Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02280-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02280-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02280-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 02280 01
Accionante: José Pablo Insignares Bolívar
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de
tutela proferido el 20 de abril de 2026 por la Subsección “A” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor José Pablo Insignares Bolívar, actuando a través de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de
Barranquilla, el Tribunal Administrativo del Atlántico y la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP, y para ello formuló las
siguientes pretensiones1:
1. Conceder a mi Mandante, JOSE PABLO INSIGNARES BOLIVAR, mediante
a esta Acción Constitucional, el Derecho Fundamental de Igualdad, a la Vida
Digna, Acceso de Administración de Justicia, Seguridad Social.
2. Que se concedan las pretensiones exigidas en la Demanda Principal.
3. Que se ordene se declare la Nulidad de la Resolución Nro. 02181, del año
2021, que negó la Pensión de Sustitución, expedida por la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y
CONTRIBUACIÓN PARAFISCAL DE LA PROTECCION SOCIAL -UGPP. y en
su defecto le reconozca el Derecho a la Pensión Sustitución a que tiene
Derecho mi Poderdante, por la muerte de la causante LUZ EMILIA MONTERO
PARDO, por omisión y mala valoración de las Normas y Jurisprudencias, por
parte del JUZGADO 14 ADMNISTRATIVO DE BARRANQUILLA, y del
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO, dentro de
su Providencia Judicial.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02280 00.
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2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante señaló que contrajo matrimonio con la señora Luz Emilia Montero Pardo
en 1989 y convivió con ella de manera continua hasta diciembre de 2008, sin que se
produjera divorcio ni liquidación de la sociedad conyugal.
Indicó que, tras el fallecimiento de su esposa en 2020, quien era pensionada de la UGPP,
solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional en calidad de cónyuge supérstite.
Adujo que la UGPP negó dicha solicitud al considerar que no cumplía los requisitos
previstos en la Ley 797 de 2003. Por tal motivo, promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener el
reconocimiento de la prestación.
Manifestó que el proceso fue conocido por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito
de Barranquilla que, mediante sentencia del 29 de enero de 2024 negó las pretensiones
de la demanda.
Inconforme con esa decisión, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el
Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia del 20 de marzo de 2024, en la
que confirmó íntegramente el fallo de primera instancia.
Como fundamento de la acción de tutela, sostuvo que las providencias cuestionadas
incurrieron en defecto fáctico, por cuanto realizaron una indebida valoración de las
pruebas obrantes en el expediente o dejaron de valorar elementos probatorios relevantes.
Asimismo, afirmó que desconocieron la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
relativa al reconocimiento de la sustitución pensional a favor del cónyuge supérstite.
Alegó que los jueces de la causa se limitaron a aplicar el literal a) del artículo 47 de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, sin atender la
interpretación jurisprudencial que distingue la situación jurídica de los cónyuges de la de
los compañeros permanentes.
De igual forma, afirmó que las decisiones cuestionadas vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad
y a la vida digna, así como el deber de protección especial de las personas de la tercera
edad, al desconocer que convivió con la causante durante más de cinco años en el marco
del vínculo matrimonial.
Finalmente, destacó que dentro del proceso obran declaraciones testimoniales, así como
documentos civiles y eclesiásticos que, en su criterio, acreditan tanto la existencia del
vínculo matrimonial como el tiempo de convivencia exigido para acceder a la sustitución
pensional.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 19 de marzo de 20262 y correspondió por reparto a la
Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, por auto de 24 marzo
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02280 00.
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de 20263 la admitió y dispuso notificar4 Juzgado 14 Administrativo del Circuito de
Barranquilla, a la Sala de Decisión Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico y la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social.
De igual forma, se ordenó requerir al Juzgado para que allegara copia digital del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 08001 33 33
014 2021 00269 00/01.
