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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07047-01

Fecha
7 de abril de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07047-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la providencia del 3 de febrero de 2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en su lugar, 2. Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció sociedad Aportes San Isidro S.A.S. contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. 3. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-07047-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

7 de abril de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-07047-01
Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07047-01
Demandante: APORTES SAN ISIDRO S.A.S.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCION TERCERA,
SUBSECCION C

Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de cumplimiento del
requisito general de subsidiariedad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia del 3 de febrero de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, que resolvió:

“PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación de la Agencia Nacional de Tierras
(ANT), por lo indicado en esta providencia.

SEGUNDO: Deniégase la acción de tutela promovida por la sociedad Aportes San Isidro
S.A.S., por los motivos señalados en esta providencia.

(…)”.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La sociedad Aportes San Isidro S.A.S., por conducto de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la propiedad.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1.- Se sirva TUTELAR los derechos fundamentales constitucionales violados a la Aportes
San Isidro SAS en el presente caso por la Subsección C, Sección Tercera del Honorable
Consejo de Estado, en el proceso con radicado 11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699), en
especial los derechos fundamentales constitucionales al debido proceso, acceso eficaz a la
administración de justicia en conexión con el de igualdad y propiedad, así como cualquier otro
que se encuentre acreditado como violado, y en consecuencia dejar sin efecto – por violación
a los derechos fundamentales de la accionante- los autos del 24 (sic) de enero de 2020 y 19
de julio de 2021 proferidos por la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado, con
ponencia del Honorable Consejero Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas mediante los cuales
se resolvió ‘negar la medida cautelar conservativa solicitada por la sociedad demandante ’ y

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-07047-01
Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.

‘no reponer el auto proferido el veinticuatro (24) de enero de dos mil veinte (2020), que resolvió
negar la medida cautelar conservativa solicitada por la sociedad demandante.

2.- En consecuencia, se solicita respetuosamente que el Juez constitucional se sirva ordenar
y/o decretar la medida cautelar conservativa de statu quo pedida por Aportes San Isidro SAS
en el radicado 11001-03-26-000- 2013-00044-01 (46699) que cursa ante la Subsección C,
Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado y/o conceder un plazo a la parte accionada
en este proceso constitucional para que dicte la providencia la providencia de remplazo.

3.- Ordenar al juzgador accionado que en el término prescrito la ley se sirvan acatar las
precedentes órdenes”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La sociedad Aportes San Isidro presentó demanda de revisión del procedimiento
administrativo que declaró la extinción del derecho de dominio privado agrario 1,
sobre los predios denominados Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere, de su
propiedad, con el fin de que se declarara la ilegalidad del procedimiento y de las
decisiones administrativas proferidas por el Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural -Incoder y, en consecuencia, se declarara la nulidad de los actos
administrativos demandados.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en auto del 5 de junio de
2013, admitió la demanda, ordenó la notificación personal al Incoder y a la Agencia
de Defensa Jurídica del Estado y, en providencia del 10 de julio de 2013, vinculó a
la Asociación de Campesinos de Buenos Aires -Asocab.

Asocab, en calidad de tercero interviniente, solicitó medida cautelar de urgencia
dirigida a que se prohibiera a la Empresa Aportes San Isidro S.A.S. llevar a cabo
acciones de explotación sobre los predios objeto de extinción y para que se
requiriera a la Alcaldía Municipal de El Peñón, a la inspección de policía municipal
y a las autoridades de policía del departamento de Bolívar para que que ejercieran
autoridad y dieran cumplimiento a la medida cautelar.

La sociedad Aportes San Isidro S.A.S. solicitó que se decretara la medida cautelar
de suspensión provisional de los actos administrativos proferidos en desarrollo del
procedimiento administrativo de extinción del derecho de dominio adelantado por
Incoder sobre los indicados predios, que aduce eran de su propiedad, solicitud a la
que se opuso Asocab y, en su lugar, solicitó el decreto de medida cautelar tendiente
a conservar el derecho fundamental al retorno de la población desplazada de los
miembros de esta asociación.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en auto del 25 de agosto
de 2017, negó las medidas cautelares solicitadas, decisión contra la cual, la
sociedad Aportes San Isidro S.A.S. interpuso recurso de reposición y solicitó, de
manera subsidiaria, que se decretara una medida cautelar de carácter
conservatorio.

