Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02411-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02411-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02411-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
15 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02411-00
Accionantes: María América García Tabaco y otros.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02411-00
Accionantes: María América García Tabaco y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Relevancia-
Improcedencia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela formulada por María América García Tabaco y otros,
contra el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión No. 5.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
María América García Tabaco, María Elsa Vergara Maldonado, Dairo de Jesús
Maldonado Vergara, Tatiana Lucero Maldonado Vergara, José Arismendi Maldonado
García, José Armando Maldonado García, Marco Fidel Maldonado García, Aura Alicia
Maldonado García, Luzmila Maldonado García, Rosaura Maldonado García, Daniel Uribe
Maldonado, Fredy Maldonado Tabaco, Olmar Alveiro Maldonado Tabaco, Karol Briyid
Uribe Maldonado, Heiner Julián Sánchez Maldonado (en nombre propio y como
causahabiente de Arialdo Sánchez García), José Ramiro Uribe Sánchez, María Hercilia
Cárdenas y María Luz Herminda Tabaco Maldonado, por conducto de apoderado judicial,
interpusieron acción de tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales
a la igualdad, al debido proceso, a la reparación integral derivada de la responsabilidad
patrimonial del Estado y de acceso a la administración de justicia, los cuales estiman
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Boyacá-Sala de Decisión No. 5, con ocasión
de la sentencia de reemplazo proferida el 18 de septiembre de 2025, en cumplimiento de
lo ordenado en la sentencia T-202 de 2025 de la Corte Constitucional, dentro del proceso
de reparación directa identificado con el radicado núm. 15238-33-33-001-2017-00309-01.
2. Hechos
De conformidad con el escrito de tutela 1 y los documentos allegados al expediente, se
expone la siguiente relación fáctica:
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Índice 0002 del aplicativo SAMAI, certificados 2F8BF7DD45D291A1E4439 FD8996C37B3752 B9A6E50F3F104
46A97F51803F4FE0. Se observa otro documento en el mismo indicativo del que se deduce que es un duplicado del
escrito de tutela y sus anexos, tras su comparación general con aquel (Certificado 67E2D17DB71A9A00
E892E82E0959C2E8 CC29AA9E1344630B A85CAE056E410B2C).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02411-00
Accionantes: María América García Tabaco y otros.
2.1. El 24 de diciembre de 2005, Carlos Julio Maldonado García falleció como resultado
de una ejecución extrajudicial llevada a cabo por el Ejército Nacional en el municipio de
Pisba, Boyacá.
2.2. Se señala que la familia atravesó un escenario de sufrimiento grave, pues “los
uniformados llegaron con los cuerpos en bolsas negras; uno de los familiares reconoció
de inmediato la ropa de su padre; los cuerpos fueron enterrados como NN; y solo hasta el
año 2011 pudieron ser entregados los restos para brindar cristiana sepultura. Tales
circunstancias objetivas intensificaron el dolor, prolongaron el duelo y profundizaron la
afectación moral del núcleo familiar”.
2.3. La señora María América García Tabaco y otros promovieron demanda en ejercicio
del medio de control de reparación directa, con el objeto de que se declarara la
responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por la ejecución
extrajudicial del señor Carlos Julio Maldonado García y la consecuente reparación
integral a su grupo familiar.
2.4. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Sogamoso bajo el radicado núm. 15238-33-33-001-2017-00309-01, autoridad que
mediante sentencia del 5 de noviembre de 2020, declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control de reparación directa.
2.5. Dicha decisión fue confirmada inicialmente por el Tribunal Administrativo de Boyacá
en sentencia del 30 de octubre de 2023. No obstante, contra esa decisión María América
García Tabaco y otras 18 personas promovieron acción de tutela, la cual culminó con la
sentencia T-202 de 20252 de la Corte Constitucional, donde se estudió dicho asunto, junto
con otros dos expedientes acumulados.
La Corte Constitucional revocó la decisión de segunda instancia del trámite de tutela y
dejó sin efectos “la sentencia del 30 de octubre de 2023, proferida por la Sala de Decisión
n.° 6 del Tribunal Administrativo de Boyacá, en el expediente contencioso administrativo
con radicado 15759333300220170030901, iniciado por María América García Tabaco y
otros contra la Nación —Ministerio de Defensa y Ejército Nacional de Colombia—”.
En consecuencia, ordenó a la referida Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de
Boyacá que emitiera una nueva sentencia en la que debía “realizar un análisis integral,
flexible y pro víctima del material probatorio para determinar el momento de inicio del
cómputo de la caducidad, considerando las circunstancias en las que realmente los
demandantes pudieron inferir e imputar la responsabilidad al Estado por el presunto
homicidio en persona protegida de Carlos Julio Maldonado García”.
2.6. Como resultado de la orden impartida en la sentencia T-202 de 2025, mediante
providencia del 18 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Boyacá-Sala de
Decisión No. 5 profirió sentencia de reemplazo y resolvió el recurso de apelación contra el
fallo del 5 de noviembre de 2020 del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Sogamoso.
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Índice 0002 del aplicativo SAMAI, certificados 2F8BF7DD45D291A1 E4439FD8996C37B3 752B9A6E50F3F104
46A97F51803F4FE0, p. 26-90.
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Accionantes: María América García Tabaco y otros.
En su análisis, el tribunal dio por cumplido el requisito de caducidad, pues tuvo como
fecha de inicio del cómputo el momento en que se admitió la constitución de las víctimas
como parte civil (25 de julio de 2016). Por lo tanto, los dos años aplicables para el asunto
transcurrieron hasta el 25 de julio de 2018, lo que hacía la demanda oportuna, ya que la
conciliación extrajudicial se había presentado el 14 de julio de 2017 y la demanda se
radicó el 7 de diciembre de 2017.
En cuanto al fondo del asunto, la autoridad en mención estimó que el daño antijurídico
consistente en el homicidio del señor Carlos Julio Maldonado García en el contexto del
conflicto armado fue demostrado. Sumado a lo anterior, valoró que la versión oficial
presentada por la fuerza pública no era congruente, por tanto, concluyó que “no existió un
combate real y que en tal sentido las muertes no fueron producto de un enfrentamiento
armado, sino de una actuación discrecional de la fuerza pública con la que se materializó
una ejecución extrajudicial que pretendió simular un resultado operacional inexistente.”
