Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02343-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02343-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-02343-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
26 de junio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02343-00
Accionante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02343-00
Demandante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
Demandados: Consejo de Estado-Sección Cuarta y otros
Referencia: Acción de tutela
TEMAS: Tutela contra providencia judicial / providencia de la misma
naturaleza/Improcedencia. Derecho de petición/Debido proceso/Niega.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la tutela promovida por Germán Gustavo Rodríguez Valencia contra
el Consejo de Estado-Sección Cuarta, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el
Consejo Nacional Electoral, la Presidencia de la República y el Congreso de la
República.
I. ANTECEDENTES
1. Descripción de la acción de tutela
A partir de una interpretación integral de los memoriales allegados por el
accionante, la Sala advierte que el núcleo de la solicitud de amparo gira en torno a
una denominada “consulta popular constituyente” y a la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales de petición, debido proceso y participación
democrática.
Según se desprende de sus escritos, el actor afirma que, en septiembre de 2025,
radicó una solicitud de inscripción y trámite de dicha consulta ante la Registraduría
Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, la cual, a su juicio, no ha
recibido respuesta. Asimismo, alude a un supuesto ocultamiento de información1
relacionado con dicha actuación. De igual manera, atribuye a la Presidencia de la
República la falta de notificación de determinadas actuaciones, la negativa de
expedir una constancia y la ausencia de respuesta a varias peticiones2 formuladas
por él.
1 Índice 00017 del aplicativo SAMAI.
2 Índice 00017 del aplicativo SAMAI.
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Accionante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
En relación con el Congreso de la República, el accionante lo incluyó como parte
accionada3, sin embargo, los hechos que le atribuye carecen de claridad y
precisión. En particular, señaló que adjuntaba registros audiovisuales en los que,
según afirmó, el presidente de la República y el ministro del Interior convocaron una
consulta popular constituyente y denunciaron la presunta manipulación del
reglamento del Congreso con el fin de impedir que quedara constancia del trámite
legislativo correspondiente.
Por otra parte, respecto del Consejo de Estado, sostuvo que se presentó una
supuesta negativa de un habeas corpus, así como la omisión de practicar pruebas
y celebrar una audiencia pública. En concreto, hizo referencia a un presunto auto
proferido por la “Sala Plena” dentro del expediente núm. 11001-03-15-000-2026-
01247-00. Asimismo, manifestó que vinculaba a esta actuación la “omisión de
acumulación procesal respecto de la consulta popular constituyente radicada el 12
de septiembre de 2025”4.
Adicionalmente, el actor reconoció haber promovido otras acciones de tutela
relacionadas con los mismos hechos, circunstancia que justificó en la ausencia de
acumulación procesal desde septiembre de 2025 y que, en su criterio, evidencia la
dispersión institucional que denuncia.
Como pretensiones, solicitó que: (i) se conceda un amparo transitorio; (ii) se ordene
a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral emitir
una respuesta de fondo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes; (iii) se
declare la nulidad de las actuaciones por presun tas omisiones sustantivas y
dispersión institucional; (iv) se disponga la realización de una audiencia pública de
homologación; (v) se reconozca la vigencia del expediente núm. 11001-03-15-000-
2026-01247-00; y (vi) se deje constancia solemne de la alegada dispersión
institucional 5.
Además, con fundamento en el artículo 21 del Decreto 2591 de 1991, solicitó la
convocatoria de una audiencia con las entidades accionadas y los terceros
interesados. Igualmente, pidió que se requiriera a todas las autoridades accionadas
y vinculadas para que remitieran el expediente completo relacionado con la
denominada consulta popular constituyente o, en su defecto, que se decretara y
practicara una inspección judicial 6.
De igual manera, solicitó que se reconociera que “la Consulta Popular
Constituyente de origen ciudadano y la promovida por Presidencia son gemelas
bitelinas, inseparables en contenido, legitimidad y efectos, y deben ser tratadas
como una sola manifestación de la voluntad soberana del constituyente primario”7.
Asimismo, requirió que el auto admisorio no se limitara a una actuación de
3 Índice 00017 del aplicativo SAMAI.
4
Ibidem.
5 Índice 00010 del aplicativo SAMAI.
6 Índice 00016 del aplicativo SAMAI.
7
Índice 00017 del aplicativo SAMAI.
2
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Accionante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
sustanciación, sino que abordara expresamente los aspectos que consideró
esenciales para la controversia. También pidió que se ordenara la publicación
motivada de los mandatos derivados de la consulta popular constituyente en las
páginas oficiales de las entidades accionadas y que la Presidencia de la República
dispusiera su sanción, promulgación y entrada en vigencia mediante la expedición
de un decreto ad hoc.
Por otra parte, en ejercicio del derecho de petición, indicó que aportaba diversos
registros audiovisuales como elementos de convicción. Igualmente, solicitó el
auxilio judicial para el recaudo de pruebas ante el Congreso de la República, así
como la colaboración de la Corte Suprema de Justicia para que se decretaran y
practicaran pruebas ante el juez de primera instancia. Del mismo modo, pidió la
intervención del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para apoyar dichas
actuaciones8.
Durante el trámite constitucional, el actor reiteró su solicitud de amparo transitorio
y pidió que se ordenara a las entidades accionadas publicar en sus páginas oficiales
los mandatos de la denominada “consulta popular constituyente”, previa
homologación presidencial y divulgación en los diarios oficiales y en las gacetas del
Congreso. También solicitó que se exhortara a la Presidencia de la República para
que expidiera los actos de publicación, promulgación y entrada en vigencia de
dichos mandatos. Adicionalmente, requirió que se reconociera como probado un
supuesto secuestro documental, una alegada sanción popular y el presunto
amordazamiento del constituyente primario. Finalmente, pidió que se declarara la
nulidad absoluta de lo actuado por violación del debido proceso y desconocimiento
del artículo 8.º del Decreto 2591 de 19919.
El actor sostuvo que existía un “secuestro” y “desaparición” de los mandatos
soberanos, en la medida en que la “consulta popular constituyente” habría sido
“radicada y luego mantenida en los archivos ‐cárcel de la Registraduría (…)”10, sin
publicación ni homologación presidencial. A ello agregó el supuesto
desconocimiento de una sanción popular respaldada por 2.800.000 votos y la
existencia de un presunto amordazamiento del constituyente primario,
circunstancias que equiparó al silencio administrativo y judicial 11.
Asimismo, reiteró su solicitud de amparo transitorio inmediato por el vencimiento de
términos; pidió que se declarara una supuesta nulidad constitucional especial por
pretermisión de instancia y dispersión procesal; que se ordenara un
pronunciamiento material de fondo; que se oficiara a las entidades accionadas para
que publicaran y entregaran copia certificada de los actos relacionados con la
consulta popular constituyente; y que se dispusiera la práctica de las diligencias
8 Índice 00017 del aplicativo SAMAI.
9
Índice 00026 del aplicativo SAMAI, en consonancia con el memorial obrante en el índice 00028 del aplicativo
SAMAI.
10 Índice 00026 del aplicativo SAMAI.
11
Índice 00026 del aplicativo SAMAI.
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Accionante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
que consideró omitidas, entre ellas una audiencia institucional y una inspección
judicial 12.
No obstante, en un memorial aparentemente dirigido al proceso radicado con el
núm. 2026-10395-01, reiteró su solicitud de amparo transitorio y pidió que, en ese
asunto, se ordenara la publicación oficial de los mandatos de la consulta popular
constituyente, la expedición de un decreto ad hoc y la aplicación inmediata de los
mandatos de reestructuración ética y moral de la República por parte de las
autoridades competentes13.
