Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02293-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02293-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-02293-00
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
28 de mayo de 2026
Demandante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02293-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02293-00
Demandante: GERMÁN GUSTAVO RODRÍGUEZ VALENCIA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN CUARTA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo y contra providencia judicial. Figuras
jurídicas de temeridad y cosa juzgada. Requisito de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio
de la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Germán Gustavo Rodríguez Valencia, en nombre propio, promovió
acción de tutela1 contra el Consejo de Estado - Sección Cuarta, la Presidencia
de la República, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del
Estado Civil, al considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido
proceso, a la «participación democrática, [al] acceso a la información pública [y
a la] Libertad política como dimensión ampliada del habeas corpus», junto con el
«principio de publicidad y transparencia».
A juicio del accionante, las referidas garantías constitucionales fueron
desconocidas, con ocasión de la providencia de 3 de febrero de 2026 proferida
por el Consejo de Estado - Sección Cuarta, mediante la cual se confirmó la
decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, que rechazó de plano la acción de habeas corpus que presentó
contra la Registraduría Nacional del Estado Civil - Dirección de Asuntos
Internacionales, tramitada bajo el radicado 25000-23-36-000-2026-00037-01.
1
El 20 de marzo de 2026.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02293-00
Además, el señor Rodríguez Valencia controvirtió las presuntas omisiones en
las que incurrieron la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral
y la Registraduría Nacional del Estado Civil, relacionadas con la falta de
publicación inmediata de los resultados de «la consulta popular constituyente
realizada el 20 de octubre de 2025».
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el accionante elevó las siguientes pretensiones:
1. Admitir la acción de tutela, teniendo en cuenta los radicados y providencias
aportadas como prueba documental.
2. Reconocer la vulneración continuada de derechos fundamentales por omisión
de publicación de los mandatos ciudadanos.
3. Ordenar al CNE y a la Registraduría la publicación inmediata de los resultados
de la Consulta Popular Constituyente.
4. Instruir a la Presidencia sobre su deber constitucional de oficializar los
mandatos homologados en decretos previos.
5. En caso de persistir la omisión, ordenar la difusión del fallo en medios masivos
como sustituto pedagógico judicial.2
1.3. Hechos
El accionante hizo mención de los siguientes supuestos fácticos3:
Relató que «el 204 de octubre de 2025 se celebró la consulta popular
constituyente, con participación de más de tres millones de ciudadanos,
superando ampliamente el umbral exigido».
Narró que el 30 de enero de 2026 presentó solicitud de habeas corpus contra la
Registraduría Nacional del Estado Civil, con el propósito de que se ordenara «la
liberación de los mandatos ciudadanos aprobados en la consulta popular
constituyente».
Afirmó que del proceso conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C que, mediante auto de 30 de enero de 2026,
rechazó de plano la acción de habeas corpus por cuanto lo perseguido no es la
protección de la libertad personal de un individuo, sino la protección de otros
derechos.
Señaló que impugnó la anterior decisión, al considerar que se invisibilizó «la
privación de la libertad política de 3 millones de ciudadanos que refrendaron la
consulta popular constituyente». No obstante, en la providencia de 3 de febrero
de 2026 el Consejo de Estado - Sección Cuarta confirmó lo resuelto en primera
instancia.
Lo anterior, con respaldo en que lo requerido por el actor escapa de la
2
Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.
3
Los cuales fueron extraídos de los escritos de subsanación presentados por el actor y las
pruebas allegadas al plenario.
4
Con escrito allegado después de la admisión de la acción de tutela, el actor manifestó que
rectificaba la fecha de la consulta popular, pues «la única jornada electoral efectivamente
realizada fue el 26 de octubre de 2025».
2
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naturaleza jurídica y fines constitucionales del mecanismo referido, pues no
busca la protección del derecho fundamental a la libertad de una persona, al
punto que la autoridad que se demandó fue la Registraduría Nacional del Estado
Civil.
Adujo que presentó solicitud de adición contra el auto 3 de febrero de 2026, la
cual fue negada el 7 de abril del mismo año, proveído contra el que, a su vez,
pidió la «adición y complementación, [y] en subsidio nulidad absoluta», lo cual
fue rechazado de plano en la providencia de 28 de abril del mismo año.