Además, se sustentó en actuaciones adelantadas ante la Jurisdicción Especial para la
Paz, subcaso Casanare 055, en el que se reconoció que según las versiones voluntarias
conocidas por la JEP y valoradas por la Corte Constitucional, se evidenció que las
víctimas no portaban armas ni tenían vínculos con grupos armados, que la explosión fue
causada por la propia tropa y que las armas fueron incorporadas posteriormente en la
Brigada XVI de Yopal. Tales elementos coincidían con las inconsistencias advertidas en
las declaraciones militares y con las falencias de la investigación inicial, particularmente la
ausencia de pruebas técnicas y las contradicciones sobre el uso de explosivos. En
consecuencia, el acervo probatorio permitía concluir que los hechos correspondieron a
una ejecución extrajudicial perpetrada por miembros del Ejército Nacional contra
campesinos indefensos, quienes fueron presentados falsamente como subversivos
muertos en combate y sepultados como NN hasta la entrega de sus restos a sus
familiares en 2011.
Así las cosas, existían suficientes pruebas que permitían concluir que la Nación-Ministerio
de Defensa-Ejército Nacional estaba llamado a responder a título de falla del servicio por
perjuicios causados con ocasión de la ejecución extrajudicial cometida por los miembros
del Ejército Nacional contra el señor Carlos Julio Maldonado García y su posterior
presentación como baja en el marco del conflicto armado interno. La descripción del
análisis concreto respecto de las medidas de reparación otorgadas en la sentencia
acusada se desarrolla en la parte considerativa de esta providencia, a donde se remite.
La parte resolutiva del fallo acusado contiene las siguientes decisiones:
(i) Revocar la sentencia del 5 de noviembre de 2020 del Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Sogamoso;
(ii) Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de
Defensa-Ejército Nacional, a título de falla del servicio, por la ejecución extrajudicial
del señor Carlos Julio Maldonado García;
(iii) Condenó a la demandada por lucro cesante a favor de Tatiana Lucero y Dairo de
Jesús Maldonado Vergara;
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Accionantes: María América García Tabaco y otros.
(iv) Condenó a la demandada por daños morales a favor de: María América García
Tabaco (madre), Dairo de Jesús (hijo) y Tatiana Lucero Maldonado Vergara (hija) en
el monto de 150 SMLMV; así mismo, en su calidad de hermanos y en el monto de 75
SMLMV, a Luzmila, José Arismendi, Marco Fidel, Aura Alicia, José Armando y
Rosaura Maldonado García.
(v) Ordenó a la demandada llevar a cabo medidas de reparación integral: suministrar
asistencia jurídica a los demandantes; integrar un grupo interdisciplinario de
profesionales de salud mental y de trabajo social que explique el contenido de la
sentencia y brinde acompañamiento psicosocial a los actores; que se expidiera un
acto administrativo que rectificara los registros oficiales sobre los hechos ocurridos,
donde se deje constancia de las excusas públicas que el Estado ofrecería en
ceremonia oficial; la elaboración de una placa conmemorativa con el consentimiento
de las víctimas; el acto conmemorativo público o privado al que se ha hecho alusión;
jornadas de capacitación sobre las normas de derecho interno e internacional en la
Decimosexta Brigada del Ejército Nacional de Colombia.
(vi) Ordenó a la Relatoría del propio tribunal que divulgara el resumen de la sentencia
anonimizada que haría el despacho del magistrado ponente.
(vii) Remitir copia de la sentencia y su resumen al Archivo General de la Nación y al
Centro Nacional de Memoria Histórica, la Personería Municipal de Pisba, la
Defensoría del Pueblo-Regional Boyacá, la Gobernación de Boyacá, la Red de
Emisoras Comunitarias de Boyacá, y a las entidades y organismos encargados de la
protección de derechos humanos en el departamento de Boyacá, explicando el
sentido de dicha remisión en el marco de las competencias de las referidas
entidades.
(viii) Negó las demás pretensiones de la demanda y no condenó en costas.
2.7. Mediante auto del 29 de enero de 2026, en virtud de la solicitud hecha por la parte
demandante, el tribunal corrigió el numeral cuarto de la parte resolutiva de la providencia
en el sentido de consignar como segundo apellido de la señora María América García el
“de Maldonado”.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud:
En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones:
“Respetuosamente solicito al Honorable Consejo de Estado que, bajo la observancia
de los estándares de garantía pro homine, pro damnato y pro actioni, y con efectos
inter comunis o inter pares, se sirva amparar los derechos fundamentales a la
igualdad (Art. 13 C.N.), al debido proceso (Art. 29 C.N.), a la reparación integral
derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado (Art. 90 C.N.) y al acceso
a la administración de justicia (Art. 229 C.N.), derechos que fueron vulnerados
dentro del proceso administrativo de reparación directa identificado con el radicado
No. 15238-33-33-001-2017-00309-01 iniciado por ellos en contra de La Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por causa de la decisión judicial adoptada
por el Tribunal Administrativo de Boyacá - Sala de Decisión No. 5 contenida en su
providencia del 18 de septiembre de 2025, y que se acoja por favor favorablemente lo
siguiente:
5.1. Principales.
5.1.1. Que sean tutelados los derechos fundamentales de la igualdad (Art. 13
C.N.), al debido proceso (Art. 29 C.N.), a la reparación integral derivada de la
responsabilidad patrimonial del Estado (Art. 90 C.N.) y al acceso a la
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Accionantes: María América García Tabaco y otros.
administración de justicia (Art. 229 C.N.), en favor de los accionantes María
América García Tabaco (madre), María Elsa Vergara Maldonado (compañera
permanente), Dairo de Jesús Maldonado Vergara (hijo), Tatiana Lucero
Maldonado Vergara (hija), José Arismendi Maldonado García (hermano),
José Armando Maldonado García (hermano), Marco Fidel Maldonado García
(hermano), Aura Alicia Maldonado García (hermana), Luzmila Maldonado
García (hermana), Rosaura Maldonado García (hermana), Daniel Urive
Maldonado (sobrino), Fredy Maldonado Tabaco (sobrino), Heiner Julián
Sánchez Maldonado (sobrino), Olmar Alveiro Maldonado Tabaco (sobrino),
Karol Briyid Uribe Maldonado (sobrina), Arialdo Sánchez García (q.e.p.d.)
(cuñado), José Ramiro Uribe Sánchez (cuñado), María Hercilia Cárdenas
(cuñada), y María Luz Herminda Tabaco Maldonado (cuñada).
