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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02359-01

Fecha
6 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02359-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02359-01 (3566)
Accionante: Aportes San Isidro S.A.S. (ASI S.A.S.)
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: acción de revisión agraria.
Subtema 2: requisitos generales de procedibilidad. Subtema 3: defecto fáctico.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver,
en segunda instancia, la solicitud de amparo interpuesta por la sociedad Aportes
San Isidro S.A.S. (ASI S.A.S.) contra la sentencia del 9 de diciembre de 2025,
proferida por la Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

1. Síntesis del caso

Aportes San Isidro S.A.S. presentó acción de tutela contra la Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, por la violación de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, a la propiedad privada y a la tutela judicial efectiva,
así como la presunta ruptura de los principios de supremacía constitucional y el
control de convencionalidad, con ocasión de la expedición de la sentencia del 9 de
diciembre de 2025, que resuelve la acción de revisión agraria dentro del proceso
núm. 11001-03-26-000-2013-00044-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1.
En 2006, integrantes de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab)
solicitaron al Incoder iniciar el procedimiento de extinción del derecho de dominio
privado sobre el predio Las Pavas, por su presunta falta de explotación. Entre el 20
y el 23 de junio de ese año, la entidad practicó una visita previa, cuyo informe

1

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02359-01 (3566)
Accionante: Aportes San Isidro S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

también comprendió los predios denominados Peñaloza y Si Dios Quiere, y
concluyó que eran explotados por campesinos, mas no por su propietario inscrito.

2.
El 10 de marzo de 2007, Jesús Emilio Escobar Fernández transfirió esos
inmuebles a Aportes San Isidro S.A.S. y C.I. Tequendama S.A. Posteriormente,
mediante la Resolución 1473 del 11 de noviembre de 2008, la Unidad Nacional de
Tierras Rurales inició formalmente el procedimiento de extinción de dominio.
Aunque este acto no fue notificado inicialmente a las sociedades adquirentes ni
inscrito oportunamente en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria, aquellas
conocieron su existencia durante el trámite de la querella policiva que promovieron
en 2009 para obtener el amparo de la posesión frente a la ocupación de los predios.

3.
Una vez enterada, ASI S.A.S. compareció al procedimiento agrario e interpuso
recurso de reposición contra la resolución de apertura. Mediante la Resolución 2266
del 5 de noviembre de 2009, la administración decidió no reponerla y precisó que el
trámite se adelantaba contra las sociedades propietarias.

4.
En 2010, el Incoder declaró la nulidad de la actuación por irregularidades
relacionadas con la visita previa, la vinculación de los propietarios y la publicidad
del trámite. Después practicó una nueva visita, en la que encontró que los predios
eran explotados económicamente. Sin embargo, mediante la sentencia T-267 de
2011, la Corte Constitucional inaplicó esas decisiones, ordenó continuar el
procedimiento iniciado en 2008 y exigió respetar el debido proceso de las
sociedades propietarias y de los campesinos1.

5.
Reanudada la actuación, el Incoder practicó una inspección ocular en octubre de
2012 y, mediante la Resolución 2284 del 14 de noviembre siguiente, declaró
extinguido el derecho de dominio privado sobre Las Pavas, Peñaloza y Si Dios
Quiere. La decisión fue confirmada por la Resolución 0166 del 8 de febrero de 2013.

6.
El 8 de abril de ese año, ASI S.A.S. promovió acción de revisión agraria para
obtener la nulidad de todo el procedimiento y de los actos expedidos en su
desarrollo.

7.
En la demanda de revisión, la sociedad sostuvo que la falta de explotación de los
predios, constatada en 2006, era imputable al anterior propietario y no podía
trasladarse a quienes adquirieron los predios en 2007. Alegó que la visita previa se
practicó sin vincular al titular de entonces; que la Resolución 1473 de 2008 no fue
notificada personalmente a las sociedades adquirentes ni inscrita oportunamente en
los folios de matrícula; y que la Resolución 1612 de 2011 no fue notificada a C.I.
Tequendama S.A.

1 Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 2011. En esta providencia, el Alto Tribunal amparó los derechos de

las familias campesinas del predio Las Pavas y dejó sin efectos las decisiones policivas que permitían su
desalojo, porque ya se encontraba en curso el procedimiento agrario de extinción del derecho de dominio por
falta de explotación económica del predio. También concluyó que el Incoder incurrió en un exceso ritual
manifiesto al anular la actuación únicamente por la ausencia de una firma en el acto que ordenó una visita, pese
a que esta se había practicado regularmente. En consecuencia, ordenó continuar el procedimiento agrario.
2

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Accionante: Aportes San Isidro S.A.S.
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8.
También afirmó que no se le corrió traslado del informe técnico, que se omitieron
las pruebas documentales, las actuaciones policivas y la visita de 2010 que
acreditaban la explotación de los terrenos, y que se otorgó valor determinante a la
visita de 2006, a la inspección de 2012 y a declaraciones que consideraba
informales. Añadió que las inundaciones presentadas entre 2008 y 2012
(particularmente las relacionadas con la temporada invernal del año 2010), así como
las ocupaciones del terreno, habían dificultado parcialmente su explotación, y
concluyó que no se configuraban los presupuestos para extinguir su derecho de
propiedad.

9.
Mediante sentencia de única instancia del 9 de diciembre de 2025, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C negó las pretensiones. Según esta
providencia, la extinción de dominio agraria no es una sanción, sino un instrumento
para verificar el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad; que
las irregularidades alegadas no afectaron sustancialmente el derecho de defensa; y
que la inspección ocular de 2012 acreditó la ausencia de explotación económica
regular y estable.

10.
ASI S.A.S., el 24 de marzo de 2026, presentó acción de tutela contra la sentencia
del 9 de diciembre de 2025. Invocó la vulneración de sus derechos al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la propiedad
privada, y atribuyó al fallo defectos fáctico, sustantivo y procedimental,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución por falta de
control de convencionalidad. Solicitó dejarla sin efectos y ordenar la expedición de
una nueva sentencia.

11.
En particular, la accionante cuestionó la valoración del informe técnico de 2010,
los dictámenes agronómico y contable que fueron practicados en sede judicial, las
decisiones policivas de 2007 y 2009, varios testimonios y el concepto rendido por el
Ministerio Público. También reprochó la credibilidad concedida a la inspección
ocular de 2012, pues, en su criterio, presentaba inconsistencias documentales y, en
realidad, evidenciaba la existencia de cultivos de palma establecidos desde años
anteriores.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

12.
La parte actora solicitó en el escrito de tutela2 lo siguiente:

1.- Que se amparen los derechos fundamentales vulnerados.

