluyó que no se acreditó desviación
de poder, falsa motivación ni vulneración de garantías fundamentales.

Sostuvo que no se configuró desconocimiento del precedente judicial, porque los casos
invocados por la parte actora no tenían supuestos fácticos y jurídicos equivalentes.
Además, indicó que tampoco se acreditaron los defectos fáctico ni sustantivo, pues la
decisión se apoyó en las pruebas del expediente y en una interpretación jurídicamente
plausible del ordenamiento.

Finalmente, advirtió que la acción de tutela pretende reabrir un debate propio del juez
natural, relacionado con la valoración probatoria y la interpretación del régimen jurídico
aplicable, por lo que no puede utilizarse como una instancia adicional

3.5. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga guardó
silencio.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 7 de mayo de 2026,
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de
inmediatez.

Advirtió que la sentencia cuestionada fue notificada por medios electrónicos el 17 de junio
de 2025, fecha a partir de la cual debía verificarse el cumplimiento del requisito de
inmediatez.

Explicó que no podía tomarse como punto de partida el auto del 20 de noviembre de
2025, que confirmó el rechazo del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia,
porque dicho mecanismo no estaba dirigido a controvertir los defectos planteados en la
tutela y, además, fue rechazado de plano por no fundarse en sentencias de unificación
del Consejo de Estado.

Asimismo, indicó que, conforme al artículo 261 del CPACA, la concesión del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia no impedía la ejecución de la sentencia,
salvo que hubiera sido recurrida totalmente por ambas partes, lo cual no ocurrió, pues
solo fue interpuesto por la parte demandante.

En ese orden, señaló que la acción de tutela fue presentada el 18 de marzo de 2026, esto
es, 8 meses y 26 días después de la notificación de la sentencia de segunda instancia,
por tanto, concluyó que se superó el término razonable de 6 meses previsto por la
jurisprudencia para cuestionar providencias judiciales mediante acción de tutela.

Finalmente, sostuvo que la parte actora no acreditó circunstancias especiales que
justificaran la tardanza en la presentación de la solicitud de amparo, ni demostró que la
presunta vulneración de derechos fundamentales permaneciera vigente en el tiempo. En

5

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consecuencia, declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito
de inmediatez.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, los accionantes impugnaron señalando
lo siguiente:

Sostuvieron que la Sección Cuarta del Consejo de Estado interpretó indebidamente el
requisito de inmediatez, al contabilizar el término desde la notificación de la sentencia del
13 de junio de 2025, y no desde el auto del 20 de noviembre de 2025, mediante el cual
se resolvió definitivamente el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

Afirmaron que la parte actora actuó de manera diligente, pues agotó los medios ordinarios
y extraordinarios de defensa judicial antes de acudir a la acción de tutela. En ese sentido,
indicaron que resultaba contradictorio exigir el agotamiento de los recursos
extraordinarios y, al mismo tiempo, desconocer su trámite para efectos de analizar la
inmediatez.

Agregaron que la vulneración alegada tiene efectos continuados, toda vez que la señora
Adriana Escobar Cifuentes sigue soportando las consecuencias del retiro del servicio
activo, el cual, según señalaron, estuvo precedido por un contexto de acoso laboral y
ocurrió cuando se encontraba en condición de vulnerabilidad por razones de salud.

Asimismo, reiteraron que el asunto tiene relevancia constitucional, porque involucra la
protección reforzada de una integrante de la Fuerza Pública, presuntamente afectada por
acoso laboral, debilidad manifiesta y la aplicación de un régimen normativo que, en su
criterio, no correspondía al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

Finalmente, insistieron en que la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y vulneración del principio de jerarquía
normativa, por cuanto el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca habría aplicado
normas ajenas al régimen del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Por lo anterior,
solicitaron revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, conceder el amparo de los
derechos fundamentales invocados.