5.1.2. Que, como consecuencia del amparo solicitado en favor de los accionantes,
por favor se ordene modificar la providencia del 18 de septiembre de 2025
adoptada por el Tribunal Administrativo de Boyacá - Sala de Decisión No. 5 dentro
del proceso administrativo de reparación directa identificado con el radicado No.
15238-33-33-001-2017-00309-01 y se expida una nueva sentencia de
reemplazo.
5.1.3. Que, por favor, privada de efectos jurídicos la providencia judicial de la que
pedimos se declare su modificación, se ordene al Tribunal Administrativo de
Boyacá - Sala de Decisión No. 5 a tratar con debida diligencia el proceso
administrativo de reparación directa identificado con el radicado No. 15238-33-33-
001-2017-00309-01, dando prioridad para proferir de nuevo la correspondiente
providencia de segunda instancia dentro de un tiempo perentorio de diez (10) días
hábiles.
5.1.4. En virtud de la protección constitucional solicitada, se ordene al Tribunal
Administrativo de Boyacá - Sala de Decisión No. 5 que, al emitir el nuevo fallo,
observe las siguientes directrices de fondo:
5.1.4.1. Reconocer la calidad de damnificados y beneficiarios de la sentencia a los
señores María Elsa Vergara Maldonado (compañera permanente), Daniel
Urive Maldonado (sobrino), Fredy Maldonado Tabaco (sobrino), Heiner
Julián Sánchez Maldonado (sobrino), Olmar Alveiro Maldonado Tabaco
(sobrino), Karol Briyid Uribe Maldonado (sobrina), Arialdo Sánchez García
(q.e.p.d.) (cuñado), José Ramiro Uribe Sánchez (cuñado), María Hercilia
Cárdenas (cuñada), y María Luz Herminda Tabaco Maldonado (cuñada).
5.1.4.2. Ajustar el quantum indemnizatorio del perjuicio inmaterial por daño moral
a los estándares jurisprudenciales vigentes para casos de graves
violaciones a los derechos humanos, fijando una condena de trescientos
salarios mínimos mensuales legales vigentes (300 SMMLV) para cada uno
de los siguientes integrantes del grupo familiar: María América García
Tabaco (madre), María Elsa Vergara Maldonado (compañera
permanente), Dairo de Jesús Maldonado Vergara (hijo), Tatiana Lucero
Maldonado Vergara (hija); de ciento cincuenta salarios mínimos
mensuales legales vigentes (150 SMMLV) para José Arismendi
Maldonado García (hermano), José Armando Maldonado García
(hermano), Marco Fidel Maldonado García (hermano), Aura Alicia
Maldonado García (hermana), Luzmila Maldonado García (hermana),
Rosaura Maldonado García (hermana); y de setenta y cinco salarios
mínimos mensuales legales vigentes (75 SMMLV) para los señores Daniel
Urive Maldonado (sobrino), Fredy Maldonado Tabaco (sobrino), Heiner
Julián Sánchez Maldonado (sobrino), Olmar Alveiro Maldonado Tabaco
(sobrino), Karol Briyid Uribe Maldonado (sobrina), Arialdo Sánchez García
(q.e.p.d.) (cuñado), José Ramiro Uribe Sánchez (cuñado), María Hercilia
Cárdenas (cuñada), y María Luz Herminda Tabaco Maldonado (cuñada).
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Accionantes: María América García Tabaco y otros.
5.1.5. Con la finalidad de que participen terceros intervinientes, tal cual lo indica el
inciso 2° del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, solicito respetuosamente al
juez de tutela que, por favor, por el medio más expedito y de amplia circulación a
nivel nacional se realice llamado a la comunidad en general para que quien tenga
interés legítimo en el resultado del proceso, ejerza su derecho e intervenga en
coadyuvancia con los accionantes o accionados dentro de la presente acción
constitucional. (…)”
La parte actora estructuró la solicitud de amparo en torno a dos situaciones que, a su
juicio, vulneraron sus derechos fundamentales a través de la providencia cuestionada. La
primera se relaciona con el quantum indemnizatorio reconocido por concepto de
perjuicios morales, al estimar que no se otorgó el tope máximo indemnizatorio pese a que
el tribunal anunció que así lo haría. La segunda se refiere a la negativa de reconocer
perjuicios a María Elsa Vergara Maldonado, en calidad de compañera permanente, así
como a quienes acreditaron la condición de sobrinos y cuñados de la víctima directa.
3.1. Respecto del reconocimiento del máximo quantum indemnizatorio, la parte
actora atribuyó a la providencia acusada los siguientes defectos:
3.1.1. Sustantivo por desconocimiento del precedente judicial vinculante del Consejo de
Estado en materia de perjuicios morales derivados de graves violaciones de derechos
humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
La parte accionante sostuvo que la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de
la Sección Tercera del Consejo de Estado el 28 de agosto de 2014 estableció que en
eventos excepcionales, entre ellos, aquellos relacionados con graves violaciones a los
derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, procede
reconocer una indemnización superior a la ordinaria, siempre que se acrediten
circunstancias que evidencien una mayor intensidad y gravedad del daño moral. Precisó
que, conforme a dicho precedente, el monto indemnizatorio no puede superar el triple del
tope fijado en la regla general de unificación y que corresponde al juez motivar
suficientemente el quantum reconocido, de manera proporcional a la intensidad del daño
acreditado.
Añadió que el Consejo de Estado, mediante providencia de 2024, radicación núm. 18001-
23-31-000-2010-00458-01 (63891), sostuvo que en casos de desaparición forzada,
tortura y muerte, el daño moral de los familiares más próximos se presume, con
fundamento en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, destacó que la gravedad y la intensidad del sufrimiento padecido por la víctima
constituyen criterios determinantes para valorar el perjuicio sufrido por sus allegados.
En criterio de la parte actora, las circunstancias del caso justificaban el reconocimiento del
máximo resarcimiento excepcional, en atención a: (i) la desaparición forzada de la
víctima; (ii) su ejecución extrajudicial; (iii) la imposibilidad de elaborar el duelo en
condiciones ordinarias; (iv) la afectación de la honra familiar y del proyecto de vida
colectivo derivada de la presentación falsa de la víctima como delincuente; (v) el
sufrimiento prolongado asociado a la búsqueda de verdad y justicia; y (vi) el impacto
ocasionado al núcleo familiar por tratarse de un crimen de lesa humanidad. Afirmó que
tales elementos excedían el umbral de dolor presumido para los casos ordinarios de
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muerte y ubicaban el asunto dentro de la excepción jurisprudencial diseñada por la Sala
Plena de la Sección Tercera.