2.- Que se deje sin efectos la sentencia de 9 de diciembre de 2025 proferida por la
Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado.

3.- Que se ordene proferir una nueva decisión que valore integralmente las pruebas,
aplique el precedente constitucional y ejerza control de convencionalidad.

2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02359-01, índice 2, certificado 31860F465FD9E513 0538DE474B86B428

C5776929816C9647 C5DB2E6018F5012F.
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4.- Como medida provisional, se suspendan los efectos de la sentencia impugnada.

13.
La sociedad accionante invocó la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la
propiedad privada, así como de las garantías de tutela judicial efectiva y recurso
efectivo. Según su criterio, la sentencia del 9 de diciembre de 2025 cerró
definitivamente el debate judicial mediante una motivación insuficiente y una
valoración incompleta del material probatorio, con lo cual convalidó la extinción de
su derecho de dominio sin una respuesta judicial efectiva, razonada y proporcional.

14.
Como sustento principal del recurso de amparo, ASI S.A.S. afirmó que la
providencia incurrió en un defecto fáctico en la medida en que omitió, o valoró
arbitrariamente, diversas pruebas que, a su juicio, acreditaban la explotación
económica de los predios, así: el informe del Incoder de 2010, el dictamen
agronómico y contable practicado en sede judicial, las decisiones policivas
favorables, varios testimonios y el concepto del Ministerio Público.

Al mismo tiempo, reprochó que se atribuyera valor decisivo a la inspección ocular
15.

de 2012, pese a sus supuestas inconsistencias documentales y a que su propio
contenido daba cuenta de la existencia de cultivos de palma establecidos con
anterioridad. Según la accionante, esa apreciación fragmentaria condujo a una
conclusión contraria a la realidad procesal.

16.
Del mismo modo, invocó el defecto sustantivo, el defecto procedimental absoluto,
el desconocimiento del precedente y la ausencia del control de convencionalidad.
Sostuvo que se aplicó de manera irrazonable la regulación sobre la extinción de
dominio agraria, se exigió un estándar probatorio no previsto en la Ley 160 de 1994
y se omitió valorar la proporcionalidad de la privación de la propiedad.

17.
Finalmente, agregó que no se garantizó un contradictorio real frente a las
pruebas, que se convalidaron irregularidades de notificación y que la sentencia se
apartó, sin justificación suficiente, de precedentes constitucionales y de los
estándares interamericanos sobre debido proceso, propiedad y tutela judicial
efectiva.

2.3. Trámite procesal

18.
El despacho ponente de la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de
Estado, mediante auto del 7 de abril de 20263, admitió la solicitud de amparo y
ordenó la notificación a la autoridad judicial accionada.

2.4. Intervenciones

19.
El apoderado judicial de ASI S.A.S., mediante memorial del 6 de abril de 2026,
solicitó al magistrado sustanciador manifestar impedimento y en subsidio lo recusó.

3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02359-01, índice 11, certificado 56A2DDCFF24D17E5
DD9868090D9F8E5B 8C86477F57981F84 1866A4B06755D3E2.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02359-01 (3566)
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Adujo que, previamente, había sido asesor jurídico de la Agencia Nacional de
Tierras (ANT), entidad que asumió las funciones del extinto Incoder, que fue la
autoridad que decretó la extinción del derecho de dominio con fundamento en la Ley
160 de 19944.

20.
El magistrado sustanciador admitió la acción de tutela el 7 de abril de 20265, negó
la solicitud de impedimento y rechazó la pretensión subsidiaria relativa a la
recusación. Respecto del impedimento, afirmó que no se encontraba en ninguna de
las causales previstas por el Código de Procedimiento Penal, y que, además, el
objeto de la acción de tutela es el análisis de la afectación de los derechos
fundamentales con la expedición de la sentencia del 9 de diciembre de 2025, y no
la resolución de fondo de la extinción de dominio decretada por el Incoder, por lo
que no podría tener interés personal alguno en la resolución definitiva del asunto.

21.
Frente a la recusación, reiteró lo dispuesto por el artículo 39 del Decreto Ley 2591
de 1991, en el sentido de que, en los procesos de tutela, «en ningún caso será
procedente la recusación».

22.
Mediante memorial fechado el 16 de abril de 20266, la magistrada ponente de la
Sección Tercera, Subsección C presentó el informe en el que se contestó la acción
de tutela. En dicho escrito solicitó negar el amparo por no cumplir el requisito de
relevancia constitucional, al considerar que ASI S.A.S. pretendía reabrir el debate
probatorio resuelto por el juez natural. Sostuvo, al mismo tiempo, que la sentencia
valoró integralmente las pruebas y explicó por qué descartó el informe de 2010 y
restó eficacia al dictamen agronómico y contable.

23.
Defendió la inspección ocular de 2012 como el medio técnico directo y legalmente
previsto para verificar la explotación. También afirmó que las querellas policivas, los
testimonios y el concepto del Ministerio Público carecían del alcance decisivo
atribuido por la accionante. Finalmente, negó la configuración de los defectos
fáctico, sustantivo y procedimental, así como el desconocimiento del precedente y
la omisión del control de convencionalidad.

2.5. Sentencia de primera instancia

24.
Mediante sentencia proferida el 7 de mayo de 20267, la Sección Segunda,
Subsección A, del Consejo de Estado, declaró improcedente la tutela respecto de
los cargos por defecto sustantivo, procedimental, desconocimiento del precedente
y violación directa de la Constitución. Consideró que ASI S.A.S. no cumplió la carga

4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02359-01, índice 4, certificado 3155AB0FD2D1ACF1
399FBA56D780181D B4BF6671B0566D42 2EE3549754FFD706.
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02359-01, índice 11, certificado 56A2DDCFF24D17E5
DD9868090D9F8E5B 8C86477F57981F84 1866A4B06755D3E2.
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02359-01, índice 17, certificado C62B3D17087F4132
F95B3892458D6C13 1607AFB1EE06A6CB 2C1959A97803EE60.
7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02359-01, índice 28, certificado 798C4AA68EEF8B7C
DD5F502F07D7778E 2D6D692099BADF0A F55AF79E665090C4. Esta providencia fue notificada el 14 de
mayo de 2026, según consta en Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02359-01, índice 31, certificado
B67DB45D388867CF 8FA5486CC2B33BDE 86B5E213E67D0945 14DF49C03F0E2E99.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02359-01 (3566)
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de demostrar su relevancia constitucional, pues formuló reproches generales, sin
identificar con precisión la norma indebidamente aplicada, las etapas procesales
omitidas, las reglas jurisprudenciales desconocidas ni el estándar convencional
concreto aplicable.

