Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02374-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02374-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-02374-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
15 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02374-00
Accionante: Albeiro González García
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro1
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de reparación directa. / DECLARA IMPROCEDENCIA –
Se configuró cosa juzgada constitucional
Surtido el trámite de ley2, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 23 de marzo de 2026, el señor Albeiro González García promovió acción de
tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira y el Tribunal
Administrativo de Risaralda, con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia y se dejaran
sin efectos las sentencias de 17 de agosto de 2022 y 25 de enero de 2024, emitidas
dentro del proceso de reparación directa3 que incoó, junto con su núcleo familiar4,
contra la Nación – Ministerio de Defensa, encaminado a obtener el resarcimiento de
los perjuicios derivados del desplazamiento forzado del que fue víctima, el cual lo
obligó a exiliarse en el extranjero.
2.
Mediante la providencia acusada de 25 de enero de 2024, se confirmó la decisión
judicial de 17 de agosto de 2022, que declaró probada la excepción de caducidad
del medio de control. Se determinó que el cómputo del término de dos años debía
1 Juzgado Segundo Administrativo de Pereira.
2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
3 Expediente 66001-33-33-002-2018-00053-00/02.
4 Liliana Arango Ruiz (esposa), Jean Francois González Arango (hijo), Nubia María García González (mamá) y
Héctor Emiro González García (hermano).
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02374-00
Accionante: Albeiro González García
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro
iniciar desde cuando se aceptó el asilo de los demandantes por parte de Holanda,
esto es, el 29 de abril de 1999, y no desde el 2016 cuando retornaron a su lugar de
origen. Desde aquel momento cesó la situación de riesgo por el desplazamiento
forzado y la totalidad de los actores estaban en condiciones de acudir a la
administración de justicia sin que se hubiera acreditado alguna excepción para
empezar el cómputo de la caducidad desde otra fecha. Ello, por cuanto no se alegó
alguna situación particular que obstaculizara su acceso a la administración de
justicia, ni de las pruebas se advierte una circunstancia especial que hubiese
impedido el ejercicio oportuno del medio de control. Por tanto, el término fenecía el
30 de abril de 2001 y como la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó el 2 de
junio de 2017 y la demanda el 21 de febrero de 2018, se tiene que se presentaron
de manera extemporánea.
3.
La parte actora sostuvo que las autoridades judiciales incurrieron en defecto
sustantivo. Se omitió ejercer un control de convencionalidad, obligación derivada
del artículo 93 de la Constitución Política. No se aplicaron la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y los
estándares sobre protección reforzada a sindicalistas.
4.
De igual modo, se interpretó de manera errónea la figura de lesa humanidad, al
exigir condiciones no previstas en el derecho internacional, es decir, se impuso un
estándar probatorio excesivo frente a la sistematicidad.
5.
En ese sentido, se omitió integrar normas internacionales obligatorias en la
interpretación del caso y no se contó con una estructuración jurídica adecuada bajo
estándares de derechos humanos, lo cual incidió directamente en el resultado del
proceso.
6.
También se configuró defecto fáctico. No se valoró el contexto estructural de
violencia contra sindicalistas, no se analizó el fenómeno de persecución sistemática
y se desconoció la prueba indirecta del contexto. En esa medida, las decisiones
judiciales exigieron un estándar probatorio incompatible con el derecho internacional,
con lo que se desconoció que la sistematicidad en violaciones a derechos humanos
puede acreditarse mediante contexto, patrones y condiciones estructurales, y no
exclusivamente por la existencia de múltiples víctimas directas dentro del mismo
proceso.
7.
Posteriormente, el accionante presentó un escrito adicional en el que insistió en
el desconocimiento del control de convencionalidad y la falta de análisis del contexto
en el que ocurrió su desplazamiento, esto es, en el de violencia sistemática ejercida
contra personas sindicalistas y defensoras de derechos humanos. Por tanto, el
desplazamiento en estos casos no constituye un hecho aislado, sino una
manifestación de patrones estructurales orientados a desarticular la actividad
sindical y silenciar liderazgos sociales.
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8.
