Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2013-00044-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2013-00044-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2013-00044-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
9 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado número: 11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)
Demandante: Aportes San Isidro S.A.S. (ASI SAS)
Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) —
sucedido procesalmente por la Agencia Nacional de
Tierras (ANT)1—
Referencia: Acción de revisión agraria
TEMAS: ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN AGRARIA. Tiene por objeto
verificar que la entidad pública haya ejercido sus competencias conforme a la Ley 160 de 1994 y al
Decreto 2665 de 1994, en materia de extinción del dominio agrario. FENECIMIENTO DE LA
POTESTAD SANCIONATORIA Y COMPETENCIA DEL INCODER –La extinción del dominio agrario
no tiene carácter sancionatorio, sino que es un procedimiento administrativo orientado a verificar la
función social y ecológica de la propiedad. El término trienal del artículo 52 de la Ley 160 de 1994 es
un presupuesto habilitante, por lo que no aplica la caducidad del artículo 38 del C.C.A. NATURALEZA
DE LA VISITA PREVIA – La visita previa prevista en la Ley 160 de 1994 y el Decreto 2665 de 1994
constituye una actuación preparatoria y técnica de carácter no contradictorio, que no exige notificación
previa al propietario. RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES Y FINALIDAD GARANTISTA – Las
irregularidades formales en la notificación no invalidan el acto cuando el administrado conoce su
contenido y ejerce su defensa. DECAIMIENTO DEL ACTO DE INICIO – El acto de apertura es
instrumental y solo exige indicios razonables de incumplimiento; la pérdida posterior de vigencia
normativa no afecta su validez ni continuidad del trámite. EFICACIA Y OPONIBILIDAD FRENTE A
TERCEROS – La publicidad del acto de inicio mediante su inscripción produce efectos frente a terceros;
el conocimiento y actuación procesal frente a este configura notificación por conducta concluyente,
saneando eventuales defectos formales. VALOR PROBATORIO DE ACTUACIONES TÉCNICAS
PREVIAS – Los elementos técnicos y las inspecciones en campo deben valorarse conforme a su
pertinencia temporal y metodológica; las diligencias anteriores a la verificación definitiva carecen de
incidencia determinante en la decisión. COMPETENCIA INSTITUCIONAL DEL INCODER – La
atribución para decidir los procesos de extinción de dominio agrario corresponde a la Gerencia General
o a su delegatario, sin requerir aprobación de Junta Directiva, conforme al marco normativo vigente
durante la actuación. MENCIONES SOBRE DESPLAZAMIENTO Y CONFLICTO ARMADO – Las
alusiones al desplazamiento o a actores armados son contextuales, pues la extinción del dominio se
fundamentó exclusivamente en la inexplotación económica del predio. INFORMES DE INSPECCIÓN
OCULAR – La coexistencia de dos informes no genera nulidad: el informe de 2010 carece de efectos
jurídicos conforme a la sentencia T-267 de 2011 y la decisión de extinción se soportó en la inspección
ocular practicada en octubre de 2012. PUBLICIDAD Y CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA – La
inspección ocular y el dictamen técnico se practicaron con adecuada publicidad y oportunidad de
intervención; la inasistencia del apoderado de la sociedad actora fue voluntaria. No se vulneró el
derecho de defensa. DECLARACIONES Y VALOR PROBATORIO – La decisión no se fundó en
versiones informales, sino en inspección ocular, informe técnico y declaraciones juramentadas; la parte
no ejerció diligentemente su carga de aportar y hacer comparecer testigos. TRASLADO DEL INFORME
TÉCNICO – Aun cuando se demostró una omisión formal de traslado del informe técnico, no se acreditó
afectación sustancial del derecho de defensa ni incidencia en la motivación. No procede nulidad por
expedición irregular. SUSTENTO FÁCTICO Y TÉCNICO – La inexplotación económica quedó
acreditada por la inspección ocular de 2012 y su informe técnico. DICTÁMENES PERICIALES – Los
dictámenes practicados en sede judicial se realizaron conforme a las reglas procesales, pero no tienen
la entidad suficiente para desvirtuar las conclusiones del dictamen técnico elaborado durante la
1 Los actos administrativos objeto de control jurisdiccional fueron expedidos por el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural (INCODER). No obstante, resulta necesario precisar que las funciones asignadas a dicho
establecimiento público —actualmente suprimido y en proceso de liquidación— fueron reasignadas a la
Agencia Nacional de Tierras (ANT), en virtud de lo dispuesto en el Decreto 2363 del 7 de diciembre de 2015.
Radicado:11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)
Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
actuación administrativa. El dictamen agronómico presenta debilidades metodológicas y el contable es
un indicio insuficiente. FUERZA MAYOR POR INUNDACIONES – Las inundaciones eran riesgos
previsibles y gestionables al tratarse de suelos total o parcialmente inundables; requerían manejo y
drenaje que no se implementó. No se configura fuerza mayor. FUERZA MAYOR POR OCUPACIÓN
DEL PREDIO – El testimonio invocado es inconsistente, sin detalles verificables y contradictorio;
además, los hechos aluden a un período anterior a la titularidad de la demandante. No acredita fuerza
mayor.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la acción de revisión agraria promovida por la
sociedad Aportes San Isidro S.A.S. (ASI S.A.S.) ―en adelante, ASI S.A.S.―
contra las Resoluciones núm. 1473 de 11 de noviembre de 2008, 2266 de 5 de
noviembre de 2009, 1612 de 23 de junio de 2011, 2284 de 14 de noviembre de
2012 y 0166 de 8 de febrero de 2013, expedidas en el marco de un procedimiento
de extinción de dominio agrario adelantado por el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural ―en adelante, INCODER―.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La controversia se contrae a resolver la legalidad de las Resoluciones núm. 1473
del 11 de noviembre de 2008, 2266 del 5 de noviembre de 2009, 1612 del 23 de
junio de 2011, 2284 del 14 de noviembre de 2012 y 0166 del 8 de febrero de 2013,
expedidas por el INCODER dentro del procedimiento administrativo especial de
extinción del dominio agrario respecto de los predios denominados Las Pavas,
Peñaloza y Si Dios Quiere, ubicados en el municipio de San Martín de Loba,
departamento de Bolívar, actos mediante los cuales se inició el trámite, se
decidieron los recursos interpuestos y se declaró la extinción del derecho de
dominio privado sobre dichos inmuebles.
La parte demandante sostiene que el procedimiento se adelantó con
irregularidades de orden sustancial y formal, al atribuir la falta de explotación
económica a hechos imputables al anterior propietario y no al adquirente, omitir la
valoración de pruebas que demostraban la realización de actividades agrícolas y
ganaderas y desconocer el concepto de “explotación regular y estable” previsto
en la normativa agraria. Igualmente, afirma que la administración incurrió en vicios
de notificación, aplicó disposiciones declaradas inexequibles, dejó de delimitar las
áreas carentes de explotación y profirió el acto de extinción una vez vencido el
término trienal de caducidad de la potestad sancionatoria.
En este marco, sostuvo que los actos acusados vulneran el derecho de propiedad
previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, al imponer la sanción de
extinción del dominio a un propietario que cumplía con la función social de la
propiedad. En consecuencia, solicita la nulidad de los actos administrativos
demandados, la cancelación de su inscripción en los folios de matrícula
inmobiliaria correspondientes y la anotación de la sentencia en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Magangué, Bolívar.
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. El 8 de abril de 2013, por conducto de apoderado judicial2, la sociedad ASI
S.A.S. formuló demanda, en ejercicio de la acción de revisión agraria 3, contra el
INCODER, con el propósito de que se revisara el procedimiento de extinción de
dominio adelantado por dicha entidad respecto de los predios denominados Las
Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere, ubicados en jurisdicción del municipio de San
Martín de Loba, departamento de Bolívar. La parte actora sustentó su solicitud en
las siguientes pretensiones, las cuales se transcriben de manera literal,
conservando incluso sus eventuales errores formales o de redacción:
“(…) PRIMERA:
Solicito mediante la presente demanda la REVISIÓN JUDICIAL
del procedimiento administrativo de extinción del derecho de
dominio privado realizado por el INCODER sobre los predios
rurales denominados LAS PAVAS, PEÑALOZA y SI DIOS
QUIERE, ubicados en el corregimiento de Buenos Aires,
jurisdicción del municipio de El Peñón, Departamento de Bolívar,
cuyas descripciones son las siguientes:
PREDIO LAS PAVAS: Está ubicado en la Vereda Buenos Aires,
Municipio San Martín de Loba, Departamento de Bolívar. Se
identifica con la matrícula Magangué, Departamento de Bolívar.
Tiene un área de I.I27 hectáreas con 6.534 M2. Sus linderos son:
NORTE: En 746 metros lineales con propiedad que es o fue de
Belisario Vélez, en 748 ml, con propiedad que es o fue de
Francisco Flórez; en 2.458 ml, con propiedad que es o fue de
Pedro Caballero; en 293 ml, con propiedad que es o fue de Pedro
Cabrales; en 874 ml, con propiedad que es o fue de Francisco
Flórez; y, en 1.192 ml con propiedad que es o fue de Diego
Paternina. ESTE: En 951 ml, con propiedad que es o fue de
Francisco Lobo. SUR: En 1.672 ml, con propiedad que es o fue
de Edeumecio Silva; en 713 ml, con propiedad que es o fue de
Domingo Guerrero; en 1.830 ml, con propiedad que es o fue de
Santos Montero; 125 ml, con propiedad que es o fue de Ramón
Rodríguez y/o Manuel Martínez; en 1.550 ml, con propiedad que
es o fue de José Rangel; en 302 ml, con propiedad que es o fue
de Lázaro Gutiérrez; en 320 ml, con propiedad que es o fue de
Joaquín Jiménez; y, en 1.090 ml, con propiedad que es o fue de
Samuel Cano 1090. OESTE: con predios de Domingo G., playón
y con una manga que desemboca al playón. Estos datos son
tomados del folio de matrícula inmobiliaria 064-0000395.
PREDIO PEÑALOZA:
2 Poder conferido por su representante legal, y certificado de existencia y representación de la Cámara de
Comercio de Barranquilla núm. 18863008 obrante a folios 99 a 106 del cuaderno 1
3 Folios 1 a 106 del cuaderno 1
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
Está ubicado en la Vereda Buenos Aires, Municipio San Martín
de Loba, Departamento de Bolívar. Se identifica con la matrícula
inmobiliaria 064-0006808 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Magangué, Departamento de Bolívar.
Tiene un área de 198 hectáreas con 3.250 M2. Sus linderos son:
NORTE: Con terrenos del caserío del Congo y predio que es o
fue de José Isabel Rangel. SUR: Brazuelo de papayal en medio,
con el predio el Deseo. ESTE: Con predios es o fue ocupado por
Juan Martínez Mariano Vanegas y Anastasio Molina. OESTE:
Camino real en medio, con finca denominada el Palmar que es o
fue de propiedad de Trino Luna Morón. Estos datos son tomados
del folio de matrícula inmobiliaria 064-0006808.
PREDIO SI DIOS QUIERE:
Está ubicado en la Vereda Playitas, Paraje de Lázaro, Municipio
San Martín de Loba, Departamento de Bolívar. Se identifica con
la matrícula inmobiliaria 064-0002766 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Magangué, Departamento de
Bolívar. Tiene un área de 42.5 hectáreas. Sus linderos son:
NORTE: Terrenos ocupados que fueron o son ocupados por
Elermes y Concepción Cabrales Pacheco y Sixto Ramos
Hernández. SUR: Con. terrenos que son o fueron ocupados por
Francisco Flórez. ESTE: Con terrenos que fueron o son ocupados
por Pompilio Viloria. OESTE: Con terrenos que son o fueron
ocupados por Luis Vargas, Ana Gregoria Bello y Francisco Flórez.
Estos datos son tomados de la escritura pública 619 del 10 de
marzo de 2007, de la Notaría Novena de Barranquilla, y del folio
de matrícula inmobiliaria 064-0002766.
SEGUNDA:
Como resultado de la REVISIÓN JUDICIAL del procedimiento
administrativo de extinción del derecho de dominio privado
realizado por el INCODER sobre los predios rurales denominados
LAS PAVAS, PEÑALOZA y SI DIOS QUIERE, se declare que el
procedimiento de extinción del derecho de dominio y los actos
administrativos en el curso de tal procedimiento administrativo y
mediante los cuales se decidió el procedimiento resolviendo
extinguir el derecho de dominio privado, son ilegales.
TERCERA: Como consecuencia de las anteriores declaraciones,
se declare la NULIDAD de las actuaciones surtidas dentro del
referido procedimiento administrativo adelantado por INCODER.
así como la NULIDAD de las siguientes resoluciones proferidas
por la entidad en desarrollo del procedimiento de extinción del
derecho de dominio privado:
a. Resolución No. 1473 del 11 de noviembre de 2008,
proferida por INCODER mediante la cual ordenó iniciar el
procedimiento Administrativo de Extinción de Dominio sobre los
predios LAS PAVAS, PEÑALOZA y SI DIOS QUIERE, la cual no
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fue notificada personalmente a APORTES SAN ISIDRO, quien se
vinculó a la actuación interponiendo recurso de reposición contra
este acto.
b. Resolución N. 2266 del 05 de noviembre de 2009 por la
cual el INCODER resolvió un recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución No. 1473 de 2008, notificada por edicto
fijado el 20 de noviembre de 2009.
c. Resolución No 1612 del 23 de junio de 2011, por la cual
el INCODER resolvió modificar la Resolución No. 1473 de 2008.
d. Resolución No. 2284 del 14 de noviembre de 2012,
proferida por el Gerente General de INCODER, mediante la cual
declaró la extinción del dominio privado agrario de los predios
LAS PAVAS, PEÑALOZA y SI DIOS QUIERE, ubicados en el
corregimiento de Buenos Aires, jurisdicción del municipio de El
Peñón, Departamento de Bolívar, notificada el día 26 de
noviembre de 2012.
e. Resolución No 0166 del 08 de febrero de 2013, proferida
por el Gerente General de INCODER. notificada mediante Edicto
fijado el cuatro (4) de marzo de 2013 y desfijado el quince (15) de
marzo de 2013, por medio de la cual se resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución 2284 de 2012.
CUARTA:
Se ordene comunicar a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Magangué, Departamento de Bolívar, que debe
inscribir el fallo respectivo y, en consecuencia, cancelar las
inscripciones que con respecto al trámite de extinción del derecho
de dominio, adelantadas por el INCODER, se efectuaron en los
folios de matrícula inmobiliaria números 064-0000395
correspondiente al predio LAS PAVAS; 064-006808
correspondiente al predio PEÑALOZA; y 064-0002766
correspondiente al predio SI DIOS QUIERE de la oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Magangué, Departamento
de Bolívar (…)”.
1.2. Para fundamentar sus pretensiones, la parte accionante señaló, en síntesis,
los siguientes hechos:
1.2.1. En el año 2006, un grupo de personas identificadas como integrantes de la
Asociación de Campesinos de Buenos Aires ―ASOCAB― presentó ante el
INCODER una solicitud de extinción del derecho de dominio privado sobre el
predio denominado Las Pavas. Alegaron que dicho inmueble había permanecido
abandonado por su propietario, Jesús Emilio Escobar Fernández, durante quince
(15) años y que, desde 1998, venía siendo explotado por campesinos sin
reconocimiento de dominio ajeno.
1.2.2. Con ocasión de esta solicitud, el 9 de junio de 2006, la Oficina de Enlace
Territorial No. 2, Regional Bolívar, dispuso adelantar diligencias previas conforme
a lo previsto en la Ley 160 de 1994 y el Decreto 2665 de ese mismo año, con el
fin de verificar la procedencia de iniciar el trámite de extinción. En consecuencia,
se ordenó la práctica de una visita previa al predio Las Pavas.
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1.2.3. La diligencia se llevó a cabo entre el 20 y el 23 de junio de 2006 y, según el
informe elaborado por los funcionarios de la entidad, el predio se encontraba
abandonado hacía quince (15) años y era explotado por campesinos. Pese a que
el auto de apertura únicamente contemplaba visita al predio Las Pavas, el informe
se extendió también a los predios Peñaloza y Si Dios Quiere, sobre los cuales se
señaló igualmente abandono y explotación por terceros sin vínculo alguno con los
propietarios.
1.2.4. Posteriormente, el 10 de marzo de 2007, el señor Jesús Emilio Escobar
Fernández enajenó los predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere a favor de
las sociedades Aportes San Isidro S.A.S. y C.I. Tequendama S.A., mediante
escritura pública No. 619 de esa fecha, inscrita en los folios de matrícula
inmobiliaria correspondientes ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Magangué, Bolívar, el 12 de abril del mismo año.
1.2.5. Con la expedición de la Ley 1152 de 2007 ―Estatuto de Desarrollo Rural―
se derogó la Ley 160 de 1994 y su Decreto Reglamentario 2665 de 1994, se
reformó el INCODER y se creó la Unidad Nacional de Tierras Rurales ―UNAT―
como unidad administrativa especial, con competencia para adelantar los
procedimientos administrativos de extinción del derecho de dominio privado.
1.2.6. En virtud de este cambio institucional, el INCODER, mediante auto del 21
de agosto de 2008, remitió a la UNAT las actuaciones correspondientes a las
diligencias previas sobre los predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere,
asumiendo esta última el conocimiento mediante auto del 8 de septiembre de
2008.
1.2.7. El 11 de noviembre de 2008, más de dos años después de la visita inicial,
la UNAT expidió la Resolución No. 1473, por medio de la cual se ordenó iniciar
formalmente el procedimiento de extinción del derecho de dominio respecto de los
citados predios. Este acto no fue notificado a los propietarios, pero sí al
representante de ASOCAB el 12 de diciembre de 2008. Poco después, en enero
de 2009, se produjo la invasión de los predios por parte de integrantes de dicha
asociación campesina.
1.2.8. Ante esta situación, las sociedades Aportes San Isidro S.A.S. y C.I.
Tequendama S.A., en su calidad de propietarias, presentaron querella policiva de
amparo a la posesión el 21 de enero de 2009, la cual fue resuelta a su favor
mediante Resoluciones No. 002 y 003 del 25 de febrero de 2009, proferidas por
la Inspección Central de Policía del municipio de El Peñón, Bolívar. Fue en ese
contexto que las sociedades propietarias tuvieron conocimiento de la Resolución
No. 1473 de 2008, ya que el acto no había sido notificado ni inscrito en los folios
de matrícula inmobiliaria correspondientes.
1.2.9. Una vez enteradas de dicha actuación, la sociedad Aportes San Isidro
interpuso recurso de reposición, alegando, entre otros aspectos, la omisión del
trámite previo establecido en el artículo 8 del Decreto 639 de 2008, la falta de
identificación material y jurídica de los predios y la ausencia de requerimiento al
propietario para aportar información. El recurso fue resuelto por el INCODER
mediante la Resolución No. 2266 de 5 de noviembre de 2009, confirmando la
decisión inicial.
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1.2.10. A continuación, ambas sociedades formularon solicitudes de decaimiento
y revocatoria de la Resolución 1473, que fueron resueltas mediante Resolución
No. 346 de 23 de febrero de 2010, en la cual el INCODER declaró la nulidad de la
actuación administrativa, aduciendo violación al debido proceso, por no haberse
vinculado al propietario inscrito al momento de la visita previa, por la omisión de
inscripción del acto en los folios de matrícula inmobiliaria y por inconsistencias en
el auto que ordenaba la visita. Esta decisión fue confirmada mediante Resolución
No. 766 de 7 de abril de 2010.
1.2.11. Una vez en firme la nulidad, el INCODER ordenó nuevas diligencias
previas y practicó una visita en abril de 2010, de la cual se concluyó que los
predios estaban siendo explotados por sus propietarios, razón por la cual se
abstuvo de iniciar un nuevo trámite de extinción mediante auto de 25 de mayo de
2010.
1.2.12. Sin embargo, en el marco de una acción de tutela promovida por
integrantes de ASOCAB, la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-267 de 8
de abril de 2011, dejó sin efectos la Resolución No. 346 de 2010 y ordenó
proseguir el trámite iniciado con la Resolución No. 1473 de 2008. En cumplimiento
de dicha providencia, el INCODER expidió el Auto de 21 de junio de 2011 y la
Resolución No. 1612 de 23 de junio del mismo año, mediante las cuales se
reanudó el trámite y se incluyó como sujetos procesales a las sociedades
propietarias.
1.2.13. Finalmente, luego de nuevas diligencias, entre ellas una inspección ocular
practicada en octubre de 2012, el INCODER expidió la Resolución No. 2284 de
14 de noviembre de 2012, decretando la extinción del dominio privado de los
predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere. Contra esta decisión se interpuso
recurso de reposición, resuelto mediante la Resolución No. 0166 de 8 de febrero
de 2013, que confirmó lo decidido, acto que fue notificado mediante edicto fijado
el 4 de marzo y desfijado el 15 del mismo mes y año.
1.3. Como fundamento de la nulidad deprecada, la sociedad ASI SAS formuló los
siguientes cargos:
1.3.1. Inexistencia de los presupuestos fácticos exigidos por la normativa
aplicable:
La parte actora afirma que no se encontraban acreditados los supuestos de hecho
que habilitaban la declaratoria de extinción de dominio, pues la conducta atribuida
al señor Jesús Emilio Escobar Fernández, consistente en la presunta falta de
explotación de los predios entre 1998 y marzo de 2007, “no podía ser atribuida a
ASI SAS, y aquel no fue vinculado al procedimiento administrativo de extinción de
dominio agrario”.
Sostiene que, a partir de la adquisición de los bienes en marzo de 2007, la
sociedad demandante explotó de manera regular los predios Peñaloza, Las Pavas
y Si Dios Quiere, que en adelante se denominaron bajo el nombre único “Las
Pavas”, mediante cultivos de palma africana desarrollados por intermedio de la
sociedad Palmeras El Labrador S.A., de la cual ASI S.A.S. era accionista, además
de actividades de ganadería y de construcción. Explica que tal explotación se llevó
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a cabo desconociendo por completo la existencia del procedimiento de extinción,
toda vez que “el inicio de este procedimiento no figuraba en los folios de matrícula
inmobiliaria de los predios”.
Agrega que esta circunstancia fue acreditada con documentos y corroborada en
la visita de 2010 y en el dictamen elaborado con fundamento en dicha diligencia,
pruebas que resultan válidas por haberse practicado con la participación del
propietario, “sin que fueran invalidadas por la Corte Constitucional”. Sin embargo,
la explotación así demostrada fue ignorada en el procedimiento, lo que constituye
un desconocimiento del artículo 3.17 del Decreto 2665 de 1994.
La sociedad demandante también refiere que, conforme a la jurisprudencia, el
periodo de tres (3) años de inexplotación debe contarse inmediatamente antes de
la diligencia de inspección ocular, esto es, entre octubre de 2009 y octubre de
2012. No obstante, el INCODER consideró que en ese lapso los predios habían
sido explotados irregularmente, conclusión que la actora refuta, pues en su criterio
“no se exige que sea explotada la totalidad del predio, y la palma africana es, por
su naturaleza, un cultivo regular y estable”, incluso frente a circunstancias
externas como las inundaciones ocurridas entre 2008 y 2012 y la invasión de los
terrenos.
En consecuencia, al “sancionar” a la sociedad con la extinción del dominio, pese
a haberse acreditado una explotación económica que cumplía con la función
social de la propiedad, el INCODER vulneró el artículo 58 de la Constitución, al
desconocer el contenido esencial del derecho de dominio.
1.3.2. Expedición irregular de los actos administrativos:
La actora también cuestiona la validez formal de los actos administrativos,
alegando la existencia de anomalías sustanciales en su formación. Asegura que
la Resolución 1473 de 11 de noviembre de 2008, que dio inicio al procedimiento,
se basó en hechos previos imputables a un tercero —el señor Escobar
Fernández— quien no participó en la visita previa de 2006. Sin embargo, en
aplicación del artículo 9 del Decreto 2665 de 1994, los efectos de dicho acto solo
eran oponibles a terceros desde el registro en el folio de matrícula inmobiliaria, lo
que aconteció el 15 de septiembre de 2011. De este modo, lo sucedido con
anterioridad resultaba “inoponible a la demandante”.
La sociedad también expone que: (i) en la visita previa de 2006 no intervino el
entonces propietario, a quien le correspondía demostrar la explotación y que,
además, tenía la convicción de que el predio estaba siendo negociado con el
INCODER, conculcándose su derecho de defensa y contradicción en los términos
de los artículos 7 y 10 del Decreto 2665 de 1994 y 14 y 28 del CPACA; (ii) la
Resolución 1473 de 2008 fue notificada a C.I. Tequendama S.A. conforme al
Decreto 639 de 2008, pese a que dicha norma había “desaparecido del
ordenamiento jurídico” con la inexequibilidad de la Ley 1152 de 2007; (iii) operó el
decaimiento del acto de iniciación conforme al artículo 66.2 del CCA, por cuanto
los predios ya se encontraban en explotación y dicho acto se expidió con
fundamento en normas posteriormente declaradas inconstitucionales, las cuales
incluso fueron aplicadas al resolver los recursos subsiguientes. Además, el
INCODER incorporó en los actos demandados referencias al desplazamiento
forzado de miembros de ASOCAB, circunstancia ajena a las causales de extinción
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
del dominio previstas en la Ley 160 de 1994; (iv) la Resolución 1612 de 2011, que
modificó el acto inicial, se profirió de manera extemporánea y sin notificar a
Tequendama S.A.; (v) el INCODER incumplió el deber de alinderar las áreas no
explotadas, omisión contraria a lo dispuesto en el Decreto 2665 de 1994; (vi) la
decisión extintiva no fue aprobada por la Junta Directiva del INCODER,
contraviniendo el artículo 21 del Decreto 2665 de 1996; y (vii) el acto se profirió
vencido el término trienal de caducidad de la potestad sancionatoria.
De igual forma, al confirmarse la extinción mediante la Resolución 166 de 2013,
el INCODER se basó en la Resolución 1473 de 2008 “para vincular a Tequendama
S.A. y ASI S.A.S.”, desconociendo la intangibilidad y ejecutoriedad del acto
administrativo inicial, el cual se fundaba en circunstancias anteriores a la
adquisición de los predios por la sociedad actora.
1.3.3. Deficiencias en la valoración probatoria:
La sociedad demandante argumenta que la decisión extintiva desconoció medios
de prueba determinantes. Afirma que fueron omitidos, entre otros: (i) los
documentos aportados al recurrir la Resolución 1473 de 2008; (ii) las actuaciones
adelantadas en el trámite policivo de 2009, en el que se reconoció la posesión de
los propietarios; (iii) lo constatado en la visita de 2010, que verificó la explotación
de los predios; y (iv) apartes del dictamen pericial de 2012 que le resultaban
favorables.
Por el contrario, la Administración fundamentó la extinción en pruebas que la
actora califica de inválidas, entre ellas el informe de la visita de 2006, la inspección
ocular de 2012 y testimonios informales recogidos en esas diligencias, que eran
“versiones de personas de la región, recepcionadas sin ninguna formalidad (…) y
sin la debida identificación de los declarantes”. Recalca que tales pruebas se
recaudaron con violación del debido proceso, al no haberse vinculado
oportunamente a ASI S.A.S. ni a Tequendama S.A., y al no haberse corrido
traslado del dictamen técnico, en contravía de lo previsto en el artículo 19 del
Decreto 2665 de 1994.
Adicionalmente, señala que la entidad emitió dos informes técnicos contradictorios
—el de 2010, que constató explotación, y el de 2012, que concluyó lo opuesto—,
sin explicar las razones del cambio de criterio. A juicio de la demandante, esta
contradicción compromete la validez de la decisión y configura un defecto en la
motivación del acto.
1.3.4. Violación de la Constitución Política:
Por último, la actora alega que la extinción decretada quebrantó el artículo 58 de
la Constitución Política, al desproteger su derecho de propiedad. Insiste en que la
medida administrativa tuvo un carácter sancionatorio desproporcionado, pues
recayó sobre una sociedad que había desplegado actos de explotación económica
idóneos y que enfrentó situaciones extraordinarias como invasiones y fenómenos
naturales.
En su criterio, al declarar la extinción del dominio en estas condiciones, el
INCODER desconoció los principios de proporcionalidad, razonabilidad y
seguridad jurídica que orientan el ejercicio de la potestad sancionatoria, privando
9
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a la actora de su derecho de propiedad sin que se cumpliera el presupuesto
material exigido por el ordenamiento.
2. Trámite procesal relevante
2.1. La demanda fue admitida mediante auto del 5 de junio de 20134, el cual fue
adicionado por providencia del 10 de julio del mismo año, con el fin de vincular al
trámite como tercero interviniente a la Asociación de Campesinos de Buenos
Aires —ASOCAB—5, en atención la solicitud formulada sobre el particular por el
Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado el 28 de junio de 20136 .
2.2. Una vez surtida la notificación correspondiente, el 4 de septiembre de 2013,
el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural —INCODER7—, contestó la
demanda y manifestó su oposición a las pretensiones en ella formuladas, para lo
cual formuló las siguientes excepciones:
2.2.1. Caducidad de la acción, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa aplicable, contra la Resolución núm. 2284 del 14 de
noviembre de 2012 únicamente procedía el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación. Dicho medio de impugnación fue
resuelto mediante la Resolución núm. 0166 del 8 de febrero de 2013, la cual,
según afirma, se notificó por conducta concluyente con ocasión del escrito de
solicitud de nulidad del procedimiento administrativo de extinción de dominio,
presentado por el apoderado de la parte demandante el 20 de febrero de 2013 y
posteriormente adicionado el 4 de marzo de la misma anualidad. En ese orden
de ideas, la acción de revisión no habría sido interpuesta dentro del término
preceptivo de quince (15) días siguientes a la ejecutoria del acto administrativo
que decidió de fondo la controversia, toda vez que dicho plazo habría expirado el
15 de marzo de 2013.
2.2.2. Legalidad de las resoluciones núm. 2284 de 2012 y 0166 de 2013, toda
vez que, conforme a lo previsto en el capítulo XI de la Ley 160 de 1994, uno de los
presupuestos para la declaratoria de extinción del derecho de dominio sobre un bien
inmueble es la omisión en el ejercicio de la posesión. De acuerdo con el artículo 1
de la Ley 200 de 1936, dicha situación se configura por la falta de explotación del
predio durante un término de tres (3) años. Este plazo —afirma— debe computarse
a partir del momento en que el INCODER verificó e identificó la omisión en la
explotación, y no, como lo plantea la parte demandante, en sentido inverso desde
la expedición del acto administrativo que declaró la extinción del dominio.
2.2.3. Observancia del debido proceso, porque, afirmó, que el INCODER agotó
en debida forma las etapas previstas en el procedimiento administrativo de
extinción de dominio y cumplió los requisitos necesarios para la formación válida
del acto administrativo extintivo. En particular, la entidad identificó física y
jurídicamente los predios objeto del trámite y estableció el estado de explotación
en que estos se encontraban para la fecha de los hechos. Lo anterior se sustenta
en que, contrario a lo expuesto por la parte demandante, la carga de la prueba
respecto de la explotación de los predios recaía en el propietario, quien dispuso
4 Folios 111-113 del cuaderno 1
5 Folios 120-122 del cuaderno 1
6 Folios 117-1118 del cuaderno 1
7 Folios 157-171 del cuaderno 1
10
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
de la oportunidad procesal para ejercerla a lo largo del procedimiento
administrativo y, no obstante, desistió de hacerlo, entre otras razones, al
rehusarse a participar en la diligencia de inspección ocular.
2.3. La Asociación de Campesinos de Buenos Aires —en adelante,
ASOCAB—en su condición de tercera interviniente en este proceso, se pronunció
sobre la demanda, a través de memorial radicado el 29 de octubre de 2013, en el
que, en síntesis, argumentó lo siguiente8:
2.3.1. En el procedimiento de extinción de dominio debía acreditarse que los predios
objeto de este no fueron explotados durante un lapso de tres (3) años, contados desde
el inicio de las diligencias previas y no a partir del momento en que ASI SAS adquirió el
predio, toda vez que ya en ese entonces se había constatado el prolongado abandono
en que se encontraban.
2.3.2. En cuanto a la improcedencia de los cargos sobre la ilegalidad del proceso,
sostuvo que el anterior propietario de los predios, Jesús Emilio Escobar Fernández, al
tener conocimiento de la práctica de la visita previa, compareció en tres oportunidades
durante el segundo semestre de 2006. En dichas ocasiones, y en compañía de
hombres armados, manifestó a los poseedores del predio su intención de venderlo y,
en la última de tales visitas, destruyó las evidencias de la explotación económica
adelantada por los poseedores vinculados. Posteriormente, debido a la tardanza en la
emisión, notificación e inscripción del acto de inicio del procedimiento de extinción de
dominio privado en 2007, transfirió los predios a las sociedades ASI SAS y Tequendama
SA. De esta manera, Escobar Fernández estaba al tanto de la diligencia previa
practicada por la entidad, aunque, a raíz de la morosidad administrativa, logró enajenar
los bienes inexplotados.
Agregó que la notificación de la visita previa al propietario del inmueble no era exigible,
dado que se trata de una diligencia destinada a la recolección de información preliminar,
respecto de la cual el propietario tiene la posibilidad de controvertir en etapas
posteriores. En todo caso, mediante sentencia T-267 de 2011, la Corte Constitucional
reconoció la validez de la visita previa practicada entre el 20 y el 23 de junio de 2006,
así como de la Resolución núm. 1473 del 11 de noviembre de 2008, expedida por el
director ejecutivo de la UNAT, que dio inicio al procedimiento administrativo de extinción
de dominio agrario, acto que fue oportunamente recurrido por el actual propietario del
predio.
Asimismo, advirtió que, dentro del procedimiento de extinción de dominio, ASI SAS
solicitó pruebas tendientes a demostrar actos positivos de explotación adelantados
sobre los predios, las cuales fueron practicadas y valoradas íntegramente por el
INCODER. Sin embargo, la sociedad renunció voluntariamente a intervenir y a
presentar pruebas en la diligencia de inspección ocular practicada en 2012,
incumpliendo de esa forma la carga probatoria que, en este proceso, recae en el
propietario.
Por último, destacó que el informe de inspección ocular del 7 de noviembre de 2012
acreditó de manera suficiente la ausencia de explotación en el 81.2% del predio Las
Pavas, el 93% del predio Peñaloza y el 98% del predio Si Dios Quiere, sin que obre
prueba de actividades agrícolas ejecutadas entre 2003 y 2006. Por ello, la Resolución
8 Folios 182-196 del cuaderno 1
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núm. 2284 del 14 de noviembre de 2012, que decretó la extinción del dominio agrario
sobre dichos predios, confirmada por la Resolución núm. 0166 del 8 de febrero de 2013,
se encuentra soportada en fundamentos fácticos sólidos.
2.3.3. En lo que atañe a la situación de los campesinos de ASOCAB, precisó que
constituyen sujetos de especial protección constitucional, por cuanto integran una
organización conformada por víctimas de desplazamiento forzado. Tal calidad fue
reconocida, de una parte, por el INCODER en el informe de inspección ocular del 7 de
noviembre de 2012, rendido dentro del procedimiento administrativo de extinción de
dominio objeto de debate, y, de otra, por la Corte Constitucional mediante el Auto núm.
235 de 2012, que puso fin al trámite de nulidad promovido contra la sentencia T-267 de
2011. En virtud de dicha condición, en el presente litigio no solo se ventilan los derechos
de las partes procesales, sino también intereses superiores de orden nacional,
asociados a la paz y al cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho.
2.4. El 12 de diciembre de 2013, la parte actora, por intermedio de su apoderada judicial,
se pronunció frente a la contestación de la demanda y las excepciones
formuladas tanto por el INCODER como por ASOCAB9. En síntesis, sostuvo que el
INCODER efectuó una interpretación extensiva e indebida de la causal de
inexplotación, al estimar suficiente la constatación de un período de tres años de
abandono en cualquier tiempo para declarar la extinción de dominio, sin consideración
al lapso transcurrido ni a la identidad del propietario. Tal entendimiento, adujo, desvirtúa
el carácter inmediato de la causal y conduce a sancionar a titulares que no incurrieron
en la presunta falta. En el caso concreto, reprochó que la visita de 2006 hubiera servido
de fundamento para iniciar el procedimiento en 2008, cuando los predios ya habían sido
enajenados y se encontraban en explotación por nuevas sociedades.
Asimismo, destacó que la inspección ocular practicada en 2012 debía acreditar la falta
de explotación en el año inmediatamente anterior, requisito que no se cumplió, habida
cuenta de que existían pruebas que demostraban la explotación de los predios desde
2007. En consecuencia, la sanción administrativa habría sido impuesta con
desconocimiento del marco legal aplicable y de las pruebas que daban cuenta de la
actividad productiva en el período relevante.
Por último, precisó que la sentencia T-267 de 2011 de la Corte Constitucional no
dispuso la extinción del dominio, sino la continuación del procedimiento con pleno
respeto de las garantías del debido proceso. En ese sentido, alegó que la administración
desconoció tales garantías frente a los nuevos propietarios, quienes acreditaron
explotación económica, lo que, en su criterio, despoja de fundamento jurídico la
declaratoria de extinción de dominio.
2.5. El 17 de marzo de 2014, el despacho sustanciador profirió auto en el sentido de
ordenar la acumulación oficiosa de los procesos en los que figura como demandante
ASI SAS y como parte demandada el INCODER, todos ellos encaminados a la revisión
de los actos administrativos que declararon la extinción del derecho de dominio privado
agrario sobre varios predios de su propiedad. Para tal efecto, dispuso que los
expedientes fueran remitidos al despacho del magistrado Jaime Orlando Santofimio
Gamboa, en el que cursan los procesos más antiguos, radicados bajo los números
11001-03-26-000-2013-00073-00 y 11001-03-26-000-2013-00074-00 (47316), y
9 Folios 201-228 del cuaderno 1
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
ordenó la suspensión de la actuación más adelantada hasta tanto los demás procesos
acumulados se encontraran en idéntico estado10.
2.6. La anterior providencia fue aclarada mediante auto de fecha 5 de mayo de 2014,
por solicitud formulada por la apoderada de la parte actora11, en el sentido de precisar
que “las demandas presentadas por APORTES SAN ISIDRO SAS contra el INCODER,
(sic) la radicada bajo el número 11001-03-26-000-2013-00044-01 (46.699), que es el
proceso que nos ocupa tiene como objeto la revisión del procedimiento administrativo
de extinción del derecho de dominio, y los otros procesos cuya acumulación se
persigue, es decir, los radicados con los números 11001-03-15-000-2013-00073-00 y
11001-03-15-000-2013-00074-00, que se tramitan ante el Despacho del doctor Jaime
Orlando Santofimio corresponden a procesos de revisión de procedimientos
administrativos de clarificación de la situación jurídica de predios desde el punto de vista
de la propiedad”12.
2.7. El despacho del magistrado Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en el marco del
proceso radicado bajo el núm. 11001-03-15-000-2013-00073-00 (47316), mediante
providencia del 2 de mayo de 2014, ordenó oficiosamente acumular a este
expediente los procesos identificados con los radicados internos 47305, 47311, 47315,
47356, 47377, 47306, 46699, 47317, 47304, 47312 y 47310. No obstante, al resolver
el recurso de reposición interpuesto por la apoderada de la sociedad ASI SAS,
dispuso en auto del 11 de agosto de 2014 modificar la decisión13, en el sentido de
excluir de la acumulación el expediente con radicado interno 46699, al considerar
que este se refiere a una controversia distinta, orientada a determinar la verificación de
los presupuestos normativos y fácticos para declarar la extinción del derecho de dominio
sobre los predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere, mientras que los demás
procesos tienen por objeto el examen de la legalidad de las decisiones administrativas
que declararon la inexistencia de títulos suficientes para acreditar la propiedad privada
sobre otros inmuebles.
2.8. El 29 de abril de 201514 el despacho sustanciador declaró abierta la audiencia
inicial15, en la fecha fijada previamente mediante auto de fecha 4 de marzo de la misma
anualidad, cuyo desarrollo se suspendió por coincidir con la agenda de la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por lo que la diligencia fue reanudada
el 8 de mayo siguiente16. En el marco de esta audiencia, el Despacho procedió al
saneamiento del proceso, concluyendo que la relación jurídico procesal se
encontraba debidamente integrada y sin vicios invalidantes. En esta etapa, el agente
del Ministerio Público y la parte demandada advirtieron la existencia de una indebida
acumulación de pretensiones, dado que la demanda incluía la nulidad de actos iniciales
—Resoluciones 1473 de 2008, 2266 de 2009 y 1612 de 2011—, cuya controversia
debía tramitarse mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, y no por la vía de la acción especial de revisión prevista en la Ley 160 de 1994
y el artículo 149 del CPACA.
10 Folios 271-272 del cuaderno 1
11 Folios 281-282 del cuaderno 1
12 Folios 320 al 325 del cuaderno 1
13 Folios 329 al 332 del cuaderno 1
14 Folios 371-373 del cuaderno 1
15 LEY 1437 DE 2011. Artículo 180. Audiencia inicial.
16 Folios 403-413 del cuaderno 1
13
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
Analizado lo anterior, el Despacho declaró probada la excepción de inepta demanda
por indebida acumulación de pretensiones en lo relativo a los actos iniciales,
precisando que el control judicial debía limitarse a los actos definitivos de extinción del
dominio agrario —Resoluciones 2284 de 2012 y 0166 de 2013—, frente a los cuales
procede de manera exclusiva la acción de revisión. Contra esta decisión la apoderada
de la parte actora interpuso recurso de reposición, el cual fue tramitado como
súplica, sosteniendo que la revisión agraria debía comprender la totalidad de la
actuación administrativa, incluidos los actos iniciales. El Despacho concedió el recurso
en los términos del artículo 180 del CPACA y suspendió la audiencia hasta su
resolución.
2.9. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
providencia de fecha 7 de septiembre de 201517, resolvió el recurso de súplica
interpuesto contra el auto del 8 de mayo del mismo año. En su análisis, la Sala precisó
que la acción de revisión agraria autoriza un control integral de legalidad sobre la
totalidad del procedimiento administrativo que culmina con la declaratoria de extinción
del dominio privado agrario, de manera que la demanda presentada por la sociedad
Aportes San Isidro S.A.S. no comportaba una indebida acumulación de pretensiones,
sino una pretensión única orientada a verificar la regularidad de todo el trámite
adelantado por el INCODER respecto de los predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios
Quiere, ubicados en jurisdicción del municipio de El Peñón, departamento de Bolívar.
En consecuencia, la Subsección revocó la decisión recurrida, agregando que no se
realizará ningún pronunciamiento, con relación a la solicitud de medidas cautelares
elevada por ASOCAB como tercero interviniente y coadyuvada por la Defensoría del
Pueblo, por exceder la competencia de este recurso de súplica. Finalmente, dispuso
remitir el expediente al despacho ponente para la continuación del trámite procesal
correspondiente.
2.10. El 15 de mayo de 2015, ASOCAB, en su calidad de tercero interviniente, solicitó
que se decreten medidas cautelares de urgencia para que (i) se cancele
provisionalmente el título de propiedad que Aportes San Isidro posee sobre el predio
Las Pavas o que, (ii) se restrinja provisionalmente el derecho de propiedad, prohibiendo
que la citada sociedad (a) expanda el cultivo de palma, de tal suerte que su posesión
se restrinja al área cultivada al momento de otorgamiento de estas medidas; y (b)
patrocine el repoblamiento u ocupación productiva del predio con campesinos que no
hayan sido desplazados del predio Las Pavas18.
2.11. Por su parte, ASI SAS solicitó que se decretara medida cautelar de
suspensión provisional de los actos administrativos proferidos en desarrollo
del procedimiento administrativo de extinción del derecho de dominio adelantado
por INCODER sobre los predios denominados Las Pavas, Peñaloza y Si Dios
Quiere, propiedad de esta sociedad19.
En el escrito de oposición a la solicitud de suspensión provisional de los actos
acusados, ASOCAB solicitó el decreto de medida cautelar tendiente a
conservar el derecho fundamental al retorno de la población desplazada de los
miembros de esta asociación y “el derecho a atender los cultivos de palma
17 Folios 469-476 del cuaderno 1
18 Folios 1-8 del cuaderno de medidas cautelares 2
19 Folios 1-110 del cuaderno de medidas cautelares No. 3
14
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
existentes, de propiedad de Aportes San Isidro S.A.S., prohibiendo la continuidad
de su expansión”20.
2.12. El Despacho, por auto del 25 de agosto de 201721 dispuso reconocer a la
Agencia Nacional de Tierras —ANT— como sucesora procesal del liquidado
INCODER, lo anterior teniendo en cuenta que, mediante el Decreto núm. 2365
del 7 de diciembre de 2015, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y
liquidación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER–. Luego,
mediante el Decreto núm. 1850 del 15 de noviembre de 2016, en su artículo 1°,
inciso 2°, se dispuso que, antes del cierre de su liquidación, el INCODER debía
entregar los procesos judiciales a la Agencia Nacional de Tierras o a la Agencia
de Desarrollo Rural, según correspondiera a la naturaleza de la controversia y los
fines misionales de cada entidad.
Por otro lado, negó la medida de urgencia solicitada por ASOCAB, orientada a
prohibir a la sociedad Aportes San Isidro S.A.S. la explotación de los predios Las
Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere, por cuanto la alegada urgencia no se derivaba
del trámite judicial sino de la omisión del administrador de los bienes, siendo a
este a quien correspondía adoptar las medidas de control. Así mismo, negó la
suspensión provisional de los actos administrativos que declararon la
extinción de dominio sobre dichos predios, al no acreditarse los requisitos de
procedencia exigidos por la normativa ni un perjuicio irremediable que justificara
su adopción, atendiendo además a la jurisprudencia constitucional que descartó
la suspensión automática de tales actos. Finalmente, desestimó la medida
cautelar conservativa del status quo deprecada por ASOCAB, por cuanto la
función de administrar y proteger los bienes objeto de extinción corresponde a la
Agencia Nacional de Tierras, autoridad que debe adoptar las medidas necesarias
para evitar su indebida explotación.