Por otra parte, estimó que el cargo por defecto fáctico sí tenía relevancia
25.

constitucional, porque la sociedad individualizó las pruebas que consideraba
omitidas o irregularmente apreciadas y explicó su posible incidencia en la
demostración de la explotación económica. También encontró satisfechos los
demás requisitos generales de procedencia, entre ellos la inmediatez, la
subsidiariedad y la legitimación de las partes.

26.
Al estudiar el fondo, concluyó que la sentencia de revisión agraria sí examinó el
informe del Incoder de 2010 y explicó que no podía valorarse, porque provenía de
actuaciones dejadas sin efectos por la Sentencia T-267 de 2011. Asimismo,
consideró razonable la desestimación del dictamen agronómico, debido a las
inconsistencias temporales de las imágenes satelitales, la falta de determinación del
margen de error y la ausencia de parámetros verificables para sustentar sus
inferencias.

27.
Frente al dictamen contable, consideró que la sentencia atacada justificó
suficientemente su limitado valor probatorio, pues el perito no acreditó la trazabilidad
entre los egresos registrados y la explotación concreta de los predios. También
destacó las deficiencias formales de los documentos de soporte y la ausencia de
elementos que permitieran reconstruir y verificar el razonamiento técnico empleado.

28.
La Sala sostuvo igualmente que las querellas policivas no demostraban de
manera concluyente la explotación, debido a su naturaleza posesoria y a que las
decisiones de desalojo fueron dejadas sin efectos por la Corte Constitucional. Los
testimonios dirigidos a controvertir la visita del año 2006 carecían de importancia
procesal, porque esa diligencia no fue determinante para la decisión en la que se
declaró la extinción del dominio. A su turno, respecto de la inspección de 2012,
calificó las discrepancias sobre su fecha de inicio como imprecisiones accesorias
sin incidencia sustancial.

29.
En conclusión, el juez de primera instancia precisó que la providencia
cuestionada realizó una valoración integral, detallada y razonable del material
probatorio y que no existía un error ostensible, arbitrario o contraevidente. Por ello,
negó el amparo frente al defecto fáctico y sostuvo que la inconformidad de ASI
S.A.S. correspondía a una discrepancia con el mérito atribuido a las pruebas, asunto
que no podía reabrirse mediante tutela.

2.6. Impugnación

La parte actora presentó impugnación el 20 de mayo de 2026, refiere que el fallo
30.

de primera instancia entendió de forma excesivamente restrictiva la relevancia
constitucional, pues trató la tutela como un intento de reabrir un debate de legalidad.
6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02359-01 (3566)
Accionante: Aportes San Isidro S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Según ASI S.A.S., el amparo planteó una afectación directa al debido proceso, a la
tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia y a la propiedad, derivada de una
sentencia de única instancia con efectos definitivos e irreversibles.

31.
Frente al defecto fáctico, afirma que el juez de tutela se limitó a comprobar que
la sentencia de revisión mencionó las pruebas, sin examinar si su valoración fue
selectiva, fragmentaria o arbitraria. Reitera que se restó injustificadamente eficacia
al informe del Incoder de 2010, al dictamen agronómico de la Universidad de Caldas
y al peritaje contable, pese a que acreditarían cultivos, ganadería e inversiones
relacionadas con la explotación de los predios.

32.
La sociedad alega que se confundió la pérdida de eficacia jurídica de la actuación
administrativa de 2010 con el valor probatorio de las constataciones materiales
realizadas durante la visita. Que los dictámenes judiciales fueron descalificados
mediante apreciaciones generales, sin una confrontación suficiente de sus
metodologías y conclusiones, lo que habría convertido la motivación del fallo agrario
en una apariencia de valoración integral.

33.
Asimismo, reprocha que se otorgara prevalencia a la inspección ocular de 2012
y a los antecedentes administrativos de 2006, sin aplicar un control reforzado de
razonabilidad y proporcionalidad. Afirma, del mismo modo, que el fallo de tutela
tampoco estudió debidamente los cargos por defecto sustantivo, procedimental,
desconocimiento del precedente y falta de control de convencionalidad,
particularmente frente a la intensidad de la afectación del derecho de propiedad.

34.
La impugnación resalta la supuesta omisión de una respuesta suficiente al
Concepto 138 de 2023 del Ministerio Público y a la Sentencia T-267 de 2011.
Manifiesta que ambos documentos advertían los problemas de publicidad,
contradicción y debido proceso que no habrían sido materialmente subsanados,
sino que continuaron proyectándose sobre el procedimiento administrativo y la
posterior sentencia de revisión agraria.

35.
En consecuencia, solicita revocar el fallo del 7 de mayo de 2026, declarar
procedente la tutela y conceder el amparo de los derechos invocados. También pide
dejar sin efectos la sentencia del 9 de diciembre de 2025 y ordenar que se profiera
una nueva decisión que valore integralmente las pruebas, aplique el precedente
constitucional y ejerza un control efectivo de convencionalidad.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

36.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 7 de mayo de
2026, proferida por Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02359-01 (3566)
Accionante: Aportes San Isidro S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

3.2. Legitimación en la causa de las partes

37.
La legitimación en la causa por activa de Aportes San Isidro S.A.S. está
acreditada, por cuanto fue la parte demandante dentro de la acción de revisión
agraria en la que se profirió la sentencia que, a su juicio, vulneró sus derechos
fundamentales.

38.
De igual manera está probada la legitimación en la causa por pasiva de la
Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, debido a que fue la
autoridad judicial que profirió la sentencia del 9 de diciembre de 2025, objeto de la
solicitud de amparo.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional
39.

ha destacado que la acción de tutela contra providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de unos requisitos generales y
específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un
uso abusivo de este mecanismo constitucional9.

En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
40.

debe acreditar los siguientes:

(i) que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial «subsidiariedad»;
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
«inmediatez»;
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

41.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02359-01 (3566)
Accionante: Aportes San Isidro S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

42.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, una de las siguientes causales o defectos: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución10.

3.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad para el caso
concreto

43.
Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
precisado que el juez de tutela debe exponer de manera expresa y suficiente las
razones por las cuales la controversia trasciende el ámbito de la legalidad ordinaria
y compromete el contenido, alcance o goce de derechos fundamentales 11. Este
análisis, desde luego, no supone anticipar la prosperidad de los defectos alegados,
sino verificar que estos planteen razonablemente un problema de validez
constitucional de la providencia y no una simple inconformidad con el sentido de la
decisión12.

