Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01505-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01505-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01505-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
15 de mayo de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01505-00
Demandante: Albeiro González García
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D. C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01505-00
Demandante: ALBEIRO GONZÁLEZ GARCÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Caducidad del medio de control de
reparación directa por desplazamiento forzado de líder sindical.
Incumplimiento del requisito de inmediatez
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Albeiro González García, quien actúa en nombre propio, contra
el Tribunal Administrativo de Risaralda.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 14 de marzo de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela en la que solicitó al
juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por la autoridad
judicial accionada.
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“Con fundamento en los argumentos antes expuestos, le solicito al señor JUEZ se protejan
mis DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y CUMPLIMIENTO DE FALLOS JUDICIALES y en
consecuencia le ordene al JUZGADOS SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE PEREIRA y a la
SALA TERCERA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, que:
(i) Que en el término de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS se proceda a dictar nueva
sentencia dentro del proceso con radicación 66001-33-33-002-2018-00053-01 (A-1041-
2022) en la que se inaplique el término de caducidad por configurarse la existencia de un
delito de lesa humanidad (Desplazamiento Forzado)”.
2. Hechos
El accionante afirmó que el 20 de mayo de 1993, en cumplimiento de la Orden
Administrativa de Personal No. 1-036, tomó posesión del cargo de conductor, grado
adjunto tercero de la Vigésima Primera Brigada de Apoyo Logístico de las Fuerzas
Militares del Ejército, prestando sus servicios luego al Batallón de Artillería No. 8 San
Mateo con sede en Pereira, Risaralda, bajo la dirección del Ministerio de Defensa
Nacional.
Sostuvo que pese a que se encontraba vinculado a las fuerzas militares, dada la
naturaleza civil del cargo que desempeñaba, ejerció sin impedimento constitucional y
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Demandante: Albeiro González García
legal la actividad sindicalista, en la cual formó parte de la subdirectiva del Eje Cafetero
de la organización sindical Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio
de Defensa, Fuerzas Militares, Policía Nacional y sus entidades adscritas, según
consta en la resolución No. 145 del 06 de octubre del año 1997, proferida por la
Dirección Regional de Risaralda del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Indicó que aun cuando el cargo que ostentaba no era propio de un miembro activo de
las fuerzas armadas, “no fueron pocas las veces en que fui obligado a uniformarme
con prendas propias de miembros activos del ejército y en mi calidad de conductor era
obligado a transportar contingentes de soldados a zonas de alta influencia de grupos
armados al margen de la ley, pese a que no contaba con ninguna preparación para
ello”, razón por la cual hizo denuncias públicas ante los órganos de control, así como
otras por corrupción en la contratación mismas que, señala, desencadenaron una
persecución laboral en su contra por parte de oficiales del batallón y amenazas en
contra de su vida y la de su familia, “en razón de su actividad sindical”.
Refirió que las amenazas en su contra se materializaron el 24 de septiembre de 1998,
cuando desconocidos atentaron en su contra y la de su familia disparando con un arma
de fuego a su vivienda, y dejando un panfleto en donde se le daba un término de 48
horas para que abandonara el lugar, so pena de tomar represalias contra su familia.
Añadió que pese a la persecución sindical, las amenazas de muerte y el atentado de
que fue objeto, el 6 de octubre de 1998 recibió una orden de traslado del Batallón de
Artillería No. 8 San Mateo del municipio de Pereira al Batallón de Infantería “Domingo
Rico Díaz” con sede en Santana, Putumayo, sin importar que estaba amparado bajo
la figura del fuero sindical, por lo que no podía ser trasladado sin autorización judicial.
Adujo que ante la falta de interés del Estado por su seguridad y la de su familia, se vio
en la obligación de presentar su renuncia al cargo que desempeñaba en el Ministerio
de Defensa, y recurrir a los organismos internacionales en pro de encontrar garantías
y protección para su vida y la de su familia, por lo que solicitó y obtuvo asilo ante los
Países Bajos, a donde se trasladó desde el 5 de diciembre de 1998.
Adujo que el 15 de abril de 2013, desde la ciudad de Barendrecht, Países Bajos, en
donde se encontraba asilado, solicitó a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas la inscripción en el registro único de
víctimas, solicitud que fue aceptada mediante resolución No. 2014-360812 de 28 de
enero de 2014 en la cual junto con su esposa e hijo fueron incluidos como víctimas.