2.13. La Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante Sentencia SU-655 de
26 de octubre de 201722, resolvió en sede de revisión la acción de tutela
promovida por ASOCAB y sus miembros contra el INCODER por la presunta
vulneración del derecho fundamental al debido proceso, derivada de que la
Resolución 2284 de 2012 —por la cual se decretó la extinción del dominio de los
predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere— condicionó la inscripción y el
registro del acto a los resultados del trámite de revisión agraria adelantado ante
el Consejo de Estado. En criterio de la Corte, tal condicionamiento se apoyó en
los artículos 50 y 53 de la Ley 160 de 1994, cuyos enunciados fueron declarados
inexequibles en la Sentencia C-623 de 201523, con efectos erga omnes y de cosa
juzgada constitucional, circunstancia que eliminó la causa que impedía el registro
y reafirmó la ejecutoriedad y ejecutividad del acto. La Corte, además, descartó las
excepciones de hecho superado y carencia actual de objeto, precisó el alcance
de la cosa juzgada constitucional como obligación para todas las autoridades y
recordó que el Consejo de Estado negó la suspensión provisional de los actos
administrativos que declararon la extinción de dominio sobre dichos predios
mediante auto del 25 de agosto de 2017, lo que reforzó la firmeza de los actos de
extinción. En materia registral, la Corte indicó que el registro constituye un servicio
público regido por los principios de la Ley 1579 de 2012 y que la función
20
Folios 161-198 del cuaderno de medidas cautelares No. 3
21
Folios 76 -107 del cuaderno de medidas cautelares No. 4
22
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia SU de 26 de octubre de 2017, M.P. Dr. Alberto Rojas Ríos
23
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-023 del 30 de septiembre de 2015, M.P. Dr. Alberto Rojas Ríos
15
Radicado:11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)
Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
calificadora de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos —ORIP— se limitó
al control de legalidad formal, sin facultad para desconocer actos administrativos
amparados por presunción de legalidad y por la cosa juzgada constitucional.
En consecuencia, la Sala Plena (i) revocó los fallos de instancia proferidos por el
Juzgado Quinto (5º) Civil del Circuito de Bogotá, y la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que negaron el amparo y tuteló el derecho
fundamental al debido proceso de ASOCAB y sus miembros en condición de
víctimas individuales y colectivas de desplazamiento reconocidas por la Unidad
para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas; (ii) ordenó a la Agencia
Nacional de Tierras y al INCODER remitir las Resoluciones 2284 de 2012 y 166
de 2013 a la ORIP de Magangué para su inscripción en los folios de matrícula
indicados; dispuso que la ORIP practicara el correspondiente registro y, (iii) libró
las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. La Corte
fundamentó estas órdenes, entre otros aspectos, en que la pérdida de
ejecutoriedad parcial derivada de la sentencia C-623 de 2015 operó ipso iure y
obligó a todas las autoridades, y en que la acción de tutela resultó procedente
para garantizar los derechos al debido proceso, al acceso a la propiedad rural de
los trabajadores agrarios y al retorno de la población desplazada.
2.14. A continuación, la parte demandante interpuso recurso de reposición
contra el auto del 25 de agosto de 2017, dictado por el despacho sustanciador,
en el que además de plantear su inconformidad con los argumentos expuestos
para negar las medidas cautelares, solicitó, de manera subsidiaria, que se
decretara una medida cautelar de carácter conservatorio24. El despacho
sustanciador, en providencia del 9 de abril de 201825, resolvió no reponer el auto
del 25 de agosto de 2017 y ordenó correr traslado de la solicitud de medida
cautelar conservativa formulada por la demandante, al considerar que se
trataba de una nueva petición.
2.15. La sociedad actora, los días 4 de mayo de 2018 y 17 de julio de 2019, allegó
al expediente escritos en los que amplió los argumentos en los que se
fundamentó para solicitar la medida cautelar conservativa26. El despacho, el 30
de julio de 201927, corrió traslado de los argumentos adicionales de la solicitud
de la medida cautelar conservativa, allegados por la parte actora. Así, la Agencia
Nacional de Tierras y ASOCAB se opusieron al decreto de la medida cautelar
conservativa, solicitada por la demandante28.
2.16. El despacho ponente, por medio de auto del 24 de enero de 202029, resolvió
negar el decreto de la medida cautelar consistente en la preservación del
statu quo, solicitada por ASI SAS, con fundamento en que los argumentos de
índole económico expuestos por la sociedad actora no resultan pertinentes para
sustentar una medida cautelar en un proceso sin pretensiones indemnizatorias;
que persiste la insuficiencia probatoria advertida en el auto del 25 de agosto de
2017 para suspender la Resolución 2284 de 2012; que no se acreditaron razones
suficientes para limitar el acceso a la tierra de la población rural y vulnerable
protegido por el artículo 64 de la Constitución; y que, ante la falta de certeza sobre
24 Folios 108 a 136 del cuaderno de medidas cautelares No. 4.
25
Folios 156 a 162 del cuaderno de medidas cautelares No. 4.
26
Folios 185 a 190 y 199 a 212 del cuaderno de medidas cautelares No. 4.
27
Folio 272 del cuaderno de medidas cautelares No. 4.
28
Folios 164 a 174, 177 a 180, 274 a 284 y 285 a 287 del cuaderno de medidas cautelares No. 4.
29
Folios 291 a 296 del cuaderno de medidas cautelares No. 4.
16
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
la situación actual de los predios Peñaloza, Las Pavas y Si Dios quiere, no es
procedente decretar la conservación del statu quo. En virtud de lo anterior, se
requirió a la ANT para que, en ejecución de su competencia de administradora de
terrenos baldíos, remita al Despacho un informe sobre la situación actual de los
predios en cuestión; y a la vez se exhortó a la referida entidad para que adoptara
las medidas pertinentes para mantener el orden y convivencia en aquellos
terrenos, mientras la Nación permanezca titular de estos.
2.17. El 5 de febrero de 2020, ASI SAS30, interpuso recurso de reposición contra
el auto del 24 de enero de ese año, con fundamento en que, aunque el Despacho
advirtió que la negativa de la medida cautelar podría tornar nugatorios los efectos
de la sentencia y generar un perjuicio irremediable, lo que encuadra en el artículo
231 del CPACA aun en procesos no indemnizatorios, persiste un riesgo de orden
público por la permanencia de ASI SAS y ASOCAB en los predios; que esta última
pretende eludir el proceso de restitución de tierras y que no existe derecho al
retorno de sus miembros al no haber sido declarado por jueces competentes.
Precisó que la sentencia SU-655 de 2017 solo ordenó registrar las resoluciones
de extinción en los folios, sin cancelar títulos de propiedad, trámite que exige
proceso judicial conforme a los artículos 50 y 53 de la Ley 160 de 1994. Agregó
que ASI SAS mantiene la ocupación de los predios, que ASOCAB apenas hace
presencia esporádica, que la ANT carece de competencia policiva, y que el acceso
a tierras por campesinos debe garantizarse solo cuando exista certeza de
propiedad estatal, no en medio de un litigio pendiente.
2.18. La ANT, en memorial del 12 de febrero de 202031, sostuvo que las
consideraciones expuestas por la sociedad demandante no deben prosperar,
puesto que esta insiste en el decreto de la medida cautelar de statu quo con base
en los posibles perjuicios que se le causarían y la acción de revisión no se
encuentra prevista en la ley para obtener “el resarcimiento de los derechos del
propietario ni la indemnización por los perjuicios causados”. Por lo tanto, la
entidad demandada solicitó que no se reponga el auto recurrido. Por su lado,
ASOCAB mediante memorial presentado el 12 de febrero de 202032, solicitó que
no se reponga el auto proferido por este Despacho, el 24 de enero de ese año,
dado que las decisiones tomadas por el Despacho se encuentran ajustadas a
derecho.
2.19. El despacho ponente en providencia de fecha 19 de julio de 2021, resolvió
el recurso de reposición33, en el sentido de no reponer la decisión recurrida.
Para tal efecto sostuvo, en síntesis, que los argumentos de la parte actora no
resultan de recibo, pues la alegación sobre la posible ineficacia de la sentencia y
el perjuicio económico irremediable carece de pertinencia al no guardar relación
con las pretensiones del proceso; además, no existe apariencia de buen derecho
que justifique sacrificar la política agraria del Estado conforme al artículo 64 de la
Constitución y a la sentencia C-623 de 2015. Igualmente, precisó que los predios
Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere adquirieron la calidad de baldíos a partir
de la inscripción de las resoluciones de extinción, lo que los ubica bajo la
administración de la ANT, autoridad competente para garantizar la convivencia
con apoyo de la fuerza pública. Se descartó la relevancia de alegaciones sobre
30
Folios 299 a 326 del cuaderno de medidas cautelares No. 4.
31
Folios 328 a 329 del cuaderno de medidas cautelares No. 4.
32
Folios 330 a 336 del cuaderno de medidas cautelares No. 4.
33
Archivo electrónico identificado con certificado C657FA4A00BB0447 E0A82F009CCC1711 0B02E6A4DA98D6F2
B02B29CA8EC1C415, ubicado en el índice 280 del expediente digital, en el aplicativo Samai.
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el derecho al retorno de ASOCAB o la insuficiencia del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, pues no constituyen objeto de este
trámite.
2.19. Por auto del 5 de julio de 2022, se fijó como fecha y hora para continuar la
audiencia inicial34. En el marco de esta diligencia, llevada a cabo el día 29 de
julio de 202235, el despacho llevó a cabo el saneamiento del proceso con fundamento
en el artículo 180 del CPACA y, con apoyo en los artículos 180.5 y 207 ibidem, constató
la inexistencia de causales de nulidad, dejando constancia de la ausencia de
objeciones por las partes. A continuación, resolvió la excepción de caducidad
propuesta por la demandada y la declaró no probada, por cuanto la Resolución 0166
de 8 de febrero de 2013 fue notificada por edicto fijado el 4 y desfijado el 15 de marzo
de 2013, de modo que la demanda presentada el 8 de abril de 2013 se radicó dentro
del término del literal f) del artículo 164 del CPACA.
Acto seguido, procedió a la fijación del litigio, la cual fue aclarada por el Despacho y
aceptada por las partes y el tercero interviniente, declarándose agotada esa etapa y
notificándose en estrados. En este contexto, señaló, en primer lugar, que le
corresponde a la Sala establecer si al momento de expedirse la Resolución 2284 del 14
de noviembre de 2012, mediante la cual el INCODER declaró la extinción del derecho
de dominio privado agrario sobre los predios Las Pavas, Peñalosa y Si Dios Quiere, la
entidad conservaba competencia o si ya había fenecido su potestad sancionatoria; en
caso afirmativo, deberá determinar, en segundo lugar, (i) si los periodos de inexplotación
invocados resultan imputables a la parte demandante; (ii) si las Resoluciones 2266 de
2009 y 1612 de 2011 vulneraron el derecho de contradicción y defensa al no vincular a
los titulares del derecho de dominio entre 1998 y 2007 y atribuir la inexplotación a los
adquirentes posteriores, así como si su eventual nulidad desvirtúa la presunción de
legalidad de las Resoluciones 2284 de 2012 y 0166 de 2013; (iii) si los predios fueron
explotados en los tres años previos a la inspección ocular, conforme a lo dispuesto en
la Ley 160 de 1994; (iv) si, con base en la inspección ocular y las demás pruebas
recaudadas, se configuraban los supuestos fácticos previstos en los artículos 57 y 58
de la citada ley; (v) si se presentaron irregularidades en la práctica y valoración de las
pruebas, en particular respecto del acta de visita de 2006, el dictamen pericial de 2012
y las declaraciones de campesinos, que hubieran desconocido el debido proceso y el
derecho de contradicción; y (vi) si el procedimiento administrativo adelantado por el
INCODER se ajustó a las normas vigentes para la época, y de no ser así, si tal
irregularidad determina la nulidad de los actos demandados.
Seguidamente, el despacho sustanciador dispuso: (i) incorporar al expediente, y tener
como pruebas con el valor que la ley les otorga, los documentos aportados por la parte
demandante, la demandada y el tercero interviniente; (ii) negar los requerimientos
formulados al INCODER (hoy Agencia Nacional de Tierras) y a la Procuraduría General
de la Nación por la parte demandante, al advertir que las pruebas objeto de solicitud ya
obraban en el expediente y se encontraban debidamente incorporadas; (iii) oficiar a la
Fiscalía General de la Nación para que remitiera copia íntegra del expediente judicial a
su cargo relacionado con los hechos vinculados al presente proceso; (iv) decretar una
prueba pericial sobre los predios Las Pavas, Peñalosa y Si Dios Quiere, orientada a
establecer las actividades de explotación desarrolladas por ASI S.A.S. y Tequendama
34
Archivo electrónico identificado con certificado 55DBE7F4B31AFC90 6010479937B2375D 95207312C881BC56
6BDFC29B064F166C, ubicado en el índice 317 del expediente digital, en el aplicativo Samai.
35
Documento contenido en el expediente digital con 337F0ED9DAFEA046FAF C7543BF92153DAFF 248453D1194A99DC
3B8E283985204E23 ubicado en el índice 337, en el aplicativo Samai.
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S.A. entre 2007 y octubre de 2012, negando, sin embargo, la solicitud de inspección
judicial sobre dichos predios; (v) ordenar un dictamen pericial contable con fundamento
en los libros de contabilidad de las sociedades Palmeras El Labrador S.A.S. y ASI
S.A.S., para establecer el monto de las inversiones y gastos efectuados en la
explotación de los predios; y (vi) decretar los testimonios de los señores Rafael de Jesús
Cárcamo García, Alfonso Rafael Buelvas Aldana, Luis Miguel Berrocal Acosta,
Edmundo Farah Chadid, Gustavo de Jesús Sierra Mayo y Pedro Moreno Redondo.
Finalmente, negó la prueba solicitada por el tercero interviniente, ASOCAB, consistente
en el requerimiento a ASI S.A.S. para allegar las declaraciones de renta y patrimonio de
Jesús Emilio Escobar Fernández, así como los libros de comercio debidamente
registrados o los libros de contabilidad ajustados a la normativa vigente, en los que se
acreditara la explotación realizada. Esta determinación fue impugnada por el apoderado
de la asociación y confirmada por el despacho sustanciador en el marco de la audiencia.
2.20. El 28 de abril de 2023, el despacho sustanciador instaló la audiencia de
pruebas36, en la que se desarrollaron las siguientes actuaciones: (i) la exposición y
contradicción al dictamen del peritaje contable rendido por Miguel Antonio
Naranjo Prieto; (ii) la exposición y contradicción del peritaje agronómico rendido
por Freddy Eliseo Hernández; y (iii) la recepción de los testimonios rendidos por
Jesús Cárcamo García y Pedro Moreno Redondo. La audiencia fue reanudada el
26 de junio de 202337, con la práctica de los testimonios de los señores Luis Miguel
Berrocal Acosta y Edmundo Fara Chadid; oportunidad en la que el despacho
sustanciador ordenó el cierre de la etapa probatoria, declaró que no existió la causal
de nulidad que pudiera invalidar lo actuado, y consideró innecesario el desarrollo de la
audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo que corrió traslado a las partes
para que presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para
que emitiera concepto de fondo. Dicha orden fue recurrida por la parte demandante
en reposición, la cual fue denegada en auto de 21 de septiembre de 202338.
2.21. En sus alegatos de conclusión presentados el 10 de octubre de 2023, ASOCAB
sostuvo, en síntesis39, que: (i) al contarse la caducidad de la potestad sancionatoria del
Estado desde 2006, se haría nugatoria la ratio decidendi de la sentencia T-267 de 8 de
abril de 2011, fecha a partir de la cual debía computarse el término trienal de caducidad
de dicha potestad; (ii) no era exigible informar al propietario del predio antes de la
práctica de la visita previa, pues ello desvirtuaría su objeto y, en todo caso, ASI S.A.S.,
quien se notificó del inicio del procedimiento de extinción de dominio, tuvo oportunidad
de controvertirla posteriormente, como lo ha precisado la jurisprudencia; (iii) la extinción
de dominio fue declarada por la falta de explotación económica comprobada en la
inspección ocular de 2012, en la cual se concluyó que ASI S.A.S. únicamente había
explotado el 28% del predio Las Pavas; (iv) el dictamen practicado dentro de este
proceso demostró que los predios no fueron explotados en un 86,7% por ASI S.A.S.; y
(v) dicho dictamen no pudo acreditar la productividad de los predios con anterioridad a
2012, pues la imagen satelital utilizada databa de 2014 y solo permitía inferir el estado
de los cultivos en esa fecha.
36
Documento contenido en el expediente digital con certificado 32CC7536898A5874 A05BF687DB999B4A
F42FD4CAE07263C9 F217C536252C3F35, ubicado en el índice 533 de SAMAI.
37
Documentos contenidos en el expediente digital con certificados 4532240EF27E359E 629EA80CEB5481D9
2247CA614AD44B31 627E83BBC912F3A9 y E426AFE5C9A4AEE2 B6AA1A0DDAC38C10 FDBE5D5ACDD657F1
597ABEDECA5BF69D, ubicados en el índice 569 de SAMI.
38
Documento contenido en el expediente digital con certificado D58228AED42FBE0D B4EC85F318873A38
30C2E95630A8D02A 1D57EC7F17F4E01B, ubicado en el índice 583 de SAMAI.
39
Documento contenido en el expediente digital con certificado C84BB3F43873298C 15CA6744B4F55919
F71F63E11C819FCA 288B375EEA525AFE, ubicado en el índice 588 de SAMAI.
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Asimismo, (vi) los resultados de la inspección ocular realizada en 2012 resultaban más
fiables, por haberse recaudado in situ, lo que permitió establecer que las palmas
sembradas en un área de 200 hectáreas habían sido trasplantadas de viveros durante
el primer semestre de 2012 y que, al encontrarse en estado de abandono y generar
riesgo fitosanitario, no constituían explotación regular y estable en el último año, razón
por la cual se aplicaron correctamente los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 160 de 1994;
(vii) al alegar que ASI S.A.S. acreditó la explotación con información contable de otra
sociedad, sin que estuviera clara su conexión con los predios extinguidos, la parte
actora pretendía invertir la carga de la prueba, que le correspondía según el artículo 17
del Decreto 2665 de 1994; y (viii) aunque en la sentencia T-267 de 2011 se determinó
que la visita de 2006 era válida y que debían considerarse también las condiciones de
explotación de los predios entre 2003 y 2006, era la inexplotación en ese periodo la que
debía valorarse para decidir la extinción del dominio, conforme lo ha precisado la
jurisprudencia.
De igual manera, (ix) en el proceso agrario de extinción de dominio no era exigible
vincular a los antiguos propietarios, sino a los actuales, sobre quienes recaía la carga
de probar la explotación económica; (x) el argumento de la demandante, relativo a que
el desplazamiento de miembros de ASOCAB —fundamento de la sentencia T-267 de
2011— había sido desvirtuado en la investigación penal núm.
130016001128200912518, ya había sido desestimado por la Corte Constitucional al
resolver las solicitudes de nulidad contra dicha providencia (auto A-184 de 2015); y (xi)
la Fiscalía General de la Nación precisó, en auto de 11 de noviembre de 2011, que el
archivo de esa investigación solo se relacionaba con los hechos ocurridos en 2009 y
con la actuación del señor García Capataz en el proceso policivo declarado ilegal por la
Corte Constitucional, mientras que los hechos de 2003 eran objeto de otra investigación
en la cual se profirió resolución de acusación.
Finalmente, (xii) en sentencias de 9 de febrero de 2022 y 4 de agosto de 2023, la Sala
Penal del Tribunal de Distrito de Cartagena concluyó que las Autodefensas Unidas de
Colombia habían desplazado a la población de los predios y que el señor Sierra Mayo,
administrador de los predios para su anterior propietario, fue condenado por tales
hechos; (xiii) en igual sentido se pronunció la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia en el proceso con radicación núm. 61717; y (xiv) la inexequibilidad
de la Ley 1152 de 2007 no afectó situaciones jurídicas consolidadas, como lo ha
precisado la jurisprudencia administrativa, razón por la cual no decayó la Resolución
1473 de 2008.
2.22. La sociedad ASI SAS, por su parte, presentó alegatos de conclusión el 12 de
octubre de 2023 en los cuales, además de reiterar los argumentos en los que fundó las
pretensiones de la demanda, sostuvo, en síntesis, que40: (i) el dictamen contable
practicado en este proceso probó que las inversiones acreditadas con las pruebas
documentales aportadas como fundamento del recurso de reposición contra la
Resolución núm. 1473 de 2009 tienen asiento en los libros contables de ASI S.A.S. y
Palmeras El Labrador S.A.S., y se relacionan con la operación que para la explotación
de los predios realizaba esta última desde 2007, conclusión corroborada asimismo por
el perito en agronomía, lo que debió ser tenido en cuenta por el INCODER en el proceso
administrativo agrario, conforme al artículo 17.3 del Decreto 2665 de 1994.
40
Documento contenido en el expediente digital con certificado 0A7C2ABE69D751E7 BA95CF7C144E79E1
844B99F902358C44 CA77DCBC4C2EC997 ubicado en el índice 589 de SAMAI.
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(ii) El informe de la visita realizada por funcionarios del INCODER en 2010 constituye
una prueba válida, pues su nulidad no fue decretada por la Corte Constitucional y, en el
proceso de extinción de dominio, la Administración y el propietario son los únicos sujetos
procesales, de manera que la contradicción de la prueba se surte con la participación
de este último en su práctica. (iii) El dictamen rendido con base en la visita practicada a
los predios en 2012 también da cuenta de su explotación mediante plantaciones de
palma africana y ganadería, lo cual permite concluir que los predios sí fueron explotados
durante los tres años anteriores a la visita realizada en octubre de 2012.
(iv) Los artículos 57 y 58 de la Ley 160 de 1994 establecen que la explotación debe ser
regular y estable únicamente en el último año, de modo que el INCODER aplicó
erradamente tales disposiciones al exigir que dicha forma de explotación se acreditara
durante los tres años previos. (v) Los cultivos de palma africana, por su larga duración,
son estables, lo que descarta la irregularidad e inestabilidad en la explotación de los
predios por las deficiencias que se presentaban en esos cultivos, como lo ha precisado
la jurisprudencia. (vi) Circunstancias externas como las inundaciones de 2010, la
invasión de los predios en enero de 2009 y la sentencia T-267 de 2011 afectaron el
proyecto de cultivo de palma africana en los predios, aspectos que no fueron
considerados por el INCODER.
(vii) Con los testimonios de los señores Berrocal y Buelvas, la demandante acreditó en
este proceso que la visita realizada en junio de 2006 se basó únicamente en las
versiones de los miembros de ASOCAB, que en esa diligencia solo se recorrió el predio
Las Pavas, no se efectuaron mediciones y los campesinos ocupantes eran conscientes
de que se trataba de un bien de propiedad privada. (ix) El proceso de extinción de
dominio se inició sin que se realizaran las gestiones para obtener los documentos de
los predios ni se requiriera a sus propietarios, como lo prevé el artículo 7 del Decreto
2665 de 1994, y la visita previa se llevó a cabo de manera irregular. (x) De acuerdo con
las entrevistas y testimonios recaudados en este proceso, el anterior propietario tenía la
convicción de que la visita de 2006 hacía parte de un proceso de negociación con los
miembros de ASOCAB, por lo que no puso en conocimiento de ASI S.A.S. el
procedimiento de extinción de dominio agrario que se adelantaba.
(xi) En el acta del comité de conciliación del INCODER núm. 1 de 2016, la entidad
reconoció las irregularidades presentadas en el procedimiento de extinción de dominio
agrario bajo revisión, razón por la cual se compulsaron copias en el proceso penal
radicado núm. 2017-00109, que concluyó con sentencia de 5 de diciembre de 2018,
proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cartagena.
Finalmente, (xii) de acuerdo con el dictamen agronómico, la visualización de los cultivos
en las imágenes satelitales de 2012 solo fue posible “gracias al trabajo de manera
permanente y regular al menos tres (3) años atrás”.
2.23. El agente del Ministerio Público presentó concepto el 13 de octubre de 2023, en
el cual adujo, en síntesis41, que: (i) ASI S.A.S. adquirió los predios cuando aún no había
sido inscrito el acto con el que se dio inicio al proceso de extinción de dominio, razón
por la cual, en su calidad de “tercero exento de culpa”, la demandante no debía soportar
las consecuencias de la falta de explotación atribuible al propietario anterior. (ii) La Corte
Constitucional incurrió en un error o defecto fáctico en la sentencia T-267 de 2011, al
considerar que en el trámite de extinción de dominio agrario se había declarado la
41
Documento contenido en el expediente digital con certificado 5024D5F4DE39EE4C 0AA94FC3D7685C61
6DF1594D7E20E93E 10D66DA02C497D85 ubicado en el índice 591 de SAMAI.
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inexistencia del auto del INCODER que ordenó la visita previa en 2003, únicamente por
la falta de una firma.
(iii) La extinción de dominio sanciona la conducta del propietario contraria a la función
social de la propiedad, por lo cual la decisión de continuar el procedimiento
administrativo en cuestión, a pesar de que el acto de inicio había sido desconocido por
adquirentes de buena fe, resultaba desproporcionada y trasladaba a la firma actora las
consecuencias de la ineficiencia administrativa y de la conducta del anterior propietario.
(iv) Al momento de proferirse las resoluciones extintivas de dominio no habían
transcurrido tres (3) años desde la adquisición de los predios por parte de ASI S.A.S. y
Tequendama S.A.
(v) La falta de explotación trienal de los predios que da lugar a la extinción del dominio
agrario es la anterior a la inspección ocular practicada en 2012, conforme a lo previsto
en los artículos 53, 57 y 58 de la Ley 160 de 1994. (vi) Finalmente, aunque el dictamen
contable practicado en este proceso no arrojó resultados fiables, el peritaje agronómico
permite concluir que existió explotación con palma africana durante un periodo de cuatro
(4) años en el predio Las Pavas, razón por la cual procedía la medida extintiva parcial
respecto de dicho predio y de los predios Peñaloza y Si Dios Quiere.
III. CONSIDERACIONES
La Sala abordará el siguiente orden para resolver el asunto puesto a su
consideración: (1) presupuestos procesales, (2) problemas jurídicos, (3) caso
concreto, (4) conclusiones y (5) costas.
1. Presupuestos procesales
1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para
conocer del asunto, en los términos del artículo 104 del CPACA42, en la medida
en que se solicita la revisión judicial del procedimiento administrativo de extinción
del derecho de dominio privado adelantado por el INCODER, mediante los actos
administrativos a través de los cuales la entidad dio inicio a la actuación, resolvió
los recursos interpuestos y declaró la extinción del derecho de dominio sobre los
predios denominados Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere, ubicados en
jurisdicción del municipio de San Martín de Loba, departamento de Bolívar,
competencia que se encuentra igualmente determinada por la circunstancia de
que el extremo pasivo de la litis está conformado por una entidad pública. En ese
sentido, es necesario recordar que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural —
INCODER—43, actualmente Agencia Nacional de Tierras —ANT—, para la fecha
en que se profirieron las resoluciones demandadas era un establecimiento público
del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
42
LEY 1437 de 2011, artículo 104. “De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de
las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho
administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función
administrativa. […]” [Destaca la Sala]
43
Los actos administrativos enjuiciados fueron proferidos por el Incoder, entidad pública que, posteriormente, se suprimió
y entró en proceso de liquidación, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 2365 del 7 de diciembre de 2015.
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administrativa, el cual se encontraba adscrito al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural44, de donde se desprende claramente su naturaleza pública.
Igualmente, el Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia
la demanda que origina este proceso, en tanto se trata de la acción de revisión
ejercida contra los actos administrativos mediante los cuales el INCODER declaró
la extinción del dominio agrario de bienes inmuebles rurales, de conformidad con
lo previsto en el artículo 149.10 del CPACA45, y corresponde a esta Subsección
su conocimiento en virtud de lo señalado en el numeral 8 del artículo 13 del
Reglamento Interno del Consejo de Estado46.
1.2. En lo que tiene que ver con la acción procedente, es importante recordar que
el capítulo XI de la Ley 160 del 3 de agosto de 1964 —artículos 52 a 64— regula la
procedencia y el procedimiento administrativo tendiente a declarar la extinción del
derecho de dominio sobre tierras incultas. De conformidad con lo previsto en el artículo
53 ejusdem —normativa vigente al momento de la expedición de los actos objeto
de revisión47—, “(...) [c]ontra la resolución que declare que sobre un fundo o parte de
él se ha extinguido el derecho de dominio privado proceden el recurso de reposición,
dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, y la acción de revisión ante el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en única instancia (…)”.
Así las cosas, como en este juicio se pretende la revisión —y la declaratoria de
nulidad— de las resoluciones a través de las cuales se extinguió el dominio agrario
sobre los predios denominados Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere, es
necesario concluir que la acción de revisión ejercida en el presente asunto es la
procedente para abordar el estudio del caso concreto que se somete a consideración
de la Sala, lo anterior en concordancia con lo previsto en el artículo 149.10 del CPACA
antes citado.
Por otro lado, en lo que respecta al alcance y al contenido de la acción de revisión
agraria ante el Consejo de Estado, conviene precisar algunos aspectos relevantes. De
conformidad con la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación48, “(…)
en la acción de revisión no es indispensable que el impugnante formule cargo alguno
de violación, en razón a que al Juez competente, como su nombre lo indica, le
corresponde revisar y comprobar que se ha cumplido estrictamente con la actuación
reglada en las normas pertinentes (…)”. En el mismo sentido, la Corte Constitucional
ha señalado que, en el ejercicio de la acción de revisión, “(...) no era indispensable que
el impugnante formulara cargo alguno de violación, por cuanto el análisis del juez se
limitaba a verificar el cumplimiento de las reglas dispuestas en el proceso agrario
44
El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural fue creado a través del Decreto 1300 del 21 de mayo de 2003. La naturaleza
jurídica de dicha entidad pública quedó establecida en el artículo 1° de esa normativa, disposición cuyo tenor literal es el
siguiente: “Artículo 1°. Creación, naturaleza jurídica y jurisdicción. Créase el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
Incoder, como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. El Instituto tendrá como sede principal la
ciudad de Bogotá, D. C., y podrá conformar dependencias para el ejercicio de sus funciones en el orden territorial”
45
Artículo 149. Modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021. “Competencia del Consejo de Estado en única
instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones,
Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia
de los siguientes asuntos: (…) 10. De la revisión contra los actos de extinción del dominio agrario, o contra las resoluciones
que decidan de fondo los procedimientos sobre clarificación, deslinde y recuperación de baldíos (…)”.
46
ACUERDO 80 DE 2019. Artículo 13. "Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso
Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo así:
“(…) Sección Tercera. 8. (…) Los procesos relacionados con la declaración administrativa de extinción del dominio de
predios urbanos y rurales (…)".
47
Derogado por el artículo 82 del Decreto Ley 902 de 2017
48 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio
de 2009, Rad. núm. 21.138
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Radicado:11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)
Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
respectivo (…)49”.
En armonía con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha estimado que “(…)
la revisión es una especie de homologación de actos administrativos, de modo que aun
cuando se formulen cargos contra las resoluciones proferidas por el INCODER –hoy
Agencia Nacional de Tierras (ANT)–, esta Corporación tiene que verificar de oficio que
se hayan cumplido todos los trámites y exigencias establecidas en la ley (…)”50. Así, la
acción de revisión agraria tiene por objeto la verificación integral de la legalidad de las
actuaciones adelantadas por la administración, con el fin de constatar que la entidad
competente haya ejercido sus facultades con estricto apego a los procedimientos
previstos en la Ley 160 de 1994 y en el Decreto Reglamentario 2665 de 1994.
En esa línea, el Consejo de Estado ha destacado la especial trascendencia de este
mecanismo de control jurisdiccional, en la medida en que no se trata de un juicio de
mera legalidad formal, sino de un examen sustancial que busca garantizar la correcta
aplicación del régimen jurídico agrario. Al respecto, se ha señalado:51:
“(…) En lo que respecta con el objeto de la acción de revisión de las
actuaciones del INCORA que culminaron con la decisión administrativa de
extinción del derecho de dominio, la ley asignó el conocimiento inicialmente a
la Corte Suprema de Justicia; luego lo reasignó al Consejo de Estado, en única
instancia, y con el objetivo de revisar si el trámite realizado por el INCORA se
realizó de acuerdo a la ley, dado que dicha declaratoria de extinción no es una
función administrativa discrecional. En la demanda de la acción de revisión no
es necesario que el demandante haga cargos de violación, pues la ley impone
al Consejo de Estado la revisión de la actuación administrativa desde su
comienzo hasta la decisión definitiva, lo que implica la comprobación atinente
a que el INCORA cumplió la actuación reglada que el legislador le impuso
sobre el trámite administrativo de extinción del derecho de dominio. La
actuación del Consejo de Estado tiene una connotación relevante cual es la de
no tolerar ningún estado de injusticia: o que el demandante no debe perder su
dominio o que lo perdió, a favor del Estado, por no haber cumplido con la
función social de su explotación (…)”
En suma, la acción de revisión agraria constituye un control jurisdiccional de carácter
integral, que no se supedita a los cargos de violación que eventualmente exponga el
demandante, sino que impone al Consejo de Estado el deber de verificar,
oficiosamente, la legalidad de todo el procedimiento administrativo. Este examen
adquiere un alcance especial en materia agraria, pues asegura que la declaratoria de
extinción del derecho de dominio, medida de honda repercusión patrimonial y social,
se adopte únicamente cuando se haya demostrado el incumplimiento de la función
social de la propiedad rural y con plena observancia de las garantías procesales. Se
trata, en suma, de un mecanismo orientado a preservar el equilibrio entre el interés
público que inspira la función social de la tierra y la protección del derecho de
propiedad, asegurando que ninguna decisión administrativa de tan alto impacto se
sostenga sobre actuaciones arbitrarias, defectuosas o contrarias al debido proceso.
1.3. La demanda fue ejercida en tiempo, tal como lo determinó el despacho
sustanciador en la continuación de la Audiencia Inicial llevada a cabo el 29 de
49 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-623 del 30 de septiembre de 2015.
50 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 21 de noviembre de 2022, Rad. núm. 43.439.
51 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio
de 2009, Rad. núm. 21.138.
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Radicado:11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)
Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
julio de 202252, por cuanto la Resolución núm. 0166 del 8 de febrero de 2013,
mediante la cual el INCODER resolvió el recurso de reposición interpuesto contra
el acto que declaró la extinción del derecho de dominio agrario de los predios
Peñaloza, Las Pavas y Si Dios Quiere, fue notificada por edicto fijado el día 4 de
marzo de 2013 y desfijado el 15 de marzo siguiente53. En atención a ello, el
término de quince (15) días previsto en el numeral 2, literal f) del artículo 164 del
CPACA para el ejercicio de la acción de revisión agraria54, se extendió entre el 18
de marzo y el 10 de abril de 2013. Como la demanda fue presentada el 8 de
abril de esa anualidad55, resulta claro que fue interpuesta oportunamente y, en
consecuencia, no operó el fenómeno de la caducidad.
1.4. En lo que respecta a la legitimación en la causa, cabe recordar que este
constituye uno de los presupuestos indispensables para que el juez contencioso
administrativo pueda proferir una sentencia de fondo56. Dicha legitimación, en su
dimensión material, se configura cuando la parte actora tiene un vínculo con los
intereses en disputa y una conexión directa con los hechos que dieron origen al
litigio; es decir, cuando ostenta un interés jurídico que puede ser objeto de
reparación57 o de resistir su cumplimiento58. En ese orden, es importante precisar
que, mediante la Resolución núm. 2284 del 14 de noviembre de 2012, el
INCODER declaró extinguido, en favor de la Nación, el derecho de dominio agrario
sobre los predios (i) Peñaloza, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria
núm. 064-680859; (ii) Si Dios Quiere, con folio de matrícula inmobiliaria núm. 064-
276660; y (iii) Las Pavas, con folio de matrícula inmobiliaria núm. 064-39561, sobre
los cuales detenta el derecho de propiedad la sociedad Aportes San Isidro S.A.S.
(ASI S.A.S.), motivo por el cual se encuentra legitimada en la causa por activa.
Por su parte, el acto administrativo cuestionado fue proferido por el extinto
INCODER, entidad que fue reemplazada por la Agencia Nacional de Tierras —
ANT—62, reconocida en este proceso como su sucesora procesal mediante auto
del 25 de agosto de 201763, razón por la cual se encuentra legitimada en la causa
52
Documento contenido en el expediente digital con certificado 337F0ED9DAFEA046FAF C7543BF92153DAFF
248453D1194A99DC 3B8E283985204E23, ubicado en el índice 337 del Aplicativo SAMAI
53
Documento contenido en el expediente digital con certificado B1675B3B9B78EED2 CE917897C442FB2C
B3D4592C6C776BCB 4D53D6956467C2CA, ubicado en el índice 292 del Aplicativo SAMAI
54
Artículo 164. “Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2. En los siguientes
términos, so pena de que opere la caducidad: […] f) Cuando se pretenda la revisión de los actos de extinción del dominio
agrario o la de los que decidan de fondo los procedimientos de clarificación, deslinde y recuperación de los baldíos, la
demanda deberá interponerse dentro del término de quince (15) días siguientes al de su ejecutoria. Para los terceros, el
término de caducidad será de treinta (30) días y se contará a partir del día siguiente al de la inscripción del acto en la
correspondiente Oficina de Instrumentos Públicos […]”.
55
Folios 1 a 106 del cuaderno 1
56
CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de
2001, Exp. 10973. “La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener una decisión de fondo y
sobre ella se ha dicho que: “La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria,
entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado”.
57
CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 9 de julio
de 2018, Exp. 39786.
58
Al respecto la doctrina especializada ha sostenido que. “(…) en los procesos contenciosos la legitimación en la causa
consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial está legitimada para que
por sentencia de fondo o mérito se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la
demanda, y respecto del demandado, en ser la persona que conforme a la ley sustancial está legitimada para discutir u
oponerse a dicha pretensión del demandante (…)”. DEVIS Echandía, Hernando, Teoría General del Proceso, Ed.
Universidad, Buenos Aires, 2004, pág. 260.
59
Folios 253 y 254, cuaderno 1
60
Folios 261 y 262, cuaderno 1
61
Folios 255 a 260, cuaderno 1.
62
Con el Decreto 2363 de 2015 se creó la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y, en su artículo 38, se ordenó que “(…) A
partir de la entrada en vigencia del presente decreto, todas las referencias normativas hechas al Incora o al Incoder en
relación con los temas de ordenamiento social de la propiedad rural deben entenderse referidas a la Agencia Nacional de
Tierras (ANT)”
63
Folios 76 -107 del cuaderno de medidas cautelares No. 4
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
por pasiva. A su turno, la Asociación de Campesinos de Buenos Aires —
ASOCAB—, interviene en el proceso como tercero interesado toda vez que los
miembros de dicha asociación son poseedores de parte de los predios objeto de
revisión y solicitaron al entonces INCODER el inicio del procedimiento
administrativo de extinción de dominio. En esa medida, el resultado del proceso
afecta directamente sus intereses, circunstancia que justificó su vinculación en tal
calidad, según providencia del 10 de julio de 201364.
2. Problemas jurídicos
Conforme a lo dispuesto en la continuación de la audiencia inicial llevada a
cabo el día 29 de julio de 202265, el objeto del litigio se fijó en los siguientes
términos:
“(…) En primer lugar, la Corporación deberá establecer si para el
momento en que el INCODER profiere la Resolución 2284 del 14 de
noviembre de 2012 “Mediante la cual se declaró la extinción del
derecho de dominio privado agrario de los predios Las Pavas,
Peñalosa y Si Dios Quiere”, ya había ocurrido lo que la parte
demandante califica como el fenecimiento de su potestad
sancionatoria y, por ende, carecía de competencia para su
expedición. Si la respuesta es negativa, seguidamente, la Sala
deberá resolverá (sic) los siguientes cuestionamientos:
1. Si, a) para la predicada explotación del predio, los términos de
tiempo que se predicaron de inexplotación al momento de expedir
esas Resoluciones, son o no atribuibles a la parte demandante en
consideración a la prueba que arroje el acervo en la función de la
propiedad del inmueble; b) la Resolución 2266 del 5 de noviembre
de 2009 “Por medio de la cual se desató el recurso de reposición”
formulado contra la resolución anterior; y c) la Resolución 1612 del
23 de junio de 2011 “Por medio de la cual se modificó la Resolución
1473 de 2008”, son nulas por violar el derecho de contradicción y de
defensa, al no vincular a quien ostentó el derecho de dominio sobre
los predios en el período comprendido entre los años 1998 y 2007 y
atribuir la inexplotación en dicho predio a quién ostentó el derecho
de dominio con posterioridad, como fundamento para extinguir el
dominio. De ser afirmativa la respuesta, la Sala deberá establecer
si ello viene suficiente para abatir la presunción de legalidad de que
goza la Resolución 2284 del 14 de noviembre de 2012 “Mediante la
cual se declaró la extinción del derecho de dominio privado agrario
de los predios Las Pavas, Peñalosa y Si Dios Quiere” y la
Resolución 0166 del 8 de febrero de 2013 “Por medio de la cual se
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución
2284”, proferidas, ambas, por el gerente general del INCODER.
2. Si la Resolución 2284 del 14 de noviembre de 2012 “Mediante la
cual se declaró la extinción del derecho de dominio privado agrario
64
Folios 120-122 del cuaderno 1
65
Documento contenido en el expediente digital con 337F0ED9DAFEA046FAF C7543BF92153DAFF 248453D1194A99DC
3B8E283985204E23 ubicado en el índice 337, en el aplicativo Samai.
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de los predios Las Pavas, Peñalosa y Si Dios Quiere” y la
Resolución 0166 del 8 de febrero de 2013 “Por medio de la cual se
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución
2284”, proferidas por el gerente general del INCODER, deben ser
declaradas nulas, para lo cual se deberá establecer lo siguiente:
A.- Si los predios Las Pavas, Si Dios Quiere y Peñalosa, fueron
explotados durante los tres años anteriores a que se realizara la
inspección ocular que fue tenida en cuenta para proferir el acto que
declaró la expropiación, conforme a lo dispuesto en la Ley 160 de
1994.
B.- Si conforme a las particularidades del caso y a lo determinado
en la inspección ocular y demás pruebas recaudadas durante el
procedimiento administrativo para la extinción del dominio, estaban
dados los supuestos facticos establecidos en los artículos 57 y 58
de la Ley 160 de 1994, que impedían la finalización de dicho
procedimiento con el acto que declaró la extinción de dominio.
C.- Si hubo irregularidad en la práctica y valoración de las pruebas
que sirvieron de fundamento para expedir el acto de expropiación,
en particular en lo que refiere al informe de acta de visita previa
realizada en el mes de junio de 2006; el dictamen pericial rendido
en desarrollo de la inspección ocular realizada en el mes de octubre
de 2012; y, en las versiones de campesinos recogidas en los
anteriores informes, por cuanto se violó con ellas el debido proceso,
especialmente por no garantizar el derecho de contradicción de la
ahora demandante.
D.- Si el INCODER adelantó o no, conforme a las disposiciones
normativas vigentes para la época de los hechos, el procedimiento
administrativo para la extinción del derecho de dominio sobre los
predios Las Pavas, Si Dios Quiere y Peñalosa. Si la respuesta a esto
resulta negativa, la Sala deberá determinar si ello genera la nulidad
de la Resolución 2284 del 14 de noviembre de 2012 “Mediante la
cual se declaró la extinción del derecho de dominio privado agrario
de los predios Las Pavas, Peñalosa y Si Dios Quiere” y la
Resolución 0166 del 8 de febrero de 2013 “Por medio de la cual se
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución
2284”, proferidas por el gerente general del INCODER (…)”.
3. Caso Concreto
De conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho planteados en la
demanda, la Sala abordará el análisis del caso concreto sometido a su conocimiento;
no obstante, resulta necesario advertir que esta labor no puede entenderse como una
limitación a la función que le corresponde a esta Corporación de ejercer un control
jurisdiccional integral —incluso oficioso— sobre el procedimiento administrativo que
adelantó la entidad demandada al extinguir el dominio agrario de los inmuebles rurales
objeto de controversia66. Una lectura en sentido contrario desnaturalizaría el alcance
propio de la acción de revisión, cuya finalidad no se restringe a un examen formal de
las alegaciones de las partes, sino que impone al juez contencioso la obligación de
66 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio
de 2009, Rad. núm. 21.138
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Radicado:11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)
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verificar que la actuación administrativa en su integridad se haya desarrollado en
estricto apego a la normatividad vigente y con pleno respeto de las garantías
procesales.
Aclarado lo anterior, la Sala estima pertinente precisar que, por razones estrictamente
metodológicas, el estudio de la controversia se desarrollará a partir de los problemas
jurídicos delimitados en la fijación del litigio, sin perjuicio del examen oficioso de
aquellos aspectos que, por su naturaleza, resultan indispensables para valorar la
validez de los actos acusados. En ese marco, el análisis comprenderá, por un lado, la
verificación de los cuestionamientos relativos a la competencia de la administración y
al eventual agotamiento de su potestad sancionatoria al momento de expedir la
Resolución 2284 de 2012; y, por otro, el examen de las presuntas irregularidades
vinculadas a la atribución de la inexplotación, a la adecuada vinculación de los titulares
del derecho de dominio en los periodos relevantes, a la práctica y valoración de los
medios de prueba y, en general, al cumplimiento de las disposiciones que regulan el
procedimiento de extinción de dominio agrario.