Igualmente, manifestó que el Consejo de Estado ha aplicado una lógica expansiva del
quantum indemnizatorio en supuestos de graves violaciones a los derechos humanos,
como ocurrió en los procesos relacionados con los hechos del Palacio de Justicia, en los
que se reconocieron hasta 300 SMMLV a favor de familiares cercanos, bajo el
entendimiento de que el principio de reparación integral prevalece sobre restricciones
procesales dirigidas a evitar decisiones ultra o extra petita.
Con fundamento en lo anterior, solicitó: “[p]rincipalmente, que se condene al pago de 300
SMLMV a favor de cada uno de los demandantes respecto de quienes se demuestre la
especial intensidad del sufrimiento ocasionado por los hechos; y, subsidiariamente, que
se reconozca a cada demandante el triple del tope indemnizatorio correspondiente al
nivel de cercanía afectiva fijado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014,
con arreglo a la prueba obrante en el expediente y a los principios de reparación integral,
equidad y proporcionalidad”.
En concreto, señaló que, aunque la providencia cuestionada afirmó que resultaba
procedente aplicar el tope máximo fijado por el Consejo de Estado, finalmente reconoció
150 SMMLV a favor de la madre y de cada uno de los hijos de la víctima, así como 75
SMMLV a favor de cada hermano, esto es, un monto intermedio y no el máximo
anunciado. A juicio de la parte accionante, dicha disociación entre la regla jurisprudencial
invocada y la consecuencia jurídica efectivamente impuesta configura un
desconocimiento material del precedente, puesto que la providencia lo cita de manera
retórica, pero se aparta de su aplicación efectiva.
Por otra parte, cuestionó la exclusión de los sobrinos del reconocimiento indemnizatorio,
al considerar que en el proceso se acreditó suficientemente la relación afectiva existente
con la víctima directa. Indicó que los dos testigos aportados por la parte demandante
manifestaron conocer a los sobrinos y fueron enfáticos en describir el dolor que
experimentaron con ocasión de la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial. En
ese sentido, afirmó que la providencia cuestionada incurrió en una interpretación
restrictiva del precedente, al tratar a los sobrinos como personas ajenas al ámbito
resarcible, pese a que la jurisprudencia de unificación los contempla expresamente
dentro del esquema de reparación del daño moral.
La misma conclusión fue extendida a los cuñados, en calidad de parientes en segundo
grado de afinidad, respecto de quienes, según indicó, también se acreditó la existencia de
una relación afectiva y el sufrimiento ocasionado por los hechos victimizantes, a partir de
los testimonios allegados al proceso. En consecuencia, alegó que tales declaraciones no
podían ser desestimadas o minimizadas sin una justificación objetiva, seria y suficiente,
máxime cuando se trataba de testimonios coincidentes provenientes de personas que
conocían a los familiares excluidos y que dieron cuenta de la aflicción padecida por ellos.
Por ello, concluyó que debía reconocerse legitimación material y derecho indemnizatorio
tanto a los sobrinos como a los cuñados.
3.1.2. Decisión judicial carente de motivación suficiente e incongruencia interna.
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Accionantes: María América García Tabaco y otros.
La parte actora afirmó que la sentencia cuestionada incurrió en una contradicción interna,
en tanto reconoció la gravedad de los hechos, admitió la existencia de factores
agravantes extraordinarios y aceptó la procedencia del estándar máximo indemnizatorio,
pero finalmente concedió únicamente una fracción de dicho estándar.
Indicó que no existe una explicación seria, concreta y verificable que justifique por qué,
después de reconocer la configuración de los presupuestos para otorgar la máxima
reparación excepcional, redujo los montos indemnizatorios. Afirmó, además, que la
providencia no expuso metodología alguna para efectuar dicha disminución, ni desarrolló
un juicio específico de proporcionalidad, ni presentó razones objetivas que permitieran
comprender constitucionalmente la reducción aplicada.
En consecuencia, sostuvo que la decisión carece de una motivación suficiente en
términos constitucionales y presenta una incongruencia interna que vulnera el derecho
fundamental al debido proceso.
3.1.3. Fáctico por indebida valoración de la intensidad extraordinaria del daño moral.
Aseveró que del expediente se desprende un sufrimiento agravado por circunstancias
objetivas y excepcionalmente lesivas que habilitaban el incremento excepcional del
perjuicio moral. No obstante, la sentencia no los desvirtuó, sino que los subvaloró al tasar
la condena. De manera que la indebida valoración probatoria produjo una reparación
incompleta y, por ende, un defecto fáctico constitucionalmente relevante.
3.1.4. Violación directa de la Constitución y el mandato de reparación integral
Finalmente, los accionantes atribuyeron a la decisión cuestionada la vulneración de los
artículos 2, 13, 29, 90, 93, 228 y 229 de la Constitución Política, al desconocer que, en
casos de graves violaciones a los derechos humanos, la reparación debe ser integral,
adecuada, proporcional y compatible con estándares reforzados de protección de las
víctimas.
Expuso que en este tipo de asuntos el deber de reparación integral exige una respuesta
judicial real y suficiente frente al daño antijurídico imputable al Estado, mandato que debe
interpretarse a la luz del bloque de constitucionalidad y de los artículos 8, 25 y 63.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, sostuvo que una
providencia que reconoce la gravedad excepcional del ilícito estatal, pero reduce de
manera arbitraria el alcance del resarcimiento, desconoce la Constitución y vacía de
contenido el derecho de las víctimas a obtener una reparación integral.
3.2. Frente a la ausencia de reconocimiento indemnizatorio respecto de algunos
demandantes —compañera permanente, sobrinos y cuñados—, la parte actora
formuló los siguientes cargos:
3.2.1. Defecto fáctico por omisión, cercenamiento o valoración irrazonable del material
probatorio relativo a los vínculos afectivos y familiares.
La parte accionante sostuvo que la sentencia cuestionada omitió valorar los testimonios,
indicios y demás elementos probatorios dirigidos a acreditar los vínculos reales de afecto,
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convivencia y pertenencia al entorno familiar de la víctima directa. En su criterio, el
defecto consistió en sustituir una valoración integral, material y orientada bajo un enfoque
pro víctima del acervo probatorio, por una lectura restrictiva que condujo a negar el
reconocimiento indemnizatorio a personas que debían ser consideradas víctimas
indirectas del daño moral.