Finalmente, solicitó que se impartieran instrucciones de carácter pedagógico a la
Presidencia de la República, al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría
Nacional del Estado Civil acerca de su deber de publicar los mandatos del
constituyente primario14. De igual manera, requirió que se ordenara a estas últimas
entidades la entrega del expediente completo y que se dispusiera la difusión de
dicha información a través de medios de comunicación masiva, con el propósito de
que el constituyente primario conociera los alcances de la decisión adoptada el 20
de octubre de 2025, que, según afirmó, ha sido ignorada.
2. Trámite de tutela
2.1. El 24 de marzo de 2026 15, se recibió, por reparto, el escrito de tutela 16 que
presentó Germán Gustavo Rodríguez Valencia.
2.2. Mediante auto del 27 de marzo de 2026 17, el despacho ponente advirtió que no
era posible establecer con claridad si lo formulado correspondía a una acción de
tutela autónoma o a un memorial dirigido a alguno de todos los trámites de tutela
señalados por el actor. Asimismo, en caso de tratarse de un nuevo amparo, no se
identificó la acción u omisión que originaba la vulneración de los derechos invocada,
ni la autoridad a quien se atribuía la conducta vulneradora. También se quiso aclarar
si por los mismos hechos se habían promovido otras acciones de tutela.
En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 14 y 17 del Decreto 2591
de 1991, se ordenó al actor que corrigiera la solicitud de amparo en la forma
determinada en dicha providencia.
12 Índice 00030 del aplicativo SAMAI.
13
Índice 00030 del aplicativo SAMAI. Posición reiterada en el memorial obrante en el índice 00032 del aplicativo
SAMAI.
14 Índice 00039 del aplicativo SAMAI, certificado 26A234FCB3C6588C F07A9E4F37F30D9E
638833DBC0BFCB46 1E9FC086264984C4.
15 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 15EF641AF80D2BB5 0BF8446C6463DC49
3733434D0F452B67 22DDEB9C21984431.
16
Índice 0002 del aplicativo SAMAI, certificado 5B84C2CBF1FE94BB D3AB23CE751B7BEB
C899E7D8BF51BC4E 241B7F79535F313D.
17 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado 31E6E9D03988A549 21E7A3CB0F6DEF8E
434E611435A67856 18425BAD4369809B.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02343-00
Accionante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
2.3. El 21 de abril de 2026, la Secretaría puso en conocimiento del despacho
ponente el memorial del actor, con registro del 7 de abril del presente 18.
2.4. En auto del 27 de abril de 2026 19, el despacho ponente advirtió que la petición
corregida mantenía ambigüedades que ameritaban su aclaración, por lo que
requirió al actor para que: (i) individualizara la actuación del Consejo de Estado a
la que atribuía la vulneración de sus derechos fundamentales; (ii) profundizara en
las conductas que imputaba al resto de las accionadas; (iii) aclarara la razón por la
que debía presentar una nueva solicitud de amparo; (iv) aportara las pruebas que
pretendía hacer valer, entre otros. Asimismo, se le explicó que la Corte Suprema
de Justicia conocía privativamente de las tutelas presentadas contra la misma
Corporación y los tribunales superiores, por tanto, se le previno para que formulara
ante dicha Corporación la solicitud de amparo, en relación con las presuntas
vulneraciones que se originaban en la conducta de esta entidad y el Tribunal
Superior de Bogotá.
2.5. Mediante auto del 12 de mayo de 202620, el despacho sustanciador advirtió,
con fundamento en la información suministrada por la Secretaría de esta
Corporación, la existencia de las acciones de tutela identificadas con los radicados
núms. 2026-02293-00 y 2026-01247-00. En particular, constató que en el
expediente 2026-02293-00 se había admitido, mediante auto del 29 de abril de
2026, una acción de tutela promovida por el señor Germán Gustavo Rodríguez
Valencia contra el Consejo de Estado – Sección Cuarta, la Presidencia de la
República, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado
Civil.
Asimismo, observó que dicha acción cuestionaba la providencia proferida el 3 de
febrero de 2026 por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, dentro de la acción de
habeas corpus radicada bajo el núm. 25000-23-36-000-2026-00037-01, así como
actuaciones relacionadas con la denominada “consulta popular constituyente”.
En ese contexto, consideró que existía identidad parcial de partes y conexidad
temática entre ambos asuntos, por lo que ordenó remitir el expediente al despacho
del magistrado Omar Joaquín Barrero Suárez para que evaluara la procedencia de
una eventual acumulación y decidiera lo pertinente respecto de su admisión.
2.6. En auto del 20 de mayo de 2026 21, el Consejo de Estado-Sección Quinta,
despacho del Magistrado Omar Joaquin Barreto Suárez, dispuso no acumular el
trámite, por cuanto no existía similitud, ya que se habían expuesto reproches contra
18 Índice 00010 del aplicativo SAMAI, certificado CB537B4EED643B20 41647685B8DA4EF9
3D5FF5C73C5591DD 0F2D1E030F2B31A7.
19 Índice 00012 del aplicativo SAMAI, certificado
C40F3E1A87E49FA5 11F1DDE4D3FB1C93 CFEEF9EE7FD09772 BC968B3C4E279190.
20
Índice 00020 del aplicativo SAMAI, certificado 61555FA2FA3C6647 97881A53F2950345
43D0238FDBC8BB31 26596ED57F796465.
21 Índice 00034 del aplicativo SAMAI, certificado 244AF2489AA8D46A 5A360EE5BAEF7EC8
9AC92C7E7C50EB8E 1EE8398435015304.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02343-00
Accionante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
el Tribunal Superior de Bogotá. Asimismo, se señaló que podría configurarse la
figura de la temeridad.
2.7. Mediante auto del 1° de junio de 202622, el despacho ponente precisó que,
pese a las inconsistencias y aspectos confusos contenidos en los múltiples
memoriales allegados por el actor, era posible identificar el objeto de la acción. En
consecuencia, interpretó que la tutela se dirigía contra las actuaciones surtidas
dentro del expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01247-00, en particular contra
el auto del 13 de marzo de 2026, por lo que admitió la demanda y ordenó notificar
al Consejo de Estado – Sección Cuarta, la Registraduría Nacional del Estado Civil,
el Consejo Nacional Electoral, la Presidencia de la República y el Congreso de la
República.
Asimismo, dispuso la remisión del expediente correspondiente y requirió a las
entidades accionadas y al actor para que allegaran la información y documentación
necesaria para esclarecer los hechos objeto de controversia. Igualmente, negó la
medida provisional, así como las solicitudes de inspección judicial y audiencia
especial.
A las entidades accionadas les solicitó informar si el actor había presentado
solicitudes relacionadas con la denominada consulta popular constituyente y, de
ser así, remitir los soportes respectivos, además de pronunciarse sobre los
aspectos que estimaran pertinentes. Al accionante le requirió aportar de manera
ordenada, en un único memorial, las solicitudes presuntamente no resueltas, junto
con sus constancias de radicación y demás elementos probatorios que pretendiera
hacer valer.
Finalmente, ordenó escindir los planteamientos dirigidos contra la Corte Suprema
de Justicia y el Tribunal Superior de Bogotá para su reparto por competencia, así
como desglose y trámite independiente de la solicitud de tutela formulada contra
una providencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
3. Intervenciones:
3.1. El Consejo de Estado-Sección Cuarta23, dentro de la oportunidad, por
conducto de la consejera Claudia Rodríguez Velásquez, estimó que los
fundamentos de la tutela no cuestionaban alguna de las actuaciones surtidas ante
su despacho, por lo que no cumplía con el requisito de relevancia constitucional de
manera que solicitó que se declarara la improcedencia de la acción.