Para el examen de cada una de estas cuestiones, la Sala tendrá en cuenta los hechos
probados en el expediente, que se precisarán al abordar cada uno de los problemas
jurídicos, junto con la apreciación de los medios de prueba recaudados en debida
forma y el marco normativo pertinente. Este análisis no se limitará a constatar el
cumplimiento de simples formalidades, sino que se dirigirá a establecer si la actuación
administrativa controvertida se ajustó de manera sustancial a los principios de
legalidad, debido proceso y función social de la propiedad. Solo a través de una
verificación rigurosa e integral podrá determinarse si la declaratoria de extinción del
dominio representa una expresión legítima del Estado o, por el contrario, una
injerencia injustificada en el derecho de propiedad.
En esa medida, la metodología de análisis no obedece a un mero esquema procesal,
sino que refleja la función de esta Corporación como garante del Estado de Derecho
en el ámbito agrario, en donde se encuentran en tensión intereses de alta significación
constitucional: de un lado, la preservación de la propiedad privada como institución
jurídica esencial para la seguridad jurídica y el desarrollo económico; y, de otro, la
exigencia de que dicha propiedad cumpla una función social efectiva. El control
jurisdiccional que ejerce la Sala se proyecta, por tanto, como un instrumento orientado
a equilibrar estos intereses en conflicto, asegurando que las medidas de extinción del
dominio agrario sean adoptadas únicamente cuando se verifique, de manera objetiva
y con respeto pleno de las garantías, que la función social de la propiedad ha sido
incumplida.
De este modo, la decisión que se adopte en el presente asunto no solo deberá
pronunciarse sobre la validez de actos administrativos específicos, sino que también
tendrá el efecto de reafirmar la vigencia de los principios constitucionales que informan
la regulación de la tierra en Colombia, en particular la sujeción de la administración a
la ley, la prevalencia del interés general y la protección efectiva del derecho de defensa
de los ciudadanos.
3.1 Solución al primer problema jurídico
De acuerdo con lo resuelto en la continuación de la Audiencia Inicial de este proceso,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si para el momento en que el
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
INCODER expidió la Resolución 2284 del 14 de noviembre de 2012 —mediante la cual
se declaró la extinción del derecho de dominio privado agrario de los predios Las Pavas,
Peñaloza y Si Dios Quiere— ya se había configurado lo que la parte demandante
denomina fenecimiento de la potestad sancionatoria, aspecto que, de ser cierto,
implicaría la pérdida de competencia de la autoridad para proferir dicho acto
administrativo.
En este escenario, resulta pertinente recordar que, si bien se ha considerado que el
derecho agrario responde a los postulados de la solidaridad social67, la incorporación
de la función social de la propiedad al régimen jurídico colombiano tuvo su origen en un
proceso histórico que se remonta a la Ley 200 de 193668 —sobre el régimen de tierras—
Esta normativa, inspirada en el liberalismo económico, reaccionó frente a la impronta
feudal que caracterizó a la economía nacional y que se mantuvo tras la independencia
a través del latifundio69. Desde entonces, la función social de la propiedad ha sido
concebida como un fundamento70, más no como una limitación de la propiedad privada
sobre predios agrarios, del mismo modo en que lo son el título y la tradición, que muchas
veces ni siquiera han logrado perfeccionarse en las zonas rurales colombianas71.
La función social de la propiedad agraria supone, además, presupuestos equivalentes
a las condiciones de “suficiencia” y “del no desperdicio”, que en la mirada de John Locke
justifican la apropiación privada de bienes72-73. Incluso, esta idea se acompasa con
concepciones individualistas de la propiedad, como aquella prevista en el Código Civil74
antes de la introducción constitucional de la función social de la propiedad75, en cuanto
admitía la posibilidad de limitar jurídicamente su ejercicio debido a los derechos de los
demás, ya fuera como individuos o como sociedad76.
De acuerdo con la Constitución vigente, la propiedad se encuentra subordinada a una
función social que comporta obligaciones, en los términos del artículo 58 de la Carta
Política77. En esta línea, “se ha querido subordinar la garantía de la misma [propiedad]
a los requerimientos de la producción y la generación de riqueza” 78, entendiendo que
67 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-595 de 1999.
68 Derogada por el art. 178 de la Ley 1152 de 2007, salvo los arts. 20, 21, 22 y 23.
69 YANCES PINEDO, Roberto. Antecedentes Históricos de la Reforma Agraria en Colombia, Procuraduría
General de la Nación, Sincelejo, 198, p. 1-12.
70 YANCES PINEDO, Roberto. Op. Cit. “(…) La propiedad (…) no se basa únicamente en el título inscrito,
sino que tiene su fundamento en la función social que desempaña y la posesión consiste en la explotación
económica de la tierra”, son los términos textuales del Mensaje del Presidente López al Congreso de 1932
(…)”.
71 BARRERA, Rafael. Aspectos de la Reforma Agraria en Colombia: Antecedentes, progreso y comentarios,
Instituto de Investigaciones Sociales Universidad Nacional, México D.F., 1693, pp. 28-29.
72 RODRÍGUEZ NASUTI, Florencia. Condiciones para la apropiación privada legítima de bienes en la teoría
de Locke. Efectos de la introducción del dinero sobre ellas y sobre la distribución de la propiedad, Doxa:
Cuadernos de Filosofía del Derecho, Universidad de Alicante, núm. 45, 2022, pp. 161-187”.
73 BARRERA, Rafael. Op. Cit., p- 48. “(…) En lo que sí no podemos caer, es en el error de confundir la
propiedad privada como derecho natural y con función social, con la propiedad individual exclusiva; esta sí,
una forma dominante en un período superado de la pequeña industria, pero que subsiste para con los
negocios de menor cuantía. No confundiendo, llegaremos a todos los criterios amplios de propiedad privada
(…)”.
74 CÓDIGO CIVIL, Artículo 669. “El dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa
corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. (…)”
(Subrayado añadido). La expresión “arbitrariamente” fue declarada inexequible mediante sentencia C-598 de
1999.
75 VANIN TELLO, Joaquín. Derecho Agrario: Teoría general, tomo I, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, 1985, pp. 380-381.
76 VANIN TELLO, Joaquín, Op. Cit. pp. 376-377.
77 CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Artículo 58. “(…) La propiedad es una función social que implica obligaciones
(…)”
78 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-066 de 1993, reiterada en la sentencia C-595 de 1999.
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toda garantía de derechos emana del Estado, el cual fija los presupuestos para su
reconocimiento y ejercicio. Por ello, un derecho real como el dominio “se descompone
en una relación jurídica entre el titular del derecho y todas las demás personas obligadas
a respetarlo, creándose por el derecho real una obligación pasiva universal” 79. De este
modo, la garantía de la propiedad agraria descansa en presupuestos objetivos que
hacen surgir una obligación pasiva universal de respeto por parte de la colectividad y de
protección a cargo del Estado.
En cuanto a la explotación económica, entendida como presupuesto esencial de la
propiedad agraria, debe resaltarse que esta “presenta diversas y matizadas
caracterizaciones, las cuales están determinadas por la naturaleza de los bienes, su
clase, y la entidad que es titular de los derechos que de ella emanan, así como también
por la posición económica de las personas que la poseen”80. De ahí que el
reconocimiento de un derecho real como el de propiedad requiera, además del título y
el modo81, “la explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios
de dueño, como las plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados y otros de
igual significación económica” 82. Así, la propiedad agraria se define en función de la
actividad que sobre el bien se realiza, lo que reafirma su carácter instrumental: se
conserva cuando la explotación cumple su función social y económica, y se extingue
cuando desaparece la actividad productiva83.
Del mismo modo, los procesos agrarios tienen un carácter instrumental que trasciende
la mera protección del derecho subjetivo, pues se orientan al “cumplimiento de sus fines
y la satisfacción de los intereses económicos y sociales inherentes a la agricultura” 84.
En esa perspectiva, tales procesos se erigen como un medio a través del cual el Estado
garantiza que la tierra, además de ser objeto de apropiación individual, cumpla una
función social vinculada a la productividad, la justicia distributiva y el bienestar colectivo.
Bajo esa lógica se inscribe el proceso de extinción de dominio agrario, cuyo objeto
consiste en verificar si, respecto de un predio apto para la explotación, esta se ha llevado
a cabo y, en consecuencia, determinar si la propiedad cumple o no su función social y
económica, con la consecuente subsistencia o extinción del derecho real. Este
mecanismo no se limita a reprochar el incumplimiento individual, sino que se proyecta
como una herramienta de política agraria destinada a corregir desequilibrios
estructurales en el acceso a la tierra y a promover un uso racional de los recursos
conforme a los fines superiores del orden constitucional.
En consecuencia, el proceso de extinción de dominio agrario no se configura como un
procedimiento de naturaleza sancionatoria, en el cual el Estado, en ejercicio de su ius
puniendi, reprima la comisión de una conducta antijurídica imputable a un sujeto.
Aunque la extinción del derecho de dominio agrario podría asimilarse a una sanción en
sentido civil85 y, a la vez, como una forma de intervención estatal sobre la propiedad, lo
cierto es que en este ámbito el Estado no ejerce su poder punitivo. En efecto, tal como
79 VELÁSQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo. Bienes, 15ª edición, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2020, p.
115.
80 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-431 de 1994, reiterada en la sentencia C-595 de 1999.
81 VANIN TELLO, Joaquín. Op. Cit., pp. 217-235.
82 LEY 200 DE 1936, artículo 1, modificado por el artículo 2 de la Ley 4 de 1973.
83 CARRROZA, A. y ZELEDÓN, R., Teoría General de Derecho Agrario, Astrea, Buenos Aires, 1990, pp. 178-
181.
84 CARRROZA, A. y ZELEDÓN, R., Op. Cit. p. 384.
85 CÓDIGO CIVIL. “Artículo 6. La sanción legal no es sólo la pena sino también la recompensa; es el bien o
el mal que se deriva como consecuencia del cumplimiento de sus mandatos o de la transgresión de sus
prohibiciones (…)”.
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Radicado:11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)
Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
lo ha señalado la Corte Constitucional86, la culpabilidad del titular del derecho sobre la
comisión de una conducta antijurídica carece de relevancia en estos procesos, a
diferencia de lo que ocurre en los procedimientos administrativos sancionatorios, donde
dicho elemento resulta indispensable conforme a la jurisprudencia de la Sala87.
La diferencia no es meramente terminológica, sino que responde a la naturaleza misma
de la institución. Mientras en el ámbito sancionatorio la responsabilidad se funda en la
reprochabilidad de una conducta contraria al ordenamiento jurídico, en la extinción de
dominio agrario lo determinante es la constatación objetiva del incumplimiento de la
función social y económica de la propiedad, en especial cuando se trata de predios
rurales aptos para la producción agrícola que permanecen ociosos o subutilizados. En
este contexto, la extinción no busca imponer un castigo personal, sino devolver a la
tierra su finalidad pública de contribuir al interés general y a la justicia distributiva.
De ahí que su carácter no sancionatorio excluya la necesidad de acreditar culpabilidad
individual, pues lo relevante no es la conducta del titular, sino la situación material del
predio rural frente a los mandatos constitucionales de productividad, equidad y
aprovechamiento social de los recursos. La extinción de dominio agrario se configura,
entonces, como un instrumento de política pública que habilita al Estado para intervenir
en la estructura de la propiedad rural, corregir desequilibrios históricos, garantizar el
acceso progresivo a la tierra y consolidar la función social de la propiedad como pilar
del orden constitucional.
Bajo esa lógica, carece de fundamento trasladar al proceso de extinción de dominio
agrario la caducidad trienal de la facultad para imponer sanciones —invocada por la
parte demandante—, prevista en el artículo 38 del entonces vigente Código
Contencioso Administrativo —en adelante, C.C.A.—, según el cual “Salvo disposición
especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para
imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda
ocasionarlas”. La aplicación de esta regla al ámbito agrario conduciría a un
contrasentido insalvable, pues impediría la declaratoria de extinción precisamente en
aquellos casos en que la falta de explotación de un predio rural supera los tres (3) años
continuos exigidos por el legislador en el artículo 52 de la Ley 160 de 1994 como
presupuesto objetivo habilitante de la medida88.
86 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencias C-374 de 1997, C-740 de 2003 y C-071 de 2018.
87 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 22 de octubre de 2012, Rad. núm.
20738. Al punto se ha dicho lo siguiente: “(…) En consecuencia, salvo disposición expresa en contrario, al
operador administrativo corresponde constatar la existencia del elemento culpabilidad y para ello debe
acreditar tres componentes: 1. La imputabilidad, toda vez que debe establecer que el sujeto pasivo del poder
punitivo tiene la capacidad de responder; 2. La relación psíquica entre el administrado sobre el que recae la
sanción y el hecho descrito como infracción administrativa. En otros términos, debe establecer la intención y
determinar si se actuó a título de dolo o culpa, y; 3. La no existencia de supuestos facticos que excluyan la
responsabilidad. || Dicho lo anterior, debe señalarse que la exigencia de culpabilidad tiene como
manifestación en el derecho administrativo sancionatorio el principio de personalidad de las sanciones,
mediante el cual se impone un límite al ius puniendi del Estado comoquiera que la responsabilidad derivada
del ilícito administrativo no puede extenderse a un sujeto distinto del infractor, llegar a una conclusión distinta
supondría suprimir la exigencia de dolo o culpa en la realización del supuesto de hecho prohibido en la norma.
Esta es la razón por la cual, la muerte del infractor ocasiona inmediatamente la cesación de la actuación
punitiva dado que no se trata de obligaciones patrimoniales que se hagan extensibles a los herederos como
si ocurre por ejemplo con las obligaciones estrictamente patrimoniales. Por consiguiente, los efectos
sancionatorios de la declaratoria de caducidad sólo pueden recaer sobre un sujeto: el contratista incumplido
(…)”.
88 LEY 160 DE 1994. Artículo 52. “Establécese en favor de la Nación la extinción del derecho de dominio o
propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el
artículo primero de la Ley 200 de 1936, durante tres (3) años continuos, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o
cuando los propietarios violen las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de
los recursos naturales renovables y las de preservación y restauración del ambiente, o cuando los propietarios
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Radicado:11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)
Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
El contenido normativo del artículo 52 ejusdem es categórico al establecer en favor de
la Nación la extinción del dominio o propiedad sobre predios rurales cuando: (i) se dejare
de ejercer la posesión durante tres (3) años continuos en los términos del artículo 1º de
la Ley 200 de 1936, salvo fuerza mayor o caso fortuito; (ii) los propietarios vulneren
disposiciones sobre conservación, mejoramiento y uso racional de los recursos
naturales renovables, o sobre preservación y restauración ambiental; (iii) los propietarios
incumplan las normas sobre zonas de reserva agrícola o forestal previstas en los planes
de desarrollo de municipios o distritos con más de 300.000 habitantes; o (iv) se destine
el predio a cultivos ilícitos. Estas causales, de naturaleza objetiva y ligadas a la función
social y ecológica de la propiedad, configuran un régimen especial que no puede
confundirse con la lógica sancionatoria del C.C.A., la cual parte de la imputación
subjetiva de una conducta reprochable y exige la demostración de culpabilidad.
El contraste es evidente: mientras el artículo 38 del C.C.A. fijaba un límite temporal para
el ejercicio de la potestad punitiva de las autoridades frente a actos individuales
reprochables, el procedimiento de extinción de dominio agrario descansa sobre la
verificación objetiva de que la propiedad rural ha dejado de cumplir los fines
constitucionales que la legitiman. No se trata de castigar al propietario por su conducta,
sino de constatar que la tierra no está siendo explotada en beneficio de la colectividad,
lo que justifica que el Estado recupere su titularidad en favor del interés general. En este
escenario, el término de tres (3) años previsto en el artículo 52 no constituye un límite a
la competencia, sino un presupuesto habilitante que activa el procedimiento
administrativo.
De lo anterior se concluye que en este escenario no resulta aplicable la caducidad trienal
de la facultad sancionatoria, pues la extinción de dominio agrario —como lo destaca la
Sala— no está orientada a reprochar una conducta ni a imponer una sanción individual.
Su finalidad es distinta: asegurar que la tierra rural cumpla con su función social y
ambiental, requisito esencial para que el derecho de propiedad se mantenga dentro del
orden constitucional. En tal sentido, la potestad administrativa no se extingue por el
transcurso del tiempo, sino que se conserva mientras continúe la inexplotación del
terreno o se configure alguna de las causales previstas en la Ley 160 de 1994.
En este marco, la facultad del Estado para promover procesos de extinción de dominio
agrario reviste carácter permanente y encuentra fundamento inmediato en la
violen las normas sobre zonas de reserva agrícola o forestal establecidas en los planes de desarrollo de los
municipios o distritos con más de 300.000 habitantes.
También será causal de extinción de derecho de dominio la destinación del predio para la explotación con
cultivos ilícitos. El procedimiento respectivo se iniciará de oficio o a solicitud de autoridad competente.
Lo dispuesto en este artículo no se opone a la declaratoria de extinción del dominio cuando, a la fecha en
que empiece a regir esta Ley, hubiere transcurrido un lapso de tres (3) años de inexplotación del inmueble, o
si dicho término se cumpliere dentro de la vigencia de esta norma.
Cuando la posesión se hubiere ejercido sobre una parte del predio solamente, la extinción del dominio no
comprenderá sino las porciones incultas que no se reputen poseídas conforme a la Ley 200 de 1936.
El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria tendrá a su cargo adelantar las diligencias y dictar las
resoluciones sobre extinción del derecho de dominio privado sobre predios rurales según lo previsto en la
presente Ley”.
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
Constitución Política, en particular en los artículos 5889, 6490 y 6591, que prevén la
función social y ecológica de la propiedad, así como el deber de garantizar el acceso
progresivo a la tierra y fomentar la producción agrícola. Tales mandatos se armonizan
con el artículo 33 superior92, en la medida en que la función social de la propiedad y la
promoción del acceso a la propiedad de la tierra para el campesinado deben estar de
la mano con el régimen de libertad económica y la iniciativa privada. El ejercicio de esta
atribución no responde a criterios de discrecionalidad ni constituye una potestad
sancionatoria, sino que representa una manifestación necesaria de la intervención
estatal en la economía y en la organización de la propiedad rural, dirigida a superar
asimetrías estructurales en el acceso a la tierra y a asegurar la materialización efectiva
de los derechos sociales.
En suma, la Sala concluye que, al expedir la Resolución 2284 de 2012, el INCODER
mantenía plena competencia para adelantar el trámite y adoptar la decisión
cuestionada. La extinción del dominio agrario no constituye una sanción administrativa
89 CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Artículo 58. “(…) La propiedad es una función social que implica obligaciones
(…)”
90 CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Artículo 64. (Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de
2023) Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra del campesinado y de
los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa.
El campesinado es sujeto de derechos y de especial protección, tiene un particular relacionamiento con la
tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de
territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distingue
de otros grupos sociales.
El Estado reconoce la dimensión económica, social, cultural, política y ambiental del campesinado, así como
aquellas que le sean reconocidas y velará por la protección, respeto y garantía de sus derechos individuales
y colectivos, con el objetivo de lograr la igualdad material desde un enfoque de género, etario y territorial, el
acceso a bienes y derechos como a la educación de calidad con pertinencia, la vivienda, la salud, los servicios
públicos domiciliarios, vías terciarias, la tierra, el territorio, un ambiente sano, el acceso e intercambio de
semillas, los recursos naturales y la diversidad biológica, el agua, la participación reforzada, la conectividad
digital: la mejora de la infraestructura rural, la extensión agropecuaria y empresarial, asistencia técnica y
tecnológica para generar valor agregado y medios de comercialización para sus productos.
Los campesinos y las campesinas son libres e iguales a todas las demás poblaciones y tienen derecho a no
ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular las fundadas en su
situación económica, social, cultural y política (…)”
91 CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Artículo 65. (Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de
2025). El Estado garantizará el derecho humano a la alimentación adecuada, de manera progresiva, con un
enfoque intercultural y territorial, y a estar protegido contra el hambre y las distintas formas de malnutrición.
Así mismo, promoverá condiciones de seguridad, soberanía y autonomías alimentarias en el territorio
nacional y generará acciones para minimizar la pérdida de alimentos.
La producción y acceso a alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará
prioridad al desarrollo sostenible e integral de las actividades agrícolas, agroalimentarias, agroindustriales,
agroecológicas, pecuarias, pesqueras, acuáticas, forestales y campesinas, así como también a la adecuación
de tierras, construcción de obras de infraestructura física y logística que facilite la disponibilidad de alimentos
en todo el territorio nacional.
De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de conocimiento y tecnología para
la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario y acuícola, con el propósito de
incrementar la productividad y disponibilidad, así como proteger y salvaguardar la biodiversidad y los medios
e insumos de la actividad (…)”.
92 CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Artículo 333. “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro
de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin
autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá
las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.
El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o
controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado
nacional.
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el
patrimonio cultural de la Nación”.
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
sujeta a la caducidad trienal prevista para el ejercicio de potestades sancionatorias,
como lo entiende la sociedad demandante, sino un procedimiento administrativo
especial orientado a restituir a la tierra su función social y ecológica. En consecuencia,
el cargo propuesto no tiene vocación de prosperidad y, en ese orden, será desestimado.
3.2. Solución al segundo problema jurídico
En el desarrollo de la continuación de la Audiencia Inicial, se dejó establecido que, en
caso de resultar negativa la respuesta al punto previamente planteado, corresponderá
a la Sala pronunciarse y adoptar una decisión respecto de los siguientes
cuestionamientos:
Si, a) la Resolución 1473 del 11 de noviembre de 2008 “Por medio de la cual se dio
inicio al procedimiento administrativo de extinción del derecho de dominio sobre los
predios “Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere”; b) la Resolución 2266 del 5 de
noviembre de 2009 por la cual se desató el recurso de reposición formulado contra la
resolución anterior; y c) la Resolución 1612 del 23 de junio de 2011 “Por medio de la
cual se modificó la Resolución 1473 de 2008”, son nulas por violar el derecho de
contradicción y de defensa, al no vincular a quien ostentó el derecho de dominio sobre
los predios en el período comprendido entre los años 1998 y 2007 y atribuir la
inexplotación en dicho predio a quién ostentó el derecho de dominio con posterioridad,
como fundamento para extinguir el dominio. De ser afirmativa la respuesta, la Sala
deberá establecer si ello viene suficiente para abatir la presunción de legalidad de que
goza la Resolución 2284 del 14 de noviembre de 2012 “Mediante la cual se declaró la
extinción del derecho de dominio privado agrario de los predios Las Pavas, Peñaloza y
Si Dios Quiere” y la Resolución 0166 del 8 de febrero de 2013 “Por medio de la cual se
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Tesolución 2284”, proferidas,
ambas, por el gerente general del INCODER.
3.2.1. Para atender de manera adecuada este aspecto de la controversia, resulta
pertinente efectuar un recuento detallado del procedimiento administrativo de extinción
de dominio agrario que es objeto de control en la presente causa. Dicho recuento
permitirá identificar los antecedentes y las actuaciones relevantes que inciden
directamente en el examen de la segunda cuestión planteada, garantizando así que el
análisis de la Sala se realice sobre una base fáctica y jurídica completa. En este sentido,
el repaso del trámite surtido no solo facilita la comprensión integral del caso, sino que
también asegura que la decisión judicial se adopte con plena observancia de los
principios de debido proceso, congruencia y motivación, que rigen la función
jurisdiccional. A partir de estas consideraciones, se procede a reseñar los hechos
probados que resultan significativos para el estudio de esta segunda cuestión, a saber:
1. De acuerdo con el certificado de tradición y libertad núm. 064-6808 del
círculo registral de Magangué, correspondiente al inmueble Peñaloza, el
26 de septiembre de 1983 la sociedad Ganadería Las Pavas Limitada le
vendió a Jesús Emilio Escobar Fernández dicho predio por un valor de
$300.000, mediante escritura pública núm. 5456 de la Notaría Quince de
Medellín, registrada el 24 de noviembre de 1983. Posteriormente, el 10 de
marzo de 2007, Escobar lo transfirió a las sociedades CI Tequendama S.A.
y Aportes San Isidro ASI S.A., por un valor de $115.000.000, mediante la
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Radicado:11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)
Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
escritura pública núm. 619 de la Notaría Novena de Barranquilla, inscrita el
12 de abril de 200793.
2. Según el certificado de tradición y libertad núm. 064-395 del círculo
registral de Magangué, relativo al inmueble Hacienda Las Pavas, el 26 de
septiembre de 1983 la sociedad Ganadería Las Pavas Limitada lo vendió a
Jesús Emilio Escobar Fernández por un valor de $3.000.000, mediante
escritura pública núm. 5456 de la Notaría Quince de Medellín, registrada el
24 de noviembre de ese año. Posteriormente, el 10 de marzo de 2007, el
predio fue adquirido por las sociedades CI Tequendama S.A. y Aportes San
Isidro ASI S.A., por un valor de $657.500.000, en virtud de la escritura
pública núm. 619 de la Notaría Novena de Barranquilla, inscrita el 12 de
abril de 200794.
3. Conforme al certificado de tradición y libertad núm. 064-2766 del círculo
registral de Magangué, correspondiente al inmueble Si Dios Quiere, el 20
de septiembre de 1983 los señores Ana Gregoria Bello Beltrán y Luis
Gonzaga Vargas Giraldo lo vendieron a Jesús Emilio Escobar Fernández
por un valor de $1.500.000, mediante escritura pública núm. 395, registrada
el 3 de octubre de 1991. Posteriormente, el 10 de marzo de 2007, el bien
fue transferido a las sociedades CI Tequendama S.A. y Aportes San Isidro
ASI S.A., por un valor de $24.500.000, mediante escritura pública núm. 619
de la Notaría Novena de Barranquilla, inscrita el 12 de abril de 2007. El
primer antecedente relacionado con el proceso de extinción de dominio
figura con la Resolución 2266 del 5 de noviembre de 2009, inscrita el 27 de
noviembre de ese año95.
4. Consta que, el día 9 de junio de 200696, los señores Misael Payares Guerrero y
Etni Torres Moreno, en representación de la Asociación de Campesinos de
Buenos Aires ―ASOCAB―, radicaron ante el INCODER una solicitud de
extinción de dominio agrario sobre el inmueble rural Las Pavas,
acompañado de la firma y cédula de sus asociados, con fundamento en que el
predio está abandonado y sin explotación desde hace 12 o 15 años.
5. El jefe de la Oficina de Enlace Territorial núm. 2, Grupo Técnico de Cartagena
del INCODER, mediante auto de cúmplase del 9 de junio de 2006, ordenó la
práctica de una visita previa al predio Las Pavas, ubicado en el municipio de
El Peñón, departamento de Bolívar. Para tal efecto, comisionó a dos funcionarios
de la entidad, con el propósito de verificar los siguientes aspectos: (i)
identificación del inmueble; (ii) linderos; (iii) vías de comunicación; (iv)
servidumbres; (v) superficie, relieve, suelos, aguas y cercas; (vi) maquinaria; (vii)
construcciones; (viii) ocupantes; (ix) explotación económica; (x) administración;
y (xi) cualquier otro aspecto que los comisionados consideraran de especial
relevancia97.
6. La visita se llevó a cabo entre los días 20 y 23 de junio de 2006, en
cumplimiento de la comisión conferida. Como resultado de esta diligencia,
93 Folio 253-254 cuaderno de pruebas
94 Folio 255-260 cuaderno de pruebas
95 Folio 251-252 cuaderno de pruebas
96 Folios 1-2, tomo I de pruebas.
97 Folios 67, tomo I de pruebas.
35
Radicado:11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)
Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
los funcionarios elaboraron un informe de visita respecto de los predios
Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere98. En dicho documento se dejó
constancia de que los tres inmuebles pertenecen a un mismo propietario y
son aptos para adelantar programas de reforma agraria. El informe,
además, precisó los siguientes aspectos:
“(…) PREDIO LAS PAVAS (LA QUINTA)
Propietario: Emilio Escobar
Municipio: El Peñón
Matrícula inmobiliaria: 064-0000395
DESCRIPCIÓN FÍSICA
(...)
SUPERFICIE:146-7213 hectáreas
(...)
USO ACTUAL:
Ganadería extensiva con rastrojos de más de 5 años en un 80% del área,
pastos naturales, además de cultivos de subsistencia, como arroz, maíz,
yuca y plátano. La principal limitación para el uso agrícola consiste en
inundaciones irregulares en épocas de crecimiento de los ríos Papayal y
Magdalena.
(…)
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FÍSICO:
Edificaciones:
Vivienda principal: Área 150 mts2 consta de un piso, tres habitaciones,
una cocina una terraza.
La construcción es en un piso con una edad aproximada de 20 años, su
construcción fue con materiales de la región, cimiento ciclópeos, levante
de muros en ladrillos común, con techo de madera y Eternit, puertas y
ventanas en madera, piso en cemento pulido, la construcción se
encuentra en regular estado de conservación. (...)
EXPLOTACIÓN ECONÓMICA:
Agricultura: Cacao: 6has- sombrío rastrojo
Plátano: 3has
Maíz: 14 has
Estos cultivos son asistidos por 29 Campesinos que ocupan el predio
desde hace aproximadamente 6 años.
Producción: Sin cuantificar
GANADERIA:
Municipio de Regidor, El Peñón
EXPLOTACIÓN POTENCIAL: Agricultura y Ganadería
ADMINISTRACIÓN:
Modalidad directa, lo hace la asociación de Campesinos ASOCAB.
OCUPANTES: 29 Campesinos
CONCLUSIONES:
98 Folios 68-78, tomo I de pruebas.
36
Radicado:11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)
Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
El predio es apto para adelantar programas de Reforma Agraria
PREDIO LAS PAVAS
Propietario: Emilio Escobar
Municipio: El Peñón
Vereda: Buenos Aires
Matrícula inmobiliaria: 064-0000395
DESCRIPCIÓN FÍSICA
(...)
SUPERFICIE: 1083 hectáreas
(...)
USO ACTUAL:
Ganadería extensiva con rastrojos de 1,2,2 y 5 años además de cultivo de
subsistencia como arroz, maíz yuca y plátano.
La principal limitación para el uso agrícola consiste en inundaciones
irregulares en épocas de crecimiento de los ríos Papayal y Magdalena.
(…)
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FÍSICO
Edificaciones:
Vivienda principal: Área 150 mts2 consta de un piso, tres habitaciones,
una cocina una terraza.
La construcción es en un piso con una edad aproximada de 20 años, su
construcción fue con materiales de la región, cimientos ciclópeos, levante
de muros en ladrillos común, con techo de madera y Eternit, puertas y
ventanas en madera, piso en cemento pulido, la construcción se
encuentra en regular estado de conservación. (...)
EXPLOTACIÓN ECONÓMICA
Agricultura Cacao: 70has- sombrío rastrojo
Pan coger: 15has
Maíz: 216 has
Estos cultivos son asistidos por 91 Campesinos que ocupan el predio
desde hace aproximadamente 6 años.
Producción: Sin cuantificar
GANADERIA
Pastos jaragua, kikuyina y rastrojos 700 reses de los asociados de
ASOCAB
Producción: Sin cuantificar
(…)
EXPLOTACIÓN POTENCIAL: Agricultura y Ganadería
ADMINISTRACIÓN
Modalidad directa, lo hace la asociación de Campesinos ASOCAB.
OCUPANTES: 91 campesinos
SERVIDUMBRES: No existen
CONCLUSIONES:
37
Radicado:11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)
Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
El predio es apto para adelantar programas de Reforma Agraria
PREDIO PEÑALOZA (198 Has)
Propietario: Emilio Escobar
Municipio: San Martín de Loba
Matrícula inmobiliaria: 064-060808
PREDIO SI DIOS QUIERE: (42.5 Has)
Propietario: Emilio Escobar
Municipio: San Martín de Loba
Matrícula inmobiliaria: 064-002766
(…)
USO ACTUAL
Ganadería extensiva con rastrojos de 1,2 años además de cultivo de
subsistencia como arroz, maíz yuca y plátano.
La principal limitación para el uso agrícola consiste en inundaciones
irregulares en épocas de crecimiento de los ríos Papayal y escorrentías.
(…)
EXPLOTACIÓN ECONÓMICA
Cacao: 2has
Pan Coger 15 has
Maíz: 15
Estos cultivos son asistidos por 22 Campesinos que ocupan el predio
desde hace aproximadamente 6 años.
Producción: sin cuantificar
GANADERIA
Pastos jaragua, kikuyina y rastrojos
Producción: Sin cuantificar
(…)
ADMINISTRACIÓN:
Modalidad: Directa, lo hace la asociación de campesinos ASOCAB
OCUPANTES: 22 Campesinos
(…)
CONCLUSIONES:
El predio es apto para adelantar programas de Reforma Agraria (…)”
7. El 10 de marzo de 2007, el señor Jesús Emilio Escobar Fernández
enajenó, mediante contrato de compraventa, los inmuebles
denominados Si Dios Quiere, Peñaloza y Las Pavas, entre otros, a favor
de las sociedades ASI S.A.S. y Tequendama S.A. La operación se
protocolizó a través de la escritura pública núm. 619, otorgada en la Notaría
Novena del Círculo de Barranquilla, en la cual quedaron definidas las
condiciones de la transferencia de dominio. La validez y perfeccionamiento
de dicha enajenación se encuentran respaldados por los correspondientes
certificados de libertad y tradición, en los que consta la inscripción de la
38
Radicado:11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)
Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
escritura pública en el folio de matrícula inmobiliaria de cada uno de los
predios99.
8. Por medio de auto de 21 de agosto de 2008100, el subgerente de Estrategias
del INCODER, dispuso “(…) [e]nviar el expediente de extinción del derecho de
dominio (…) del predio denominado ‘Las Pavas’, ubicado en el municipio de El
Peñón, departamento de Bolívar, el cual consta de 82 folios, a la Unidad
Nacional de Tierras, para que avoque conocimiento y continúe el procedimiento
a que haya lugar hasta su culminación (…)”, con fundamento en los artículos 28,
148 y 157 de la Ley 1152 de 2007.
9. La subdirectora de Administración de Bienes Rurales de la Unidad Nacional de
Tierras —UNAT—, en ejercicio de las funciones a ella asignadas por la Ley 1152
de 2007 y el Decreto 4907 de 2007, expidió auto de cúmplase de fecha 8 de
septiembre de 2008101, en la cual resolvió “(…) [a]vocar el conocimiento del
proceso de extinción del derecho de dominio privado que se adelanta sobre el
predio rural denominado ‘Las Pavas’, ubicado en la jurisdicción del municipio de
El Peñón, departamento de Bolívar (…)”.
10. El director ejecutivo de la UNAT expidió la Resolución núm. 1473 del 11 de
noviembre de 2008102, mediante la cual resolvió “(…) [i]niciar las diligencias
administrativas tendientes a establecer si, conforme a la ley, procede o no
declarar extinguido en todo o en parte el derecho de dominio privado sobre los
predios rurales denominados “Las Pavas”, “Peñaloza” y “Si Dios Quiere”,
ubicado el primero en jurisdicción del municipio de El Peñón y los restantes en
el de San Martín, departamento de Bolívar (…)”. Esta Resolución fue inscrita en
los folios de matrícula inmobiliaria de los predios Peñaloza103, Las Pavas104 y Si
Dios Quiere105, el 27 de noviembre de 2009.
11. La citada providencia se notificó en forma personal al Procurador Judicial y
Agrario el 24 de noviembre de 2008, y el 18 de diciembre del mismo año al
propietario Jesús Emilio Escobar Fernández, mediante edicto emplazatorio106.
12. En atención a que el señor Jesús Emilio Escobar Fernández enajenó, mediante
contrato de compraventa celebrado el 10 de marzo de 2007, los inmuebles
denominados Si Dios Quiere, Peñaloza y Las Pavas, el INCODER procedió a
notificar personalmente el contenido de la Resolución núm. 1473 del 11 de
noviembre de 2008 al apoderado judicial de las sociedades ASI S.A.S. y
Tequendama S.A., en su calidad de nuevos propietarios de los predios107.
13. Posteriormente, el 21 de enero de 2009, el apoderado de la sociedad ASI SAS
presentó, ante la inspección de policía del municipio de El Peñón, Bolívar,
solicitud de amparo policivo a la posesión sobre los predios Las Pavas,
99 Folios 414-423, tomo III de pruebas.
100 Folios 79, tomo I de pruebas.
101 Folios 80, tomo I de pruebas.
102 Folios 82-87, tomo I de pruebas.
103 Folios 253 y 24, cuaderno 1.
104 Folios 255 a 260, cuaderno 1.
105 Folios 261 y 262, cuaderno 1.
106 Folio 149, tomo I de pruebas.
107 Folios 357, tomo III de pruebas.
39
Radicado:11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)
Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
Peñaloza y Si Dios Quiere108, por la invasión que ―afirmó― había perpetrado
un centenar de personas a los predios y, el 9 de febrero siguiente109, formuló
recurso de reposición en contra de la resolución núm. 1473 de 11 de noviembre
de 2008, proferida por el director ejecutivo de la UNAT.
14. El 14 de julio de 2009, el inspector de policía del municipio de El Peñón efectuó
diligencia de desalojo de la comunidad “Las Pavas” 110.
15. El 2 de junio de 2009, el subdirector de Administración de Bienes Rurales de la
UNAT en liquidación dispuso remitir al INCODER el proceso de extinción de
dominio agrario identificado con el radicado núm. O805210820080240,
correspondiente a los predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere. La decisión
se adoptó en atención a lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia
C-175 del 18 de marzo de 2009, mediante la cual se declaró la inexequibilidad
de la Ley 1152 de 2007 —Estatuto de Desarrollo Rural—, norma que había
atribuido a la UNAT las competencias para adelantar los procesos de extinción
de dominio agrario111.
16. El subgerente de Tierras Rurales del INCODER, en ejercicio de las facultades
conferidas por la Ley 160 de 1994 y los Decretos 2665 de 1994 y 3759 de 2009,
expidió la Resolución núm. 2266 del 5 de noviembre de 2009, mediante la
cual resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución núm.
1473 del 11 de noviembre de 2008, en el sentido de confirmar la decisión
inicial. No obstante, al advertir que las sociedades ASI S.A.S. y Tequendama
S.A. ostentaban la calidad de propietarias de los predios objeto del
procedimiento, el INCODER dispuso modificar y aclarar el numeral primero de
la resolución recurrida, el cual quedó redactado en los siguientes términos112:
“(…) Iniciar contra las sociedades C.I. Tequendama S.A. y Aportes San
Isidro S.A. las diligencias administrativas tendientes a establecer si
conforme a la ley, procede o no declarar extinguido en todo o en parte,
el derecho de dominio privado sobre los predios rurales denominados
Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere (…)”.
18. El 18 de noviembre de 2009113, el apoderado de ASI SAS fue notificado
personalmente de la Resolución núm. 2266 de 5 de noviembre de 2009114. Así
mismo, obran en el expediente edictos fijados el día 20 de noviembre y
desfijados el 3 de diciembre de 2009115, a través de los cuales esta decisión se
notificó al apoderado de la sociedad Tequendama SA, al apoderado de
ASOCAB y al agente del Ministerio Público.
19. El subgerente de Tierras Rurales del INCODER, profirió la Resolución
núm. 346 del 23 de febrero de 2010, mediante la cual decretó la nulidad
del proceso administrativo de extinción del dominio agrario
adelantado respecto de los predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios
108 Folios 179-182, tomo II de pruebas.
109 Folios 164-171, tomo II de pruebas.
110 Folios 1743-1759, tomo IX de pruebas.
111 Folios 428, tomo III de pruebas.
112 Folios 384-395, tomo III de pruebas.
113 Folios 576, tomo III de pruebas.
114 Folio 357, tomo III de pruebas.
115 Folios 609-614, tomo IV de pruebas.
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
Quiere116. En la decisión se concluyó que la actuación administrativa
desconoció las garantías del debido proceso de las sociedades propietarias
de los mencionados predios. Tal determinación se sustentó, en primer
lugar, en que el auto del 9 de junio de 2006, por el cual se ordenó la visita
previa al predio Las Pavas, adolecía de un vicio de competencia al carecer
de la firma de un funcionario habilitado para tal efecto. En segundo lugar,
se advirtió que, al momento de avocar el conocimiento de la actuación por
parte de la Unidad Nacional de Tierras –UNAT–, no se efectuó la
actualización de los certificados de tradición y libertad. Como consecuencia
de esta omisión, al expedirse la Resolución núm. 1473 de 2008 no se tuvo
en cuenta que, mediante escritura pública núm. 619 del 10 de marzo de
2007, inscrita el 12 de abril del mismo año, el señor Jesús Emilio Escobar
Fernández había transferido la propiedad de los inmuebles objeto de la
actuación administrativa a las sociedades C.I. Tequendama S.A. y Aportes
San Isidro S.A. En ese orden, en su parte resolutiva dispuso:
“(…) Artículo Primero.- Decretar la NULIDAD del proceso
administrativo de extinción del derecho de dominio de los predios
denominados “LAS PAVAS, “PEÑALOZA” (sic) y “SI DIOS QUIERE”,
ubicados el primero en el municipio El Peñón y San Martín en el
departamento de Bolívar, de propiedad de las empresas C.I.
TEQUENDAMA y APORTES SAN ISIDRO S.A. ASI S.A.,
representadas legalmente por los señores ALFONSO DÁVILA
ABONDANO y JOSÉ ERNESTO MACIAS MEDINA,
respectivamente.
Artículo Segundo.- Notificar esta providencia a los interesados y al
Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios en la
forma prevista en el Código Contencioso Administrativo,
advirtiéndoles que contra esta providencia solo procede por la vía
gubernativa el recurso de reposición, el cual deberá interponerse
dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.
Artículo Tercero.- Inscríbase la presente resolución en los folios de
matrícula inmobiliaria No. 064-0000395, 064-0006808 y 064-
0002766 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Magangué. El Registrador enviará al INCODER el certificado de
registro con la correspondiente anotación en el que conste dicha
inscripción, el cual se anexará al expediente (…)”.
20. La Resolución núm. 346 del 23 de febrero de 2010, fue notificada en debida
forma a las partes e intervinientes en distintas fechas. El 26 de febrero de
2010 se surtió la notificación personal al Ministerio Público y al apoderado judicial
de la sociedad ASI S.A.S.117; posteriormente, el 4 de marzo de ese año, se
notificó al apoderado de la sociedad Tequendama S.A.118; y finalmente, el 9 de
marzo siguiente, se practicó la notificación personal al apoderado de la
asociación campesina ASOCAB119.
116 Folios 748-756, tomo IV de pruebas.
117 Folios 777-778, tomo IV de pruebas.
118 Folios 765, tomo IV de pruebas.
119 Folios 779, tomo IV de pruebas.
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
21. El subgerente de Tierras Rurales del INCODER profirió la Resolución núm. 766
del 7 de abril de 2010120, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición
presentado por la Asociación de Campesinos de Buenos Aires ―ASOCAB―
contra la Resolución núm. 346 del 23 de febrero de 2010. En dicha decisión,
la autoridad administrativa confirmó la declaratoria de nulidad del
procedimiento de extinción de dominio agrario adelantado respecto de los
predios denominados Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere. En lo esencial, la
resolución expuso que los nuevos adquirentes de los inmuebles no podían
asumir las diligencias en el estado en que se encontraban, por cuanto ello
desconocería las garantías derivadas del artículo 29 de la Constitución Política,
en especial el derecho al debido proceso. Asimismo, consideró improcedente la
práctica de la prueba testimonial solicitada por la parte recurrente, al estimar que
los hechos objeto del recurso no guardaban relación con lo que se pretendía
demostrar mediante la declaración del señor Jacobo Angulo Senteno.
22. La Resolución núm. 766 del 7 de abril de 2010 fue notificada en debida forma
a los intervinientes. El 12 de abril de 2010 se surtió la notificación personal al
Ministerio Público121; y el 14 de abril siguiente se practicó la notificación personal
a los apoderados de las sociedades Tequendama S.A., ASI S.A.S. y la
asociación campesina ASOCAB122.
23. A continuación, el director técnico de Procesos Agrarios del INCODER expidió
auto de cúmplase de fecha 28 de abril de 2010123, por el cual ordenó el inicio
de las diligencias previas del proceso de extinción de dominio de los predios Las
Pavas, Peñalosa y Si Dios Quiere, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto 2665
de 1994. Al punto, dispuso lo siguiente:
“(…) PRIMERO: Adelantar las diligencias previas tendientes a
establecer la procedencia o no de iniciar el proceso de extinción del
derecho de dominio de los predios Las Pavas, La Peñaloza (sic) y Si
Dios Quiere ubicado en los municipios de El Peñón y San Martín –
Departamento de Bolívar.
SEGUNDO: Solicitar los documentos e información que permita
identificar física y jurídicamente el inmueble, tales como títulos de
propiedad, folios de matrícula inmobiliaria actualizados, certificados
de catastro, planos que ilustren o permitan el logro de aquel
propósito.
TERCERO: Practicar una visita previa a los inmuebles mencionados
en el numeral primero, de la cual se dejará constancia en un acta, en
la que se consignarán las actuaciones adelantadas por los
funcionarios relacionadas con la identificación y ubicación, el estado
de explotación económica, su situación de tenencia, y en general
toda información que los comisionados estimen necesarias, de
conformidad con los establecido en el inciso c del artículo 7 de
Decreto 2665 de 1994 (…)”.
120 Folios 782-787, tomo IV de pruebas.
121 Folios 819, tomo V de pruebas.
122 Folios 820-822, tomo V de pruebas.
123 Folios 843-844, tomo V de pruebas.
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24. El 30 de abril de 2010124, se practicó una segunda visita previa a los predios
Las Pavas, Peñalosa y Si Dios Quiere, por parte de la Subgerencia de Tierras
Rurales del INCODER, cuyas conclusiones se consignaron en el informe de 13
de mayo del mismo año, en el que se afirmó que “(…) los predios Las Pavas, Si
Dios Quiere y Peñalosa se encuentran ocupados por los actuales titulares del
derecho de dominio, quien (sic) desde el momento de su compra iniciaron la
explotación del predio con cultivos de palma y ganadería como se evidencia en
el registro fotográfico obtenido. Al momento de la diligencia no se observo (sic)
terceros ocupantes distintos a los propietarios. Los ocupantes de los Playones
Comunales colindantes a los predios reconocen la condición de estos terrenos
(…)”.