1 Al que correspondió el radicado número: 11001-03-26-000-2013-00044-01 (46699).

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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante auto del 9 de abril
de 2018, no repuso la decisión y ordenó correr traslado de la solicitud de medida
cautelar de carácter conservatorio, formulada por la sociedad demandante, por
considerar que se trataba de una nueva solicitud.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante auto del 14 de
enero de 2020, negó la medida cautelar de carácter conservativo solicitada, porque
pese a que la preocupación de la sociedad San Isidro es que el Estado adjudique
los predios objeto de extinción, no existieron pruebas suficientes para suspender la
Resolución 2284 de 2012 y porque la situación definida en el auto del 25 de agosto
de 2017, no había variado, luego, no se encontraban argumentos suficientes y
admisibles para sacrificar el acceso a la tierra y al territorio de la población rural
vulnerable. Sin embargo, requirió a la Agencia Nacional de Tierras para que, como
administradora de terrenos baldíos, remitiera al despacho informe sobre la situación
actual de los predios y la exhortó para que adoptara las medidas pertinentes para
mantener el orden y convivencia mientras la Nación sea la titular de estos.

La sociedad Aportes San Isidro S.A.S. presentó recurso de reposición y el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en auto del 19 de julio de 2021, no
respuso la decisión del 24 de enero de 2020, porque no encontró que existieran
serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida cautelar de
conservación, los efectos de la sentencia podrían ser nugatorios o se podría causar
un perjuicio irremediable económico.

Igualmente, precisó que no resultaba cierto que luego de declarar la extinción de
dominio mediante un proceso administrativo, como el que es objeto de la referida
acción de revisión, la autoridad de tierras debía promover otro proceso judicial para
que se cancelen los títulos de propiedad de los predios afectados con la extinción
de dominio, pues, automáticamente, estos predios pasan al dominio de la Nación
con el carácter de baldíos y su administración queda a cargo de la Agencia Nacional
de Tierras.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la sociedad Aportes San Isidro S.A.S. el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, con las providencias del 14 de enero de 2020 y 19 de julio
de 2021, incurrió en defecto fáctico porque omitió la valoración de algunos medios
de prueba, lo que condujo a que concluyera que no se daban los supuestos
previstos en la ley para decretar la medida cautelar conservativa solicitada. Al
efectó relacionó como desconocidos las siguientes pruebas:

(i) Las resoluciones demandadas, proferidas por el Incoder; (ii) copia de la providencia por la
cual se archivó la investigación penal con radicado número 130016001128200912518,
adelantada por la Fiscalía Quinta Especializada adscrita por la Unidad Nacional contra delitos
de Desaparición y Desplazamiento Forzado de la ciudad de Cartagena; (iii) las declaraciones
de los señores Rafael de Jesús Carcamo García, Alonso Rafael Buelvas, Luis Miguel Berrocal,
Edmundo Farah Chadid, Gustavo de Jesús Sierra y Pedro Moreno Redondo; (iv) declaración
jurada rendida por el señor Jesús Rafael Cárcamo García ante la Notaria Única de Aracataca
el 17 de febrero de 2012; (v) acta de visita especial de la Procuraduría General al caso con
radicado número 130016001128200912518, correspondiente a la investigación penal
adelantada; (vi) folios de matrícula inmobiliaria de los inmuebles Las Pavas, Peñalosa y Dios
Si Quiere; (vii) evaluación preliminar para la siembra de cultivo de palma de aceite, proyectada
para los años 2008 a 2012 en la Hacienda Las Pavas, conformada por los predios Las Pavas,
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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.