Para fundamentar lo anterior, sentó que daba respuesta a la tutela de la referencia
en su condición de magistrada titular del despacho que conoció del trámite de
22
Índice 00041 del aplicativo SAMAI, certificado 1928125D4A4E5469 D4BC54D5008BE0F8
1513D93B1DC8B407 8E31ADFF3E15C7B8.
23 Índice 00051 del aplicativo SAMAI, certificado 35A1BDFB6E92814B 2F74BD4E4AEC01C7
8B6A749DB0551114 8FDC59BB22585D97.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02343-00
Accionante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
habeas corpus de radicado 25000-23-36-000-2026-00037-01. Agregó que el actor
no había logrado identificar los hechos, razones o fundamentos por los que
consideró que ese despacho había vulnerado sus derechos fundamentales. Sin
perjuicio de lo anterior, relacionó las mú ltiples solicitudes del actor, las cuales en su
totalidad habían carecido de motivación o justificación suficiente, así:
(i) El 30 de enero de 2026, el accionante presentó solicitud de habeas corpus contra
la Registraduría Nacional del Estado Civil en aras de obtener la liberación de los
mandatos ciudadanos aprobados en la consulta popular constituyente del 20 de
octubre de 2025.
Señaló que el actor únicamente había manifestado que en septiembre de 2025
había radicado consulta popular y la Registraduría Nacional del Estado Civil había
omitido dar trámite y publicación oficial de los resultados, configurándose un
silencio administrativo prolongado. Del mismo modo que el Consejo Nacional
Electoral había emitido concepto favorable respecto de la validez y publicidad de
los mandatos.
(ii) En providencia del 30 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección C rechazó el habeas corpus, porque
no se había perseguido la protección de la libertad personal de un individuo. Ello
fue impugnado por el hoy actor. Sumado a que había alegado una nulidad por
omisión de audiencia y violación del derecho de defensa, así como solicitado
ordenar directamente la publicación de actas y mandatos ciudadanos.
(iii) En providencia del 3 de febrero de 2026, el Consejo de Estado-Sección Cuarta
confirmó la providencia del 30 de enero de 2026, pues la solicitud no guardó
relación con la afectación ilegal de la libertad del accionante.
(iv) El señor Rodríguez Valencia allegó escrito al Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Bogotá, en donde formuló una adición complementaria indispensable,
en concordancia con la adición a la apelación del habeas corpus.
(v) Mediante auto del 16 de febrero de 2026, el Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Bogotá remitió al Consejo de Estado la solicitud anterior, la cual fue repartida
como una acción de tutela al despacho del consejero Carlos Fernando Mantilla y
luego al despacho de la Dra. Rodríguez Velásquez.
(vi) Con ocasión de lo anterior, dentro del expediente de tutela 11001-03-15-000-
2026-01247-00, mediante auto del 25 de febrero de 2026, el despacho de la Dra.
Rodríguez Velásquez requirió, entre otros, al señor Germán Gustavo Rodríguez
Valencia para que informara si con la presentación del referido escrito ante el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá pretendió ejercer una acción de
tutela contra la providencia que resolvió la acción de habeas corpus o una solicitud
de adición al auto del 3 de febrero de 2026.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02343-00
Accionante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
(vii) Mediante auto del 13 de marzo de 2026 24, el Despacho de la Dra. Rodríguez
Velásquez dispuso el archivo definitivo de la acción de tutela con radicado 11001-
03-15-000-2026-01247-00, en el entendido que el actor no cumplió con el
requerimiento de precisar el mecanismo del que pretendió hacer uso. No obstante,
en atención a la solicitud inicial radicada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Bogotá, ordenó remitir la solicitud presentada el 3 de febrero de 2026 al
expediente de habeas corpus con radicado 25000-23-36-000-2026-00037-01.
(viii) En virtud de lo anterior, mediante auto de 7 de abril de 2026, se resolvió la
solicitud de adición en el sentido de negarla, puesto que no se ajustaba a lo
dispuesto en el artículo 287 del Código General del Proceso.
(ix) El señor Rodríguez Valencia radicó solicitud de adición y complementación, en
subsidio de nulidad absoluta contra la providencia del 7 de abril de 2026.
(x) En auto de 28 de abril de 2026, el despacho de la Dra. Rodríguez Valencia
rechazó de plano la solicitud de nulidad propuesta, así como la de adición y
complementación.
Por otro lado, se refirió al trámite 11001-03-15-000 2026-02293-00, en el sentido
de señalar que el actor ya había ejercido acción de tutela contra las actuaciones
desplegadas por el despacho en el expediente de habeas corpus. En este asunto,
el Consejo de Estado-Sección Quinta había declaro la improcedencia de la tutela.
Ello por cuanto no se había formulado una pretensión concreta, ni planteado un
cuestionamiento que permitiera realizar un pronunciamiento. Por tanto, no había
cumplido la carga argumentativa requerida.
Así entonces, concluyó que había llevado a cabo todas las gestiones necesarias
para proteger y efectivizar la garantía al debido proceso del actor. No obstante,
todos sus escritos al interior del trámite de habeas corpus habían sido abiertamente
improcedentes y carentes de fundamento. Profundizó en que los argumentos de la
solicitud no cuestionaban en sí mismo alguna de las actuaciones llevadas a cabo
por ese despacho.
3.2. El Consejo Nacional Electoral25, dentro de la oportunidad, solicitó negar el
amparo respecto de esa entidad, por no existir vulneración de derechos
fundamentales. Asimismo, declarar probadas las excepciones de mérito y
desvincular a dicha entidad de cualquier responsabilidad.
“No obstante, una vez revisados los sistemas de información y los antecedentes
disponibles para la elaboración del presente informe, esta Corporación no logra
identificar con claridad los radicados a los que hace referencia el accionante ni
ubicar la totalidad de las actuaciones mencionadas en su escrito.
24 Dentro del trámite 11001-03-15-000-2026-01247-00
25 Índice 00057 del aplicativo SAMAI, certificado 9A9E8B33DF689F4D 005B196BF111AE3B
C807DCF6903A5F1E A6A2115A31D94E12.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02343-00
Accionante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
En efecto, el accionante alude de manera general a solicitudes que, según afirma,
fueron presentadas ante el Consejo Nacional Electoral desde el año 2025; sin
embargo, no individualiza de manera precisa los números de radicación que
permitan a esta Corporación verificar plenamente su existencia, contenido, trámite
y estado actual. Por tal razón, el Consejo Nacional Electoral respetuosamente
solicita que el accionante precise e identifique de manera concreta los radicados
que afirma haber presentado ante esta entidad, con el fin de permitir su adecuada
ubicación y verificación dentro de los archivos institucionales.
Así mismo, se informa al Honorable Despacho que, con la información
suministrada en la acción de tutela y la disponible en los registros consultados por
esta Corporación, no fue posible encontrar evidencia del radicado identificado por
el accionante como “2025-0922-GGRV-CNE-RN”, ni de otros números similares
mencionados en los diferentes memoriales allegados al expediente, razón por la
cual el Consejo Nacional Electoral no puede pronunciarse sobre actuaciones cuya
existencia no ha podido ser corroborada documentalmente.
Finalmente, se precisa que el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia
constitucional o legal para convocar, homologar, reconocer, promulgar o declarar
la validez de una denominada “Consulta Popular Constituyente”, ni para adoptar
varias de las medidas pretendidas por el accionante, circunstancias que serán
desarrolladas en el acápite correspondiente de la presente contestación.”