44.
El presente asunto reviste relevancia constitucional, porque no se limita a discutir
la interpretación de la legislación agraria ni el mérito ordinario de unas pruebas. ASI
S.A.S. cuestiona, en realidad, si la sentencia que validó definitivamente la extinción
de su derecho de dominio fue producto de una valoración probatoria arbitraria, de
la aplicación irrazonable del régimen agrario y de la convalidación de irregularidades
que habrían afectado el debido proceso. La controversia compromete, por tanto, los
derechos al debido proceso y al acceso efectivo a la justicia, frente a una decisión
de única instancia con efectos definitivos sobre la propiedad de tres inmuebles.

45.
Los cargos formulados comparten un mismo núcleo constitucional y no deben
examinarse aisladamente en la etapa de procedibilidad. El defecto fáctico se
relaciona con la presunta valoración fragmentaria de pruebas determinantes; el
sustantivo, con la exigencia de condiciones probatorias supuestamente ajenas a la
Ley 160 de 1994; y el procedimental, con las garantías de publicidad, contradicción
y motivación.

46.
La propia sentencia de primera instancia reconoció la relevancia constitucional
del defecto fáctico, al considerar que ASI S.A.S. individualizó las pruebas
cuestionadas y explicó su posible incidencia en la demostración de la explotación
económica. Esa misma consideración se proyecta sobre los demás cargos, pues la
forma en que se interpretó el régimen agrario, se valoraron las irregularidades
procedimentales y se aplicaron los estándares constitucionales está estrechamente
relacionada con la apreciación probatoria.

10 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
12 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02359-01 (3566)
Accionante: Aportes San Isidro S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

47.
Por otra parte, también se satisface el requisito de subsidiariedad, pues la
sentencia del 9 de diciembre de 2025 fue proferida en única instancia por la Sección
Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, lo que ASI S.A.S. no dispone de
recursos ordinarios o extraordinarios mediante los cuales pueda controvertir las
presuntas vulneraciones. La tutela no busca sustituir un mecanismo judicial omitido
por la parte, sino someter al control constitucional una providencia de cierre frente
a la cual el ordenamiento no contempla otro medio eficaz de defensa.

48.
El requisito de inmediatez se encuentra acreditado, porque la sentencia
cuestionada fue notificada mediante mensaje de datos el 19 de diciembre de 2025
y la acción de tutela se presentó el 24 de marzo de 2026, esto es, dentro del término
de seis meses que la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado ha
considerado razonable para controvertir providencias judiciales. Esta conclusión
también fue acogida expresamente por el juez constitucional de primera instancia.

49.
La parte actora identificó de manera suficiente los hechos generadores de la
presunta vulneración, los derechos fundamentales afectados y las pruebas,
actuaciones y razonamientos judiciales que considera defectuosos. Además, las
irregularidades alegadas tienen incidencia potencial en el sentido del fallo, pues, de
comprobarse, podrían modificar la conclusión sobre la explotación económica de
los predios y la legalidad de la extinción del dominio. Finalmente, la acción no se
dirige contra una sentencia de tutela, sino contra la providencia que resolvió la
acción de revisión agraria.

50.
En consecuencia, la Sala encuentra satisfechos los requisitos generales de
procedibilidad y procederá a estudiar de fondo los defectos fáctico, sustantivo y
procedimental, así como los cargos por desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución, derivada de la alegada omisión del control de
convencionalidad.

3.5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si ¿la sentencia proferida el 9 de diciembre de
51.

2025, incurrió en alguno de los defectos fáctico, sustantivo, procedimental absoluto,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución y, en
consecuencia, vulneró los derechos fundamentales de la parte actora?

3.6. Sobre el defecto fáctico en el presente caso

52.
La jurisprudencia constitucional ha reiterado que, en virtud del principio de
autonomía e independencia judicial, los jueces tienen una considerable libertad para
valorar las pruebas presentadas en el proceso, siguiendo las reglas de la sana
crítica. Sin embargo, también ha señalado que este principio tiene un límite, ya que
no otorga un poder absoluto ni debe usarse para vulnerar derechos fundamentales.
Según la jurisprudencia, al valorar las pruebas, el juez debe aplicar criterios
objetivos y racionales, es decir, debe evaluar cuidadosamente la relevancia e
impacto de cada prueba, sin caer en suposiciones personales. La Corte
10

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Constitucional ha explicado que un defecto fáctico ocurre cuando «la irregularidad
en el juicio valorativo sea ostensible, flagrante y manifiesta, es decir, de tal magnitud
que incida directamente en el sentido de la decisión proferida»13.

53.
En este punto es importante señalar que existen dos dimensiones del defecto
fáctico: una positiva y una negativa. La dimensión positiva consiste en que el juez
estudia aquellas pruebas que no ha debido estudiar, esto es, se basa en elementos
probatorios que no son aptos para llegar a la conclusión. Así, se recuerda que,
aunque existe una libertad en ese ejercicio de valoración por parte del operador
jurídico, el mismo no puede ser irracional14.

54.
Por otro lado, la dimensión negativa del defecto fáctico se refiere a la omisión en
la valoración de elementos probatorios. Esto puede manifestarse de diversas
formas: la falta de decreto de una prueba, la ausencia de valoración de una prueba
que ya fue decretada, o una valoración inadecuada de la misma. En cualquiera de
estos casos, la omisión implica un defecto en la apreciación de las pruebas dentro
del proceso judicial15.

55.
Ahora, en el caso que nos ocupa, y según se ha reseñado con antelación, la parte
tutelante sostiene que la sentencia del 9 de diciembre de 2025 efectuó una
valoración fragmentaria y selectiva del expediente. En particular, cuestiona el
tratamiento otorgado al informe del Incoder de 2010, los dictámenes agronómicos y
contables practicados en sede judicial, las actuaciones policivas, varios testimonios,
la inspección ocular de 2012 y el Concepto núm. 138 de 2023 del Ministerio Público.
También afirma que no se apreciaron adecuadamente las inundaciones, las
ocupaciones y el contexto de violencia que habrían impedido la explotación de los
predios.

56.
Pues bien, la Sala no encuentra acreditado el defecto invocado. La providencia
cuestionada no omitió el núcleo del debate probatorio, sino que identificó los medios
de convicción relevantes, examinó su contenido y explicó las razones por las cuales
algunos no tenían la capacidad de desvirtuar los resultados de la inspección ocular
practicada en 2012.

