Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02331-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02331-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02331-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 24 de agosto de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02331-01
Demandante: Empresas Públicas de Medellín
Demandado: Tribunal de Arbitraje convocado para dirimir las
controversias surgidas entre Transmetano ESP SA y
Empresas Públicas de Medellín - EPM
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL Y LAUDO ARBITRAL| Confirma
• subsidiariedad
Síntesis del caso: La parte demandante enjuició el laudo arbitral de 11 de febrero de 2026,
proferido por el Tribunal Arbitral convocado para dirimir las diferencias entre Transmetano
ESP SA y EPM en el proceso arbitral con radicado No. 2024A0050, mediante el cual se
accedieron a las pretensiones y se condenó a EPM, y el auto mediante el cual se negaron
unas solicitudes de aclaración y corrección del laudo arbitral.
De acuerdo con la competencia asignada1, la Sala resolverá la
impugnación presentada por Empresas Públicas de Medellín - EMP en contra
de la Sentencia de 21 de mayo de 2026, proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado, en la cual se declaró improcedente la acción de
tutela2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 20 de marzo de 2026, EPM, por intermedio de apoderada judicial,
presentó una acción de tutela en contra del Tribunal de Arbitraje
convocado para dirimir las controversias surgidas entre Transmetano ESP SA
y Empresas Públicas de Medellín - EPM, por la aparente vulneración de su
derecho fundamental al debido proceso (defensa), con ocasión del laudo
arbitral de 11 de febrero de 2026 y el Auto No. 24 de 20 de febrero de 2026,
en el proceso arbitral identificado con el No. 2024 A 0050.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la parte accionante, según lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02331-01
Demandante: Empresas Públicas de Medellín - EPM
Demandado: Tribunal Arbitral convocado para dirimir controversias entre Transmetano ESP SA y EPM
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“PRIMERO. CONCEDER la protección del derecho fundamental al debido
proceso de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., vulnerado por el Tribunal
de Arbitramento integrado por los árbitros Antonio Aljure Salame, Anne Marie
Mürrle Rojas y Andrés Cardona Restrepo, convocado p ara dirimir las diferencias
entre TRANSMETANO E.S.P. S.A. y EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., a
través del Laudo Arbitral del once (11) de febrero de dos mil veintiséis (2026),
cuyas solicitudes de aclaración y corrección se resolvieron mediante Auto No.
24 del veinte (20) de febrero de dos mil veintiséis (2026), proferidos dentro del
proceso arbitral No. 2024 A 0050 adelantado ante el Centro de Conciliación,
Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS el Laudo
Arbitral del once (11) de febrero de dos mil veintiséis (2026) y el Auto No. 24 del
veinte (20) de febrero de dos mil veintiséis (2026), proferidos por el Tribunal de
Arbitramento integrado por los árbitros Antonio Aljure Salame, Anne Marie
Mürrle Rojas y Andrés Cardona Restrepo, dentro del proceso arbitral No. 2024 A
0050.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:
4. 1) Mediante las Resoluciones No. 4 de 2021, 103 de 2021 y 175 de 2021,
la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG- estableció el marco
regulatorio para determinar la tasa de descuento y calcular los cargos de
transporte de gas natural. El artículo 4 de la Resolución CREG 103 de 2021 fijó
la tasa de descuento WACC3, en 10,94 %, mientras que la Resolución CREG
175 de 2021 definió la metodología de remuneración, integrada por
variables como inversiones, gastos de administración, operación y
mantenimiento, proyección de demanda a 20 años y tasa de descuento.
5. 2) El 21 de junio de 2023, la CREG expidió la Resolución No. 102-002 de
2023, mediante la cual modificó el artículo 4 de la Resolución CREG 103 de
2021 y fijó en 11,88 % la tasa de descuento aplicable a la actividad de
transporte de gas natural. El artículo 3 estableció que la resolución regía
desde su publicación en el Diario Oficial y derogaba las normas contrarias.