1.4. Sustento de la petición
El señor Rodríguez Valencia indicó que la acción de tutela surgió «como
respuesta directa al sofisma restrictivo del Consejo de Estado [Sección Cuarta],
que negó el hábeas corpus constitucional alegando que el artículo 30 de la C.N.
solo protege personas naturales, invisibilizando así la soberanía popular».
A su vez, mencionó que la Registraduría Nacional del Estado Civil transgredió
sus derechos fundamentales al no dar trámite y publicación oficial a los
resultados de la consulta popular constituyente que, según afirmó, se llevó a
cabo el 20 de octubre de 2025, con lo que se configuró el «silencio
administrativo prolongado».
Igualmente, refirió que el Consejo Nacional Electoral «emitió concepto favorable
sobre la validez y publicidad de los mandatos, desacatado por la Registraduría»
y que en enero de 2026 elevó una solicitud –sin precisar el día de la radicación
ni su objetivo– ante la Presidencia de la República, respecto de la cual no se
brindó una «respuesta sustancial».
1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones
Mediante auto de 25 de marzo del año en curso se inadmitió la demanda, con el
propósito de que el actor precisara i) cuál fue el proceso de habeas corpus
conocido por el Consejo de Estado y ii) explicara las razones por las cuales
consideró que la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil atentaron contra sus derechos
invocados, frente a lo cual se recibió respuesta con memorial del 17 de abril
siguiente5.
Luego, con proveído de 29 de abril de 2026 se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar esta decisión al accionante y como demandados a los
magistrados que integran la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al
presidente de la República y al director del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, al presidente del Consejo Nacional Electoral y al
registrador Nacional del Estado Civil y al director de asuntos internacionales de
esta última entidad.
5
El cual fue presentado oportunamente, teniendo en cuenta que el auto que inadmitió la acción
de tutela se notificó al actor el 16 de abril de 2026.
3
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De igual forma, se vinculó a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en calidad de terceros con
interés en las resultas del presente asunto, dado que conocieron en primera
instancia la acción de habeas corpus objeto de la presente tutela.
Remitidas las respectivas comunicaciones6, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Consejo Nacional Electoral
En el informe rendido solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva, dado que las pretensiones formuladas por el actor se soportan
en un supuesto fáctico inexistente desde el punto de vista jurídico, comoquiera
que no existe una prueba que acredite la realización válida de la «consulta
popular constituyente del 20 de octubre de 2025», ni tampoco la existencia de
una actuación administrativa, expediente o registro institucional en el Consejo
Nacional Electoral relacionado con los hechos relatados por el accionante.
Además, puso de presente que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá se pronunció frente a los mismos hechos acá relatados, al
conocer de la acción de tutela que promovió el señor Rodríguez Valencia bajo el
radicado 11001-22-04-000-2026-00539-00, la cual se declaró improcedente
mediante providencia del 12 de febrero de 2026.
1.5.2. Presidencia de la República
En el memorial allegado pidió ser apartada del presente trámite por carecer de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que los reclamos y solicitudes del
señor Rodríguez Valencia son competencia de otras entidades y, pese a que el
actor invocó la vulneración del derecho fundamental de petición, no advirtió
alguna omisión que atentara contra dicha garantía constitucional.
1.5.3. Germán Gustavo Rodríguez Valencia
El accionante manifestó su oposición a la contestación de la Presidencia de la
República, tras señalar que no se pronunció respecto a la obligación de expedir
y reglamentar de forma inmediata, mediante decreto y con intervención de los
ministros, los mandatos derivados de la consulta popular, lo que constituye una
negación tácita de competencia y vulneró los principios de publicidad y
transparencia.
1.5.4. Consejo de Estado - Sección Cuarta
La magistrada ponente de la providencia cuestionada hizo un recuento de las
gestiones surtidas en la acción de habeas corpus con radicado 25000-23-36-
000-2026-00037-01, a partir del cual puntualizó que las adelantó de tal manera
que se garantizara el derecho al debido proceso del actor, situación distinta es
6
Mediante oficios enviados el 4 de mayo de 2026.