Agregó que a mediados del año 2016 regresaron del todo a Colombia en razón de que
el proceso de paz que para la época se tramitó y se encuentra en proceso de
implementación, luego de lo cual interpusieron acción de reparación directa en la que
solicitaron el reconocimiento y pago de los perjuicios ocasionados por la omisión de
protección por parte del Estado Colombiano que desencadenó su desplazamiento,
entre los que, señala, se cuentan los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir, la imposibilidad de obtener la pensión de jubilación bajo el Decreto Ley 1214
de 1990 por 20 años de servicio en el Ministerio de Defensa Nacional, así como el
correspondiente auxilio de vivienda al cumplir los 15 años de servicio, “circunstancia
ésta que desapareció totalmente de mi porvenir, en razón de la salida precipitada del
país y la renuncia que me vi obligado a presentar”.
Señaló que el proceso correspondió en primera instancia al Juzgado Segundo
Administrativo de Pereira, que en sentencia de 17 de agosto de 2022 declaró probada
la excepción de caducidad, “teniendo como punto central para ello que no se cumplía
el requisito de “actos dirigidos en contra la población civil”, por cuanto consideró el Ad
quem que los ataques de que fui víctima fueron recibidos de manera individual y no en
mi condición de sindicalista”. Relató que, dado lo anterior, el juzgado determinó que el
plazo para formular la acción debía contabilizarse desde el 27 de enero de 1999, fecha
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en la que se concretó la huida de la totalidad de los miembros del núcleo familiar (por
lo que ese día pudieron conocer la magnitud del daño) y con ello cesó la presunta
omisión al deber de protección por parte del Estado, y no desde el 3 de septiembre de
2016, cuando los demandantes regresaron al país.
Por último, adujo que luego de que interpusiera recurso de apelación en contra de esa
decisión, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda por
sentencia de 25 de enero de 2024 la confirmó, aun cuando declaró probada la
excepción de caducidad empezando su conteo desde una fecha posterior, esto es, el
29 de abril de 1999, “fecha en la que se nos otorgó el asilo en Holanda”.
3. Fundamentos de la acción
El actor señaló que la sentencia de 25 de enero de 2024, mediante la que el Tribunal
Administrativo de Risaralda confirmó la decisión de primera instancia que declaró
probada la excepción de caducidad, en el marco del proceso de reparación directa que
junto con su familia promovió contra el Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de
que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios
materiales y morales derivados del desplazamiento forzado que soportaron, vulnera
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
En su criterio, la sentencia objetada incurre en desconocimiento del precedente
judicial, de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la inaplicabilidad de la
caducidad en el medio de control de reparación directa cuando se trata de delitos de
lesa humanidad, emanado de las sentencias de 5 de septiembre de 20161 y 21 de
febrero de 20112, en las que se ha establecido “la no aplicación del término de
caducidad en aquellos casos en donde se configuren tales elementos, pues, siendo
consecuente con la gravedad y magnitud que tienen tales actos denigrantes de la
dignidad humana, es que hay lugar a reconocer que el paso del tiempo no genera
consecuencias desfavorables para quienes (de manera directa) fueron víctimas de
tales conductas y pretenden la declaratoria de responsabilidad extracontractual del
Estado por los daños antijurídicos irrogados en su contra; pues resulta claro que allí
no solo se discuten intereses meramente particulares o subjetivos sino también
generales que implican a toda la comunidad y la humanidad, considerada como un
todo”.
Sostuvo que las decisiones de primera y segunda instancia ordinarias se apartaron de
los preceptos jurisprudenciales sobre la caducidad en delitos de lesa humanidad, “y se
dejó de calle (sic) que como bien se expuso y se probó más allá de toda duda, el
suscrito, mi esposa y mi hijo nos encontrábamos en otro país bajo la figura del asilo,
circunstancia que nos impedía ejercer las acciones correspondientes cesando las
mismas el día 3 del mes de septiembre 2016 con mi regreso al país quien soy la víctima
directa”.