25. El director técnico de Procesos Agrarios del INCODER expidió Resolución del
25 de mayo de 2010125, a través de la cual dispuso “abstenerse de iniciar el
proceso de extinción del dominio privado de los predios “Las Pavas”, “Peñaloza”
y “San Martín” (sic), en el Departamento de Bolívar, por no darse los
presupuestos de ley”. Como fundamento de la decisión sostuvo lo siguiente:
“practicada la visita ordenada por parte del Director de Procesos Agrarios de la
Subgerencia de Tierras Rurales del Incoder, se pudo constatar que los predios
“Las Pavas”, “Si Dios Quiere” y “Peñaloza”, se encuentran poseídos en los
términos del artículo 762 del Código Civil, por los actuales titulares del derecho
de dominio, quienes los explotan con cultivos de palma aceitera y ganadería tal
como se evidencia en el registro fotográfico obtenido y que hace parte del
informe de visita previa. Se demostró también que no existen en los predios
objeta de la visita terceros ocupantes con pretensiones de posesión o dominio
(…) Se observa entonces que en el caso de los predios (…) no se dan los
presupuestos del artículo 2º del Decreto 2665 de 1994 para dar inicio al proceso
de extinción del dominio privado (…)”.
26. En el expediente obra estado fijado el día 7 de mayo de 2010126, mediante el
cual se notificó la decisión.
27. El subgerente de Tierras Rurales del INCODER expidió Resolución del 13 de
septiembre de 2010127, con la cual decidió archivar el procedimiento
administrativo de extinción del derecho de dominio privado de los predios Las
Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere.
28. Con escrituras públicas otorgadas el 22 de marzo de 2011 e inscritas el 31 de
marzo del mismo año128, la sociedad Tequendama SA vendió a Aportes San
Isidro S.A.S. (ASI SAS) el porcentaje del derecho de propiedad que tenía sobre
los predios Peñaloza, Si Dios Quiere y Las Pavas.
29. La Corte Constitucional profirió la Sentencia T-267 de 8 de abril de 2011129, en
el marco de una acción de tutela promovida por los campesinos de la comunidad
Las Pavas, representados por la Asociación ASOCAB, contra actuaciones de la
Inspección Única de Policía de El Peñón (Bolívar) y del INCODER, por la
124 Folios 847-870, tomo V de pruebas.
125 Folios 892-893, tomo V de pruebas.
126 Folios 894, tomo V de pruebas.
127 Folios 808, tomo V de pruebas.
128 Folios 254, 259 y 262, cuaderno 1.
129 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia T-267 de 8 de abril de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
vida digna y al trabajo, en el marco del desalojo ordenado en el predio objeto de
controversia.
La Corte precisó que el INCODER incurrió en un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, al declarar la nulidad del proceso de extinción de
dominio privado mediante la Resolución 346 de 2010 con fundamento en una
formalidad carente de relevancia sustancial, lo que implicó desconocer el
mandato constitucional conforme al cual “las formas no deben convertirse en un
obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender
por su realización”, en los términos del artículo 228 de la Constitución Política y
de la jurisprudencia reiterada de la propia Corte
En ejercicio de la función que compete a la jurisdicción constitucional de
garantizar la prevalencia del derecho sustancial en todas sus actuaciones y de
hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades previstos en la
Constitución y la ley, la Corte consideró procedente inaplicar los actos
administrativos expedidos por el INCODER mediante los cuales se declaró la
nulidad del proceso de extinción de dominio y se dispuso abstenerse de
adelantarlo respecto de los predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere, por
haberse configurado un exceso ritual manifiesto contrario al derecho de acceso
a la administración de justicia.
Asimismo, la Corte ordenó al INCODER retomar y continuar el proceso de
extinción de dominio privado sobre los mencionados predios, atendiendo las
decisiones y parámetros establecidos en la sentencia, y garantizando en todo
momento el respeto de los términos legales y del debido proceso tanto de las
sociedades propietarias como de los campesinos accionantes. Finalmente,
dispuso que el INCODER prosiguiera con el proceso de clarificación de tierras
baldías, con el fin de culminarlo con la mayor celeridad posible y en estricto
cumplimiento de las garantías procesales de todas las partes involucradas.
En consecuencia, dispuso “(…) Revocar la sentencia proferida por el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Mompox y, en consecuencia, conceder el amparo (...)
del cual son titulares los campesinos ocupantes del predio “Las Pavas”,
representados por ASOCAB (…) Declarar sin valor ni efecto las resoluciones
001, 002 y 003 de 2009, a través de las cuales la Inspección de Policía de El
Peñón decretó el desalojo de la comunidad “Las Pavas” (…) inaplicar los actos
administrativos 346 del 23 de febrero de 2010 y 766 del 7 de abril de 2010 del
Subgerente de Tierras, al igual que los dictados el 28 de abril de 2010, y el 25
de mayo de 2010, por el Director Técnico de Procesos Agrarios de la
Subgerencia de Tierras del INCODER, por medio de los cuales se abstuvo de
iniciar proceso de extinción de dominio, teniendo en cuenta las decisiones y los
parámetros adoptados en esta sentencia, atendiendo en todo caso los términos
preestablecidos para el proceso administrativo y el debido proceso tanto de las
sociedades propietarias como de los campesinos accionantes”.
30. Con fundamento en lo anterior, el subgerente de Tierras Rurales del INCODER
expidió la Resolución de fecha 11 de julio de 2011, en la que dispuso retomar
y continuar el procedimiento de extinción del dominio agrario de los predios Las
Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere, con el fin de cumplir lo ordenado en la
sentencia T-267-2011 y, por consiguiente, inaplicar las Resoluciones núm. 346
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
del 23 de febrero de 2010, 766 del 7 de abril de 2010, 28 de abril de 2010 y 25
de mayo de 2010, expedidas por la entidad130.
31. La Subgerente de Tierras Rurales del INCODER profirió la Resolución núm.
01612 del 23 de junio de 2011131, mediante la cual modificó el artículo primero
de la Resolución núm. 1473 del 11 de noviembre de 2008, por medio de la
cual se había iniciado el procedimiento administrativo de extinción del derecho
de dominio agrario. Tal modificación obedeció a que, “en la parte considerativa
y resolutiva de la mencionada resolución, no se incluyeron las sociedades C.I.
TEQUENDAMA S.A. y APORTES SAN ISIDRO S.A., como quiera que en este
caso se ha establecido el interés legítimo para intervenir por parte de ambas
sociedades, teniendo en cuenta el acervo probatoria (sic) que reposa en el
expediente, que soportan el mérito para el inicio del procedimiento administrativo
de extinción del derecho de dominio”; en consecuencia, el referido artículo quedó
redactado de la siguiente manera:
“(…) Iniciar el procedimiento administrativo de extinción de
derecho de dominio tendiente a establecer si hay lugar o no a
declarar extinguido en todo o en parte el derecho de dominio
privado sobre los predios rurales denominados: “Las Pavas”,
“Peñaloza” y “Si Dios Quiere”, identificados con los folios de
matrícula inmobiliaria Nos. 064-0000395, 064-0006808 y 064-
0002766, respectivamente, del Círculo Registral de Magangué,
los cuales se encuentran ubicados en jurisdicción del municipio
de San Martín de Loba, departamento de Bolívar, de propiedad
de las sociedades C.I TEQUENDAMA S.A. y APORTES SAN
ISIDRO S.A. (…)”
32. El 18 de julio de 2011132, el representante legal de la sociedad ASI SAS, José
Ernesto Macías Medina, fue notificado personalmente de la Resolución núm.
01612 del 23 de junio de 2011133. Por su lado, los días 11, 22, 29 y 30 de agosto
de 2011134-135 se fijó edicto emplazatorio, a través del cual fue notificada la
Resolución núm. 1473 del 11 de noviembre de 2008 a los representantes legales
de las sociedades ASI SAS y Tequendama SA. Seguidamente, el 22 de
septiembre de 2011, fue posesionado un curador ad litem de la sociedad ASI
SAS, para el trámite de extinción de dominio agrario de los predios Peñaloza,
Las Pavas y Si Dios Quiere, quien fue notificado asimismo de la Resolución núm.
1473 de 11 de noviembre de 2008136.
33. La subgerente de Tierras Rurales del INCODER profirió la Resolución
núm. 0124 del 3 de febrero de 2012137, por medio de la cual resolvió el
recurso de reposición interpuesto por la sociedad Aportes San Isidro
S.A. contra la Resolución núm. 1612 del 23 de junio de 2011, que había
modificado la Resolución núm. 1473 del 11 de noviembre de 2008. En dicha
decisión, la autoridad administrativa negó las pretensiones del recurso,
130 Folios 981-988, tomo V de pruebas.
131 Folios 991-996, tomo V de pruebas.
132 Folios 1083, tomo VI de pruebas.
133 Folios 1053 a 1058, tomo VI de pruebas.
134 Folios 1067-1068, 1113-1115, 1130 tomo VI de pruebas.
135 Folios 1112, 1116-1117, 1124, 1131 tomo VI de pruebas.
136 Folio 1168, tomo VI de pruebas.
137 Folios 1297-1305, tomo VII de pruebas.
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Radicado:11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)
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al considerar que la notificación del acto recurrido se había surtido
válidamente por conducta concluyente del apoderado de la empresa,
conforme a lo dispuesto en el artículo 48 del Código Contencioso
Administrativo y a la jurisprudencia del Consejo de Estado.
En sustento de su decisión, la Subgerencia señaló que, conforme a la
jurisprudencia de la Corporación, el artículo 48 del C.C.A. prevé supuestos
que permiten entender saneadas las irregularidades en la notificación,
indicando expresamente que: “Sobre el saneamiento de irregularidades en
el trámite de notificación previstas por el citado artículo 48 el Consejo de
Estado ha indicado que si bien en este artículo se presenta un vacío al no
regular todas las formas en que puede ocurrir la notificación por conducta
concluyente, señala algunos de los casos en los cuales se configura así: i)
cuando el interesado está de acuerdo con la decisión adoptada, ii) cuando
interpone oportunamente los recursos legales”
En aplicación de dicha doctrina, la autoridad concluyó que “el presente
asunto encuadra perfectamente en el segundo de los casos expuestos por
el Alto Tribunal, en desarrollo del postulado normativo a que se refiere el
artículo 48 del C.C.A.”, dado que la sociedad recurrente había interpuesto
el recurso dentro del término legal, demostrando con ello conocimiento y
aceptación del contenido del acto administrativo impugnado. En
consecuencia, el INCODER consideró que la notificación de la Resolución
núm. 1612 de 2011 fue eficaz y no vulneró el debido proceso, por lo cual el
recurso debía ser desestimado.
La parte resolutiva de la Resolución núm. 0124 de 2012 dispuso modificar
el artículo cuarto de la Resolución núm. 1612 de 2011, en el sentido de que,
“ejecutoriada la presente resolución, dentro de los cinco (5) días siguientes
podrán los interesados solicitar la práctica de las pruebas con las que
pretendan acreditar sus derechos”. Asimismo, ordenó “notificar esta
providencia a los interesados y al señor Procurador Agrario y Ambiental, en
la forma prevista en el Código Contencioso Administrativo”, precisando que
“contra la presente providencia no procede ningún recurso por la vía
gubernativa” y que “la presente resolución rige a partir de la fecha de su
ejecutoria”
34. El 28 de marzo de 2012138, fue suscrita constancia de ejecutoria de la
Resolución núm. 0124 del 3 de febrero de 2012, con base en las diligencias
de notificación personal a los apoderados de las sociedades ASI SAS,
Tequendama SA y ASOCAB.
35. Por auto del 2 de mayo de 2012139, la subgerente de Tierras Rurales del
INCODER decretó las pruebas dentro del procedimiento administrativo de
extinción del derecho de dominio respecto de los predios denominados Las
Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere, ubicados en jurisdicción del municipio de San
Martín de Loba, departamento de Bolívar. En el acto se dejó constancia de que
la decisión se adoptó una vez quedó ejecutoriada la Resolución núm. 1473 del
11 de noviembre de 2008, mediante la cual se había ordenado el inicio de las
138 Folios 1733-1734 tomo IX de pruebas.
139 Folios 1604-1619, tomo VIII de pruebas.
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diligencias de extinción del derecho de dominio, lo cual se produjo el 28 de marzo
de 2012, conforme a la certificación expedida por el director técnico de Procesos
Agrarios del INCODER.
La autoridad señaló que la solicitud probatoria fue presentada el 1º de marzo de
2012 por el apoderado judicial de las sociedades Aportes San Isidro S.A.S. y C.I.
Tequendama S.A., en ejercicio del derecho a la contradicción y defensa previsto
en el Decreto 2665 de 1994. En dicho escrito se pidieron pruebas documentales
y testimoniales dirigidas a demostrar la existencia de explotación económica
permanente sobre los predios en litigio y la ausencia de los supuestos de hecho
que justificaran la extinción del dominio.
Dentro de las pruebas documentales, se solicitó la incorporación al expediente
de la certificación de orden de archivo de las diligencias NUC
130016001128200912518, proferida por la Fiscalía Quinta Especializada de la
Unidad Nacional contra los Delitos de Desaparición Forzada, subsede
Cartagena de Indias; así como los documentos que reposaban en el legajo
interno núm. 20091101533, especialmente los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11,
correspondientes al recurso de reposición interpuesto contra la Resolución núm.
1473 de 2008. Estas pruebas, según el solicitante, buscaban acreditar que los
predios habían sido objeto de explotación económica regular y continua, tanto
pecuaria como agrícola, y que los actuales propietarios habían adquirido los
derechos con buena fe, legítima confianza y exentos de culpa, sin que mediara
desatención o abandono alguno. En cuanto a las pruebas testimoniales, se
requirió la comparecencia de varios declarantes —entre ellos Vicente Padilla
Rojas, Marcial Galvis Aldebo, Ángel Darío Gutiérrez Cortés, José Antonio
Rodríguez Gutiérrez, Emerson Martínez Rojas y Julio César Gil Carvajal—,
personas que, de acuerdo con la solicitud, podían dar cuenta directa de las
actividades productivas desarrolladas en los inmuebles objeto del proceso.
Atendiendo la solicitud y de conformidad con los artículos 13 a 17 del Decreto
2665 de 1994, el INCODER acogió parte de las pruebas pedidas por la parte
interesada y decretó de oficio otras que consideró conducentes, pertinentes y
necesarias para el esclarecimiento de los hechos. En consecuencia, en la parte
resolutiva del auto se ordenó la práctica de pruebas documentales y
testimoniales y, adicionalmente, la realización de un dictamen pericial técnico a
cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), encaminado a establecer
la situación real de aprovechamiento económico, uso del suelo, y estado de
explotación de los predios rurales Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere.
El acto precisó que el dictamen pericial debía realizarse con base en los
parámetros técnicos establecidos por el Decreto 2665 de 1994, asegurando la
objetividad del estudio, y que su práctica tenía como propósito fundamental
garantizar el derecho al debido proceso de los interesados y dotar de sustento
técnico las decisiones posteriores. Asimismo, se ordenó la notificación a las
partes y al Procurador Agrario y Ambiental en los términos del Código
Contencioso Administrativo.
36. El 27 de julio de 2012140, el subgerente de Tierras Rurales del INCODER
modificó el auto a través del cual se habían decretado las pruebas en el
140 Folios 1760-1765, tomo IX de pruebas.
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procedimiento de extinción del dominio de los predios en cuestión, para que
el perito fuera designado de la lista de auxiliares de justicia.
37. El 24 de septiembre de 2012141, el subgerente de Tierras Rurales del
INCODER corrió traslado de la liquidación preliminar de costos de la
diligencia de inspección ocular con participación de peritos.
38. Entre el 10 y el 17 de octubre de 2012142, un equipo conformado por
personal del INCODER, junto con funcionarios de la Defensoría del Pueblo
y de la Inspección de Policía del Corregimiento de Buenos Aires (El Peñón)
practicó la diligencia de inspección ocular a los predios Las Pavas,
Peñaloza y Si Dios Quiere.
39. El 9 de noviembre de 2012, el INCODER rindió informe de la
inspección143, dentro del procedimiento administrativo de extinción del
derecho de dominio agrario sobre los predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios
Quiere. La diligencia fue practicada por funcionarios de la Subgerencia de
Tierras Rurales, con acompañamiento de representantes de ASOCAB, de la
Defensoría del Pueblo, de organizaciones nacionales e internacionales, y con la
participación inicial del apoderado de la empresa Aportes San Isidro S.A.S.,
quien informó que la sociedad no participaría en el desarrollo de la inspección.
El informe precisó que los tres inmuebles conforman una unidad territorial
conocida como Isla Papayal, caracterizada por su vocación agropecuaria y por
la presencia histórica de comunidades campesinas dedicadas a la agricultura
tradicional y a la ganadería de subsistencia. Durante la diligencia, los
funcionarios verificaron que en los predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere
se desarrollaban actividades agrícolas y pecuarias por parte de campesinos
vinculados a ASOCAB, quienes practicaban una agricultura tradicional basada
en semillas obtenidas en la región y en el conocimiento ancestral de los
labriegos, sin recurrir a métodos tecnificados de fertilización, riego, manejo
postcosecha o control fitosanitario. Los cultivos observados –principalmente
yuca, maíz, arroz, plátano y ahuyama– constituían la base de la alimentación de
las familias campesinas, utilizadas tanto para el autoconsumo como para la
obtención de semillas destinadas a nuevas siembras. La producción, por su
escala y finalidad, se catalogó como agrícola de subsistencia y no de carácter
comercial.
En cuanto a la Hacienda Las Pavas, el informe advirtió la coexistencia de dos
formas de explotación económica: por una parte, la ejercida por los campesinos
de ASOCAB mediante cultivos rotativos y actividades pecuarias menores; y, por
otra, la desarrollada por la empresa Aportes San Isidro S.A.S., consistente en la
siembra de palma de aceite. Se determinó que aproximadamente el 22% del
área cultivada en palma correspondía a un cultivo con edad aproximada de 3,5
a 4 años, mientras que el 78% restante había sido sembrado durante el segundo
semestre de 2012, con material vegetal que permaneció cerca de dos años en
vivero. El estado de la plantación evidenciaba deficiencias en el manejo técnico,
presencia de malezas, síntomas de clorosis foliar y falta de mantenimiento
agronómico, además de ausencia de personal capacitado o profesional
141 Folios 1898-1904, tomo X de pruebas.
142 Folios 2276-2299, tomo X de pruebas.
143 Folios 2300-2399, tomo XII de pruebas.
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encargado de su supervisión. El informe resaltó que la única estructura
empresarial visible correspondía a la denominada Casa Mayoral, que servía
como centro de operaciones de la compañía, y que junto a ella se encontraba
un asentamiento campesino de ASOCAB, habitado de forma permanente por
algunas familias.
En contraste, en los predios Peñaloza y Si Dios Quiere no se registró explotación
económica atribuible a la empresa Aportes San Isidro S.A.S., ni construcciones,
infraestructura o cultivos de su propiedad. En ambos se constató actividad
agrícola y ganadera de subsistencia adelantada por los campesinos de
ASOCAB, quienes cultivaban pequeñas parcelas de entre 0,5 y 2 hectáreas, con
rotación de siembras y uso de áreas de pastos naturales para el pastoreo del
ganado en temporadas secas. Estas formas de explotación se ajustaban a las
condiciones ambientales de la región, afectada cíclicamente por sequías e
inundaciones en los terrenos más bajos. El informe también documentó que gran
parte del área inspeccionada había sido objeto de tala histórica, predominando
la vegetación secundaria o en regeneración natural, salvo en algunos sectores
boscosos como el denominado Toronto, en la Hacienda Las Pavas, donde
subsiste un bosque con una antigüedad superior a veinte años.
De igual modo, los testimonios recaudados de los campesinos de ASOCAB
permitieron reconstruir la historia de ocupación y aprovechamiento progresivo de
los terrenos, identificando las tres fincas como subdivisiones internas de una
unidad de explotación agropecuaria en evolución, con potreros, zonas de cultivo
y sectores en descanso según las épocas del año. En sus conclusiones, el
informe técnico señaló que: (i) los tres predios se encontraban en explotación
económica efectiva y continua, principalmente por los campesinos de ASOCAB;
(ii) la actividad de la empresa Aportes San Isidro S.A.S. se limitaba al cultivo de
palma de aceite en la Hacienda Las Pavas, el cual presentaba deficiencias
agronómicas y ausencia de manejo técnico adecuado; (iii) las áreas cultivadas
por los campesinos no mostraban abandono ni subutilización, sino un uso
acorde con las condiciones naturales y las limitaciones de inundabilidad del
terreno; (iv) las prácticas agrícolas observadas eran de subsistencia, sostenidas
en el conocimiento empírico, el trabajo familiar y la reutilización de semillas
locales; (v) la presencia simultánea de campesinos y personal de seguridad
privada generaba situaciones de tensión y restricción en el acceso a ciertas
zonas; y (vi) las condiciones verificadas no configuraban los supuestos legales
de extinción del derecho de dominio, toda vez que los inmuebles se encontraban
en explotación efectiva y permanente con fines agrícolas y pecuarios.
Por último, el informe incorporó registros fotográficos, planos, fichas técnicas y
testimonios de los participantes, y fue incorporado al expediente como prueba
técnica para la evaluación de la etapa probatoria del procedimiento
administrativo de extinción del derecho de dominio agrario.
40. La subgerente de Tierras Rurales del INCODER profirió la Resolución
núm. 2284 del 14 de noviembre de 2012144, por medio de la cual declaró
la extinción del derecho de dominio agrario sobre los predios Las Pavas,
Peñaloza y Si Dios Quiere, ubicados en jurisdicción de los municipios de
San Martín de Loba y El Peñón, departamento de Bolívar, a favor de la
144 Folios 2409-2504, tomo XIII de pruebas.
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Nación – Fondo Nacional Agrario. En sustento de su decisión, la autoridad
administrativa sostuvo que, conforme a las pruebas recaudadas dentro del
procedimiento —entre ellas el informe técnico de inspección ocular del 9 de
noviembre de 2012, los testimonios de los campesinos de ASOCAB y la
documentación catastral y registral—, se encontraba acreditado el
incumplimiento de la función social de la propiedad agraria prevista en los
artículos 58 y 64 de la Constitución Política, así como en los artículos 1º, 2º
y 3º del Decreto 2664 de 1994, por parte de la sociedad Aportes San Isidro
S.A.S., titular registral de los inmuebles.
El INCODER determinó que la empresa no mantenía una explotación
económica racional, permanente ni acorde con la vocación natural de los
suelos, pues la plantación de palma de aceite establecida en la Hacienda
Las Pavas presentaba deficiencias técnicas y agronómicas, ausencia de
mantenimiento y carencia de personal calificado para su manejo. En los
predios Peñaloza y Si Dios Quiere no se verificó actividad productiva alguna
atribuible a la empresa, ni evidencia de inversión o aprovechamiento
económico efectivo. Por el contrario, las pruebas obrantes en el expediente
demostraron que los campesinos de ASOCAB venían realizando una
explotación agrícola tradicional y de subsistencia, mediante cultivos de
yuca, maíz, plátano, ahuyama y arroz, así como cría de ganado menor, de
manera constante, estable y ajustada a las condiciones naturales del
terreno, lo que desvirtuaba la configuración de abandono o subutilización
desde la perspectiva campesina, pero evidenciaba el incumplimiento del
propietario en su deber constitucional de aprovechar racionalmente el
suelo.
En consecuencia, la decisión concluyó que los predios se encontraban en
causal de extinción del derecho de dominio agrario, al no acreditarse una
explotación económica directa, continua y conforme con su destino agrícola
por parte de la sociedad propietaria, conforme a los artículos 2º y 5º del
Decreto 2664 de 1994, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 160 de
1994. En su parte resolutiva, dispuso: (i) declarar la extinción del derecho
de dominio agrario a favor de la Nación – Fondo Nacional Agrario sobre los
predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere; (ii) ordenar la inscripción del
acto en los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes, cancelando el
derecho de propiedad de la sociedad Aportes San Isidro S.A.S.; (iii)
incorporar los terrenos al Fondo Nacional Agrario, con el fin de destinarlos
a programas de acceso a la tierra para campesinos sin tierra o con tierra
insuficiente; y (iv) notificar la decisión a las partes interesadas y remitir copia
a las autoridades competentes para su ejecución.
La autoridad agregó que el comportamiento de la sociedad propietaria
vulneraba la función social y ecológica de la propiedad agraria, dado que
los inmuebles permanecían subutilizados y sin un aprovechamiento
racional conforme a su vocación productiva. En consecuencia, declaró
procedente la extinción del dominio agrario, de conformidad con la Ley 160
de 1994, el Decreto 2664 de 1994 y los principios de la reforma agraria y el
ordenamiento social de la propiedad rural.
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41. El 23 de noviembre de 2012145 se fijó edicto a través del cual se notificó al
apoderado de ASI SAS de la Resolución núm. 2284 del 14 de noviembre de
2012.
42. La subgerente de Tierras Rurales del INCODER profirió la Resolución núm.
166 del 8 de febrero de 2013146, por medio de la cual resolvió el recurso de
reposición interpuesto por la sociedad Aportes San Isidro S.A.S. contra la
Resolución núm. 2284 del 14 de noviembre de 2012147, en el sentido de
confirmar en todas sus partes la decisión que declaró la extinción del derecho
de dominio agrario sobre los predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere,
ubicados en jurisdicción de los municipios de San Martín de Loba y El Peñón,
departamento de Bolívar.
Como fundamento de su postura la autoridad administrativa sostuvo, en síntesis,
que el análisis integral del expediente permitía concluir que la sociedad
recurrente no desvirtuó las conclusiones técnicas, jurídicas y fácticas que
sirvieron de fundamento a la declaratoria de extinción, contenidas en la
resolución recurrida. En particular, se constató que no se había acreditado una
explotación económica racional, permanente ni acorde con la vocación
agropecuaria de los suelos, conforme a lo dispuesto en los artículos 2° y 5° del
Decreto 2664 de 1994 y en el artículo 66 de la Ley 160 de 1994.
El INCODER reiteró que la plantación de palma de aceite establecida en el
predio Las Pavas presentaba deficiencias agronómicas, falta de mantenimiento,
ausencia de manejo técnico y carencia de personal profesional especializado,
circunstancias que demostraban una utilización ineficiente del terreno. Además,
respecto de los predios Peñaloza y Si Dios Quiere, la entidad concluyó que no
existía actividad productiva alguna atribuible a la sociedad propietaria, ni se
habían aportado pruebas que evidenciaran su aprovechamiento efectivo.
Por el contrario, las diligencias de inspección y las pruebas testimoniales
evidenciaron que la explotación económica efectiva y constante era realizada
por los campesinos de ASOCAB, quienes mantenían cultivos de pancoger y
ganadería menor orientados al sustento familiar, dentro de una forma de
producción ajustada a las condiciones ambientales de la región.
En virtud de lo anterior, la subgerencia de Tierras Rurales consideró
configurados los supuestos legales de extinción del derecho de dominio, al
demostrarse el incumplimiento por parte de la sociedad Aportes San Isidro
S.A.S. de la función social y ecológica de la propiedad agraria, así como la
ausencia de explotación racional, continua y conforme con la vocación del suelo.
En la parte resolutiva, dispuso: (i) confirmar en todas sus partes la Resolución
núm. 2284 del 14 de noviembre de 2012, mediante la cual se declaró la extinción
del derecho de dominio agrario sobre los predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios
Quiere; (ii) notificar la decisión a las partes interesadas; y
(iii) remitir copia del acto administrativo a las dependencias competentes para su
ejecución e inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes.
145 Folios 2403-2408 tomo XIII de pruebas.
146 Folios 2623-2647, tomo XIV de pruebas.
147 Recurso interpuesto por ASI SAS el 21 de febrero de 2012. Folios 2505 a 2622, tomos XIII y XIV de
pruebas.
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3.2.2. Solución del cargo conforme al análisis de los argumentos expuestos
3.2.2.1. El primer argumento planteado por la parte demandante —relacionado
con la falta de notificación al propietario sobre la práctica de la visita previa—
encuentra su contexto fáctico en las actuaciones adelantadas por el INCODER
durante el año 2006, en el marco del trámite de extinción de dominio agrario de
los predios denominados Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere, ubicados en los
municipios de El Peñón y San Martín de Loba, departamento de Bolívar.
En efecto, consta en el expediente que el 9 de junio de 2006 los representantes
de ASOCAB radicaron una solicitud de extinción de dominio sobre el inmueble
rural Las Pavas, argumentando su estado de abandono durante más de una
década148. Con fundamento en dicha petición, el jefe de la Oficina de Enlace
Territorial No. 2 del Grupo Técnico de Cartagena ordenó —mediante auto de
cúmplase— la práctica de una visita previa, comisionando a funcionarios para
verificar la identificación del predio, sus linderos, vías, servidumbres,
características físicas y, especialmente, el estado de explotación económica y
ocupación149.
La diligencia se llevó a cabo entre los días 20 y 23 de junio de 2006, y dio lugar a
la elaboración de un informe técnico en el que se constató que los tres predios —
Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere— pertenecían al mismo propietario, el señor
Emilio Escobar, y que eran aptos para adelantar programas de reforma agraria150.
Dicho informe detalló la existencia de actividades agropecuarias efectivas,
dirigidas y ejecutadas por campesinos pertenecientes a ASOCAB, quienes
declararon ocupar los terrenos desde hacía aproximadamente seis años.
En el caso del predio Las Pavas, los funcionarios identificaron la presencia de
cultivos de cacao, plátano y maíz, así como ganadería extensiva y cultivos de
pancoger, atendidos por 91 campesinos bajo una modalidad de administración
directa por parte de ASOCAB. En cuanto a los predios Peñaloza y Si Dios Quiere,
se reportó una situación similar, con áreas cultivadas en maíz, arroz, yuca y
plátano, sostenidas por comunidades campesinas, y un uso potencial para la
agricultura y ganadería. En todos los casos, la visita concluyó que los terrenos
presentaban condiciones favorables para el desarrollo de actividades agrícolas y
eran susceptibles de programas de redistribución agraria.
Bajo este contexto, el reproche relativo a la supuesta omisión en la notificación de
la visita previa carece de sustento jurídico, toda vez que un examen conjunto del
148 Folios 1-2, tomo I de pruebas.
149 Folios 67, tomo I de pruebas.
150 Folios 68-78, tomo I de pruebas.
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artículo 53.5 de la Ley 160 de 1994151 y del artículo 7 del Decreto 2665 de 1994152
permite concluir que dicha diligencia constituye una actuación meramente
preparatoria, de carácter indagatorio y no contradictorio, cuyo propósito exclusivo
es suministrar a la administración los elementos fácticos y técnicos necesarios
para decidir si existen méritos para iniciar formalmente el procedimiento
administrativo de extinción del derecho de dominio agrario.
En efecto, el artículo 53 de la Ley 160 de 1994 dispone que en el estatuto que
regule este procedimiento se incluirán “las disposiciones que se consideren
necesarias”, y entre ellas prevé expresamente que “en todos los procedimientos
administrativos de extinción del derecho de dominio deberá practicarse una
inspección ocular al predio intervenido por el Instituto”, así como la rendición de
dictámenes técnicos cuando sea necesario. No obstante, dicha disposición no
151 Ley 160 de 1994. “Artículo 53. En el estatuto que regule el procedimiento administrativo de extinción de
dominio, además de las disposiciones que se consideren necesarias, se incluirán las siguientes: (…) 5. En
todos los procedimientos administrativos de extinción del derecho de dominio deberá practicarse una
inspección ocular al predio intervenido por el Instituto. Cuando se trate de la causal prevista en la Ley 200 de
1936 y la presente Ley, los dictámenes serán rendidos por dos peritos que contrate el INCORA con personas
naturales o jurídicas legalmente autorizadas para ello, pero la práctica, elaboración y rendición del experticio
se someterá a las reglas establecidas en esta Ley y lo que disponga el decreto reglamentario.
Cuando la causa que origine el adelantamiento del proceso administrativo de extinción del dominio esté
relacionada con la violación de las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de
los recursos naturales renovables y las de preservación del ambiente, o las aplicables a las zonas de reserva
agrícola o forestal establecidas en los planes de desarrollo de los municipios, los experticios se rendirán por
dos funcionarios calificados del Ministerio del Medio Ambiente o de la Corporación Autónoma Regional con
jurisdicción en el municipio de ubicación del inmueble, conforme a las reglas y metodología que para tal efecto
señale el reglamento”.
152 Decreto 2665 de1994. “Artículo 7º. Información previa. Para adelantar el procedimiento administrativo de
extinción del derecho de dominio y dictar la resolución que inicie las diligencias respectivas, el Instituto deberá
obtener previamente una información sobre la propiedad, el estado de tenencia, de explotación o de
abandono en que se encuentre el predio. Para el efecto, podrá disponer:
a) La obtención de los documentos que permitan identificar física y jurídicamente el inmueble, tales como los
títulos de propiedad, los folios de matrícula inmobiliaria actualizados, certificados de catastro, planchas de
restitución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi o planos y fotografías aéreas elaboradas por el citado
Instituto, o conforme a las disposiciones legales y reglamentarias que lo rigen, y demás documentos que
faciliten aquel objetivo;
b) Requerir a los propietarios o poseedores para que suministren, complementen o aclaren la información a
que se refiere el literal anterior;
c) La práctica de una visita previa al inmueble, de la cual se dejará constancia en un acta, y las demás
diligencias que se consideren necesarias para confrontar los documentos que lo identifican con los linderos
físicos y, especialmente, para establecer sobre el terreno el estado de explotación económica y tenencia, el
cumplimiento de las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos
naturales renovables y las de preservación y restauración del ambiente, las aplicables a las zonas de reserva
agrícola o forestal establecidas en los planes de desarrollo de los municipios o distritos con más de 300.000
habitantes y la naturaleza de la explotación o utilización a que se está destinando el predio.
Las autoridades del Sistema Nacional Ambiental competentes, participarán en la visita previa de que trata el
presente literal, para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente relacionada con la
extinción del derecho de dominio.
En el evento de que en la visita previa se estableciere la causal señalada en el inciso 2º del artículo 52 de la
Ley 160 de 1994, el funcionario del Instituto dará inmediato aviso al fiscal competente.
Los propietarios, poseedores o quienes se encuentren en el predio, están obligados a prestar su colaboración
para que las visitas y diligencias ordenadas se cumplan. En el evento de que éstos se opongan u obstaculicen
en cualquier forma su realización, el Instituto podrá solicitar el concurso de la autoridad competente para
lograr el cumplimiento de sus funciones.
Los hechos y circunstancias halladas en la visita previa se tendrán en cuenta al momento de dictar la
resolución que culmine el procedimiento, siempre que hubieren sido controvertidas por el propietario durante
el trámite y se apreciarán conforme a lo establecido en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.
Parágrafo 1º. Los Registradores de Instrumentos Públicos están en la obligación de expedir gratuitamente y
a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la petición, los certificados de registro de la
propiedad rural que el Incora requiera para el desarrollo de sus programas de reforma agraria.
Parágrafo 2º. Si de las diligencias practicadas se estableciere que no se dan las condiciones para la iniciación
del procedimiento, el Instituto así lo declarará mediante auto motivado y ordenará el archivo de las
actuaciones”.
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
establece en ninguna parte la obligación de notificar o informar previamente al
propietario acerca de las diligencias previas o de verificación, sino únicamente
aquellas pruebas que se practican dentro del procedimiento formalmente iniciado.
La norma confiere a la autoridad agraria un margen de apreciación técnica para
determinar, con base en los resultados de esas verificaciones iniciales, si se
reúnen las condiciones legales para abrir el trámite administrativo o si, por el
contrario, procede el archivo de las actuaciones.
Por su parte, el artículo 7 del Decreto 2665 de 1994 —que reglamenta el artículo
53 ibidem— define expresamente el alcance de la información previa que el
Instituto debe recabar antes de dictar la resolución de inicio. En su tenor literal, la
norma establece que el INCODER “deberá obtener previamente una información
sobre la propiedad, el estado de tenencia, de explotación o de abandono en que
se encuentre el predio” y, para tal efecto, podrá disponer “la práctica de una visita
previa al inmueble, de la cual se dejará constancia en un acta”. Es evidente que
esta disposición atribuyó a la visita previa un carácter técnico e instrumental,
destinada a confrontar la información documental con la realidad física del predio
y a verificar el estado de explotación, conservación y cumplimiento de las normas
sobre uso racional de los recursos naturales y ambientales.
De manera adicional, el mismo precepto reglamentario dispone que “los hechos y
circunstancias halladas en la visita previa se tendrán en cuenta al momento de
dictar la resolución que culmine el procedimiento, siempre que hubieren sido
controvertidas por el propietario durante el trámite”. Esta previsión demuestra que
la posibilidad de contradicción no surge en la fase preliminar, sino una vez se ha
dado apertura formal al procedimiento, momento en el cual el propietario puede
controvertir las pruebas, solicitar otras y ejercer plenamente su derecho de
defensa. Por tanto, la diligencia de visita previa no produce efectos jurídicos
directos frente al particular, ni constituye una actuación que deba notificarse, en
tanto no crea, modifica ni extingue derechos, sino que se limita a recopilar
información técnica y objetiva para la decisión inicial de la administración.
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha consolidado esta interpretación de
tiempo atrás al precisar que, en la normatividad agraria, “no se estipuló una
obligación a cargo de la entidad directora del trámite que consistiera en informar
con anterioridad a los propietarios de los lotes acerca de la realización de las
averiguaciones previas relacionadas con su explotación agraria, deber este que
fue consagrado solo en relación con la inspección ocular y los dictámenes
periciales que eventualmente se practicaran por solicitud de los particulares
afectados con el trámite” 153. Esta distinción en el diseño normativo y en la función
de cada etapa del procedimiento obedece a una finalidad propia del trámite de
extinción del dominio agrario, encaminada a asegurar el cumplimiento efectivo de
la función social y ecológica de la propiedad rural y a prevenir que se mantengan
condiciones de inactividad o abandono que contraríen el interés colectivo.
En el mismo sentido, la misma jurisprudencia ha destacado que, “a la luz de dicha
teleología, es razonable que al propietario no se le advierta acerca de las
averiguaciones previas a la iniciación del trámite de extinción de dominio, en el
entendido de que con ello podrían propiciarse intentos de ocultar las verdaderas
153 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, subsección B, sentencia de 12 de diciembre de 2014, Exp.
36251.
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
circunstancias de explotación del predio, con lo que se estaría protegiendo una
situación que no debería tener amparo legal, como lo es el estado ocioso de un
inmueble rural”. Este razonamiento enfatiza que el procedimiento busca preservar
la veracidad y espontaneidad de la información recabada, evitando que un aviso
previo al propietario altere las condiciones efectivas del terreno o distorsione el
principio de objetividad que orienta la actuación administrativa.
A partir de este análisis normativo y jurisprudencial, se concluye que la visita
previa tiene naturaleza preparatoria, carácter técnico y función no contradictoria,
razón por la cual no exige notificación personal ni comporta vulneración del
derecho al debido proceso. Su práctica sin aviso previo no constituye irregularidad
alguna, sino que obedece a un diseño legislativo deliberado y constitucionalmente
legítimo, orientado a garantizar la eficacia de la gestión agraria del Estado y a
asegurar una constatación objetiva sobre el estado real de explotación del predio.
En consecuencia, la actuación del INCODER se ajustó plenamente a los
parámetros de la Ley 160 de 1994 y su decreto reglamentario. La visita previa
practicada, mediante la cual se verificó la situación fáctica de los predios Las
Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere, cumplió su función instrumental sin que la falta
de notificación pueda considerarse una irregularidad sustancial. En tal virtud, no
se evidencia vulneración del debido proceso ni existe fundamento jurídico para
invalidar los actos administrativos demandados con ocasión de este reproche.
3.2.2.2. El segundo reproche formulado por la parte demandante se orienta a
cuestionar la validez del procedimiento administrativo de extinción del derecho de
dominio agrario, al considerar que el INCODER vulneró la intangibilidad y ejecutoriedad
de la Resolución núm. 1473 del 11 de noviembre de 2008154, mediante la cual se ordenó
la apertura del trámite respecto de los predios denominados Las Pavas, Peñaloza y Si
Dios Quiere. Según la demandante, dicha actuación habría sido irregular por cuanto el
Instituto modificó de manera indebida un acto administrativo en firme.
De la revisión del expediente se advierte que la Resolución núm. 1473 de 2008 dispuso,
además del inicio formal del procedimiento, su inscripción en los folios de matrícula
inmobiliaria de los predios y su notificación “en forma personal al Agente del Ministerio
Público, al propietario del predio y a los titulares de otros derechos reales constituidos
sobre el inmueble”. Cabría entender, entonces, que dicha notificación debió dirigirse a
las sociedades Aportes San Isidro S.A.S. (ASI S.A.S.) y Tequendama S.A., en su
calidad de propietarias de los inmuebles al momento de la expedición del acto155.
No obstante, del análisis del contenido de la Resolución se desprende que el INCODER,
con base en la información registral y documental obrante en el expediente, identificó
como propietario de los predios a Jesús Emilio Escobar Fernández. En tal virtud, la
notificación se dirigió válidamente a quien figuraba como titular del derecho de dominio,
sin que ello afectara la validez del acto de apertura. Cabe precisar que, conforme a los
antecedentes administrativos, las sociedades ASI S.A.S. y Tequendama S.A. ya tenían
conocimiento de la actuación y se habían notificado del contenido de la resolución, por
lo que no se configuró indefensión ni irregularidad sustancial156.
154 Folios 82-87, tomo I de pruebas.
155 Folios 251 – 260 cuaderno de pruebas.
156 Folios 357, tomo III de pruebas.
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
Posteriormente, al resolver el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
núm. 1473 de 2008, el INCODER expidió la Resolución núm. 2266 del 5 de noviembre
de 2009157, en la cual aclaró expresamente que las mencionadas sociedades eran las
propietarias de los predios objeto del proceso. Dicha actuación no comportó una
modificación sustancial del acto inicial, sino una precisión de carácter declarativo,
encaminada a reflejar con exactitud la realidad jurídica de la titularidad del dominio. En
el mismo sentido, la Resolución núm. 1612 del 23 de junio de 2011 reiteró tal aclaración,
confirmando que ASI S.A.S. y Tequendama S.A. eran los propietarios de los inmuebles
sometidos al trámite158.
En consecuencia, la alegada vulneración del principio de intangibilidad del acto
administrativo carece de fundamento. Aun si se aceptara que el acto de inicio del
procedimiento de extinción de dominio hubiera generado una situación jurídica
consolidada —lo cual no ocurrió conforme a la jurisprudencia159—, no podría sostenerse
que la actuación del INCODER haya implicado una modificación sustancial o una
alteración de sus efectos. Las resoluciones posteriores se limitaron a precisar la
identidad de los propietarios, sin afectar la decisión de fondo ni los derechos
sustanciales involucrados.
En ese orden, la actuación del INCODER se enmarca en el principio de autotutela
administrativa, que faculta a la administración para interpretar y corregir sus propios
actos, con el fin de garantizar su coherencia y conformidad con la realidad jurídica. Esta
potestad, lejos de contrariar los principios de intangibilidad o ejecutoriedad, constituye
una expresión legítima de la función administrativa dirigida a preservar la legalidad y la
certeza del procedimiento. Por consiguiente, aun si se admitiera que la Resolución núm.
1473 de 2008 generó una situación jurídica particular, lo cierto es que las actuaciones
posteriores del INCODER no modificaron su esencia ni su contenido sustantivo. Se
limitaron a ajustar la identificación de los titulares del derecho de dominio, sin alterar los
fundamentos ni los efectos del acto de apertura del procedimiento.
Por tanto, no se configura desconocimiento alguno del principio de ejecutoriedad ni
violación de la seguridad jurídica. Las actuaciones del INCODER se desarrollaron
dentro del marco de sus competencias legales, preservando la validez del acto de inicio
del procedimiento de extinción de dominio agrario. En consecuencia, el cargo no está
llamado a prosperar.
3.2.2.3. El tercer argumento formulado por la parte demandante se dirige a
cuestionar la validez de la Resolución núm. 1612 del 23 de junio de 2011,
mediante la cual el INCODER reiteró que las sociedades ASI S.A.S. y
Tequendama S.A. eran las propietarias de los predios objeto del procedimiento de
extinción de dominio agrario160. Según la actora, dicho acto no fue debidamente
notificado a Tequendama S.A. y no podría entenderse surtida la notificación por
conducta concluyente a partir de la solicitud de revocatoria directa que esta última
presentó.
El fundamento del cargo se centra, por tanto, en una presunta irregularidad
procedimental relacionada con la notificación del acto administrativo. Sin
157 Folios 384-395, tomo III de pruebas.
158 Folios 991-996, tomo V de pruebas.
159 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 4 de agosto de 2021, Exps. 35563
y 34300.
160 Folios 991-996, tomo V de pruebas.
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embargo, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido constante al señalar que
la nulidad de un acto administrativo por expedición irregular solo procede cuando
se demuestra la existencia de una irregularidad de carácter grave, que afecte la
esencia del procedimiento y que, además, incida de manera real y efectiva en las
garantías del administrado o en los fines de la administración161. En palabras del
Consejo de Estado, esta causal requiere que la irregularidad “al incidir en la
decisión de fondo, haya repercutido de forma real y efectiva en las garantías del
administrado y de la propia administración”162. Ello implica que no toda deficiencia
formal es relevante para invalidar un acto, sino únicamente aquellas que tienen
incidencia sustancial en la decisión o que generan indefensión.