57.
La circunstancia de que ASI S.A.S. discrepe del mérito atribuido a esas pruebas
no convierte dicha valoración en arbitraria. Para justificar adecuadamente esta
conclusión, se considera necesario analizar detalladamente los motivos de
inconformidad del solicitante, contrastándolos con la sentencia del 9 de diciembre

13 Corte Constitucional, sentencia T-008 de 2022.
14 Según la Sentencia T-018 de 2023, el juez de tutela debe evaluar la calidad y la valoración de las pruebas.

Para establecer si se vulneró el debido proceso, el juez constitucional debe verificar si la decisión es irracional
(conclusión opuesta a la lógica del expediente y evidente para un juicio medio), subjetiva (basada en el capricho
del juzgador), no integral (sin valorar el conjunto probatorio ni justificar el peso dado a cada elemento) o si se
fundamenta en pruebas impertinentes, inconducentes o ilícitas.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-448 de 2016, que señala: «(…) la dimensión negativa puede dar lugar a

tres circunstancias: (i) por omisión o negación del decreto o la práctica de pruebas determinantes, (ii) por
valoración defectuosa del material probatorio y (iii) por omitir la valoración de la prueba y dar por no probado el
hecho que emerge claramente de ella».
11

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de 2025 y con la contestación de la acción de tutela que presentó la magistrada
Adriana Polidura Castillo en su informe del 16 de abril de 2026.

3.6.1. Informe de visita del Incoder de 2010

58.
En relación con el informe del 13 de mayo de 2010, destacado en la acción de
tutela, no se advierte una omisión absoluta. La sentencia reconstruyó la actuación
dentro de la cual fue practicada la visita del 30 de abril de ese año y señaló que esta
se produjo después de que las Resoluciones 346 y 766 de 2010 declararan la
nulidad del procedimiento iniciado en 2008. También explicó que la Sentencia T-
267 de 2011 inaplicó esas decisiones y ordenó continuar la actuación administrativa
original, por lo que las diligencias adelantadas como consecuencia de aquellos
actos carecían de efectos jurídicos autónomos dentro del procedimiento finalmente
revisado.

59.
Es cierto que la providencia concentró su análisis en la validez jurídica de la
actuación de 2010 y no desarrolló separadamente la posibilidad de reconocer al
informe un valor meramente indiciario. Sin embargo, esa circunstancia no constituye
un defecto fáctico, pues no se demostró que dicho documento tuviera, por sí solo,
la capacidad de modificar necesariamente el sentido de la decisión. El informe
constataba la presencia de cultivos de palma y ganadería en un momento
determinado, pero no acreditaba, sin necesidad de valoración adicional, que en los
tres predios hubiera existido una explotación regular, estable y continua durante el
periodo legalmente relevante.

60.
Aun si se le reconociera algún valor persuasivo, el informe de 2010 debía ser
contrastado con la inspección directa realizada en 2012, que describió de manera
diferenciada el estado de los cultivos, su antigüedad, mantenimiento y extensión,
así como la ausencia de explotación empresarial en Peñaloza y Si Dios Quiere. Por
tal razón, la eventual consideración del documento como indicio no imponía una
conclusión probatoria única ni desvirtuaba necesariamente las verificaciones
posteriores acogidas por el juez natural.

3.6.2. Dictamen pericial agronómico

61.
Tampoco se observa una valoración arbitraria del dictamen agronómico
elaborado por el experto designado por la Universidad de Caldas. La sentencia
examinó su objeto, la metodología anunciada, las imágenes satelitales utilizadas, la
identificación de las áreas y las conclusiones relativas a la edad de las palmas y al
supuesto carácter permanente de la explotación.

62.
La providencia no desestimó el dictamen por el solo hecho de que sus
conclusiones fueran favorables a ASI S.A.S. Al contrario: expuso razones
relacionadas con su fiabilidad, y advirtió que algunas imágenes presentadas como
correspondientes a 2012 pertenecían, realmente, y según el análisis efectuado, al
año 2014; que no se precisó el margen de error de las imágenes satelitales; y que
no se aportaron parámetros técnicos verificables, estudios o bibliografía que
12

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permitieran comprobar la inferencia conforme a la cual la visualización de las palmas
demostraba necesariamente que estas habían sido cultivadas de manera regular
durante los tres o cuatro años anteriores. En efecto, señala la sentencia atacada lo
siguiente:

Al respecto, advierte la Sala que las imágenes satelitales utilizadas como soporte
empírico del dictamen no corresponden al año 2012, sino al año 2014, tal como consta
en las propias imágenes, subtituladas con la referencia: “Fotografía satelital
pancromática 2014”300. Esta circunstancia desvirtúa el fundamento empírico sobre el
cual el perito construyó su inferencia acerca de la explotación regular y permanente de
las palmas, debilitando con ello el sustento objetivo del dictamen. Dicha inferencia,
además, comporta una operación de intermediación epistemológica —esto es, una
deducción indirecta basada en indicios— que, por su naturaleza, ofrece un menor
grado de certeza que la prueba directa, cuya observación es inmediata y verificable.

Adicionalmente, según lo expresado por el propio perito, el nivel de resolución de las
imágenes satelitales, inferior al de las obtenidas mediante drones, solo permite
determinar la altura aproximada de las plantaciones, sin que sea posible establecer su
estado de productividad. Este último constituye, precisamente, el elemento
determinante para valorar si el suelo cumple la función social que le es inherente, de
conformidad con los artículos 52, 57 y 58 de la Ley 160 de 1994.

63.
La existencia de trabajo de campo, registro fotográfico y sustentación oral no
impedía al juez examinar críticamente las premisas y el método del peritaje. Tales
elementos tampoco obligaban a aceptar sus conclusiones cuando la Sala encontró
problemas en la correspondencia temporal de las imágenes y en la posibilidad de
verificar las inferencias formuladas. Lo planteado por la parte accionante expresa,
entonces, una discrepancia con los criterios técnicos empleados para establecer el
mérito de la prueba, pero no demuestra una apreciación caprichosa o abiertamente
contraria a su contenido.

3.6.3. El dictamen contable y documentos sobre las inversiones

64.
La providencia acusada también examinó el dictamen contable rendido por
Miguel Antonio Naranjo Prieto y los documentos empleados para elaborarlo. En
particular, se refirió a los libros, estados financieros, declaraciones tributarias,
soportes contables y demás información examinada por el experto, así como a las
conclusiones relacionadas con los gastos e inversiones efectuados por ASI S.A.S.
y otras sociedades.