3.2. La UGPP5 allegó escrito de contestación en el que solicitó declarar improcedente el
amparo solicitado, al considerar que la acción de tutela pretende reabrir un debate judicial
ya resuelto mediante sentencias ejecutoriadas y convertir este mecanismo constitucional
en una instancia adicional para controvertir las decisiones adoptadas por los jueces
naturales de la causa.
Argumentó que no se cumplen los requisitos generales de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, en particular los principios de subsidiariedad e inmediatez, ni se
configura alguno de los defectos específicos que habilitan la intervención del juez
constitucional.
Indicó que las autoridades judiciales accionadas valoraron adecuadamente las pruebas
obrantes en el expediente y aplicaron las normas y la jurisprudencia pertinentes al caso,
razón por la cual no puede predicarse la existencia de un defecto fáctico ni de una vía de
hecho.
Finalmente, señaló que no existe vulneración de los derechos fundamentales invocados
ni un perjuicio irremediable que justifique la intervención excepcional del juez de tutela,
toda vez que durante las actuaciones administrativa y judicial se garantizaron los
derechos de defensa y contradicción del accionante.
3.3. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla6 allegó escrito en el
que indicó que actuó conforme a la Constitución y la ley, garantizando el debido proceso,
el derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia, por lo que no existe
ninguna acción u omisión atribuible a dicho despacho que haya vulnerado los derechos
fundamentales invocados; en consecuencia, solicita su desvinculación de la acción de
tutela.
3.4. El Tribunal Administrativo del Atlántico allegó el enlace del proceso ordinario, sin
embargo, no se pronunció sobre los hechos y las pretensiones de la tutela.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia del
20 de abril de 2026, declaró improcedente el amparo solicitado al considerar que no se
satisfacía el requisito de inmediatez, toda vez que la tutela fue presentada cerca de dos
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02280 00.
4 Esta orden se cumplió el 26 de marzo de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02280 00.
5
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02280 00.
6
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02280 00.
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años después de la notificación de la providencia cuestionada, sin que el accionante
acreditara circunstancias excepcionales que justificaran dicha demora o le hubieran
impedido acudir oportunamente al juez constitucional.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante presentó impugnación en
la que sostuvo que la decisión recurrida efectuó una interpretación errónea del requisito
de inmediatez y desconoció circunstancias relevantes que justificaban el tiempo
transcurrido entre la notificación de la providencia cuestionada y la presentación de la
acción de tutela. En ese sentido, afirmó que no actuó con negligencia, pues desde
septiembre de 2024 promovió acciones de tutela contra las mismas decisiones judiciales
por conducto de apoderado.
Al respecto, explicó que una primera acción de tutela fue declarada improcedente debido
a falencias relacionadas con la acreditación de la legitimación en la causa por parte de
su representante judicial.
Indicó, además, que una segunda solicitud de amparo fue rechazada por no haberse
subsanado oportunamente las deficiencias advertidas por el despacho competente.
Con fundamento en lo anterior, sostuvo que sí existieron circunstancias especiales que
justificaban el tiempo transcurrido antes de acudir nuevamente al juez de tutela. Por ello,
concluyó que la presente acción fue presentada dentro de un plazo razonable, teniendo
en cuenta las gestiones previamente adelantadas para obtener la protección de los
derechos fundamentales que considera vulnerados.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 7, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 20158, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 9, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201910, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
7 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
8 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
9 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
10 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
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6.2. CUESTIÓN PREVIA
Se observa que el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional, petición que no fue objeto de
pronunciamiento por parte del juez de tutela de primera instancia.
Al respecto, la Sala considera que no hay lugar a acceder a dicha solicitud, toda vez que
su vinculación al presente trámite obedeció a que el accionante lo identificó como una de
las autoridades judiciales accionadas. Además, dicho despacho profirió la decisión de
primera instancia del proceso ordinario objeto de debate en esta sede constitucional.