Del análisis del expediente se advierte que la Resolución núm. 1612 de 2011 no
introdujo cambios sustantivos respecto de la Resolución núm. 1473 del 11 de
noviembre de 2008, acto mediante el cual se inició el procedimiento de extinción
de dominio. Por el contrario, se limitó a reiterar que los predios Las Pavas,
Peñaloza y Si Dios Quiere eran de propiedad de las sociedades ASI S.A.S. y
Tequendama S.A., sin modificar los fundamentos ni los efectos del acto inicial. En
consecuencia, una eventual falta de notificación a Tequendama S.A. carece de
incidencia sustancial, pues el acto en cuestión no creó, modificó ni extinguió
derechos, ni afectó la situación jurídica preexistente de los titulares.
El expediente, además, acredita que ambas sociedades tuvieron conocimiento
efectivo del trámite y participaron activamente en este. Tequendama S.A. fue
notificada personalmente de la resolución que dio inicio al procedimiento de
extinción de dominio el 24 de marzo de 2009, circunstancia que le permitió ejercer
su derecho de defensa y contradicción desde la etapa inicial163. Por su parte, ASI
S.A.S. fue notificada personalmente de la Resolución núm. 1612 del 23 de junio
de 2011164 y presentó contra ella recurso de reposición, el cual fue resuelto
mediante la Resolución núm. 0124 del 3 de febrero de 2012165. Tales actuaciones
demuestran el conocimiento real de las decisiones administrativas y la efectiva
participación de las sociedades en el procedimiento, descartando cualquier
afectación al debido proceso.
Aun en el evento hipotético de haberse configurado un defecto en la notificación
formal, la jurisprudencia administrativa ha precisado que se entiende surtida la
notificación por conducta concluyente respecto de quien solicita la revocatoria
directa del acto administrativo166. Dicha interpretación se fundamenta en la lectura
armónica del artículo 48 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 320
del Código de Procedimiento Civil, conforme a los cuales basta con que el
161 En efecto, según el principio de trascendencia, “La nulidad no puede invocarse por el sólo interés de la
ley: es necesario que la irregularidad sustancial afecte garantías de los sujetos procesales, o socave las
bases fundamentales del juicio”. De otra parte, el principio de instrumentalidad de las formas, dice que no se
puede declarar la invalidez de un acto, cuando se cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, siempre
que no se viole el derecho a la defensa, de lo cual se puede concluir que no cualquier irregularidad puede
calificarse como violación al debido proceso, por ello la Corte Suprema de Justicia, define la nulidad como la
inidoneidad de un acto para cumplir su finalidad o la circunstancia de que el acto carezca de algún requisito
que le impida la finalidad a que está destinado». CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 17 de septiembre de 2018, Exp. 35363.
162 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 31 de enero de 2020, Exp. 44414.
En sentido análogo: sentencias de sentencias del 17 de septiembre de 2018 (Exp. 35363), del 29 de
noviembre de 2019 (Exp. 45068), y del 20 de abril de 2022 (Exp. 49561).
163 Folios 357, tomo III de pruebas.
164 Folios 1083, tomo VI de pruebas.
165 Folios 1297-1305, tomo VII de pruebas.
166 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 20 de mayo de 2009, Exp. 17167.
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interesado “manifieste que conoce determinada providencia o la mencione en el
escrito que lleve su firma” 167. En este sentido, la manifestación expresa o implícita
de haber tenido conocimiento del acto constituye una confesión espontánea en
los términos del artículo 194 del mismo estatuto procesal168, lo que convalida la
notificación por esta vía y evita la nulidad del acto.
A partir de lo anterior, no se advierte la configuración de una irregularidad
sustancial en la notificación de la Resolución núm. 1612 de 2011 ni una afectación
real de las garantías procesales de las sociedades involucradas. El acto no
modificó el fondo del procedimiento, las partes conocieron su contenido y
ejercieron los medios de defensa previstos en la ley, y, en todo caso, al margen
de cualquier discusión, la notificación se entiende surtida por conducta
concluyente. En consecuencia, el argumento carece de fundamento jurídico y no
está llamado a prosperar.
3.2.2.4. El cuarto argumento expuesto por la parte demandante, Aportes San
Isidro S.A.S. (ASI S.A.S.), se orienta a sostener que el acto administrativo de inicio
del procedimiento de extinción del dominio agrario habría decaído, en la medida
en que, al momento de su expedición, los predios objeto del trámite ya se
encontraban en explotación económica. El fundamento del reproche se centra, por
tanto, en la supuesta improcedencia del inicio del procedimiento por haberse
configurado, desde su origen, una causal que excluiría la posibilidad de declarar
la extinción del derecho de dominio.
No obstante, la Sala considera que tal planteamiento carece de asidero jurídico.
En efecto, no resulta válido afirmar que el acto que dispuso la apertura del
procedimiento de extinción del dominio agrario haya decaído por el hecho de que
los inmuebles ya estuvieran siendo explotados al momento de su expedición. El
marco normativo aplicable, contenido en los artículos 7º y 8º del Decreto 2665 de
1994169, prevé que, para dictar la resolución que ordene el inicio del trámite de
extinción del derecho de dominio, el Instituto debe contar con una información
previa sobre la propiedad y sobre el estado de tenencia, explotación o abandono
en que se encuentre el predio, a efectos de establecer la probabilidad de los
presupuestos fácticos que justifican el inicio del procedimiento. Dicho de otro
modo, en esta etapa preliminar no se exige la plena demostración de la causal de
extinción, sino tan solo la verificación razonable de indicios que permitan inferir su
existencia.
Por ello, la resolución que dispone la iniciación del procedimiento administrativo
no constituye un acto sancionatorio o declarativo del incumplimiento de la función
social de la propiedad, sino un acto de trámite cualificado, encaminado a habilitar
la investigación sobre la situación jurídica y material del inmueble. Solo una vez
surtidas las etapas probatoria y decisoria, y demostrada la configuración de los
presupuestos de hecho y de derecho, puede adoptarse una decisión definitiva que
167 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 19 de julio de 2007, Exp. 32682.
168 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 1998, Exp. 10495.
169 Decreto 2665 de1994. “Artículo 7º. Información previa. Para adelantar el procedimiento administrativo de
extinción del derecho de dominio y dictar la resolución que inicie las diligencias respectivas, el Instituto deberá
obtener previamente una información sobre la propiedad, el estado de tenencia, de explotación o de
abandono en que se encuentre el predio. […] Artículo 8º. Iniciación del procedimiento administrativo.
Establecida la existencia de los presupuestos de hecho y los de orden legal para adelantar el trámite de
extinción del derecho de dominio, el Gerente General del Instituto o su delegado expedirá la resolución
mediante la cual se ordenará su iniciación.
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declare la extinción del dominio y la reversión del bien al patrimonio de la Nación,
en los términos del artículo 63 de la Ley 160 de 1994170, según el cual los
inmuebles rurales sometidos a dicho procedimiento retornan al dominio estatal, en
cumplimiento del mandato del artículo 34 de la Constitución Política. En
consecuencia, la mera existencia de indicios de explotación económica del predio
al momento de dictarse la resolución de inicio no invalida el acto ni constituye
causal de decaimiento, pues tal apreciación corresponde únicamente al resultado
final del procedimiento, una vez agotada la verificación integral del cumplimiento
o incumplimiento de la función social de la propiedad.
De otra parte, la Sala recuerda que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la
Corte Constitucional171, la declaratoria de inexequibilidad de una norma produce
efectos ex nunc, esto es, únicamente hacia el futuro, en virtud de los principios de
seguridad jurídica y democrático, los cuales sustentan “la presunción de
constitucionalidad de las normas que integran el sistema jurídico”. Por su parte, el
artículo 45 de la Ley 270 de 1996 determina que las sentencias que profiera la
Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control, en los términos del
artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro, a menos que
la Corte disponga lo contrario172. A su vez, la jurisprudencia unificada de la
Corporación ha establecido que, tratándose de la nulidad de actos administrativos
de carácter general, sus efectos también se proyectan hacia el futuro173. Por tanto,
aunque el acto que dio inicio al procedimiento de extinción de dominio se haya
proferido con fundamento en la Ley 1152 de 2007, declarada inexequible
mediante sentencia C-175 de 2009, esta circunstancia no afecta su validez, razón
por la cual tampoco es jurídicamente admisible sostener que el acto hubiera
decaído.
En consonancia con lo anterior, la Sala reitera que la validez de los actos
administrativos debe juzgarse conforme al marco normativo vigente al momento
de su expedición, siempre que las disposiciones aplicables no hubieran sido
retiradas del ordenamiento. En consecuencia, no resulta reprochable que, al
resolver el recurso de reposición interpuesto por ASI S.A.S. contra la Resolución
núm. 1473 del 11 de noviembre de 2008174, el INCODER sustentara su decisión
en la Ley 1152 de 2007 y en su Decreto reglamentario 639 de 2008, normas que,
como también lo reconoció la parte actora en su escrito de impugnación, se
encontraban plenamente vigentes al momento en que fue proferido el acto
recurrido.
3.2.2.5. El quinto argumento formulado por la parte demandante se orienta a
cuestionar los efectos jurídicos de la notificación y del registro del acto
administrativo que dispuso la apertura del procedimiento de extinción del dominio
agrario sobre los predios Peñaloza, Las Pavas y Si Dios Quiere, así como las
170 LEY 160 DE 1994. “Articulo 63. Los inmuebles rurales que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de
la Constitución Política sean objeto de la declaratoria de extinción del derecho de dominio, revertirán al
dominio de la Nación, […]”.
171 Sentencias C-037 de 1996, C-280 de 2014, C-408 de 2017 y SU-037 de 2019, entre otras.
172 LEY 270 de 1996. “Artículo 45. Reglas sobre los efectos de las sentencias proferidas en desarrollo del
control judicial de constitucionalidad. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos
sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro
a menos que la Corte resuelva lo contrario”
173 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de mayo de 2017,
Rad. núm.: 11001-03-28-000-2016-00025-00 (IJ) Acumulado 11001-03-28-000-2016-00024-00
174 Folios 384 a 395, tomo III de pruebas.
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
consecuencias que ello genera respecto de su oponibilidad frente a terceros
adquirentes. El fundamento del cargo se centra, por tanto, en la alegación de que
la notificación de la Resolución núm. 1473 del 11 de noviembre de 2008, y su
posterior inscripción en el registro de instrumentos públicos, no produjeron efectos
frente a la sociedad demandante, toda vez que esta adquirió los predios con
anterioridad a la inscripción del acto en el folio de matrícula inmobiliaria.
Con el propósito de resolver este cargo, la Sala considera oportuno recordar que
el artículo 53 de la Ley 160 de 1994 dispuso que la resolución que ordena la
iniciación del procedimiento de extinción del derecho de dominio agrario debe
inscribirse en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente, a fin
de que “quien adquiera derechos reales a partir de este registro, asuma desde
entonces las diligencias en el estado en que se encuentren”. En igual sentido, el
artículo 8º del Decreto 2665 de 1994 estableció que “a partir del registro de la
resolución, las actuaciones administrativas que se adelanten producirán efectos
frente a terceros, y éstos asumirán las diligencias en el estado en que se
encuentren”.
De acuerdo con estas disposiciones, el proceso de extinción de dominio agrario
previsto en la Ley 160 de 1994 y en el Decreto 2665 de 1994 tiene por objeto
establecer si un predio rural está siendo explotado económicamente y, por tanto,
cumple la función social de la propiedad. La actividad económica que satisface
dicha función puede ser desarrollada directamente por el propietario o por un
tercero con quien este tenga un vínculo jurídico. De ahí que la demostración de la
explotación económica del predio —o de la imposibilidad de realizarla por fuerza
mayor o caso fortuito— recaiga sobre el propietario, conforme a lo dispuesto en el
artículo 53.4 de la Ley 160 de 1994175 y el artículo 12 del Decreto 2665 de 1994,
que le imponen la carga de la prueba dentro del procedimiento administrativo y,
en su caso, en sede contenciosa176.
Ahora bien, la existencia de un procedimiento de extinción del dominio agrario no
limita la facultad de disposición del propietario sobre el bien, pero sí introduce un
grado de incertidumbre jurídica respecto del derecho real, razón por la cual la
inscripción de la resolución de inicio en el registro inmobiliario tiene como finalidad
garantizar la publicidad del trámite y la protección de la buena fe de los eventuales
adquirentes177. De este modo, quien adquiera derechos reales sobre un inmueble
sometido a dicho procedimiento asume las diligencias en el estado en que se
encuentren, y las actuaciones administrativas devienen oponibles a partir de su
registro. Tal previsión no solo responde al principio de publicidad, sino que
salvaguarda el derecho de defensa del adquirente, quien, al conocer la existencia
175 “Artículo 53. En el estatuto que regule el procedimiento administrativo de extinción de dominio, además
de las disposiciones que se consideren necesarias, se incluirán las siguientes: […] 4. Tanto en las diligencias
administrativas de extinción del derecho de dominio como en los procesos judiciales de revisión, la carga de
la prueba corresponde al propietario”.
176 “Artículo 12. Carga de la prueba. En las diligencias administrativas de extinción del dominio que adelante
el Instituto y en los procesos judiciales que se sigan como consecuencia de las mismas, la carga de la prueba
sobre la explotación económica del predio, o el cumplimiento de las disposiciones sobre conservación,
mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, y las de preservación y restauración
del ambiente, así como las relacionadas con las zonas de reserva agrícola o forestal a que se refiere este
Decreto, o la inexistencia de la causal establecida en el inciso 2º del artículo 52 dela Ley 160 de 1994,
corresponde al propietario. || Incumbe igualmente al propietario probar la fuerza mayor o el caso fortuito
alegado”.
177 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. “Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumira en todas las gestiones que aquellos
adelanten ante estas”.
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
del procedimiento antes de perfeccionar la adquisición, puede preparar su
estrategia jurídica y allegar los medios probatorios pertinentes para acreditar la
explotación económica regular del inmueble o las circunstancias que la
impidieron178.
Por su parte, la jurisprudencia administrativa ha precisado de manera constante
que “la falta de notificación o la notificación irregular de los actos administrativos
[…] no constituye causal de nulidad de los mismos, pues dicha notificación se
erige en un requisito de eficacia, no de validez, del acto” 179. Ello implica que la
omisión o irregularidad en la notificación no afecta la existencia ni la validez
jurídica del acto, sino únicamente la posibilidad de su ejecución. Así, un acto válido
puede carecer de eficacia hasta tanto se notifique debidamente, pero no pierde su
validez por la ausencia o defectuosidad de esa actuación procedimental. En este
orden, la vinculación del propietario de los predios objeto del procedimiento de
extinción de dominio agrario produce efectos únicamente frente a este una vez le
sea notificado el acto de inicio, mientras que frente a terceros adquirentes tales
efectos se generan a partir de su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria
correspondiente.
En el presente asunto, la Resolución núm. 1473 del 11 de noviembre de 2008180,
mediante la cual se dispuso la apertura del procedimiento de extinción de dominio
agrario de los predios Peñaloza, Las Pavas y Si Dios Quiere, fue registrada el 27
de noviembre de 2009181, esto es, con posterioridad a la adquisición de dichos
inmuebles por parte de ASI S.A.S., ocurrida el 10 de marzo de 2007 182. En
consecuencia, las actuaciones surtidas con anterioridad —particularmente la visita
previa ordenada el 9 de julio de 2006 y practicada entre el 20 y el 23 de julio del
mismo año183— no son oponibles a la sociedad demandante, la cual no puede ser
afectada por la eventual falta de explotación en que hubiera incurrido el anterior
propietario.
Ahora bien, al interponer el recurso de reposición contra la Resolución núm. 1473
del 11 de noviembre de 2008184, mediante la cual se ordenó el inicio del
procedimiento de extinción del dominio agrario, la sociedad Aportes San Isidro
S.A.S. (ASI S.A.S.) manifestó de manera inequívoca su conocimiento del
contenido y alcance del acto, con lo cual se configuró una notificación por
conducta concluyente, en los términos del artículo 48 del Código Contencioso
Administrativo —norma vigente para la época de los hechos—. Esta disposición
prevé que la notificación se entiende surtida cuando el interesado realiza
actuaciones que revelan de manera cierta y consciente su conocimiento del acto
administrativo, aun cuando no se haya cumplido la formalidad de la notificación
personal o por edicto185.
178 DECRETO 1250 DE 1970. “Artículo 46. Por regla general ningún título sujeto a registro o inscripción surtirá
efectos respecto de terceros, sino desde la fecha del registro o inscripción”.
179 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 26 de septiembre de 1996, exp. 2431.
180 Folios 82-87, tomo I de pruebas.
181 Folios 253 y 255 a 262, cuaderno 1.
182 Folio 251-260 cuaderno de pruebas
183 Folios 68-78, tomo I de pruebas.
184 Folios 82-87, tomo I de pruebas.
185 CCA. “Artículo 48. Falta de irregularidad de las notificaciones. Sin el lleno de los anteriores requisitos no
se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada,
dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales. [.…]”.
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
En el caso concreto, la presentación del recurso de reposición el 9 de febrero de
2009186 constituye un acto procesal inequívoco que demuestra que ASI S.A.S.
tuvo conocimiento efectivo del acto administrativo de inicio y ejerció frente a este
su derecho de contradicción. A partir de dicha fecha, la notificación se tuvo por
surtida válidamente, y el acto adquirió firmeza y ejecutividad, conforme a los
artículos 48 y 62 del Código Contencioso Administrativo, que regulan los efectos
de la notificación y la obligatoriedad de los actos administrativos una vez
notificados o comunicados.
En consecuencia, carece de sustento cualquier alegación relativa a una supuesta
irregularidad en la notificación, toda vez que el propósito esencial de esta figura
—garantizar el conocimiento del acto y la posibilidad de ejercer los medios de
defensa— se cumplió plenamente. La doctrina187 y la jurisprudencia
administrativa188 han sido constantes en afirmar de tiempo atrás que las
irregularidades meramente formales en la notificación carecen de entidad
invalidante cuando el administrado ha ejercido efectivamente su derecho de
defensa, pues en tal caso se entiende satisfecha la finalidad de la notificación y
se preserva la validez del acto.
Por consiguiente, con la interposición del recurso de reposición, el acto
administrativo de inicio adquirió plena eficacia frente a ASI S.A.S., habilitando la
continuidad del procedimiento de extinción del dominio agrario y la producción de
efectos jurídicos vinculantes respecto de la sociedad recurrente. De ahí que las
actuaciones administrativas subsiguientes, incluido el trámite probatorio y la
práctica de la inspección ocular, se desarrollaran válidamente y produzcan efectos
plenos frente a ASI S.A.S., al haber quedado en firme y ejecutable la decisión
inicial en virtud de su notificación por conducta concluyente.
3.2.2.6. El sexto planteamiento formulado por la parte demandante refiere que
las resoluciones mediante las cuales el INCODER declaró la extinción del derecho de
dominio agrario sobre los predios Peñaloza, Las Pavas y Si Dios Quiere adolecen de
nulidad, por cuanto en su formación se habrían tenido en cuenta actuaciones surtidas
con anterioridad a la notificación del acto que ordenó el inicio del procedimiento, en
particular la visita previa practicada en el año 2006, cuando los inmuebles aún no
pertenecían a la sociedad Aportes San Isidro S.A.S. (ASI S.A.S.), y, por tanto, tales
diligencias le resultarían inoponibles.
Para resolver este punto de la controversia, la Sala recuerda que, de acuerdo con el
artículo 52 de la Ley 160 de 1994, procede “la extinción del derecho de dominio o
propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la
forma establecida en el artículo primero de la Ley 200 de 1936, durante tres (3) años
continuos, salvo fuerza mayor o caso fortuito”; posesión que “consiste en la explotación
económica del suelo por medio de hechos positivos propios de dueño, como las
plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados y otros de igual significación
económica”, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 200 de 1936189. Agregó, por demás,
la Ley 160 de 1994, en su artículo 58, que “[p]ara efectos de lo establecido en el artículo
186 Folios 164-171, tomo II de pruebas.
187 BERROCAL GUERRERO, Luis Enrique. “Manual del Acto Administrativo: según la ley, la jurisprudencia y
la doctrina”. Librería Ediciones del Profesional Ltda., Bogotá, 2016, pág. 274.
188 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 3 de noviembre de 2016. Exp. 13001-23-31-000-2001-
02-023-01.
189 Modificado por el artículo 2 de la Ley 4 de 1973.
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1o. de la Ley 200 de 1936, se considera que hay explotación económicamente cuando
ésta se realiza de una manera regular y estable”, entendiendo como “regular y estable
la explotación que al momento de la práctica de la Inspección Ocular tenga más de un
(1) año de iniciada y se haya mantenido sin interrupción injustificada, siendo de cargo
del propietario la demostración de tales circunstancias”.
A su vez, el artículo 57 de la Ley 160 de 1994 prevé que, “[p]ara todos los efectos legales
se considerará que no están cobijadas por la regla sobre extinción del dominio, las
extensiones que dentro del año inmediatamente anterior a la fecha en que se practique
la inspección ocular, conforme al artículo 53 de esta Ley, se encontraban
económicamente explotadas de acuerdo con las disposiciones de la Ley 200 de 1936
y de la presente Ley” (Se destaca); y añadió que la inspección judicial que se adelante
en vía contenciosa y el dictamen que en esta se elabore, tienen por objeto verificar si
las explotaciones que se encuentran, “son anteriores o por el contrario posteriores al
momento de la inspección ocular que se practicó dentro de las diligencias
administrativas de extinción del dominio adelantadas por el Instituto”.
De conformidad con las normas reseñadas, el plazo trienal de no explotación
económica de los predios rurales, que constituye el supuesto de hecho habilitante para
la declaratoria de extinción del derecho de dominio agrario, debe contabilizarse a partir
del momento en que se practica la diligencia de inspección ocular dentro del
procedimiento administrativo. Esta diligencia, prevista en el artículo 53.4 de la Ley 160
de 1994 y desarrollada en los artículos 14 a 18 del Decreto 2665 de 1994, constituye el
medio técnico y directo de constatación del estado material de explotación, tenencia o
abandono del inmueble, y es el punto de referencia a partir del cual se determina la
existencia o no de la explotación económica regular y estable del suelo.
La inspección ocular no es una actuación meramente formal o incidental, sino una
actuación probatoria esencial del procedimiento, en tanto permite establecer, con base
en observaciones técnicas, si el predio cumple o ha dejado de cumplir la función social
de la propiedad, que exige su explotación económica conforme al artículo 1º de la Ley
200 de 1936 y al artículo 52 de la Ley 160 de 1994. Según estas disposiciones, la
posesión agraria —entendida como manifestación de dicha función social— se
configura mediante hechos positivos propios del dominio, tales como la siembra, las
plantaciones, la ocupación con ganados o actividades de similar significación
económica.
A su vez, el artículo 58 de la Ley 160 de 1994 precisa que solo existe explotación
económica relevante cuando esta se realiza de manera regular y estable, lo que implica
una actividad continua durante un periodo superior a un año y mantenida sin
interrupciones injustificadas. Correlativamente, el artículo 57 ibidem dispone que no
están cobijadas por la regla de extinción del dominio las extensiones que, dentro del
año inmediatamente anterior a la práctica de la inspección ocular, se encontraban
efectivamente explotadas conforme a las disposiciones de la Ley 200 de 1936 y de la
propia Ley 160. En consecuencia, la verificación de si la explotación acreditada es
anterior o posterior al momento de la inspección constituye un elemento determinante
para establecer la continuidad o la ruptura del uso económico del bien.
Así las cosas, la diligencia de inspección ocular cumple una doble finalidad: (i) sirve
como hito temporal de referencia para el cómputo del período trienal de no explotación,
y (ii) constituye el medio probatorio principal para definir, con respaldo técnico, la
existencia, regularidad y estabilidad de la explotación del predio. La carga de acreditar
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dichas condiciones corresponde al propietario, conforme al artículo 12 del Decreto 2665
de 1994, quien debe demostrar que la interrupción en la explotación —si la hubiere—
obedeció a causas de fuerza mayor o caso fortuito, únicas excepciones que impiden la
configuración de la causal extintiva.
En este contexto, el acto administrativo que declara la extinción del dominio agrario solo
puede adoptarse válidamente una vez verificada, mediante la inspección ocular y su
dictamen técnico correspondiente, la falta de explotación económica del inmueble por
un periodo continuo de tres años contados desde el momento de dicha constatación.
Ello garantiza que la decisión se funde en pruebas objetivas, obtenidas conforme al
procedimiento legalmente establecido, y preserva la seguridad jurídica tanto de los
titulares del derecho de propiedad como del Estado, en su condición de titular originario
del dominio.
En el presente asunto, la extinción del dominio agrario de los predios Peñaloza, Las
Pavas y Si Dios Quiere, fue declarada con la Resolución núm. 2284 de 14 de noviembre
de 2012190, al considerar, en síntesis, lo siguiente:
Que la función social de los predios agrarios, establecida en los artículos 52 y 58
de la Ley 160 de 1994, había sido incumplida desde 1997, cuando su entonces
propietario los abandonó, dando paso así a la ocupación de campesinos desde el
año siguiente, quienes los explotaron hasta octubre de 2003, cuando fueron
amenazados por hombres armados, lo cual se verificó en la visita realizada en
2006, cuando, “habiéndose normalizado las condiciones de la zona”, los
campesinos de ASOCAB reiniciaron la explotación del predio. En el 2007, el
anterior propietario vendió los predios a ASI SAS y Tequendama SA, quienes, en
2009, fueron expulsados con lanzamiento ordenado en un procedimiento de
amparo policivo.
En todo caso, agregó, los hechos anteriores a la inscripción del procedimiento en
el registro si le son oponibles a los actuales propietarios, “independientemente de
que se hubiera proferido la resolución de inicio o la misma se hubiese inscrito
después de la compraventa del predio, pues el cumplimiento de la función social
de la propiedad es una condición que, al igual que la posesión, se da de facto,
independientemente de quién sea su propietario”, siendo tal posesión, no las
inscripciones en el registro, con la que se realiza la función social de la propiedad.
Agregó que la notificación de la resolución de inicio del procedimiento de extinción
de dominio agrario y su registro no constituyen medidas cautelares, sino
meramente publicitarias frente a “terceros participantes”, pues dicho acto no saca
al bien del comercio.
Sostuvo, además, que no se había cumplido la función social de la propiedad del
predio Peñaloza, en el que:
“[…] se ha dado una inexplotación desde el año 1998, lo cual se pudo verificar en
la inspección ocular en la que se señaló lo siguiente:
“En el recorrido realizado por el predio ‘Peñaloza’ no se observó ningún tipo de
explotación económica ejercida por la empresa Aportes San Isidro S.A.S.,
mientras que en algunos sectores se observaron algunas áreas con cultivos
transitorios establecidas por integrantes de ASOCAB. […] En el recorrido realizado
190 Folios 2409-2504, tomo XIII de pruebas.
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
se observaron pequeñas áreas dedicadas a la ganadería por lo general en zonas
cubiertas de rastrojo bajo. Se observó áreas en pastos naturales”.
En ese orden, según se puede leer en el informe técnico de la inspección ocular,
observa que el 40% del predio está cubierto de rastrojos medio y alto, el 8% del
predio se encuentra cultivado por campesinos de ASOCAB, el 47% en bosque
secundario y el 5% en pastos naturales, sin que se observe ninguna explotación
por parte del propietario.
Así las cosas, de los datos obtenidos, se puede verificar, sin lugar a dudas que
respecto del predio Peñaloza, se predican las condiciones de incumplimiento de
la función social de la propiedad, pues en el mismo no se ha ejercido, en un
período superior a tres años, por parte del propietario la posesión a través de
explotación regular y estable, en los términos señalados en la Ley 160 de 1994”
(subrayado añadido).
En este mismo sentido, señaló que no se había cumplido la función social de la
propiedad del predio Si Dios Quiere, pues:
“En este predio se verificó que se ha dado un incumplimiento desde el año de
1998, fecha en la que los campesinos ingresaron a algunas porciones del predio
para explotarlo a través de cultivos de pan coger; este predio fue adquirido por un
nuevo propietario desde el 10 de marzo de 2007 y desde cuando ha tenido la
posibilidad de explotarlo, sin mayor incidencia por parte de los campesinos púes
los mismos incluso fueron expulsados del predio y solo iniciaron retorno al mismo
hasta después del mes de abril de 2011, fecha en la que la Corte Constitucional
los avaló como poseedores del predio y determinó que no podían ser expulsados.
No obstante lo anterior, en la inspección ocular, se pudo verificar lo siguiente:
“En el recorrido realizado por el predio ‘Si Dios Quiere’ no se observó ningún tipo
de explotación económica ejercida por la empresa Aportes San Isidro, mientas
que en algunos sectores se observaron algunas áreas en preparación y con
cultivos transitorios establecidas [sic] por integrantes de ASOCAB. También existe
un área en bosque secundario o bosque de regeneración así como estratos
arbustivos de porte mediano y bajo; […]. No se observaron áreas dedicadas a la
ganadería o áreas de pastos tanto naturales como mejorados […]”.
Según se puede leer en el informe técnico de la inspección ocular, se observa que
el 78% del predio está cubierto de rastrojos medio y alto, el 2% del predio se
encuentra cultivado por campesinos de ASOCAB y el 20% en bosque secundario
de recuperación, sin que se observe ningún tipo de explotación por parte del
propietario.
Así las cosas, de los datos obtenidos, se puede verificar, sin lugar a dudas que
respecto del predio Si Dios Quiere, se predican las condiciones de incumplimiento
de la función social de la propiedad, pues en el mismo no se ha ejercido, en un
período superior a tres años, por parte del propietario la posesión a través de
explotación regular y estable, en los términos señalados en la Ley 160 de 1994”
(subrayado añadido).
Destacó, igualmente, que tampoco se había cumplido la función social del predio
Las Pavas, ya que:
“En este predio se verificó que se ha dado un incumplimiento desde el año de
1998, fecha en la que los campesinos ingresaron a algunas porciones del predio
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
para explotarlo a través de cultivos de pan coger; este predio fue adquirido por un
nuevo propietario desde el 10 de marzo de 2007 y desde cuando ha tenido la
posibilidad de explotarlo, sin mayor incidencia por parte de los campesinos púes
los mismos incluso fueron expulsados del predio y solo iniciaron retorno al mismo
hasta después del mes de abril de 2011, fecha en la que la Corte Constitucional
los avaló como poseedores del predio y determinó que no podían ser expulsados.
Pues bien, en el caso de este predio se observó lo siguiente en la inspección
ocular.
“(…) se observó un terreno en preparación con un área aproximada de 3 Ha, para
cultivar tomate y cebolla por parte de un grupo de campesinos quienes afirmaron
que estaban desarrollando un proyecto asociativo con la empresa Aportes San
Isidro S.A.S., la cual corresponde al área en la que se ubica el vivero de la palma,
cuya extensión en total abarca 5 Has. Además existen ocupantes campesinos de
ASOCAB, quienes han venido estableciendo cultivo semipermanentes y
transitorios en ese predio durante períodos ininterrumpidos.
En la plantación de palma de aceite se observó un área aproximada de 58 HA la
cual presenta una edad aproximada entre 3.5 y 4 años por las características
físicas observada; esta plantación presenta deficiencias en su desarrollo debido a
la falta de labores culturales (mantenimiento) y a que tampoco posee una red de
drenajes que permita evacuar los excesos de agua en las temporadas invernales.
En esta área del cultivo se observó que la palma está invadida de malezas de hoja
angosta (gramíneas naturales), tanto en las calles como en los platos de la palma,
lo que puede originar problemas fitosanitarios en la plantación. Además se
observa clorosis (amarillamiento) en las hojas de la palma lo que puede indicar
deficiencias en la fertilización, así como la poca producción de racimos.
Existe otra área aproximada de 200 Ha, cultivada en palma de aceite, la cual fue
sembrada en el segundo semestre de 2012, esta plantación se realizó con un
material vegetal que la mayor parte permaneció en vivero durante más de dos (2)
años, lo cual hace que esta palma no vaya a tener un adecuado desarrollo por el
tiempo que duró en vivero y bajo unas condiciones no adecuadas.
Esto se debe a que ‘la palma está en condiciones de ser sembrada en el sitio
definitivo cuando cumple los ocho meses de edad en el vivero, sin embargo es
usual hacer la siembra cuando cumplen entre 10 y 14 meses. Cuando se hace la
siembra con plántulas de 8 a 10 meses de edad sufren menos estrés y tienen un
mejor desarrollo. La edad de 10 a 14 meses se debe preferir solamente cuando
hay riesgo de daños por plagas o enfermedades u otra causa que lo justifique.
Antes de la siembra se verifica la calidad de las palmas y para ello, se hace una
inspección en el sitio desde donde se hace el despacho de plántulas para las áreas
de siembra’191.
La siembra de esta palma (2012) se realizó en un área donde la cobertura es de
pastos naturales y que era utilizada en las temporadas de verano por campesinos
de ASOCAB para manejar ganadería extensiva. En esta área se observan algunas
plantas de palma de aceite con edad aproximada de 3 años, la cual es un material
que sobrevivió a una inundación que afectó el predio en la temporada invernal
2010 y que prácticamente acabó con toda la plantación en este sector. La palma
que sobrevivió a la inundación de 2010 no se manejó adecuadamente pues se
observa atrasos en su desarrollo, debido al inadecuado manejo de excesos de
agua y deficiencias en su desarrollo, posiblemente por falencias en la fertilización
«191 Arias et al (2009). Principios agronómicos para el establecimiento de una plantación de palma de aceite.
Cenipalma».
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
y labores culturales.
Esta palma (siembra 2012) no ha recibido un adecuado mantenimiento (labores
cultuales), lo cual se evidencia en el hecho de que está totalmente invadida de
malezas, tanto así, que en algunos sectores la palma no es visible a cierta
distancia. Esta falta de mantenimiento y la siembra tardía del vegetal origina un
desarrollo no óptimo para este tipo de cultivos y su proyección en cuanto a
producción y rendimiento.
En el recorrido realizado no se observó ningún tipo de explotación pecuaria por
parte de la empresa Aporta San Isidro S.A.S., no hay arovechamiento de los
pastos naturales, así como tampoco se observa el establecimiento de potreros con
pastos mejorados (…)”.
En este punto es preciso surtir un análisis de explotación, el artículo 58 de la Ley
160 de 1994, señala que en todo caso “(…) Es regular y estable la explotación que
al momento de la práctica de la Inspección Ocular tenga más de un año de iniciada
y se haya mantenido sin interrupción justificada, siendo de cargo del propietario la
demostración de tales circunstancias”.
En ese orden se observan las siguientes explotaciones:
Una de 58 Has que están sembradas en palma aceitera, cuya edad oscila entre
los 3.5 y 4 años de edad; así mismo se observa una plantación de palma en un
área de 200 Ha., de data del mes de junio del año en curso. No obstante, dicha
explotación no puede entenderse como regular y estable […], pues la palma cuya
edad 3.5 a 4 años se encuentra abandonada […] Otra que comprende un área de
200 Ha. que data del mes de junio del año en curso, respecto de la cual además
de que data de hace menos de un año, en relación con la visita de inspección
ocular se observa abandono […] De este modo en relación con esta área de palma
tampoco se puede predicar el cumplimiento de la función social, pues no tiene
más de un año de iniciada en relación con la fecha de inspección ocular.
Otra área, correspondiente a: “(…) un terreno en preparación con un área
aproximada de 3 HA, para cultivar tomate y cebolla por parte de un grupo de
campesinos quienes afirmaron que estaban desarrollando un proyecto asociativo
con la empresa Aportes San Isidro S.A.S. (…)” en relación con este terreno,
tenemos que no cuenta con los requisitos de explotación superior a un año en
relación con la visita de inspección ocular, por lo que tampoco se puede considerar
como regular y estable.
En lo que respecta al resto del predio, el informe técnico indica que el 38.5% del
predio se encuentra con rastrojos altos y medios, el 20% de pastos naturales y
solo el 0.8% por parte de campesinos de ASOCAB.
De la información obtenida se puede concluir que en el predio denominado como
Pava, se predica el incumplimiento de la función social de la propiedad, toda vez
que en el mismo no se ha ejercido, en un período superior a tres años, por parte
del propietario la posesión a través de explotación regular y estable, en los
términos señalados en la Ley 160 de1994”.
Por último, en la decisión fueron consignadas unas consideraciones adicionales,
con el fin de “dejar constancia de la información que se le ha allegado, relativa a
la existencia de un conflicto existente [sic] en la comunidad de Buenos Aires, del
cual encontró evidencias en la visita técnica realizada”.
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De otra parte, la extinción de dominio de los predios Peñaloza, Las Pavas y Si
Dios Quiere fue confirmada íntegramente, en reposición, con la Resolución núm.
0166 de 8 de febrero de 2013192, al considerar, en síntesis, lo siguiente:
Que las pruebas con las cuales se acreditó el incumplimiento de la función social de la
propiedad de los predios son idóneas, por la conducencia, pertinencia y utilidad que de
ellas puede predicarse, las cuales fueron, además, debidamente practicadas, conforme
a los artículos 13 a 17 del Decreto 2665 de 1994. Agregó que fueron allegadas pruebas,
como el convenio suscrito entre ASOCAB y UMATA para el desarrollo de actividades
agrícolas en los predios en cuestión, y la constancia de aprobación de un crédito
bancario, “con el que inició la ejecución de un proyecto cacaotero, sin que le fuese
posible su implementación a causa de los hechos acaecidos con el desalojo, en tal
sentido todos estos elementos, son idóneos porque a partir de los mismos se arriba a
la conclusión dada en el fallo [sic] que se discute”.
Sostuvo que, con base en los títulos de propiedad, los folios de matrícula inmobiliaria
actualizados, planchas de restitución, planos del IGAC y la visita al predio realizada en
2006, la Administración resolvió iniciar el procedimiento administrativo, en el que se
acreditó que los predios no fueron explotados por un período superior a los tres (3) años,
de acuerdo con el artículo 53 de la Ley 160 de 1994. Agregó, además, que la práctica
de la visita previa no tenía que ser comunicada al entonces propietario de los inmuebles,
Jesús Emilio Escobar Fernández, y en ella fueron identificados los predios que
componían la finca denominada Las Pavas, conforme al artículo 8 del Decreto 2665 de
1994.
Señaló que, si bien la recurrente argumentó haber acreditado que los miembros de
ASOCAB no eran víctimas del desplazamiento, con un auto inhibitorio proferido por la
Fiscalía Quinta Especializada de Cartagena, “[…] el hecho determinante de la
ocurrencia de la extinción del derecho de dominio, consiste en la ausencia de
explotación ejercida por parte del titular del dominio por un término superior a (3) años,
pues en la explotación continua de los predios rurales, se concreta el cumplimiento de
la Función Social. Que tal como se había mencionado antes, la extinción del derecho
del dominio privado, establecida en la Ley 160 de 1994, opera por la concurrencia de
una inexplotación del propietario del bien inmueble rural, independientemente de que
respecto de dicho predio se ejerza explotación u ocupación por parte de un tercero o
que el mismo se encuentre desocupado. En este sentido, la condición de
desplazamiento de las personas que ocupan el predio no constituye, el fundamento de
la extinción del derecho de dominio”.
Además, la condición de desplazados de los miembros de ASOCAB fue tomada en
consideración, en la sentencia T-267 de 2011, únicamente para “vincular la obligación
que tiene el Estado colombiano de acudir a la garantía de los derechos de la población
vulnerable”, pero esta no fue la razón en la que se fundó su decisión. Por lo tanto, aun
cuando lo resuelto por la Fiscalía Quinta Especializada de Cartagena desvirtuara la
condición de desplazados de los miembros de ASOCAB, ello no incidiría en la decisión
del INCODER, la cual se fundó en la no explotación de los predios.
Destacó que, si bien no es posible modificar situaciones jurídicas o derechos
debidamente reconocidos, estos se constituyen únicamente con actos administrativos
definitivos, como los que resuelven sobre la extinción de dominio agrario, pero no ocurre
192 Folios 2623-2647, tomo XIV de pruebas.
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
lo mismo con los actos de trámite o preparatorios, como aquellos cuya intangibilidad
esgrimía la sociedad recurrente, con los que fueron vinculados al proceso ASI SAS y
Tequendama SA, a las que el anterior propietario había transferido el derecho de
dominio.
Pues bien, de las consideraciones expuestas en precedencia —que sirvieron de
fundamento a la decisión mediante la cual el INCODER declaró la extinción del dominio
agrario— se desprende que la entidad, a manera de contexto fáctico, señaló que la
función social de la propiedad había sido incumplida desde el año 1998, cuando los
predios denominados Peñaloza, Las Pavas y Si Dios Quiere aún no pertenecían a la
sociedad Aportes San Isidro S.A.S. (ASI S.A.S.) ni a Tequendama S.A. En esa misma
línea, la entidad sostuvo —aunque de forma imprecisa— que las actuaciones surtidas
antes de la inscripción del acto inicial en el registro de instrumentos públicos eran
oponibles a ASI S.A.S., afirmación que, a la luz del ordenamiento jurídico, carece de
sustento, pues, conforme a los artículos 53 de la Ley 160 de 1994 y 8º del Decreto 2665
de 1994, las actuaciones del procedimiento de extinción del dominio solo producen
efectos frente a terceros desde el momento en que el acto de inicio se inscribe en el
respectivo folio de matrícula inmobiliaria.
No obstante, un análisis detenido del contenido y motivación de las resoluciones que
declararon la extinción del dominio le permite a la Sala concluir que la decisión
administrativa no se basó en los hechos consignados en la visita previa practicada en
el año 2006, diligencia que, como se explicó, no resulta oponible a la sociedad
demandante, por haberse adelantado antes de la adquisición de los predios y de la
inscripción del acto de inicio. Tampoco tuvo relevancia determinante la eventual falta de
explotación económica de los predios con anterioridad a su adquisición, ya que la
decisión extintiva se sustentó, de manera expresa, en los hechos verificados en la
inspección ocular practicada entre el 10 y el 17 de octubre de 2012193, diligencia
realizada más de tres (3) años después de la fecha de adquisición de los inmuebles por
ASI S.A.S. (10 de marzo de 2007)194 e incluso más de tres (3) años después de la
notificación por conducta concluyente del acto de inicio (9 de febrero de 2009)195.
De este modo, el INCODER fundamentó la declaratoria de extinción del dominio agrario
en la falta de explotación económica regular y continua durante los tres (3) años
anteriores a la referida inspección ocular, en los términos previstos por los artículos 52,
57 y 58 de la Ley 160 de 1994, que desarrollan el contenido del artículo 34 de la
Constitución Política, conforme al cual la propiedad no puede ser ejercida en contravía
de su función social y ecológica. En particular, el artículo 52 prevé la pérdida del dominio
sobre los predios rurales cuando el propietario deja de ejercer posesión agraria durante
tres años consecutivos, salvo que acredite causas de fuerza mayor o caso fortuito; el
artículo 57 excluye de dicha consecuencia las extensiones que, dentro del año anterior
a la inspección ocular, se encontraban efectivamente explotadas; y el artículo 58 define
la explotación regular y estable como aquella que tiene más de un año de iniciada y se
mantiene sin interrupción injustificada, siendo de cargo del propietario la prueba de tales
circunstancias.
En consecuencia, la decisión extintiva no adolece de irregularidad alguna por haber
considerado hechos no oponibles a la actora, toda vez que se fundó en constataciones
posteriores, plenamente verificadas dentro del marco temporal que la ley exige para el
193 Folios 2276-2299, tomo X de pruebas.
194 Folios 251-260 cuaderno de pruebas
195 Folios 164-171, tomo II de pruebas.
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
cómputo del plazo trienal de no explotación. Así, la inspección ocular de 2012 se erigió
como el medio técnico y directo de verificación de la ausencia de explotación económica
del suelo, conforme lo ordena el artículo 53 de la Ley 160 de 1994, y su resultado
permitió establecer objetivamente el incumplimiento de la función social de la propiedad
rural.
Por lo anterior, carecen de relevancia en este contencioso las pruebas practicadas con
el propósito de restar eficacia probatoria al acta de la visita previa de 2006, tales como
las entrevistas —ratificadas en esta sede judicial— de los señores Luis Miguel
Berrocal196-197 y Edmundo Fara Chadid198-199, pues la información recabada en dicha
diligencia no fue tenida en cuenta como elemento decisorio en la resolución que declaró
la extinción del dominio. El acto administrativo cuestionado se edificó, en cambio, sobre
los hallazgos posteriores, producto de una verificación técnica ajustada al debido
proceso y al procedimiento establecido en la normativa agraria aplicable.
En este contexto, la inoponibilidad de las actuaciones previas a la notificación del acto
de inicio del procedimiento administrativo de extinción del dominio agrario —en
particular, la visita previa de 2006— no tiene efectos invalidantes ni anulatorios respecto
de las Resoluciones núm. 2284 del 14 de noviembre de 2012 y núm. 0166 del 8 de
febrero de 2013, toda vez que dichas actuaciones no fueron determinantes en la
formación de la voluntad administrativa ni en la configuración de los hechos base de la
decisión. De ello se sigue que los cargos fundados en esa supuesta irregularidad no
están llamados a prosperar, por cuanto no se acreditó la existencia de un vicio sustancial
que afecte la validez del acto administrativo, ni se demostró que las actuaciones
inoponibles hubieran comprometido los principios de legalidad, debido proceso o
motivación suficiente que rigen el procedimiento de extinción del dominio agrario.
3.2.2.7. La parte actora plantea, como séptimo argumento, que los actos
administrativos demandados serían nulos por no haber sido aprobados por la
196 Copia del acta de la entrevista practicada en la investigación penal con rad. núm. 12-001-60-01125-2009-
12518 a folios 190 a 193 del cuaderno 1.