Peñalosa y Dios Si Quiere; (viii) fotografías tomadas en los predios citados, donde se demuestra
actividades referentes al cultivo de palma africana o pala de aceite; (ix) certificación expedida
por el Revisor Fiscal de la empresa Palmeras El Labrador S.A.S, donde se relaciona que entre
el año 2007 y 2012, las inversiones y gastos de Palmeras El Labrador S.A.S, ascendieron a la
suma de $ 4.956.403.700,oo; (x) declaraciones de renta de Palmeras El Labrador S.A.S, de los
años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, el balance general de la sociedad al 31 de diciembre de
2012; (xi) las Plantillas de nómina de los años 2011 y 2012 de la misma empresa; (xii) las
facturas correspondientes a las actividades comerciales relacionadas con la explotación de la
hacienda Las Pavas, correspondientes a los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 y, (xiii) los
certificados de seguros previcampo poliza multiriesgo expedidos por Seguros La Previsora, a
favor de Palmeras El Labrador S.A.S., en relación con las actividades de explotación de La
Hacienda Las Pavas, de los años 2011 y 2012.

Asimismo, considera que se dejó de valorar el acta número 01 de 2016 del comité
de Conciliación del Incoder, del 14 de enero de 2016, en la que se hizo el análisis
jurídico del procedimiento administrativo adelantado para la extinción del derecho
de dominio privado realizado por el Incoder sobre los predios rurales, en la cual se
recomendó presentar ante el Consejo de Estado oferta de revocatoria de los actos
administrativos por medio de los cuales el Incoder resolvió extinguir el derecho de
dominio privado de la sociedad Aportes San Isidro S.A.S, sobre los predios rurales
denominados Las Pavas, Peñalosa y Si Dios Quiere.

Considera desconocido el derecho a la igualdad porque, en un caso análogo, con
radicado número 11001-03-26-000-2013-00073-00 (47316), cuyo conocimiento
también correspondió al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en la
providencia del 9 de abril de 2018, sí se decretó la medida cautelar.

Indicó que la providencia del 19 de julio de 2021 no fue notificada por vía electrónica
al apoderado de la sociedad, pero que la decisión aparece registrada en el estado
del 17 de agosto de 2021 y que, mediante auto del 24 de agosto de 2021, se le
reconoció personería para actuar.

Dijo que en la petición de la medida cautelar conservativa que solicitó expuso las
razones que dan cuenta de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida
solicitada, así como los diversos medios de prueba para acreditar los elementos
legalmente exigidos para que se decretara la medida.

Precisó que la Hacienda Las Pavas se conforma de catorce predios, de los cuales
respecto de once de esos predios se adelanta el proceso de clarificación de la
propiedad, con el radicado número 11001-03-26- 000-2013-00073-00 (47316),
trámite en el que se concedió una medida cautelar del mantenimiento de statu quo
y, respecto de los tres predios restantes se adelanta el proceso de revisión del
procedimiento administrativo de extinción del derecho de dominio por inexplotación,
con el radicado número: 11001-03-26-000- 2013-00044-01 (46699). Que, los
catorce predios son vecinos unos de otros y en ellos se lleva a cabo la explotación
económica bajo una unidad de negocio y de empresa, por lo cual se debe
considerar como un todo, pese a encontrarse separados jurídicamente en los
certificados de libertad y tradición.

Que, por lo anterior, no resultaba posible escindir una parte de los predios de esta
unidad productiva, porque ello podría poner en riesgo un proyecto productivo del
cual depende un número considerable de familias en los municipios de El Peñón y
San Martín de Loba, sumado al riesgo que existe para el cultivo de palma de aceite
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de que se propague el virus denominado "pudrición del cogollo" por indebida
manipulación del cultivo, con fundamento en lo cual sostuvo que sí se acreditó la
existencia de serios motivos para considerar que negar la medida cautelar
conservativa haría que los efectos de la sentencia que se dicte podrían ser
nugatorios, además de causar un perjuicio irremediable, para lo cual citó el
contenido del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Quinta, en auto del 20 de octubre de 2021, admitió
la acción de tutela, ordenó notificar a los magistrados que integran la Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado y vinculó en calidad de terceros con
interés en el resultado del proceso al presidente de la Agencia Nacional de Tierras
– antes Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder y a la Asociación de
Campesinos de Buenos Aires -Asocab, como tercero con interés en las resultas del
proceso.