En consecuencia, su permanencia dentro del proceso resulta necesaria no solo para
garantizar la eficacia de la decisión que eventualmente se adopte, sino también para
salvaguardar los principios de contradicción y defensa, permitiéndole pronunciarse
respecto de los cargos formulados por la parte accionante.
6.3. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente11:
6.3.1. El señor José Pablo Insignares Bolívar presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el propósito de
obtener la nulidad de las resoluciones mediante las cuales se le negó el reconocimiento
de la sustitución pensional. A dicho proceso se le asignó el número único de radicación
08001 33 33 014 2021 00269 00.
6.3.2. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Catorce Administrativo
del Circuito de Barranquilla que, mediante sentencia del 29 de enero de 2024 negó las
pretensiones.
6.3.3. Inconforme con dicha decisión, el accionante interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Atlántico que, mediante sentencia del
20 de marzo de 2024, la confirmó Esta providencia fue notificada el 4 de julio de 2024.
6.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se tiene lo siguiente:
La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la finalidad de la tutela es
la protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales, ésta debe formularse
en un plazo razonable contado a partir del hecho que originó la amenaza o vulneración,
pues aceptar lo contrario desvirtuaría su carácter excepcional.
11 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con radicado núm. 08001 33 33 014 2021 00269 00/01.
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En este sentido, en la sentencia SU-354 de 2017, la Corte Constitucional destacó que la
importancia de exigir un término razonable entre la notificación de la providencia que se
controvierte y la interposición de la acción de tutela, radica en que dicho requisito: “(…)
(i) garantiza una protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas
de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y (iv) desestima las solicitudes
negligentes (…)”.
La citada Corporación estableció dos eventos en los que es posible valorar la
admisibilidad de una acción de tutela presentada luego de que hubiese transcurrido un
largo período respecto de la vulneración o amenaza de derechos: (i) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación es continua y actual; y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a
quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho
de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros12.
La razonabilidad del plazo debe ser valorada en cada caso concreto, teniendo en cuenta,
entre otros, los siguientes criterios: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del
accionante; (ii) si la inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados, y (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de
los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición13.
De manera similar, la Corte Constitucional, en la sentencia SU - 069 del 21 de junio de
2018, explicó lo siguiente:
[…] la tutela debe interponerse dentro de un término oportuno y razonable, es
decir, en un momento cercano a aquel en que se presentó la vulneración o
amenaza. No obstante, también ha considerado que en los eventos donde la
afectación permanece en el tiempo el requisito debe flexibilizarse no solo porque
la posición desfavorable es continua y actual, sino por la situación de debilidad en
que puede hallarse el accionante […].
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del
5 de agosto de 2014, unificó su jurisprudencia 14 y, en cuanto al requisito de inmediatez,
estableció que “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente
(…)”. (Negrillas del texto).
Así entonces, en los casos que se controvierten providencias judiciales, por regla general,
la acción se debe interponer dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de
la providencia que se cuestiona, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional,
los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
12 Sentencia T-584 de 2011.
13 Sentencias T-648 de 2003, T-322 de 2008, T-581 de 2012, entre otras.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014.
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.:11001 03 15 000 2012 02201 01.
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estabilidad, plazo que deberá ser analizado en cada caso particular, tomando en
consideración las circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar en que se encuentre
el accionante.
6.4.1. Caso concreto
En el asunto bajo examen, la parte accionante sostiene que las providencias del 29 de
enero y 20 de marzo de 2024, proferidas por las autoridades judiciales accionadas,
vulneraron su derecho fundamental a la igualdad, a la vida digna, al acceso a la
administración de justicia y a la seguridad social.
En su criterio, el juzgado y el tribunal accionado incurrieron en defecto fáctico al realizar
una indebida valoración de las pruebas obrantes en el expediente o al omitir el análisis
de elementos probatorios relevantes. Asimismo, afirmó que desconocieron la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia relativa al reconocimiento de la sustitución
pensional a favor del cónyuge supérstite.