Afirmó que los testimonios obrantes en el expediente demostraban la existencia de una
comunidad de vida, afecto, apoyo mutuo y proyecto familiar, esto es, el sustrato fáctico
que permitía inferir, a partir de la unión marital de hecho, los efectos indemnizatorios
correspondientes. Señaló que, conforme al precedente del Consejo de Estado contenido
en la providencia con radicación núm. 13001-33-31-001-1999-00344-01 (51317), una vez
acreditada la condición de cónyuge o compañera permanente, el juez puede deducir la
existencia del perjuicio moral, dado que, en eventos de muerte y graves afectaciones a
derechos fundamentales, opera la tesis del daño moral por vía indiciaria, razón por la cual
no resulta necesario acreditar de manera directa el dolor, la congoja o la aflicción.
En ese contexto, destacó que en el proceso se demostró que María Elsa Vergara
Maldonado convivió con Carlos Julio Maldonado García y que ambos tuvieron dos hijos
en común, de manera que no podía desconocerse el sufrimiento derivado de dicha
relación afectiva y familiar. Sostuvo que la providencia cuestionada equivalía a afirmar
que el dolor de la compañera desaparecía por el hecho de que la víctima directa hubiese
sostenido otra relación paralela o convivido con otra persona, conclusión que estimó
contraria a las máximas de la experiencia.
Agregó que el perjuicio moral no depende de una “ficción de monogamia procesal”, sino
de la acreditación de una relación afectiva relevante y de la inferencia razonable del
sufrimiento derivado de ella. Por consiguiente, una vez demostrado que la señora
Vergara Maldonado fue compañera permanente, o había ostentado tal condición, de
Carlos Julio Maldonado García y que conformó con él un núcleo familiar integrado por dos
hijos, el daño moral debía deducirse mediante prueba indiciaria, sin que existiera prueba
en contrario que desvirtuara tal conclusión.
Asimismo, indicó que la pretensión dirigida a obtener el reconocimiento del máximo
quantum indemnizatorio a favor de la señora Vergara Maldonado se sustentaba en la
jurisprudencia del Consejo de Estado, particularmente en la providencia con radicación
núm. 05001-23-25-000-1999-01063-01 (32988), así como en la concurrencia de los
presupuestos excepcionales que habilitan una mayor indemnización, dado que no solo
perdió a la persona con quien convivió y conformó una familia, sino que además debió
asumir, de manera exclusiva, la crianza y sostenimiento de los hijos comunes.
De igual manera, señaló que los dos testigos presentados por la parte demandante
manifestaron conocer a los sobrinos de la víctima y fueron enfáticos en describir el
sufrimiento experimentado por ellos a raíz de la desaparición forzada y posterior
ejecución extrajudicial de Carlos Julio Maldonado García.
3.2.2. Defecto sustantivo por aplicación de un criterio equivocado y restrictivo sobre la
legitimación indemnizatoria de las víctimas indirectas.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02411-00
Accionantes: María América García Tabaco y otros.
La parte actora sostuvo que la negativa de reconocer indemnización a favor de María Elsa
Vergara Maldonado obedeció a que el tribunal consideró no acreditada su condición de
compañera permanente, debido a la ausencia de vínculos formales. Sin embargo, afirmó
que la unión marital de hecho no se supedita a criterios formales de consanguinidad ni a
registros civiles, sino a la demostración de una comunidad de vida permanente, singular,
pública y estable, circunstancia que —a su juicio— se encontraba plenamente acreditada
en el expediente.
Indicó que exigir requisitos adicionales para reconocer la unión marital de hecho
desconoce el artículo 42 de la Constitución Política, según el cual la familia puede
constituirse por vínculos naturales, y comporta la aplicación de un criterio discriminatorio
incompatible con el derecho a la igualdad.
Adujo, además, que el Tribunal ignoró que la señora Vergara Maldonado y el causante
procrearon dos hijos, hecho que reforzaba la existencia de un núcleo familiar consolidado
y una convivencia afectiva profunda. En consecuencia, estimó que existía un indicio
suficiente para inferir el padecimiento del perjuicio moral derivado de la desaparición y
muerte del compañero permanente. Por ello, afirmó que debía indemnizarse el dolor
ocasionado por la pérdida y no la posición formal de pareja, puesto que el daño se deduce
de la relación de convivencia y afecto, sin que la existencia de relaciones paralelas
excluya el sufrimiento de quien compartió un proyecto de vida con la víctima y es madre
de sus hijos.
En cuanto a los sobrinos y cuñados, el defecto se concreta en tanto la providencia asumió
que sólo tienen derecho a ser indemnizados quienes pertenecen al círculo familiar
cubierto por las presunciones ordinarias de aflicción, lo que era contrario a la
jurisprudencia, pues ésta admite que personas distintas a los parientes ubicados en el
núcleo presunto puedan obtener una reparación del perjuicio moral cuando han
acreditado un vínculo afectivo cercano, real y relevante con la víctima directa. No era
admisible negarles la indemnización por el solo hecho de no ubicarse dentro del primer
círculo de presunción, sin valorar adecuadamente las pruebas allegadas.
3.2.3. Decisión carente de motivación por falta de examen individualizado de cada
reclamante excluido.
La parte accionante afirmó que el tribunal no podía limitarse a negar de manera global el
reconocimiento indemnizatorio, sino que debía exponer, respecto de cada reclamante, o
de cada grupo homogéneo de reclamantes, cuáles eran las pruebas relevantes, el
alcance que les atribuía y las razones por las cuales consideraba no acreditado el vínculo
afectivo o familiar alegado.
En ese sentido, sostuvo que la providencia incurrió en una motivación insuficiente,
situación particularmente grave si se tiene en cuenta que la propia sentencia reconoció la
existencia de una ejecución extrajudicial y, pese a ello, restringió el universo de víctimas
indirectas sin desarrollar una argumentación específica, seria y verificable acerca de las
razones constitucionalmente admisibles para justificar dicha exclusión.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02411-00
Accionantes: María América García Tabaco y otros.
3.2.4. Violación directa de la Constitución, protección reforzada de la familia y el derecho
de las víctimas a la reparación integral
Finalmente, se atribuyó a la providencia cuestionada la vulneración directa de los
artículos 5, 13, 42, 90, 93 y 229 de la Constitución Política. Lo anterior, por cuanto, según
afirmó, la Constitución protege a la familia en sus diversas manifestaciones y proscribe
que el reconocimiento de derechos dependa de formas rígidas o excesivamente
formalistas de acreditación, cuando materialmente se encuentra demostrada una relación
de afecto, apoyo mutuo y pertenencia familiar.
