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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2026-00101-00

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2026-00101-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Declárase infundado el recurso extraordinario de anulación promovido por Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM ESP) en contra del laudo arbitral del 11 de febrero de 2026. 27 La sociedad convocante compareció por medio de apoderado y se opuso al recurso dentro del término concedido para el efecto. 26 Exp. 11001-03-26-000-2026-00101-00 (74.504) Recurrente: EMP ESP Recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral 2°) Levántase la suspensión de los efectos del laudo decretada mediante auto del 20 de mayo de 2026. 3º) Condénase en costas a cargo de la entidad recurrente, Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM ESP), por Secretaría liquídense, incluidas las agencias en derecho que se fijan en cuantía total equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes en la fecha de ejecutoria de esta decisión. 4º) Ejecutoriada esta providencia

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2026-00101-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

24 de agosto de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-26-000-2026-00101-00 (74.504)
Convocante: TRANSMETANO ESP SA
Convocada: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP
Medio de control: RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN
Asunto: CAUSALES: HABERSE FALLADO EN CONCIENCIA
O EN EQUIDAD DEBIENDO SER EN DERECHO, Y
HABER RECAÍDO EL LAUDO SOBRE ASPECTOS
NO SUJETOS A LA DECISIÓN DE LOS ÁRBITROS

Síntesis: Empresas Públicas de Medellín ESP, empresa convocada, interpone recurso
extraordinario de anulación con fundamento en las causales de (i) haberse fallado en
conciencia o en equidad debiendo ser en derecho y, (ii) haber recaído el laudo sobre
aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, en contra del laudo arbitral del 11 de
febrero de 2026 que accedió las súplicas de la demanda arbitral por razón de la declaración
de incumplimiento del contrato de transporte de gas natural en firme de capacidades
trimestrales celebrado con Trasmetano ESP SA; la sociedad convocante se opone a la
prosperidad del recurso para lo cual sostiene que los argumentos expuestos no se dirigen
a demostrar la configuración real de las causales invocadas, sino a reabrir la discusión
probatoria, contractual, jurídica y normativa.

Temas: recurso extraordinario de anulación – características – causal 7 de anulación -
haberse fallado en conciencia o en equidad debiendo ser en derecho - causal 9 de anulación
– haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber
concedido más de lo pedido o no haber decidido cuestiones sujetas al arbitramento –
principio de congruencia del laudo.

Decide la Sala el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la convocada,
Empresas Públicas de Medellín ESP, en contra del laudo arbitral del 11 de febrero
de 2026 proferido por un tribunal de arbitraje1 con sede en el Centro de Conciliación,
Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín
(Antioquia), en el cual se resolvió lo siguiente:

1 Integrado por los árbitros Antonio Aljure Salame (presidente), Anne Marie Mürrle Rojas y Andrés

Cardona Restrepo; como secretario fungió la abogada María Paula Bonivento Ocampo.

2
Exp. 11001-03-26-000-2026-00101-00 (74.504)
Recurrente: EMP ESP
Recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral

“Primero. Declarar no probadas las excepciones formuladas por EPM
frente a las pretensiones de la Demanda, de acuerdo con lo expresado en
la parte motiva del Laudo.

Segundo. Declarar que no hay lugar a pronunciarse sobre la pretensión
décima de la Demanda por versar sobre una situación que se encuentra
consolidada y no requiere pronunciamiento, según lo expresado en la
parte motiva del Laudo.

Tercero. Declarar que prosperan las demás pretensiones de la Demanda,
con fundamento en lo expresado en la parte motiva del Laudo.

Cuarto. Condenar a EPM a pagar a TRANSMETANO la suma de cinco
mil trescientos sesenta y tres millones doscientos cincuenta y nueve mil
ochocientos treinta pesos ($5.363´259.830), junto con el valor de los
intereses de mora sobre cada una de las sumas glosadas, a la tasa de
interés máxima permitida por la ley, según lo pactado en el Contrato y de
acuerdo a lo indicado en el Laudo, desde la fecha de vencimiento de cada
factura, hasta que se realice el pago. Los intereses de mora liquidados
hasta la fecha del laudo ascienden a la suma de mil novecientos setenta
y cinco millones setecientos trece mil setecientos ochenta y nueve pesos
($1.975´713.789). Esas sumas se deberán pagar una vez ejecutoriado el
laudo, y para efectos de su cobro se tendrá en cuenta lo dispuesto en la
ley aplicable.

Quinto. Condenar a EPM a pagar a TRANSMETANO la suma de
$235´933.771 por concepto de costas del proceso, con fundamento en lo
indicado en la parte motiva de este Laudo.

Sexto. Abstenerse de imponer la sanción prevista en el artículo 206 del
Código General del Proceso, conforme a lo indicado en la parte motiva.

Séptimo. Ordena que una vez en firme esta providencia, por Secretaría
se expidan copias auténticas de este Laudo, con las constancias de Ley,
para cada una de las partes y para el Ministerio Público.

Octavo. Disponer que en los términos del artículo 47 de la Ley 1563 de
2012, se haga entrega por Secretaría del expediente digital completo del
trámite arbitral para su archivo en el Centro de Arbitraje y Conciliación de
la Cámara de Comercio de Medellín” (índice 3 SAMAI – mayúsculas fijas
y negrillas del original)2.

I. ANTECEDENTES

1. El proceso arbitral

1.1 El pacto arbitral

El 30 de noviembre de 2023, Empresas Públicas de Medellín ESP y la sociedad
Transmetano ESP SA celebraron el contrato de transporte de gas natural en firme

2 Archivo: “ED_2024A0050_Transmetan(.pdf) NroActua 3”.

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Exp. 11001-03-26-000-2026-00101-00 (74.504)
Recurrente: EMP ESP
Recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral

de capacidades trimestrales no. TM-EPM-CF-2023-001, en el cual se estipuló la
siguiente cláusula compromisoria:

“16 CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA: RESOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS. –

16.1 Cualquier disputa que se presente entre las Partes con ocasión del
presente Contrato de Transporte, se resolverá así:

161.1. (sic) Por acuerdo directo entre las Partes, el cual constara en acta
suscrita por los representantes de las Partes, o quienes hagan sus veces.
La etapa de acuerdo directo se entenderá falida si las Partes no han
llegado a un acuerdo dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
fecha en que una Parte notifique a la otra de la discrepancia.

En caso de persistir la controversia, las Partes acuerdan que la misma,
excepto cuando se trate de controversias que impliquen el ejercicio de la
acción ejecutiva, será resuelta por un Tribunal de Arbitramento, que
funcionará en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Medellín, el cual se sujetará al reglamento del Centro,
conforme las reglas que se exponen en el siguiente numeral.

El(os) árbitro(s) será(n) designado(s) de común acuerdo por las Partes,
de la lista del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio
de Medellín. La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas
previstas para el arbitraje institucional de la Cámara de Comercio de
Medellín; Las Partes acuerdan un plazo de quince (15) días calendarios,
contados a partir del momento en que una de las Partes le comunica a la
otra de la convocatoria del Tribunal de Arbitramento, para proceder a la
designación por mutuo acuerdo. A falta de acuerdo, será(n) designado(s)
por el Director del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Medellín.

Si la discrepancia tiene una cuantía inferior o igual a mil ochocientos
(1.800) salarios mínimos mensuales vigentes, el Tribunal estará integrado
por un árbitro único; si la discrepancia tiene una cuantía superior a mil
ochocientos (1.800) salarios mínimos, el Tribunal estará integrado por tres
árbitros. Toda controversia se resolverá como si tuviera carácter jurídico.
El(los) árbitro(s) será(n) abogado(s) en ejercicio y decidirá(n) en derecho.
Si existe un componente de carácter técnico en la controversia, el(los)
árbitro(s) será(n) abogado(s) y deberá(n) ordenar la práctica de una
prueba pericial, designando como perito(s) a experto(s) en la materia”
(índice 3 SAMAI – mayúsculas sostenidas y negrillas del original)3.

