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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02280-00

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02280-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor José Pablo Insignares Bolívar contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y otros, por lo razonado en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02280-00

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02280-00
Accionante: JOSÉ PABLO INSIGNARES BOLÍVAR
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Procedencia
excepcional / INMEDIATEZ – La solicitud de amparo se interpuso casi dos años después de la
notificación del fallo cuestionado, sin que se avizore justificación alguna para la tardanza.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela instaurada por el señor José Pablo Insignares
Bolívar, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.

ANTECEDENTES

La demanda

1. El 19 de marzo de 2026, el señor José Pablo Insignares Bolívar, mediante apoderado,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, el Juzgado
Catorce Administrativo de Barranquilla y la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) con el fin de
obtener la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, a la vida, de acceso
a la administración de justicia, a la seguridad social y a «las personas de la tercera
edad», que considera vulnerados con ocasión de las sentencias proferidas el 29 de
enero y el 20 de marzo de 2024, mediante las cuales se negó la nulidad de los actos
administrativos que negaron la sustitución pensional reclamada por el accionante dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho con radicado 08001-33-33-014-
2021-00269-01.

Pretensiones

2. La parte accionante solicitó lo siguiente (transcripción literal con posibles errores
incluidos):

1.Conceder a mi mandante, JOSE PABLO INSIGNARES BOLÍVAR, mediante esta
Acción Constitucional, el derecho fundamental de igualdad, a la vida digna, acceso
de administración de justicia, seguridad social.

2.Que se concedan las pretensiones exigidas en la demanda principal.

3.Que se ordene se declare la nulidad de la Resolución Nro. 02181, del año 2021,
que negó la Pensión de Sustitución, expedida por la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPCIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP, y en su defecto le reconozca el derecho a la pensión

11 Que ingresó al despacho para fallo el 9 de abril de 2026.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02280-00
Accionante: José Pablo Insignares Bolívar
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

sustitución a que tiene derecho mi poderdante, por la muerte de la causante LUZ
EMILIA MONTERO PARDO, por omisión y mala valoración de las normas y
jurisprudencias, por parte del JUZGADO 14 ADMINISTRATIVO DE
BARRANQUILLA, y del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO, dentro de su providencia judicial.

Fundamentos de la demanda de tutela

3. Como sustento fáctico, expuso que, el 21 de junio de 1989 contrajo matrimonio con la
señora Luz Emilia Montero Pardo. Convivieron hasta el 2008, y de esa unión procrearon
un hijo que se llama José Gabriel Insignares Montero. Señaló que en ningún momento
se divorciaron, ni liquidaron la sociedad conyugal.

4. Manifestó que la señora Montero Pardo falleció el 11 de septiembre de 2020 y, para
esa fecha, devengaba su pensión como docente.

5. El accionante le solicitó a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social la sustitución pensional, con
fundamento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la cual se
consideraba que los cónyuges supérstites que hubieran convivido con el causante por
un término superior a 5 años en cualquier tiempo, en forma ininterrumpida, tienen
derecho a esa prestación pensional.

6. La UGPP negó la anterior solicitud mediante las Resoluciones 001609 del 27 de enero
de 2021 y RDP 007632 del 24 de marzo de 2021.

7. Por lo anterior, ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo mediante el cual se le negó el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional y/o pensión de sobrevivientes, que
reclamó en calidad de cónyuge supérstite de la señora Luz Emilia Montero Pardo.

8. Al proceso le correspondió el radicado 08001-33-33-014-2021-00269-01, y mediante
sentencia del 29 de enero de 2024, el Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla
negó las pretensiones, bajo el argumento de que no demostró los 5 años de convivencia
exigidos por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

9. La anterior decisión fue apelada por la parte demandante y el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, en sentencia del 20 de marzo de 2024, la confirmó
al considerar que no se encontraba acreditada la convivencia de los cónyuges durante
los últimos 5 años anteriores a la muerte de la causante.

10. El apoderado accionante manifestó que las providencias cuestionadas incurrieron en
defecto fáctico, en atención a que ni el Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla
y el Tribunal Administrativo del Atlántico tuvieron en cuenta las sentencias de la Corte
Suprema de Justicia, en las cuales se plasma la forma de obtener el derecho a la
sustitución pensional por parte del cónyuge supérstite. Lo anterior, pues estando en vida
la causante, convivió con ella por más de 5 años en forma ininterrumpida.