197 En la diligencia de ratificación de su declaración, Luis Miguel Berrocal afirmó ser abogado y no estar
vinculado, en ese momento, con ninguna entidad ni ejercer su profesión, pero sí formó parte del INCODER,
como profesional especializado en el área jurídica, cuando conoció sobre el procedimiento de extinción de
dominio del predio Las Pavas. Refirió que, hacia el año 2006, campesinos de Buenos Aires acudieron a las
instalaciones del INCODER en Cartagena, con el ánimo de adquirir los predios, que estaban abandonados;
circunstancia que conoció por referencia del señor Farah, quien era el director del grupo técnico territorial del
INCODER de Cartagena. En razón a ello, el señor Farah le ordenó realizar la visita previa al predio Las Pavas
durante un día, que fue recorrido parcialmente, en compañía del señor Alfonso Buelvas, de campesinos y de
la persona encargada de administrar el predio para el señor Escobar. Participó, luego, en una reunión en la
que campesinos manifestaban sus necesidades, para determinar si sería posible la adjudicación de algunos
predios que consideraban baldíos. Mencionó que los campesinos que tenían cultivos de pan coger en la finca
no vivían en esta, que desconocía a quién pertenecía el ganado que se encontraba en la finca, que “la
mayoría” es la casa principal de un predio en la que se ubica quien lo administra. Minutos 00:46:45 a 01:14:00
índice 569 de SAMAI.
198 Copia del acta de la entrevista practicada en la investigación penal con rad. núm. 12-001-60-01125-2009-
12518 a folios 193 a 195 del cuaderno 2.
199 En la diligencia de ratificación de la entrevista que dio en la investigación penal, Edmundo Fara Chadid
dijo ser arquitecto y haber sido director del grupo técnico territorial del INCODER de Cartagena, hasta
diciembre de 2007, cargo en cuyo ejercicio recibió una visita de un señor de apellido Cárcamo, para que el
INCODER adquiriera un predio denominado Las Pavas, con diferentes referencias catastrales, ubicado en el
corregimiento de Buenos Aires del municipio el Peñón (Bolívar). Le manifestó que la entidad no contaba con
recursos para la adquisición del predio, pero le entregó un formulario para que fuera diligenciado por el
propietario del predio, Jesús Emilio Escobar, quien le manifestó su interés en la venta del predio, pues no
podía visitarlo por “problemas de orden público”. Agregó que los campesinos habían solicitado la adquisición
del predio conocían que el señor Escobar era el propietario. En el 2007 el INCODER recibió fondos para la
adquisición de predios para la población campesina, pues antes solo estaban destinados únicamente a la
población desplazada. Minutos 00:46:45 a 01:14:00 índice 569 de SAMAI.
70
Radicado:11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)
Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
Junta Directiva del INCODER. Aduce que dicho requisito se desprende del
parágrafo 1 del artículo 21 del Decreto 2665 de 1994, disposición que establecía
que las decisiones de extinción del dominio agrario debían contar con la
aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Junta Directiva del
entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), con el voto
favorable del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Campesino.
El cargo formulado no está llamado a prosperar. En efecto, la norma invocada por
la parte demandante dejó de ser aplicable como consecuencia de la
reestructuración institucional del sector agropecuario dispuesta por el legislador y
el Gobierno Nacional. En virtud del artículo 16 literal f) de la Ley 790 de 2002200,
el presidente de la República fue investido de facultades extraordinarias para crear
las entidades necesarias para asumir las funciones de aquellas que fueran
suprimidas, escindidas o transformadas. En ejercicio de tales facultades, el
Gobierno Nacional expidió el Decreto 1292 de 2003201, mediante el cual ordenó la
supresión y liquidación del INCORA, y el Decreto 1300 de 2003, que creó el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER)202, estableciendo
expresamente que todas las referencias contenidas en la legislación vigente al
INCORA y a otras entidades suprimidas debían entenderse referidas al INCODER
(art. 24 ibidem).
Posteriormente, el Decreto 3759 de 2009203, que modificó la estructura interna del
INCODER, dispuso en su artículo 9.3 que correspondía a la Gerencia General
proferir los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de los objetivos
y funciones de la entidad. A su vez, el artículo 4.18 de la misma norma atribuyó al
INCODER la competencia para adelantar los procedimientos agrarios de
clarificación, extinción, recuperación de baldíos indebidamente ocupados,
deslinde y reversión, sin establecer requisito alguno de aprobación por parte de
su Junta Directiva.
En desarrollo de tales facultades, y conforme al artículo 9.16 del Decreto 3759 de
2009204, el Gerente General del INCODER delegó, mediante Resolución núm.
2881 del 7 de octubre de 2010205, en la Subgerencia General de Tierras Rurales
la competencia para decidir el proceso de extinción de dominio sobre los predios
Peñaloza, Las Pavas y Si Dios Quiere, dependencia que, en ejercicio de dicha
delegación, profirió las resoluciones demandadas.
En consecuencia, la alegada falta de aprobación por la Junta Directiva carece de
fundamento jurídico, pues la normativa vigente al momento de la expedición de
los actos acusados atribuyó la competencia decisoria directamente al Gerente
200 “Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración
pública y se otorgan unas facultades Extraordinarias al Presidente de la República”
201 “Por el cual se suprime el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora y se ordena su liquidación”.
202 “Artículo 2. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, tendrá por objeto fundamental ejecutar la
política agropecuaria y de desarrollo rural, facilitar el acceso a los factores productivos, fortalecer a las
entidades territoriales y sus comunidades y propiciar la articulación de las acciones institucionales en el medio
rural, bajo principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad y descentralización, para
contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del país”.
203 “Por el cual se aprueba la modificación de la estructura del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
Incoder, y se dictan otras disposiciones”.
204 “Artículo 9°. Funciones de la Gerencia General. Las funciones de la Gerencia General son las siguientes:
[…] 16. Delegar en otros servidores públicos de la entidad, funciones atribuidas a su cargo, de conformidad
con las normas vigentes”.
205 Folios 989 y 990, tomo V de pruebas.
71
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General del INCODER y, por delegación, a la Subgerencia General de Tierras
Rurales, suprimiendo la exigencia de aprobación colegiada prevista para el extinto
INCORA. Por tanto, no se configura el vicio de incompetencia alegado ni se
acredita transgresión del principio de legalidad, razón por la cual el cargo de
ilegalidad formulado carece de vocación de prosperidad.
3.2.2.8. Por último, la parte demandante refiere que los actos administrativos
demandados se encuentran viciados de nulidad por cuanto, al motivar la declaratoria
de extinción del dominio agrario sobre los predios Peñaloza, Las Pavas y Si Dios Quiere,
el INCODER habría incluido consideraciones relativas al desplazamiento forzado de los
miembros de ASOCAB, circunstancia que no guarda relación con las causales previstas
en la Ley 160 de 1994 y vulnera el principio de legalidad.
De la lectura integral de la Resolución núm. 2284 del 14 de noviembre de 2012206 y de
su confirmatoria, la Resolución núm. 0166 del 8 de febrero de 2013207, se advierte que
las alusiones al desplazamiento forzado de los miembros de ASOCAB tuvieron un
carácter meramente contextual y accesorio, dirigido a describir las circunstancias
sociales y de orden público que rodeaban la ocupación de los predios objeto del
procedimiento administrativo. Dichas menciones no fueron incorporadas como
elementos determinantes de la motivación jurídica o fáctica de la decisión, ni sirvieron
de soporte para la configuración de la causal de extinción del dominio agrario.
Como lo precisó el INCODER al resolver el recurso de apelación interpuesto por ASI
S.A.S., tales referencias no incidieron en la motivación ni en la causal declarada, la cual
se basó exclusivamente en la falta de explotación económica regular y continua del
suelo, conforme a los artículos 52, 57 y 58 de la Ley 160 de 1994 y a los artículos 14 a
18 del Decreto 2665 de 1994. De acuerdo con estas disposiciones, la extinción del
dominio agrario se produce cuando el propietario deja de ejercer posesión agraria
durante tres (3) años continuos, entendida esta como la explotación económica del
suelo mediante hechos positivos propios de dueño. Así, la determinación adoptada por
el INCODER se sustentó en los resultados técnicos y objetivos de la inspección ocular
practicada en octubre de 2012, la cual permitió establecer la ausencia de explotación
económica estable y regular por parte de la sociedad propietaria, sin que el
desplazamiento forzado de terceros ocupantes tuviera incidencia alguna en la
constatación de ese hecho ni en la configuración de la causal legal.
Por consiguiente, tales consideraciones contextuales no afectan la validez ni la
motivación del acto administrativo, puesto que no constituyen la ratio decidendi de la
medida adoptada, sino una referencia incidental dentro de la exposición general de
antecedentes. En este sentido, no se configura vulneración alguna del principio de
legalidad, toda vez que la decisión se fundó en las normas materiales aplicables y en
los hechos comprobados en la inspección ocular practicada en octubre de 2012,
diligencia que sirvió como medio técnico de constatación de la causal de extinción del
dominio agrario.
En esa medida, los argumentos de la demanda orientados a controvertir la veracidad
de los desplazamientos mencionados —en especial, la declaración de Pedro Moreno
206 Folios 2409-2504, tomo XIII de pruebas.
207 Folios 2623-2647, tomo XIV de pruebas.
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
Redondo sobre un presunto falso desplazamiento en el predio Las Pavas208-209—
carecen de relevancia anulatoria, por cuanto tales hechos no fueron determinantes en
la decisión administrativa. Además, estas afirmaciones resultan desvirtuadas por la
sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 22 de
marzo de 2023210, en la cual se estableció que Jesús Emilio Fernández Escobar y
personas bajo su mando desplazaron forzosamente a los ocupantes de la finca Las
Pavas211, corroborando lo que había sido mencionado de manera incidental en los
actos administrativos recurridos.
208 Copia de las actas de las entrevistas practicadas en la investigación penal con rad. núm. 12-001-60-01125-
2009-12518 a folios 199 a 209 del cuaderno 2.
209 Pedro Moreno Redondo manifestó, en este contencioso, dedicarse a la agricultura, ser empleado de ASI
SAS dos (2) años atrás y haber trabajado, anteriormente, en el 2006, de forma indirecta para esa empresa.
También dijo haber formado parte de ASOCAB, en proyectos de cultivo de cacao y maíz, hacia el año 2005,
en predios diferentes a los que tiene por objeto este proceso. Ratificó haber declarado, hacia el año 2011,
sobre los hechos del caso, en una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, sobre un
“falso desplazamiento” que se habría producido cerca del año 2003, cuando se argumentó que ASOCAB
estaba asentada en los predios. Agregó que conocía a Rafael Cárcamo, porque asesoró a ASOCAB hacia el
año 2006, cuando se negoció con el entonces propietario de los predios, Jesús Emilio Escobar, la compra de
los predios en cuestión, que no se dio porque el Estado no tenía recursos para adquirirlos. Ratificó que el
señor Cárcamo les “vendió la idea” de que era posible adquirir los predios bajo la figura de la extinción de
dominio. Minutos 03:57:50 a 04:39:00, índice 533 de SAMAI.
210 Rad. núm. 61717.
211 Al respecto, refirió la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia: «5.5 Con ocasión del
abandono del predio Las Pavas por su propietario Jesús Emilio Escobar Fernández 211, a mediados de la
década del 90, el mismo fue ocupado por familias asentadas en el corregimiento de Buenos Aires, las que
procedieron a explotar económicamente sus tierras sembrando cultivos de maíz, yuca, caña, frijol, arroz,
plátano, etc., según lo manifestado por Efraín Alvear Olivares, Epifanio Machuca, Marcial Machuca Martínez,
Emirson Martínez Rojas, Bladimir Alvear Cumplido, Etny Torres Moreno, Filomena Alvear Cumplido, Eliodoro
Mercado Amaris, Adolfo Páez Beleño, Ernesto Martínez Gil y Roger Ardila Suárez, entre otros. || 5.6 Así
mismo, como consecuencia de esa ocupación de hecho, los pobladores que empezaron a cultivar y explotar
Las Pavas, constituyeron en octubre de 1998 la Asociación de Campesinos de Buenos Aires ASOCAB, con
el fin de producir, comercializar y procesar los productos agropecuarios. || 5.7 Con el regreso a Las Pavas en
el año 2003 de GUSTAVO DE JESÚS SIERRA MAYO como administrador, el 26 de octubre de 2003 se llevó
a cabo una reunión en las instalaciones del centro educativo del corregimiento de Buenos Aires, en la que
alias “Rapidito”, comandante de las AUC, quien la presidiera acompañado de alias “Raúl”, SIERRA MAYO,
MARMOL MONTERO y otros paramilitares, advirtió a los asistentes que no podían trabajar más en Las Pavas
porque la finca tenía dueño, y si lo hacían “no respondían por la vida de nosotros”, Yamile Martínez; “ya
sabían lo que podía suceder, que sabíamos muy bien los que estaba pasando en el río eran muertos”,
Alejandro Guzmán Pedroza; “nos iba a pasar como a los que pasaban por el río muertos”, Bladimir Alvear
Cumplido; “no respondían por nosotros”, José del Carmen Ballena Cabarcas; “no respondía por el que se
fuera a meter otra vez en las pavas”, César Martínez Gil; “que nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando
por el río, que si no desocupábamos las tierras nos podía pasar lo mismo”, Etny Torres Moreno; y, “nos daba
plomo si íbamos a trabajar a las pavas”, Martin Martínez Gil, entre otros. || 5.8 Ante el proceso de
desmovilización de las autodefensas por su sometimiento a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, los
comuneros fueron retornando paulatinamente a la hacienda, siendo desplazados nuevamente en julio de
2006, cuando su propietario Jesús Emilio Escobar Fernández, acompañado de un grupo de desconocidos
fuertemente armados, los obligó a desocuparla, procediendo a finales de ese año a negociarla, cuya venta
cristalizó en marzo de 2007 al enajenarla a las empresas Aportes San Isidro S.A.S y Tequendama C.I. || 6.1.1
El hecho punible de constreñimiento ilegal descrito en el artículo 182 del Código Penal, aun cuando también
afecta la autonomía personal, es un tipo penal subsidiario, dado que se actualiza “fuera de los casos
especialmente previstos como delito”. || Las amenazas y actos intimidatorios atribuidos al grupo armado ilegal
al que acudió SIERRA MAYO, tenían finalidad específica: que los campesinos desalojaran Las Pavas, esto
es, cambiaran el lugar de residencia, y no que hicieran, toleraran u omitieran alguna cosa. || Ante su mayor
riqueza descriptiva, la conducta atribuida a los acusados se adecua al desplazamiento forzado y no a la de
constreñimiento ilegal. […] Desde esta perspectiva, es evidente que la reunión de 26 de octubre de 2003
convocada por los paramilitares y llevada a cabo en el centro educativo del corregimiento Buenos Aires, en
la que intervinieron SIERRA MAYO y MÁRMOL MONTERO, tenía como propósito desplazar a los
campesinos de Las Pavas, conforme lo afirmaron muchos de los asistentes, quienes ante las amenazas e
intimidación de alias “Rapidito”, al día siguiente, lunes, no regresaron y abandonaron los cultivos que tenían
sembrados allí, toda vez “que si no hacíamos caso, bajaríamos desmembrados y muertos como los que
bajaban por el río”; y, “que nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando por el río, que si no
desocupábamos las tierras nos podía pasar lo mismo”. || Lo anterior, no hace otra cosa que complementar lo
dicho por Moreno Redondo, cuando dijo que la reunión se ocupó de “la problemática de Las Pavas” y aclara
su manifestación, según la cual, no hubo desplazamiento porque ellos no estaban “asentados” en esa finca,
cuando a la pregunta si podía dar fe de la existencia de campesinos en la hacienda, respondió: “Si puedo dar
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Por la misma razón, tampoco tienen trascendencia invalidante los cargos formulados
en torno a las supuestas deficiencias de la visita previa practicada en 2006212, pues los
resultados de dicha diligencia no incidieron en la decisión de fondo, que se apoyó
exclusivamente en las pruebas recaudadas durante la inspección ocular de 2012, en
plena vigencia de la propiedad de ASI S.A.S. y dentro del marco legal previsto por la
Ley 160 de 1994.
En conclusión, no se configura el vicio de motivación alegado. Las resoluciones
demandadas mantienen su validez, en tanto se fundamentaron en los hechos
verificados y valorados conforme al procedimiento legal de extinción del dominio agrario,
y no en consideraciones ajenas a su objeto o carentes de soporte normativo. Por lo
tanto, el cargo de ilegalidad formulado carece de vocación de prosperidad.
3.3. Solución al tercer problema jurídico
En la audiencia inicial se determinó que, si la respuesta a los anteriores puntos de la
controversia fuera negativa, deberían analizarse las siguientes cuestiones:
Si la Resolución 2284 del 14 de noviembre de 2012 “Mediante la cual se declaró
la extinción del derecho de dominio privado agrario de los predios Las Pavas,
Peñaloza y Si Dios Quiere” y la Resolución 0166 del 8 de febrero de 2013 “por
medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la
resolución 2284”, proferidas por el gerente general del INCODER, deben ser
declaradas nulas, para lo cual se deberá establecer lo siguiente:
A.- Si los predios Las Pavas, Si Dios Quiere y Peñaloza, fueron explotados
durante los tres años anteriores a que se realizara la inspección ocular que fue
tenida en cuenta para proferir el acto que declaró la expropiación, conforme a lo
dispuesto en la Ley 160 de 1994.
B.- Si conforme a las particularidades del caso y a lo determinado en la
inspección ocular y demás pruebas recaudadas durante el procedimiento
administrativo para la extinción del dominio, estaban dados los supuestos
facticos establecidos en los artículos 57 y 58 de la Ley 160 de 1994, que
impedían la finalización de dicho procedimiento con el acto que declaró la
extinción de dominio.
C.- Si hubo irregularidad en la práctica y valoración de las pruebas que sirvieron
de fundamento para expedir el acto de expropiación, en particular en lo que
refiere al informe de acta de visita previa realizada en el mes de junio de 2006;
el dictamen pericial rendido en desarrollo de la inspección ocular realizada en el
mes de octubre de 2012; y, en las versiones de campesinos recogidas en los
anteriores informes, por cuanto se violó con ellas el debido proceso,
fe que no, con asentamientos y familia allí viviendo no”. || Por lo demás, su testimonio acerca del objeto de la
reunión y de las amenazas proferidas en ella, es insular y opuesto a la mayoría de los asistentes a la reunión,
quienes debido a las mismas debieron abandonar la finca. || Ahora que los integrantes de Nuevo Liderazgo
Campesino, que antes fueron asociados de ASOCAB, sostengan contra toda evidencia que la reunión no
existió, revela la fractura del tejido social de la comunidad propiciado por Aportes San Isidro S.A, empresa
que vinculó como uno de sus trabajadores al acusado MÁRMOL MONTERO, pero de ningún modo desvirtúa,
como con tino lo señala el tribunal, los hechos acaecidos a partir del 26 de octubre de 2003».
212 Folios 68-78, tomo I de pruebas.
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especialmente por no garantizar el derecho de contradicción de la ahora
demandante.
D.- Si el INCODER adelantó o no, conforme a las disposiciones normativas
vigentes para la época de los hechos, el procedimiento administrativo para la
extinción del derecho de dominio sobre los predios Las Pavas, Si Dios Quiere y
Peñaloza. Si la respuesta a esto resulta negativa, la Sala deberá determinar si
ello genera la nulidad de la Resolución 2284 del 14 de noviembre de 2012
“Mediante la cual se declaró la extinción del derecho de dominio privado agrario
de los predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere” y la Resolución 0166 del
8 de febrero de 2013 “por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la resolución 2284”, proferidas por el gerente general del
INCODER.
3.3.1. Solución del cargo conforme al análisis de los argumentos expuestos
3.3.1.1. La parte demandante expone, como primer argumento, que las
Resoluciones núm. 2284 del 14 de noviembre de 2012 y núm. 0166 del 8 de
febrero de 2013 están viciadas de ilegalidad, por cuanto —según afirma— la
coexistencia de dos informes contradictorios de visita de inspección ocular dentro
del procedimiento administrativo de extinción del dominio agrario vulnera el
principio de certeza y de motivación suficiente del acto administrativo, afectando
su validez.
Con el propósito de resolver este punto, la Sala recuerda que, contrario a lo
sostenido por la parte demandante, la existencia de dos informes de visita no
comporta irregularidad invalidante alguna. En efecto, el informe correspondiente
a la visita practicada el 30 de abril de 2010 carecía de efectos jurídicos al momento
de expedirse la decisión definitiva213, en tanto su validez fue dejada sin efectos por
la sentencia T-267 de 2011 de la Corte Constitucional214, providencia que ordenó
rehacer la actuación administrativa con observancia plena del debido proceso.
Como fundamento del amparo concedido en dicha sentencia al debido proceso y
a los derechos a la vida digna y al trabajo de los campesinos ocupantes de los
predios, la Corte Constitucional consideró215, en primer lugar, que el amparo
policivo que dio lugar al desalojo de los ocupantes de los predios Las Pavas,
Peñaloza y Si Dios Quiere216 no era procedente, puesto que era claro que estos
eran objeto de un proceso de extinción de la propiedad agraria, circunstancia que
impedía que el desalojo fuera ordenado, conforme al artículo 5 del Decreto 747
de 1992217.
Con todo, la Corte Constitucional advirtió que218, al anular las actuaciones surtidas
dentro del procedimiento de extinción del dominio agrario mediante la Resolución
213 Folios 847-870, tomo V de pruebas.
214 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia T-267 de 8 de abril de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez
215 Acápite 4.3.
216 Hechos 17.9 y 17.12.
217 “Artículo 5. En ningún caso las autoridades de policía ordenarán desalojo de campesinos ocupantes de
predios agrarios en los cuales se hayan iniciado por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, antes de
la querella, procedimiento administrativo sobre extinción del derecho de dominio, clarificación de la propiedad,
recuperación de baldíos indebidamente ocupados, deslinde de tierras pertenecientes al Estado o delimitación
de playones y sabanas comunales”.
218 Acápite 4.4.
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núm. 346 de 2010, bajo el argumento de que la orden de la visita previa practicada
en 2006 no había sido firmada, el INCODER incurrió en un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto, al otorgar preeminencia a un requisito meramente
formal sobre el contenido sustancial y la finalidad material del acto administrativo,
ya que «la visita se practicó respetando tanto la normativa vigente219, como los
derechos de las personas involucradas en el procedimiento, derivándose de dicho
procedimiento, regularmente adelantado las siguientes conclusiones: (i) la
posesión y explotación económica de los predios por una comunidad de 116
familias campesinas durante los últimos 6 años y (ii) el abandono de la propiedad
por parte del titular del derecho de dominio Jesús Emilio Escobar220». Agregó, por
demás, que la orden de la visita “cumplió el propósito material de un auto de esa
naturaleza”, pues dio lugar al inicio del proceso de extinción de dominio agrario,
mediante la resolución núm. 1473 del 11 de noviembre de 2008.
En línea con lo anterior, la Corte Constitucional consideró que resultaba
«[…] necesario inaplicar221 para el caso concreto la Resolución 346 de
2010, por medio del cual se declaró la nulidad del proceso administrativo
de extinción del derecho de dominio y de los actos que se derivaron de tal
declaración, como la decisión de parte del INCODER de abril de 2010, en
la que ordena nuevamente el inicio de las diligencias previas al proceso de
extinción de dominio de los Predios “Las Pavas”, “Peñaloza” y “Si Dios
quiere” y el auto del 25 de mayo de 2010, por medio de la cual la
Subgerencia de Tierras Rurales del INCODER dispone que se “abstiene de
iniciar el proceso de extinción de dominio privado” de los predios
mencionados, teniendo en cuenta que luego de la visita preliminar se
constató que los predios se encuentran “poseídos por los actuales titulares
del derecho de dominio quienes lo explotan con cultivos de palma aceitera
y ganadería...”, por hacerse incurrido en el defecto de exceso ritual
manifiesto en su contenido.
Por lo anterior, deben considerarse válidos y vigentes en el presente caso,
los actos cobijados por la declaración de nulidad, en especial la visita
preliminar adelantada los días los días 20, 21, 22 y 23 de junio de 2006, y
la Resolución 1473 del 11 de noviembre de 2008 emitida por el Director
Ejecutivo de la UNAT que ordenó la apertura del proceso de extinción de
dominio en contra de Jesús Emilio Escobar Fernández, decisión confirmada
luego de haber sido interpuesto recurso de reposición en su contra por
parte de las sociedades titulares del derecho de dominio -Aportes San
Isidro y CI Tequendama- y resuelto por el Subgerente de Tierras Rurales
del INCODER a través de la Resolución 2266 del 5 de noviembre de 2009.
219 Decreto 2665 de 1994.
«220 La presente información fue suministrada por el grupo Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la
Pontificia Universidad Javeriana en su intervención como amicus curiae en el presente proceso».
«221 No ignora la Corte que la vía para impugnar dichos actos es la contencioso administrativa y dado el
carácter subsidiario de la tutela resultaría improcedente cualquier pronunciamiento sobre ellos. No obstante,
la Corte ha admitido la posibilidad de que el juez constitucional ordene la inaplicación de disposiciones y actos
administrativos de carácter general o particular, cuando se acredite, como en el presente caso, que se (1)
produce de manera cierta y evidente la amenaza grave de un derecho fundamental; (2) de concretarse el
riesgo no es posible reparar el daño que ello origine; (3) se presenta un inminente perjuicio ; (4) solo pueda
conjurarse mediante la medida de protección; y (5) dada la naturaleza e importancia de los hechos, la urgencia
de la tutela de los derechos fundamentales amenazados resulta imprescindible (Ver Sentencias T-397 de
1997, T-1098 de 2004, T-771 de 2004, T-577 de 2002, T-600 de 2002, SU 086 de 1999, T-359 de 2006, T-
1060 de 2007)».
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[…] Como consecuencia de la presente sentencia y la determinación de
inaplicar las decisiones que anularon el proceso de extinción del derecho
de dominio, el INCODER debe retomar el proceso primitivo y concluirlo,
cumpliendo todas las exigencias procesales aplicables al caso. […] En
consecuencia, el INCODER, deberá retomar y continuar el proceso de
extinción de dominio privado sobre los predios “Las Pavas”, “Peñaloza” y
“Si Dios quiere”, teniendo en cuenta las decisiones y los parámetros
adoptados en esta sentencia. Finalmente se ordenará al INCODER que
continúe con el proceso de clarificación de tierras baldías de manera tal que
pueda finiquitarse con la mayor celeridad posible, atendiendo en todo caso
los términos preestablecidos para el proceso administrativo y el debido
proceso tanto de las sociedades propietarias como de los campesinos
accionantes».
Estas consideraciones fueron introducidas, además, en la orden de inaplicar las
resoluciones referidas, contenida en el ordinal cuarto de la sentencia T-267 de
2011, en cuanto dispuso que «el INCODER, deberá continuar el proceso de
extinción de dominio privado sobre los predios “Las Pavas”, “Peñaloza” y “Si Dios
quiere”, teniendo en cuenta las decisiones y los parámetros adoptados en esta
sentencia, atendiendo en todo caso los términos preestablecidos para el proceso
administrativo y el debido proceso tanto de las sociedades propietarias como de
los campesinos accionantes» (subrayado añadido).
Ahora bien, la visita previa practicada el 30 de abril de 2010 222 sobre los predios
Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere tuvo origen en la orden impartida por el
director técnico de Procesos Agrarios del INCODER el 28 de abril de 2010223,
mediante la cual dispuso adelantar las diligencias preliminares destinadas a
determinar la procedencia o improcedencia de iniciar un nuevo procedimiento
administrativo de extinción del derecho de dominio agrario. Esta actuación se
realizó, por tanto, como consecuencia mediata y directa de la anulación del
procedimiento anterior declarada por el propio INCODER mediante las
Resoluciones núm. 346 del 23 de febrero de 2010224 y núm. 766 del 7 de abril de
2010225, decisiones que fueron posteriormente inaplicadas por orden de la Corte
Constitucional en la sentencia T-267 de 2011.
En dicho fallo, la Corte consideró que el INCODER incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, al haber anulado todas las actuaciones
surtidas en el proceso de extinción del dominio agrario con fundamento en la falta
de firma de la orden de visita previa de 2006. Tal proceder, en criterio del tribunal
constitucional, implicó privilegiar la forma sobre el contenido material del acto,
desconociendo el principio de prevalencia del derecho sustancial y la naturaleza
instrumental de las formalidades procesales en el marco del debido proceso
administrativo.
En este contexto, resulta claro que la visita previa practicada el 30 de abril de 2010
carece de sustento jurídico autónomo, puesto que fue consecuencia directa de un
222 Folios 847-870, tomo V de pruebas.
223 Folios 843-844, tomo V de pruebas.
224 Folios 748-756, tomo IV de pruebas.
225 Folios 782-787, tomo IV de pruebas.
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acto administrativo cuya validez fue desvirtuada por la Corte Constitucional226. En
consecuencia, dicha diligencia no solo es ajena al procedimiento administrativo
objeto de revisión en este proceso contencioso, sino que carece de efectos
jurídicos vinculantes, en la medida en que deriva de actuaciones declaradas
ineficaces y ordenadas inaplicar por mandato judicial.
Por lo tanto, conforme a lo resuelto en la sentencia T-267 de 2011, la visita previa
de 2010 no puede ser valorada como prueba válida dentro del procedimiento
administrativo de extinción del dominio agrario que culminó con las resoluciones
demandadas. En tal virtud, no resulta procedente afirmar la coexistencia de dos
informes contradictorios de visita de inspección ocular, ni atribuir valor probatorio
alguno al informe elaborado en 2010, por cuanto este no integró el acervo fáctico
ni la motivación jurídica de la decisión extintiva adoptada por el INCODER. En
consecuencia, el argumento planteado no prospera.
3.3.1.2. Por otra parte, como segundo argumento, la firma actora censura las
pruebas de inspección y dictamen pericial en las que se fundó la extinción del
dominio agrario, por haber sido practicadas con violación de su derecho de
contradicción. Al punto, advierte la Sala que, de acuerdo con la Ley 160 de
1994227, el Decreto 2665 de 1994228 y el Código Contencioso Administrativo —
CCA—229 que regulan el proceso administrativo de extinción de dominio agrario
—de forma directa o subsidiaria230—, se requiere únicamente la notificación de los
actos con los que este trámite inicia y concluye.
226 “Cuarto: INAPLICAR los actos administrativos 346 del 23 de febrero de 2010 y 766 del 7 de abril de 2010
del Subgerente de Tierras, al igual que los dictados el 28 de abril de 2010 y el 25 de mayo de 2010 por el
Director Técnico de Procesos Agrarios de la Subgerencia de Tierras del INCODER, por medio de los cuales
se abstuvo de iniciar proceso de extinción de dominio sobre el mencionado predio”.
227 Artículo 53. “En el estatuto que regule el procedimiento administrativo de extinción de dominio, además
de las disposiciones que se consideren necesarias, se incluirán las siguientes: […] 3. Contra la resolución
que declare que sobre un fundo o parte de él se ha extinguido el derecho de dominio privado sólo proceden
el recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, y la acción de revisión ante
el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en única instancia, según lo previsto en el
numeral 8o. del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo. Durante los quince (15) días siguientes
a su ejecutoria permanecerá en suspenso la ejecución de la resolución que dicte el Instituto, con el objeto de
que los interesados soliciten en dicho término la revisión de la providencia”.
228 Artículo 10. “Notificación La resolución que inicie el procedimiento se notificará personalmente al
propietario y al Procurador Agrario, o al Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, al Director General
de la correspondiente Corporación Autónoma Regional, al respectivo Alcalde del municipio o distrito con más
de 300.000 habitantes, al Ministro del Medio Ambiente o su delegado, según el caso, y a quienes tuvieren
constituidos otros derechos reales sobre el inmueble. || Si agotadas las diligencias necesarias no fuere posible
la notificación personal a los propietarios o interesados, el notificador dejará constancia de ello en el informe
respectivo, indicando los motivos que le hubieren impedido efectuar la notificación personal, y se ordenará
su emplazamiento por edicto que durará fijado por el término de cinco (5) días en lugar público de las oficinas
del Incora donde se adelante el procedimiento, y por el mismo término en la Secretaría de la Alcaldía
Municipal donde se halle situado el inmueble. || Además, se fijará por el Instituto una copia del edicto en la
puerta o sitio de acceso al inmueble, salvo que se le impidiere hacerlo, de lo cual dejará constancia escrita el
respectivo notificador y se agregará al expediente. || Cumplidas las anteriores formalidades, si los interesados
no se presentan dentro de los tres (3) días siguientes a la desfijación del edicto, se les designará un curador
ad litem. […]”
229 Artículo 44. “Las demás decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán
personalmente al interesado, o a su representante o apoderado. […]”
230 CCA. Artículo 1°. “Las normas de esta parte primera del código se aplicarán a los órganos, corporaciones
y dependencias de las ramas del poder público en todos los órdenes, a las entidades descentralizadas, a la
Procuraduría General de la Nación y Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y contralorías
regionales, a la Corte Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como a las entidades
privadas, cuando unos y otras cumplan funciones administrativas. Para los efectos de este código, a todos
ellos se les dará el nombre genérico de ‘autoridades’. || Los procedimientos administrativos regulados por
leyes especiales se regirán por éstas; en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de esta parte primera
que sean compatibles. […]”.
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De acuerdo con la normativa general entonces aplicable al procedimiento
administrativo, “[d]urante la actuación administrativa se podrán pedir y decretar
pruebas y allegar informaciones, sin requisitos ni términos especiales, de oficio o
a petición del interesado” (CCA, artículo 34). La contradicción de la prueba, a su
vez, se surtía al darle la “oportunidad a los interesados para expresar sus
opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles” (CCA, artículo 35).
El Decreto 2665 de 1994, por su parte, prevé que las pruebas conducentes y
pertinentes pueden ser pedidas por el propietario o las personas que acrediten un
derecho real sobre el inmueble, entre otros, o aportarse hasta la fecha en que se
practique la diligencia de inspección ocular, sin perjuicio de las que se lleven a
cabo en esta actuación (artículo 13). No obstante, agrega la norma que “podrán
aportarse al procedimiento, hasta antes de entrar el expediente al despacho para
decisión de fondo, aquellas pruebas documentales que no requieran verificación
sobre el terreno y sean conducentes y pertinentes para comprobar la explotación
económica del predio, o el estado de conservación y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables o del ambiente ajustado a la ley, o el cumplimiento
de las normas sobre reserva agrícola o forestal previstas en los planes de
desarrollo de los municipios o distritos, o demostrar la inexistencia de la causal
para decretar la extinción del derecho de dominio en cualquier caso previsto en la
ley reglamentada”.
Corresponde al INCODER decretar las pruebas, de oficio o a instancia de los
solicitantes (ejusdem). La diligencia de inspección ocular, en particular, “se
ordenará mediante auto, en el que se señalará fecha y hora para iniciarla, en el
cual se determinará el valor para cubrir el costo de la diligencia, se dispondrá el
sorteo de los peritos o funcionarios calificados que habrán de intervenir y se
especificarán los asuntos o aspectos respecto de los cuales versará la diligencia”
(Decreto 2664 de 1994, artículo 14); actuación esta que “se iniciará en el predio
objeto del examen, con las partes interesadas que concurran y los peritos”, de la
cual “se levantará un acta que será suscrita por quienes en ella intervengan”
(Decreto 2664 de 1994, artículo 16). Mientras que, para la contradicción del
dictamen elaborado con base en la anterior diligencia, debe correrse traslado a
los interesados y al Ministerio Público, por un término de tres (3) días, quienes
pueden pedir su complementación o aclaración, u objetarlo por error grave
(Decreto 2664 de 1994, artículo 21). De esta forma, se cumple en el proceso de
extinción de dominio agrario el debido proceso, del cual, como lo ha precisado la
jurisprudencia administrativa reiterada, “se desprenden las garantías de (i)
conocer las actuaciones de la administración; (ii) pedir y controvertir las pruebas;
(iii) ejercer con plenitud su derecho de defensa; (iv) impugnar los actos
administrativos, y (v) gozar de las demás garantías establecidas en su beneficio.
[…]”231»232.
«231 Sentencia T-391 de 1997, MP José Gregorio Hernández Galindo. Ver, así mismo, T-196 de 2003, MP
Jaime Córdoba Triviño; C-089 de 2011, MP Luis Ernesto Vargas Silva; T-555 de 2010, MP Jorge Iván Palacio
Palacio. Sobre el debido proceso administrativo, ver, entre otras, las sentencias SU-250 de 1998, MP
Alejandro Martínez Caballero (SV Fabio Morón Díaz y Susana Montes De Echeverri); C-653 de 2001, MP
Manuel José Cepeda Espinosa (SV Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Araújo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y
Álvaro Tafur Galvis); C-506 de 2002, MP Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1142 de 2003, MP Eduardo
Montealegre Lynett; T-597 de 2004, MP Manuel José Cepeda Espinosa; T-031 de 2005, MP Jaime Córdoba
Triviño; T-222 de 2005, MP Clara Inés Vargas Hernández; T-746 de 2005, MP Clara Inés Vargas Hernández;
C-929 de 2005, MP Alfredo Beltrán Sierra y C-1189 de 2005, MP Humberto Antonio Sierra Porto (AV Jaime
Araújo Rentería)».
232 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-136 de 2016.
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
Ahora bien, en este proceso, fueron acreditados los siguientes hechos
relacionados con la práctica de la inspección ocular y la prueba pericial, en las que
se fundó la extinción del dominio agrario:
1. Con escrito presentado el 1° de marzo de 2012, el apoderado de ASI SAS
solicitó233 que, como pruebas, fueran decretadas: (i) la orden de archivo de
la investigación penal con radicación núm. 130016001125200912518,
adelantada por la Fiscalía Quinta Especializada de la Unidad Nacional
contra Delitos de Desaparición Forzada; (ii) “[l]os documentos anexados al
libelo que contiene el recurso de reposición interpuesto contra la resolución
N° 1473 de noviembre de [sic] 11/2008 […] en especial los numerales 4, 5,
6, 7, 8, 10 y 11”, es decir, unas facturas de compra de equipos y semillas,
registros de las labores realizadas en las plantaciones en los predios entre
marzo y abril de 2007, las nóminas de junio de 2007 a noviembre de 2008,
los folios de matrícula inmobiliaria de los predios, un plano del predio Las
Pavas de noviembre de 2006, así como unos comprobantes de egreso, de
transferencias bancarias y del pago de los trabajos realizados en el predio
Las Pavas234; (iii) los testimonios de Vicente Padilla Rojas, Marcial Galvis
Aldebo, Ángel Darío Gutiérrez Cortés, José Antonio Rodríguez Gutiérrez,
Emerson Martínez Rojas, Julio César Gil Carvajal, Eutiquio Matos Velaides,
Felipe Martínez Molina, Gustavo Sierra Mayo, Elí Quintero, Rafel de Jesús
Cárcamo García, Pedro Moreno Redondo, Oswaldo Meneses y Mario
Mármol Montero; (iv) la inspección ocular a los predios; (v) certificación con
la que la Procuraduría General de la Nación refiriera los procesos
disciplinarios adelantados contra los funcionarios del INCORA (sic)
Edmundo Farat Chadid, Alfonso Rafael Buelvas Aldana y Luis Miguel
Berrocal Acosta; y (vi) certificación con la que la Fiscalía Quinta
Especializada de la Unidad Nacional de Delitos de Desaparición Forzosa y
Desplazamiento diera cuenta de las investigaciones por el delito de
desplazamiento forzoso en la comunidad de Las Pavas.
2. Mediante auto de 12 de mayo de 2012235, el INCODER decretó, en síntesis,
las pruebas de: (i) inspección ocular y peritaje a los predios Peñaloza, Las
Pavas y Si Dios Quiere, como “prueba principal de la explotación agraria”;
(ii) en caso de que no se hallare explotación económica en los predios y el
propietario alegara que esta sí se realizó, la “prueba complementaria de la
explotación agrícola” consistente en las declaraciones de renta y patrimonio
del propietario, contratos de prenda agraria o certificaciones bancarias, y
libros de comercio registrados; (iii) los testimonios pedidos por las partes
interesadas, a quienes se le asignó la carga de citarlos a comparecer; (iv)
certificación tributaria sobre los impuestos cancelados de los predios; (v)
certificación del archivo de la investigación penal con radicación núm.
130016001125200912518, adelantada por la Fiscalía Quinta Especializada
de la Unidad Nacional contra Delitos de Desaparición Forzada; y (vi) oficiar
a la Procuraduría General de la Nación, para que certificara si se
adelantaban procesos disciplinarios contra los funcionarios del INCORA
(sic) Edmundo Farat Chadid, Alfonso Rafael Buelvas Aldana y Luis Miguel
Berrocal Acosta.
233 Folios 1406 a 1410, tomo VIII de pruebas.
234 Folio 170, tomo II de pruebas.
235 Folios 1604 a 1619, tomos VIII y IX de pruebas.
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3. El anterior proveído fue modificado con auto del 27 de julio de 2012 236, a
través del cual el INCODER resolvió designar a un perito integrante de la
lista de miembros de auxiliares de la justicia para que emitiera el peritaje
decretado previamente, ante la negativa del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) para dictaminar sobre la explotación económica de los
predios.
4. El 31 de julio de 2012, el INCODER le remitió a ASI SAS comunicación
escrita237, con la que le dio a conocer el auto de 27 de julio de 2012.
5. El 5 de octubre de 2012, el INCODER le remitió al representante legal de
ASI SAS y a su apoderado comunicaciones escritas 238, con las que puso
en su conocimiento el cronograma de actividades de la diligencia de
inspección ocular, que se realizaría entre el 10 y el 12 de octubre
siguientes, las cuales fueron recibidas por sus destinatarios el 8 de octubre
de dicha anualidad239.
6. De acuerdo con lo consignado en actas suscritas por funcionarios del
INCODER y de la Defensoría del Pueblo240, la inspección ocular se llevó a
cabo entre el 10 y el 12 de octubre de 2012.
En las actas se dejó constancia de que, “los comisionados del INCODER
arribaron al predio a las 8 am [sic] de la mañana [del 12 de octubre de 2012],
consultando a los asistentes sobre la presencia de algún representante de
la empresa Aportes San Isidro, de su apoderado y de los testigos que dicha
parte solicitó. Ante la negativa sobre la asistencia de cualquiera de ellos,
siendo las 8:30 am, el equipo de trabajo se retira del predio, dejando
constancia de la inasistencia”. Así mismo, manifestaron en las actas que “ni
el representante de la Empresa Aportes San Isidro, ni su apoderado, hacen
presencia para la inscripción de esta acta, dicha parte se separó de la
práctica de la diligencia de inspección ocular, lo cual fue manifestado en
reunión solicitada por el abogado, en la que hizo expresa su libre voluntad
de apartarse de la diligencia”.
Consta, por demás, que en la inspección ocular rindieron declaración
juramentada Moisés Pimienta Campo, Reinaldo Antonio Marín Morales,
Carmen Alicia Martínez Alvear, Pedro Martínez Guerrero, Pedro Carrascal
Díaz, Alejandro Guzmán Pedrozo, Betmar Manuel Ardila Suárez, José Luis
Vásquez Pérez, Héctor Gil Hurtado Rodríguez, Onexis Pimiento Redondo,
Misael Payares Guerrero y Efraín Alvear Olivares, según constancia
suscrita por estos declarantes241.
7. El 7 de noviembre de 2012 fue rendido el informe pericial242 realizado con
base en la inspección ocular, en el cual se mencionó que “[…] los
testimonios solicitados por la empresa Aportes San Isidro no fueron
practicados, porque ninguno de los testigos compareció a la diligencia de
236 Folios 1760 a 1765, tomo IX de pruebas.
237 Folio 1938, tomo X de pruebas.
238 Folios 1927 a 1930, tomo X de pruebas.
239 Folios 1948 y 1949, tomo X de pruebas.
240 Folios 2276 a 2287, tomo XII de pruebas.
241 Folios 228 a 2299, tomo XII de pruebas.
242 Folios 2346 a 2353, tomo XII de pruebas.
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lo cual se dejó constancia en acta anexa a este informe. Así mismo, debe
ponerse de presente que el apoderado de la parte hizo manifiesta su
voluntad de apartarse de la práctica de la diligencia, lo cual consta en la
filmación que también se anexa a este informe, y en consecuencia,
tampoco hizo entrega de los documentos que había requerido que se
revisaran en la misma”.
8. El 14 de noviembre de 2012, el INCODER profirió la Resolución núm.
2284243, con la que extinguió el dominio agrario de los predios Peñaloza,
Las Pavas y Si Dios Quiere, contra la cual ASI SAS interpuso recurso de
apelación244, como fundamento del cual esgrimió que la inspección ocular
había sido practicada con violación del debido proceso, porque: (i) se surtió
extemporáneamente, pues debía probarse que en 2006, cuando se realizó
la visita previa, “había ocupantes que estaban ejerciendo posesión sobre
el predio mediante explotación económica”; (ii) “[l]a única citación para
notificar la práctica de la inspección ocular se hizo al apoderado de Aportes
San Isidro S.A., por correo electrónico, un día antes de realizarse la
diligencia”; (iii) el apoderado de ASI SAS había presentado escrito de
recusación contra la subdirectora de tierras rurales del INCODER, porque
ella había manifestado su opinión sobre el asunto; y (iv) porque ASI SAS
no estaba llamada a responder, como tercero adquirente de buena fe, por
la falta de explotación del anterior propietario de los predios. Con el recurso
solicitó, por demás, como pruebas un auto de la Fiscal Quinta
Especializada de Cartagena y un acta de una visita realizada por
funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, con las que buscó
acreditar que “no hubo desplazamiento forzado en el caso de los miembros
de ASOCAB que denunciaron el hecho ante las autoridades”.
9. El recurso así sustentado por ASI SAS fue desestimado mediante
Resolución núm. 166 de 8 de febrero de 2013245, al considerar, entre otros,
“[…] que la actividad probatoria se surtió en legal forma, en estricto
cumplimiento de principios como el debido proceso y en procura del
otorgamiento de las garantías procesales correspondidas [sic] a los
intervinientes, de tal manera que se ordenó su práctica a través de
providencia debidamente motivada, en la que se encuentra justificada la
conducencia y la pertinencia de cada una de las pruebas decretadas.