4
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que los escritos radicados por el demandante no solo fueran abiertamente
improcedentes, sino carentes de cualquier fundamento.
Así, concluyó que la solicitud de tutela es improcedente por no cumplir el
requisito de la relevancia constitucional, toda vez que el actor no controvirtió la
ratio de las decisiones proferidas, ni alguna actuación en particular de ese
despacho.
1.5.5. Registraduría Nacional del Estado Civil
El jefe de la Oficina Jurídica de la entidad explicó que el 20 de octubre de 2025
no se realizó en Colombia ningún mecanismo de participación orientado a
modificar la Constitución y la jornada del 26 de ese mes correspondió
únicamente a consultas internas de partidos o movimientos políticos, por lo que
el actor confundió dicho evento con una inexistente consulta constituyente, por
lo que no se originó algún deber a cargo de dicha autoridad.
Además, informó que el accionante promovió previamente acciones de tutelas7
relacionadas con la consulta popular constituyente y la solicitud de audiencia de
conciliación institucional, así como con la consulta interna del movimiento Pacto
Histórico y, por último, resaltó que brindó contestación a los diferentes
requerimientos elevados por el señor Rodríguez Valencia, de modo que no
vulneró su derecho fundamental de petición.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción constitucional, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como
en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20198.
2.2. Cuestión previa
El Consejo Nacional Electoral y la Presidencia de la República solicitaron su
desvinculación del presente trámite al considerar que carecen de legitimación en
la causa por pasiva. No obstante, tales peticiones serán denegadas por cuanto
su vinculación obedeció a que fueron identificadas dentro de las demandadas en
la acción de tutela, así que más allá de la responsabilidad o no que les asista
era importante que tales entidades se pronunciaran respecto a la controversia
planteada y ejercieran su derecho de defensa y contradicción.
2.3. Problemas jurídicos
Corresponde a la sala verificar si el accionante actuó de manera temeraria y si
se configuran los presupuestos de la cosa juzgada en el asunto en estudio, en
7
Al respecto, se trajo a colación los procesos con los siguientes radicados: 11001-22-15-000-
2025-00196-00, 11001-22-15-000-2025-00206-00 y 11001-22-04-000-2026-00539-00.
8
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
5
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atención a que promovió previamente otras acciones de tutela similares, en las
que se plantearon las presuntas irregularidades en las que incurrieron la
Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
Nacional del Estado Civil, relacionadas con «la consulta popular constituyente
realizada el 20 de octubre de 2025» y, de superarse lo anterior, se analizará si
tales entidades vulneraron los derechos fundamentales del accionante.
Por otro lado, se revisará de acuerdo con los postulados jurisprudenciales de la
sección en materia de tutela contra providencias judiciales, si la solicitud de
amparo cumple con los requisitos generales de procedibilidad en lo concerniente
al proveído de 3 de febrero de 2026 proferida por el Consejo de Estado -
Sección Cuarta, dentro de la acción de habeas corpus con radicado 25000-23-
36-000-2026-00037-01 y, de ser el caso, si la mencionada autoridad judicial
transgredió las garantías constitucionales del actor.
Para resolver estos problemas, se observarán los siguientes aspectos: i) estudio
de la temeridad y la cosa juzgada en el caso concreto; ii) análisis sobre los
requisitos adjetivos de procedibilidad y, de encontrarse superados se estudiará,
iii) el fondo del reclamo.
2.4. De la tutela contra la Presidencia de la República, el Consejo Nacional
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil
2.4.1. De la temeridad y la cosa juzgada
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 contempla la figura jurídica de la
temeridad en materia de acción de tutela, de la siguiente manera:
Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
La Corte Constitucional estableció los siguientes requisitos para declarar la
ocurrencia de esta figura, así: «(i) identidad fáctica y de derechos invocados en
relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en cuanto la
otra acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su
representante; (iii) identidad del sujeto accionado y; (iv) falta de justificación para
interponer la nueva acción».9
El alto tribunal constitucional precisó que la verificación de este último requisito
se deriva de la prohibición general para que se presente un nuevo
pronunciamiento por parte del juez constitucional sobre un asunto que guarde
identidad jurídica con otro que haya sido decidido, pues la sentencia
ejecutoriada tiene fuerza de cosa juzgada.