6. 3) El 30 de noviembre de 2023, Transmetano ESP SA y Empresas
Públicas de Medellín - EPM celebraron el “Contrato de Transporte de Gas
Natural en Firme de Capacidades Trimestrales” TM-EPM-CF-2023-001. Su
objeto fue la prestación por parte de Transmetano, como transportador, a
favor de EPM, como remitente primario, del servicio de transporte de gas
natural. El contrato empezó a ejecutarse el 1 de diciembre de 2023 y tuvo
vigencia hasta el 30 de noviembre de 2024. Conforme con la cláusula 5.1
del contrato, EPM debía pagar mensualmente las tarifas correspondientes al
3 Costo promedio ponderado de capital.
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Demandante: Empresas Públicas de Medellín - EPM
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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servicio, de acuerdo con las parejas de cargos regulados, el cargo de
administración, operación y mantenimiento (AOM), las resoluciones de la
CREG y las tarifas publicadas por Transmetano en el Boletín Electrónico de
Operaciones.
7. Adicional a ello, en la cláusula 16 del contrato se estableció un
mecanismo escalonado de solución de controversias: inicialmente, las
partes debían procurar un acuerdo directo y, si la diferencia persistía, podían
acudir a un Tribunal de Arbitraje administrado por el Centro de Conciliación,
Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín.
8. 4) Desde la primera factura del contrato, Transmetano liquidó el
servicio con la tasa del 11,88 %, por considerar que la Resolución CREG 102-
002 de 2023 estaba vigente y había sustituido la tasa anterior. En enero de
2024 expidió la factura No. 16-1004 por $8.997.210.744, correspondiente al
servicio de diciembre de 2023. El 19 de enero de 2024, EPM glosó
$451.925.550 de esa factura, al considerar que la tasa aplicable continuaba
siendo del 10,94 %. El 23 de enero de 2024, Transmetano rechazó la glosa y
anunció que continuaría facturando con el 11,88 %. La misma situación se
repitió en las facturas de enero a junio de 2024, identificadas con los No. 16-
1013, 16-1033, 16-1048, 16-1070, 16-1083 y 16-1102.
9. 5) Etapa de arreglo directo: El 16 de febrero de 2024, mediante la
Circular 11 de 2024, la CREG puso en conocimiento general los conceptos
S2023003870 y S2024000334; y junto con el Concepto S2024001443, EPM los
presentó ante Transmetano como manifestaciones uniformes del regulador
a favor de la aplicación de la tasa del 10,94 %; Transmetano sostuvo que
esos conceptos no tenían fuerza vinculante para alterar la vigencia de la
Resolución 102-002 de 2023. El 4 de marzo de 2024, EPM comunicó la
terminación, sin acuerdo, de la etapa de arreglo directo.
10. 6) Procedimiento de resolución de conflictos: El 15 de mayo de 2024,
EPM promovió ante la CREG, bajo el radicado No. E2024006626, un
procedimiento administrativo de resolución de conflictos con fundamento
en el artículo 73.8 de la Ley 142 de 1994. EPM solicitó que se declarara que
Transmetano había interpretado y aplicado incorrectamente las
Resoluciones CREG 102-002 de 2023 y 175 de 2021 al recalcular
automáticamente los cargos de los contratos mencionados con la tasa del
11,88 %. Transmetano se opuso y defendió la vigencia inmediata de la nueva
tasa, la metodología de cálculo mensual y las condiciones contractuales
que remitían a la tarifa publicada y a la regulación vigente.
11. 7) El 18 de noviembre de 2024, la CREG expidió la Resolución No. 502-
118M de 2024, mediante la cual resolvió el conflicto administrativo
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Demandante: Empresas Públicas de Medellín - EPM
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Decisión: Confirma improcedencia
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promovido por EPM. La Comisión determinó que, para los contratos cuyos
cargos se hubieran calculado conforme con el artículo 6 de la Resolución
CREG 175 de 2021, la tasa aplicable era la del 10,94 %, porque la
metodología no contemplaba repetir automáticamente ese cálculo ante
una modificación del costo promedio ponderado de capital. La CREG
sostuvo que el 11,88 % debía aplicarse en actuaciones tarifarias particulares
posteriores. Mediante la Resolución No. 502-203 de 2026, la CREG confirmó
íntegramente la Resolución CREG 502-118M de 2024.
12. 8) Proceso arbitral: El 17 de septiembre de 2024, Transmetano presentó
una demanda arbitral en contra de EPM, ante el Centro de Conciliación,
Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín.