La Corporación se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la tutela. Sumado
a lo anterior, formuló tres excepciones en particular. En primer lugar, falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues las conductas vulneradoras no le eran
atribuibles. Señala que el actor no individualizó adecuadamente la participación que
habría tenido esa entidad en los hechos objeto materia de controversia. En segundo
lugar, inexistencia de vulneración de derechos fundamentales que le fueran
atribuibles, por cuanto no existía prueba que permitiera llegar a tal conclusión
respecto de los derechos de petición, debido proceso o participación democrática.
La Corporación insistió en que:
“Adicionalmente, esta Corporación no logró identificar en sus registros varios de
los radicados mencionados por el accionante, particularmente aquellos que
refiere como fundamento de las supuestas omisiones administrativas. En
consecuencia, no existe certeza sobre las solicitudes concretas a las que hace
referencia ni sobre el trámite que afirma haber promovido ante esta entidad, razón
por la cual tampoco es posible predicar la existencia de una omisión atribuible al
Consejo Nacional Electoral.”
Agregó que la acción de tutela no podía prosperar sobre la base de afirmaciones
generales o indeterminadas, pues le correspondía sumariamente demostrar la
existencia de una conducta concreta atribuible a la accionada y la relación directa
entre dicha conducta y la vulneración de los derechos fundamentales cuya
protección reclama.
Por último, indicó que existía falta de competencia de la entidad en satisfacer las
pretensiones del accionante, pues sus funciones se encontraban en los artículos
108, 109, 265 y demás disposiciones concordantes en la Constitución Política.
Dentro de las cuales no se registraba la potestad de convocar procesos
constituyentes; reconocer consultas populares constituyentes; homologar
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Accionante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
mandatos ciudadanos; expedir actos de promulgación; ordenar publicaciones
oficiales de contenido constituyente; adoptar decisiones relacionadas con la
expedición de decretos presidenciales o actuaciones propias del Congreso de la
República.
En esta medida, la Corporación carecía de competencia para revisar, modificar,
dejar sin efectos o declarar la nulidad de actuaciones judiciales adelantadas por el
Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Bogotá o
cualquier otra autoridad jurisdiccional.
El Consejo Nacional Electoral solicitó tener por aportados los documentos
allegados como soporte de la contestación, más no adjuntó documento alguno. De
ahí que la Secretaría de esta Corporación, por indicación del despacho ponente,
puso de presente esta situación y requirió el envío de los anexos anunciados26. No
obstante, no se obtuvo contestación a dicho requerimiento.
3.3. El Congreso de la República 27, dentro de la oportunidad, por conducto del
secretario general del Senado de la República, solicitó su desvinculación del trámite
o subsidiariamente la declaración de inexistencia de vulneración atribuible a dicha
entidad y la negación de las pretensiones de la demanda.
Expuso que carecía de legitimación en la causa por pasiva pues no existía una
conducta clara, concreta, verificable e imputable al órgano legislativo. Por el
contrario, la controversia descrita por el accionante giraba alrededor de una
denominada “consulta popular constituyente” atribuida a la acción u omisión del
Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la
Presidencia de la República y distintas autoridades judiciales.
De manera que el Congreso de la República no había ejecutado, omitido, retardado
o decidido ninguna actuación individual respecto del actor. Sumado a que el
accionante no había desarrollado una imputación concreta, específica e
individualizada respecto de aquel. Se indicó que el mismo auto admisorio había
reconocido la ausencia de determinación de los fundamentos fácticos y jurídicos
que sustentarían una eventual responsabilidad de la Corporación.
Profundizó en que no existían cargos individualizados o alguna conducta lesiva
atribuible a dicha Corporación , ni tampoco conexidad entre las pretensiones
formuladas y las funciones asignadas a la Corporación, lo que impedía desarrollar
un juicio de responsabilidad constitucional.
26
Índice 00071 del aplicativo SAMAI, certificado 77F888272E12979E DC802E15CCDE1715
FD717ADACE8077A4 9C6B8E47994441F9.
27 Índice 00058 del aplicativo SAMAI, certificado
58D44423EAE2FA1D 66998A3D06D43442 24AEC703DB731DA4 3BE5BA3207D832D6.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02343-00
Accionante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
3.4. La Registraduría Nacional del Estado Civil28, dentro de la oportunidad, pidió
que se declarara la improcedencia del amparo, en tanto no se había acreditado la
vulneración u amenaza de derechos fundamentales.
En primer lugar, manifestó que la tutela partía de un supuesto inexistente, pues
señaló que el 20 de octubre de 2025 no se había llevado a cabo elección ni
mecanismo de participación ciudadana denominado “consulta popular
constituyente”, como tampoco se había convocado a proceso con el propósito de
modificar, reformar o sustituir la Constitución Política.
Así entonces, mencionó que en una fecha cercana a la ya referida se llevó a cabo
un mecanismo electoral interno y partidista, por lo que el actor lo estaba
confundiendo con una supuesta consulta popular nacional de efectos
constituyentes, la cual no ha existido ni sido reconocida por autoridad competente.
Profundizó que no se encontraba acreditada la transgresión de derechos
fundamentales por parte de la entidad, pues la “consulta popular constituyente” no
existió. De manera que no había surgido para ella obligación de organizar, registrar,
escrutar o publicar resultados o información asociada a dicho evento. Además,
informó que el actor no había presentado a la fecha solicitud para activar el
mecanismo de participación ciudadano consagrado en el artículo 103 de la
Constitución.
Por otro lado, sostuvo que existía falta de claridad en los hechos y pretensiones
formulados por el actor, lo que impedía el ejercicio adecuado del derecho de
defensa y contradicción. Explicó que el accionante presentaba una narrativa
extensa, abstracta y de difícil comprensión, sin una exposición concreta de los
hechos ni una delimitación precisa de las pretensiones respecto de la Registraduría.
Del mismo modo, informó que el accionante había promovido acciones de tutela
previas sobre los mismos supuestos fácticos y jurídicos, que habían sido negadas.
A continuación, la sala describe las decisiones citadas por la parte demandada, con
fundamento en los anexos allegados y que se encontraban disponibles para su
consulta en el aplicativo SAMAI:
No. Radicado Autoridad Partes Derechos Fallo Sentido de la decisión
Judicial invocados
1 110012215000 Tribunal No se adjuntó copia de No se adjuntó No se adjuntó copia de la
20250019600 Superior de la decisión copia de la decisión
Distrito Judicial decisión
de Bogotá, Sala
Penal
2 110012215000 Tribunal Germán Gustavo Participación Fallo del 12 de noviembre de
2025002060029 Superior de Rodríguez Valencia democrática y 2025. Improcedencia, por
Distrito Judicial contra el Consejo petición subsidiariedad pues debían
de Bogotá Nacional Electoral y la agotarse los mecanismos
28
Índice 00060 del aplicativo SAMAI, certificado
A4CC4A5DBDC3C2FF B473AFDCACC0B176 B78E7C03529FB675 BE0B3B963073B53C.
29 Índice 00072 del aplicativo SAMAI, certificado: 477031F26E848EB1 38499359F735B9F7
5634F7E922E092A1 6AC294543552BD92.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02343-00
Accionante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
Registraduría Nacional propios del trámite
del Estado Civil administrativo ante la
Registraduría y el Consejo
Nacional Electoral.
3 110012204000 Tribunal Germán Gustavo Participación Fallo del 12 de febrero de
2026005390030 Superior de Rodríguez Valencia democrática, 2026. Improcedencia, por no
Distrito Judicial contra la Presidencia acceso a la acreditarse la existencia de
de Bogotá, Sala de la República, el información una consulta popular
Penal Consejo Nacional pública, válidamente realizada ni
Electoral y la debido omisión atribuible a las
Registraduría Nacional proceso y el accionadas.
del Estado Civil. principio de
publicidad y
transparencia
4 110010315000 Consejo de Germán Gustavo Debido Fallo del 28 de mayo de 2026.