Agregó que se debe tener en cuenta que es sujeto de especial protección
constitucional, en atención a que es adulto mayor y víctima de desplazamiento
forzado y de persecución sindical. Además, como consecuencia directa de los
hechos victimizantes y de la ausencia de reparación efectiva perdió sus cesantías y
sus ahorros depositados en la Caja de Vivienda Militar y de Policía, y no ha podido
acceder a una pensión digna, lo que ha generado una afectación real, actual y
continua a su mínimo vital y al de su núcleo familiar.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
9.
Mediante auto de 6 de abril de 20265, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a las autoridades demandadas y se vinculó al Ministerio de Defensa y a los
señores Liliana Arango Ruiz, Jean Francois González Arango, Nubia María García
de González y Héctor Emiro González García, en condición de terceros con interés.
De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para lo de su cargo.
(i) Tribunal Administrativo de Risaralda
10.
Advirtió que el 28 de marzo de 2025 el accionante instauró acción de tutela6, cuya
pretensión consistía en emitir un nuevo fallo, en el que se inaplicara el término de
caducidad, por verificarse la existencia de un delito de lesa humanidad por
desplazamiento forzado, la cual fue declarada improcedente el 15 de mayo de esa
anualidad por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decisión confirmada el 17
de julio siguiente por la Sección Primera. Asunto constitucional que fue excluido de
revisión por la Corte Constitucional, mediante auto de 30 de septiembre de 2025.
11.
Por lo anterior, se debe examinar lo referente al fenómeno de la cosa juzgada
constitucional para determinar la procedencia o no de la presente acción de amparo.
12.
Asimismo, reiteró la argumentación expuesta en la aludida tutela, en cuanto a que
la decisión de confirmar la configuración de la caducidad en el medio de control de
reparación directa se fundamentó en la jurisprudencia que sobre la materia ha
emitido el Consejo de Estado, en particular, la sentencia de unificación de 29 de
enero de 20207, así como en los hechos planteados, el material probatorio recaudado
y la normativa aplicable. Además, resulta evidente la improcedencia de la acción,
dado que la parte actora debía demostrar la configuración de un perjuicio
irremediable y no utilizarlo como una tercera instancia.
II. CONSIDERACIONES
C. Análisis del caso concreto
5 Notificado el 13 y 17 de abril de 2026.
6 Expediente 11001-03-15-000-2025-01505-00.
7 Expediente 85001-33-33-002-2014-00144-01, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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13. La Sala encuentra que, como lo indicó el Tribunal accionado en su contestación,
el tutelante promovió con antelación una acción de tutela en la que planteó la
discusión constitucional que nuevamente expone en esta solicitud de amparo, por lo
que se procederá a analizar si en este caso se configura o no la figura de la cosa
juzgada constitucional.
14. Según la jurisprudencia constitucional, en materia de tutela el fenómeno de la
cosa juzgada se presenta cuando concurren los siguientes elementos: (i) que exista
una triple identidad, es decir, que el accionante acuda nuevamente al juez
constitucional alegando una vulneración de derechos fundamentales por parte de
una misma autoridad con fundamento en los mismos hechos y persiguiendo un
objeto idéntico; (ii) que la nueva tutela se haya instaurado con posterioridad a la
ejecutoria de la sentencia que resolvió el fondo del asunto; y (iii) que en el proceso
de tutela anterior se hubiera surtido el trámite de selección ante la Corte
Constitucional8.
15. El Alto Tribunal ha admitido de manera excepcional que la cosa juzgada
constitucional pueda ser desvirtuada, aunque se compruebe la triple identidad,
cuando se presentan hechos nuevos que justifiquen la procedencia de la nueva
acción. En todo caso, ha sido enfática en precisar que “(…) no es cualquier
acontecimiento futuro el que permite estudiar de fondo el problema planteado, pues
tal raciocinio conllevaría a que con el solo transcurso del tiempo se habilite a acudir
indefinidamente a la tutela y atentaría contra los principios de la cosa juzgada y la
seguridad jurídica. Así pues, los hechos nuevos deben tener incidencia en la razón
de la decisión adoptada anteriormente”9.
16. Por su parte, la actuación temeraria se configura cuando una misma persona o
su representante interpone la misma demanda de tutela ante varias autoridades
judiciales, sin que exista un motivo expresamente justificado, caso en el cual el juez
constitucional deberá rechazar o decidir desfavorablemente todas las solicitudes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.