1.2. La demanda arbitral

El 17 de septiembre de 2024, la sociedad Transmetano ESP SA convocó un
tribunal arbitral con sede en el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable

3 Archivo: “16ED_2024A0050DEMANDAARBI(.zip) NroActua 3”. El negocio jurídico celebrado entre

las partes fue aportado como un anexo de la demanda.

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Recurrente: EMP ESP
Recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral

Composición de la Cámara de Comercio de Medellín (Antioquia) con el fin de que
se accediera a las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Que se declare que la tasa de descuento aplicable a la
liquidación de la Tarifa del Contrato de Transporte de Gas Natural en
Firme de Capacidades Trimestrales TM-EPM- CF-2023-001, celebrado
entre TRANSMETANO y EPM el 30 de noviembre de 2023, es la del
11,88% que establece la Resolución CREG 102 002 de 2023.

SEGUNDA: Que, en consecuencia, se declare que EPM está obligada a
pagar a TRANSMETANO el valor de la Tarifa del Contrato de Transporte
de Gas Natural en Firme de Capacidades Trimestrales TM-EPM-CF-
2023-001 liquidada con la tasa de descuento de 11,88% que establece la
Resolución CREG 102 002 de 2023.

TERCERA: Que, en consecuencia, se declare que son infundadas las
glosas u objeciones formuladas por EPM a las facturas presentadas por
TRANSMETANO, correspondientes al Servicio de Transporte de gas
natural bajo el Contrato de Transporte de Gas Natural en Firme de
Capacidades Trimestrales TM-EPM-CF-2023-001 de los meses de
diciembre de 2023 (factura No. 16-1004), enero de 2024 (factura No. 16-
1013), febrero de 2024 (factura No. 16-1033), marzo de 2024 (factura No.
16-1048), abril de 2024 (factura No. 16-1070), mayo de 2024 (factura No.
16-1083) y junio de 2024 (factura No. 16-1102), así como aquellas glosas
u objeciones efectuadas por EPM a las facturas presentadas por
TRANSMETANO con posterioridad al mes de junio de 2024 que tengan
como fundamento la inaplicabilidad de la tarifa de 11,88% que establece
la Resolución CREG 102 002 de 2023.

CUARTA: Que se declare que EPM incumplió el Contrato de Transporte
de Gas Natural en Firme de Capacidades Trimestrales TM-EPM-CF-
2023-001, debido a que no pagó el valor total de las facturas presentadas
por TRANSMETANO, correspondientes al Servicio de Transporte de gas
natural de los meses de diciembre de 2023 (factura No. 16-1004), enero
de 2024 (factura No. 16-1013), febrero de 2024 (factura No. 16-1033),
marzo de 2024 (factura No. 16-1048), abril de 2024 (factura No. 16-1070),
mayo de 2024 (factura No. 16- 1083) y junio de 2024 (factura No. 16-1102)
dentro del término previsto en el numeral 10 de la Certificación del
Contrato TM-EPM-CF-2023-001, así como por su negativa al pago
oportuno del valor total de las facturas presentadas por TRANSMETANO
con posterioridad al mes de junio de 2024.

QUINTA: Que, en consecuencia, se declare que EPM está obligada a
pagar a TRANSMETANO las sumas infundadamente glosadas y no
pagadas por EPM, más los intereses moratorios correspondientes, de
acuerdo con lo previsto en la Cláusula Octava del Contrato de Transporte
de Gas Natural en Firme de Capacidades Trimestrales TM-EPM- CF-
2023-001.

SEXTA: Que, en consecuencia, se condene a EPM a pagar a
TRANSMETANO el valor de $3.070.012.266, correspondiente a las
sumas que, con corte al mes de junio de 2024, han sido infundadamente
glosadas y no pagadas por EPM.

SÉPTIMA: Que, en consecuencia, se condene a EPM a pagar a
TRANSMETANO la suma de $312.446.372,74, correspondiente a los
intereses moratorios generados por la mora en el pago de las sumas

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Recurrente: EMP ESP
Recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral

infundadamente glosadas, liquidados desde la fecha de vencimiento del
plazo para el pago de cada una de las facturas y hasta la presentación de
la demanda.

OCTAVA: Que, también en consecuencia, se condene a EPM a pagar a
TRANSMETANO el monto que resulte probado en el presente proceso
correspondiente a las sumas infundadamente glosadas y no pagadas por
EPM con posterioridad al mes de junio de 2024, junto con sus respectivos
intereses moratorios.

NOVENA: Que, en consecuencia, se condene a EPM a pagar a
TRANSMETANO los intereses moratorios generados por la mora en el
pago de las sumas infundadamente glosadas, que se causen con
posterioridad a la presentación de la demanda y hasta que se efectúe el
pago total de la obligación.

DÉCIMA: Que, también en consecuencia, se ordene a EPM abstenerse
de objetar en adelante las facturas presentadas por TRANSMETANO,
correspondientes al Servicio de Transporte de gas natural bajo el Contrato
de Transporte de Gas Natural en Firme de Capacidades Trimestrales TM-
EPM-CF-2023-001, con fundamento en la inaplicabilidad de la tarifa de
11,88% que establece la Resolución CREG 102 002 de 2023.

DÉCIMA PRIMERA: Que se condene a EPM en costas y agencias en
derecho” (índice 3 SAMAI – negrillas, subrayado y mayúsculas fijas del
original)4.

En el escrito de demanda la sociedad convocante sostuvo que el 30 de noviembre
de 2023 celebró con EPM ESP el contrato de transporte de gas natural en firme de
capacidades trimestrales no. TM-EPM-CF-2023-001 cuya tarifa debía liquidarse con
fundamento en la tasa de descuento (WACC) que define la Comisión de Regulación
de Energía y Gas (CREG); además, agregó que para la fecha de suscripción del
negocio jurídico ya regía la Resolución no. CREG 102 002 de 2023 que actualizó
dicha tasa al 11,88%, valor con el que facturó el servicio entre diciembre de 2023 y
junio de 2024, mientras que EPM glosó parcialmente cada factura presentada, para
lo cual insistió en aplicar la tasa derogada del 10,94%.

1.3 La contestación de la demanda arbitral

En su respuesta a la demanda arbitral Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM
ESP) se opuso a las súplicas formuladas (índice 3 SAMAI)5 para lo cual propuso las
siguientes excepciones: i) “indebida interpretación y aplicación de la regulación”, (ii)
“inexistencia de la obligación de pago con la tasa de descuento del 11,88%”, (iii) “el
contrato celebrado entre Transmetano y EPM es un contrato por adhesión”, (iv)

4 Archivo: “16ED_2024A0050DEMANDAARBI(.zip) NroActua 3”.
5 Archivo “15ED_2024A0050ACTUACIONES(.zip) NroActua 3 – contestación demanda”.

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Recurrente: EMP ESP
Recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral

“EPM no incumplió el contrato” y, (v) “afectación a los usuarios y violación de
principios regulatorios”; en primer término, adujo que la demanda se estructuró a
partir de una errada e indebida interpretación y aplicación de la regulación ya que,
la metodología tarifaria de la Resolución no. CREG 175 de 2021 no contempla un
procedimiento de recálculo automático de cargos ante un cambio en la tasa de
descuento, tal como lo ha señalado la CREG en múltiples conceptos y
pronunciamientos, según los cuales los efectos de la nueva tasa solo se reflejan en
actuaciones particulares posteriores; de otra parte, manifestó que inició un trámite
administrativo ante la CREG (Auto 0000261 del 27 de mayo de 2024), aún pendiente
de decisión; asimismo, calificó el contrato como de adhesión, en tanto que fue
predispuesto por Transmetano ESP SA; con fundamento en lo anterior concluyó que
no incumplió el contrato ni se encuentra en mora, pues, las objeciones y glosas se
ejercieron legítimamente y los cobros carecen de sustento regulatorio.