Por tanto, sostuvo que no resultaba constitucionalmente admisible excluir a la compañera
permanente, a los sobrinos y a los cuñados a partir de una concepción restrictiva del daño
moral o mediante esquemas probatorios que desconocieran la realidad de los vínculos
familiares y afectivos acreditados en el proceso.
También se observa que, respecto de la ausencia de reconocimiento de indemnización
de la compañera, sobrinos y cuñados, la tutela refirió que se estaba ante omisiones
graves, si se tenía en cuenta que el fallo acusado había reconocido que, en cumplimiento
de la sentencia T-202 de 2025 debía realizarse una valoración integral, flexible y pro-
víctima de las pruebas, con observancia de los principios pro homine e iura novit curia. Sin
embargo, se había adoptado una posición restrictiva, fragmentaria y descontextualizada,
incompatible con el estándar reforzado de protección aplicable a las víctimas de ejecución
extrajudicial y desaparición forzada.
Por último, en relación con los requisitos de procedibilidad, la parte actora sostuvo que la
acción de tutela reviste relevancia constitucional, por cuanto no plantea una simple
controversia patrimonial, sino posibles afectaciones a los derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad, reparación integral, protección de la familia y tutela judicial
efectiva, derivadas tanto de la fijación insuficiente del quantum indemnizatorio como de la
exclusión de la compañera permanente, sobrinos y cuñados del reconocimiento de
perjuicios. Asimismo, afirmó que se agotaron los mecanismos ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial, dado que la providencia cuestionada corresponde a una sentencia de
reemplazo de segunda instancia y los eventuales recursos extraordinarios no resultan
idóneos para corregir las vulneraciones alegadas. Finalmente, señaló que el requisito de
inmediatez se satisface, en tanto la acción fue presentada dentro del término razonable
de seis meses contados desde la notificación de la sentencia acusada, ocurrida el 26 de
septiembre de 2025.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 27 de marzo de 2026 3, el Despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá-Sala de Decisión
No. 5; vinculó como tercero con interés al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Sogamoso y a la Nación Ministerio de Defensa-Ejército Nacional; requirió a las
autoridades judiciales mencionadas para que quien tuviera a su cargo, remitiera copia
digital del expediente identificado con el radicado número 15238-33-33-001-2017-00309-
3
Índice 0004 del aplicativo SAMAI, certificado 6FAA5596135EE330 BD0218E6F05B5C42 2D7FB45F59A19F01
3708ED0FDA301AA3.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02411-00
Accionantes: María América García Tabaco y otros.
01/00; solicitó al abogado de la parte actora para que acreditara adecuadamente la
representación/agencia oficiosa que señalaba ejercer respecto de Fredy Maldonado
Tabaco y Olmar Alveiro Maldonado Tabaco, y se requirió al señor Heiner Julián Sánchez
Maldonado que acreditara la condición de causahabiente del señor Arialdo Sánchez
García (QEPD).
Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.2 El Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso4 hizo un recuento del trámite
procesal surtido y solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, por cuanto ninguna pretensión estaba dirigida frente a dicha autoridad. Asimismo,
remitió copia del expediente surtido ante su despacho.
4.3. El apoderado de la parte actora presentó memorial5 para solicitar la ampliación del
término concedido para dar cumplimiento a lo ordenado en lo relativo a los señores
Maldonado Tobaco, a efectos de intentar su ubicación, establecer contacto con ellos y
obtener el poder o la ratificación respectiva. Agregó lo siguiente: “[a] la fecha no ha sido
posible establecer contacto con dichas personas, pese a las gestiones adelantadas para
su ubicación, circunstancia que ha impedido recaudar oportunamente el mandato judicial
correspondiente”.
Con posterioridad, el abogado Gaitán Gómez remitió copia del poder conferido por Fredy
Maldonado Tabaco. No obstante, señaló que, en cuanto al señor Olmar Alveiro
Maldonado no había sido posible su localización, pese a que seguía adelantando las
gestiones para lograr su ubicación6.
4.4. La Secretaría General del Tribunal Administrativo de Boyacá 7 allegó memorial
con copia digital del expediente solicitado.
4.5. El Ministerio de Defensa Nacional8 pidió que se negaran las pretensiones de la
demanda, por no acreditarse vulneración de derechos. Sumado a lo anterior, señaló que
la acción de tutela no podía ser una tercera instancia en la que se controvierte una
decisión adversa.
4.6. El Tribunal Administrativo de Boyacá9, por conducto del magistrado Lalo Enrique
Olarte Rincón, explicó el trámite surtido en el proceso ordinario y señaló que la
providencia del 18 de septiembre de 2025 contenía una valoración probatoria rigurosa y
ajustada a la normativa y jurisprudencia vigentes. Por tanto, solicitó que se declarara la
improcedencia del amparo, pues no se cumplían los requisitos generales y especiales
4
Índice 00014 del aplicativo SAMAI, certificado:3BFDDB718D328793 2BEB7454B308E329 163A8BCE3CCFD80C
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5
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49866609C39AD444.
6
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B1A937D089B31F05.
7
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8
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9
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2B85741AB24DE104.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02411-00
Accionantes: María América García Tabaco y otros.
para la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, sumado a que
la sentencia acusada no estaba afectada de vicio que vulnerara los derechos
fundamentales invocados. También remitió copia del expediente ordinario.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1 La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa respecto de los
accionantes que promovieron el proceso ordinario, con excepción del señor Olmar Alveiro
Maldonado Tabaco.