11. Asimismo, alegó que es un derecho que ha sido reconocido a favor de cónyuges
sobrevivientes que hayan vivido en matrimonio por lo menos 5 años ininterrumpidos en
cualquier tiempo, lo que, en su criterio, vulnera el derecho a la igualdad.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02280-00
Accionante: José Pablo Insignares Bolívar
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

12. Por último, señaló que en el expediente obran las declaraciones rendidas por los
señores Álvaro Pertuz Cantillo y Juan Robles Machado, así como el registro civil de
matrimonio y el acta de matrimonio católico, que prueban el tiempo de convivencia entre
los cónyuges.

13. Citó como desconocidas las sentencias SL100-2020, SL1730 de 2020, 32093 del
«20-05-08», proferidas por la Corte Suprema de Justicia.

Trámite impartido

14. Mediante auto del 24 de marzo de 2026 se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar la decisión al titular del Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla, a los
magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Atlántico, y a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) como autoridades demandadas; y ordenó la notificación de la
Procuraduría 172 Judicial para Asuntos Administrativos, en condición de tercera con
interés.

Intervenciones

15. La UGPP solicitó que se declare improcedente la tutela ante la inexistencia de un
perjuicio irremediable o la vulneración a la vida digna o al mínimo vital. Agregó que lo
pretendido por el actor es dejar sin efectos una decisión que se encuentra en firme. Por
último, manifestó que cuenta con los recursos extraordinarios para controvertir lo resuelto
por los jueces ordinarios.

16. El Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla manifestó que actuó en
estricta observancia de los preceptos constitucionales y legales, agotando con diligencia
cada una de las etapas procesos y garantizando el acceso a la administración de justicia
y el debido proceso de las partes. Asimismo, remitió copia del expediente digital del
proceso ordinario.

17. Los demás sujetos procesales guardaron silencio, a pesar de haber sido notificados
del auto admisorio.
CONSIDERACIONES

Competencia

18. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia en el
presente proceso, en virtud de lo establecido en los artículos 86 de la Constitución y 32
del Decreto 2591 de 1991, concordantes con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019 2,
por el cual se expidió el reglamento interno de esta corporación.

Problema Jurídico y metodología de la decisión

2
Puntualmente, con el artículo 13, relativo a la distribución de los procesos entre las secciones de dicha
sala.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02280-00
Accionante: José Pablo Insignares Bolívar
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

19. Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela de la referencia cumple los
requisitos de procedibilidad formal, en especial el de inmediatez, para lo cual deberá
examinarse si la solicitud de amparo fue interpuesta dentro de un término razonable.
20. Solo en el evento en que se cumplan tales exigencias, se analizará si se encuentran
configurados los defectos atribuidos a las providencias del 29 de enero y 20 de marzo de
2024, proferidas por el Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla y el Tribunal
Administrativo del Atlántico, respectivamente.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

21. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20053, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante
carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de
procedencia, y al menos una específica.

22. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales generales
de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar 4; (i)
que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de
1991): (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela5, ni una decisión
proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte
Constitucional6 o el Consejo de Estado7, ni una sentencia interpretativas (SENIT)
proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial
para la Paz -JEP8; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela
se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y
comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en
cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal;
(v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite
que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable9 o los medios de defensa judicial existentes
no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente
relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango
constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una
irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial
cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese
sido sustancialmente distinto.

Análisis de la Sala

De la inmediatez

23. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, uno de los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es la inmediatez.

3 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
4 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215

de 2022.
5 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio

del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y T-373 de 2014.
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
7 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022, SU-573

de 2017, SU-585 de 2017.
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
9 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02280-00
Accionante: José Pablo Insignares Bolívar
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

Con base en este requisito, se debe acreditar que el mecanismo de amparo constitucional
se ejerció en un plazo razonable.

24. Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección de las
garantías constitucionales, el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados. Por esta razón, debe existir un término razonable entre la ejecutoria de la
decisión judicial que se considera violatoria de los derechos fundamentales y la
presentación de la acción de tutela para reclamar su amparo.

25. Para la Corte Constitucional, esta condición de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales es razonable, pues si se permite su ejercicio «meses o aún
años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos»10.

26. Además, como lo señaló esa misma Corporación, el requisito de la inmediatez protege
los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida en un plazo
irrazonable»11; da vigencia al principio de seguridad jurídica, al impedir que el amparo se
convierta en un factor que atente contra ella; y previene el abuso del derecho, al «evitar
el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia
negligencia en la agencia de los derechos»12.