2. El laudo arbitral

Mediante laudo del 11 de febrero de 2026 (índice 3 SAMAI)6 el tribunal arbitral
accedió a las súplicas de la demanda con fundamento en el siguiente razonamiento:

1) En primer lugar, la Resolución no. CREG 102-2 no indicó que la nueva tasa de
descuento solo se aplicaría a las actuaciones particulares que se resolvieran a
posteriori ni tampoco dijo nada sobre la vigencia de la tasa; por el contrario, el
artículo 3 dispuso expresamente que entraba a regir de manera inmediata y
derogaba las normas que le fueran contrarias; en consecuencia, la Resolución 102-
2 la CREG tampoco dejó vigente el artículo 4 de la Resolución no. 103 en el cual se
determinó la tasa del 10,94%, sino que lo modificó integralmente por lo cual este
último fue derogado, perdió vigencia y no es posible aplicarlo a partir de la
publicación de la Resolución no. 102-2 en el Diario Oficial.

2) De otra parte, los conceptos invocados en la contestación de la demanda y el
documento soporte de la CREG no son vinculantes ni pueden modificar el texto de
las resoluciones, pues, lo expresado en ellos no quedó reflejado en la parte
resolutiva de la Resolución no. 102-2; por consiguiente, durante la vigencia del
contrato la tasa aplicable era el 11,88% de conformidad con lo previsto en el artículo
6 de la Resolución 175 de 2021 (marco regulatorio).

6 Archivo: “ED_2024A0050_Transmetan(.pdf) NroActua 3”.

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Recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral

3) En esa perspectiva, EPM ESP por el hecho de no pagar el valor total de las
facturas (con retención de la diferencia entre el 11,88% y el 10,94%) incumplió la
cláusula 5.4 de las condiciones generales del contrato y, por lo tanto, es procedente
declarar su responsabilidad patrimonial contractual; asimismo, aunque el contrato
preveía el derecho a objetar facturas, por hallarse infundadas las glosas se
configuró el incumplimiento atribuido en la demanda con independencia de que EPM
ESP hubiera actuado de buena fe, ejercido su derecho a objetar e iniciado la
actuación administrativa ante la CREG.

4) En lo que concierne a la naturaleza jurídica del acuerdo, si bien no puede
sostenerse que en este tipo de contratos hay total libertad negocial, puesto que el
transporte de gas es un servicio regulado, lo cierto es que, los contratantes sí tienen
la posibilidad de solicitar la modificación de algunas disposiciones y que los
acuerdos a los que se llegan quedan vertidos en la certificación que se anexa a las
condiciones generales, por lo cual no puede sostenerse que el negocio jurídico sea
de adhesión.

4. El recurso extraordinario de anulación

La censura en contra del laudo arbitral se fundamenta en las causales contenidas
en los numerales 7 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 y está soportada
(índice 3 SAMAI)7 en el siguiente razonamiento.

1) Primer cargo: causal contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de
2012 – Estatuto Arbitral: “haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en
derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”.

Las razones de la impugnación son las siguientes:

a) La tesis del tribunal carece de respaldo en el marco regulatorio y en las pruebas
aportadas al proceso, pues, en el proceso no existe ninguna norma -resolución,
circular o concepto- que establezca que la Resolución no. CREG 102 002 de 2023
opera de manera automática sobre los contratos en ejecución; contrario sensu, el
panel arbitral, de forma caprichosa, se abstuvo de valorar la Resolución 502 118 M
de 2024 que resolvió la petición elevada por EPM ESP en el sentido de explicar de

7 Archivo: “ ED_Recursodeanulacion20(.pdf) NroActua 3”.

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Recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral

manera clara las razones por las cuales la tasa de descuento aplicable al contrato
celebrado entre la convocante y la convocada es la del 10,94%.

b) En primer término, los árbitros desconocieron el documento soporte CREG 902
002 de 2023 que es parte integral de la Resolución no. CREG 102 002 de 2023; en
efecto, en el párrafo 237 del laudo se analizó la tesis expuesta por EPM ESP, según
la cual la nueva tasa de descuento se aplicaría únicamente a las actuaciones
administrativas particulares que se adelantaran con posterioridad a la firmeza de la
resolución; empero, se apartó de la misma sobre la base de considerar que el
referido documento soporte no era oponible en tanto que no se publicó en el Diario
Oficial y, por lo tanto, no era vinculante; es particularmente relevante advertir que el
documento que se abstuvo de valorar el tribunal no constituye una simple opinión o
concepto aislado de la entidad regulatoria, sino que, es parte integral y vinculante
del acto administrativo; por tal motivo, el laudo dejó de analizar lo prescrito de
manera expresa e inequívoca en ese documento, así: “La nueva tasa de descuento
aplica a todas las actuaciones particulares que se definan a partir de la firmeza de
la resolución que ajusta la Resolución CREG 103 de 20212”, de modo que, si el
tribunal arbitral hubiese valorado el documento soporte CREG 902 002 de 2023 que,
se insiste, es parte integral de la Resolución no. CREG 102 002 de 2023, habría
llegado a una conclusión distinta a la adoptada en el caso concreto.

c) Asimismo, la falta de valoración y aplicación de la Resolución no. CREG 502 118
M de 2024 se apoyó en una tesis abiertamente insostenible contenida en el laudo;
los árbitros se abstuvieron de analizar el referido acto administrativo al afirmar que
Transmetano ESP SA interpuso recurso de reposición en contra de la mencionada
resolución y, por ende, que no estaba ejecutoriada; sin embargo, la interposición del
mencionado recurso no suspendía indefinidamente la firmeza del acto
administrativo en tanto que generaba la obligación para la CREG de resolver el
recurso dentro del plazo legalmente previsto (artículo 86 CPACA) so pena de
configuración del silencio administrativo negativo; de allí que el silencio
administrativo operó en contra de la CREG pero no en beneficio indefinido de
Transmetano ESP SA; por lo tanto, sostener que un acto administrativo no estaba
en firme por virtud de un recurso cuyo término legal para su decisión había fenecido
nueve meses antes equivale a sostener que la sola interposición del recurso puede
afectar -de manera indefinida- la eficacia de los actos administrativos, conclusión
que resulta inadmisible y contraria al texto del artículo 86 de la Ley 1437 de 2011.

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Recurrente: EMP ESP
Recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral

Es pertinente destacar que la Resolución no. CREG 502 118 M de 2024 no era una
prueba de valor marginal o circunstancial; por el contrario, a través de este acto
administrativo la CREG, en ejercicio de la función asignada en el numeral 8 del
artículo 73 de la Ley 142 de 1994, resolvió formal y materialmente el conflicto entre
las partes al establecer lo siguiente:

“Artículo 2. Solucionar el conflicto suscitado entre Empresas Públicas de
Medellín EPM SA ESP y la empresa Transmetano ESP SA, en el sentido
de indicar que la tasa de descuento que es aplicable a los contratos de
transporte de gas natural mencionados en la solicitud realizada mediante
comunicación con radicado CREG E2024006626 del 15 de mayo de 2024,
corresponde a la definida en el artículo 4 de la Resolución CREG 103 de
2021, relativa al 10,94%, siempre que el cálculo de los cargos se lleve a
cabo con base en lo establecido en el artículo 6 de la Resolución CREG
175 de 2021. Lo anterior, en ejercicio de la facultad establecida en el
artículo 73.8 de la Ley 142 de 1994, y de acuerdo con lo expuesto en la
parte motiva de la presente resolución”.