17. A efectos de evaluar el ejercicio temerario en la acción de tutela, la jurisprudencia
constitucional10 ha señalado que se debe analizar la concurrencia de los siguientes
elementos: (i) la existencia de la triple identidad antes descrita (mismas partes,
hechos y objeto) y; (ii) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva
demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del demandante, con
la única finalidad de lograr una decisión favorable a sus intereses sin importar el
número de veces que requiera accionar el aparato jurisdiccional.
8 Sentencia T-219 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
9 Sentencia T-427 de 2017, reiterada en la sentencia T-337 de 2020.
10 Ver Sentencia SU-027 de 2021.
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18. En esa línea, la Corte Constitucional ha precisado que pueden existir eventos en
los que aunque se presente la triple identidad, no se configura un actuar temerario
por parte del demandante, debido a que la acción de tutela interpuesta por segunda
vez se presenta de buena fe, a saber: (i) la condición de ignorancia o indefensión
del accionante, porque aquel actúa por miedo insuperable o por la necesidad
extrema de defender un derecho; (ii) el asesoramiento erróneo de un profesional del
derecho; (iii) la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad
a la interposición de la acción de tutela o que se omitieron el trámite de la misma;
(iv) cuando la Corte Constitucional emita una decisión de unificación, cuyos efectos
son extensivos a un grupo de sujetos que se consideran en igualdad de condiciones;
y (v) la convicción fundada que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la
cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la demanda de la
existencia previa de un recurso de amparo11.
19. En suma, la cosa juzgada constitucional y la temeridad constituyen dos
fenómenos jurídicos distintos que se configuran a partir de la presentación de varias
acciones de tutela por la misma persona, con fundamento en los mismos hechos y
las mismas pretensiones. Sin embargo, para que se acredite un ejercicio temerario
se requiere la constatación del ejercicio abusivo del amparo constitucional, es decir,
de la mala fe del actor en la búsqueda de una decisión favorable a sus intereses a
toda costa.
20. En el sub lite se constató, con base en la herramienta electrónica judicial
denominada Samai, que el 14 de marzo de 2025 el accionante presentó tutela12,
encaminada a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia y a dejar sin efectos las sentencias de 17 de
agosto de 2022 y 25 de enero de 2024, dictadas por el Juzgado Segundo
Administrativo de Pereira y el Tribunal Administrativo de Risaralda, respectivamente,
con el fin de que se procediera a dictar una nueva providencia, “en la que se
inaplique el término de caducidad por configurarse la existencia de un delito de lesa
humanidad (Desplazamiento Forzado)”, al haber incurrido en desconocimiento del
precedente judicial.
21. Dicho asunto constitucional fue decidido, en primera instancia, el 15 de mayo de
2025 por la Sección Cuarta de esta Corporación13, en el sentido de declararlo
improcedente, al no satisfacer el requisito de inmediatez. Se determinó que la
providencia acusada de segunda instancia se le notificó a las partes mediante correo
electrónico el 29 de enero de 2024, por lo que se entiende notificada el 31 siguiente,
de acuerdo con el artículo 205 del CPACA, y el escrito de tutela se presentó el 14
de marzo de 2025. Con base en ello, se concluyó que “transcurrieron un (1) año, un
(1) mes y catorce (14) días entre el momento de la notificación y el de la
interposición de la acción constitucional, término que excede el límite razonable
establecido jurisprudencialmente por la Sala Plena de esta Corporación, como regla
11 Ibidem.
12 Expediente 11001-03-15-000-2025-01505-00.
13 C. P. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
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general, el cual ha sido acogido por la Corte Constitucional”. Decisión judicial objeto
de impugnación por la parte actora y confirmada el 17 de julio de 2025 por la Sección
Primera de esta Corporación14.
22. El respectivo expediente de tutela fue enviado a la Corte Constitucional el 6 de
agosto de 2025, con el fin de que se surtiera la eventual revisión de que trata el
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Dicha Corporación con auto de 30 de
septiembre de esa anualidad, notificado el 15 de octubre siguiente, excluyó el asunto
de revisión15 y respecto al mismo no se presentó insistencia.