4. Trámite procesal
Por auto de 27 de marzo de 2025, el despacho sustanciador admitió la solicitud de
tutela. En la misma decisión se ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial
accionada. De igual modo, se vinculó al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Pereira, a los señores Liliana Arango Ruiz, Jean Francois González Arango, Nubia
María García González y Héctor Emiro González García, y a la Nación, Ministerio de
Defensa como terceros interesados en el resultado del proceso. Igualmente, a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 610 del Código General del Proceso.
1
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, radicación 57625.
2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, radicación 31093.
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Demandante: Albeiro González García
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
38436 a 38442 de 28 de marzo de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida
decisión3.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Risaralda
El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se declarara la
improcedencia de la solicitud, por cuanto, indicó, la decisión adoptada se encuentra
conforme a derecho, y en el caso no se acreditaron los requisitos exigidos para la
procedencia de la acción constitucional, entre los cuales se encuentran la inmediatez
y relevancia constitucional.
Sostuvo que en el caso se incumple con el requisito de inmediatez, en la medida que
la sentencia objeto de tutela data del 25 de enero de 2024, y la solicitud de tutela se
presentó en el año 2025.
Agregó que la solicitud incumple el requisito de relevancia constitucional, pues se está
utilizando la tutela como una instancia adicional, ya que, si bien la parte accionante
indica un desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es que en la providencia
cuestionada se realizaron las apreciaciones de las pruebas documentales y se
señalaron los fundamentos de hecho y derecho que soportaban la decisión, así como
el análisis del plazo razonable en el que las personas, en ejercicio de un medio de
control y con el fin de satisfacer una pretensión específica, pueden acudir a la
estructura jurisdiccional del poder público con miras a que el respectivo litigio o
controversia sea resuelto con carácter definitivo, todo ello con apego al precedente
jurisprudencial aplicable cuando se analiza el fenómeno extintivo de cara a delitos de
lesa humanidad.
Indicó que en la sentencia objetada, de conformidad con las pruebas arrimadas, se
identificó el daño, pero también se aclaró que no se probaron amenazas continuadas
a partir de 1999, fecha en la que el actor se había reasentado en otro país con
condiciones materiales para acceder a la justicia Colombiana, “tan es así, que viviendo
en Holanda en el año 2014 pudieron realizar las gestiones necesarias, acudiendo
incluso al consulado, para quedar inscritos en el registro de víctimas del Estado
Colombiano, razón por la cual no hay lugar a tener la fecha de inclusión en el registro
único como fecha ultima de conocimiento del daño, pues desde antes del
reconocimiento como refugiados, la parte demandante tuvo conocimiento del daño
antijurídico ocasionado y existe prueba de que tenían condiciones materiales para
acudir frente al Estado a reclamar sus derechos”.
Añadió que el fallo objetado se ciñó a lo establecido en la sentencia de unificación de
la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado4 sobre las reglas para el
conteo del término de caducidad en casos de reparación directa derivados de los
perjuicios irrogados por un delito de lesa humanidad, en donde se determinó que el
término de caducidad de 2 años consagrado en el literal i) del artículo 164 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo es aplicable, “es
decir, que la connotación de lesa humanidad no los excluye, por lo que, el término de
caducidad se deberá contar sólo desde el momento en que el afectado conoció o debió
conocer la participación por acción u omisión del Estado en los hechos que causaron
los perjuicios que se demandan, salvo en los casos en que se observen situaciones
que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción, presupuesto
que una vez superado, dará inicio al conteo del término concedido”.
3
Indice 10 de Samai.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 29 de enero de 2020,
exp. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033).
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Demandante: Albeiro González García
Sostuvo que, con base en lo anterior, en la sentencia objeto de tutela, frente al cómputo
de la caducidad, se determinó que la demanda debió ser presentada a más tardar
hasta el 3 de abril de 2016, y que la solicitud de conciliación se radicó ante la Procuraría
General de Nación el 2 de junio de 2017, esto es, fuera de término, y la demanda se
presentó el 21 de enero de 2018, es decir, en fecha posterior “y no existe explicación
o prueba en el dosier, que permita afirmar en el supuesto planteado, que los
demandantes tenían la posibilidad de acudir al consulado y realizar trámites para la
inclusión en registro de víctimas, pero que no tenían las condiciones para promover el
litigio que con esta providencia se desata”.