De igual forma los procedimientos se sujetaron a las formalidades
requeridas para su ejecución, habiendo comunicado a los interesados del
contenido las referidas providencias surtidas dentro del trámite probatorio
de acuerdo a lo establecido en norma legal y reglamentaria.
En consonancia con lo anterior, es evidente que este Despacho brindó las
garantías suficientes a los interesados, en estricto cumplimiento de las
formalidades de la actividad probatoria fijada en los artículos 13 al 17 del
Decreto 2665 de 1994”.
Pues bien, en primer término, contrario a lo sostenido por la sociedad Aportes San
Isidro S.A.S. (ASI S.A.S.), de las pruebas obrantes en el expediente se desprende
243 Folios 2409 a 2447, tomo XIII de pruebas.
244 Folios 2506 a 2555, tomos XIII y XIV de pruebas.
245 Folios 2623 a 2647, tomo XIV de pruebas.
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que tanto su apoderado judicial como su representante legal fueron debidamente
informados de la inspección ocular practicada a los predios Peñaloza, Las Pavas
y Si Dios Quiere, mediante medios distintos al correo electrónico y con la
antelación suficiente, esto es, con más de un día previo a la realización de la
diligencia246. En efecto, se demostró que ASI S.A.S. recibió oportunamente
comunicación del auto que modificó la resolución en la que se había ordenado la
práctica de dicha prueba, circunstancia que desvirtúa la alegada falta de
notificación o publicidad del acto247.
Aun cuando la Ley 160 de 1994, el Decreto 2665 de 1994 y el Código Contencioso
Administrativo no prevén la obligación de notificar personalmente la práctica de la
inspección ocular a los intervinientes en el procedimiento de extinción del dominio
agrario, lo cierto es que el INCODER garantizó en todo momento el principio de
publicidad de la prueba, el cual, conforme a la jurisprudencia constante de esta
Corporación248, constituye presupuesto indispensable del derecho de
contradicción y materializa el principio del debido proceso administrativo.
Debe resaltarse, además, que para el momento de la diligencia ASI S.A.S.
ostentaba la condición de único propietario de los predios objeto del trámite, razón
por la cual no resultaba necesario comunicar dicha actuación a los anteriores
titulares del dominio, quienes habían transferido plenamente sus derechos y no
intervinieron en el procedimiento ni en este contencioso administrativo. La
actuación del INCODER, en consecuencia, se ajustó a los parámetros de
legalidad y razonabilidad procedimental, asegurando el conocimiento y
participación del sujeto directamente afectado por la diligencia.
En segundo lugar, la inasistencia del apoderado de ASI S.A.S. a la inspección
ocular no puede ser interpretada como una vulneración del principio de
contradicción o de su derecho de defensa. De las constancias procesales se
desprende que dicha inasistencia no obedeció a falta de comunicación o a la
supuesta premura en la programación de la diligencia, sino a una decisión
voluntaria del apoderado, quien, además, se abstuvo de hacer comparecer a los
testigos que había solicitado y de aportar las pruebas documentales
complementarias relacionadas con la explotación económica del suelo, pese a
que estas habían sido decretadas249. Ningún elemento probatorio en el expediente
permite concluir lo contrario.
En tal virtud, no resulta jurídicamente válido alegar que el principio de
contradicción fue desconocido por el solo hecho de que la sociedad no hubiese
participado en la práctica de la inspección ocular, pues el derecho a la
contradicción no se traduce en una obligación de asistencia efectiva, sino en la
posibilidad real de intervenir, posibilidad que en este caso fue plenamente
garantizada por la autoridad administrativa.
Adicionalmente, los argumentos relativos a la pretendida extemporaneidad de la
prueba —por la discusión sobre el momento a partir del cual debe computarse el
plazo trienal de no explotación—, así como los cuestionamientos sobre la
246 Folios 1927 a 1930, tomo X de pruebas.
247 Folio 1938, tomo X de pruebas.
248 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 22 de julio de 2009, Exp. 21138; reiterada en la
sentencia proferida por Subsección B el 12 de diciembre de 2014, Exp. 36251.
249 Folios 2276 a 2287, tomo XII de pruebas.
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oponibilidad de las omisiones del anterior propietario, carecen de incidencia en la
validez de la inspección ocular. Estos aspectos fueron ampliamente analizados en
apartados anteriores de esta providencia, donde se precisó que el término legal
para la configuración de la causal de extinción se cuenta desde la práctica de la
inspección ocular, en concordancia con los artículos 52, 57 y 58 de la Ley 160 de
1994.
Por consiguiente, los reparos formulados por la sociedad demandante no logran
desvirtuar la legalidad, pertinencia ni eficacia probatoria de la diligencia de
inspección ocular, la cual se practicó conforme a las disposiciones legales
aplicables, respetando las garantías procesales y con la debida oportunidad para
el ejercicio del derecho de contradicción.
3.3.1.3. La parte demandante plantea, como tercer argumento, que las
resoluciones mediante las cuales el INCODER declaró la extinción del derecho de
dominio agrario sobre los predios objeto de controversia adolecen de nulidad, por
cuanto ―según afirma― la decisión se habría fundado en “versiones de personas
de la región, recepcionadas sin ninguna formalidad y sin la debida identificación
de los declarantes”, aspecto que, a su juicio, vulneraría los principios de legalidad,
debido proceso y contradicción de la prueba.
Para resolver este punto, la Sala observa que el reproche carece de fundamento
jurídico y fáctico, toda vez que, conforme se desprende del expediente
administrativo, la decisión extintiva no se sustentó en declaraciones informales o
carentes de valor probatorio, sino en la diligencia de inspección ocular practicados
por el INCODER entre el 10 y el 17 de octubre de 2012250, y en el informe técnico
de 9 de noviembre de esa anualidad251, los cuales constituyen los medios de
prueba legalmente previstos por la Ley 160 de 1994 y el Decreto 2665 de 1994
para acreditar el cumplimiento o incumplimiento de la función social de la
propiedad agraria.
En el marco de dicha diligencia, las declaraciones rendidas por los miembros de
ASOCAB fueron recibidas bajo juramento, con constancia expresa de la identidad
de los declarantes y de las condiciones en que fueron obtenidas, observando los
principios de publicidad, formalidad y debido proceso. No se trató, por tanto, de
manifestaciones informales, sino de pruebas recaudadas conforme a las
exigencias del procedimiento administrativo de extinción de dominio agrario.
Por su parte, el apoderado de ASI S.A.S. incumplió la carga procesal que le
correspondía, al abstenerse de hacer comparecer a los testigos que él mismo
había solicitado y de allegar pruebas complementarias que demostraran la
explotación económica del suelo. Tal omisión impide predicar una vulneración al
derecho de contradicción, pues este no se satisface mediante la mera invocación
formal del derecho, sino mediante el ejercicio diligente de las cargas procesales
que de este se derivan252.
En consecuencia, la Sala concluye que no prospera el argumento formulado, dado
que las pruebas que sirvieron de fundamento a la decisión extintiva fueron
250 Folios 2276-2299, tomo X de pruebas.
251 Folios 2300-2399, tomo XII de pruebas.
252 Folios 2276 a 2287, tomo XII de pruebas.
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válidamente practicadas y apreciadas por la administración, en estricto
cumplimiento de las normas procedimentales aplicables.
3.3.1.4. La parte demandante formula como cuarto argumento que, dentro del
procedimiento administrativo de extinción del derecho de dominio agrario sobre
los predios Peñaloza, Las Pavas y Si Dios Quiere, el INCODER omitió correr
traslado del dictamen técnico de 9 de noviembre de 2012 elaborado con base en
la inspección ocular, en contravención de lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto
2665 de 1994. Sostiene que dicha omisión constituye una irregularidad sustancial
que vulneró el derecho de defensa y contradicción de la prueba, al impedir que
los interesados conocieran y controvirtieran el contenido del informe técnico que
sirvió de fundamento a la decisión extintiva, configurándose así una violación del
debido proceso administrativo que, a su juicio, afecta la validez de las
Resoluciones núm. 2284 de 2012 y núm. 0166 de 2013.
Para resolver este punto de la controversia, resulta oportuno destacar que, tal
como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala, “la expedición irregular del acto,
como causal de nulidad prevista en el artículo 84 del CCA, [actual artículo 137 del
CPACA] “se relaciona con trámites substanciales o de fondo que inciden en la
formación o en el sentido de la decisión”253. Para que esta causal de nulidad
prospere es, pues, necesario que en el procedimiento administrativo se haya
presentado una irregularidad grave, en procura de la efectividad de los fines254 de
la administración y del derecho material objeto de la actuación255, que, al incidir
en la decisión de fondo, haya repercutido de forma real y efectiva en las garantías
del administrado y de la propia administración256»257. Para ello, se debe consultar
la finalidad de la actuación que hubiera sido pretermitida dentro del procedimiento
administrativo en el que se surtió258.
253 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2003, Exp. 14431.
254 “En efecto, según el principio de [t]rascendencia, ‘La nulidad no puede invocarse por el sólo interés de la
ley: es necesario que la irregularidad sustancial afecte garantías de los sujetos procesales, o socave las
bases fundamentales del juicio’. De otra parte, el principio de instrumentalidad de las formas, dice que no se
puede declarar la invalidez de un acto, cuando se cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, siempre
que no se viole el derecho a la defensa, de lo cual se puede concluir que no cualquier irregularidad puede
calificarse como violación al debido proceso, por ello la Corte Suprema de Justicia, define la nulidad como la
inidoneidad de un acto para cumplir su finalidad o la circunstancia de que el acto carezca de algún requisito
que le impida la finalidad a que está destinado”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 17 de septiembre de 2018, Exp. 35363. En sentido similar: Sección Quinta, sentencia del 7 de
abril de 2016, rad. núm. 2016-00063-00(AC)
255 CONSEJO DE ESTADO, Sección Cuarta, sentencias del 8 y del 22 de septiembre de 2016, Exps. 19262
y 20931.
256 “El vicio de forma carece, pues de virtud en sí mismo, su naturaleza es estrictamente instrumental, sólo
adquiere relieve propio cuando su existencia ha supuesto una disminución efectiva, real y trascendente de
garantías, incidiendo así en la decisión de fondo y alterando eventualmente su sentido, en perjuicio del
administrado y de la propia administración. […] Puede ocurrir que después de haber recorrido el largo camino
señalado, quede todavía al final del mismo un defecto formal no subsanado. ¿Podrá declararse entonces la
nulidad el acto afectado por dicho vicio formal? […] Dicho en otras palabras, para responder correctamente
a la pregunta formulada habrá que tener en cuenta la relación existente entre el vicio de forma y la decisión
de fondo adoptada por el acto recurrido y ponderar, ‘sobre todo, lo que hubiera podido variar el acto
administrativo origen del recurso en caso de observarse el trámite omitido’”. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Y
FERNÁNDEZ, T, Curso de Derecho Administrativo, tomo I, Thomson-Reuters-Civitas, Cizur Menor (Navarra),
2011, p. 672-675.
257 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 31 de enero de 202, Exp. 44414.
En sentido análogo: sentencias de sentencias del 17 de septiembre de 2018 (Exp. 35363), del 29 de
noviembre de 2019 (Exp. 45068), y del 20 de abril de 2022 (Exp. 49561).
258 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 31 de enero de 202, Exp. 44414,
aptados. 3.6.3 a 3.6.5.
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Al punto, es importante recordar que, con fundamento en la normativa aplicable
—en particular, los artículos 34 y 35 del CCA, los artículos 13, 14, 16 y 21 del
Decreto 2665 de 1994, y el artículo 53, numeral 3, de la Ley 160 de 1994—, el
contradictorio probatorio en el procedimiento de extinción del dominio agrario se
materializa a través de cuatro actuaciones sucesivas y complementarias,
orientadas a garantizar el derecho de defensa y contradicción del interesado.
Estas son: (i) la comunicación del auto que decreta la práctica de la prueba, por
medio de la cual se cumple el principio de publicidad, conforme a los artículos 34
y 35 del CCA; (ii) la intervención del interesado en la diligencia de inspección
ocular, prevista en los artículos 13, 14 y 16 del Decreto 2665 de 1994, donde el
propietario o poseedor puede participar directamente en la recolección de la
información fáctica que servirá de fundamento al análisis técnico; (iii) el traslado
del dictamen pericial, regulado en el artículo 21 del Decreto 2665 de 1994, que
otorga a los interesados y al Ministerio Público la oportunidad de solicitar su
aclaración, complementación u objetarlo por error grave; y (iv) el recurso de
reposición contra la resolución que decide sobre la extinción del dominio, previsto
en el artículo 53, numeral 3, de la Ley 160 de 1994, mediante el cual el interesado
puede controvertir, con efectos jurídicos, las conclusiones alcanzadas con
fundamento en el dictamen técnico y demás pruebas recaudadas.
Con la primera actuación, se da cumplimiento al principio de publicidad de la
prueba, para que la parte interesada tenga la oportunidad de controvertirla. Luego,
por la trascendencia que tiene la recolección de datos con base en los cuales se
elaboran los juicios inductivos y deductivos que contiene el dictamen técnico259, la
parte interesada tiene la facultad de intervenir en la inspección ocular, en la que
se produce esa recolección. El traslado del dictamen se surte luego, para que los
interesados o el Ministerio Público tengan la oportunidad de solicitar su aclaración
o complementación, u objetarlo por error grave. Y, finalmente, con el recurso de
reposición contra el auto que resuelve sobre extinción de dominio agrario, la parte
interesada tiene la oportunidad de rebatir las conclusiones, con relevancia jurídica,
alcanzadas con fundamento en el peritaje técnico.
En virtud de esta estructura procedimental, la omisión del traslado del dictamen
podría constituir una irregularidad sustancial, en la medida en que priva a los
interesados de ejercer plenamente su derecho a la contradicción técnica,
impidiéndoles solicitar su aclaración o complementación, o bien formular objeción
por error grave, con incidencia directa en la validez del acto final. En tal hipótesis,
la decisión extintiva del dominio agrario podría verse afectada por expedición
irregular del acto administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 137 del CCA.
Sin embargo, del acervo probatorio se desprende que, si bien el traslado del
dictamen no se surtió, tal omisión no comportó una afectación real a las facultades
procesales de la sociedad actora. En efecto, Aportes San Isidro S.A.S. no
demostró que la ausencia de dicho traslado hubiera limitado el ejercicio de su
derecho de contradicción y defensa, ni que ello hubiese influido en el sentido de
la decisión adoptada. De hecho, al interponer el recurso de reposición contra la
Resolución núm. 2284 del 14 de noviembre de 2012, la sociedad no adujo la
pretermisión del traslado del dictamen de explotación económica ni orientó sus
argumentos a controvertir el contenido o las conclusiones técnicas de dicha
259 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, auto 14 de diciembre de 2022, Exp. 68201,
aptados. 9.3.1 y 9.3.2.
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
prueba. Por el contrario, sus alegaciones se centraron en cuestionar la condición
de desplazados de los ocupantes de los predios, enfoque al que dirigió su
actividad probatoria260.
En esta jurisdicción, además, la demandante se limitó a reiterar la omisión formal
del traslado, sin exponer ni demostrar las consecuencias jurídicas o materiales
derivadas de dicha irregularidad261, las cuales tampoco se advierten de las
pruebas obrantes en el expediente. Por tanto, aun cuando el traslado del dictamen
constituye una exigencia procedimental relevante dentro del trámite de extinción
de dominio agrario, su pretermisión no basta, por sí sola, para invalidar la decisión
administrativa, en ausencia de prueba de afectación sustancial del derecho de
defensa o de incidencia directa en la motivación del acto acusado.
El conjunto de actuaciones a través de las cuales se elaboró el dictamen técnico
del 9 de noviembre de 2012, con fundamento en la inspección ocular practicada
dentro del procedimiento administrativo de extinción del dominio agrario, satisface
cabalmente la finalidad probatoria y garantista que el ordenamiento jurídico le
atribuye. En efecto, de acuerdo con las previsiones de los artículos 13, 14, 16 y
21 del Decreto 2665 de 1994, así como los artículos 34 y 35 del Código
Contencioso Administrativo, la práctica de la inspección ocular se desarrolló con
la debida publicidad, con la participación de las partes interesadas y bajo control
de contradicción efectiva, en condiciones que permitieron asegurar la legitimidad
del proceso de formación de la prueba técnica.
En ese contexto, y conforme a lo razonado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-267 de 2011 —referida en precedencia—, el rigor formal en la
verificación de las etapas procedimentales no puede conducir a desconocer el
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, ni a sacrificar la
finalidad material del procedimiento administrativo, que es la de determinar si el
predio cumple o no la función social y ecológica de la propiedad. De ahí que, aun
ante la omisión del traslado formal del dictamen técnico, no resultaría razonable
ni proporcionado anular la decisión administrativa de extinción del dominio,
cuando se acredita que el informe pericial fue elaborado con observancia de las
garantías esenciales del debido proceso, que su contenido fue susceptible de
contradicción material y que su omisión no produjo afectación real al derecho de
defensa del interesado.
Así las cosas, el examen integral del procedimiento evidencia que la actuación del
INCODER se desarrolló conforme a los principios de publicidad, contradicción,
proporcionalidad y finalidad del acto administrativo, de modo que la falta formal de
traslado del dictamen no constituye, en este caso, una irregularidad sustancial que
vicie de nulidad la decisión extintiva. Por el contrario, el cumplimiento de las
garantías materiales del procedimiento confirma la validez jurídica del acto
administrativo y la razonabilidad de su resultado.
3.3.1.5. La parte demandante plantea, como quinto argumento, que los actos
administrativos mediante los cuales el INCODER declaró la extinción del derecho
de dominio agrario sobre los predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere deben
ser anulados, al considerar que la decisión carece de sustento fáctico y probatorio
260 Folios 2506 a 2555, tomos XIII y XIV de pruebas.
261 Folio 72, cuaderno 1
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suficiente para demostrar la configuración de la causal legal de extinción. Sostiene
que la autoridad administrativa desconoció los presupuestos materiales previstos
en los artículos 52, 57 y 58 de la Ley 160 de 1994, que condicionan la procedencia
de la medida a la falta de explotación económica regular y estable durante un
período continuo de tres (3) años anteriores al momento en el que fue practicada
la inspección ocular en el procedimiento administrativo de extinción de dominio
agrario, entendiéndose que el predio cumple su función social, cuando ha sido
explotado económicamente “de manera regular y estable”, y “sin interrupción
injustificada”, dentro del año inmediatamente anterior a la inspección ocular.
Ahora bien, al aludir a una explotación “regular”, la norma dispone, en su tenor
literal, que esta debe entenderse —según el Diccionario de la Lengua Española—
como aquella “ajustada a una regla y conforme a ella”, “uniforme, sin cambios
grandes o bruscos”, o “que se hace o se produce a intervalos regulares” 262. Por
su parte, al referirse a la explotación económica “estable”, el mismo diccionario
define este término como aquello que “se mantiene sin peligro de cambiar, caer o
desaparecer” y “que permanece en un lugar durante mucho tiempo” 263.
La explotación económica de la propiedad agraria debe realizarse, entonces, sin
cambios grandes o bruscos, o en intervalos regulares, permaneciendo durante un
largo periodo, que en nuestra legislación es de tres (3) años, sin que exista un
riesgo razonable de que su explotación perezca. Con ello, de acuerdo con lo
expuesto anteriormente264, se busca cumplir la función social de la propiedad
agraria, mediante la explotación económica del suelo con hechos positivos que
consigan la satisfacción de los intereses tanto económicos como sociales
inherentes a la agricultura u otros de igual significación económica265. En ello,
resulta irrelevante que la explotación sea ejercida por el propietario o por un
tercero con el que este tenga una relación contractual266, en cuanto se cumpla el
cometido económico y social del suelo agrario, de acuerdo con su naturaleza. Así,
cuando, verbi gratia, el suelo sea apto para cultivos cíclicos, su explotación debe
producirse por intervalos regulares, mientras que, en tratándose de suelos aptos
para la agricultura intensiva, esta debe permanecer durante largos periodos sin
cambios grandes o bruscos.
Para abatir la presunción de legalidad que se predica del acto extintivo del dominio
agrario impugnado en este contencioso, ASI SAS, a quien le asiste la carga de
probar la explotación económica continua y estable de los predios en cuestión267,
pidió, principalmente, la práctica de una inspección judicial con intervención de
peritos y un dictamen pericial contable268, siendo decretados dictámenes
262 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, 2023.
263 Ibidem.
264 Ver apartado 3.1 de esta providencia
265 LEY 200 DE 1936. Artículo 1, modificado con el artículo 2 de la Ley 4 de 1973. “Se presume que no son
baldíos, sino de propiedad privada, los fundos poseídos por particulares, entendiéndose que dicha posesión
consiste en la explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios de dueño, como las
plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados y otros de igual significación económica. […]”.
266 LEY 160 DE 1994. “Artículo 55. Lo cultivado por colonos que no hayan reconocido vínculo de dependencia
con el propietario, o autorización de éste, no se tomará en cuenta para los efectos de demostrar la explotación
económica de un fundo”.
267 LEY 160 DE 1994. “Artículo 53. En el estatuto que regule el procedimiento administrativo de extinción de
dominio, además de las disposiciones que se consideren necesarias, se incluirán las siguientes: […] 4. Tanto
en las diligencias administrativas de extinción del derecho de dominio como en los procesos judiciales de
revisión, la carga de la prueba corresponde al propietario. […]”.
268 Folios 92 a 97, cuaderno 1.
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
agronómicos y contables269,que fueron sujetos a contradicción en este proceso270;
pruebas que ―de acuerdo con las alegaciones de la actora y del tercero
interviniente271-272― serán valoradas, de acuerdo con la reglas de la sana crítica.
Como lo ha precisado la jurisprudencia de la Sala273, la valoración del dictamen
pericial, de acuerdo con las reglas de la sana crítica274, debe realizarse con arreglo
a los principios de la lógica y a las máximas de la experiencia275-276. Además, en
la valoración del peritaje debe tenerse en cuenta la solidez, claridad,
exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, así como la idoneidad del
perito y su comportamiento en el proceso277.
Ahora bien, valorar la solidez y claridad de los fundamentos de las inferencias
científicas exige, ante todo, verificar la existencia de un parámetro de
comprobación intersubjetiva que permita contrastar objetivamente lo afirmado. En
efecto, la comprobación empírica constituye el núcleo del método experimental
propio de la ciencia moderna, en tanto asegura que las proposiciones derivadas
del conocimiento científico puedan ser verificadas o refutadas mediante la
observación y la experiencia. Este principio se vincula directamente con el
postulado de la falsabilidad, según el cual la validez cognitiva de un sistema
empírico depende de su susceptibilidad de ser refutado por los hechos. En otros
términos, un enunciado científico solo adquiere valor epistemológico cuando
admite la posibilidad de contrastarse críticamente con la realidad, lo que garantiza
su control racional y su apertura al escrutinio público del conocimiento278.
Idealmente, este parámetro de comprobación debe sustentarse en los resultados
derivados de la observación directa o de análisis de laboratorio, que constituyen
la fuente empírica primaria del conocimiento verificable. No obstante, ello no
excluye la posibilidad de emplear fuentes indirectas, siempre que permitan una
reconstrucción racional y verificable de los hechos observados. Cuando las
conclusiones se apoyan en constataciones empíricas directas, la solidez, validez
269 Documento contenido en el expediente digital con 337F0ED9DAFEA046FAF C7543BF92153DAFF
248453D1194A99DC 3B8E283985204E23 ubicado en el índice 337, en el aplicativo Samai.
270 Documento contenido en el expediente digital con certificado 32CC7536898A5874 A05BF687DB999B4A
F42FD4CAE07263C9 F217C536252C3F35, ubicado en el índice 533 de SAMAI.
271 Documento contenido en el expediente digital con certificado C84BB3F43873298C 15CA6744B4F55919
F71F63E11C819FCA 288B375EEA525AFE, ubicado en el índice 588 de SAMAI.
272 Documento contenido en el expediente digital con certificado 0A7C2ABE69D751E7 BA95CF7C144E79E1
844B99F902358C44 CA77DCBC4C2EC997 ubicado en el índice 589 de SAMAI.
273 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, auto 14 de diciembre de 2022, Exp. 68201.
274 CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. “Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser
apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades
prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. || El juez expondrá siempre
razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. “Artículo 187.
Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio
de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. || El Juez
expondría siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.
275 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia del 7 de septiembre de 2020, rad. núm. 11001-31-10-019-
2011-00622-02, SC3249-2020.
276 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial, tomo I, Víctor P. de Zavalía, Buenos
Aires, 1970 (reimpresión 2016), pp. 300-301.
277 CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. “Artículo 232. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las
reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus
fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren
en el proceso”. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. “Artículo 241. Al apreciar el dictamen se tendrá en
cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás
elementos probatorios que obren en el proceso. […]”.
278 POPPER, Karl, La Lógica de la Investigación Científica, traducción de Víctor Sánchez De Zavala, 2ª
edición, Tecnos, Madrid, 2008, pp. 50-53.
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y calidad del juicio inductivo dependerán de la precisión, diversidad y cantidad de
muestras tomadas, así como del rigor metodológico con que se realicen las
pruebas. En cambio, cuando las inferencias científicas se fundan en fuentes
indirectas, su fuerza probatoria estará determinada por la fiabilidad, consistencia
y trazabilidad de la fuente utilizada, así como por el control técnico aplicado en su
obtención. En suma, la validez de toda inferencia científica —directa o indirecta—
exige que el conocimiento producido sea susceptible de verificación y evaluación
crítica conforme a criterios objetivos e intersubjetivos de comprobación.
De manera análoga, la calidad de los juicios deductivos —en los que la conclusión
se obtiene a partir de un principio general—, se definirá en función de la solidez
de tal principio, que, a su vez, depende de su fundamentación empírica y de su
aceptación en la comunidad científica, la cual se determina indirectamente, como
más adelante se expone. Puede ocurrir, sin embargo, que los juicios inductivos
impliquen un razonamiento analógico, en cuyo caso la solidez de lo concluido
dependerá de la identidad que se muestre entre los fenómenos confrontados,
además de la calidad de la investigación cuyos resultados son extrapolados.
Otra cualidad de la que pende la fiabilidad del conocimiento científico es la
existencia de un margen de error. Como consecuencia de la contrastabilidad
empírica intersubjetiva y, particularmente, de la reconocida falsabilidad de las
teorías en la ciencia actual, se han abandonado las concepciones dogmáticas y
absolutistas, que no sean objeto de revisión científica, por lo que el margen de
error de la teoría o el método empleado evidencia la fundamentación científica del
conocimiento279.
Por último, deben tomarse en consideración las relaciones explicativas que se
expongan entre las pruebas y las conclusiones alcanzadas a partir de ellas 280.
Para determinar la solidez y calidad de la explicación, se debe tener en cuenta su
exhaustividad y claridad, así como la ausencia de contradicciones y de asunciones
insólitas, además de la aceptación de la teoría explicativa científica empleada,
develada a partir de los indicios referidos previamente.
Ahora bien, con el propósito de resolver este punto de la controversia, la Sala
advierte que en el proceso fue decretada prueba pericial de ingeniería
agronómica, con el objetivo de “determinar si en los Predios Las Pavas, Si Dios
Quiere y Peñaloza […] se han realizado actividades de explotación permanente y
regular, qué clase de actividades y desde qué año, expresando de manera
pormenorizada las actividades de explotación realizadas, en especial si dicha
actividad ha sido constante en el período comprendido entre el año 2007 y el 2012,
determinando en qué porcentaje del terreno de los predios se ha realizado dicha
explotación y desde cuándo, explicando con claridad el método empleado para el
sustento de la conclusión”281.
279 “The methodology employed by creationists is another factor which is indicative that their work is not
science. A scientific theory must be tentative and always subject to revision or abandonment in light of facts
that are inconsistent with, o falsify, the theory, absolutist and never subject to revision is not a scientific theory”.
“[Una] teoría [como la de la creación] que por sus propios términos sea dogmática, absolutista y nunca sea
objeto de revisión no es científica” (traducción libre). UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE
EASTERN DISTRICT OF ARKANSAS, McLean v. Arkansas Board of Education, F. Supp. 1255, 1258-1264
(ED Ark. 1982), aptdo. IV(C).
280 PARDO, Michael S. “Estándares de la Prueba y Teoría de la Prueba”, en: Estándares de prueba y de
Prueba Científica, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 99-116.
281 Índice 337 de SAMAI.
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
El dictamen fue rendido en este proceso por el ingeniero agrónomo Freddy
Eliseo Hernández Jorge282, quien, en cumplimiento de lo dispuesto por el
despacho sustanciador, fue designado para ello por el decano de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Caldas283.
De acuerdo con este informe pericial, los datos empíricos en los que se fundó
fueron tomados, en primer lugar, de los mapas topográficos de los predios
entregados por ASI SAS, lo cuales fueron contrastados con la información
disponible en el IGAC, los cuales adjuntó. Luego, realizó un recorrido aéreo sobre
los terrenos, con drones que captaron cerca de 8.000 imágenes, con las cuales
se generó una foto grupal de cada predio (ortofoto), que también anexó, en las
cuales las áreas de los cultivos y de los predios fueron definidas mediante el
software Qgis 3.18. “Gracias a esta metodología la precisión en la información
obtenida es muy alta con un margen de error inferior a 10 centímetros para las
áreas calculadas”.
En las imágenes así obtenidas, fueron identificadas las áreas con: (i) “una
vegetación abundante de cobertura completa, que pertenecen a las áreas
naturales, en las cuales no se desarrollan actividades de producción
agropecuaria”; (ii) aquellas en las que “se puede observar una serie de puntos
equidistantes entre sí, que corresponden al cultivo de la palma”; y (iii) otras en las
que “la cobertura del suelo no presenta ni puntos equidistantes (asociados al
cultivo de la palma) ni cobertura vegetal abundante (área natural), por lo tanto, se
concluye que corresponde a otras actividades agropecuarias (posiblemente
ganadería)”.
De esta forma, fue determinado el uso de los suelos en los predios para el
segundo semestre de 2022, expresada en la siguiente tabla:
USO DEL SUELO 2022 2
PREDIO ÁREAS CULTIVO DE OTROS USOS
NATURALES PALMA AGROPECUARIOS
Las Pavas 881,4 275,9 325,5
Si Dios Quiere 11,0 0,1 33,8
Peñaloza 96,3 - 98,9
Suma Totales* 988,7 276,0 458,2
Porcentajes (%) 57,4 16 26,6
*hectáreas (ha).
De otra parte, “[m]ediante el uso de imágenes históricas fue posible determinar el
uso del suelo en cada uno de los predios (áreas naturales, cultivo de palma y otros
usos agropecuarios) para el año 2012”, de la siguiente manera:
USO DEL SUELO 2012
PREDIO ÁREAS CULTIVO DE OTROS USOS
NATURALES PALMA AGROPECUARIOS
Las Pavas 988,9 227,6 266,3
282 Documento contenido en el expediente digital con certificado 6EEA827D8CF865EE D4254BB71863CD1F
7B61AAB6BE04F990 533767F86DFB634, ubicado en el índice 446 de SAMAI.
283 Documento contenido en el expediente digital con certificado D56675F5C227EA0F CDC129E6EB737CC7
87EF9F221E81F8F4 E89FB07D1BEC0286, ubicado en el índice 390 de SAMAI.
91
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
Si Dios Quiere 41,4 - 3,5
Peñaloza 162,7 - 32,6
Suma Totales* 1.193,0 227,6 302,4
Porcentajes (%) 69,2 13,2 17,6
*hectáreas (ha).
Aclaró, finalmente, el dictamen que “[…] visualizar en las imágenes de 2012 algún
sistema productivo (otros usos agropecuarios y cultivo de palma) sólo es posible
gracias al trabajo de manera permanente y regular al menos tres (3) años atrás”.
Consta, igualmente, que en la audiencia de contradicción del dictamen
agronómico284, el ingeniero Hernández285 fue asertivo, al responder con firmeza
y seguridad los cuestionamientos del despacho sustanciador y de las partes sobre
el dictamen rendido, el cual expuso de esa manera. Adicionalmente, cabe resaltar
que el perito:
1. Exhibió su tarjeta profesional, dijo estar vinculado a la Universidad de
Caldas desde 2007, tener maestría en sistemas de gestión
agropecuaria, no haber rendido dictámenes anteriormente, además de
haber realizado labores de consultoría y publicaciones científicas sobre
sistemas de producción agrícola.
2. Aclaró que, con la plataforma Maxar Technologies, que tiene una base
de datos de imágenes históricas capturadas por satélites, y la
georreferenciación de los predios, buscó las imágenes más antiguas de
estos que estuvieran disponibles, las cuales fueron confrontadas con las
imágenes tomadas con los drones en 2022. Precisó que muchas de las
fotos satelitales que se encuentran en dicha plataforma no son útiles,
por la nubosidad que obstaculiza su captura, pero pudo encontrar
imágenes de 2012, en las que se ubican áreas densas boscosas,
aquellas con puntos equidistantes en las que se encuentran los cultivos
de palma y otras que suelen corresponder a otros usos agropecuarios.
Al ser tomadas estas imágenes a una gran distancia, las palmas que
aparecen corresponden a plantas adultas, que, por lo tanto, deben
haber sido sembradas cuatro años antes, es decir, entre 2008 y 2009,
las cuales abarcan un área que corresponde a un 13,20% de los
predios. En todo caso, agregó, la resolución de las imágenes satelitales
tiene una calidad inferior a las tomadas con los drones.
3. Dijo que el trabajo de palmicultura realizado en los predios debía ser
permanente y regular, por tres o cuatro años, porque los satélites se
encuentran “a miles de metros de altura”, razón por la cual solo pueden
ser visualizadas plantas adultas en las imágenes que fueron capturadas
en 2012. Añadió que con la metodología utilizada no hubiera podido
detectar una planta de yuca ni de fríjol, ni la edad de un cultivo de este
tipo, para lo que se hubieran requerido imágenes históricas de drones.
Con esta metodología solo pueden verse plantas de más de tres (3)
metros de altura, a partir de lo cual se infiere la edad de una planta. En
todo caso, refirió, no es fácil encontrar imágenes satelitales históricas
284 Aptado. 8.(ii).
285 02:21:00 a 03:03:40.
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
de esta parte del mundo, pues los satélites pertenecen a otros países,
lo que limita los alcances del estudio.
De otra parte, la prueba pericial contable fue decretada, en este contencioso,
“para que, previo examen de los libros de contabilidad de las sociedades
PALMERAS EL LABRADOR S.A.S. y APORTES SAN ISIDRO S.A.S., [se]
establezca el monto de las inversiones y gastos en que se ha incurrido
relacionados con la explotación de los predios”286.
El dictamen287 fue elaborado por el contador público Miguel Antonio Naranjo
Prieto, designado288 para esta tarea por el decano de la Facultad de Ciencias
Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre, Seccional
Bogotá, de acuerdo con lo ordenado por el despacho sustanciador. Manifestó
haber elaborado el dictamen con base en los estados financieros, los libros y
soportes contables, y las declaraciones tributarias y de renta que halló en las
instalaciones de ASI SAS en la ciudad de Barranquilla, que corresponden a dicha
sociedad, así como a Palmeras el Labrador S.A.S., que se encargaría de la
operación de los cultivos en los predios.
1. En la revisión de los libros contables, el perito encontró que “algunos
[de los libros] no se registran ante cámara de comercio, por la ley anti
tramites [sic], sin embargo las hojas útiles que fueron registradas en su
momento vigente, no se diligenciaron debidamente hasta su terminación
y se encuentran en blanco, sin anular debidamente, así se encuentren
[sic] su contenido en software contable, de igual forma el libro de
Registro de Accionistas y el de Actas, que se registran en Cámara de
Comercio, este último como se observa en las fotos (adjunto) tomadas
en las instalaciones de Aportes San Isidro S.A.S. están muchas de ellas
sin firma del Presidente y Secretario que fueron nombrados en las
reuniones respectivas de igual forma algunas están en borrador y
tampoco se han impreso en el libro de actas, entendiéndose que en el
[sic] queda depositada [sic] las decisiones tomadas por los accionistas
de acuerdo a los Estatutos de la sociedad, esto ocurre para las
empresas tomadas para la muestra como Aportes San Isidro S.A.S. y
Palmeras el Labrador S.A.S.”.
2. A partir de un cotejo de la información financiera de las empresas con
los libros de contabilidad de los años 2007 a 2021, el perito concluyó
que «la empresa Aportes San Isidro ha mantenido unos ingresos
promedio de más de cinco mil millones, y en la misma proporción han
estado sus gastos, con variación representativa de ingresos del año
2021 y proporción con sus costos y la utilidad obtenida, entendiéndose
que esta compañía es la dueña de los predios de explotación, con
respeto a la empresa Palmeras el Labrador que ejecuta la explotación
en dichos predios con el cultivo de Palma, en el análisis se observa
diferentes hechos, según las anotaciones dejadas en los años
afectados; donde a partir del año 2008, 2009, 2010, 2011, 2015 y 2016,
286 Índice 337 de SAMAI.
287 Documento contenido en el expediente digital con certificado 2788DD31F4C9944E 9959196C0BEC5E85
0FFC0F4BCA7BD95D D469017822CE7B1D, ubicado en el índice 445 de SAMAI.
288 Documento contenido en el expediente digital con certificado C0AC0D955563ACE6 2486162FB4CE4A44
6AA26D1399596FDF B00442015392D990, ubicado en el índice 355 de SAMAI.
93
Radicado:11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)
Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
tributa sobre Renta Presuntiva con base en el Patrimonio Líquido del
año anterior, debido a que sus ingresos apenas cubrían los costos, a
partir del año 2018, 2019, 2020 y 2021, su Patrimonio Líquido pasa a
ser negativo $410.340.000, $559.549.000, $1.048.839.000 y
$1.363.386.000 sucesivamente, lo que significa que sus pérdidas ya
absorbieron en más del 50% de su capital suscrito y pagado y puede
estar en proceso de liquidación. De igual forma de acuerdo al objeto de
la empresa Palmas el Labrador que es la siembra de Palma Africana
hay que señalar de acuerdo a la sección 34 NIIF para PYMES según
nota a los Estados Financieros año 2018 - 2017, “Considerando que
los cultivos de Palma se encuentran en etapa de Desarrollo, todos los
costos y gastos incurridos se han capitalizado durante 3 años con el
propósito de poner en óptimas condiciones para la futura explotación
del fruto de palma africana, que es el objetivo en la generación de
ingresos principales. Por lo tanto, no hay un mercado activo para las
plantaciones en etapa de desarrollo; por lo cual su Medición Inicial se
hará con base en los costos acumulados incurridos en la Etapa de
Desarrollo” (comillas mías). Sin embargo, de acuerdo a lo señalado no
hay ninguna nota a los estados financieros o revelaciones del
Patrimonio que señalen las pérdidas que se están generando y que
superan el patrimonio total de la sociedad quedando en proceso de ley
1116 de 2006 de insolvencia, Reestructuración o liquidación”»289.
3. En lo atinente a las inversiones realizadas, en el dictamen se observa
únicamente un listado, tomado de los libros auxiliares de ASI SAS y de
Palmeras el Labrador S.A.S., en el que se muestran los pagos que
habrían realizado entre 2011 y 2012, y luego, en 2021, que
corresponden, principalmente, a pagos de nómina, honorarios,
préstamos, viáticos, (viajes y comidas), impuestos y tasas, además de
un “prest [sic] labor siembra” de $10.600.000 y un “préstamo compra
360 pollitas”, por $3.136.000.
A continuación, en la audiencia de contradicción del dictamen practicado en
este proceso290, el contador público Naranjo Prieto291, en términos generales, no
fue asertivo al responder las preguntas formuladas por el despacho sustanciador,
por las partes y por el Ministerio Público. No mostró tener conocimiento claro de
la materia del dictamen, ni naturalidad al expresarse, tomándose largos momentos
para revisar, al parecer en su computador, la información que requería para dar
respuesta a los cuestionamientos que se le hicieron. En ese orden:
1. Dijo ser contador desde el año 1986, haber trabajado como contador en
varias empresas hasta el año 1992, cuando comenzó a desempeñarse
como auditor, revisor fiscal y contador independiente de varias
empresas; es docente en la Universidad Libre desde el año 2006, y ha
trabajado asimismo en otras instituciones universitarias; tiene
especializaciones en control y gestión de la revisoría fiscal, en auditoría
financiera y maestría en contabilidad. Agregó que había realizado
peritajes contables a operadores de telefonía, una estación de gasolina,
289 Subrayado añadido.
290 Documento contenido en el expediente digital con certificado 32CC7536898A5874 A05BF687DB999B4A
F42FD4CAE07263C9 F217C536252C3F35, ubicado en el índice 533 de SAMAI.
291 A partir del minuto 00:32:00 a 02:07:55
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así como en un asunto contra la ANT, por una cuestión laboral, que tuvo
lugar un año atrás, aproximadamente. Sin embargo, manifestó que no
tiene ningún vínculo con la ANT ni con ASI SAS.
2. Refirió el perito que en los libros de actas de ASI SAS y Palmeras el
Labrador S.A.S. son consignadas las decisiones que se toman, por lo
que es importante que las actas sean firmadas por el presidente y el
secretario de la sociedad, como se prevé en sus estatutos, pues son
quienes actúan en la toma de decisiones, pero muchas de las actas no
fueron suscritas debidamente. Aparte, algunos de los libros contables,
pese a que aparecen en el software, no fueron debidamente firmados ni
registrados en la Cámara de Comercio.
3. Al ser interrogado, por el despacho sustanciador, sobre el destino de los
gastos de nómina de Palmeras el Labrador S.A.S., entre 2007 y el 2008,
para la operación de la plantación, el perito contable respondió que los
datos fueron tomados de las declaraciones de renta, verificados “contra
libros”, y que “se entiende que hace parte de la operación que está
manejando en ese sentido Palmeras el Labrador”292. A continuación,
expresó que solo verificó que la justificación de los gastos e ingresos
reposara en la contabilidad, con lo que corroboró que los gastos de
nómina fueron aplicados, los cuales figuran como gastos preoperativos,
pues las palmas no estarían aun produciendo.
4. Al ser cuestionado, por el apoderado de ASI SAS, sobre el destino de
los gastos de nómina de 2009 y 2010 realizados por Palmeras el
Labrador S.A.S. para la operación de la plantación en los predios, el
perito dijo que estos deben tener relación de causalidad con los
ingresos, y corresponden a gastos preoperativos de la operación. A la
misma pregunta sobre la inversión que tenían por objeto los gastos de
nómina de 2011 y 2012 de Palmeras el Labrador S.A.S., expresó que lo
que se pagó por gastos de nómina y costos de 2011 y de 2012
corresponde efectivamente a esos años, y está relacionado en las
declaraciones correspondientes.
5. Expresó que no verificó, con comprobantes de egresos, si los pagos
realizados por los predios, que aparecían en las escrituras públicas de
compraventa, se habían realizado, o no.
6. Refirió que los gastos preoperativos se dan cuando un cultivo o una
siembra tiene un proceso en el que están como un inventario por
ejecutar. Ya cuando el producto es vendido, esos gastos “se van
llevando proporcionalmente a lo que se va vendiendo”, pero no se
pueden llevar a la realización del hecho económico, que es la venta del
producto del cultivo.
7. A la pregunta sobre la forma en la que las “pruebas analíticas” que
realizó, en las que comparó los libros contables con las declaraciones
tributarias, podrían servir para aclarar el objeto de esta prueba, con la
que se busca identificar el destino de las inversiones en los predios
292 Subrayado añadido.
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Peñaloza, Las Pavas y Si Dios Quiere, el perito contable contestó que
se trata de elementos probatorios materiales físicos; y que, cuando se
presentan diferencias entre lo contable y lo fiscal, debe predominar lo
contable, para determinar el hecho económico, sin que existieran
revelaciones de lo que se estaba certificando en los estados financieros,
razón por la cual es necesario hacer cruces entre la parte contable y la
parte fiscal.
8. Agregó que, para determinar que Palmeras el Labrador S.A.S. estaba a
cargo de la operación de los predios en cuestión, dijo haber encontrado
aportes de ASI SAS en aquella sociedad, en cuyos libros aparece una
cuenta por pagarle a Palmeras el Labrador S.A.S., correspondiente a
esa inversión, debiendo existir correspondencia entre los libros de las
dos firmas, lo que pudo comprobar. “En ese sentido se entendería que
alguno está haciendo una inversión y el otro está haciendo una
operación y así, como tal, también lo pregunt[ó] y así como tal también
[l]e dieron esa respuesta”293. La información provino, pues, de la
contadora Vanesa Castell, quien trabaja para Palmeras el Labrador
S.A.S. y firma los estados financieros, siendo así “garante de acuerdo a
la ética del profesional de la contaduría dando fe pública de que está
certificado”. El hecho económico declarado ante la DIAN fue
comprobado con facturas.
9. Respondió el perito que Palmeras el Labrador S.A.S. no tuvo ingresos
por ventas entre 2007 y 2012 y que le pareció relevante advertir el
hallazgo que encontró sobre la posibilidad de que la sociedad estuviera
en situación de liquidación, sin que hubiera nota alguna a los estados
financieros o revelaciones del patrimonio que señalen las pérdidas que
se están generando y que superan el patrimonio de la sociedad, porque
cuando el patrimonio negativo supera el 50% de los activos debería
entrar en un proceso de insolvencia o liquidación, lo que debe advertir
un revisor fiscal. Aclaró, finalmente, ante la intervención del Ministerio
Público, que no aportó documentos que soporten las conclusiones del
dictamen, los cuales se encuentran en su “base de datos”.