El fundamentó de la demanda consistió en que la Resolución CREG 102-002
de 2023 había sustituido la tasa del 10,94 % por la del 11,88 %; la nueva tasa
se encontraba vigente cuando se celebró el contrato; EPM debía pagar los
cargos publicados de acuerdo con la nueva reglamentación, por lo que las
glosas eran infundadas; fueron rechazadas las objeciones y, en
consecuencia, el contrato obligaba a EPM a pagar las facturas completas.
13. En virtud de lo anterior, Transmetano solicitó que se declarara que la
tasa aplicable al contrato era la del 11,88 %; que EPM había incumplido al
no pagar las sumas glosadas; que se condenara a EPM a pagar el valor de
$3.070.012.266, correspondientes a las glosas acumuladas hasta junio de
2024; el monto de $312.446.372,74 por concepto de intereses moratorios
causados hasta la presentación de la demanda; las sumas glosadas con
posterioridad a junio de 2024; los intereses que continuaran causándose; y
las costas del proceso. También pidió que se ordenara a EPM abstenerse de
objetar las facturas futuras con fundamento en la inaplicabilidad de la tasa
del 11,88 %.
14. 9) El 28 de noviembre de 2024, se instaló el Tribunal de Arbitraje 4, y
mediante Auto No. 2 se admitió la demanda, se ordenó notificar a EPM y al
Ministerio Público y se corrió traslado por el término de 20 días.
15. 10) El 30 de diciembre de 2024, EPM contestó oportunamente la
demanda, se opuso a todas las pretensiones, formuló excepciones de mérito
y objetó el juramento estimatorio. EPM sostuvo que la Resolución CREG 175
de 2021 no autorizaba el recálculo automático del costo promedio
ponderado del capital; que la nueva tasa solo podía incorporarse mediante
una actuación administrativa particular; que el artículo 24 únicamente
permitía actualizaciones anuales mediante índice de precios al productor e
índice de precios al consumidor; que no existía obligación de pago con el
4 Estuvo integrado por integrado por Antonio Aljure Salame, como presidente, Anne Marie Mürrle Rojas y Andrés
Cardona Restrepo.
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Demandante: Empresas Públicas de Medellín - EPM
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11,88 %; que se había ejercido legítimamente el derecho de objetar; y que
no había incumplimiento, ni mora.
16. Adicional a lo anterior, sostuvo que Transmetano ejercía una posición
dominante como transportador; que el contrato le permitía abstenerse de
pagar los valores glosados; y que la aplicación del mayor costo promedio
ponderado de capital trasladaría injustificadamente mayores cargos a los
usuarios finales.
17. 11) El 11 de febrero de 2026, el Tribunal Arbitral profirió el laudo arbitral
en audiencia, y declaró no probadas las excepciones propuestas por EPM;
declaró la prosperidad de las pretensiones; y condenó a EPM a pagar a
Transmetano $5.363.259.830 por concepto de capital, $1.975.713.789 por
intereses moratorios liquidados hasta la fecha del laudo y $235.933.771 por
costas y agencias en derecho.
18. Como fundamento del laudo, el tribunal señaló que la Resolución
CREG 102-002 de 2023 ordenaba su aplicación desde la publicación y
derogaba las normas contrarias; que los conceptos administrativos de la
CREG no tenían la fuerza vinculante para modificar situaciones jurídicas; y
que el tribunal no había fijado una tarifa, sino que determinó la tasa
regulatoria vigente que debía aplicarse para decidir una controversia
contractual. También consideró que las competencias administrativa y
jurisdiccional eran diferentes y que la actuación de la CREG no le impedía
resolver sobre el incumplimiento contractual.
19. El tribunal concluyó que EPM había objetado todas las facturas del
contrato por la diferencia entre el 11,88 % y el 10,94 % y que, al considerar
aplicable la primera tasa, las glosas eran infundadas y la falta de pago
constituía incumplimiento.
20. 12) El 18 de febrero de 2026, EPM presentó solicitudes de aclaración y
corrección del laudo. En la aclaración pidió que se explicara la aparente
contradicción entre los párrafos 75 y 76, en los que el tribunal delimitó su
competencia y reconoció que no podía fijar tarifas ni ejercer funciones
regulatorias, y la parte resolutiva, en la que determinó que la tasa aplicable
al contrato era el 11,88 %. EPM preguntó cómo podía considerarse esa
decisión una simple resolución contractual cuando incidía directamente en
una variable esencial de la tarifa y contradecía la posición fijada por la
CREG.