En ese contexto, se tiene que al momento de proferirse el laudo existían dos actos
administrativos proferidos por la entidad regulatoria que resolvían la misma
controversia en sentido favorable a EPM, esto es, la Resolución no. CREG 502 118
M de 2025 en firme desde el 5 de mayo de 2025 producto del silencio administrativo
negativo y la Resolución no. CREG 502 203 que la confirmó expresamente el 23 de
enero de 2026.

d) Finalmente, los árbitros desconocieron en bloque los conceptos emitidos por la
misma CREG sobre la materia y, además, el derecho positivo aplicable en el marco
regulatorio, específicamente el artículo 73.8 de la Ley 142 de 1994 que le atribuye
de manera expresa a la CREG la función de resolver los conflictos que surjan entre
las empresas por razón de los contratos o servidumbres que existan entre ellas y
que no corresponda decidir a otras autoridades administrativas.

2) Segundo cargo: causal contenida en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563
de 2012 – Estatuto Arbitral: “haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a
la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido
sobre cuestiones sujetas al arbitramento”.

Los fundamentos de la causal invocada son los siguientes:

a) El tribunal arbitral resolvió una controversia reservada exclusivamente a la CREG,
circunstancia por la cual sustituyó al regulador en su función constitucional y legal;

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Recurrente: EMP ESP
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en otros términos, la cláusula compromisoria le atribuía la competencia a los árbitros
para dirimir las diferencias en relación con la ejecución, interpretación o terminación
del contrato, mas no la determinación del alcance normativo de un acto
administrativo regulatorio.

b) El pacto arbitral no puede excluir la competencia legalmente atribuida a la CREG
para desatar los conflictos surgidos entre agentes del sector, pues, esa atribución
está contenida en normas de orden público (Ley 142 de 1994) que no pueden ser
derogadas o modificadas por acuerdo entre las partes ni mucho menos por
habilitación contractual (cláusula compromisoria); al respecto es particularmente
relevante advertir que la CREG ejerció esa competencia a través de Resolución no.
502 203 del 23 de enero de 2026, acto administrativo que era definitivo, estaba
ejecutoriado y se hallaba en firme para el momento en que se profirió el laudo
arbitral.

c) En ese entendimiento, la naturaleza eminentemente regulatoria -y no contractual-
de la controversia no es una tesis de parte, es un hecho objetivo que el propio
sistema regulatorio conforma, tanto así que para la fecha de expedición del laudo
se habían adelantado once (11) actuaciones administrativas ante la CREG sobre la
materia promovidas por otros agentes del sector, lo cual permite concluir que el
litigio decidido por el tribunal arbitral no era una disputa entre EPM ESP y
Transmetano ESP SA sobre la ejecución de un acuerdo de voluntades privado sino,
por el contrario, una controversia de alcance regulatorio sectorial cuya definición
uniforme a todos los operadores correspondía única y exclusivamente a la CREG.

5. Trámite y oposición al recurso

1) Por auto de 20 de mayo de 2026 (índice 5 SAMAI) esta corporación admitió el
recurso extraordinario de anulación y ordenó su notificación a la sociedad
convocante, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado; de igual manera, en la providencia se accedió a la petición elevada por la
empresa convocada y se suspendió el cumplimiento de lo resuelto en el laudo, de
conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 - Estatuto
Arbitral.

2) Mediante providencia del 13 de agosto de 2026 se resolvió el recurso de
reposición interpuesto por Transmetano ESP SA en contra del auto del 20 de mayo

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Recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral

de 2026 que admitió el recurso extraordinario de anulación (índice 19 SAMAI), en el
sentido de confirmar el proveído de manera integral.

3) La sociedad convocante se opuso y controvirtió el recurso de anulación (índice 3
SAMAI)8 con apoyo en los argumentos que se resumen a continuación:

a) Existe fallo en conciencia cuando el tribunal arbitral decide al margen del
ordenamiento jurídico, sin razonar en derecho, sin pruebas o con motivación
puramente aparente; lo que el recurso de EPM ESP describe es, sin lugar a dudas,
una discrepancia interpretativa, esto es, una crítica a la valoración probatoria y
jurídica adversa a sus intereses, sin que se pueda predicar la configuración de un
laudo en conciencia; en síntesis, lo que el recurso denomina “desconocimiento de
pruebas indispensables y del derecho positivo regulatorio” constituye una valoración
adversa a EPM ESP, pues, lo que ocurrió fue que el tribunal sí analizó cada prueba
y elemento de convicción pero no les dio el alcance que pretendía la sociedad
convocada – recurrente, al igual que la interpretación que efectuó el panel arbitral
en relación con las normas regulatorias.

b) El cuestionamiento esgrimido con apoyo en la causal séptima reúne cuatro
hipótesis distintas ajenas al recurso extraordinario de anulación o propio de otras
causales previstas por el legislador, así: (i) la discrepancia con la valoración
probatoria del tribunal constituye un error de hecho, juicio in iudicando, excluido del
recurso; (ii) la discrepancia con la interpretación regulatoria configuraría un error de
derecho, yerro in iudicando, excluido también del recurso; (iii) la usurpación de la
función regulatoria de la CREG implicaría una falta de jurisdicción material y de
competencia, aspecto propio de la causal segunda de anulación y, (iv) el
desconocimiento de los artículos 86 y 87 del CPACA supondría un error en la
aplicación de normas, lo cual es un típico error in iudicando, excluido del recurso.

c) El planteamiento de EPM ESP es, por definición, la formulación de un debate de
fondo que implica o conlleva la interpretación de los actos administrativos, los
documentos soportes, los conceptos de la CREG, así como también su alcance,
valoración y firmeza, cuestiones que el tribunal arbitral resolvió con motivación
expresa, suficiente y adecuada; de modo que, lo que en realidad se persigue es

8 Archivo: “ED_Replicaalrecursodean(.pdf) NroActua 3”.

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reabrir el debate de fondo, debido a que el recurso extraordinario de anulación no
constituye una segunda instancia y no permite revisar la corrección del laudo.

d) El tribunal resolvió el argumento relacionado con el supuesto desconocimiento
del documento soporte 902 002 de 2023 en los párrafos 192 a 195 y 257 a 258 del
laudo; en efecto, los árbitros concluyeron -con base en la sentencia C-487 de 1996
de la Corte Constitucional- que los documentos soporte deben entenderse como
instrumentos que facilitan la expedición de las decisiones pero en ningún caso como
la decisión misma, motivo por el cual el texto del acto prevalece sobre el acto
preparatorio.

e) Frente a la Resolución CREG 502 118M de 2024 y el artículo 86 del CPACA, es
preciso tener en cuenta que el referido acto administrativo fue objeto de recurso de
reposición, radicado el 5 de marzo de 2025, y que no había sido resuelto para la
fecha del laudo arbitral (11 de febrero de 2026), tanto así que EPM ESP reconoció
esa circunstancia en su alegato del 10 de diciembre de 2025; además, es
particularmente relevante advertir que, a pesar del silencio administrativo, la
autoridad conserva competencia para resolver mientras la parte no haya acudido a
la jurisdicción; en esa perspectiva, la tesis propuesta por la sociedad recurrente
según la cual la firmeza del acto se produjo nueve meses antes del laudo resulta
contraria al artículo 86 del CPACA y al tratamiento que la propia CREG le dio al
trámite, pues, continuó pronunciándose sobre las solicitudes presentadas por
Transmetano ESP SA hasta enero de 2026.

f) Finalmente, el laudo analizó de manera expresa y suficiente las razones por las
cuales los conceptos de la CREG no eran vinculantes y, adicionalmente, la CREG
no ejerce de “manera exclusiva” la potestad regulatoria, por lo tanto la regulación de
los servicios públicos domiciliarios constituye una función administrativa que el
legislador le asignó, entre otras entidades, a la CREG, sometida al control
jurisdiccional ordinario y, en lo que a este caso concreto interesa, a la interpretación
y aplicación judicial cuando se discuten controversias contractuales que involucran
esa regulación.