5.2. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional
El apoderado de la cartera rindió informe en el que solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción, por cuanto, sostuvo, no cumple con los requisitos
generales ni específicos para habilitar su estudio, pues el actor no realizó un estudio
de los requisitos específicos de procedencia y se puede evidenciar que aun cuando
menciona la vulneración a derechos fundamentales por parte de las autoridades
judiciales accionadas, en ninguno de sus acápites argumenta y justifica tal
aseveración.
Afirmó que la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del
29 de enero de 2020, dispuso que en los casos de desplazamiento forzado es posible
contar el término de caducidad a partir de la fecha en que cesó el desplazamiento, y
que en el caso estudiado el demandante regresó al país y no demostró imposibilidad
para acceder a la jurisdicción.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de
estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela presentada por el
demandante es procedente, de conformidad con los requisitos generales cuando se
cuestiona una providencia judicial y, en caso afirmativo, si la autoridad judicial
demandada, en la sentencia de 25 de enero de 2024, incurrió en defecto por
desconocimiento del precedente judicial.
3. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales”. Ahora bien, aun cuando la Carta Política
hace uso de la expresión “en todo momento y lugar”, lo que podría dar a entender que
la acción de amparo puede solicitarse en cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni
la relevancia de los derechos vulnerados, lo único cierto es que se trata de un requisito
que se debe valorar en cada caso concreto.
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Sin embargo, la Corte Constitucional5 ha señalado que si bien no es posible establecer
un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, ésta no puede
presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un término razonable entre
la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del
actor y la presentación de la demanda, en la medida en que la naturaleza misma de
este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección
de las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto de la
seguridad jurídica y de los derechos de los terceros afectados.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no un
término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo
prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito para
habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el uso de este
mecanismo constitucional como herramienta que consienta la negligencia o indiferencia de
los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 6
La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para que
el juez de tutela pueda determinar7, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito
de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de 20168, así:
“(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del
peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la exigencia de
presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que se produce la
vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos
fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar
el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de
presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó;
(iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos de los interesados.
De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la presentación de la tutela
guarda relación con la situación de vulneración de derechos fundamentales que alega el
peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional
ha señalado que el análisis de la inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que
se identifica como vulneratoria de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha
señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra
providencias judiciales y (v) Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se
encuentra un motivo que justifique la demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener
en cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara
procedente”9.
En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-372 de 2024, reiteró los
anteriores criterios para analizar las particulares de cada caso en torno a la
presentación de la acción de tutela dentro de un término oportuno y recordó que no
toda manifestación de una circunstancia especial habilita la procedencia del
mecanismo constitucional, puesto que no basta con la simple afirmación de que el
interesado no pudo ejercer la solicitud de amparo en un plazo razonable. Al respecto,
sostuvo que “pretender establecer la inmediatez a partir de un hito diferente al de la fecha de
la sentencia de condena y su notificación, como es la respuesta negativa a una solicitud de
libertad, como lo hace el actor, carece de justificación, pues lo que pretende cuestionarse es
la condena y no la negativa de la libertad”.
5
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
6
Ibídem.
7
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015 M.P.
Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
8
Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
9
Ibídem.
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Demandante: Albeiro González García
Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela que
se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410 estableció,
como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo
máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la sentencia o
providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que también ha sido
acogido por la Corte Constitucional11.
4. Estudio y solución del caso concreto
El señor Albeiro González García, quien actúa en nombre propio, señaló que la
sentencia de 25 de enero de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Risaralda mediante la que el Tribunal Administrativo de Risaralda confirmó la decisión
de primera instancia que declaró probada la excepción de caducidad, en el marco del
proceso de reparación directa que junto con su familia promovió contra el Ministerio de
Defensa Nacional, con el fin de que se le declarara administrativa y patrimonialmente
responsable por los perjuicios materiales y morales derivados del desplazamiento
forzado que soportaron, incurre en desconocimiento del precedente judicial, de la
Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la inaplicabilidad de la caducidad en el
medio de control de reparación directa cuando se trata de delitos de lesa humanidad,
emanado de las sentencias de 5 de septiembre de 201612 y 21 de febrero de 201113.