21. En la solicitud de corrección, EPM afirmó que el párrafo 366 y el cuadro
del párrafo 379 del laudo consignaron erróneamente como glosa de la
factura No. 16-1102, correspondiente a junio de 2024, la suma de
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Demandante: Empresas Públicas de Medellín - EPM
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$439.494.483, cuando los correos aportados al expediente indicaban que el
valor era de $434.347.551. En consecuencia, pidió corregir el valor de la
glosa, el capital de la condena y los intereses derivados de ese importe.
22. 13) Mediante Auto No. 24 de 20 de febrero de 2026, el Tribunal declaró
improcedentes las solicitudes de aclaración y corrección. Respecto de la
aclaración, sostuvo que la contradicción alegada provenía de la
interpretación de EPM y no de una frase oscura, ininteligible o contradictoria
del laudo; reiteró que no había fijado una tasa nueva, sino aplicado una
tasa establecida por la CREG. Sobre la corrección, consideró que esa figura
no podía emplearse para reabrir el debate jurídico o alterar la decisión y
que esta solo procedía por error puramente aritmético, omisión, cambio o
alteración de palabras que estuvieran en la parte resolutiva o influyeran en
ella.
23. 14) El 10 de abril de 2026, EPM interpuso un recurso extraordinario de
anulación contra el laudo arbitral, con fundamento en las causales de los
numerales 7 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. En relación con la
causal 7, EPM sostuvo que el laudo fue proferido en conciencia o equidad,
porque el Tribunal habría prescindido de pruebas indispensables y del
derecho positivo aplicable. Identificó como elementos omitidos el
documento soporte CREG 902-002 de 2023, los conceptos S2023003870,
S2024000334 y S2024001443, la Circular CREG 11 de 2024, la Resolución CREG
502-118M y su confirmación por la Resolución 502-203 de 2026. También
alegó el desconocimiento de los artículos 42, 86 y 87 del CPACA, del artículo
73.8 de la Ley 142 de 1994 y de las funciones regulatorias atribuidas
constitucionalmente a la CREG.
24. Respecto la causal 9, EPM alegó que el tribunal resolvió aspectos no
sujetos a la decisión arbitral, porque la determinación del costo promedio
ponderado de capital aplicable era, a su juicio, una materia regulatoria de
orden público, no disponible, ni transigible. EPM sostuvo que el asunto no
estaba comprendido en la cláusula compromisoria, ya que había sido
resuelto por la CREG mediante un acto administrativo que consideraba firme
y pertenecía a las competencias exclusivas del regulador; por ello, afirmó
que el tribunal sustituyó a la CREG en la interpretación y aplicación de la
metodología tarifaria.
25. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora
señaló que, con la expedición del laudo arbitral y el auto cuestionado el
tribunal incurrió en los defectos (1) sustantivo en la medida en que (a) el
tribunal decidió no analizar ni aplicar la Resolución CREG 502 118M de 2024
porque consideró que el acto administrativo no estaba en firme, debido al
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recurso de reposición interpuesto por Transmetano ESP SA: sin embargo, la
parte accionante refirió que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
86 del CPACA, habría operado el silencio administrativo negativo, lo cual
hacía procedente el análisis.
26. b) El tribunal prescindió de los pronunciamientos de la CREG
contenidos en el documento soporte CREG 902-002 de 2023, los Conceptos
CREG S2023003870, CREG S2024000334 y CREG S2024001443, la Circular
CREG 011 de 2024, y las Resoluciones CREG 502-118M de 2024 y CREG 502-
203 de 2026.
27. c) Se descalificó el documento soporte CREG 902-002 de 2023 por
falta de carácter vinculante, porque sus consideraciones no estaban
reflejadas en el texto de la Resolución CREG 102-002 de 2023. Pese a ello
señaló que aquella había indicado en sus considerandos que el documento
soporte la acompañaba; la determinación sobre cuáles documentos
formaban parte o integraban la motivación del acto debía corresponder a
la autoridad que lo expidió, no al Tribunal Arbitral; y la CREG había afirmado
expresamente, en el Concepto S2024000334 y en las Resoluciones 502-118M
y 502-203, que el Documento Soporte 902-002 era parte integrante de la
decisión adoptada mediante la Resolución CREG 102-002 de 2023. Según
EPM, los documentos soporte constituían, antecedentes y elementos de
motivación del acto administrativo, por ello, no podían ser tratados como
piezas meramente ilustrativas o prescindibles.