5. Oposición

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C guardó silencio.

6. Intervención de los terceros interesados

La Agencia Nacional de Tierras -ANT adujó falta de legitimación en la causa por
pasiva, porque los hechos demandados no versan sobre acciones u omisiones
administrativas adelantadas por dicha entidad, en cuanto, ninguna de las facultades
otorgadas legalmente a la Agencia Nacional de Tierras tiene incidencia con el
objeto de la acción constitucional, como tampoco tiene competencia para
determinar si las providencias del despacho cuestionado fueron indebidamente
notificadas.

La Asociación de Campesinos de Buenos Aires -Asocab allegó informe en el
que indicó que la acción de tutela no reúne los requisitos generales ni especiales
de procedencia, considera que la autoridad judicial demandada no incurrió en el
defecto fáctico alegado por la sociedad accionante, a partir de lo cual resaltó que la
autoridad judicial acusada sí realizó la debida valoración probatoria.

Afirmó que la autoridad judicial demandada sí se pronunció sobre el material
probatorio, en el sentido de indicar que no era suficiente y, que en todo caso, dicho
material no tiene relación con el objeto del proceso, en cuanto la acción de revisión
del proceso de extinción de dominio no son de naturaleza indemnizatoria.

Considera que la parte actora pretende descalificar la valoración probatoria del
Consejo de Estado, porque la misma no se ajusta a sus intereses.

Señaló que la sociedad Aportes San Isidro S.A.S. no logró demostrar la forma en
que los efectos de la sentencia sería nugatorios de no aplicarse la medida cautelar,
pues la parte actora pretende sustentar su solicitud de medida cautelar en un hecho
futuro e incierto.

Afirmó que, en ambas providencias acusadas se realizó un juicioso ejercicio de
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valoración de los medios de prueba allegados al proceso, apegado a las reglas
jurídicas de la utilidad, la necesidad, la pertinencia y la sana crítica, sin embargo,
no fueron suficientes para decretar las medidas cautelares solicitadas por el
accionante.

Resaltó que la medida cautelar que ha buscado en múltiples escenarios judiciales
la sociedad actora, tiene como finalidad hallar alguna vía procesal que le permita
impedir los mandatos de las sentencias C-623 de 2015 2, SU-655 de 2017 de la
Corte Constitucional y del auto 504 de 2018 mediante los que esa Corporación,
negó a la Sociedad Aportes San Isidro la solicitud de nulidad de la sentencia SU-
655 de 2018.

Señaló que la parte demandante no ha aceptado la nueva realidad constitucional
dispuesta por la Sentencia C-623 de 2015 y que, en ese contexto, la autoridad
judicial demandada dio aplicación a las órdenes proferidas por la Corte
Constitucional.

Solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela de la referencia.

7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 3 de febrero de 2022,
negó el amparo solicitado porque no encontró acreditado el defecto fáctico, en
cuanto, si bien, en la providencia cuestionada no se profundizó acerca de las
pruebas relacionadas como dejadas de valorar, ello no conllevó a estructurar una
falta de valoración probatoria en cuanto al decreto de tal medida cautelar.

El a quo consideró acertada la decisión de la autoridad judicial cuestionada que
estableció la improcedencia de decretar la medida provisional conservativa a la
parte demandante, porque no se logró demostrar que los efectos de la sentencia
serían nugatorios de no accederse a la medida cautelar e indicó que no es posible
la accionante pretenda acudir a la medida cautelar para obtener una especie de
prejudicialidad, bajo el pretexto de la demostración del buen derecho y de evitar
una afectación irremediable.

En cuanto al argumento, según el cual, se desconoció principio de igualdad por
considerar que existió un pronunciamiento que en otro proceso de similar
naturaleza en el que la misma autoridad judicial sí accedió a la medida cautelar
solicitada, indicó que se trata de bienes distintos o por lo menos, de asuntos con
circunstancias fácticas y jurídicas que difieren al presente caso.

