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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02374-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02374-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de tutela proferida el 15 de mayo de 2026 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual quedará así: PRIMERO: DECLARAR LA COSA JUZGADA respecto de la acción de tutela presentada por Germán Alfonso Oliveros Castro contra la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sala Transitoria), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10. TERCERO: Por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02374-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 24 de agosto de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02374-01
Demandante: Albeiro González García
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Cosa juzgada constitucional
• confirma

Síntesis del caso: La parte demandante enjuició la sentencia de primera y segunda
instancia, a través de las cuales se declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa presentado relacionado con el daño derivado de un aparente
desplazamiento forzado que lo obligó a exiliarse en el extranjero.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 15 de
mayo de 2026, por medio de la cual la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por
haberse configurado la cosa juzgada constitucional2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 23 de marzo de 2026, Albeiro González García, en nombre propio,
presentó una acción de tutela en contra del Juzgado 2 Administrativo de
Pereira y el Tribunal Administrativo de Risaralda, por la aparente vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, tutela judicial efectiva y, (se trascribe)
“desconocimiento del bloque de constitucionalidad”, con ocasión de las
Sentencias de 17 de agosto de 2022 y 25 de enero de 2024, proferidas por
las autoridades judiciales accionadas, respectivamente, dentro del proceso
de reparación directa No. 66001-33-33-002-2018-00053-00/02.

2. A título de amparo constitucional, la parte accionante solicitó (se
trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333

de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Se trascribe: “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en atención a las

consideraciones planteadas.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02374-01
Demandante: Albeiro González García
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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“1. Amparar los derechos fundamentales invocados.
2. Dejar sin efectos las sentencias proferidas por el Juzgado Segundo
Administrativo de Pereira y el Tribunal Administrativo de Risaralda.
3. Ordenar la emisión de un nuevo fallo que:
• Aplique el control de convencionalidad
• Integre estándares de derechos humanos
• Analice el caso bajo un enfoque contextual”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:

4. 1) El 20 de mayo de 1993, Alberto González García tomó posesión del
cargo de conductor grado 3 de la vigésima primera brigada de apoyo
logístico del Ejército Nacional, luego se trasladó al Batallón de Artillería No. 8
de San Mateo - Pereira.

5. 2) El señor González García formaba parte del área subdirectiva del
Eje Cafetero de la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio
de Defensa, Fuerzas Militares, Policía Nacional y sus entidades adscritas,
como presidente. Con ocasión de esta investidura denunció que en varias
ocasiones se le exigió usar el uniforme de camuflado, propio de los miembros
activos de la institución y a transportar soldados a zonas de alta influencia
de grupos armados al margen de la ley, pese a que no contaba con
preparación para afrontar los riesgos que ello representaba, en tanto eran
civiles no uniformados sin preparación militar.

6. 3) El 24 de septiembre de 1998, junto con su esposa, Liliana Arango
Ruiz, e hijo, Jean Francois González Arango, sufrió un atentado con arma de
fuego en su vivienda; posteriormente, recibió un panfleto en el que se
indicaba que contaba con 48 horas para abandonar Pereira, so pena de
represalias.

7. 4) El 6 de octubre de 1998, el accionante recibió una orden de
traslado del Batallón de Artillería No. 8 de San Mateo – Pereira al Batallón de
Infantería General Domingo Rico Días de Santana – Putumayo, pese a que
ello ponía en riesgo su vida, pues esta zona tenía gran influencia de grupos
armados al margen de la ley y porque, además, sería obligado a realizar
funciones que no eran propias de su cargo como transportar contingentes
de soldados a sitios de combate uniformado de camuflado.

8. 5) El señor González García hizo uso de mecanismos para detener su
traslado, como poner su situación en conocimiento de diferentes órganos
de control como el Ministerio Público, lo que resultó infructuoso, pues
únicamente recibió por escrito unas recomendaciones de seguridad del
Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-.

9. 6) El 5 de diciembre de 1998, Alberto González García presentó, ante
el Ministerio de Defensa, renuncia a su cargo de conductor grado 3 de la

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Demandante: Albeiro González García
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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vigésima primera brigada de apoyo logístico del Ejército Nacional. Dicha
renuncia fue recibida vía fax el 24 de diciembre de 1998 y aceptada el 30
de diciembre de 1998.