28. 2) Fáctico: EPM sostuvo que el Tribunal habría omitido valorar la
Resolución CREG 502-118M de 2024, pese a que había sido aportada al
expediente y decretada por el propio Tribunal como prueba sobreviniente
mediante el Acta No. 7 del 4 de marzo de 2025. EPM indicó que esta no era
una prueba secundaria, sino el acto administrativo mediante el cual la
autoridad regulatoria competente resolvió el conflicto entre las mismas
partes sobre el mismo punto debatido y determinó que la tasa aplicable a
los contratos era del 10,94 %. Expuso que la resolución también señaló que
Transmetano ESP SA cobró un mayor valor con afectación directa para los
usuarios atendidos por EPM.
1.2. Sentencia de primera instancia5 e impugnación
5 Mediante Auto de 21 de abril de 2026, el despacho del magistrado Carlos Fernando Mantilla Navarro de la
Sección Primera del Consejo de Estado dispuso: (1) admitir la acción de tutela interpuesta por Empresas Públicas
de Medellín - EPM; (2) tener como accionado al Tribunal de Arbitraje convocado para dirimir las diferencias entre
Transmetano ESP SA y EPM; y (3) vincular en calidad de terceros con interés a Transmetano ESP SA, al Ministerio de
Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG..
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29. Mediante Sentencia de 21 de mayo de 2026, la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no
haberse acreditado el requisito de subsidiariedad. La autoridad judicial hizo
referencia a que se evidenció que, de manera simultánea a la radicación
de la acción de tutela, EPM presentó el recurso de anulación contra el laudo
arbitral, con fundamento en la aparente falta de valoración de la
Resolución No. 502-118M de 2024, el desconocimiento de los conceptos
emitidos por la CREG y un aparente exceso de competencia del tribunal de
arbitraje.
30. Expresó que no resultaba admisible sostener en la acción de tutela
que el recurso de anulación carecía de idoneidad o eficacia para
controvertir los defectos alegados, y de forma simultánea acudir a este para
discutir los aspectos que presentó a través de la acción de tutela. En
consecuencia, señaló que, dado que en el asunto objeto de estudio aún
estaba pendiente de resolver el recurso de anulación contra el laudo
arbitral, la tutela se tornaba en improcedente.
31. Inconforme con el fallo de primera instancia, EPM impugnó la
sentencia de tutela, y solicitó que se revocara la decisión de primer grado.
32. Consideró que no había lugar a declarar la falta de subsidiariedad,
pues cada caso debía analizarse según las particularidades. En
consecuencia, indicó que, para este caso, lo alegado en la acción de
tutela, no se podía cuestionar a través del recurso de anulación, en la
medida en que las causales taxativas contempladas en el artículo 41 de la
Ley 1463 de 2012, se circunscribían a “errores in procedendo”, es decir a
fallas o errores en las formas y/o trámite del proceso.
33. En virtud de lo anterior, explicó que los cuestionamientos alegados a
través de la acción de tutela se referían a “errores in iudicando”, esto es, por
violación a leyes sustantivas, los cuales mencionó que consistían en la falta
de aplicación de un acto administrativo vigente y en firme – Resolución 502-
118M de 2024-, el hecho de prescindir de pronunciamientos de la autoridad
reguladora como material probatorio relevante y determinante, y la
construcción de una tesis contraria a la posición uniforme de la CREG,
respecto de la tasa que se debía aplicar a los contratos.
34. Agregó que el defecto más grande del laudo arbitral no era que se
omitiera valorar la Resolución No. 502-118M de 2024, sino que se hubiera
desconocido una norma sustantiva del ordenamiento jurídico que reglaba
la eficacia de los actos administrativos, aspecto no podía ser controlado por
el recurso de anulación.
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35. Finalmente, indicó que el asunto superaba el requisito de relevancia
constitucional en la medida en que se trataba de un asunto que trascendía
lo legal y económico ante el desconocimiento de normas de orden público
y el ejercicio de una función regulatoria que estaba reservada de forma
exclusiva a la CREG; había un debate del derecho fundamental al debido
proceso, el cual consideró que era claro, marcado e indiscutible; y no se
pretendía utilizar la tutela como una instancia adicional al proceso, ya que
la acción constitucional apuntaba a una actuación ostensiblemente
arbitraria y no a una simple discrepancia interpretativa.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido. 2.1. Manifestación de impedimento del Consejero de Estado Fredy Ibarra
Martínez. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra
decisiones adoptadas en el marco de un trámite arbitral. 2.4. Conclusión.
