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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02373-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02373-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo formulada por la parte actora. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02373-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02373-00
Accionante: EXPRESO IMPERIAL S.A. (EXIMSA S.A.)
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la acción
por no superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B y el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Bogotá. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069
de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el
Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 27 de marzo de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia y se negó la medida provisional solicitada.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Expreso Imperial S.A. (en adelante, Eximsa), a través de apoderado
judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B y el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Bogotá. Con la solicitud de amparo pretende que
se le protejan los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

2. Le atribuyó la transgresión de las garantías constitucionales mencionadas
a los autos proferidos el 29 de septiembre de 2023 y el 18 de septiembre de 2025,

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionados al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B y al Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Bogotá. Asimismo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1
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Accionante: Expreso Imperial S.A. (Eximsa S.A.)
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02373-00

dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 11001-
3334-003-2020-00180-00/1.

3. En concreto, la parte tutelante solicitó lo siguiente:

1. TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO (artículo 29 C.P.)
y al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (artículo 229 C.P.) de
EXPRESO IMPERIAL S.A.– EXIMSA S.A.

2. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS el auto del 18 de
septiembre de 2025 proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – Sección Primera, Subsección B, mediante el cual se confirmó
el rechazo de la demanda.

3. DEJAR SIN EFECTOS el auto del 29 de septiembre de 2023 proferido por el
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.,
mediante el cual se rechazó la demanda por caducidad del medio de control.

4. ORDENAR al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BOGOTÁ D.C. que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir
de la notificación de la sentencia de tutela, proceda a ADMITIR la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho presentada por EXPRESO IMPERIAL S.A.
EN LIQUIDACIÓN – EXIMSA S.A. contra BOGOTÁ D.C. – SECRETARÍA
DISTRITAL DE AMBIENTE, radicada bajo el número 11001- 3334-003-2020-
00180-00, dando aplicación al Decreto Legislativo 564 de 2020 en el cómputo del
término de caducidad.

5. Subsidiariamente, en caso de no acceder a las anteriores pretensiones,
ORDENAR al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BOGOTÁ D.C. que profiera una nueva decisión de fondo sobre la admisión de la
demanda, aplicando correctamente el Decreto Legislativo 564 de 2020 al cómputo
del término de caducidad y teniendo en cuenta el precedente del Consejo de
Estado (Sección Primera, auto del 29 de abril de 2021, radicación 25000-23-41-
000-2020-00428-01). (Sic a toda la cita).

1.2. Hechos

4. La parte actora manifestó que fue acreedora de una multa dentro de un
proceso sancionatorio ambiental mediante la Resolución 00569 del 31 de marzo
de 2019, contra la cual presentó recurso de reposición que fue resuelto a través
de la Resolución 03206 del 17 de noviembre de 2019 en el sentido de dejar en
firme la sanción.

5. Mencionó que el acto administrativo definitivo se notificó mediante edicto
del 4 de diciembre de 2019 que fue desfijado el 17 de diciembre del mismo año,
por lo que el término de cuatro meses con el que contaba para presentar la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho transcurrió entre el 18 de
diciembre de 2019 y el 18 de abril de 2020.

6. Sin embargo, con ocasión del Covid-19 el Consejo Superior de la
Judicatura, a través del Decreto 564 de 2020, ordenó la suspensión de términos
judiciales en todo el territorio nacional del 16 de marzo al 1 de julio de 2020, por
lo que, cuando se reanudaron los términos le quedaba el restante de 1 mes y 15

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días para presentar en tiempo su demanda.

7. Por lo anterior, radicó la solicitud de conciliación prejudicial ante la
Procuraduría General de la Nación el 17 de julio de 2020. Sin embargo, en
constancia expedida por la Procuraduría 82 Judicial I para Asuntos
Administrativos le indicaron que el asunto no era susceptible de conciliación
prejudicial porque había operado la caducidad de la acción.

8. El 10 de agosto de 2020, presentó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Resolución 03206 del 17 de noviembre de
2019, asunto que resolvió en primera instancia el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Bogotá en auto del 29 de septiembre de 2023, en el sentido de
rechazar la demanda por caducidad.

9. La anterior decisión fue apelada por la parte actora. En síntesis, indicó que
tras la suspensión de términos dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura
mediante el Decreto 564 del 15 de abril de 2020, su solicitud de conciliación
prejudicial fue radicada dentro del término legal, al igual que la demanda.

10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
B confirmó lo decidido por el a quo mediante providencia del 18 de septiembre
de 2025.

11. Explicó que, si bien los términos judiciales de caducidad y prescripción
fueron suspendidos por el Consejo Superior de la Judicatura, tal determinación
no se hizo extensiva a otras autoridades como la Procuraduría General de la
Nación, la cual puso a disposición los canales electrónicos para la radicación de
solicitudes de conciliación mediante la Resolución 127 del 16 de marzo de 2020.

12. En ese sentido, explicó que la presentación del requisito de procedibilidad
fue extemporánea al igual que la demanda, por lo que operó la caducidad del
medio de control.

1.3. Sustento de la vulneración

13. Eximsa indicó que las providencias cuestionadas adolecen de defecto
sustantivo por interpretación errónea o inaplicación del Decreto 564 de 2020,
toda vez que no se tuvo en cuenta la suspensión de términos que la avalaba a
presentar la solicitud de conciliación prejudicial tras la reanudación, con
posterioridad al 1 de julio de 2020.

14. Refirió que, si del 16 de marzo al 1 de julio de 2020 no podía presentar la
demanda, lo lógico es que también se suspendiera el término para cumplir el
requisito previo. Además, precisó que en los considerandos del Decreto 564 de
2020 se incluyó la inoperancia de la caducidad de las solicitudes de conciliación
ante la Procuraduría General de la Nación y que «es irrelevante la disponibilidad
de canales electrónicos para el cómputo de la caducidad».