De igual forma, alegó que los jueces de la causa se limitaron a aplicar el literal a) del
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003,
sin atender la interpretación jurisprudencial que distingue la situación jurídica de los
cónyuges de la de los compañeros permanentes.
No obstante, antes de abordar el estudio de los defectos atribuidos a las providencias
cuestionadas, corresponde a la Sala verificar si la solicitud de amparo satisface los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, particularmente el de inmediatez.
Al respecto, tal como lo indicó el a quo, las providencias judiciales fueron proferidas en el
2024, particularmente la del 20 de marzo de 2024, que confirmó la de primera instancia,
la cual fue notificada el 4 de julio de 2024 y la presente acción de tutela se presentó el
19 de marzo de 2026, es decir, luego de transcurrido más de 1 año y medio de notificada
la providencia de segunda instancia cuestionada.
Ahora bien, en el escrito de impugnación, el accionante sostiene que la demora en la
presentación de la acción de tutela no obedeció a su negligencia, sino a la existencia de
otras acciones constitucionales promovidas previamente contra las mismas providencias
judiciales, las cuales no fueron objeto de estudio de fondo por la falta de subsanación de
documentación requerida en aquellas oportunidades. Con fundamento en ello, afirmó que
existían razones objetivas que justificaban el tiempo transcurrido y que, por ende, el
requisito de inmediatez se encontraba satisfecho.
La Sala no comparte dicha argumentación, por cuanto las acciones de tutela promovidas
con anterioridad no constituyen una circunstancia excepcional que justifique la
presentación del amparo cerca de dos años después de la notificación de la providencia
cuestionada, máxime cuando los obstáculos invocados obedecieron a deficiencias
procesales atribuibles a su propio representante judicial y no a una imposibilidad real,
objetiva o insuperable para ejercer oportunamente el derecho de acción.
Además, lejos de respaldar la tesis del impugnante, las actuaciones constitucionales
adelantadas desde el año 2024 demuestran que este tenía pleno conocimiento de los
hechos y de los derechos que consideraba vulnerados. En consecuencia, contaba con la
posibilidad de acudir oportunamente al juez constitucional, circunstancia que desvirtúa la
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existencia de un impedimento que justificara la tardanza en la presentación de la presente
solicitud de amparo.
De otra parte, la exigencia de inmediatez no solo responde a la necesidad de garantizar
una protección constitucional oportuna, sino también a la salvaguarda de los principios
de seguridad jurídica y cosa juzgada. En consecuencia, permitir el cuestionamiento de
providencias ejecutoriadas después de un lapso tan prolongado, sin una justificación
suficiente, afectaría la estabilidad de las decisiones adoptadas por las autoridades
judiciales.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que con fundamento en la jurisprudencia de la
Corte Constitucional15, relacionada con acciones de tutelas promovidas contra
providencias judiciales en las que se controvirtieron asuntos sobre prestaciones
periódicas, como ocurre en el presente caso, esta Sección concluyó lo siguiente:
“[…] siempre que se trate de una acción de tutela contra providencia judicial que
verse sobre prestaciones periódicas, se realizará el análisis del cumplimiento de los
requisitos generales de procedibilidad, incluido el de inmediatez, el cual deberá
efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre que la vulneración de los
derechos permanezca, esto es, que sea continua y actual, pese a que el hecho que
la originó sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que el actor
se encuentre en condición de debilidad manifiesta […]”16.
En lo que respecta al primer requisito mencionado en precedencia, esto es, que se trate
de una prestación periódica y, de contera, una presunta vulneración continua y actual, en
sentencia de 30 de julio de 2015, la Sala señaló que:
“[…] La Sección Segunda de esta Corporación se ha pronunciado de manera
reiterada y uniforme con relación a qué debe entenderse por prestaciones
periódicas.