27. Para esta Subsección13, se debe contabilizar el plazo razonable desde la notificación
de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de que se conoce la decisión
que se puede advertir la posible vulneración de derechos fundamentales por la
configuración de uno o varios de los defectos que hacen procedente la acción de tutela
contra providencia judicial.

28. De igual forma, esta Sala ha expresado que, excepcionalmente, procede contabilizar
dicho término razonable desde la ejecutoria de la decisión, en los casos que se hubiera
realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de
aclaración, de corrección o de adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad,
siempre que no sean abiertamente improcedentes y puedan incidir en la decisión que se
cuestiona por vía de tutela, por lo que, en principio, también tendrían que ser objeto de
cuestionamiento.

29. De otra parte, la Corte Constitucional ha identificado dos clases de criterios al
momento de valorar el cumplimiento del requisito de inmediatez, unos denominados como
valorativos del plazo y, los otros, justificantes de conducta del accionante14.

30. En cuanto a los criterios valorativos del plazo, se encuentran: (i) la pertenencia del
actor a un grupo vulnerable, (ii) las circunstancias que hayan impedido acudir de forma
inmediata al juez de tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) vulnerabilidad económica,
(v) la eventual afectación de derechos de terceros, (vi) la diligencia (o falta de ella) por

10 Corte Constitucional. Sentencia T-322 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

12 Ibidem.
13
En este mismo sentido, ver la sentencia del 11 de abril de 2019, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico,
expediente 110010315000201803905-01, demandante: Ruby Yasmín Lasso Chaguendo.
14
Corte Constitucional, sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02280-00
Accionante: José Pablo Insignares Bolívar
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

parte del accionante, y (vii) la posibilidad de que el amparo represente una seria afectación
a la seguridad jurídica15.

31. Por su parte, los criterios justificantes de la conducta del accionante son: (i) que se
demuestre que la vulneración es permanente, pese a que el hecho que la originó es «muy
antiguo» respecto de la presentación de la tutela, y (ii) que la especial situación del
accionante haga desproporcionado adjudicarle la carga de acudir al juez16.

Caso concreto

32. De entrada, la Sala anticipa que la solicitud de amparo no satisface el requisito de
inmediatez, dado que la providencia censurada se profirió el 20 de marzo de 2024 y se
notificó el 4 de julio de esa misma anualidad17, mientras que la tutela se radicó el 19 de
marzo de 202618, esto es, 1 año, 8 meses y 15 días después. Dicho intervalo resulta
excesivo, máxime cuando en el trámite no se acreditó circunstancia de carácter
excepcional que justifique la demora en la presentación de la acción constitucional.

33. Es evidente, entonces, que desde que tuvo conocimiento de la providencia de
segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, debió
instaurar la demanda de tutela para reclamar la protección de los derechos
fundamentales que ahora invoca como vulnerados. Ese era, precisamente, el momento
oportuno para cuestionarlas.

34. Frente a los criterios valorativos de la inmediatez, debe advertirse que no está
acreditado en el expediente: (i) que el accionante pertenezca a un grupo vulnerable que
en razón de esa situación le hubiese sido imposible acudir con antelación al juez de
tutela, (ii) la existencia de especiales circunstancias que impidieran acudir al juez de
tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) la vulnerabilidad económica, (v) la afectación de
derechos de terceros y, por último, (vi) no se advierte diligencia en la presentación de la
solicitud de amparo por parte del señor Insignares Bolívar, ni que (vii) la presente acción
de tutela represente una seria afectación a la seguridad jurídica.

35. Así pues, la carga de acudir oportunamente al juez constitucional no resulta
desproporcionada, ya que en el proceso no está acreditado que la parte accionante se
encontrara en una situación especial que le impidiera ejercer la acción de tutela dentro
de un término razonable a la notificación de la providencia censurada, con mayor razón,
si se tiene en cuenta que esta no requiere de formalidades para su presentación y que
el actor estuvo representado por un apoderado judicial en el proceso ordinario de nulidad
y restablecimiento del derecho.

36. En conclusión, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo por
incumplimiento del requisito de inmediatez.

15
Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia T-069 de 2015.
16
Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-499 de 2016.
17 Samai, índices 10, 11 y 12 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación núm.

08001-33-33-014-2021-00269-01, demandante: José Pablo Insignares Bolívar.
18 Samai, índice 2 del expediente de tutela. Documento con certificado F5EB8143ADDB1BDB

57541434FE7BB3FE FC6A4BD0AF90598F F7EF5F77AEC76B19.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02280-00
Accionante: José Pablo Insignares Bolívar
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor
José Pablo Insignares Bolívar contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y otros, por
lo razonado en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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