65.
La sentencia explicó que varios libros y actas estaban incompletos, carecían de
registro o no contenían las firmas correspondientes; que los egresos comprendían
conceptos diversos sin individualizar cuáles se relacionaban con cada uno de los
predios; que no fueron aportados todos los documentos fuente empleados por el
perito; y que el dictamen no exponía un procedimiento técnico que permitiera
vincular los movimientos financieros con actividades materiales de explotación
desarrolladas específicamente en Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere. Incluso, la
decisión fue enfática al afirmar, respecto del perito, lo siguiente:
13

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[E]n la audiencia de contradicción del dictamen practicado en este proceso, el contador
público Naranjo Prieto, en términos generales, no fue asertivo al responder las preguntas
formuladas por el despacho sustanciador, por las partes y por el Ministerio Público. No
mostró tener conocimiento claro de la materia del dictamen, ni naturalidad al expresarse,
tomándose largos momentos para revisar, al parecer en su computador, la información
que requería para dar respuesta a los cuestionamientos que se le hicieron.

66.
Estas razones guardan relación directa con el objeto que debía demostrarse. La
existencia de gastos, inversiones o movimientos contables podía evidenciar la
actividad empresarial, la intención de desarrollar un proyecto productivo o la
destinación general de los recursos, pero no acreditaba automáticamente que el
suelo de los tres inmuebles estuviera siendo explotado de manera regular y estable.
La falta de trazabilidad entre los registros financieros y la actividad material
desarrollada en cada predio justificaba que el dictamen recibiera un alcance
indiciario y no concluyente.

67.
En consecuencia, no hubo desconocimiento de la existencia de inversiones, sino
una explicación sobre su limitada capacidad para demostrar el supuesto fáctico
exigido por la legislación agraria. Pretender que esos documentos reciban un mérito
distinto supone reabrir el juicio probatorio efectuado por el juez natural, sin acreditar
que las razones empleadas sean ostensiblemente irracionales.

3.6.4. Actuaciones policivas y testimonios relacionados con la visita de 2006

68.
En cuanto a las querellas y decisiones policivas de 2007 y 2009, la sentencia las
examinó dentro de la reconstrucción del conflicto y de los efectos de la Sentencia
T-267 de 2011. Aunque no destinó un apartado autónomo a establecer su alcance
indiciario, esa circunstancia carece de una incidencia determinante en la estructura
y el contenido del fallo, pues las actuaciones policivas tenían por objeto resolver una
controversia sobre la posesión y la perturbación de los predios, y no la verificación
del cumplimiento de la función social de la propiedad conforme a las reglas de la
extinción del dominio agrario.

69.
Una decisión que ampara provisionalmente la posesión no demuestra, por sí
misma, que los predios estuvieran sometidos a una explotación económica regular
y estable. Tampoco permite establecer la extensión, continuidad, calidad técnica o
atribución de las actividades productivas existentes. A ello se agrega que la
Sentencia T-267 de 2011 dejó sin efectos las decisiones dirigidas al desalojo de los
campesinos, debido a la existencia previa del procedimiento agrario, de conformidad
con el artículo 5º del Decreto 747 de 1992. Por tanto, esas actuaciones no tenían la
fuerza concluyente que les atribuye la accionante.

70.
Respecto de los testimonios de Luis Miguel Berrocal, Edmundo Farah Chadid y
otras personas convocadas para controvertir la visita previa de 2006, la sentencia
consideró que carecían de trascendencia para resolver el cargo, porque la
declaratoria de extinción no se fundó de manera determinante en esa diligencia. La
14

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providencia explicó que la visita de 2006 tuvo carácter previo y preparatorio,
mientras que la conclusión sobre la falta de explotación se apoyó en la inspección
ocular y en el informe técnico de 2012.

71.
En esas condiciones, el juez no estaba obligado a desarrollar una valoración
individual y exhaustiva de declaraciones destinadas a desacreditar una prueba que
no sustentaba la conclusión decisiva. Aun si los testimonios demostraran que la
visita de 2006 fue incompleta o que dependió de información suministrada por
Asocab, ello no desvirtuaría directamente los hallazgos obtenidos en la inspección
practicada seis años después.

3.6.5. Inspección ocular e informe técnico de 2012

72.
La inspección ocular de 2012 constituía el principal sustento probatorio de la
decisión administrativa y, por esa razón, la sentencia examinó su decreto,
publicidad, práctica y contenido. Señaló que la diligencia fue previamente
comunicada, se desarrolló entre el 10 y el 17 de octubre de 2012, contó con la
presencia de funcionarios del Incoder y de otras autoridades, y tuvo la participación
inicial del apoderado de ASI S.A.S., quien posteriormente manifestó que la sociedad
no continuaría interviniendo en su desarrollo.

La accionante cuestiona algunas divergencias documentales sobre si la diligencia
73.

comenzó el 10 o el 11 de octubre, el tiempo de permanencia en Las Pavas, el lugar
donde se recibieron ciertas declaraciones y las fechas consignadas en algunas
actas. Sin embargo, no demostró que tales circunstancias desvirtuaran el contenido
material del informe, impidieran la observación de los predios o hicieran falsas las
constataciones técnicas allí consignadas.

74.
La diferencia de un día respecto del inicio de una diligencia desarrollada durante
varias jornadas no tiene, por sí sola, capacidad para invalidar sus resultados. Del
mismo modo, la afirmación de que en una de las fechas se permaneció
aproximadamente treinta minutos en un sector de Las Pavas no demuestra que toda
la inspección haya tenido esa duración ni que las verificaciones efectuadas durante
el conjunto de la diligencia fueran insuficientes. Tampoco el lugar de recepción de
las declaraciones altera necesariamente su contenido o la observación técnica
directa realizada por los funcionarios.

75.
La sentencia podía, por tanto, considerar esas discrepancias como accesorias,
ante la existencia de un informe detallado que diferenciaba los tres predios,
identificaba las áreas cultivadas, describía el estado de las plantaciones y registraba
las demás actividades observadas. Las inconsistencias alegadas no evidencian una
contradicción de tal magnitud que hiciera objetivamente imposible atribuir valor a la
inspección.

Por otra parte, no es cierto que la providencia hubiera desconocido la presencia
76.

de cultivos de palma. La sentencia reconoció que en Las Pavas existían
aproximadamente 58 hectáreas de palma con una edad estimada de entre tres años
15

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y medio y cuatro años, así como cerca de 200 hectáreas sembradas durante 2012.
También tuvo presente que algunas plantas habían sobrevivido a las inundaciones
anteriores.