g) En relación con la causal novena de anulación invocada se advierte una indebida
formulación del cargo, puesto que está fundado en una objeción de la jurisdicción y
de la competencia del tribunal arbitral que es propia de la causal segunda del

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artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 – Estatuto Arbitral; en efecto, alegar que el
conflicto “era una controversia regulatoria sectorial cuya definición uniforme
correspondía exclusivamente al regulador” corresponde a un defecto que debía ser
reprochado con fundamento en la causal segunda de anulación, en tanto que lo
aducido no se enmarca en ninguno de los tres supuestos taxativos de la causal
novena: (i) decidir algo distinto de lo pedido en la demanda (extra petita); (ii)
conceder más de lo pedido (ultra petita) o, (iii) omitir resolver una pretensión o
excepción de las propuestas por las partes (citra petita).

h) En gracia de discusión, si se admitiese que la censura pudiera reencauzarse el
cargo sería improcedente con sustento en la causal segunda, toda vez que esta
última exige el cumplimiento de un requisito de procedibilidad previsto en el
penúltimo inciso del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, consistente en que el
recurrente (EPM ESP) debió haber hecho valer los motivos constitutivos de la causal
mediante recurso de reposición contra el auto que asumió competencia, lo cual no
ocurrió en este caso concreto; en suma, lo que pretende la sociedad recurrente es
reabrir el debate interpretativo bajo el manto de la incongruencia del laudo lo cual
está abiertamente vedado en sede del recurso extraordinario de anulación.

i) Por último, es importante insistir en que existió arbitrabilidad objetiva del litigio ya
que los árbitros no se pronunciaron sobre la metodología tarifaria -materia propia de
la regulación y de orden público-, sino sobre una disputa contractual derivada de la
falta de pago de facturas y el monto a reconocer, aspecto patrimonial y transigible
y, por lo tanto, arbitrable conforme al artículo 1º de la Ley 1563 de 2012 – Estatuto
Arbitral.

3) El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
(ANDJE) guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y sentido de la
decisión, 2) el recurso extraordinario de anulación y su alcance, 3) decisión del
recurso, 4) conclusión y, 5) condena en costas.

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1. Objeto de la controversia y sentido de la decisión

El recurso extraordinario de anulación fue presentado en forma oportuna9, razón por
la cual el centro de la controversia planteada consiste en determinar si se
configuraron las causales de anulación alegadas por la entidad recurrente.

La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de anulación, porque ninguna
de las dos causales de anulación invocadas tiene vocación de prosperar en este
caso concreto, dado que lo que persigue la empresa recurrente es reabrir el debate
probatorio, normativo y jurídico de la controversia para enrostrar al laudo errores in
iudicando, lo cual está vedado al juez de la anulación en tanto que este no puede
fungir como una segunda instancia como lo persigue EPM ESP; de otra parte, la
discusión acerca de si el tribunal arbitral no tenía jurisdicción ni competencia para
decidir la controversia por arrogarse funciones propias de la CREG es un reproche
que debió ser invocado con la causal 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2011 –
Estatuto Arbitral, razón adicional para declarar infundado el recurso.

2. El recurso extraordinario de anulación y su alcance

El artículo 116 superior10 prevé la posibilidad de que los particulares ejerzan, pro
tempore, la función estatal constitucional de administración de justicia, con la
habilitación que para ello les otorguen las partes de un conflicto a través de la
conformación de tribunales de arbitraje en los términos regulados en la ley; la
decisión que adoptan constituye una verdadera decisión jurisdiccional.

La regulación de la actividad arbitral quedó asignada al legislador que,
históricamente, ha determinado precisas y taxativas causales para la procedencia
del recurso de anulación sobre la consideración de que el fallo arbitral es una
auténtica decisión jurisdiccional dictada por particulares que ejercen, en forma

9 Se verifica que el recurso extraordinario de anulación fue oportuno el 10 de abril de 2026 ya que,

el auto no. 24 por medio del cual se resolvieron las solicitudes de aclaración y corrección del laudo
fue dictado el 20 de febrero de 2026, por manera que el término para la interposición del recurso
inició su cómputo el lunes 23 de febrero de 2026 y había lugar a descontar los días feriados y de
vacancia judicial, de conformidad con lo señalado por la Sala Plena de la Sección en sentencias del
16 de septiembre de 2021, exp. 66.091 y del 27 de febrero de 2020, exp. 60.714.
10 Constitución Política de Colombia, “Artículo 116 (…). Los particulares pueden ser investidos

transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas
criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho
o en equidad, en los términos que determine la ley”.

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transitoria, jurisdicción, en tal virtud, goza de las características de inmutabilidad y
ejecutoriedad.

Por ende, la posibilidad de controvertir las decisiones arbitrales mediante el recurso
extraordinario de anulación no constituye una instancia adicional, en el entendido
de que el juez contencioso administrativo no funge como superior de los árbitros,
sino que, le corresponde efectuar un control fundado en la verificación del
acatamiento de las causales precisas prestablecidas para ese fin.

Así, el recurso se estudia con sujeción a los puntuales argumentos de las partes,
sin invadir la órbita de independencia y autonomía del tribunal arbitral; la función del
juez de la anulación no es otra que detectar posibles falencias procedimentales -en
la mayoría de los eventos- o sustanciales -en algunos específicos eventos
restringidos señalados por el legislador- y, eventualmente, suplirlas en los casos
expresamente autorizados por la ley.

En esa óptica, la corporación ha precisado, reiteradamente, que el recurso
extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia; de
ahí que no sea admisible que con su interposición se intente continuar, reabrir o
replantear el debate sobre el fondo del proceso.

3. Decisión del recurso

3.1 Primer cargo de anulación: causal contenida en el numeral 7 del artículo
41 de la Ley 1563 de 2012 – Estatuto Arbitral: “haberse fallado en
conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta
circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”

1) El fallo en conciencia se identifica con el brocardo “ex equo et bono” porque el
panel arbitral, al margen de un parámetro normativo o legal, aplica criterios
axiológicos como los de “lo correcto o lo bueno” en términos de verdad sabida y
buena fe guardada o, según el leal saber y entender; en otros términos, la causal
del fallo en conciencia o en equidad opera cuando el tribunal de arbitraje profiere el
laudo apartándose del sistema jurídico, normativo o probatorio.

2) En cuanto atañe específicamente a la configuración del fallo en conciencia esta
Sala en reciente pronunciamiento precisó: “puede declararse fundada cuando se
verifique uno de los tres siguientes supuestos: (1) cuando el Laudo se funde
exclusivamente en la equidad si debía ser en derecho; (2) cuando la decisión se

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haya tomado con ausencia de fundamento jurídico o cuando la fundamentación
jurídica presentada por el Panel Arbitral no sustente lógicamente la decisión, y (3)
cuando en esta se observe una total ausencia de un análisis probatorio o cuando el
Laudo haga referencia a pruebas que no fundamenten objetivamente la decisión”11.

3) Ahora bien, la misma ley le impone al juez del recurso abstenerse de calificar el
análisis de fondo de la controversia lo cual le impide revisar los razonamientos
jurídicos del tribunal de arbitramento para dilucidar si son o no errados; el inciso
cuarto del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 prevé: “la autoridad judicial competente
en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o
modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones
expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.