2026022930031. Estado-Sección Rodríguez Valencia proceso, Declaró la temeridad frente a la
Con Quinta contra el Consejo de participación Presidencia de la República, el
Salvamento de Estado-Sección democrática, Consejo Nacional Electoral y la
Voto de la Cuarta, la Presidencia acceso a la Registraduría Nacional del
Magistrada de la República, el información Estado Civil pues estimó que
Gloria María Consejo Nacional pública, existía identidad con el
Gómez Electoral y la libertad proceso de radicado 2026-
Montoya Registraduría Nacional política, junto 00539-00, así como la
del Estado Civil. con el principio improcedencia respecto del
de publicidad y Consejo de Estado -Sección
transparencia. Cuarta.
En esta línea, adujo que existía una actuación temeraria del actor, ya que con
fundamento en los mismos hechos y pretensiones había promovido diversas
acciones de tutela ante diferentes autoridades judiciales, quienes habían declarado
la improcedencia de la acción. Sumado a lo anterior, mediante sentencia del 28 de
mayo de 2026, el Consejo de Estado-Sección Quinta (Rad. 2026-02293-00) había
declarado la temeridad de la acción promovida, respecto de los reproches
formulados contra la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral y
la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Por tanto, indicó que se configuraban los supuestos previstos en el artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991 para la configuración de la temeridad. Además, que no
advertía circunstancia que justificara la reiteración del mecanismo constitucional, ni
que desvirtuara la presunción de mala fe derivada de la conducta procesal.
Por otro lado, informó que la entidad había atendido varias peticiones del
accionante relacionadas con la Asamblea Nacional Constituyente, que discriminó
así:
No Petición allegada Radicación Respuesta Sentido
1 23 de septiembre RNEC-E-2025 Oficio RNEC-S- Explica que para la convocatoria a una
de 2025 166754 2025 0096918 del Asamblea Nacional Constituyente, se requiere
la expedición de una ley de la república. Por
tanto, una vez se cumplieran los trámites
pertinentes, la entidad desplegaría las
actuaciones que le correspondían para
garantizar las etapas del proceso democrático.
30
Índice 00072 del aplicativo SAMAI, certificado: C66C02E001F56EF7 9639652CFCCE70D2
79984B225F5F425D 65815DC345F96200.
31 Índice 00050 del aplicativo SAMAI para el expediente de radicado 11001031500020260229300, certificado
23E68CA0CB4225F8 E3F8FEE8348885FA 0E286A4A1A7BE0B1 A5FC93472ADEBA34.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02343-00
Accionante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
30 de septiembre
de 20253233.
2 24 de octubre de RNEC-E-2025- Oficio RNEC S- Reitera la respuesta previa.
2025 186430 2025-0107485 del
28 de octubre de
20253435
3 13 de diciembre de RNEC-E-2025 Oficio radicado Solicitó que se aclarara la petición, pues no se
2025 219468 RNEC S-2025- entendió la solicitud que el ciudadano
0130023 del 18 de realizaba.
diciembre de
20253637
4 23 de diciembre de RNEC-E-2025 Oficio RNEC-S- Explica el procedimiento para que una
2025 225508 2026 0002476 del consulta popular de origen ciudadano se
9 de enero de perfeccione, instando a presentar la solicitud
202638 39 conforme a un formulario especial.
5 13 de enero de RNEC-E-2025- Oficio RNEC-S- Remite a la respuesta emitida en el radicado
2026 00499740 2026 0009052 del RNEC-2026002476.
27 de enero de
20264142
6 13 de enero de RNEC-E-2025 Oficio RNEC-S- Traslado por competencia al Ministerio de
2026 [sic] 00498743 2026-0010786 del Justicia y del Derecho
28 de enero de
202644 45
En consecuencia, señaló que se habían resuelto todas las solicitudes del
accionante, sin que se demostrara la vulneración de su derecho de petición .
Aun cuando la Registraduría manifestó que remitía anexos que fundamentaban su
contestación, no los adjuntó. De ahí que la secretaría de esta Corporación, por
indicación del despacho ponente, puso de presente esta situación y requirió el envío
32
Índice 00072 del aplicativo SAMAI, certificado 682BABFCAB7E17A4 65E56619EB9CE4E1
5FC5ADD7F29B26FA E70BE9F507DD858C.
33 Si bien no se allegó un certificado de envío, si se aportó un registro de trazabilidad que da cuenta que la
respuesta se remitió el 30 de septiembre al actor Cfr. Índice 00072 del aplicativo SAMAI, certificado
48756C89832E1D2F 8899FCA12307FBBA 8244AB8FA4B28977 00DFF3701EFAFF4B.
34 Índice 00072 del aplicativo SAMAI, certificado 2FF13E59B42F5345 D36CE78B9885413E
046688D2B4F0F53E 2C7EF7E5972DD728.
35 Si bien no se allegó un certificado de envío, si se aportó un registro de trazabilidad que da cuenta que la
respuesta se remitió el 28 de octubre de 2025 al actor. Cfr. Índice 00072 del aplicativo SAMAI, certificado
64F4E0DCAFE211F0 DFDEDB025EF8BBE5 E099E151BF96FF1B 2292861EF075339A.
36 Índice 00072 del aplicativo SAMAI, certificado 0DCC02F5A682293F 21E06B07CE6A440D
1B1C590DACBA678D FE08E7D44208529A.
37
Si bien no se allegó un certificado de envío, si se aportó un registro de trazabilidad que da cuenta que la
respuesta se remitió el 18 de diciembre de 2026 al actor. Cfr. Índice 00072 del aplicativo SAMAI, certificado
A3380826AA3C3A28 3E0B5C5A4059BA38 D55C4FBFC3A74717 358B87CDF80515DD.
38
Índice 00072 del aplicativo SAMAI, certificado DE49EBD2ED115DAC 099557D9DE9A32A0
9A4F14893B69857A 69A993C20A4592ED.
39 Si bien no se allegó un certificado de envío, si se aportó un registro de trazabilidad que da cuenta que la
respuesta se remitió 09 de enero de 2026 al actor. Índice 00072 del aplicativo SAMAI, certificado
DB28E16EB78D1E73 C795216650914C6B E48E8F9EA383608C E1D585384006CBDF.
40 Índice 00072 del aplicativo SAMAI, certificado 77749A666372A445 6F0D0532FEB4A54F
2A35D33308B50601 C0B325BBE51F11B4.
41 Índice 00072 del aplicativo SAMI, certificado
13A8BAAA8CA53FA0 24CB76DF9D938551 9F0B73B92ED8BC1F AA60F9BCBB448878.
42
Si bien no se allegó un certificado de envío, si se aportó un registro de trazabilidad que da cuenta que la
respuesta se remitió el 27 de enero de 2026 al actor. Cfr. Índice 00072 del aplicativo SAMAI, certificado
D3305EE8982DCBFD FB5C07BB2E21F41F 6AC3E126BDB43D04 689BACCD35AAA23B.
43
Índice 00072 del aplicativo SAMAI, certificado
D6D8684499D8541B B89D7B3A57215892 87D7D25B8D000EA4 00B07080CD5994E6.
44 Índice 00072 del aplicativo SAMAI, certificado
8BC8C4E41195BFF0 BBFE0792562B5CC5 ADEAFF16B6481A36 61A24E1D2FCF21C3.