77.
Lo que concluyó fue diferente: la sola existencia física de cultivos no demostraba
una explotación regular y estable. Según el informe acogido, las palmas más
antiguas presentaban abandono o mantenimiento deficiente, malezas, clorosis y
falta de manejo técnico, mientras que la mayor parte del cultivo había sido sembrada
recientemente y tampoco evidenciaba un cuidado agronómico suficiente. Además,
en Peñaloza y Si Dios Quiere no se constató explotación económica atribuible a la
sociedad propietaria.

78.
Esta distinción entre presencia de cultivos y cumplimiento de las condiciones
legales de explotación constituye una inferencia razonable a partir de la prueba. El
defecto fáctico no puede fundarse en que la accionante considera que cualquier
cultivo existente era suficiente para impedir la extinción, pues esa discusión
comprende tanto la valoración del estado material de los predios como la
interpretación del concepto de explotación regular y estable, aspectos atribuidos al
juez del proceso.

3.6.6. Valoración fragmentaria del material probatorio

79.
ASI S.A.S. también sostiene que las pruebas favorables debieron ser apreciadas
de forma integral, pues, consideradas en conjunto, demostrarían que desarrolló
actividades de explotación desde la adquisición de los predios. No obstante, la
sentencia no se limitó a examinar aisladamente los medios de convicción, sino que
estableció su distinta pertinencia temporal, su relación con el objeto del litigio y su
grado de fiabilidad.

80.
Así, confrontó la inspección directa de 2012 con el informe de 2010; examinó si
los dictámenes judiciales podían desvirtuar las constataciones administrativas;
determinó que las actuaciones policivas no tenían por objeto acreditar la explotación
agraria; y explicó por qué los testimonios relacionados con la visita de 2006 no
incidían en el fundamento decisivo. Ese ejercicio constituye una valoración
articulada.

81.
Tampoco se advierte que la consideración acumulativa de las pruebas condujera
necesariamente a la conclusión propuesta por la accionante. El informe de 2010
reflejaba una situación puntual; el dictamen contable acreditaba movimientos
financieros sin trazabilidad suficiente respecto de cada predio; las decisiones
policivas versaban sobre la posesión; los testimonios cuestionaban una visita no
determinante; y el dictamen agronómico presentaba las dificultades metodológicas
identificadas por la Sala.

La reunión de esos elementos no elimina sus limitaciones individuales ni los
82.

convierte automáticamente en prueba concluyente de una explotación regular y
estable. La providencia podía razonablemente otorgar mayor mérito a la inspección
16

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practicada dentro del procedimiento agrario, por su carácter directo, su proximidad
temporal con la decisión extintiva y la descripción diferenciada del estado de cada
inmueble.

3.6.7. Concepto del Ministerio Público

Tal como lo señala la magistrada ponente en el informe en el que contestó la
83.

acción de tutela, la falta de un acápite destinado exclusivamente a responder el
Concepto 138 de 2023 tampoco configura el defecto fáctico. Dicho concepto no
constituye un medio de prueba ni tiene carácter vinculante para el juez. Se trata de
una intervención procesal que contiene una determinada lectura jurídica y probatoria
del expediente, frente a la cual la autoridad judicial conserva autonomía, sin perjuicio
de su deber de resolver los argumentos relevantes.

84.
La sentencia reseñó la posición del Ministerio Público y respondió materialmente
sus principales fundamentos. Examinó la situación de ASI S.A.S. como adquirente,
delimitó el periodo relevante para establecer la explotación, analizó el dictamen
agronómico y resolvió si las actividades constatadas cumplían las condiciones
exigidas por la legislación agraria. En consecuencia, el hecho de que esas
respuestas aparezcan en distintos apartados y no bajo un título dedicado al
concepto no significa que sus planteamientos hayan sido ignorados.

85.
Además, el concepto coincidía sustancialmente con varios argumentos
formulados por la parte demandante. Una vez estos fueron resueltos, no era
indispensable reiterar las mismas razones para contestar separadamente al
Ministerio Público. La tutela no identifica una conclusión autónoma del concepto
que, de haber sido examinada, tuviera la capacidad necesaria de variar el fallo.

3.6.8. Inundaciones, ocupaciones y contexto de violencia

Finalmente, la sentencia tampoco omitió las circunstancias que, según ASI
86.

S.A.S., habrían impedido la explotación. Frente a las inundaciones, analizó las
características de los terrenos y concluyó que la inundabilidad era una condición
estructural y conocida, que los periodos de lluvia eran previsibles y que existían
medidas de drenaje, manejo hidráulico y conservación que no fueron
implementadas suficientemente.

87.
La sociedad no demostró que las inundaciones hubieran generado una
imposibilidad absoluta e irresistible de explotación durante todo el periodo relevante.
Por el contrario, la propia existencia de cultivos y las actividades desarrolladas por
los campesinos mostraban que las condiciones ambientales imponían dificultades,
pero no necesariamente impedían cualquier aprovechamiento del suelo.

88.
En cuanto a las ocupaciones y al contexto de violencia, la sentencia examinó el
testimonio de Rafael Cárcamo y encontró inconsistencias, ausencia de detalles
verificables y problemas de correspondencia temporal, pues varios de los hechos
relatados se referían a periodos anteriores a la adquisición de los predios por ASI
17

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S.A.S. La providencia examinó la alegada fuerza mayor derivada de las
ocupaciones y de las presiones de grupos armados, pero concluyó que el testimonio
recaudado para demostrarla carecía de precisión, coherencia y correspondencia
temporal con el periodo en el que ASI S.A.S. fue propietaria de los predios.

89.
Esa deducción no es contraevidente. La existencia de ocupaciones, disputas
territoriales o condiciones de violencia podía dificultar la actividad empresarial, pero
no bastaba para acreditar una imposibilidad insuperable durante el periodo
examinado. Era necesario demostrar su intensidad, duración, relación con cada
inmueble e incidencia efectiva sobre la explotación, extremos que, según la
valoración del juez natural, no quedaron suficientemente establecidos.

3.6.9. Conclusión sobre el defecto fáctico

90.
El examen integral de la sentencia del 9 de diciembre de 2025 permite advertir
que esta no prescindió de las pruebas esenciales ni construyó su decisión sobre
elementos inexistentes. La providencia identificó los medios de convicción
invocados por ASI S.A.S., explicó su alcance y justificó por qué no desvirtuaban la
inspección ocular y el informe técnico de 2012.