Es así, como en criterio de esta Sección 10 la actuación temeraria tiene una
relación directa con el principio constitucional de la buena fe, prescrito en el
artículo 83 de la Constitución Política, por lo tanto, cuando se obra
9
Sentencia T-883 de 2001, reiterada en la sentencia T-151 de 2010.
10
Sentencia de 23 de mayo de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2016-
00813-00.
6
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temerariamente se vulnera este principio, en la medida que para satisfacer un
interés particular, el actor instaura deliberadamente y sin un motivo válido, una
nueva acción de tutela y como la buena fe se presume en todas las actuaciones
de los particulares ante las autoridades públicas, corresponde al juez de tutela
demostrar su existencia mediante un análisis profundo de las pretensiones de
las demandas, de los hechos y de los derechos en que éstas se fundan.11
En cuanto a la coexistencia de las figuras jurídicas de la temeridad y la cosa
juzgada la Corporación de cierre en materia de derechos fundamentales señaló,
lo siguiente:
La Sala precisa que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo
asunto presenta sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las
siguientes situaciones: i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las
circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre un asunto decidido
previamente en otro proceso de la igual naturaleza, sin que existan razones que
justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa juzgada, pero no
temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se interpone una
segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha
operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa
manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso de amparo; y
iii) los casos en los cuales se configure únicamente temeridad, una muestra de
ello acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos o más solicitudes
de tutela que presentan la tripe identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna
haya hecho tránsito a cosa juzgada.12
En el caso que ocupa a la sala, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
Nacional del Estado Civil coincidieron en señalar en los informes rendidos que el
señor Rodríguez Valencia promovió otras acciones de tutelas que giran en torno
a los mismos hechos objeto del presente asunto. De la revisión de dichos
procesos, se encontró lo siguiente:
Parte Autoridades
Acción Parte
demandan Pretensiones judiciales que
de tutela demandada
te conocieron del
asunto
Que se ordene la
Consejo de
publicación de los
Estado -
«mandatos
Sección
ciudadanos»; se
Cuarta
ordene a las
11001- Germán
autoridades
03-15- Gustavo Presidencia de
(Actual) electorales difundir
000- Rodríguez la República
los resultados de la
2026- Valencia
consulta popular
02293-00 Consejo
constituyente; la
Nacional
Presidencia de la
Electoral
República otorgue
efectos mediante
Registraduría
actos oficiales.
Nacional del
Estado Civil
11
Posición que fue adoptada por la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias T-308 y
T-145 de 1995, T-091 de 1996, T-001 de 1997, T-1215 de 2003.
12
Corte Constitucional, sentencia T-053 de 2012.
7
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Controversia que
El Tribunal Superior del
estuvo relacionada
Distrito Judicial de
con la falta de
Consejo Bogotá, Sala Penal,
respuesta a las
Nacional mediante providencia
11001- peticiones
Electoral de 30 de octubre de
22-15- Germán relacionadas con la
2025, negó el amparo
000- Gustavo consulta popular
1 deprecado, por cuanto
2025- Rodríguez constituyente y a la
no se probó cuáles
00196-00 Valencia solicitud de
fueron las peticiones
audiencia de
que no fueron
conciliación
atendidas.
institucional.
El Tribunal Superior de
El actor solicitó el
Bogotá,
reconocimiento de
Consejo Sala de Decisión de
11001- Germán la consulta interna
Nacional Tutela, en la sentencia
22-15- Gustavo del Pacto Histórico
Electoral de 12 de noviembre de
2 000- Rodríguez como mecanismo
2025, declaró
2025- Valencia legítimo de
Registraduría improcedente la acción
00206-00 participación.
Nacional del constitucional por no
Estado Civil cumplir el requisito de
la subsidiariedad.