5.2. La señora María Yaneth Cifuentes Zapata, como tercera con interés, impugnó el fallo
de tutela de primera instancia manifestando lo siguiente:

Señaló que la decisión impugnada realizó un análisis estrictamente cronológico del requisito
de inmediatez, sin valorar que la parte actora agotó previamente los mecanismos ordinarios
y extraordinarios de defensa judicial. En ese sentido, indicó que contra la sentencia del 13
de junio de 2025 se interpuso recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, que
fue rechazado mediante auto del 5 de septiembre de 2025, decisión frente a la cual se
presentó recurso de súplica, resuelto mediante auto del 20 de noviembre de 2025.

Afirmó que no existió pasividad ni negligencia procesal, pues la parte actora acudió a la
tutela una vez agotado el trámite judicial disponible. Agregó que las presuntas vulneraciones
alegadas tienen efectos actuales y continuados, en tanto la señora Adriana Escobar
Cifuentes continúa soportando las consecuencias del retiro del servicio activo.

6

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Accionantes: Erick Santiago Sánchez Escobar y otros
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De otra parte, señaló que el asunto tiene relevancia constitucional, porque involucra la
protección reforzada de una persona que, según afirmó, se encontraba en condición de
debilidad manifiesta por razones de salud y fue retirada en un contexto de acoso laboral
que exigía un análisis con enfoque de género.

También reiteró que la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo, al aplicar
normas del régimen de las Fuerzas Militares y no el Decreto Ley 1791 de 2000, aplicable al
nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Además, sostuvo que se desconocieron los principios
de jerarquía normativa, especialidad, igualdad y seguridad jurídica, así como el precedente
constitucional y judicial relacionado con la estabilidad ocupacional reforzada, el enfoque de
género y el retiro por llamamiento a calificar servicios.

5.3. Por auto proferido el 10 de junio de 2026 se concedió la impugnación9 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto el 23 de junio de 202610.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 11, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201512, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201914, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.

6.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:

6.2.1. La señora Adriana Escobar Cifuentes y otros promovieron medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución núm. 03360 del 13 de
agosto de 2019, mediante la cual la señora Escobar Cifuentes fue retirada del servicio

9 Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02263 00.
10 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02263 01.
11 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
12 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
13 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
15 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 76111 33 33 002 2020 00058 01.

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activo por llamamiento a calificar servicios. Como restablecimiento del derecho,
solicitaron el reintegro de la señora Escobar Cifuentes y el pago de los salarios,
prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir.

6.2.2. El asunto correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Guadalajara de Buga, autoridad que, mediante sentencia del 21 de abril de 2022, declaró
la nulidad parcial del acto administrativo acusado y ordenó el reintegro de la señora
Adriana Escobar Cifuentes al servicio activo.

6.2.3. Contra la sentencia del 21 de abril de 2022, las partes interpusieron recurso de
apelación y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 13 de
junio de 2025, notificada el 17 de junio de 2025, revocó la decisión de primera instancia
y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

6.2.4. La parte demandante promovió recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia contra la sentencia del 13 de junio de 2025. Mediante auto del 5 de
septiembre de 2025, se rechazó de plano el recurso y, por auto del 20 de noviembre de
2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó esa
decisión.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en las impugnaciones, la Sala advierte
que los recurrentes cuestionan, principalmente, la forma en que el juez de primera
instancia contabilizó el requisito de inmediatez. En su criterio, el término no debía
verificarse desde la notificación de la sentencia del 13 de junio de 2025, sino desde el
auto del 20 de noviembre de 2025, mediante el cual se resolvió definitivamente el trámite
del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

Asimismo, reiteraron que el asunto reviste relevancia constitucional y que la providencia
cuestionada incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y por desconocimiento del
precedente judicial.

En ese orden, corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela cumple el requisito
general de inmediatez, presupuesto que fue analizado en la sentencia de primera
instancia para declarar la improcedencia del amparo.

La Sala advierte que, tal como lo expuso el a quo, dicho requisito no se encuentra
acreditado en este caso, de acuerdo con las razones que pasan a explicarse.

En este sentido, en la sentencia SU-354 de 2017, la Corte Constitucional destacó que la
importancia de exigir un término razonable entre la notificación de la providencia que se
controvierte y la interposición de la acción de tutela, radica en que dicho requisito: “(…)
(i) garantiza una protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas
de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y (iv) desestima las solicitudes
negligentes (…)”.