Así, en proveído de 1° de octubre de 2014, la Sección Segunda del Consejo de
Estado, consideró lo siguiente:
“No es de recibo la tesis planteada por el recurrente, según la cual el tema que
aquí se discute corresponde a la reclamación de prestaciones periódicas, ya que
tal calidad se predica tan sólo del derecho a la pensión de jubilación de las
personas de la tercera edad como claramente lo tiene sentado esta Corporación
en su jurisprudencia, como a continuación se precisa en uno de sus apartes:
“Si la interpretación sobre lo que debe entenderse por prestación periódica fuera
el significado lingüístico de las palabras, sería elemental que el actor tendría razón.
No obstante, tal método, cuando la ley se encarga de poner ejemplos sobre los
cuales son las prestaciones periódicas, no es eficaz y debe atenderse a la
orientación que brinda aquella. En efecto, el artículo 131,6 letra b) del CCA, se
refiere a las pensiones de jubilación y de invalidez como prestaciones periódicas,
referencia que debe observase para los efectos del inciso 3º del artículo 136
ibidem, pues la norma en últimas lo que da a entender es que tratándose de
derechos que existen durante la vida del titular y después respecto de los
beneficiarios llamados a sustituirse también en forma vitalicia (cónyuge,
compañera o hijo inválidos), es lógico, justificable y razonable que en cualquier
tiempo pueda discutirse tales prestaciones, para diferenciarlas de los demás
15 Sentencia del T-374 del 18 de mayo de 2012 y T-315 del 1 de abril de 2005.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo
de 2014, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 11001-03- 15-000-2013-02423-01.
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derechos laborales que no son vitalicios y por consiguiente la definición de las
controversias sobre los mismos, debe hacerse en los términos de la caducidad
establecida para ellos, vale decir, a meses.
[…]
Visto lo anterior, resulta claro para la Sala que las prestaciones periódicas son
aquellos emolumentos que se reciben de manera vitalicia e indefinida y que son
susceptibles de ser sustituidos a sus beneficiarios (cónyuge, hijos, hermanos,
etc.). Asimismo, se consideran como tales, aquellos valores devengados de
manera constante, en virtud de un vínculo laborar vigente, de tal manera,
que, si éste se termina, desaparece la calidad de periodicidad de dichos
reconocimientos […]”. (Se destaca).
Frente a lo anterior, para la Sala es importante resaltar que en el presente caso se trata
de una prestación periódica, pues, como quedó visto en párrafos anteriores, la parte
actora pretende que a través del presente mecanismo constitucional se deje sin efecto
las providencias que negaron las pretensiones de la demanda promovida por el
accionante, dirigidas a obtener el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes.
En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad manifiesta, conviene
traer a colación las precisiones hechas por esta Sección en sentencia del 28 de mayo de
201517, a través de la cual unificó su jurisprudencia frente a la aplicación de los criterios
que deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de la inmediatez en estos casos
particulares, especialmente, el que hace referencia a la “condición de debilidad
manifiesta”, en la que señaló:
“[…] Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia transcrita, se
estableció “el criterio que, en adelante observará la Sala para analizar la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias que traten de
prestaciones periódicas”; en casos como el presente, en que se controvierte una
sentencia relacionada con la reliquidación de una prestación periódica, se ha
acudido al citado lineamiento Jurisprudencial de manera invariable, para
determinar si el hecho de haber superado el plazo prudencial para interponer la
acción de tutela merece ser tratado en forma especial, esto es, a la luz de los
criterios de ”que i) se demuestre que la vulneración de los derechos permanece
en el tiempo, esto es, que es continua y actual, pese a que el hecho que la originó
sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y que ii) el actor se
encuentre en un condición de debilidad manifiesta.”
Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones periódicas en las
modalidades de pensión o asignación de retiro, la aplicación de dichos criterios
frente al requisito de la inmediatez, en cada caso concreto, ha dado lugar a
soluciones divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado que el
pensionado, por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad que le permite
enervar dicho requisito de procedibilidad, pero también ha entendido que en
ocasiones se requieren elementos adicionales a tal condición para proceder al
estudio de fondo […]
Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en esta oportunidad
la Sala, con el propósito de unificar su Jurisprudencia, determinará como
lineamiento único y preciso, en cuanto a la exigencia o no del requisito de
inmediatez de la tutela contra providencias judiciales, cuando el solicitante del
amparo constitucional es un pensionado o persona que goza de Asignación de
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de mayo
de 2015, C.P. María Elizabeth García González, radicación número: 11001- 03-15-000-2015-00001-01.
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Accionante: José Pablo Insignares Bolívar
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros
Retiro, que tal condición no es per se circunstancia que permita enervar el citado
requisito, habida cuenta de que es necesario que confluyan elementos adicionales
que permitan concluir que el actor se encuentra en “la especial situación” que
“convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un
juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros”, tal como lo ha señalado la Corte
Constitucional en sentencia T-158 de 2006 y esta Sala en el Expediente núm.
2013-02423-01, Consejero Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno.
Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas circunstancias
que pueden tenerse en cuenta para determinar si el actor está o no en una
ESPECIAL SITUACIÓN, que justifique su inactividad en el tiempo frente a la
defensa de sus derechos, dentro de las cuales sugiere “el estado de indefensión,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otras…” sin que éstas
constituyan taxatividad alguna. Justamente por ello, esta Sala introdujo dentro de
dicha lista al pensionado, por tratarse de un sujeto de protección especial,
conforme lo ha determinado la Jurisprudencia Constitucional.
Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección incluye, además de
los pensionados, a otros grupos de personas, tales como: indígenas, padres y
madres cabeza de familia, mujer embarazada, menores de edad, minusválidos,
ancianos, defensores de derechos humanos, enfermos graves, desplazados,
entre otros; sin que sea aceptable concluir que en todos los casos, éstos resulten
eximidos de cumplir el requisito de procedibilidad de inmediatez, cuando acudan
a la tutela para obtener la pérdida de efectos de una providencia judicial, por el
solo hecho de ser denominados sujetos de especial protección […]”.
La Corte Constitucional en sentencia T-672 de 2017 indicó lo siguiente:
[…] la vulnerabilidad supone la acreditación de las siguientes tres condiciones,
cada una de ellas necesaria, y conjuntamente suficientes, en el
accionante: (i) pertenecer a un grupo de especial protección constitucional, (ii)
hallarse en una situación de riesgo (condición subjetivo negativa) y (iii) carecer de
resiliencia, esto es, capacidad para asumir sus necesidades hasta tanto agota la
vía judicial ordinaria (condición subjetivo positiva) […].
Por su parte, en la sentencia T-167 de 2011, la Corte Constitucional explicó que la
categoría de sujetos de especial protección constitucional:
[…] se constituye por aquellas personas que debido a su condición física,
psicológica o social particular merecen una acción positiva estatal para efectos de
lograr una igualdad real y efectiva. Así, ha considerado que entre los grupos de
especial protección constitucional se encuentran: los niños, los adolescentes, los
ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de
familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran
en extrema pobreza […]. (se destaca).
En el caso en cuestión, el accionante no alegó una situación de debilidad manifiesta que
permita flexibilizar el requisito de inmediatez conforme los criterios establecidos por la
Corte Constitucional, y tampoco se advierte, prima facie, que exista una afectación grave
o una situación material de indefensión del accionante. Así las cosas, la Sala concluye
que el accionante no acreditó circunstancias excepcionales que justifiquen el extenso
lapso transcurrido entre la notificación de la providencia cuestionada y la presentación de
la acción de tutela. Por consiguiente, se comparte la conclusión alcanzada por el a quo
en cuanto al incumplimiento del requisito de inmediatez.
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En consecuencia, la Sala confirmará el fallo proferido el 20 de abril de 2026 por la
Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante el cual se declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito de Barranquilla, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de abril de 2026, proferida por la
Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas
en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 25 de
junio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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