Finalmente, concluyó que la parte actora pretende reabrir el análisis bajo el cual se
descartó la procedencia de la medida provisional en el proceso de revisión de
propiedad agraria, a partir de unos supuestos que, a su juicio, conducirían a que la
autoridad judicial acusada tuviera por demostrados los elementos de idoneidad,
necesidad y proporcionalidad de la medida cautelar solicitada, pero con fundamento
en el deterioro y las eventuales consecuencias económicas sobre la producción que
pudiera generarse en los mencionados bienes.

2 Que declaró la inexequibilidad de los artículos 50 (parcial) y 53 (parcial) de la Ley 160 de 1994, y que concluyó

que la suspensión de los actos administrativos que terminan los procesos agrarios, dentro de los que se
encuentra el proceso de extinción de dominio, era una medida desproporcionada.
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8. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia para lo cual se refirió a los
hechos que dieron origen a la presente acción, a la motivación del fallo de tutela de
primera instancia, a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales e insistió en los argumentos expuestos en el escrito inicial
para señalar que la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado incurrió
en el defecto fáctico invocado.

Indicó que los artículos 229 y 241 de la Ley 1437 de 2011, regulan lo relativo a las
medidas cautelares procedentes en los juicios declarativos como un instrumento
procesal para “proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la
efectividad de la sentencia” y que, además, la misma disposición prevé que “la decisión
sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento” .

En general, se refirió a la clase de medidas cautelares, a sus fines, requisitos y
elementos necesarios para su imposición al principio de discrecionalidad, para
posteriormente indicar que en el trámite del proceso cuestionado la sociedad
Aportes San Isidro expuso razones que dan cuenta de la idoneidad, necesidad y
proporcionalidad de la medida solicitada y acreditó los elementos legalmente
exigidos para que fuera decretada. Como se anticipó, reiteró los argumentos
expuestos en el escrito inicial.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela

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contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
4 5
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.

Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
descritos.

Cuestión previa

La Sala advierte que la parte actora puso de presente que la providencia del 19 de
julio de 2021 no fue notificada por vía electrónica al apoderado de la sociedad, sin
embargo, visto el proceso con radicado número: 11001-03-26-000-2013-00044-01
(46699), en el sistema de información Samai obra el registro de dicha actuación
como notificada por estado el 17 de agosto de 2021. Con todo, la Sala evidencia
que la acción de tutela cumple con el requisito general de inmediatez, en cuanto la
radicación del mecánismo constitucional tuvo lugar el 15 de octubre de 2021.

Problema jurídico

Como fundamento de la impugnación la parte actora cuestinó la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela porque no encontró
acreditado el defecto fáctico alegado, para lo cual insistió exactamente en los
argumentos expuestos en el escrito inicial.

Sin embargo, en el presente caso, se encuentra que la sociedad actora cuestiona
la providencia que negó una medida cautelar de carácter conservativo solicitada en
el trámite de revisión del procedimiento administrativo que declaró la extinción del
derecho de dominio privado agrario y la providencia que no repuso dicha decisión,
lo cual implica que, de manera previa, sea necesario establecer si la solicitud de
amparo de la referencia cumple con los requisitos generales de procedencia, en
particular, el de subsidiariedad.

3 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después

del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
4 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia

judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso j udicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
5 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya

incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
8
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-07047-01
Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.

Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales – requisito general de subsidiariedad

Como se indicó, dentro de los requisitos generales de procedencia se encuentra el
de subsidiariedad, consistente en “(…) (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (…)” .

En cuanto al requisito de subsidiariedad, se tiene que dicho requisito consiste en
impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se
convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales,
pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley estipulan una
serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el
ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 86 6 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 7 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han
agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto
para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de
lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos
se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

Ahora, en sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que «si el proceso
se encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues
como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede
resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de
derechos fundamentales». Asimismo, en sentencia T-126 de 2019, la Corte indicó que «no
es dable la intromisión de la jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia
ordinaria sino cuando se presentan unas especialísimas circunstancias que hacen
procedente el amparo».