Antes de entrar en la valoración de las pruebas periciales referidas, resulta
pertinente aclarar que los cultivos son un hecho permanente, cuando se trate de
plantaciones intensivas, o por períodos regulares, cuando se trate de cultivos
cíclicos o de pan coger. La productividad y el estado de los cultivos, para servir a
la función social inherente a la propiedad agraria mediante una explotación
económica acorde a la naturaleza del suelo, es un hecho cuya corroboración
requiere conocimientos técnicos, además de la verificación directa del estado de
la plantación. En razón a ello, la Ley 160 de 1994294 y el Decreto 2665 de 1994295
293 Subrayado añadido.
294 “Artículo 53. En el estatuto que regule el procedimiento administrativo de extinción de dominio, además
de las disposiciones que se consideren necesarias, se incluirán las siguientes: […] 5. En todos los
procedimientos administrativos de extinción del derecho de dominio deberá practicarse una inspección ocular
al predio intervenido por el Instituto. Cuando se trate de la causal prevista en la Ley 200 de 1936 y la presente
Ley, los dictámenes serán rendidos por dos peritos que contrate el INCORA con personas naturales o
jurídicas legalmente autorizadas para ello, pero la práctica, elaboración y rendición del experticio se someterá
a las reglas establecidas en esta Ley y lo que disponga el decreto reglamentario. […]”.
295 “Artículo 14. Dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término a que se refiere el artículo
anterior, el Instituto decretará las pruebas solicitadas, o las que de oficio deban realizarse. || La diligencia de
inspección ocular que deberá practicarse dentro del procedimiento de extinción del derecho de dominio a
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requieren la práctica de una inspección ocular y la rendición de un dictamen
técnico preceptivo, para resolver sobre la extinción del dominio agrario por su falta
de explotación regular y estable. Prueba que puede, en todo caso, ser rebatida en
el contencioso en el que es revisada esa decisión, con un medio de convicción de
la misma naturaleza296. La inspección y el dictamen son así las pruebas directas,
con base en las cuales se verifica el supuesto fáctico relativo al cumplimiento de
la función social de la propiedad agraria.
La prueba contable, por su naturaleza, reviste especial relevancia para acreditar
la explotación económica de la tierra mediante la actividad ganadera, en los
términos previstos por la Ley 160 de 1994297, toda vez que el ganado, al no
encontrarse físicamente adherido al suelo, requiere de elementos de orden
económico y documental que evidencien su vinculación productiva con el predio.
Sin embargo, dicha prueba solo constituye un medio indirecto de acreditación de
la explotación agrícola o con cultivos, en cuanto se limita a reflejar movimientos
económicos y registros financieros a partir de los cuales puede inferirse la
existencia de una actividad productiva, pero sin que de ello se derive una
constatación empírica directa sobre el uso del suelo.
En esa medida, el dictamen contable debe entenderse como una prueba de
carácter indirecto, cuya eficacia probatoria es menor en comparación con la
prueba directa, por cuanto, como lo ha precisado esta Sala298, su valor reside en
un raciocinio inferencial: un hecho desconocido —la efectiva explotación del
suelo— se deduce de un hecho conocido —los registros económicos o
financieros—. La fuerza probatoria de este tipo de medios depende, por tanto, de
la consistencia lógica y empírica del vínculo causal que conecta ambos hechos,
lo cual necesariamente introduce un grado de subjetividad y mediación cognitiva
que no se presenta en la prueba directa, en la que el juzgador aprecia de manera
inmediata los hechos constitutivos del fenómeno investigado.
solicitud de parte interesada, se realizará con la intervención de dos (2) peritos, que se designarán mediante
sorteo. || Cuando la causa para la iniciación del procedimiento de extinción sea alguna de las establecidas en
los numerales 2º y 3º del artículo 2º de este Decreto, la diligencia de inspección ocular se practicará por dos
(2) funcionarios calificados del Ministerio del Medio Ambiente, o de la Corporación Autónoma Regional con
jurisdicción en el municipio de ubicación del inmueble, según las resultas del sorteo de peritos. || La diligencia
de inspección ocular se ordenará mediante auto, en el que se señalará fecha y hora para iniciarla, en el cual
se determinará el valor para cubrir el costo de la diligencia, se dispondrá el sorteo de los peritos o funcionarios
calificados que habrán de intervenir y se especificarán los asuntos o aspectos respecto de los cuales versará
la diligencia”.
296 LEY 160 DE 1994. “Artículo 57. […] En los juicios de revisión que se sigan ante el Consejo de Estado de
acuerdo con lo previsto en los artículos anteriores, la inspección judicial que se practique estará encaminada
a verificar el estado de explotación que existía, o el incumplimiento que se estableció de las normas del
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y disposiciones que
lo complementan, en la fecha de la diligencia de inspección ocular. Por lo tanto, los peritos dictaminarán, en
caso de encontrarse una explotación en el fundo, o un estado de conservación y aprovechamiento de los
recursos naturales o del ambiente ajustado a la ley, si estas situaciones son anteriores o por el contrario
posteriores al momento de la inspección ocular que se practicó dentro de las diligencias administrativas de
extinción del dominio adelantadas por el Instituto. || Si de la inspección judicial y del dictamen pericial se
deduce que la explotación económica, o el estado de conservación, mejoramiento y utilización racional de los
recursos naturales renovables y de preservación del ambiente son posteriores a la fecha de la diligencia de
inspección ocular que práctico el Instituto, el Consejo de Estado no podrá tener en cuenta esas circunstancias
para efectos de decidir sobre la revisión del acto administrativo. Pero el valor de las mejoras posteriores que
se acrediten, será pagado por el INCORA en la forma que establezca el reglamento”.
297 LEY 160 DE 1994. “Artículo 53. En el estatuto que regule el procedimiento administrativo de extinción de
dominio, además de las disposiciones que se consideren necesarias, se incluirán las siguientes: […] 6.
Cuando se trate de probar explotación de la tierra con ganados, en superficies cubiertas de pastos naturales,
será indispensable demostrar de manera suficiente la explotación económica o la realización de inversiones
durante el término fijado para la extinción del dominio”.
298 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 28 de junio de 2019, Exp. 44473
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Por tal razón, corresponde a la Sala centrar su examen en el dictamen agronómico
practicado en el presente proceso, en tanto constituye el medio de prueba directo
y especializado para determinar si la presunción de validez de los actos
administrativos que declararon la extinción del dominio agrario de los predios
controvertidos se mantiene o debe desvirtuarse a la luz de la evidencia técnica
recaudada.
Pues bien, la corroboración del estado de los cultivos en 2012, efectuada en el
dictamen agronómico, se sustentó en imágenes satelitales en las que, según el
perito, “únicamente aparecerían palmas con una altura mayor a los tres (3)
metros”, a partir de lo cual infirió que dichas plantaciones serían “el fruto del trabajo
regular y permanente realizado por, al menos, tres años” 299.
Al respecto, advierte la Sala que las imágenes satelitales utilizadas como soporte
empírico del dictamen no corresponden al año 2012, sino al año 2014, tal como
consta en las propias imágenes, subtituladas con la referencia: “Fotografía
satelital pancromática 2014”300. Esta circunstancia desvirtúa el fundamento
empírico sobre el cual el perito construyó su inferencia acerca de la explotación
regular y permanente de las palmas, debilitando con ello el sustento objetivo del
dictamen. Dicha inferencia, además, comporta una operación de intermediación
epistemológica —esto es, una deducción indirecta basada en indicios— que, por
su naturaleza, ofrece un menor grado de certeza que la prueba directa, cuya
observación es inmediata y verificable.
Adicionalmente, según lo expresado por el propio perito, el nivel de resolución de
las imágenes satelitales, inferior al de las obtenidas mediante drones, solo permite
determinar la altura aproximada de las plantaciones, sin que sea posible
establecer su estado de productividad. Este último constituye, precisamente, el
elemento determinante para valorar si el suelo cumple la función social que le es
inherente, de conformidad con los artículos 52, 57 y 58 de la Ley 160 de 1994.
En consecuencia, el dictamen agronómico carece de parámetros de
comprobación intersubjetiva que otorguen validez y solidez a los juicios inductivos
contenidos en sus conclusiones sobre el estado de las plantaciones en 2012, que
era, precisamente, el objeto de comprobación de dicha prueba técnica301. La
ausencia de correspondencia temporal y la limitación técnica del medio empleado
impiden atribuir a este dictamen un valor probatorio suficiente para desvirtuar o
confirmar la configuración del supuesto fáctico de la extinción del dominio agrario.
Además, el perito no determinó ni explicó el margen de error que podría afectar
las conclusiones obtenidas a partir del análisis de las imágenes satelitales,
aspecto que resulta indispensable para valorar la confiabilidad científica de los
resultados. Tal precisión sí fue incluida, en cambio, respecto del procesamiento y
la interpretación de las fotografías tomadas con drones, lo que pone de relieve
una inconsistencia metodológica entre las distintas fuentes de información
299 Documento contenido en el expediente digital con certificado 6EEA827D8CF865EE D4254BB71863CD1F
7B61AAB6BE04F990 533767F86DFB634, ubicado en el índice 446 de SAMAI.
300 Documentos contenidos en el expediente digital con certificados 37C2C54AA0A49839
CF424BC06954AD55 70CD2FD889EC39BE F6A7D49946075BE1, 3091EA8226122189
D54AC4A29A7BB2CB 80B8B2AD2EB5E3F4 244DA6DF0BD3F2E3 y 65CCBDABF5FC7882
4F5345A1F275F46C D6B4BE5D8885FDE2 5D57D3234FE2FB95, ubicados en el índice 446 de SAMAI.
301 Índice 337 de SAMAI.
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consideradas. La ausencia de dicho parámetro impide verificar el nivel de certeza
de las inferencias formuladas con base en imágenes de resolución variable,
susceptibles de distorsión por factores como la nubosidad, la fecha de captura, la
escala o el ángulo de observación. Esta falencia compromete el rigor técnico del
dictamen y lo priva de la sustentación empírica que exige la prueba pericial como
medio de convicción de naturaleza científica.
Tampoco indicó el experto la fuente indirecta de la cual dedujo que las palmas
identificadas en las imágenes satelitales, al tener una altura igual o superior a tres
metros, correspondían necesariamente a un cultivo establecido de forma regular
y continua durante un periodo no inferior a tres (3) años. Tal afirmación, que
constituye el núcleo de su razonamiento, carece de respaldo documental o
técnico, pues no se precisó si dicha información provenía de estudios
agronómicos reconocidos, de literatura especializada o de parámetros técnicos
oficialmente adoptados por la autoridad competente. La omisión en la referencia
a la fuente debilita el juicio inferencial contenido en el dictamen, al convertir una
hipótesis de trabajo en una conclusión fáctica sin la debida validación científica.
Así, el dictamen se apoya de manera exclusiva en la autoridad profesional del
perito —sus títulos, experiencia y conocimientos generales— sin que estos
elementos, por sí solos, constituyan fundamento suficiente para conferirle fuerza
demostrativa a las conclusiones emitidas. Tales antecedentes profesionales son
apenas un indicio de idoneidad, pero no sustituyen la verificación objetiva de los
datos, ni la aplicación de un método controlable y reproducible que permita otorgar
certeza a la prueba técnica.
En este contexto, el dictamen agronómico rendido en el proceso no satisface las
exigencias de fiabilidad y objetividad que impone el artículo 226 del Código
General del Proceso, por lo que no tiene la virtualidad de desvirtuar la presunción
de legalidad que ampara los actos administrativos de extinción del derecho de
dominio agrario cuya nulidad se demanda. El valor persuasivo de la pericia se
encuentra, en consecuencia, gravemente disminuido, pues no ofrece soporte
técnico ni científico suficiente para cuestionar la motivación de los actos
administrativos objeto de controversia.
Por el contrario, advierte la Sala que el informe de inspección de fecha 9 de
noviembre de 2012 en la que se fundó dicha decisión302 —la cual fue citada in
extenso anteriormente, como parte del contenido de la Resolución núm. 2284 de
14 de noviembre de 2012303— se basó en lo observado en “la diligencia de
inspección ocular a los tres (3) predios localizados en los municipios de San Martín
de Loba y El Peñón, departamento de Bolívar, del 10 al 17 de octubre de 2012”,
de la cual se dejó un registro fotográfico pormenorizado como anexo al dictamen.
De esa forma, a partir de la observación directa, los peritos en ingeniería agrícola
y en ingeniería catastral —que rindieron dicho dictamen— pudieron corroborar
que las plantas halladas en el predio Las Pavas estaban invadidas por malezas,
que presentaban “clorosis (amarillamiento) en las hojas de la palma lo que puede
indicar deficiencias en la fertilización”, debido a la falta de labores culturales, y que
no tenían una “red de drenajes que permita evacuar los excesos de agua en las
302 Folios 2300 a 2399, tomos XII y XIII de pruebas.
303 Folios 2409-2504, tomo XIII de pruebas.
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temporadas invernales”. También, pudieron determinar de esa manera que, en
otro sector del predio, las palmas cultivadas en 2012 habían permanecido “en
vivero durante más de dos (2) años, lo cual hace que esta palma no vaya a tener
un adecuado desarrollo por el tiempo que duró en vivero y bajo unas condiciones
no adecuadas”, inferencia que explicaron, con la cita de una fuente bibliográfica
que proporcionaba una relación explicativa clara. Además, mediante la
observación, concluyeron que las palmas encontradas en ese sector “no ha[bían]
recibido un adecuado mantenimiento (labores culturales), lo cual se evidencia en
el hecho de que está totalmente invadida de malezas, tanto así, que en algunos
sectores la palma no es visible a cierta distancia”.
Asimismo, identificaron y alinderaron las áreas explotadas e inexplotadas dentro
del procedimiento de extinción del derecho de dominio agrario. En efecto, el
informe técnico consignó los porcentajes de cobertura de cada predio —40 % de
rastrojo medio y alto, 8 % de cultivos, 47 % de bosque secundario y 5 % de pastos
naturales en el predio Peñaloza; 78 % de rastrojo, 2 % de cultivos y 20 % de
bosque en el predio Si Dios Quiere; y 38,5 % de rastrojo, 20 % de pastos naturales
y 0,8 % de cultivos en Las Pavas—, además de detallar las áreas cultivadas en
palma de aceite. Estos datos evidencian que la entidad delimitó con precisión las
zonas de explotación y de inexplotación, dando cumplimiento al deber legal de
alinderamiento, circunstancia que desvirtúa el reproche formulado por la parte
demandante sobre este aspecto.
El dictamen en el que se sustentaron los actos administrativos de extinción del
dominio agrario demandados constituyó una prueba técnica debidamente
estructurada, fundada en la observación directa de expertos especializados en la
materia, inscritos en la lista oficial de auxiliares de la justicia304, cuya labor fue
documentada de manera completa mediante los anexos incorporados al informe
pericial. Dichos expertos efectuaron una verificación empírica y presencial de los
hechos, lo que permitió constatar condiciones y elementos del terreno que no
podían ser apreciados a través de las fotografías empleadas en el dictamen
rendido dentro del presente proceso, las cuales provenían de capturas realizadas
mediante drones o imágenes satelitales, y, por ende, carecían del mismo nivel de
contraste y validación en campo.
El informe de inspección elaborado en sede administrativa se fundamentó, así, en
parámetros de comprobación intersubjetiva técnicamente verificables, lo que
confirió solidez metodológica y rigor científico a las conclusiones obtenidas. Tales
parámetros permitieron establecer una correspondencia lógica entre los datos
recolectados en la diligencia y los juicios técnicos deducidos a partir de ellos,
conforme a criterios de objetividad y reproducibilidad propios de la prueba pericial.
En ese sentido, el informe pericial que sirvió de sustento a la Resolución núm.
2284 del 14 de noviembre de 2012 no solo expuso las relaciones explicativas entre
los resultados de la observación directa y las conclusiones finales, sino que las
respaldó mediante citas bibliográficas expresas, provenientes de fuentes técnicas
y científicas reconocidas, que dotaron de sustento racional y metodológico a los
juicios deductivos allí consignados. La Sala observa, por tanto, que dicho
dictamen cumple con los estándares de idoneidad, objetividad y suficiencia
exigibles a una prueba técnica de naturaleza agronómica.
304 Folios 1760 a 1765, tomo IX de pruebas.
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En consecuencia, se mantienen las conclusiones expuestas en el acto
administrativo mediante el cual se declaró la extinción del derecho de dominio
agrario, al encontrarse debidamente soportadas en la inspección ocular practicada
y en el dictamen técnico que la documenta. Dichos medios de prueba, elaborados
con rigor metodológico permitieron constatar las condiciones reales de uso y
aprovechamiento de los predios, determinar las áreas efectivamente explotadas e
inexplotadas, y verificar el cumplimiento o incumplimiento de la función social de
la propiedad. En esa medida, el contenido del acto administrativo demandado
refleja una valoración probatoria objetiva, sustentada en evidencias directas y
técnicamente verificadas, lo que conduce a ratificar la validez y motivación de la
decisión adoptada por el INCODER.
Tampoco desvirtúa lo concluido el dictamen contable practicado dentro del
proceso305, el cual, como se expuso previamente, adolece de falencias
metodológicas que afectan de manera sustancial su valor demostrativo. En efecto,
el perito no explicó con claridad el procedimiento técnico-contable mediante el cual
habría determinado que los egresos registrados por las sociedades ASI S.A.S. y
Palmeras El Labrador S.A.S. estaban efectivamente destinados a las plantaciones
ubicadas en los predios objeto del litigio. Tal afirmación no superó el plano de una
inferencia meramente conjetural, sustentada en lo que “se entiende” a partir de la
manifestación de una empleada de ASI S.A.S. y de la documentación por ella
aportada.
Dicha documentación, además de insuficiente, resultaba formalmente deficiente,
pues no permitía verificar las decisiones societarias que habrían determinado el
destino específico de las inversiones contables registradas. Las actas allegadas
carecían de las firmas que acreditaran su autenticidad y validez, de modo que no
podían ser consideradas como medio idóneo para establecer la correspondencia
entre los egresos y la actividad económica desarrollada en los predios en cuestión.
A ello se suma que el dictamen no anexó copia de los documentos fuente en los
que supuestamente se basó el análisis pericial, omisión que priva a la prueba de
un respaldo empírico verificable y, por tanto, de la posibilidad de someter sus
inferencias a un control intersubjetivo de racionalidad, como lo exige la naturaleza
científica y objetiva del dictamen pericial. La ausencia de trazabilidad documental
impide reconstruir el razonamiento técnico del experto y, con ello, evaluar la
validez de sus conclusiones.
En tales condiciones, el dictamen contable no logra acreditar, con el grado de
certeza requerido, la existencia de una relación efectiva entre los movimientos
financieros de las sociedades referidas y la explotación económica de los predios
materia del proceso. Se trata, por ende, de una prueba indirecta que no alcanza
eficacia probatoria suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad que
ampara los actos administrativos de extinción del derecho de dominio agrario
enjuiciados. Su alcance se reduce al de un elemento meramente indiciario,
carente de la fuerza anulatoria que pretendía sustentar.
305 Documento contenido en el expediente digital con certificado 2788DD31F4C9944E 9959196C0BEC5E85
0FFC0F4BCA7BD95D D469017822CE7B1D, ubicado en el índice 445 de SAMAI.
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Radicado:11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699)
Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
Encuentra la Sala que, por otra parte, la interpretación que realizó el INCODER
de los artículos 52, 53.4, 57 y 58 de la Ley 160 de 1994, y de los artículos 14 a 18
del Decreto 2665 de 1994 se ajusta a su tenor y a su espíritu. Como se expuso
anteriormente, la extinción del derecho de dominio agrario por incumplimiento de
la función social que le es inherente procede cuando se acredite que los predios
cuya propiedad sea discutida no hayan sido objeto de una explotación económica
regular y estable, durante los tres (3) años anteriores a la fecha en la que fuera
practicada la diligencia de inspección ocular; explotación que debe haberse dado
de esa manera, durante al menos el año anterior a ese momento, es decir, sin
cambios grandes o bruscos, o en intervalos regulares, atendiendo a la naturaleza
del suelo, sin que exista un riesgo razonable de que su explotación perezca.
En efecto, en la Resolución núm. 2284 de 14 de noviembre de 2012, el INCODER
resolvió, por una parte, que procedía la extinción del dominio agrario de los predios
Peñaloza y Si Dios Quiere, pues en estos ASI SAS no había ejercido explotación
económica alguna durante un período mayor al de los tres (3) años anteriores al
momento en el que tuvo lugar la inspección ocular practicada en vía
administrativa; circunstancia que, sin duda, da lugar a la extinción del dominio
agrario, conforme a lo expuesto en precedencia, y que no fue rebatida con los
dictámenes practicados en este proceso, puesto que estos, además de carecer
del rigor técnico y científico requerido para dar cuenta de los hechos que tuvieron
por objeto, no acreditaron que en dichos predios hubiera cultivos de palma, como
aquellos que se atribuye a ASI SAS.
Por otro lado, en la misma Resolución núm. 2284, el INCODER decidió extinguir
el dominio agrario del predio Las Pavas, puesto que en este, si bien existían
cultivos de palma en dos perímetros con áreas de 58 y 200 hectáreas, cada uno,
estos no habían sido objeto de las labores culturales necesarias, ni tenían una red
de drenajes que permitiera la evacuación de aguas durante las temporadas de
lluvias, estaban invadidos de maleza, padecían de clorosis (amarillamiento) en las
hojas, y/o habían sido sembrados tardíamente lo que impedía que tuvieran un
desarrollo adecuado. Estas circunstancias, que tampoco fueron rebatidas en este
proceso con las pruebas periciales practicadas, denotan así mismo un
incumplimiento de la función social de la propiedad agraria, pues la presencia de
cultivos de palma no supone que estos tengan la capacidad de dar, por sí mismos,
los frutos cuya producción supone el cumplimiento de su función económica.
Con todo y lo anterior, el informe técnico en el que se fundó la decisión extintiva
del dominio agrario determinó que las zonas del predio Las Pavas en las que se
ubicaban la mayoría de los cultivos de palma “[…] se caracteriza[n] por ser
ligeramente planas, presenta[n] un buen drenaje, son profundos, plenamente
mecanizables, [sic] aparentemente de fertilidad moderada y [con] contenido medio
de materia orgánica”, tratándose, además, de suelos “aptos para cultivos
intensivos” 306. Se trataba así de suelos idóneos para cultivos permanentes, con
capacidad de generar una producción agrícola sostenida, que fue desatendida por
ASI SAS, con lo cual incumplió la función social inherente a los sectores del predio
Las Pavas en los que se encontraban los cultivos de palma de aceite atribuidos a
ASI SAS.
306 Folios 2300-2399, tomo XII de pruebas.
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
Por último, recuerda la Sala que, si bien en los actos demandados se hizo
referencia a la presencia de miembros de ASOCAB en los predios cuya extinción
de dominio agrario tuvo por objeto, así como a la ocurrencia de una inundación en
el año 2010, nada prueba que estos fueran eventos de caso fortuito o fuerza
mayor, es decir, circunstancias externas, imprevisibles e irresistibles que
impidieran que ASI SAS los explotara conforme a la jurisprudencia de la Sala307,
de acuerdo con la función social que les es inherente, como le correspondía
acreditarlo a la ahora demandante308. Por el contrario, se observa que los predios
Peñaloza, Las Pavas y Si Dios Quiere habían sido cultivados en apenas un 8%,
0,8% y 2%, respectivamente, por los campesinos de ASOCAB, estando así libre
la gran mayoría de su suelo para la explotación de ASI SAS, que no fue llevada a
cabo de forma regular y estable. En consecuencia, el cargo formulado no tiene
vocación de prosperidad.
3.3.1.6. De otra parte, la sociedad demandante sustenta la existencia de una
fuerza mayor en las inundaciones que habrían afectado los predios Las Pavas,
Si Dios Quiere y Peñaloza entre los años 2008 y 2012, argumentando que tales
eventos naturales impidieron el desarrollo normal de las actividades productivas.
No obstante, la Sala advierte que esta alegación no encuentra respaldo técnico
en el acervo probatorio. En efecto, el dictamen pericial rendido dentro del
procedimiento administrativo concluyó que los referidos predios eran total o
parcialmente inundables, lo que evidencia una condición estructural y permanente
del terreno, pero no un evento extraordinario o irresistible en los términos exigidos
por la figura de la fuerza mayor309. Más aún, el mismo informe estableció que
dichos suelos admitían diversos usos agrícolas posibles, siempre que se
implementaran prácticas adecuadas de manejo, drenaje y conservación,
necesarias para el control de la erosión y la regulación del agua, medidas que —
según se constató— no fueron adoptadas por la sociedad ASI S.A.S310.
307 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 28 de octubre de 2019, Exp.
40992, aptado. 3.4.2.2.
308 LEY 160 DE 1994. “Artículo 52. Establécese en favor de la Nación la extinción del derecho de dominio o
propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el
artículo primero de la Ley 200 de 1936, durante tres (3) años continuos, salvo fuerza mayor o caso fortuito,
[…]”. DECRETO 2665 DE 1994. “Artículo 3º. Justificación de la inexplotación. No habrá lugar a las
declaratorias de extinción del dominio previstas en el artículo anterior, cuando las causales obedezcan a
hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, según lo previsto en la Ley 95 de 1890”.
309 “Inundabilidad: || Hacienda Las Pavas: El predio es susceptible a [sic] periodos de inundación regular de
duración variable en las temporadas invernales, en un 56% del área total. || Si Dios Quiere: El predio es
susceptible a [sic] períodos de inundación regular de duración variable en las temporadas invernales, en un
100% del área total. || Peñaloza: La parte más plan del predio es susceptible a [sic] inundaciones regulares
en épocas invernales, en un 5% del área total”. Folio 2327, tomo XII de pruebas.
310 “Clases agrícolas: Hacienda Las Pavas: Clase VI: esta clase agrícola se observa en los sectores centrales
de la hacienda, se caracteriza por ser áreas susceptibles a [sic] inundación gran parte del año, estos suelos
son ligeramente planos, pobremente drenados, superficiales y plenamente mecanizables condicionados a la
humedad del suelo, aparentemente de alta fertilidad y contendido medio de materia orgánica. Estos suelos
se recomiendan para pastoreo y para el establecimiento de cultivos de ciclo corto de maíz, yuca, entre otros.
|| Clase II: esta clase agrológica se observa en el sector occidental (ubicación de la mayoría y cultivo de
palma) y sector oriental de la hacienda (límite con predio Bellavista), se caracteriza por ser áreas ligeramente
planas, presenta buen drenaje, son profundos, plenamente mecanizables, aparentemente de fertilidad
moderada y contenido medio de materia orgánica. Estos suelos son aptos para cultivos intensivos como arroz,
maíz, plátano, frutales y pastos mejorados. || Si Dios Quiere: Clase VI: esta clase agrícola se observa en los
sectores centrales de la hacienda, se caracteriza por ser áreas susceptibles a [sic] inundación gran parte del
año, estos suelos son ligeramente planos, pobremente drenados, superficiales y plenamente mecanizables
condicionados a la humedad del suelo, aparentemente de alta fertilidad y contendido medio de materia
orgánica. Estos suelos se recomiendan para pastoreo y para el establecimiento de cultivos de ciclo corto de
maíz, yuca, entre otros. || Peñaloza: Clase II: esta clase agrológica se observa en el sector que colinda contra
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En tal contexto, las inundaciones observadas durante los periodos invernales
deben considerarse un riesgo previsible y gestionable, inherente a la localización
geográfica y a las características hidrológicas de la zona, cuya materialización no
puede asimilarse a un evento de fuerza mayor. La omisión de la empresa en la
adopción de técnicas de manejo adecuadas desvirtúa la alegación de
imposibilidad sobrevenida y pone de manifiesto que el cese de la actividad
agrícola obedeció a una deficiencia en la gestión del riesgo y en la administración
del predio, más que a un hecho imprevisible o irresistible.
Por lo tanto, la Sala concluye que las circunstancias invocadas por la parte
demandante no reúnen los elementos constitutivos de la fuerza mayor, en cuanto
las inundaciones, además de ser fenómenos periódicos y conocidos en la región,
no imposibilitaban de manera absoluta la explotación económica de los predios,
sino que requerían la implementación de medidas técnicas de prevención y
adaptación que estaban al alcance de la sociedad administradora.
3.3.1.7. Por último, la Sala advierte, como aspecto que amerita un
pronunciamiento específico, la eventual configuración de una fuerza mayor
derivada de la ocupación del predio Las Pavas, circunstancia que fue mencionada
por el señor Rafael Cárcamo García en la entrevista rendida dentro de la
investigación penal con radicación núm. 13-001-60-01128-2009-125118311, y que
posteriormente fue ratificada en el curso del presente proceso312.
El señor Cárcamo García señaló no tener vínculos con ASI SAS, ASOCAB, el
INCODER ni la ANT. Ratificó haber rendido su versión ante la Policía Judicial, en
la investigación penal con radicado núm. 2009-12518, en la que dijo haber
“entregado predios para reforma agraria”, uno de los cuales fue la hacienda Las
Pavas. Para ello, se reunió con campesinos de la zona y se entrevistó con Jesús
Emilio Escobar en Medellín, con el fin de que le vendiera el predio al Estado, quien
le otorgó un (1) año de plazo para concluir la negociación del predio, el cual se
cumplió sin que la negociación con el INCORA se concretara, por lo que concluyó
su gestión, tras lo cual no volvió a tener contacto con el señor Escobar.
Señaló que, para llevar a cabo dicha gestión, fue contactado por Eliú, Misael y
otros campesinos integrantes de la junta directiva de “esa asociación”, quienes —
según su dicho— no tenían vínculo laboral alguno con el señor Escobar. Señaló
haber actuado bajo presiones ejercidas tanto por la guerrilla como por grupos
paramilitares. Añadió que no recordaba con precisión el momento en que tuvieron
lugar algunas reuniones a las cuales habría sido forzado a asistir por integrantes
de grupos armados ilegales, en especial del ELN, aunque sí recordaba el lugar de
dichas reuniones: Papayal. Finalmente, manifestó que estos hechos ocurrieron
el brazo Papayal, se caracteriza por ser áreas ligeramente planas, presenta buen drenaje, son profundos,
plenamente mecanizables, aparentemente de fertilidad moderada y contenido medio de materia orgánica.
Estos suelos son aptos para cultivos intensivos como arroz, maíz, plátano, frutales y pastos mejorados. Clase
VI: Se presenta en toda la parte central del predio, se caracteriza por tener un relieve fuertemente quebrado,
susceptible a fenómenos de erosión tipo laminar, son superficiales, aparentemente de fertilidad baja y
contenido medio de materia orgánica, bien drenados y por sectores con presencia de pedregosidad. Estos
suelos son aptos para establecer cultivos de pan coger, frutales, sistemas agroforestales con prácticas de
conservación. Clase VI: se presenta en el extremo occidental del predio y se caracteriza por tener un relieve
ligeramente inclinada, bien drenado, superficial y contendido medio de materia orgánica. Estos suelos son
aptos para establecer cultivos de pan coger, sistemas agroforestales o pastos mejorados con rotación de
potreros”. Folio 2328 y 2329, tomo XII de pruebas
311 Folios 181 a 184, cuaderno 1.
312 Minuto 03:11:00 a 03:53:50, índice 533 de SAMAI.
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
con posterioridad al cierre de la negociación de los predios realizada en el marco
de la reforma agraria, en la cual él participó directamente
Posteriormente —según su declaración— le fueron formuladas propuestas de
carácter ilegal o indebido, las cuales rechazó, al considerar que Las Pavas era un
predio de propiedad privada dedicado a la explotación ganadera antes de iniciarse
la negociación en la que participó. Una de esas propuestas, respaldada por
miembros de la guerrilla en apoyo a ASOCAB, se fundamentaba en la tesis del
abandono del predio como supuesto de extinción del dominio, circunstancia que
provocó divisiones internas entre los integrantes de dicha asociación. Finalmente,
manifestó que no intervino en la controversia jurídica y social surgida entre los
campesinos de la zona, el propietario del inmueble y el Estado.
Si bien el señor Cárcamo García respondió con aparente espontaneidad y
coherencia a las preguntas formuladas por el despacho, la parte actora y el tercero
interviniente, advierte la Sala que su versión —en particular, su negativa a haber
participado en la gestión de la extinción del dominio sobre el predio Las Pavas—
resulta incompatible con lo declarado por Pedro Moreno Redondo313, quien afirmó
que fue el propio Cárcamo quien les “vendió la idea” de que era posible adquirir
los predios bajo la figura de extinción del dominio.
De igual modo, el señor Moreno Redondo señaló que dentro de la asociación
ASOCAB se presentaron irregularidades internas en la administración de los
fondos provenientes de los aportes de sus miembros, debido a que el señor
Cárcamo pretendía asumir el control de dichos recursos, del mismo modo en que
lo había hecho con los fondos provenientes de un préstamo del Banco Agrario.
Estas afirmaciones fueron ratificadas por el propio declarante, quien agregó que
tales recursos eran manejados directamente por el señor Cárcamo y la directiva
de ASOCAB. La contradicción evidente entre estas declaraciones y el testimonio
de Cárcamo menoscaba su credibilidad, al poner en duda la veracidad y
consistencia de su relato frente a hechos sustanciales del caso.
Adicionalmente, el señor Cárcamo García no ofreció una descripción detallada ni
verificable de la forma en que los grupos armados habrían ejercido coacción o
presión en relación con la ocupación del predio Las Pavas. A pesar de que fue
interrogado en múltiples oportunidades dentro de este proceso sobre tal
circunstancia, omitió precisar las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que
habrían ocurrido los hechos de violencia o amenaza. Su exposición se limitó a
señalar que asistió a una reunión en el corregimiento de El Papayal con miembros
del ELN, sin explicar cómo o en qué medida dichos actores armados habrían
determinado la ocupación de la hacienda Las Pavas por parte de los miembros de
ASOCAB.
En ese orden, la Sala concluye que el testimonio del señor Cárcamo García carece
de coherencia, precisión y sustento probatorio, por lo que no resulta idóneo para
demostrar la existencia de una fuerza mayor que hubiera afectado la posesión o
explotación de los predios. Las inconsistencias internas de su declaración, la falta
de detalles verificables y las contradicciones con otros testimonios aportados por
la misma parte actora restan credibilidad a su dicho. Además, los hechos relatados
tuvieron lugar cuando el señor Jesús Emilio Escobar aún era propietario de los
313 Minuto 03:57:50 a 04:39:00, índice 533 de SAMAI.
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
inmuebles, lo que excluye toda posibilidad de vincular a la sociedad ASI S.A.S.
con presiones o amenazas de grupos armados ilegales.
4. Conclusiones
4.1. En atención a lo expuesto, respecto del primer cargo relativo al presunto
fenecimiento de la potestad sancionatoria, se concluye que la extinción del
dominio agrario no reviste naturaleza sancionatoria, sino que constituye un
procedimiento administrativo especial orientado a verificar el cumplimiento de la
función social y ecológica de la propiedad. El término de tres (3) años previsto en
el artículo 52 de la Ley 160 de 1994 opera como presupuesto habilitante de la
medida, y no como límite temporal a la competencia de la autoridad agraria. En
consecuencia, la caducidad trienal prevista en el artículo 38 del entonces vigente
Código Contencioso Administrativo no resulta aplicable al ámbito de la extinción
de dominio agrario. Por tanto, al momento de la expedición de la decisión
administrativa cuestionada, el INCODER conservaba plena competencia para
adelantar el trámite y resolverlo de fondo, razón por la cual el cargo carece de
sustento y no está llamado a prosperar.
4.2. En cuanto al segundo cargo, se determinó que la diligencia de visita previa
practicada por el INCODER tenía un carácter preparatorio, técnico y no
contradictorio, orientado exclusivamente a recopilar información sobre el estado
físico y jurídico de los predios para decidir si procedía la apertura del
procedimiento de extinción del dominio agrario. Ni la Ley 160 de 1994 ni su
Decreto Reglamentario 2665 de 1994 consagran la obligación de notificar al
propietario en esa fase preliminar, dado que la actuación no produce efectos
jurídicos directos ni crea, modifica o extingue derechos. Por tanto, su práctica sin
aviso previo no configura irregularidad sustancial ni vulnera el debido proceso
administrativo.
Tampoco se acreditó la alegada modificación irregular del acto de inicio del
procedimiento. Las resoluciones posteriores se limitaron a precisar la identidad de
los propietarios de los predios, sin alterar los fundamentos ni los efectos del acto
inicial. Estas actuaciones constituyeron simples ajustes declarativos, amparados
por el principio de autotutela administrativa y por el deber de coherencia entre el
contenido del acto y la realidad registral, sin que pueda predicarse
desconocimiento del principio de ejecutoriedad o de la intangibilidad de los actos
administrativos en firme.
Frente a la supuesta irregularidad en la notificación de la Resolución núm. 1612
de 2011, se estableció que carece de fundamento jurídico y de incidencia
sustancial en las garantías procesales de las sociedades involucradas. El acto en
cuestión no modificó el contenido ni los efectos de la resolución que dio inicio al
procedimiento de extinción de dominio, limitándose a reiterar la titularidad de los
predios a nombre de ASI S.A.S. y Tequendama S.A. Además, ambas sociedades
tuvieron conocimiento efectivo del trámite y ejercieron los medios de defensa
previstos en la ley, circunstancia que satisface la finalidad de la notificación. Aun
en el supuesto de haberse configurado un defecto formal, la presentación de la
solicitud de revocatoria directa por parte de Tequendama S.A. constituye una
notificación por conducta concluyente que convalida el conocimiento real y
oportuno del acto, conforme al artículo 48 del CCA.
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
De igual modo, el argumento relativo al presunto decaimiento del acto de inicio
carece de fundamento, ya que dicho acto tiene una naturaleza meramente
habilitante y no requiere prueba plena de la causal de extinción. Basta con la
existencia de indicios razonables de incumplimiento de la función social de la
propiedad. Además, la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1152 de 2007
produjo efectos hacia el futuro, sin afectar la validez de los actos expedidos
durante su vigencia, razón por la cual no puede sostenerse que el procedimiento
haya perdido su fuerza ejecutoria.
Por otra parte, en cuanto a la alegada inoponibilidad del procedimiento frente a
terceros adquirentes, se estableció que los efectos jurídicos se producen desde la
inscripción de la resolución de inicio en el registro de instrumentos públicos. No
obstante, la sociedad Aportes San Isidro S.A.S. manifestó su conocimiento del
acto mediante la interposición de recurso de reposición, configurándose una
notificación por conducta concluyente. En consecuencia, el acto adquirió eficacia
plena frente a dicha sociedad, quedando válidamente vinculada al trámite
administrativo.
Respecto del valor de las actuaciones previas, se constató que la declaratoria de
extinción del dominio agrario se fundó exclusivamente en los resultados de la
inspección ocular practicada en octubre de 2012, que permitió verificar la ausencia
de explotación económica regular y estable durante el periodo trienal exigido por
la Ley 160 de 1994. La visita del año 2006, inoponible a la sociedad demandante,
no tuvo incidencia determinante en la decisión ni sirvió de base fáctica o jurídica
para la declaratoria extintiva.
Tampoco prospera la objeción relativa a la falta de aprobación del acto de
extinción por parte de la Junta Directiva del INCODER, toda vez que, tras la
reestructuración institucional dispuesta mediante los Decretos 1292 y 1300 de
2003 y el Decreto 3759 de 2009, la competencia para decidir el procedimiento
recaía directamente en la Gerencia General y, por delegación, en la Subgerencia
de Tierras Rurales. La normativa vigente no exigía aprobación colegiada, por lo
que no se configuró vicio de incompetencia ni desconocimiento del principio de
legalidad.
Finalmente, las referencias al desplazamiento forzado de los miembros de
ASOCAB contenidas en los actos administrativos demandados tuvieron un
carácter meramente contextual y descriptivo, sin incidencia alguna en la
motivación ni en la causal aplicada. La decisión de extinción se sustentó
exclusivamente en la comprobación técnica de la falta de explotación económica
regular y continua de los predios, verificada mediante la inspección ocular de
2012, diligencia que constituyó el soporte probatorio esencial de la medida. De
este modo, las consideraciones sociales o de orden público incluidas a título de
antecedente no afectan la validez del acto ni comprometen su motivación jurídica,
razón por la cual ninguno de los reproches planteados tiene vocación de
prosperidad.
4.3. En relación con los cuestionamientos planteados frente al tercer cargo, se
determinó, en primer término, que no existió contradicción probatoria ni vicio de
motivación en la decisión administrativa. El informe de visita del 30 de abril de
2010 carecía de validez por mandato de la sentencia T-267 de 2011, que dispuso
reanudar el trámite original y dejar sin efectos los actos derivados de la actuación
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
anulada. En consecuencia, la decisión se sustentó exclusivamente en las
actuaciones válidas y vigentes, sin que pueda predicarse irregularidad alguna por
coexistencia de informes.
Se comprobó igualmente que la inspección ocular de 2012 y el dictamen técnico
se realizaron con observancia del principio de publicidad y del derecho de defensa.
El representante legal y el apoderado de la sociedad fueron oportunamente
notificados, y su ausencia en la diligencia obedeció a una decisión propia, no
atribuible a la administración. La falta de comparecencia de los testigos ofrecidos
y la omisión en la presentación de pruebas complementarias responden a una
inactividad procesal de la parte interesada.
Tampoco se demostró que la decisión se hubiera fundado en declaraciones
informales. Las manifestaciones de los campesinos fueron recaudadas bajo
juramento dentro de la inspección formal, y los elementos técnicos que
sustentaron la extinción se derivaron de la observación directa y del informe
técnico de 9 de noviembre de 2012. La autoridad actuó con base en medios de
convicción legítimos y verificables.
En relación con el traslado del dictamen técnico, aunque no existe prueba de que
este hubiera sido puesto en conocimiento formal de la sociedad actora, no se
evidencia una afectación sustancial de su derecho de defensa ni una irregularidad
con relevancia invalidante. La parte actora tuvo plena oportunidad de intervenir en
la diligencia de inspección ocular, solicitar y aportar pruebas, controvertir los
elementos recaudados y ejercer los recursos administrativos correspondientes.
Además, el dictamen hizo parte integral del expediente administrativo y fue
expresamente citado como fundamento de la decisión, lo que permitió a la
interesada conocer su contenido y refutarlo en sede gubernativa. La ausencia de
traslado formal no impidió, por tanto, el ejercicio efectivo del contradictorio ni tuvo
incidencia material en la decisión, motivo por el cual, la omisión carece de
trascendencia jurídica y no compromete la validez del acto administrativo.
De igual manera, los peritajes agronómico y contable practicados en sede judicial
carecen de la solidez técnica y de la fuerza demostrativa necesarias para
desvirtuar la validez, suficiencia y rigor probatorio del informe elaborado en el
procedimiento administrativo. El informe agronómico se apoyó en imágenes
satelitales tomadas en el año 2014, es decir, con posterioridad a la expedición del
acto demandado, sin indicar el margen de error ni los parámetros de interpretación
empleados, y sin soporte bibliográfico que permitiera verificar científicamente sus
conclusiones. Por el contrario, el dictamen practicado en sede administrativa se
sustentó en la observación directa de los predios, documentada con registro
fotográfico y fichas técnicas, y explicó con rigor técnico la correlación entre los
hallazgos de campo y la pérdida de la función social y económica de la propiedad.
De igual modo, el peritaje contable carece de valor probatorio suficiente, pues el
experto no acreditó la trazabilidad ni la correspondencia entre los egresos
contables y las supuestas inversiones en los predios, basándose únicamente en
conjeturas derivadas de declaraciones y documentos incompletos, carentes de
firmas y respaldo verificable. Ninguno de los dos dictámenes judiciales cumple con
los estándares de rigor empírico y metodológico exigidos para desvirtuar la
decisión administrativa. En contraste, el informe técnico del procedimiento agrario,
elaborado con observación directa y metodología reproducible, conserva plena
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
validez y sustenta de manera objetiva la motivación del acto de extinción del
dominio agrario.
Tampoco se configuró fuerza mayor por las inundaciones registradas entre 2008
y 2012. Las pruebas acreditaron que se trataba de una condición estructural del
terreno, manejable mediante prácticas de drenaje y conservación que fueron
omitidas por la sociedad actora. Los fenómenos invernales en la zona eran
previsibles y no constituyen causa irresistible o imprevisible.
Finalmente, la supuesta fuerza mayor derivada de la ocupación del predio Las
Pavas no se probó. El testimonio de Rafael Cárcamo presenta inconsistencias y
contradicciones con otras declaraciones, y además se refiere a hechos ocurridos
antes de que ASI S.A.S. adquiriera los predios, lo cual excluye su vinculación con
eventuales presiones de grupos armados.
En suma, no se acreditaron vicios sustanciales ni irregularidades que afectaran la
validez del procedimiento ni la competencia de la autoridad agraria. La decisión
administrativa se fundamentó en pruebas técnicas, objetivas y legalmente
obtenidas, que demostraron la ausencia de explotación económica suficiente y la
consecuente configuración de la causal de extinción del dominio agrario prevista
en la Ley 160 de 1994.
5. Condena en costas
El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho”. A su vez, los artículos 365.1314 y 366315 ejusdem, aplicables a los
procesos contenciosos administrativos por remisión expresa del artículo 188 del
CPACA316, establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso,
o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación
se realizará, de manera concentrada, por la secretaría del a quo, correspondiéndole
a este juzgador la fijación de las agencias en derecho de segunda instancia, de
acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Bajo este entendido, la Sala condenará en costas a la parte accionante, Aportes
San Isidro S.A.S., dado que sus pretensiones fueron desestimadas en este
contencioso. Para tal efecto, la Secretaría de esta Sección realizará la
314 CGP. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia
la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica,
anulación o revisión que haya propuesto […]”.
315 CGP. ““Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de
la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan
comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en
derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación
de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si
aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la
naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la
cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas”
(subrayado añadido).
316 CPACA. “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC”.
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.
correspondiente liquidación y tasación, debiendo considerar que se fijan agencias
en derecho por un monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes
al momento en el que es proferida esta sentencia, con fundamento en el numeral
3.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de acuerdo con los
argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la sociedad demandante, Aportes San Isidro
S.A.S., la cuales serán liquidadas por la Secretaría de la Sección Tercera, con unas
agencias en derecho fijadas en diez (10) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de esta sentencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
GE1
110
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