4) Sobre este punto se ha pronunciado la Sección Tercera del Consejo de Estado
en la siguiente dirección12:

“El fallo en conciencia imparte solución al litigio de acuerdo con la
convicción personal y el sentido común. Así, el juez sigue las
determinaciones de su fuero interno, según su leal saber y
entender, basado o no en el principio de la equidad (…). La Sala ha
precisado que (…) si el juez adquiere la certeza que requiere para
otorgar el derecho disputado con apoyo en el acervo probatorio y en las
reglas de la sana crítica, ese fallo será en derecho, así no hable del
mérito que le da a determinado medio o al conjunto de todos13.

Por ello, esta causal no autoriza al juez del recurso de anulación para
verificar el fondo del fallo, ni alterar el valor que el juzgador le otorgó a
cada una de las pruebas. Los límites que la ley ha fijado a este recurso
suponen la sanción de yerros in procedendo y no in iudicando14.

No es procedente analizar una violación indirecta a la norma sustancial
por la existencia de errores de hecho o de derecho al valorar las pruebas,
porque este aspecto es un error in iudicando sobre el cual no está
edificado este recurso extraordinario (…).

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de marzo de 2022, exp.

67.069, MP Alberto Montaña Plata.
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 9 de abril de 2018, exp. 59270,

MP Guillermo Sánchez Luque.
13 Nota del original. “Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de abril de 1992, Rad.

6.695 (fundamento jurídico b)”.
14 Nota del original. “Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 27 de julio de 2000,

Rad. 17.591 (fundamento jurídico consideraciones); y de 16 de junio de 2008, Rad. 34.543
(fundamento jurídico 3.1.2)”.

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Se configura un fallo en conciencia cuando se decide sin pruebas de los
hechos que originan las pretensiones o las excepciones, esto es, con
pretermisión de la totalidad de las pruebas que obran en el proceso15.

La decisión equivocada no corresponde a un fallo en conciencia, ni el
desacuerdo de las partes con las razones esgrimidas en el fallo hace
procedente la causal, porque el juicio de anulación no supone una nueva
instancia de discusión en relación con el fondo del asunto16” (resalta la
Sala).

De igual manera, la jurisprudencia ha precisado17:

“No corresponde a esta causal de anulación, la deficiente
valoración que de las pruebas realice el juzgador18, por cuanto ‘(n)o
se trata pues, y eso está claro, de que el recurrente encubra sus
divergencias sobre la manera como el tribunal estimó y valoró las
pruebas del proceso, que le ha sido desfavorable, para deducir de allí
que se está en presencia de un fallo en conciencia, cuando
normalmente, en un caso como este, el juez suele expresar claramente,
a lo largo de la motivación de la sentencia, las razones por las cuales los
medios de prueba le han conducido a tomar una u otra posición, gracias
a la libertad de valoración –sana crítica- que la ley procesal le confiere’19
(…).

La Sala, recientemente, analizó los criterios jurisprudenciales sobre el
fallo en conciencia a la luz de la Ley 1563 de 2012 y al respecto,
concluyó que se da la configuración del mismo en los siguientes
términos (…). ‘(a) Que el fallo no se fundamente en el derecho
positivo y vigente (en términos actuales, que el laudo no sea en
derecho) (…) debe entenderse que un laudo es en derecho cuando se
apoya en las mismas fuentes jurídicas que todo juez utiliza para juzgar
las controversias que conoce, sin que estas se entiendan circunscritas
al derecho legislado, de acuerdo al sentido amplio que le dio la
jurisprudencia en su momento. En conclusión, los árbitros podrán
apoyarse en todas las fuentes del derecho como lo hace cualquier juez
en su actividad judicial para que su decisión sea considerada en derecho
(…) vale reiterar la precisión que la jurisprudencia ha hecho en relación
con las fuentes del derecho, en tanto la mínima referencia que se haga
de ellas permite predicar un arbitraje en derecho, siempre que ese
mínimo esté conectado con el sentido de la decisión, hasta el punto que
no pueda calificarse como absolutamente descontextualizada o con el

15 Nota del original. “Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de julio de 2006, Rad.

31.887 (fundamento jurídico 3.1)”.
16 Nota del original. “Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de noviembre de

2002, Rad 22.191 (fundamento jurídico c)”.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 20 de marzo de 2018, exp.

59836, MP Danilo Rojas Betancourth.
18 Nota del original. “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

sentencia del 18 de mayo de 2000, expediente 17797, MP María Elena Giraldo Gómez”.
19 Nota del original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

Subsección C, sentencia del 18 de enero de 2012, MP Enrique Gil Botero”.

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simple propósito de dar apariencia de ser una decisión en derecho (…)
(d) Que el fallo no considere las pruebas. Este criterio, al igual que el
que exige que el arbitraje sea en derecho, es parte de la definición
pacífica que ha construido la jurisprudencia sobre lo que es un laudo en
conciencia, es decir, aquel que se profiere con total desprendimiento de
los fundamentos jurídicos y probatorios. En esta oportunidad, la Sala
reiterará lo dicho por la Corporación, para lo cual remite al desarrollo que
sobre este criterio se hizo, en el entendido que se exige del laudo su
fundamentación en las pruebas legalmente aportadas al proceso. Luego,
si no hay fundamento probatorio o sin justificación se desconoce o se
aparta de las pruebas se estará frente a una decisión claramente
subjetiva de los árbitros’.

Aquí vale recordar que ese ejercicio no puede de ninguna manera
significar la revisión del fondo de la decisión o la calificación de la
misma. Se trata de defectos evidentes, como lo son la ausencia de
fundamentos probatorios o, como lo ha precisado la
jurisprudencia, que aun cuando exista un análisis probatorio, el
laudo se aparte por completo y sin justificación de lo que las
pruebas señalan, es decir, un abandono absoluto del material
probatorio”20 (negrillas de la Sala).

5) En el presente asunto, a partir de la lectura de los fundamentos en que se
estructuró el recurso de anulación la Sala advierte que EPM ESP cuestiona de fondo
(errores in iudicando) el razonamiento y las conclusiones del tribunal, para lo cual
aduce que los árbitros: i) desconocieron el documento soporte CREG 902 002 de
2023 que es parte integral de la Resolución no. CREG 102 002 de 2023; ii) dejaron
de valorar y aplicar, indebidamente, la Resolución no. CREG 502 118 M de 2024 al
sostener que no estaba ejecutoriada por cuanto Transmetano ESP SA interpuso
recurso de reposición en contra de esta y, iii) desatendieron en bloque los conceptos
emitidos por la misma CREG sobre la materia y, además, el derecho positivo
aplicable en el marco regulatorio, específicamente el artículo 73.8 de la Ley 142 de
1994.

Por tanto, se reitera que la ley le impone al juez del recurso abstenerse de calificar
el análisis de fondo de la controversia, lo cual le impide revisar los razonamientos
jurídicos del tribunal de arbitraje para dilucidar si son o no errados, tanto así que el
inciso 4 del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 prevé de manera categórica: “La
autoridad judicial competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de

20 Nota del original. “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

Subsección B, sentencia del 26 de abril de 2017, expediente 55.852, MP Ramiro Pazos Guerrero”.

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la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones
probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.

6) En esa dirección entonces, le asiste razón a la sociedad opositora en relación
con la abierta improcedencia del cargo esgrimido con base en el cauce de la causal
7 de anulación ya que todos los argumentos expuestos por EPM ESP están dirigidos
a cuestionar la valoración probatoria y la hermenéutica contenidas en el laudo a
modo de una segunda instancia, en tanto que de acogerse dicho planteamiento
implicaría que esta Sala tuviera que definir si el tribunal arbitral erró en sus
conclusiones por el hecho de haber concluido que (i) el documento soporte CREG
902 002 de 2023 no era parte integral de la Resolución no. CREG 102 002 de 2023;
(ii) la Resolución no. CREG 502 118 M de 2024 no estaba ejecutoriada por cuenta
de la interposición de un recurso de reposición y, (iii) los conceptos emitidos por la
CREG no revestían carácter vinculante, aspectos todos que fueron analizados y
decididos expresamente en el laudo arbitral a través de análisis que no corresponde
al juez de la anulación establecer si son o no acertados, en tanto que reflejaron una
ponderación del acervo probatorio, sin que, se insiste, se puedan calificar como
acertadas o erradas, aspecto que escapa o desborda la competencia de la Sala.