Caso concreto

Como se indicó, la parte actora cuestiona las providencias del 14 de enero de 2020
y el de 19 de julio de 2021, mediante las que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, negó la medida cautelar conservativa solicitada por la
sociedad actora y decidió no reponer la anterior decisión, ello en el trámite de la

6 “Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un

procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.
(…)
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…) ” (se destaca).
7 “Artículo 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…).”
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-07047-01
Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.

demanda de revisión del procedimiento administrativo que declaró la extinción del
derecho de dominio privado agrario sobre los predios denominados Las Pavas,
Peñaloza y Si Dios Quiere, de propiedad de la sociedad actora, en el que persigue
la declaratoria de ilegalidad del procedimiento y de las decisiones administrativas
proferidas por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder, para que en
consecuencia de ello, se declare la nulidad de los actos administrativos
demandados.

Lo anterior permite señala que la solicitud de amparo es improcedente porque la
sociedad Aportes San Isidro S.A.S. cuenta con otro medio judicial para la defensa
de los derechos que considera se encuentran en riesgo con la decisión del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder, consistente en declarar la extinción del
derecho de dominio privado agrario sobre los predios denominados Las Pavas,
Peñaloza y Si Dios Quiere, de propiedad de la sociedad actora. Ello, porque el
proceso de revisión del procedimiento administrativo actualmente cursa en el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en el que se discute
justamente la legalidad de los actos administrativos que determinaron la extinción
de dominio referida.

Sumado a ello, en los términos del artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, la parte
actora puede solicitar en cualquier estado del proceso una nueva medida cautelar,
siempre que existan circunstancias sobrevinientes que ameriten un nuevo
pronunciamiento en ese sentido, como se pasa a transcribir:

“Artículo 233. Procedimiento para la adopción de las medidas cautelares. La medida
cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y en cualquier estado
del proceso. El Juez o Magistrado Ponente al admitir la demanda, en auto separado, ordenará
correr traslado de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre
ella en escrito separado dentro del término de cinco (5) días, plazo que correrá en forma
independiente al de la contestación de la demanda.

Esta decisión, que se notificará simultáneamente con el auto admisorio de la demanda, no será
objeto de recursos. De la solicitud presentada en el curso del proceso, se dará traslado a la otra
parte al día siguiente de su recepción en la forma establecida en el artículo 108 del Código de
Procedimiento Civil.

El auto que decida las medidas cautelares deberá proferirse dentro de los diez (10) días
siguientes al vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse sobre
ella. En este mismo auto el Juez o Magistrado Ponente deberá fijar la caución. La medida
cautelar solo podrá hacerse efectiva a partir de la ejecutoria del auto que acepte la caución
prestada.

Con todo, si la medida cautelar se solicita en audiencia se correrá traslado durante la misma a
la otra parte para que se pronuncie sobre ella y una vez evaluada por el Juez o Magistrado
Ponente podrá ser decretada en la misma audiencia.

Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado
hechos sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para
su decreto. Contra el auto que resuelva esta solicitud no procederá ningún recurso.” (Negrita y
subrayado fuera de texto)

De manera que, en caso de que existan nuevas circunstancias que constituyan
verdaderas razones que justifiquen la imposición de una medida cautelar, nada
impide que la parte actora pueda ejercer otra solicitud en ese sentido.

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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.

Incluso, así ocurrió en el proceso objeto de estudio, la parte actora inicialmente
solicitó una medida que fue negada en auto del 25 de agosto de 2017 y dado que,
en el recurso de reposición que interpuso contra este último adujo argumentos de
una medida cautelar de naturaleza conservativa, la autoridad judicial demandada
le dio trámite, como si se tratara de una solicitud nueva, corrió traslado de la misma
y estudió los argumentos propuestos, no obstante, también fueron despachados de
manera desfavorable y respecto del cual igualmente se surtió el recurso de
reposición.

Lo anterior, porque la autoridad judicial demandada consideró que no se demostró
la urgencia en el decreto de la medida solicitada, sino que los argumentos
expuestos se basaron en supuestos inciertos que no ameritaron dictar una orden
de naturaleza cautelar.