10. 7) El 5 de diciembre de 1998, el accionante viajó a Holanda y, el 15 de
diciembre del mismo año, presentó una solicitud de asilo. El 29 de abril de
1999, el gobierno holandés accedió a la solicitud de asilo en favor del
accionante y de su núcleo familiar, esposa e hijo.

11. 8) El 3 de septiembre de 2016, el accionante en compañía de su hijo
regresaron a Colombia en razón a que el proceso de paz les ofreció
confianza y seguridad.

12. 9) El 21 de febrero de 2018, Albeiro González García, Liliana Arango
Ruiz, Jean Francois González Arango, Nubia María García González y Héctor
Emiro González García presentaron demanda, en ejercicio del medio de
control de reparación directa, en contra de la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional, con ocasión al desplazamiento forzado de los tres
primeros que obligó su exilio en el extranjero. Los dos últimos demandantes
correspondían a los padres del aquí accionante.

13. Solicitaron la declaratoria de responsabilidad y, en consecuencia, la
condena al pago de los salarios, vacaciones y prestaciones sociales legales
y extralegales que dejó de percibir Albeiro González García desde el 24 de
noviembre de 1998 hasta el 20 de mayo de 2013, fecha en que hubiese
cumplido el tiempo de servicio correspondiente para el reconocimiento de
la pensión de jubilación; así como también el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación a Albeiro González García desde el 20 de mayo de
2013, así como la indemnización de los perjuicios morales en cuantía de 100
y 50 SMLMV.

14. 10) El asunto fue conocido por el Juzgado 2 Administrativo de Pereira,
que mediante Sentencia proferida el 17 de agosto de 2022, declaró
probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación
directa. Como argumento de su decisión expuso que el término para ejercer
el medio de control debía contabilizarse desde el 27 de enero de 1999,
fecha en la que se concedió el asilo de la familia y, por tanto, cesó la
presunta omisión del Estado respecto del deber de protección que se le
atribuía.

15. Precisó que no era procedente contabilizar dicho término desde el 3
de septiembre de 2016, cuando el accionante y su hijo regresaron al país,
pues para ese momento habían transcurrido más de 17 años desde la
ocurrencia del daño del exilio de su país natal, superándose ampliamente
el término previsto en el artículo 164 del CPACA. Asimismo, señaló que
tampoco resultaba acertado tomar como punto de partida el 24 de

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Demandante: Albeiro González García
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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noviembre de 1998, fecha en que se recibió la renuncia, pues el daño cuya
reparación se pretendía no correspondía a su desvinculación laboral, sino a
la presunta falta de protección que habría obligado a su núcleo familiar a
exiliarse.

16. De otro lado, el despacho estudió el argumento de la parte actora
según el cual los hechos constituían un crimen de lesa humanidad, supuesto
frente al cual no operarían las reglas ordinarias de prescripción y caducidad.
Para ello, examinó los elementos propios de esta clase de delitos y concluyó
que no se acreditó que las agresiones hubieran estado dirigidas contra la
población civil como parte de un ataque generalizado o sistemático.
Aunque reconoció que Albeiro pertenecía a una organización sindical,
consideró que el atentado y las amenazas tuvieron como destinatario
únicamente a su grupo familiar y no al conjunto de los integrantes del
sindicato, por lo que no se acreditó un ataque masivo contra una
colectividad ni la existencia de un número sustancial de víctimas. En
consecuencia, al no configurarse el elemento de actos dirigidos contra la
población civil, estimó innecesario analizar el carácter sistemático de las
conductas y concluyó que los hechos no tenían la connotación de crimen
de lesa humanidad.