2.1. Manifestación de impedimento del Consejero de Estado Fredy Ibarra
Martínez
36. Mediante escrito de 24 de agosto de 20266, el Consejero de Estado
Fredy Ibarra Martínez presentó manifestación de impedimento, con
fundamento en los numerales 1 y 6 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal7, y bajo los siguientes argumentos:
“(…) actualmente conozco del recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral
con número de radicación 11001-03-26-000-2026- 00101-00 (74.504), (…), recurso que
fue admitido mediante auto del 20 de mayo de 2026 y que se encuentra actualmente
al despacho para proferir la decisión correspondiente. En consecuencia, como tengo
a mi cargo el conocimiento y decisión del recurso extraordinario de anulación
promovido contra el laudo arbitral relacionado con la controversia que, a su vez,
guarda relación con los argumentos de inconformidad planteados en el presente
mecanismo constitucional, considero que me encuentro impedido para
pronunciarme sobre el fondo del asunto.”
37. En atención a lo expuesto, se considera que, en efecto, se configura
la causal de impedimento invocada, toda vez que contra el laudo arbitral
enjuiciado se presentó el recurso extraordinario de anulación, cuyo ponente
es el magistrado Freddy Ibarra Matínez, de manera que le asiste interés en
la actuación procesal. En ese orden, se declarará fundado el aludido
impedimento y se le separará del conocimiento del asunto.
6 Índice 18 de SAMAI.
7 “Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento: (…). 1. Que el funcionario judicial, su
cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal.
(…)
6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del
proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02331-01
Demandante: Empresas Públicas de Medellín - EPM
Demandado: Tribunal Arbitral convocado para dirimir controversias entre Transmetano ESP SA y EPM
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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2.2. Fijación de la controversia
38. Pese a que a través de la acción de tutela se había cuestionado,
además del laudo arbitral, el Auto No. 24 de 20 de febrero de 2026, la
sentencia de tutela de primer grado fijó la controversia sobre el laudo
proferido por el Tribunal de Arbitraje el 11 de febrero de 2026, y dado que no
hubo ningún cuestionamiento sobre esa fijación de la controversia en
atención a que EPM no impugnó ese aspecto, la Sala también se centrará
en el análisis de los reparos respecto de esa decisión.
39. En esa medida, le corresponde a la Sala verificar si la presente acción
de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad respecto del Laudo
Arbitral proferido el 11 de febrero de 2026. En caso afirmativo, deberá
determinar, luego de verificar los demás requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, si con esa
decisión fueron vulnerados sus derechos fundamentales.
40. Como consecuencia de lo anterior, se confirmará, modificará o
revocará la decisión de primera instancia.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones adoptadas en
el marco de un trámite arbitral
41. En lo referente a la procedencia de la tutela contra providencias
proferidas en el marco de los procesos arbitrales, esta Corporación8 se ha
referido a la jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional que, mediante la
Sentencia T-790 de 2010, consideró la posibilidad de que la tutela pudiera
dirigirse contra decisiones adoptadas en el marco de un trámite arbitral. Allí
se indicó que, de conformidad con el artículo 116 superior, y de acuerdo
con la Ley 446 de 1998, el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución
de controversias mediante el cual las partes involucradas resuelven
voluntaria y libremente sustraer de la justicia estatal la solución de un
conflicto con el fin de que un tercero particular, revestido temporalmente
de función jurisdiccional, adopte una decisión de carácter definitivo y
vinculante para las partes, sujeta a las reglas básicas de todo proceso y al
acatamiento de las normas de orden público que reglamentan las
actuaciones de los árbitros y de las partes.