Que se ordenara a
las autoridades
accionadas «la
publicación oficial
de los temas
aprobados en la
consulta popular
En sentencia del 12 de
constituyente del 20
febrero de 2026, el
de octubre de
Tribunal Superior del
2025».
Distrito Judicial de
Bogotá,
Además, se invocó
Sala Penal, negó la
la falta de respuesta
acción de tutela al no
Presidencia de a las peticiones
acreditarse la
la elevadas ante el
existencia de una
República Consejo Nacional
consulta popular
Electoral y la
válidamente realizada,
Consejo Registraduría
ni la configuración de
11001- Nacional Nacional del Estado
una omisión
22-04- Germán Electoral Civil, relacionadas
reprochable por parte
000-2026 Gustavo con la publicación
de las autoridades
3 00539-00 Rodríguez Registraduría oficial de los temas
accionadas.
Valencia Nacional de la aludida
del Estado consulta.
En cuanto a la
Civil
Presidencia de la
Igualmente, se
República, se indicó
invocó la ausencia
que no se demostró la
de una respuesta
existencia del deber
de fondo por parte
cuya omisión fue
de la Presidencia
reprochada.
de la República, a
la petición de enero
La anterior decisión fue
de 2026, en la que
confirmada por la Corte
solicitó la
Suprema de Justicia -
realización de una
Sala Penal, mediante
audiencia pública y
providencia de 24 de
la expedición de un
marzo de 2026.
decreto adhoc para
la publicación oficial
de los mandatos
derivados de la
consulta.
Del anterior cuadro comparativo, la sala advierte que aun cuando el actor ha
promovido varias acciones de tutelas, tan solo se configura la identidad de
partes, hechos y pretensiones entre la presente solicitud de amparo y el proceso
con radicado 11001-22-04-000-2026-00539-00, por cuanto el debate planteado
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en esta oportunidad coincide con aquel que fue expuesto contra la Presidencia
de la República, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
Ello es así, teniendo en cuenta que i) los hechos de la presente acción
coinciden sustancialmente con los expuestos en el trámite anterior, pues,
si bien se varió la forma de solicitar la publicación de la denominada consulta
popular constituyente, ya sea de los «temas aprobados» o de los «resultados»,
el reclamo solicitado por el actor guarda identidad, toda vez que los jueces que
conocieron la anterior tutela negaron el amparo solicitado al concluir que no se
acreditó la existencia de dicho mecanismo de participación ciudadana, en los
siguientes términos:
Examinados los elementos probatorios allegados al expediente constitucional no
se advierte la vulneración de tales garantías fundamentales imputable a las
entidades accionadas porque las pretensiones de la demanda parten de un
supuesto fáctico cuya existencia no se acreditó dentro del trámite, esto es,
la realización válida de una consulta popular de naturaleza constituyente,
conforme a los procedimientos previstos en la Carta Política.
En efecto, no existe prueba que demuestre la convocatoria formal del mecanismo
de participación ciudadana, la certificación de resultados por la autoridad
electoral competente o la existencia de un trámite administrativo que imponga a
las entidades accionadas el deber de publicación reclamado.
Tal situación fue corroborada por las autoridades, las que afirmaron la inexistencia
de registro, expediente administrativo o actuación institucional relacionada con la
consulta invocada, por tanto, sus competencias se circunscriben a mecanismos
de participación ciudadana debidamente tramitados y reconocidos dentro del
ordenamiento electoral, lo que en este caso no sucedió. (Destacado por la sala)
De otro lado, se advierte que el accionante reiteró en el presente trámite que la
Presidencia de la República no brindó una «respuesta sustancial» a la solicitud
que elevó en enero de 2026 –sin precisar el día de la radicación ni su objetivo–,
respecto de lo cual se indicó en el anterior proceso que él no cumplió «con la
carga mínima de demostrar la existencia del deber cuya omisión reprocha, ni
habilita al juez para suplir la ausencia de prueba sobre los hechos que
constituyen el fundamento mismo de la pretensión».