17. 11) Contra la anterior sentencia, la parte actora interpuso recurso de
apelación. Consideró errada la conclusión del juzgado según la cual las
amenazas y el atentado contra Albeiro González García constituyeron
hechos aislados que no estuvieron dirigidos contra un grupo de población
civil. Alegó que una valoración conjunta de las pruebas permitía establecer
que el demandante tenía la condición de civil y de dirigente sindical y que
las agresiones sufridas obedecieron precisamente al ejercicio de su
actividad sindical. En particular, señaló que en el expediente obraban
recortes de prensa y múltiples denuncias formuladas por él y otros
integrantes de ASODEFENSA, relacionadas con hechos de persecución y
represalias derivados de su actividad sindical, así como el atentado sufrido
por María Clara Baquero, quien para la época se desempeñaba como
presidenta del sindicato de trabajadores civiles del Ministerio de Defensa.

18. Aunado a lo anterior, el accionante expuso que el despacho también
había omitido considerar el contexto histórico de persecución contra el
sindicalismo en Colombia, circunstancia que, a su juicio, permitía establecer
el carácter sistemático de las agresiones y descartar que lo ocurrido al
demandante constituyera un hecho aislado.

19. 12) El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante Sentencia de 25
de enero de 2024, confirmó la decisión de primera instancia. Concluyó que
el daño cuya reparación se pretendía correspondía al desplazamiento
forzado y exilio del núcleo familiar, derivado de las amenazas recibidas por
Albeiro González García con ocasión de las denuncias que formuló como

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Demandante: Albeiro González García
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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integrante del sindicato ASODEFENSA. No obstante, concluyó que los
demandantes no demostraron que su permanencia en el extranjero hubiera
constituido un impedimento material para ejercer oportunamente el medio
de control.

20. Por ello, estableció como punto de partida del término de caducidad
el 29 de abril de 1999, fecha en la que se aceptó la solicitud de asilo, pues
consideró que desde ese momento había cesado la situación de riesgo que
había motivado el desplazamiento y que los demandantes se encontraban
en condiciones de acudir a la administración de justicia. En consecuencia,
el término de 2 años comenzó a correr el 30 de abril de 1999 y venció el 30
de abril de 2001, y, como la solicitud de conciliación extrajudicial solo se
presentó el 2 de junio de 2017 y la demanda fue instaurada el 21 de febrero
de 2018, concluyó que ambas actuaciones se promovieron cuando el
término legal ya se encontraba ampliamente vencido.

21. El fundamento de la vulneración radicó en que las autoridades
judiciales vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, al
declarar la caducidad del medio de control de reparación directa con
fundamento en un estándar jurídico y probatorio que, a su juicio, resultaba
incompatible con el derecho internacional3.

22. En particular, alegó que el Juzgado 2 Administrativo de Pereira y el
Tribunal Administrativo de Risaralda exigieron una carga probatoria excesiva
para acreditar el carácter sistemático de los hechos, pues no valoraron el
contexto histórico de violencia y persecución contra los sindicalistas en
Colombia ni los patrones estructurales que, según afirmó, permitían
establecer la sistematicidad de las agresiones sufridas.

23. A su vez, expuso que no atendieron al deber de ejercer control de
convencionalidad y aplicar la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos -CIDH-4 y los estándares internacionales de protección reforzada
de los sindicalistas. A su juicio, dicha interpretación restrictiva de la noción
de lesa humanidad y de las reglas de caducidad le impidió obtener un
pronunciamiento de fondo sobre la responsabilidad estatal por el
desplazamiento forzado que sufrió.

1.2. Sentencia de primera instancia5 e impugnación

3 No especificó a cuáles normas del derecho internacional se refería.

4 No identificó las sentencias que presuntamente no fueron objeto de estudio por parte de las autoridades
judiciales accionadas.
5 Mediante Auto de 6 de abril de 2026, el despacho sustanciador de primera instancia resolvió (1) admitir la acción

de tutela de la referencia, (2) tener como accionados al Juzgado 2 Administrativo de Pereira y al Tribunal
Administrativo de Risaralda y (3) vincular, en calidad de terceros, al Ministerio de Defensa Nacional y a los señores
Liliana Arango Ruiz, Jean Francois González Arango, Nubia María García de González y Héctor Emiro González
García.