45 Si bien no se allegó un certificado de envío, si se aportó un registro de trazabilidad que da cuenta que la
respuesta se remitió el 28 de enero de 2026 al actor. Cfr. Índice 00072 del aplicativo SAMAI, certificado
EA12CEF70A15341E 6593566411F8DCED 5F262CB5C4CE979B 1B10D5755CD2640A.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02343-00
Accionante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
de los anexos anunciados46. La Registraduría contestó al requerimiento aportando
los anexos47.
3.5. La Presidencia de la República 48, dentro de la oportunidad, solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción, por falta de legitimación en la causa, ya
que los reclamos formulados eran de competencia de otras entidades,
particularmente de la rama judicial donde no podía intervenir, conforme al principio
de separación de poderes. En esta medida, no podía inmiscuirse ante una posible
mora judicial en la expedición de una decisión, pues ello era una facultad exclusiva
de los jueces. Sumado a lo anterior, pidió la negación de las pretensiones ante la
inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales y que se ordenara su
desvinculación del trámite.
3.6. El señor Germán Gustavo Rodríguez Valencia se pronunció en diversas
oportunidades luego de la admisión del trámite, sus actuaciones se describen así:
En primer lugar, allegó un escrito de “subsanación”49 donde mencionó que la
imputación al Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado
Civil correspondía al silencio administrativo frente a la solicitud de inscripción y
trámite de consulta popular constituyente, así como ocultamiento de información
esencial respecto de ésta última; frente al Consejo de Estado se señaló la
confirmación de negativa de hábeas corpus, omisión de audiencia pública y práctica
de pruebas, generando dispersión institucional; en relación con el Tribunal Superior
de Bogotá se atribuyó dilación de trámite y un fallo de improcedencia sin resolver
irregularidades sustantivas; por último, respecto de la Presidencia de la República-
DAPRE se indica que homologó los mandatos, pero omitió notificar al accionante y
negar constancia de enteramiento presidencial, lo que constituía vulneración de
derecho de petición.
El actor insistió en las pretensiones que ya han sido previamente descritas
Respecto de la existencia de otras tutelas, volvió a reconocerlos como radicados
conexos “(02293-00, 01247-00, 00613-00)” que se derivaban de la misma consulta
popular. No obstante, manifestó que la multiplicidad de radicados contradictorios y
la falta de acumulación procesal obligaron a presentar nueva acción de tutela, lo
cual excluye la temeridad y exige unidad procesal.
Desarrolló un “informe de coherencia procesal” e indicó que su propósito era
verificar la correspondencia entre los documentos allegados por el accionante y las
46 Índice 00071 del aplicativo SAMAI, certificado 6DE3997375E69515 D6B0914379DF629D
A0BAF8FBF3C91269 38267A867E277525.
47 Índice 00072 del aplicativo SAMAI. Si bien la secretaria registró la actuación como si se tratara de un
memorial suscrito por el actor, se advierte que corresponde a la respuesta de la Registraduría. Cfr. Índice 00072
del aplicativo SAMAI, certificado
81D5A4108B9060BD EFBE85774DBE1FF5 F2208264F22A9BE8 EB1142A48DA5C619.
48 Índice 00063 del aplicativo SAMAI, certificado 72C440556A1BDF8A 921CC199141DE8AB
79A2114C36BC28D5 2287C3CE57A5994F.
49 Índice 00052 del aplicativo SAMAI, certificado 4AB2D37E3FD42824 EF0C01C6F6BF6446
ED49D881ECE2DD24 BAF7C5D2BB1F84A2. Memorial materialmente repetido en el consecutivo 55 del
aplicativo SAMAI.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02343-00
Accionante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
actuaciones que estimó reconocidas en el auto del 27 de marzo de 2026, en aras
de identificar los elementos debidamente valorados y no incorporados, así: respecto
de esta providencia indicó que no se valoran los anexos ni el cumplimiento del
requerimiento posterior; memorial de aclaración y subsanación del 30 de abril de
2026 señala que no se incorporó su contenido; indicó que no se había analizado el
contenido del Decreto 639 de 2025; aludió a un cuadro comparativo de radicados y
actuaciones que señala que no se utilizó para verificar la identidad de partes y
hechos entre los radicados conexos, y aludió a constancias de SAMAI y oficios de
Presidencia del Consejo de Estado que acreditaban un conocimiento institucional
previo.
El actor refirió que el memorial de 30 de abril subsanó las exigencias del auto de
27 de marzo, por tanto, la reiteración de requerimientos sobre aspectos aclarados
vulneraba el principio de economía y celeridad previstos en el artículo 3 del CPACA.
Manifestó que el cuadro comparativo demostraba que los distintos radicados
derivaban de un mismo hecho generador – la omisión de respuesta a la consulta
popular constituyente, lo cual excluía temeridad y exigía acumulación. Agregó que
el Decreto 639 de 2025 constituía prueba de la homologación presidencial de los
mandatos ciudadanos y debía ser incorporado como documento vinculante en el
análisis de fondo. Por último, los oficios de Presidencia del Consejo de Estado
acreditaban el conocimiento y traslado de la tutela, lo que reforzaba la validez del
trámite y obligación de pronunciamiento material.
En esta medida, solicitó reconocer la subsanación cumplida mediante el memorial
del 30 de abril de 2026; que se incorporara al expediente los anexos I-IX,
especialmente el Decreto 639 de 2025 y el cuadro comparativo de radicados; que
se dispusiera la acumulación procesal de radicados conexos y emitir
pronunciamiento de fondo sobre la Consulta Popular Constituyente y que se dejara
constancia formal de la dispersión institucional como hecho vulnerador del debido
proceso y petición. Sin perjuicio de lo anterior, elevó las siguientes peticiones en
particular:
“Respetuosamente solicito al despacho que, en la providencia que se profiera,
se inserten en los considerandos los siguientes elementos ya allegados y que
no fueron objeto de valoración en el Auto del 27 de marzo de 2026:
1. Memorial de aclaración y subsanación del 30 de abril de 2026, que cumplió
los artículos 14 y 17 del Decreto 2591 de 1991.
2. Decreto 639-2025, prueba de homologación presidencial omitida en el
análisis.
3. Cuadro comparativo de radicados y actuaciones (Anexo III), que demuestra
la unidad procesal y evita la temeridad.
4. Constancias SAMAI y oficios de Presidencia del Consejo de Estado, que
acreditan conocimiento institucional previo.
5. Memorial solemne de nulidad absoluta por pretermisión de instancia, que
refuerza la tesis de dispersión institucional.
6. Ideograma conceptual (Anexo Gráfico I), como herramienta pedagógica
para la comprensión integral del caso”
15
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02343-00
Accionante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
Así, pidió que se reconociera expresamente en las consideraciones los documentos
y memoriales aportados; evitar la reiteración de requerimientos innecesarios y
proceder al estudio de fondo de la tutela.
En un último memorial 50, el actor indicó que dentro del término legal de traslado
únicamente la Presidencia de la República presentó contestación, configurándose
así la confesión tácita u otorgamiento. En este sentido, solicitó que se dejara
constancia expresa en el expediente de dicha circunstancia, como presupuesto
para la decisión de fondo.