8 Reiteración jurisprudencial. Ver Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Rad. 11001-03-15-000-2018-01610-00, Actor: Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH contra el Tribunal
de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, constituido entre Petrominerales Colombia Ltda., y la
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, del 21 de noviembre de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02331-01
Demandante: Empresas Públicas de Medellín - EPM
Demandado: Tribunal Arbitral convocado para dirimir controversias entre Transmetano ESP SA y EPM
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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42. En vista de la naturaleza jurisdiccional de las decisiones del Panel
Arbitral, la Corte ha extendido la doctrina de los requisitos de procedencia
y procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales a las solicitudes
de amparo que se adelanten contra este tipo de decisiones, respetando,
en todo caso, las características propias del proceso arbitral9.
43. En el caso bajo estudio, la Sala confirmará la sentencia impugnada
mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela, tras
corroborar que no se superó el requisito de subsidiariedad, como pasa a
explicarse:
44. Para estudiar el requisito de subsidiariedad, debe aclararse que lo
pretendido por la parte actora fue que se dejara sin efectos el laudo arbitral,
por considerar que vulneró sus derechos fundamentales al haber incurrido
en los defectos sustantivo y fáctico.
45. En concordancia con lo anterior, resulta preciso recordar que el
artículo 6.110 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 8611
constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan
otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
46. La Corte Constitucional12 ha sostenido que es un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico
le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales.
47. En ese orden de ideas, en el presente caso, no se configuró el
mencionado requisito (subsidiariedad) porque, como lo explicó la Sección
Primera del Consejo de Estado, la parte actora presentó, de forma paralela
a la acción de tutela, el recurso de anulación de laudo arbitral, a través del
que planteó los reparos que fueron expuestos mediante este mecanismo
constitucional y, el cual se encuentra actualmente en trámite13.
9 Sentencia T-244 de 30 de marzo de 2007.
10 “Artículo 6. causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”
11 “Artículo 86—Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden
para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de
inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión. Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (…)”.
12 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
13 El recurso fue presentado el 11 de mayo de 2026, y se le asignó el radicado No. 11001-03-26-000-2026-00101-00.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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48. Una vez la Sala revisó los argumentos de la acción de tutela y los
argumentos presentados a través del recurso de anulación de laudo arbitral,
logró establecer que los cuestionamientos coinciden, como se logra ver a
continuación.
Acción de tutela Recurso de anulación
• “Inaplicación de la Resolución 502 - “al inaplicar la Resolución 502 118M
118M desconociendo el artículo 87 del con el argumento de que no estaba en
CPACA (…) La afirmación del Tribunal de firme —argumento que, como se demostró
que la Resolución "no se encontraba en en el numeral anterior, contradice el artículo
firme en virtud del recurso de reposición 86 del CPACA—, el Tribunal no solo
interpuesto por TRANSMETANO" desconoció la prueba: desconoció la
contradice abiertamente este régimen norma positiva que le atribuía a la CREG la
legal: el recurso de reposición no estaba competencia para resolver exactamente la
pendiente de resolución al momento del controversia que él mismo estaba
Laudo; había sido resuelto ficta y decidiendo. El artículo 73.8 de la Ley 142 no
negativamente por ministerio de la ley es una norma dispositiva que las partes o los
desde el 5 de mayo de 2025.” (Defecto árbitros puedan ignorar” (Causal séptima de
sustantivo). anulación).
• “El Tribunal se negó expresamente a
analizar el contenido de la Resolución
CREG 502-118M, con el argumento de
que "no se encuentra en firme". (Defecto
fáctico).
• “prescindencia sistemática de los - “En el caso concreto, tal como se
pronunciamientos de la CREG como anticipó, se considera que se configuró un
intérprete auténtica sin justificación laudo en conciencia, porque el Tribunal,
técnica equivalente. El Tribunal se apartó desconoció de forma manifiesta e
de la totalidad de los pronunciamientos injustificada pruebas que eran
oficiales de la CREG sobre la materia fundamentales para tomar la decisión,
regulatoria objeto del litigio: el conforme al marco legal y regulatorio en el
Documento soporte CREG 902-002 de que se enmarca la controversia, y que
2023, los Conceptos S2023003870, evidentemente hubieran conducido a una
S2024000334 y S2024001443, y la Circular decisión diferente a la adoptada.
011 de 2024.
Las pruebas que fueron desconocidas por el
Todos fueron aportados al proceso. Todos Tribunal Arbitral fueron las siguientes:
eran de pleno conocimiento del Tribunal.