La siguiente tabla relaciona a los demandantes dentro del proceso ordinario y la calidad
en la que comparecen al presente trámite constitucional:
Demandante en el trámite de tutela
Demandante en el proceso
No ¿Es actor en la Forma en que acude al
ordinario
tutela? proceso
1 María América García Tabaco Si Apoderado
2 María Elsa Vergara Maldonado Si Apoderado
3 Dairo de Jesús Maldonado Vergara Si Apoderado
4 Tatiana Lucero Maldonado Vergara Si Apoderado
5 José Arismendi Maldonado García Si Apoderado
6 José Armando Maldonado García Si Apoderado
7 Marco Fidel Maldonado García Si Apoderado
8 Aura Alicia Maldonado García Si Apoderado
9 Luzmila Maldonado García Si Apoderado
10 Rosaura Maldonado García Si Apoderado
11 Daniel Uribe Maldonado Si Apoderado
12 Fredy Maldonado Tabaco Si Apoderado
13 Heiner Julián Sánchez Maldonado Si Apoderado
14 Olmar Alveiro Maldonado Tabaco Si Agencia oficiosa
15 Karol Briyid Uribe Maldonado Si Apoderado
Heiner Julián Sánchez
No Maldonado señaló ser su
16 Arialdo Sánchez García (q.e.p.d.) causahabiente
17 José Ramiro Uribe Sánchez Si Apoderado
18 María Hercilia Cárdenas Si Apoderado
María Luz Herminda Tabaco Si Apoderado
19 Maldonado
Aun cuando el despacho ponente requirió al señor Sánchez Maldonado para que
acreditara su condición de causahabiente del señor Arialdo Sánchez García, este no
atendió el requerimiento. No obstante, la Sala advierte que en la sentencia T-202 de 2025
se indicó lo siguiente: “(…) El apoderado (…) [a]claró que desiste de la representación de
13
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02411-00
Accionantes: María América García Tabaco y otros.
(1) Arialdo Sánchez García porque falleció y para ello adjuntó el certificado de defunción
(…)”.
En ese contexto, la Sala tendrá por acreditada la circunstancia del fallecimiento de quien
fungió como parte dentro del proceso ordinario. Asimismo, resulta suficiente constatar
que el señor Sánchez Maldonado compareció de manera independiente en dicho trámite
judicial, para considerar satisfecha su legitimación en la causa por activa dentro del
presente asunto.
Por otra parte, respecto del señor Olmar Alveiro Maldonado, se observa que la última
manifestación efectuada por el apoderado de la parte actora consistió en señalar que no
había sido posible su localización, ello en respuesta al requerimiento formulado por la
magistrada ponente para que acreditara su representación, bien fuera mediante poder o a
través de la figura de la agencia oficiosa.
Sobre este último aspecto, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción
de tutela puede ser promovida por agente oficioso cuando el titular de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados no se encuentre en condiciones de ejercer
directamente su defensa. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
precisado que la procedencia de la agencia oficiosa tiene carácter excepcional y se
encuentra supeditada al cumplimiento de dos requisitos: (i) que el agente manifieste
expresamente que actúa en tal calidad y (ii) que se acredite la imposibilidad del agenciado
para promover por sí mismo la defensa de sus derechos fundamentales. En relación con
este último presupuesto, la Corte ha señalado que dicha circunstancia puede
demostrarse mediante cualquier medio probatorio idóneo10.
Asimismo, la ratificación opera como un mecanismo excepcional cuando no se demuestra
la imposibilidad del agenciado para interponer la solicitud, de manera que si el agenciado
ratifica “tal circunstancia convalida la gestión adelantada por el agente y, en
consecuencia, le otorga legitimación en la causa por activa”11.
En el presente asunto, la Sala advierte que respecto del señor Olmar Alveiro Maldonado
no se acreditó representación mediante poder. Tampoco se evidencia que, pese a la
manifestación del apoderado de actuar como agente oficioso, se hubiera aportado
ratificación alguna ni prueba que demostrara la imposibilidad del agenciado para ejercer
directamente la defensa de sus derechos.
En consecuencia, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por activa del
señor Olmar Alveiro Maldonado.
Por último, como se expuso previamente, se allegó el poder otorgado por el señor Fredy
Maldonado Tabaco al abogado Gaitán Gómez, en esta medida al constatar que aquel fue
demandante en el proceso ordinario, se considera cumplida su legitimación en la causa
en este trámite, representado por el referido profesional del derecho.
10
Corte Constitucional, sentencia T-382 de 2021.
11
Ibidem.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02411-00
Accionantes: María América García Tabaco y otros.
2.2. Se acredita la legitimación en la causa por pasiva, en tanto el Tribunal
Administrativo de Boyacá fue la autoridad judicial que profirió la decisión que, según la
parte actora, vulneró sus derechos fundamentales.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que
reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 2005 12 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela13 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto14.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
12
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela, salvo que se busque evitar que se configure un perjuicio irremediable; que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, en principio, esta
tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se
identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
14
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02411-00
Accionantes: María América García Tabaco y otros.
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”15.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e
independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”16.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
15
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
16
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
16
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02411-00
Accionantes: María América García Tabaco y otros.
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la
vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el
asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio
en la sociedad o en el orden jurídico; y iii) la claridad y fundamentación de la petición de
amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 17.
5. Caso concreto
La Sala advierte que la presente acción de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional, por las razones que pasan a exponerse:
5.1. La parte actora cuestiona la sentencia del 18 de septiembre de 2025 del Tribunal
Administrativo de Boyacá-Sala de Decisión No. 5, a partir de dos presuntas situaciones
vulneradoras de derechos fundamentales, de las cuales deriva distintos defectos
específicos.
La primera se relaciona con la inconformidad frente al quantum indemnizatorio
reconocido por concepto de perjuicios morales, al estimar que el tribunal no concedió el
tope máximo indemnizatorio, pese a haber reconocido la especial gravedad de la
conducta y la intensidad extraordinaria del daño moral acreditado en el proceso. La
segunda corresponde a la negativa de reconocer perjuicios a la compañera permanente,
así como a los sobrinos y cuñados que fungieron como demandantes dentro del proceso
ordinario.
5.2. A partir de la descripción previamente efectuada de la providencia cuestionada, la
Sala observa que la controversia planteada por la parte actora se circunscribe, en
esencia, a las medidas de reparación reconocidas dentro del proceso ordinario. En
consecuencia, resulta pertinente exponer las consideraciones desarrolladas por el
Tribunal Administrativo de Boyacá en la sentencia del 18 de septiembre de 2025 respecto
de dicho aspecto, luego de concluir que el daño antijurídico resultaba imputable a la parte
demandada en el proceso ordinario.
En primer lugar, el tribunal tuvo en cuenta que se reclamaron perjuicios morales y que se
había solicitado “300 SMLMV para los hijos y la madre de Carlos Julio Maldonado García,
• 150 SMLMV para los hermanos, - 105 SMLMV para los sobrinos y - 75 SMLMV para los
cuñados”. Asimismo, que en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 (Rad.