De otro lado, advirtió una parcialización procesal, pues señaló que había sido objeto
de requerimientos sucesivos de aclaración y subsanación, más rigurosos que los
exigidos a los accionados, quienes habían permanecido en silencio sin
consecuencia alguna. Ello correspondía a un trato desigual y discriminatorio,
contrario al principio de igualdad procesal y al derecho de acceso a la justicia,
tratándose de una consulta popular de origen ciudadano que había sido
“secuestrada y desaparecida en el trámite”. De otro lado, afirmó que la reiteración
de autos que dilataban la decisión y el silencio de los accionados configuraba un
perjuicio grave, por lo que solicitó que el despacho sometiera la posible aplicación
del artículo 39 del Reglamento de tutela del Consejo de Estado, a fin de corregir la
irregularidad y dictar la decisión correspondiente. En virtud de lo anterior, reiteró la
urgencia de que se profiriera el amparo transitorio o la sentencia de primera
instancia.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa del señor
Germán Gustavo Rodríguez Valencia, al ser titular de los derechos que afirma
fueron vulnerados. En esta línea, se observa que actuó como parte activa en el
trámite de tutela identificado con el número de radicado 11001-03-15-000-2026-
01247-00.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo de
Estado-Sección Cuarta, puesto que fue la autoridad judicial que conoció del trámite
de tutela antes referido. En cuanto a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el
50 Índice 00059 del aplicativo SAMAI, certificado FC86909A5EFAC7D6 E2DD2720D2426BD7
D3BD921C5D034646 14BCB4540FFD9AA7. Solicitud materialmente reiterada en los índices 61 y 67 del
aplicativo SAMAI.
16
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02343-00
Accionante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
Consejo Nacional Electoral, la Presidencia de la República y el Congreso de la
República se mantendrá su vinculación al trámite, por ser las autoridades a quienes
se les endilga la vulneración de los derechos que asisten al actor, sin perjuicio de
las consideraciones que se desarrollen en el análisis de fondo del asunto.
3. Cuestión previa:
Previo a abordar el análisis del caso en concreto, corresponde realizar algunas
precisiones respecto de diversos aspectos:
3.1. En primer lugar, pese a la escisión ordenada en auto de 1 de junio de 2026, el
accionante insistió en reiterar argumentos respecto de la conducta del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá. No obstante, la Sala no abordará tales
consideraciones, pues ellas corresponden al conocimiento de la Corte Suprema de
Justicia, como ya fue explicado al actor.
3.2. El despacho ponente realizó el trámite correspondiente al poner en
consideración de otro despacho la acumulación de este asunto, como ya fue
expuesto. En esta medida, el actor no puede imputar a las autoridades judiciales la
existencia de radicados contradictorios, cuando ha sido éste quien ha promovido
diversas acciones de tutela y habeas corpus que orbitan en torno a la “consulta
popular constituyente”.
3.3. En esta línea, resulta evidente que el actor ha iniciado diversos trámites
constitucionales en relación con lo que él ha llamado “consulta popular
constituyente”, pese a ello, no se abordará la temeridad, porque si bien existen
similitudes temáticas con otros procesos judiciales ya resueltos, no se advierte con
claridad que se dé el supuesto del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991. Por
ejemplo, el elemento de la mala fe, puesto que de las afirmaciones hechas por el
actor se infiere que actúa con la convicción de que su actuación no es temeraria,
sino que se encuentra justificada.
3.4. El accionante solicitó la aplicación del artículo 39 del reglamento de tutela del
Consejo de Estado, de manera que se entiende que se refirió al Acuerdo 080 del
12 de marzo de 2019 (reglamento interno de la Corporación). No obstante, esta
norma se encuentra dentro de las disposiciones aplicables a la Sala de Consulta y
Servicio Civil, por lo que resulta evidente que no es oponible a esta Sala ni al trámite
de tutela.
4. Problema jurídico
El asunto en cuestión supone el análisis de dos problemas jurídicos derivados de
situaciones diferenciadas: (i) el trámite adelantado por la Registraduría Nacional del
Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Presidencia de la República y el
Congreso de la República, respecto de la “consulta popular constituyente” y (ii) el
amparo formulado contra la decisión adoptada por el Consejo de Estado-Sección
17
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02343-00
Accionante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
Cuarta dentro del radicado 11001-03-15-000-2026-01247-00. Así pues, los
problemas jurídicos a abordar son los siguientes:
(i) Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran
superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
una providencia de la misma naturaleza. En caso afirmativo, se procederá a realizar
el estudio de fondo frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.
(ii) Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se vulneraron los
derechos de petición y debido proceso del accionante en el trámite de la “consulta
popular constituyente”.
5. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales
específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200551 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 52 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez
interpuesto53.
51 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
52
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma
razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados
al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
53 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en
los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento esta blecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y
el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa l a legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental,
conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la
aplicación de sus postulados.
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Accionante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”54.
5.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones de la
misma naturaleza.
Como se rememora en la Sentencia T-322 de 2019, por regla general, la acción de
tutela contra providencia judicial no es procedente cuando se trate de sentencias
de tutela, en aras de evitar que el litigio se prolongue indefinidamente, con
afectación del principio de seguridad jurídica. No obstante, la Corte varió su
posición ante la presencia del fraude:
“En la sentencia SU-627 de 2015, esta Corte fijó las reglas de procedencia de la
acción de tutela contra providencias dictadas en el trámite de la acción de tutela,
según tres hipótesis: (i) cuando la tutela se dirige en contra de la sentencia de
tutela en sentido estricto; (ii) cuando se dirige contra una decisión anterior al fallo;
y (iii) cuando se efectúa en contra de una decisión posterior.
Refiriéndose a la segunda de tales hipótesis, que es la que interesa en esta
oportunidad, la Sala Plena indicó que “la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno
de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los
requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales,
(i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la
decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación. (…)”55.
En ese contexto, se tiene que, en sentencia T-322 de 2019, la Corte Constitucional
precisó que para tener como probada la existencia de una situación fraudulenta en
la expedición de un fallo de tutela, se requiere la concurrencia de condiciones como:
Actuación prima facie dolosa o gravemente culposa, que se puede reflejar en i) la
decisión de autoridad competente en la que se declare la conducta dolosa del juez,
ii) la apertura de investigaciones disciplinarias o penales acerca de la configuración
de un delito; y iii) la materialización del dolo en la sentencia judicial.
Desviación judicial evidentemente incorrecta, que puede fundamentarse en
situaciones como i) la existencia de una interpretación normativa abiertamente
contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe o; ii) la afectación al
patrimonio público.
Indicios de la existencia de la situación de fraude, a partir de eventos como i)
evidencia de que el fallo de tutela fue proferido sin que se verificaran las condiciones
54 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
55
Corte Constitucional, Sentencia T-322 de 2019.
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Accionante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
de procedibilidad de este mecanismo excepcional; ii) ausencia de certeza del
derecho reconocido; iii) protección de un elevado número de peticionarios, cuya
situación individual no alcanza a ser debidamente examinada dentro del término de
diez (10) días del que dispone el juez para decidir; iv) cuando se presenta acción de
tutela contra una entidad que, por estar sumida en un estado de cosas
inconstitucional, presenta una limitada capacidad para ofrecer respuesta oportuna
a las demandas de sus afiliados y beneficiarios; v) el cumplimiento del fallo de tutela
proferido en las circunstancias descritas amenaza el goce efectivo de derechos
fundamentales de terceros; y vi) el reconocimiento de una prestación de forma
manifiestamente ilegal.
6. Derecho de petición y al debido proceso
6.1. El artículo 23 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de
interés general o particular, y a obtener una pronta resolución. Su regulación está
establecida en el Titulo II de la Primera Parte del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo56, y de acuerdo con el artículo
1357 de dicho cuerpo normativo, las personas tienen derecho a presentar, de forma
respetuosa, solicitudes de interés general o particular ante las autoridades y a
“obtener pronta resolución, completa y de fondo”.