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15. Precisó que la sentencia C-213 de 2020 de la Corte Constitucional ratificó
que el propósito del Decreto 564 de 2020 fue evitar la imposibilidad de acceder
al sistema de justicia durante la pandemia. Así, insistió en que al radicar la
demanda el 10 de agosto de 2020 se encontraba dentro del término legal.

16. Finalmente indicó que se desconoció el precedente zanjado por la Sección
Primera del Consejo de Estado en el auto del 29 de abril de 2021 3, en el que se
resolvió un caso semejante y se dispuso que no operaba la caducidad por la
suspensión de términos.

1.4. Intervenciones

17. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá indicó que
la solicitud de amparo es improcedente, dada la extemporaneidad con la que se
radicó la demanda ordinaria. Aclaró que la tutela no es el mecanismo para revivir
asuntos zanjados en los procesos naturales, aunado a que no se evidencian
defectos en las decisiones reprochadas.

18. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B solicitó que se nieguen las pretensiones en atención a que no
evidencia vulneración de derechos fundamentales. Precisó que el caso que trajo
a colación como precedente desconocido no resulta equiparable a su asunto
porque en ese sí hubo suspensión de términos. Frente a lo demás, reiteró los
argumentos del auto que profirió.

II. CONSIDERACIONES

19. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo porque el
asunto no tiene relevancia constitucional. En tal sentido, se demostrará que en el
asunto no se supera el referido requisito de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

20. El Consejo de Estado4 y la Corte Constitucional5, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al

3
Radicado 25000-23-41-000-2020-00428-01.
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge
Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
5
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-
388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.

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cumplimiento de ciertos requisitos generales6 y a la configuración de algún
defecto especial7 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

21. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

22. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

23. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

24. La Sala advierte que Eximsa S.A. está legitimada en la causa por activa,
por ser quien promovió el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
cuyas providencias se cuestionan por esta vía.

25. Por su parte, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B y el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Bogotá se encuentran legitimados en la causa por
pasiva al ser las autoridades judiciales que profirieron las decisiones
controvertidas8.

26. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;

6
(i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores
del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una
sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o
nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación
del Tribunal Especial para la Paz.
7
(i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o
sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial;
y (viii) violación directa de la Constitución.
8
No obstante, se aclara que el estudio se abordará respecto de la providencia de segunda instancia
por ser la que le puso fin al proceso.

5
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y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

27. En el sub judice, debe recordarse que la parte tutelante centró la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales en la presunta configuración de un
defecto sustantivo porque considera que no se tuvo en cuenta la suspensión de
términos judiciales del Decreto 564 de 2020. Además, alude que se desconoció
un auto de la Sección Primera del Consejo de Estado que resolvió un caso similar
al suyo.

28. Cabe destacar que en el auto controvertido el tribunal le aclaró que para
la presentación del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
debía agotar el trámite de conciliación prejudicial, cuya radicación suspende el
término de caducidad. Asimismo, que, el artículo 5 de la Resolución 127 del 16
de marzo de 20209 dispuso que se dispondría del apoyo requerido para la
realización de audiencias no presenciales de conciliación extrajudicial en materia
contenciosa, así como «la radicación online de las solicitudes de convocatoria de
conciliaciones».

29. En ese sentido, precisó que la suspensión de términos cobijaba
únicamente la presentación de las demandas ante la Rama Judicial o tribunales
arbitrales, pero que la disposición no se hizo extensiva a otras autoridades como
la Procuraduría General de la Nación, por lo que fue extemporánea la solicitud
radicada por la parte actora hasta el 17 de julio de 2020, cuando había fenecido
el término de caducidad del medio de control desde el 18 de abril de 2020.

30. Así las cosas, el debate constitucional que propone la accionante carece
de relevancia constitucional en la medida en que sus argumentos recaen en una
inconformidad frente a lo decidido por el operador judicial, toda vez que pretende
que se interprete el Decreto 564 de 2020 de tal forma que se haga extensiva la
suspensión de términos de procesos judiciales a los trámites de conciliación
prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación al haber acudido de forma
tardía a agotar el requisito previo.

31. En otras palabras, pretende que se determine que, pese a que la
Procuraduría General de la Nación y los operadores judiciales del medio de
control cuyas providencias cuestiona determinaron que presentó tanto la solicitud
de conciliación prejudicial como la demanda de forma extemporánea, a partir del
análisis de las normas sobre la materia, el juez de tutela concluya que acudió en
oportunidad para que se tramite su demanda.

9
“Por medio de la cual se adoptan medidas para la prestación del servicio en la conciliación
extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo en el marco de la emergencia sanitaria
declarada por el Gobierno Nacional por causa del COVID-19.

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32. Entonces su planteamiento se ciñe a un desacuerdo sin enfoque
constitucional y sin carga argumentativa que permita analizar la posible
vulneración de derechos fundamentales.

33. Se precisa, además, que tampoco indicó cual fue la regla de derecho
presuntamente omitida con relación al auto de la Sección Primera del Consejo de
Estado que relacionó en la demanda a título de desconocimiento del precedente.

34. Se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces
naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en
los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por los actores dentro del
trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones
judiciales desfavorables, sin el contraste de un indebido e irracional estudio por
parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial
y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera
instancia10.

35. Por esto, la sala declarara la improcedencia de la solicitud de amparo, al
no encontrar acreditado el presupuesto de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo
formulada por la parte actora.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de
diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.

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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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