91.
Algunas cuestiones no fueron respondidas mediante apartados individuales o con
la extensión que seguramente pretendía la accionante. Sin embargo, el defecto
fáctico no se configura por la ausencia de una contestación separada a cada detalle
probatorio, sino cuando la omisión recae sobre un elemento decisivo y conduce a
una conclusión carente de apoyo razonable. En este asunto, las cuestiones que no
recibieron un desarrollo autónomo no tenían, consideradas objetiva y aisladamente,
la aptitud necesaria para modificar el sentido del fallo.

92.
El informe rendido por la magistrada sustanciadora en el trámite de tutela
coincide, en lo sustancial, con las razones consignadas en la providencia
cuestionada: el informe de 2010 fue excluido por su origen dentro de una actuación
dejada sin efectos; los dictámenes judiciales fueron desestimados por sus
limitaciones metodológicas y de trazabilidad; y la inspección de 2012 fue
considerada el medio directo y técnicamente idóneo para verificar el estado de los
predios. Estas explicaciones permiten identificar la posición de la autoridad
accionada, pero la conclusión de esta Sala se sustenta en la motivación contenida
en la propia sentencia objeto de amparo.

93.
En ese orden de ideas, la controversia planteada por ASI S.A.S. expresa una
inconformidad con la selección, jerarquización y mérito atribuido a las pruebas, pero
no demuestra que la valoración sea arbitraria, manifiestamente irrazonable o
contraria a la realidad objetiva del expediente. La acción de tutela no constituye, en
ese sentido, una instancia adicional para sustituir el juicio probatorio del juez de la
revisión agraria por el propuesto por la parte vencida.

18

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94.
Así las cosas, la sentencia del 9 de diciembre de 2025 no incurrió en el defecto
fáctico alegado y, por tanto, confirmará la negativa del amparo respecto de este
cargo.

3.7. Sobre los demás defectos alegados en la acción de tutela

95.
La Sala tampoco encuentra acreditado el defecto sustantivo. Como lo advirtió el
juez de tutela de primera instancia, ASI S.A.S. se limitó a señalar que la sentencia
cuestionada exigió un estándar probatorio no previsto en la Ley 160 de 1994, sin
identificar con precisión cuál disposición fue inaplicada, interpretada de manera
contraevidente o utilizada al margen de su contenido normativo.

Por el contrario, la providencia examinó la naturaleza de la extinción del dominio
96.

agrario, determinó el alcance de la función social y ecológica de la propiedad y
explicó por qué la simple presencia de cultivos o la realización de inversiones no
demostraba necesariamente una explotación regular y estable. El desacuerdo de la
accionante recae, por tanto, sobre la interpretación adoptada, pero no evidencia una
aplicación arbitraria o manifiestamente irrazonable del ordenamiento jurídico.

97.
Tampoco se acreditó el defecto procedimental absoluto. La sociedad no
individualizó una etapa esencial que hubiera sido completamente omitida ni explicó
de qué manera las irregularidades alegadas impidieron el ejercicio efectivo del
derecho a la contradicción y a la defensa. La sentencia del 9 de diciembre de 2025
estudió las objeciones relacionadas con la visita previa, la notificación de las
resoluciones, la vinculación de las sociedades propietarias, la publicidad de la
inspección de 2012 y la posibilidad de intervenir en la actuación.

98.
A partir de ese examen concluyó que ASI S.A.S. tuvo conocimiento efectivo del
procedimiento, compareció, interpuso recursos, aportó pruebas y controvirtió las
decisiones administrativas. En consecuencia, no se advierte la pretermisión de una
fase estructural del proceso ni una irregularidad de tal entidad que hubiera tornado
ineficaz el derecho de defensa.

99.
Finalmente, no se acreditan el desconocimiento del precedente ni la violación
directa de la Constitución por falta de control de convencionalidad. Tal como señaló
la sentencia de primera instancia, la accionante citó de manera general varias
providencias de la Corte Constitucional y decisiones de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, pero no identificó una regla decisoria aplicable a un supuesto
fáctico y jurídico análogo que hubiera sido desconocida por la autoridad judicial.

Tampoco precisó cuál estándar convencional imponía una solución distinta ni
100.

demostró que la sentencia hubiera aplicado el derecho interno de forma
incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. La sola
invocación de precedentes y de los deberes de motivación, proporcionalidad y
control de convencionalidad no basta para estructurar estos defectos; era necesario
demostrar una contradicción concreta y determinante, carga que no fue satisfecha.

19

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02359-01 (3566)
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Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

4. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala concluye que la acción de tutela satisface los
101.

requisitos generales de procedibilidad respecto de la totalidad de los cargos
formulados por ASI S.A.S. En consecuencia, revocará parcialmente la sentencia del
7 de mayo de 2026, únicamente en cuanto declaró improcedente el amparo
respecto de los defectos sustantivo y procedimental, el desconocimiento del
precedente y la violación directa de la Constitución por la alegada omisión del
control de convencionalidad.

No obstante, efectuado el estudio de fondo, la Sala determinó que la sentencia
102.

del 9 de diciembre de 2025 no incurrió en ninguno de los defectos alegados. La
providencia valoró razonadamente el material probatorio, sustentó la interpretación
del régimen de extinción del dominio agrario, examinó las irregularidades
procedimentales planteadas y no desconoció una regla jurisprudencial o
convencional aplicable y determinante para resolver el asunto.

En ese sentido, se negará el amparo respecto de los cargos que el juez
103.

constitucional de primera instancia declaró improcedentes y se confirmará la
decisión de negar la protección en relación con el defecto fáctico.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Revocar parcialmente la sentencia del 7 de mayo de 2026, proferida por
la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, únicamente en cuanto
declaró improcedente la acción de tutela respecto de los cargos por defecto
sustantivo, defecto procedimental absoluto, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución por la alegada omisión del control de
convencionalidad.

Segundo: Negar el amparo de los derechos fundamentales invocados por Aportes
San Isidro S.A.S. respecto de los cargos por defecto sustantivo, defecto
procedimental absoluto, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución por la alegada omisión del control de convencionalidad, por las razones
expuestas en esta providencia.

Tercero: Confirmar en lo demás la sentencia impugnada, particularmente en cuanto
negó el amparo respecto del defecto fáctico.

Cuarto: Notificar esta decisión a las partes y a los demás interesados por el medio
más expedito, en los términos del artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
20

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02359-01 (3566)
Accionante: Aportes San Isidro S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Quinto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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