Además, se observa que existe ii) identidad de la parte demandante, dado
que ambas tutelas fueron promovidas por el señor Germán Gustavo Rodríguez
Valencia y existe coincidencia iii) en el sujeto accionado, pues las acciones de
tutela que se comparan fueron presentadas en uno y otro caso contra la
Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
Igualmente, se advierte que el actor iv) no acreditó un motivo que justificara
su proceder en el asunto de la referencia y llama la atención que aun cuando
en la sentencia dictada en el marco de la tutela previa se negaron sus
pretensiones ante la inexistencia de una consulta popular constituyente y la falta
de pruebas que demostraran los reproches formulados respecto a la posible
vulneración del derecho fundamental de petición, el accionante acudiera
nuevamente a este mecanismo haciendo alusión a tales asuntos.
9
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Ahora, si bien después de que se admitió la acción de tutela el señor Rodríguez
Valencia afirmó que rectificaba la fecha de la consulta popular, pues «la única
jornada electoral efectivamente realizada fue el 26 de octubre de 2025», lo cierto
es que esto no modifica en nada el análisis realizado previamente, toda vez que
lo pretendido por el actor versa sobre una consulta popular constituyente, la cual
tampoco se llevó a cabo en este último día referenciado, ya que solo se
realizaron las consultas internas de partidos o movimientos políticos.
De modo que, en el presente caso no se evidencia alguna circunstancia que
ameritara reiterar la controversia que se plantea contra las aludidas entidades y,
de hecho, se encontró que el trámite de las tutelas objeto de comparación
fueron simultáneos, pues la presente acción se ejerció el 20 de marzo de 2026 y
pocos días después –24 de marzo– la Corte Suprema de Justicia - Sala Penal
resolvió en segunda instancia el proceso con radicado 11001-22-04-000-2026-
00539-01, cuya decisión de confirmar el fallo del a quo fue notificada al actor el
4 de mayo del presente año.
De lo anterior, se colige que la intención del accionante era precisamente que la
discusión planteada contra la Presidencia de la República, el Consejo Nacional
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil fuera abordada por varias
autoridades judiciales, lo que desvirtúa su buena fe y denota que su propósito
era «obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la
eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar
favorable».13
En este orden de ideas, se constata que en el presente asunto se configura la
temeridad en lo que atañe a los señalamientos dirigidos contra las entidades en
mención, teniendo en cuenta el carácter excepcional de la tutela, que tiene como
fin garantizar el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de
terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales.
Cabe señalar que el expediente con radicado 11001-22-04-000-2026-00539-01
fue enviado a la Corte Constitucional el 4 de mayo de 2026 y al consultar la
página web de esa corporación no se encontró algún registro al respecto, por lo
que se puede inferir que aún no se ha surtido el trámite de revisión por el
máximo órgano constitucional, razón por la que en el presente caso no se
presenta la figura de la cosa juzgada constitucional.14
Finalmente, en criterio de la sala, resulta necesario advertirle al demandante
que, en lo sucesivo, debe abstenerse de presentar otras acciones de tutela por
13
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 2006.
14
En lo referente a la figura jurídica de la cosa juzgada es oportuno anotar que, a juicio de la
sección, su configuración también parte del hecho de que las sentencias hayan sido o no
seleccionadas por la Corte Constitucional para su revisión, tal y como lo señaló ese alto tribunal
en la sentencia T-280 de 2017, en los siguientes términos: «(…) 4.8 Las consecuencias de la
exclusión de revisión de un expediente de tutela, son: “(i) la ejecutoria formal y material de la
sentencia de segunda instancia; (ii) la configuración del fenómeno de la cosa juzgada
constitucional de las sentencias de instancia (ya sea la única o segunda instancia), que hace la
decisión inmutable e inmodificable, salvo en la eventualidad de que la sentencia sea anulada por
parte de la misma Corte Constitucional de conformidad con la ley; y (iii) la improcedencia de
tutela contra tutela”. Por el contrario, cuando la tutela es seleccionada por la Corte, la cosa
juzgada constitucional se produce con la ejecutoria del fallo que se profiere en sede de
revisión».
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los mismos hechos, pues tal conducta implica un ejercicio desproporcionado de
este mecanismo constitucional y un movimiento innecesario de la administración
de justicia.