Todos apuntaban en el mismo sentido: la (1) El documento soporte CREG 902 de 2023,
tasa del 11,88% aplica únicamente a las parte integrante de la Resolución CREG 102-
actuaciones tarifarias particulares que la 002 de 2023.
CREG expida con posterioridad, y no
podía ser aplicada por los (2) La Resolución CREG 502 118M del 18 de
transportadores bajo un efecto noviembre de 2024, que resolvió la
automático.” (Defecto sustantivo) controversia entre EPM y TRANSMETANO por
la aplicación de la tasa de descuento y
había adquirido firmeza en virtud del silencio
administrativo negativo.
(3) Los pronunciamientos reiterados y
convergentes de la CREG [conceptos] en los
que dicho organismo de carácter técnico
explicó que la actualización de la tasa de
descuento realizada mediante Resolución
CREG 102 002 de 2023, no autorizaba a los
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02331-01
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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transportadores a realizar una actualización
automática de los cargos con la nueva tasa
de descuento.” (Causal séptima de
anulación)
• “descalificación del Documento - “Desconocimiento del Documento
soporte CREG 902 002 de 2023 como Soporte CREG 902 002 de 2023 como parte
componente normativo de la Resolución integrante de la Resolución CREG 102 002
102-002 de 2023. En el párrafo 258, el de 2023 El Tribunal desconoció el
Tribunal señaló que el contenido del Documento Soporte CREG 902 002 de 2023
Documento soporte CREG 902-002 de en dos momentos distintos del Laudo:
2023 "no puede considerarse vinculante" primero al restarle toda fuerza vinculante,
porque sus disposiciones "no aparecen y segundo al concluir que su contenido no
de ninguna manera reflejadas en el texto podía considerarse obligatorio por no
de la Resolución que dice soportar.".” aparecer reflejado en el texto de la
(Defecto sustantivo). Resolución CREG 102 002 de 2023.” (Causal
séptima de anulación).
49. En este punto, es importante señalar que si bien la Corte
Constitucional14 ha determinado que, en principio, el recurso de anulación
de laudos arbitrales es el medio idóneo para que el juez verifique la
adecuación del laudo a los términos constitucionales respecto a las
causales que están enfocadas en la valoración del derecho al debido
proceso por posibles errores sobre las formas del proceso, lo cierto es que la
acción de tutela también es procedente contra los laudos arbitrales,
respecto de las materias que se encuentran excluidas del recurso, y que
podrían involucrar la vulneración de derechos fundamentales.
50. En el presente asunto, como puede evidenciarse de las trascripciones
realizadas líneas atrás, y como lo había advertido el juez constitucional de
primer grado, los reparos formulados en la acción de tutela y en el recurso
extraordinario de anulación son coincidentes, motivo por el que se entiende
que, para este caso, el mecanismo judicial idóneo para el estudio de los
reparos formulados por la parte actora, en primera medida, es el recurso
extraordinario de anulación de laudo arbitral.
51. Por lo anterior, los argumentos del impugnante no son de recibo ya
que lo pretendido es que se dé por superado un requisito de procedibilidad,
con el fin de que, a través de la acción de tutela, se estudien unos reparos
que deben ser del conocimiento del juez que se encuentra a cargo del
análisis del recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral, lo cual
equivaldría a que el juez de tutela invada la competencia de la autoridad
judicial que por naturaleza debía pronunciarse sobre el asunto, sin que se
encuentre justificada esa intervención.
14 Revisar la Sentencia de la Corte Constitucional SU-33 de 2018.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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52. En ese orden de ideas, al igual que lo declaró el juez constitucional de
primer grado, para la Sala no se configuró el mencionado requisito
(subsidiariedad) porque no se ha agotado el mecanismo judicial que
presentó el accionante, con el fin de que el juez natural del asunto se
pronuncie sobre los aspectos que expuso mediante este mecanismo
constitucional.
2.4. Conclusión
53. La Sala confirmará la sentencia impugnada, tras corroborar que no se
superó el requisito de subsidiariedad.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el
magistrado Fredy Ibarra Martínez y, en consecuencia, separarlo del
conocimiento del presente asunto, de conformidad con los argumentos
expuestos.
SEGUNDO: CONFIRMAR la Sentencia de 21 de mayo de 2026, por la cual la
Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud
de amparo por falta de subsidiariedad, por las razones descritas.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin15.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
15 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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