23. Así, resulta claro que desde ese entonces la jurisdicción constitucional ya había
emitido un pronunciamiento de improcedencia de la tutela para alegar la presunta
afectación constitucional derivada de las sentencias de 17 de agosto de 2022 y 25
de enero de 2024 emitidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira y el
Tribunal Administrativo de Risaralda, en su orden, dentro del proceso de reparación
directa que la parte actora promovió contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional, para obtener el resarcimiento de los perjuicios causados por el
desplazamiento forzado del que fue víctima.
24. A pesar de ello, el 23 de marzo de 2026 el actor optó por presentar de nuevo una
solicitud de amparo, que es la que dio origen a este trámite constitucional, contra las
mencionadas autoridades judiciales con ocasión de la expedición de las referidas
providencias de 17 de agosto de 2022 y 25 de enero de 2024, con el objeto de que
se ampararan también las garantías superiores al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, en razón a que, insiste, no se debió declarar la caducidad
del aludido medio de control.
25. Lo expuesto, pone en evidencia la existencia de la triple identidad entre la tutela
formulada con antelación (11001-03-15-000-2025-01505-00) y la presente, dado
que coinciden las partes que conforman tanto el extremo pasivo como el activo,
persiguen el mismo objeto y se fundamentan en los mismos supuestos fácticos. En
la medida en que (i) fueron instauradas por el señor Albeiro González García y se
dirigieron contra el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira y el Tribunal
Administrativo de Risaralda; (ii) en ambas se solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, con
ocasión de las sentencias de 17 de agosto de 2022 y 25 de enero de 2024 emitidas
en el proceso de reparación directa promovido por el tutelante contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional; y (iii) tuvo como sustento la indebida aplicación del
fenómeno de la caducidad en el medio de control, en razón a la controversia
suscitada.
26. Además de la triple identidad entre las acciones constitucionales, se tiene que la
nueva tutela se instauró el 23 de marzo de 2026, esto es, con posterioridad a la
14 C. P. Oswaldo Giraldo López.
15 En esa Corporación se asignó el radicado T11438714.
6
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ejecutoria de la sentencia emitida en la acción anterior, la cual fue notificada el 28
de julio de 2025, y dentro de aquel asunto constitucional ya se surtió el trámite de
selección ante la Corte Constitucional, en el sentido de no haber sido seleccionado
para tal actuación, lo cual fue decidido por esa Corporación con auto de 30 de
septiembre de 2025, notificado el 15 de octubre siguiente.
27. En ese sentido, concurren los elementos para tener por configurado el fenómeno
de la cosa juzgada constitucional y no se evidencia la existencia de hechos nuevos
que justificaran la interposición de esta nueva acción de tutela, pues el tutelante se
limita a insistir en la indebida declaratoria de caducidad de la demanda ordinaria que
formuló.
28. El hecho de que indique que las decisiones judiciales han generado una
afectación real, actual y continua a su mínimo vital y al de su núcleo familiar tampoco
puede ser considerado como un hecho nuevo, ni justifica la presentación de una
nueva acción de tutela. Admitir lo contrario, habilitaría la interposición indiscriminada
y reiterada de acciones de tutela con fundamento en circunstancias fácticas y
jurídicas idénticas en todos aquellos casos en los que no se amparen los derechos
fundamentales invocados, hasta que el juez constitucional acceda a las
pretensiones. Esto no solo desnaturalizaría el mecanismo de amparo, sino que
socavaría la institución de la cosa juzgada, por consiguiente, en este asunto dicho
fenómeno no se halla desvirtuado.
29. Ahora bien, se observa que el tutelante, en la solicitud de amparo indicó que su
presentación no era temeraria, en atención a que introducía una causa jurídica
autónoma y no analizada previamente, consistente en la omisión del deber de
control de convencionalidad por parte de las autoridades judiciales. Aunque esa
explicación no es suficiente para superar la cosa juzgada constitucional, descarta un
actuar doloso, y consecuentemente la temeridad, pues el accionante no pretendió
ocultar el ejercicio previo de la acción de tutela, sino que puso de presente las
razones que –a su juicio– lo habilitaban para acudir nuevamente ante el juez
constitucional.
30. Así las cosas, en atención a que se demostró la existencia de la cosa juzgada
constitucional, se declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.
31.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02374-00
Accionante: Albeiro González García
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE16
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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