2.5. De la tutela contra el Consejo de Estado - Sección Cuarta
2.5.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201215, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones
que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
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M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5.1.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional, cabe señalar
que la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado
que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».
En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la tutela implica un
juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se
puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir
cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se
zanjaron por el juez natural.
Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
(i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
Según se tiene, el señor Rodríguez Valencia le atribuye la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales a la providencia de 3 de febrero de 2026
proferida por el Consejo de Estado - Sección Cuarta, debido a que se confirmó
el rechazo de plano de la acción de habeas corpus que presentó contra la
Registraduría Nacional del Estado Civil - Dirección de Asuntos Internacionales
bajo el radicado 25000-23-36-000-2026-00037-01.
Sobre este punto, el actor se limitó a señalar que la acción de tutela surgió
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«como respuesta directa al sofisma restrictivo del Consejo de Estado [Sección
Cuarta], que negó el hábeas corpus constitucional alegando que el artículo 30
de la C.N. solo protege personas naturales, invisibilizando así la soberanía
popular».
Lo anterior, sin formular una pretensión concreta en contra de la sección
accionada, ni plantear un cuestionamiento en particular que permita realizar un
pronunciamiento en esta instancia constitucional, por lo que se advierte que no
se cumplió con la carga argumentativa iusfundamental requerida para superar el
requisito en estudio.
Ello es así, por cuanto no bastaba con atribuirle a dicha autoridad judicial la
presunta transgresión de las garantías constitucionales invocadas, sino que era
necesario que el demandante expusiera reproches que permitieran evidenciar, a
priori, que incurrió en alguna actuación u omisión susceptible de ser reprochada
por el juez de tutela.
Nótese que lo expresado por el señor Rodríguez Valencia tan solo evidencia la
inconformidad que tiene con la decisión proferida, por ser desfavorable a sus
intereses, más allá de sugerir alguna discusión que, prima facie, justifique
razonablemente una afectación desmedida de sus derechos fundamentales al
debido proceso16 y de acceso a la administración de justicia.
Es oportuno indicar que en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022 la
Corte Constitucional puntualizó que para determinar si un asunto ventilado tiene
relevancia constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo trasciende la
mera «inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales» y
que dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada indebidamente para debatir
«asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».
En otras palabras, la problemática señalada por el actor no podía limitarse al
desacuerdo que tiene con el raciocinio que sustentó la providencia del Consejo
de Estado - Sección Cuarta para concluir que lo requerido por él no se ajustaba
a la naturaleza jurídica de la acción de habeas corpus, toda vez que no se
pretendía la protección del derecho fundamental a la libertad de una persona,
pues era necesario que se sugirieran planteamientos que denotaran la
existencia de una transgresión desmedida a una garantía constitucional
producto de una actuación arbitraria de la corporación accionada.
En consecuencia, se declarará improcedente la tutela en lo que concerniente al
Consejo de Estado - Sección Cuarta, en atención a que el tutelante no presentó
algún cuestionamiento que tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar
16
La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 definió el núcleo esencial de este
derecho como el de: «(...) hacer valer ante los jueces derechos e intereses de las personas,
mediante la defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta fundada en derecho”. Sin
embargo, los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia no se traducen en la obtención
de una respuesta favorable. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha explicado que esta
garantía se traduce en “la posibilidad de emplear todos los medios legítimos y adecuados para
ser oído y pretender una decisión favorable”.»
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la Constitución o determinar el alcance de un derecho fundamental, que amerite
la intervención del juez constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Denegar las solicitudes de desvinculación propuestas por el Consejo
Nacional Electoral y la Presidencia de la República.
SEGUNDO: Declarar la temeridad en la acción de tutela presentada por el
señor Germán Gustavo Rodríguez Valencia, en cuanto a los reproches
formulados contra la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral
y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
TERCERO: Advertir al señor Germán Gustavo Rodríguez Valencia que, en lo
sucesivo, se abstenga de presentar otras acciones de tutela por los mismos
hechos.
CUARTO: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Germán Gustavo Rodríguez Valencia contra el Consejo de Estado - Sección
Cuarta.
QUINTO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
SEXTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Salva parcialmente el voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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