La Corte Constitucional ha indicado que “tiene una finalidad doble: por un lado
permite que los interesados eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, por
otro, garantiza una respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo
solicitado. Ha indicado la Corte que ‘(…) dentro de sus garantías se encuentran (i)
la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro
del término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación debe ser clara y
efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la
situación real de lo solicitado’. En esa dirección también ha sostenido que a este
derecho se adscriben tres posiciones: ‘(i) la posibilidad de formular la petición, (ii)
la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal y la consecuente
notificación de la respuesta al peticionario’ (…)”58.
De otro lado, si quien recibe la solicitud considera que no tiene competencia para
contestarla, debe informar de inmediato al interesado, ya sea verbalmente o por
56 Título sustituido por la Ley 1755 de 2015.
57
Ley 1755 de 2015, artículo 13. “Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código,
por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre
otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o
funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar,
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer
recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de
abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación con las entidades dedicadas a su
protección o formación”.
58
Corte Constitucional, sentencia T-206 de 2018.
20
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Accionante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
escrito, y proceder con la remisión de esta al competente y enviar copia del oficio
remisorio al peticionario. En caso de no existir funcionario competente, así deberá
comunicarlo59.
Por lo tanto, una autoridad debe, frente a una petición respetuosa, responderla de
fondo y de manera congruente a lo solicitado; requerir que sea completada si
considera que es necesario, para luego resolverla de fondo; o remitirla a quien
tenga competencia, explicando las razones de su decisión; dentro de los términos
previstos en la ley.
En suma, el derecho de petición adquiere real importancia, por cuanto es
considerado un instrumento fundamental con el que cuenta el Estado para hacer
efectiva la democracia participativa, pues con fundamento en este, los ciudadanos
pueden acudirante autoridades con el fin de informarse y hacer efectivos los demás
derechos fundamentales.
6.2. Por otro lado, el derecho fundamental al debido proceso goza de
consagración expresa en el artículo 29 de la Constitución Política, en los siguientes
términos:
“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia
penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a
la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertirlas que se alleguen en su
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces
por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido
proceso.”
De este mandato constitucional se derivan diversas garantías: el derecho de
defensa y contradicción; el impulso y trámite de los procesos; (iii) la resolución del
asunto por la autoridad competente, entre otros elementos.
7. Caso concreto
Los problemas jurídicos planteados se analizarán de manera independiente.
59
Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.
21
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02343-00
Accionante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
7.1. Análisis de la presunta vulneración de los derechos al debido proceso y
petición:
7.1.1. La Sala negará el amparo solicitado frente a la Registraduría Nacional del
Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y la Presidencia de la República.
En efecto, el despacho sustanciador requirió en varias oportunidades al actor para
que precisara el alcance de sus solicitudes y aportara las pruebas
correspondientes, particularmente aquellas que afirmaba haber presentado sin
obtener respuesta, junto con sus constancias de radicación. Sin embargo, el
accionante no atendió dichos requerimientos.
Aunque se advierte que sus planteamientos giran en torno a la denominada
“consulta popular constituyente” y que remitió diversas comunicaciones sobre esa
temática a múltiples destinatarios, incluidos los accionados, nunca identificó con
claridad cuál actuación concreta consideraba incumplida. Esta circunstancia impide
establecer la existencia de una conducta omisiva susceptible de ser analizada
mediante la acción de tutela y dificulta el ejercicio del derecho de contradicción de
las entidades demandadas.
Adicionalmente, la Registraduría Nacional del Estado Civil acreditó haber dado
respuesta en varias oportunidades a las solicitudes relacionadas con dicha
temática, explicando el procedimiento previsto para promover una consulta popular
de origen ciudadano e indicando al actor la necesidad de ajustar sus solicitudes a
ese marco normativo.
7.1.2. La misma conclusión se impone respecto del Congreso de la República. Los
hechos atribuidos a esta entidad se relacionan con actuaciones denunciadas
públicamente por el presidente de la República y el ministro del Interior; sin
embargo, no se evidencia de qué manera tales circunstancias constituyen el origen
de una vulneración concreta de los derechos fundamentales invocados por el actor.
7.1.3. En cuanto al derecho al debido proceso, la Registraduría informó que la
referida “consulta popular constituyente” no ha sido adelantada. En consecuencia,
al no existir el trámite respecto del cual se formula el reproche, no es posible
predicar la vulneración de las garantías procesales dentro de este. Por las mismas
razones, y ante la falta de precisión que caracteriza la solicitud de amparo, tampoco
procede examinar una eventual afectación del derecho de participación
democrática.
7.2. Acción de tutela contra el auto del 13 de marzo de 2026 dentro del proceso
de radicado 11001-03-15-000-2026-01247-00
7.2.1. La Sala considera que la presente solicitud de amparo no supera la regla
general que proscribe la interposición de una acción de tutela contra otra decisión
de la misma naturaleza, por las razones que se exponen a continuación:
22
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02343-00
Accionante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
7.2.2 Frente al Consejo de Estado-Sección Cuarta, el actor atribuyó la presunta
negación de un habeas corpus y la omisión de una audiencia pública y pruebas. En
concreto, acusó un presunto auto de la Sala Plena dentro del radicado 11001-03-
15-000-2026-01247-00. Asimismo, el actor señaló que vinculaba “la omisión de
acumulación procesal respecto de la consulta popular constituyente radicada el 12
de septiembre de 2025”.
No obstante, desde el auto admisorio, en un ejercicio de dotar de sentido al trámite
se identificó como decisión acusada el auto del 13 de marzo de 2026 60 del Consejo
de Estado-Sección Cuarta-Sala de Decisión Unitaria, M.P. Claudia Rodríguez
Velásquez, que archivó el trámite de tutela para el radicado en mención, por cuanto
el actor no había aclarado si su memorial buscaba el ejercicio de una acción de
tutela contra la providencia que había resuelto la acción de habeas corpus o
correspondía a una solicitud de adición.
7.2.3. A partir de lo anterior, la Sala concluye que la parte actora no demostró la
condición fraus omnia corrumpit. Por el contrario, la carencia argumentativa del
escrito de tutela refleja que el actor está en desacuerdo con el sentido de la decisión
tomada por el Consejo de Estado-Sección Cuarta, sin que se advierta que expuso
razón o fundamento que permita a esta Sala llegar a desarrollar un análisis de fondo
en cuanto el cargo en mención.
7.2.4. Por tanto, no se advierte que los fundamentos de la solicitud de amparo
contengan la carga argumentativa que demuestre la configuración de la cosa
juzgada fraudulenta, o que la parte accionada haya incurrido en conductas con
propósitos ilegales o dolosos que atenten en contra de la administración de justicia
con la consecuente lesión a las garantías fundamentales de la parte actora, sino
que versó sobre la inconformidad del actor sobre la decisión adoptada por la
referida autoridad judicial.
En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción respecto de las
pretensiones formuladas frente al Consejo de Estado-Sección Cuarta.
7.3 Conclusión
A partir de todo lo anterior, la Subsección advierte que negará el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso y petición respecto de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Presidencia de la
República y el Congreso de la República. Del mismo modo, declarará la
improcedencia de la acción respecto de las peticiones formuladas frente al Consejo
de Estado-Sección Cuarta.
60 Índice 00029 del aplicativo SAMAI para el expediente 11001031500020260124700, certificado
132CA1050AF11D67 8430A9E272CA3690 F47D580746CCE5C6 01C6BA871BD8DC9D.
23
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02343-00
Accionante: Germán Gustavo Rodríguez Valencia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por el señor Germán Gustavo
Rodríguez Valencia contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo
Nacional Electoral, la Presidencia de la República y el Congreso de la República,
conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión.
SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta
por el señor Germán Gustavo Rodríguez Valencia contra el Consejo de Estado-
Sección Cuarta, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
CUARTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
LMSG
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