La citada Corporación estableció dos eventos en los que es posible valorar la
admisibilidad de una acción de tutela presentada luego de que hubiese transcurrido un
largo período respecto de la vulneración o amenaza de derechos: (i) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho

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Accionantes: Erick Santiago Sánchez Escobar y otros
Accionado: Tribunal Administrativo Del Valle Del Cauca

que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación es continua y actual; y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a
quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho
de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros16.

La razonabilidad del plazo debe ser valorada en cada caso concreto, teniendo en cuenta,
entre otros, los siguientes criterios: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del
accionante; (ii) si la inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados, y (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de
los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición17.

De manera similar, la Corte Constitucional, en la sentencia SU - 069 del 21 de junio de
2018, explicó lo siguiente:

[…] la tutela debe interponerse dentro de un término oportuno y razonable, es
decir, en un momento cercano a aquel en que se presentó la vulneración o
amenaza. No obstante, también ha considerado que en los eventos donde la
afectación permanece en el tiempo el requisito debe flexibilizarse no solo porque
la posición desfavorable es continua y actual, sino por la situación de debilidad en
que puede hallarse el accionante […].

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del
5 de agosto de 2014, unificó su jurisprudencia 18 y, en cuanto al requisito de inmediatez,
estableció que “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente
(…)”. (Negrillas del texto).

Así entonces, en los casos que se controvierten providencias judiciales, por regla general,
la acción se debe interponer dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de
la providencia que se cuestiona, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional,
los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad, plazo que deberá ser analizado en cada caso particular, tomando en
consideración las circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar en que se encuentre
el accionante.

En el asunto bajo examen, la parte accionante cuestiona la sentencia del 13 de junio de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 76111 33 33 002
2020 00058 01, promovido por Adriana Escobar Cifuentes y otros contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

16 Sentencia T-584 de 2011.
17 Sentencias T-648 de 2003, T-322 de 2008, T-581 de 2012, entre otras.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014.

M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.:11001 03 15 000 2012 02201 01.
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Accionantes: Erick Santiago Sánchez Escobar y otros
Accionado: Tribunal Administrativo Del Valle Del Cauca

En ese sentido, comoquiera que la sentencia de segunda instancia proferida el 13 de
junio de 202519 fue notificada por medios electrónicos el 17 de junio de 202520, y la
acción de tutela fue radicada el 18 de marzo de 202621, se desprende que la solicitud de
amparo no cumple con el requisito de inmediatez, dado que fue promovida luego de
transcurridos 8 meses y 26 días desde la notificación de la providencia cuestionada.

Si bien los impugnantes sostuvieron que el término debía contabilizarse desde el auto del
20 de noviembre de 2025, por medio del cual se confirmó el rechazo del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, tal argumento no justifica la tardanza en
la presentación de la acción constitucional. Lo anterior, porque la providencia cuestionada
en tutela es la sentencia del 13 de junio de 2025, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda ordinaria, y no
el auto que resolvió lo relativo al recurso extraordinario.

Además, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia fue rechazado de
plano, en tanto no se sustentó en sentencias de unificación del Consejo de Estado. Por
ello, dicho trámite no tiene la entidad suficiente para modificar el momento a partir del
cual debe verificarse la inmediatez.

Tampoco se advierte que la parte actora hubiera acreditado circunstancias especiales
que justificaran acudir al juez constitucional por fuera del término razonable previsto
jurisprudencialmente. Si bien los recurrentes afirmaron que la vulneración alegada tiene
efectos continuados, lo cierto es que el reproche constitucional se dirige contra una
providencia judicial concreta, cuya notificación ocurrió el 17 de junio de 2025.

Por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia del 7 de mayo de 2026, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito general de inmediatez.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de mayo de 2026, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

19 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 76111 33 33 002 2020 00058 01.
20 Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 76111 33 33 002 2020 00058 01.
21 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02263 00.
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La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 9 de julio
de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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