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Demandante: Albeiro González García
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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24. En Sentencia de 15 de mayo de 2026, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo
por haberse configurado la existencia de la cosa juzgada constitucional,
habida cuenta de que el accionante promovió, previamente, una acción
de tutela, identificada con radicado No. 11001-03-15-000-2025-01505-00/01,
en la que planteó la misma controversia relacionada con las Sentencias de
17 de agosto de 2022 y 25 de enero de 2024, respecto de la cual constató
una identidad fáctica y jurídica.

25. En esa oportunidad, el actor también alegó que los hechos constituían
un delito de lesa humanidad y solicitó que se inaplicara el término de
caducidad. Dicha acción fue declarada improcedente por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, al no haber superado el requisito de
inmediatez, decisión que fue confirmada por la Sección Primera de esta
corporación mediante Sentencia de 17 de julio de 2025. Posteriormente, el
expediente fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión
y, mediante Auto de 30 de septiembre de 2025, el asunto fue excluido, sin
que se presentara insistencia.

26. En esa medida, concluyó que entre ambas acciones existía triple
identidad, pues fueron promovidas por el mismo accionante contra las
mismas autoridades judiciales, perseguían el amparo de los mismos
derechos fundamentales y tenían por objeto controvertir las mismas
sentencias proferidas dentro del mismo proceso de reparación directa.
Asimismo, ambas acciones se sustentaban en la misma controversia: la
presunta indebida aplicación de la caducidad.

27. La parte actora presentó escrito de impugnación contra la sentencia
de primera instancia al estimar que no era posible hablar de una cosa
juzgada material, en tanto las sentencias proferidas en la acción de tutela
No. 2025-01505-00/01 no estudiaron de fondo los cuestionamientos puestos
de presente. Por ello consideró que, aunque ambas tutelas estuvieran
relacionadas con las mismas providencias, sostuvo que la causa jurídica no
era materialmente idéntica, pues la segunda incorporó el control de
convencionalidad, el bloque de constitucionalidad, los artículos 8 y 25 de la
Convención Americana y la afectación continuada de su derecho de
acceso a la administración justicia.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Fijación de la
controversia. 2.3. Verificación de la cosa juzgada constitucional y/o temeridad. 2.4.
Conclusión.

2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio

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Demandante: Albeiro González García
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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28. La Sala se centrará en analizar los reparos invocados respecto de la
Sentencia de 19 de noviembre de 2018 proferida por la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sala Transitoria), puesto que,
pese a que también se enjuició la sentencia de primera instancia del
Juzgado 7 Administrativo de Descongestión de Bogotá, lo cierto es que, con
ocasión del recurso de apelación, la decisión del tribunal fue la que resolvió
el litigio. Asimismo, ante una eventual decisión favorable a las súplicas de
amparo, será la autoridad que resolvió la controversia en segunda instancia,
la encargada de dar cumplimiento a lo que se ordene.

2.2. Fijación de la controversia

29. Verificar si hubo, o no, cosa juzgada constitucional y/o temeridad6, en
relación con los reparos presentados contra el Tribunal Administrativo de
Risaralda, por haber proferido la Sentencia de 25 de enero de 2024. Como
consecuencia de lo anterior, se procederá a revocar, modificar, o confirmar
la decisión impugnada.

2.3. Verificación de la cosa juzgada constitucional7 y/o temeridad8

30. La Sala modificará la parte resolutiva de la sentencia impugnada,
pues considera que la cosa juzgada no es una causal de improcedencia de
la acción de tutela, ni ha sido determinada como un requisito general para
el estudio del fondo de esta.

31. En esa medida se declarará que hubo cosa juzgada, pues se han
presentado 2 solicitudes de amparo identificadas con los radicados: 1)
11001-03-15-000-2025-01505-00/01; y 2) 11001-03-15-000-2026-02374-00/01, de
las que la Sala logró advertir:

6 El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 contempla (se trascribe) “ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo

expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
7 La Corte Constitucional ha sostenido que (se trascribe) “ha sostenido que se predica la existencia de cosa

juzgada constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de un fallo de
tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se presenta identidad jurídica de partes, objeto y causa”. Sentencias
SU-027 de 2021, T-380 de 2013 y C-774 de 2001. La triple identidad se define de la siguiente manera: “(i) la identidad
de partes consiste en que al nuevo proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron
vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada; (ii) la identidad de objeto se refiere a que
ambas demandas deben versar sobre las mismas pretensiones; y (iii) la identidad de causa consiste en que ambos
procesos tengan los mismos fundamentos fácticos, por lo tanto, cuando se presenten nuevos hechos o elementos
el juez solamente podrá pronunciarse sobre estos últimos”.
8 La Corte Constitucional estableció los siguientes requisitos que se deben examinar en cada caso para determinar

la existencia o no de temeridad: (1) identidad de partes; (2) identidad de hechos; (3) identidad de pretensiones;
y (4) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de
mala fe por parte del libelista. A contrario sensu, la actuación no es temeraria cuando aun existiendo dicha
multiplicidad de solicitudes de protección constitucional, la acción de tutela se funda en: (1) la ignorancia del
accionante; (2) el asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (3) el sometimiento del actor a un estado
de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien la tutela debe ser declarada improcedente,
la actuación no se considera “temeraria” y, por ende, no conduce a la imposición de una sanción en contra del
demandante. Sentencias SU-168/17, T-272/19, T-162/18, T-185 de 2013 T-084/12 y T-727/11, entre otras.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
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32. (1) Identidad de partes: Las acciones constitucionales fueron
presentadas por Albeiro González García, en nombre propio, en contra del
Tribunal Administrativo de Risaralda.

33. (2) Identidad de hechos: En los 2 procesos se estructuró el sustento
fáctico a partir de la aparente vulneración, entre otros, de los derechos al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión de la
Sentencia proferida el 25 de enero de 2024, por la autoridad judicial
demandada.

34. (3) Identidad de pretensiones: La Sala encontró que, en las 2 acciones
de tutela, el actor solicitó que se dejara sin efectos la misma sentencia
judicial proferida por el tribunal accionado.

35. Aunado a ello, debe indicarse que el fundamento en las 2 acciones
de tutela lo constituyó un aparente yerro por la indebida aplicación del
fenómeno de la caducidad en el medio de control de reparación directa
No. 66001-33-33-002-2018-00053-00/02.

36. De lo expuesto, la Sala evidencia, tal y como lo hizo en su momento el
juez de tutela de primera instancia, que el demandante presentó 2 tutelas
con similitud de partes, hechos y pretensiones. En consecuencia, dado que
lo reclamado ya se definió con anterioridad en el escenario constitucional,
pues, en la acción de tutela 2025-01505-01 se declaró y confirmó la
improcedencia y dichas decisiones fueron excluidas de revisión por parte de
la Corte Constitucional, mediante Auto de 30 de septiembre de 2025, se
debe declarar la cosa juzgada constitucional.

37. Es importante destacar que para la Sala no se configuró la temeridad
en los términos del artículo 389 del Decreto 2591 de 1991, en la medida en
que: (a) las acciones de tutela fueron presentadas en nombre propio, y (b)
se presentaron bajo la necesidad extrema de defender un derecho, con
fundamento, ahora, en la omisión del deber de control de
convencionalidad por parte de la autoridad judicial accionada, respecto
de la cual la Sala considera que no puede tenerse como una causa jurídica
autónoma ni un hecho nuevo, y (c) la ausencia de mala fe, debido a que
en la presentación de la segunda tutela reconoció la existencia de la
primera.

38. Además, la Sala advierte que, en todo caso, la acción de tutela no
superaría el requisito de inmediatez, en atención a que se presentó por fuera
del plazo razonable que han establecido la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado.

9 Ver pie de página 6.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
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2.4. Conclusión

39. Por lo anterior, la Sala modificará la sentencia impugnada para
declarar la cosa juzgada constitucional respecto de la acción de tutela
presentada por el demandante contra la Sentencia de 25 de enero de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de tutela proferida el 15 de mayo de
2026 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la
cual quedará así:

PRIMERO: DECLARAR LA COSA JUZGADA respecto de la acción de
tutela presentada por Germán Alfonso Oliveros Castro contra la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sala
Transitoria), por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la
misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico
dispuesto por la Secretaría General para tal fin10.

TERCERO: Por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

10 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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