7) La Sala insiste que la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que la
causal de fallo en conciencia se presenta cuando el laudo se funda exclusivamente
en la equidad, cuando la decisión se adopta con ausencia de fundamento jurídico o
las conclusiones del laudo no sustentan lógicamente la decisión y, por último,
cuando se advierte una total ausencia de valoración y análisis probatorio o se hace
referencia a medios de convicción que no soportan objetivamente la solución del
caso concreto.

Analizados los fundamentos del recurso de anulación la Sala no advierte la
configuración de la causal invocada, por la sencilla pero suficiente razón de que
ninguno de los motivos aducidos por EPM ESP reviste la suficiente entidad para
invalidar el laudo arbitral, por cuanto todos los reproches formulados por la entidad
recurrente parten de la necesidad de reabrir el debate probatorio y jurídico para
establecer si los árbitros se equivocaron al momento de valorar el material

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probatorio, así como al momento de establecer el contenido y alcance del artículo
73.8 de la Ley 142 de 199421.

En ese orden de ideas, le asiste razón a la sociedad convocante – opositora en
cuanto sostiene que el recurso de EPM ESP tiene como propósito reiniciar y retomar
el debate de fondo, lo cual supondría calificar de fondo la interpretación de los actos
administrativos proferidos por la CREG, analizar los documentos soportes
contractuales, la vinculatoriedad de los conceptos de emitidos por la misma CREG,
lo mismo que su alcance, valoración y firmeza, cuestiones que el tribunal arbitral
resolvió expresamente en el laudo, lo que convertiría este mecanismo excepcional
y extraordinario en una segunda instancia procesal.

8) Asimismo, establecer si los árbitros invadieron la órbita de competencia de la
CREG corresponde a un debate acerca de la arbitrabilidad objetiva del litigio 22 que
escapa el marco de la causal invocada y materia de análisis; en efecto, esa
circunstancia debió ser alegada a través de la causal 2 del artículo 41 de la Ley
1563 de 2012 – Estatuto Arbitral con apoyo en la falta de jurisdicción o de
competencia del panel arbitral, sin que pueda la Sala readecuar el recurso
interpuesto a la mencionada causal, más aún si se tiene en cuenta que esta exige
la verificación de un requisito de procedibilidad consistente en que se hagan valer
los motivos constitutivos de la causal mediante recurso de reposición contra el auto
que asume competencia.

21 “ARTÍCULO 73. FUNCIONES Y FACULTADES GENERALES. Las comisiones de regulación
tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la
competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre
quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los
competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y
produzcan servicios de calidad. Para ello tendrán las siguientes funciones y facultades especiales: //
(…) 73.8. Resolver, a petición de cualquiera de las partes, los conflictos que surjan entre empresas,
por razón de los contratos o servidumbres que existan entre ellas y que no corresponda decidir a
otras autoridades administrativas. La resolución que se adopte estará sujeta al control jurisdiccional
de legalidad.
(…)”.
22 “El arbitramento tiene límites materiales, en el sentido de que no todos los asuntos se pueden

someter a la decisión de los árbitros. En términos generales, únicamente se pueden sujetar a este
tipo de procedimiento los asuntos de naturaleza transigible, que pueden ser objeto de libre
disposición, negociación o renuncia por las partes en conflicto y, en consecuencia, se incluyen dentro
de la órbita de su voluntad. // La arbitrabilidad subjetiva define quiénes pueden acudir al mecanismo
del arbitraje para resolver sus conflictos de carácter transigible. En nuestro ordenamiento jurídico el
legislador ha dejado en claro que pueden recurrir al arbitramento las personas naturales o jurídicas,
de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que tengan capacidad de disposición
respecto de sus derechos transigibles. Es decir, el arbitramento es un mecanismo abierto, en
general, a todas las personas, siempre que cuenten con capacidad dispositiva” Corte Constitucional,
sentencia SU-174 de 2007, MP Manuel José Cepeda Espinosa.

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Recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral

En síntesis, definir si los árbitros se pronunciaron sobre la metodología tarifaria y,
por ende, si se arrogaron las competencias de la CREG o, por el contrario, si lo
hicieron sobre una disputa eminentemente contractual derivada de la falta de pago
de facturas y el monto a reconocer, era un aspecto que debió ser formulado a través
de la causal 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.

En ese contexto fáctico y jurídico, el cargo no tiene vocación de prosperar y así se
declarará.

3.2 Causal contenida en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 –
Estatuto Arbitral “haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la
decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber
decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”

1) El numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 recogió en una sola las causales 8 y
9 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998; en efecto, la causal octava aludía a la
anulación del laudo por haber recaído “sobre puntos no sujetos a la decisión de los
árbitros o haberse concedido más de lo pedido”, mientras que la novena consagraba
como causal de anulación el hecho de “no haberse decidido sobre cuestiones
sujetas al arbitramento”.

2) En esa perspectiva, debe anotarse que en múltiples oportunidades esta
corporación se ha referido al principio de congruencia como uno de los orientadores
de las decisiones judiciales, lo cual tiene plena vigencia a la luz de lo dispuesto por
el Código General del Proceso (artículos 280 y 281). Sobre este principio ha
expresado la Sección Tercera:

“En efecto, el campo de la controversia jurídica y de la decisión del juez,
encuentra su límite en las pretensiones y hechos aducidos en la
demanda y en los exceptivos alegados por el demandado; por tanto no
le es dable ni al juez ni a las partes modificar la causa petendi a través
del señalamiento extemporáneo de nuevos hechos, o a través de una
sutil modificación de las pretensiones en una oportunidad diferente a
la legalmente prevista para la modificación, adición o corrección de la
demanda, respectivamente, so pena de incurrir en la violación al
principio de congruencia. El actor sólo cuenta con dos oportunidades para
precisar la extensión, contenido y alcance de la controversia que propone,
es decir para presentar el relato histórico de los hechos que originan la
reclamación y para formular las pretensiones correspondientes: la demanda
y la corrección o adición de la misma, de acuerdo con dispuesto en los
artículos 137, 143, 170 y 208 del Código Contencioso Administrativo.

Sobre los anteriores lineamientos se asienta el principio procesal de ‘la
congruencia de las sentencias’, reglado por el Código de
Procedimiento, el cual atañe con la consonancia que debe existir entre

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la sentencia y los hechos y pretensiones aducidos en la demanda (art.
305), que garantiza el derecho constitucional de defensa del
demandado, quien debe conocer el terreno claro de las imputaciones
que se le formulan en contra. El juez, salvo los casos de habilitación ex
lege, en virtud de los cuales se le faculta para adoptar determinadas
decisiones de manera oficiosa, no puede modificar o alterar los hechos
ni las pretensiones oportunamente formulados, so pena de generar una
decisión incongruente” (resalta la Sala)23.

En la actualidad este principio se encuentra consagrado en el artículo 281 del
Código General del Proceso, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en
esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo
del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de
haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya
sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión
o que la ley permita considerarlo de oficio (…)”.

En ese marco, la actual causal novena (9) de anulación se configura cuando el laudo
arbitral presenta alguna de las siguientes situaciones:

a) Haberse pronunciado sobre asuntos no incluidos en la demanda arbitral o en su
respuesta (extra petita).

b) Haberse concedido o reconocido más de lo pedido en la demanda arbitral (ultra
petita).

c) No haberse referido a los hechos y a las pretensiones formuladas en la demanda,
como tampoco a las excepciones que aparezcan probadas y que hubieren sido
alegadas, en los eventos en los que la ley lo exige (citra petita).