Sumado a lo anterior, resulta evidente que el planteamiento que hace en el escrito
de tutela y revisados los argumentos que presentó para solicitar la medida
provisional, está reiterando los argumentos presentados en un inicio al juez natural.

Considera la parte actora que se incurre en la vulneración de los derechos
fundamentales invocados. Sin embargo, basta revisar la demanda presentada
contra Incoder, que, en este momento se encuentra en trámite ante la autoridad
judicial accionada, para concluir que los argumentos que presenta en la tutela
están contenidos en el escrito de demanda de revisión que está pendiente por
definir.

Para esta Sala, es claro que todos esos aspectos podrá alegarlos la parte actora
en el curso del proceso que actualmente se encuentra en trámite, pues corresponde
al juez de la causa resolver la controversia en torno a todos estos aspectos que
propone a través de este mecanismo constitucional, sin que pueda pretender que
el juez de tutela obre como una instancia adicional.

Desatender lo anterior, sería desconocer los mecanismos de defensa dispuestos
en los procesos ordinarios o especiales, lo que no responde a la naturaleza y
propósito de la acción de tutela, pues para la Corte Constitucional, cuando está en
curso un proceso judicial, la tutela se torna en un mecanismo realmente excepcional
donde el juez constitucional solo entraría a intervenir en casos donde exista la
posibilidad de configurarse un perjuicio irremediable 8.

La jurisprudencia constitucional ha sido constante en señalar la improcedencia de
la acción de tutela cuando el proceso judicial se encuentra en trámite, porque “la
intervención del juez constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un
mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al
interior del trámite ordinario”9.

Lo anterior, porque considera que “Las etapas, recursos y procedimientos que conforman
un proceso, son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los
asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en
este sentido que la sentencia C-543 de 1992 puntualiza que: ‘tratándose de instrumentos dirigidos

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Al respecto, ver sentencias del 8 de octubre de 2020, expediente 11001-03-15-000-2020-03983-00 del 17 de julio de 2021,
expediente 11001-03-15-000-2021-01253-01, Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado.
9 Sentencia T-600 de 2017

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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.

a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo
acreditan sus remotos orígenes’. Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneración
o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos
dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las
herramientas necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que
puedan afectarle.”10

Tampoco se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable, que justifique la
intervención del juez de tutela. Lo que se evidencia en el escrito de tutela es una
narración de los hechos que han tenido ocurrencia en su caso, citando los
argumentos que en su momento presentó en la solicitud de suspensión provisional
de los actos demandados, asunto del que precisamente se ocupó el Consejo de
Estado resolver sobre la medida cautelar y donde consideró que no estaba llamada
a prosperar.

En ese sentido, se tiene que la acción de tutela de la referencia es improcedente
porque el proceso judicial se encuentra en curso, en el marco del cual, será el juez
natural del conocimiento al que le corresponde evaluar las circunstancias
específicas del caso concreto para determinar si procede o no declarar una medida
cautelar y su alcance y, en todo caso, una vez lleve a cabo la valoración de la
totalidad del material probatorio, adoptará la decisión de fondo que en derecho
corresponda y que garantice la efectividad de los derechos de la parte favorecida
con las órdenes que considere pertinentes.

Para la Sala, el medio de defensa que se encuentra en curso resulta eficaz para la
defensa de los derechos invocados en el escrito de tutela, en el marco del cual la
sociedad accionante cuenta con las garantías y herramientas que le provee el
debido proceso que caracteriza el proceso judicial.

En ese sentido, se impone revocar la providencia impugnada del 3 de febrero de
2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en su lugar, declarar
improcedente la acción de tutela que ejerció sociedad Aportes San Isidro S.A.S.
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la providencia del 3 de febrero de 2022, proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado y, en su lugar,
2. Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció sociedad Aportes San
Isidro S.A.S. contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
3. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

10 Sentencia T-396 de 2014.

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Demandante: Aportes San Isidro S.A.S.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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