Conforme da cuenta el expediente digital allegado a este trámite constitucional, la
sentencia de 25 de enero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, que finalizó con el medio de control de reparación directa identificado con
el radicado No. 2018-00053-01, se notificó a las partes mediante correo electrónico
enviado el 29 de enero de 2024, por lo que se entiende notificada el 31 del mismo mes
y año, en atención al numeral 2 del artículo 205 del CPACA14.
Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, el artículo 86 de la
Constitución precisa que la acción de tutela debe procurar la protección inmediata de
los derechos fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados
por la acción u omisión de una autoridad pública. Si bien, la misma disposición
establece que se podrá hacer uso de este mecanismo constitucional en todo momento,
ello no implica que no se deba interponer dentro de un plazo razonable, pues ello está
en consonancia con los principios de seguridad jurídica y cosa juzgadas, los cuales,
prima facie, se deben resguardar.
De conformidad con lo anterior, la Sala observa que como la solicitud de amparo fue
promovida el 14 de marzo de 202515, transcurrieron un (1) año, un (1) mes y catorce
(14) días entre el momento de la notificación y el de la interposición de la acción
constitucional, término que excede el límite razonable establecido
jurisprudencialmente por la Sala Plena de esta Corporación, como regla general, el
cual ha sido acogido por la Corte Constitucional.
Sobre el particular, cabe resaltar que la Corte Constitucional en diferentes decisiones
ha ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar que el plazo
razonable para interponer la acción de tutela, si bien no es un término fijo, puede
entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe analizarse en
general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las condiciones del accionante y
10
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
11
T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, radicación 57625.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, radicación 31093.
14 La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas: […] 2. La notificación de la providencia se
entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr
a partir del día siguiente al de la notificación.
15
Acta individual de reparto.
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Demandante: Albeiro González García
los derechos que subyacen en la pretensión” , respecto del cual ha precisado “que (…) ha
16
entendido que seis meses es un plazo razonable para satisfacer el requisito de inmediatez sin
que ello signifique que dicho término es perentorio” .
17
En este mismo sentido, en la sentencia T-619 de 2019, la Corte estimó que “el juez
debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar en riesgo la seguridad
jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6 meses), lo cierto es que también
se ha extendido dicho lapso, pues para su fijación se debe acudir a criterios como el de
razonabilidad y proporcionalidad en cuya valoración le corresponde al juez tener en cuenta
las circunstancias que caractericen al caso concreto” .
18
Es cierto que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a concluir
que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión
que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el tiempo, y
hacen que la violación sea siempre actual. Sin embargo, cuando se trata de cuestionar
providencias judiciales la verificación de este presupuesto se torna aún más exigente,
por lo que no cualquier circunstancia excepcionaría este requisito cuando se ha
superado el plazo razonable de los seis meses, lo cual se deberá analizar caso a caso,
siempre con el norte de preservar prima facie los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica.
En el presente caso, el accionante no manifestó la existencia de ninguna circunstancia
que le hubiese impedido presentar la acción de tutela dentro de un término razonable,
ni del expediente la Sala observa que un evento de esa naturaleza se hubiese
presentado, por lo que, conforme con la jurisprudencia antes citada, el requisito se
encuentra incumplido.
En todo caso, en relación con la presentación de acciones de tutela contra
providencias judiciales, la Corte ha considerado que el mencionado término debe ser
entendido de manera estricta. En tal sentido, en la sentencia T-1140 de 2005,
consideró que “puede inferirse que la razonabilidad del término de interposición de la acción
de tutela debe estudiarse en cada caso concreto. Sin embargo, tratándose de procesos
judiciales y de providencias ejecutoriadas, el juicio sobre la razonabilidad del término ha de
ser riguroso en comparación con los otros casos que se llevan ante la justicia constitucional.
En efecto, en este caso debe analizarse las posibilidades de defensa en el mismo proceso
judicial, la diligencia del accionante en el mismo, y los posibles derechos de terceros que se
han generado por el paso del tiempo”.
Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de inmediatez.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Albeiro
González García, quien actúa en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de
Risaralda.
16
Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
17
Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
18
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01505-00
Demandante: Albeiro González García
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo del Consejo.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclara voto
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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