3) De acuerdo con lo antes expuesto, constituye tarea del juez del recurso de
anulación, en relación con la alegada causal, efectuar la comparación de lo decidido

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1° de marzo de 2006, exp. 15.898, MP Alier

E. Hernández E.

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en el laudo arbitral a la luz de los hechos y las pretensiones de la demanda, así
como también de las excepciones que hubieren sido alegadas o que hubieren sido
probadas, de conformidad con la ley.

4) Sin perjuicio de lo anterior, debe advertirse igualmente que la jurisprudencia de
esta corporación ha indicado que el examen del principio de congruencia es relativo,
puesto que existen eventos en los cuales los árbitros deben entrar a pronunciarse
sobre determinadas materias, incluso cuando las partes no lo hayan solicitado en la
demanda ni puesto de presente en los hechos o excepciones que se alegan, sin
que ello implique la configuración de la causal de anulación prevista en el numeral
9 de la Ley 1563 de 2012, a saber: i) cuando se hallen probados los hechos que
constituyen una excepción, caso en cual el árbitro deberá reconocerla
oficiosamente, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, pues,
estas deben ser propuestas por el interesado; ii) en lo atinente a los presupuestos
procesales, por cuanto tocan con la validez formal del proceso; iii) en aquellos casos
relacionados con cuestiones que atañen al orden público, como sucede con la
nulidad absoluta del acto o contrato, siempre y cuando aparezca de modo manifiesto
y, iv) en los pronunciamientos sobre restituciones mutuas en los eventos de nulidad
del contrato24.

Igualmente, cabe señalar que al amparo de lo dispuesto en el numeral 9 del artículo
41 de la Ley 1563 de 2012 no pueden alegarse las circunstancias de falta de
jurisdicción y competencia por haberse pronunciado los árbitros sobre asuntos que
no se encontraban sujetos a su decisión por voluntad de las partes o que por
mandato legal no eran susceptibles de ser resueltos por esta vía, por el hecho de
que en el numeral 2 del artículo 41 ibidem se prevé una causal de anulación expresa
y específica para cuestionar estos aspectos que atañen, específicamente, a la
imposibilidad de los árbitros de pronunciarse sobre respectivas materias que fueron
excluidas expresamente del pacto arbitral, que no hacen parte del mismo o que por
mandato constitucional o legal no pueden ser sometidas a la decisión de los
árbitros25.

24 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de junio de 2002, exp. 20.634, MP

Ricardo Hoyos Duque.
25 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 27 de noviembre de 2017,

exp. 59913, MP Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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5) En este caso concreto, precisamente, la entidad recurrente sostiene que el
tribunal arbitral excedió su competencia por el hecho de decidir una controversia de
naturaleza regulatoria cuya definición correspondía exclusivamente a la CREG,
pues, la cláusula compromisoria solo lo facultaba para resolver disputas
contractuales y no para determinar el contenido y alcance de actos administrativos
regulatorios; además, que dicha competencia de la CREG, establecida en normas
de orden público, no podía ser desplazada o derogada por acuerdo entre las partes
y ya había sido ejercida mediante una resolución vigente y en firme al momento del
laudo; finalmente, que el carácter regulatorio del asunto se evidenciaba en las
múltiples actuaciones administrativas tramitadas ante la CREG sobre la misma
materia, lo que demuestra que no se trataba de una controversia de naturaleza
privada entre las partes, sino de un conflicto sectorial cuya definición uniforme
correspondía únicamente al regulador, motivo por el cual los árbitros decidieron el
asunto .

6) En igual sentido que el cargo anterior, la Sala advierte que la causal 9 invocada
no tiene vocación de prosperar debido a que, se reitera, determinar si el tribunal
arbitral asumió competencias reservadas a la CREG constituye una discusión
relacionada con la jurisdicción y la competencia del tribunal para conocer de la
controversia o del litigio, cuestión que no se enmarca en la causal invocada ni en el
objeto del presente análisis; en consecuencia, dicho cuestionamiento debió
plantearse mediante la causal segunda prevista en el artículo 41 de la Ley 1563 de
2012 relativa a la falta de jurisdicción o competencia del tribunal arbitral, por cuanto
la causal novena se refiere a la garantía del principio de congruencia del laudo
arbitral (pretensiones y excepciones), no así a la arbitrabilidad o no del asunto
sometido a decisión de los árbitros26.

26 “
Ahora bien, con la entrada en vigencia de la ley 1563 de 2012 y teniendo en cuenta que por medio del numeral
2º del artículo 41 de dicho Estatuto arbitral se incorporó una nueva causal de anulación que de forma especial
y específica regula las circunstancias de falta de jurisdicción o de competencia del juez arbitral, forzoso es de
concluir que por vía de esta causal, antes prevista en el numeral 8º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998
ya no se pueda alegar la nulidad del laudo cuando el juez arbitral profiere un laudo pronunciándose sobre puntos
no sujetos a su decisión o que no eran susceptibles de disposición por mandato legal, pues se repite en vigencia
del nuevo estatuto arbitral ya existe una causal que específicamente regula ésas hipótesis (…). Luego, si lo que
ocurre en un determinado caso es que una entidad estatal no alega la falta de competencia del Tribunal arbitral
por estimar que este se pronunció sobre aspectos que no se encontraban sujetos a su decisión y no interpuso
el recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia poniendo de presente dicha circunstancia,
no puede ahora venir a alegar la anulación del laudo arbitral con fundamento en la causal a la que se alude,
pues es claro que debió hacerlo con base en la causal del numeral 2º del artículo 41 dela ley 1563 de 2012 y
agotar el requisito de impugnación aludido” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de abril de 2015, exp. 52.556, MP Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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Por último, es particularmente relevante advertir que el penúltimo inciso del artículo
41 de la Ley 1563 de 2012 estableció como requisito de procedibilidad de la causal
segunda de anulación que la parte hubiese alegado los motivos constitutivos de la
causal a través de recurso de reposición en contra del auto con fundamento en el
cual los árbitros asumieron competencia sobre la controversia, razón adicional para
negar la prosperidad de la causal novena expresamente invocada, pues, por esta
vía la empresa recurrente evadiría el cumplimiento de esa exigencia prevista por el
legislador.

4. Conclusión

El recurso extraordinario de anulación interpuesto por Empresas Públicas de
Medellín ESP no tiene vocación de prosperar toda vez que las causales invocadas
no se configuraron.

5. Condena en costas

Se condena en costas a la recurrente en aplicación de lo dispuesto en el inciso final
del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 según el cual “si el recurso no prospera se
condenará en costas al recurrente”. En aplicación del ordinal 9 del artículo 5 del
Acuerdo PSAA16-10554 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura se fijan
agencias en derecho en cuantía equivalente a diez (10) salarios mínimos legales
mensuales vigentes27.

En mérito de lo expuesto, EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°) Declárase infundado el recurso extraordinario de anulación promovido por
Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM ESP) en contra del laudo arbitral del 11
de febrero de 2026.

27 La sociedad convocante compareció por medio de apoderado y se opuso al recurso dentro del

término concedido para el efecto.

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Recurrente: EMP ESP
Recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral

2°) Levántase la suspensión de los efectos del laudo decretada mediante auto del
20 de mayo de 2026.

3º) Condénase en costas a cargo de la entidad recurrente, Empresas Públicas de
Medellín ESP (EPM ESP), por Secretaría liquídense, incluidas las agencias en
derecho que se fijan en cuantía total equivalente a diez (10) salarios mínimos
legales mensuales vigentes en la fecha de ejecutoria de esta decisión.

4º) Ejecutoriada esta providencia comuníquese a las partes y al tribunal arbitral por
el medio más expedito y efectúense las desanotaciones del caso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala Magistrado
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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