26251), la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado había establecido de
manera objetiva los criterios para reconocer el daño moral por muerte según los niveles
de relaciones. Sumado a lo anterior, desarrolló que:
“en casos de graves violaciones a los derechos humanos, podría otorgarse una
indemnización mayor de la señalada en todos los eventos anteriores, cuando
17
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
17
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02411-00
Accionantes: María América García Tabaco y otros.
existieran probadas las circunstancias de mayor intensidad y gravedad del daño
moral, sin que en tales casos el monto total de la indemnización pueda superar el
triple de los montos indemnizatorios antes señalados.” (subrayas añadidas).
Por tanto, aplicó la presunción de la relación afectiva, al estar probado el parentesco
respecto de: “María América García Tabaco (madre), Tatiana Lucero y Dairo de Jesús
Maldonado Vergara (hijos), Luzmila, José Arismendi, Marco Fidel, Aura Alicia, José
Armando y Rosaura Maldonado García (hermanos)”. Luego de lo cual, señaló lo
siguiente:
“108. La Sala considera pertinente otorgar una indemnización que ascienda al
tope máximo fijado por el Consejo de Estado, como quiera que está demostrada la
trascendencia del daño moral irrogado a la madre, los hijos y hermanos del señor
Carlos Julio, dado que se trató de una grave violación a los derechos humanos
(ejecución extrajudicial) y al derecho internacional humanitario (homicidio en
persona protegida)70.
109. Como se indicó previamente, las conductas perpetradas deliberadamente
por agentes estatales se ejercieron sobre tres miembros de una familia
campesina, que se encontraba en su territorio, en estado de indefensión e
inferioridad, ajenos al conflicto armado, y posteriormente se produjo un
encubrimiento por parte de la misma fuerza pública para mostrarlos como
subversivos legítimamente abatidos.
(…)
112. Entonces, en el presente caso es posible inferir razonablemente que la madre
del señor Carlos Julio Maldonado García, sus hijos y sus hermanos, es decir, su
núcleo familiar más cercano, no solo tuvieron que sufrir la pérdida de su ser
querido, sino que además padecieron estigmatización social y del mismo Estado,
al catalogarse al fallecido como una persona que realizó actividades por fuera del
marco de la ley.
113. Adicionalmente, se advierte que los restos mortales del señor Carlos Julio
Maldonado García fueron retenidos por más de 5 años, hasta que en el año 2011
su familia los obtuvo para darles sepultura en el marco de su fe y sus creencias.
Sumado a lo anterior, los familiares en mención tuvieron que soportar el desarrollo
de un proceso ante la Justicia Penal Militar, en el que se les impuso trabas para
que pudieran intervenir y finalmente culminó con la cesación del procedimiento, al
concluirse que los agentes de la fuerza pública obraron ‘en cumplimiento de su
deber legal ante el ataque de los delincuentes del ELN’.
115. Todos estos aspectos son merecedores de un reproche más estricto a la
actuación desplegada por la accionada y ameritan que se reconozca un valor
superior al tope indemnizatorio mínimo por concepto de perjuicios morales,
conforme a la sentencia de unificación del Consejo de Estado previamente citada,
ante la grave violación de los derechos a la vida e integridad personal y, en
especial, del derecho a la familia en cabeza de los demandantes.
116. En ese orden de ideas, a título de perjuicios morales ocasionados a las
personas cuya relación afectiva con la víctima directa se encuentra en los niveles
1º y 2º, se reconocerán los siguientes montos74:
18
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02411-00
Accionantes: María América García Tabaco y otros.
(…)”.
Ahora bien, en el pie de página 74 de la sentencia acusada se expuso:
“En casos de similares contornos, el Consejo de Estado ha realizado el
reconocimiento por concepto de perjuicios morales en monto equivalente al que aquí
se asigna, superando así el tope fijado en la sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2014. Al respecto, pueden verse las siguientes sentencias: (i) de 28 de abril de
2025, radicación 15001-23-31 000-2010-00069-01 (65.980), C.P. Dr. Fredy Ibarra
Martínes; (ii) de 6 de diciembre de 2024, radicación: 17001-23-33-000-2014 00028-
01 (54182), C.P. Dr. Alberto Montaña Plata; y, (iii) de 19 de octubre de 2023,
radicación 19001-23-31-000-2006-00045 02 (53034) acumulado con el proceso
19001-23-00-004-2006-00060-00, C.P. Dr. Martín Bermúdez Muñoz; entre otras.”
Luego, el Tribunal Administrativo de Boyacá abordó la indemnización de los
demandantes ubicados en los niveles 3 y 5. Respecto de los primeros, se indicó que:
“Daniel Uribe Maldonado, Karol Briyid Uribe Maldonado, Fredy Maldonado Tabaco,
Olmar Alveiro Maldonado Tabaco y Jeiner Julián Sánchez Maldonado son sobrinos del
señor Carlos Julio Maldonado García.” De otro lado, respecto de los segundos, se
manifestó que “María Luz Hermida Tabaco Maldonado y María Hercilia Cárdenas” habían
acreditado ser las cuñadas del señor Maldonado García, mientras que los señores “José
Ramiro Uribe Sánchez y Arialdo Sánchez García afirmaron que también tenían un
parentesco por afinidad con la víctima (cuñados)”. Por tanto, no bastaba probar el
parentesco, sino que se debía acreditar la relación afectiva, por lo que concluyó lo que
sigue:
“120. En ese orden de ideas, en el presente caso la Sala observa que no hay lugar a
reconocer indemnización por concepto de daños para demandantes anunciados
previamente, toda vez que no acreditaron la existencia de una relación afectiva con el
señor Carlos Julio Maldonado García y, por tanto, que con ocasión de su
fallecimiento hubieran sufrido afectación moral, anímica o psicológica.
121. De los testimonios rendidos por los señores José Edilberto Estupiñán Estupiñán
y Rafael Antonio Tabaco López, no se puede establecer con certeza y
convencimiento tal aspecto, ya que ellos de forma general y abstracta señalaron que
fue un suceso muy duro para toda la familia, que todos lloraron, pero al preguntarle
por cada uno de los demandantes, señalaron que a algunos los conocen, pero no los
tratan con frecuencia y respecto de otros ni siquiera recuerdan sus nombres.”
También abordó la solicitud de los perjuicios a la salud en modalidad de daño a la vida en
relación y alteración en las condiciones de existencia:
“127. En el caso bajo estudio, se dijo en la demanda que lo pedido por este concepto
se hace en virtud de “i) que la ausencia de la víctima desintegró la unidad familiar; ii)
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Accionantes: María América García Tabaco y otros.
el estado social de duelo de las víctimas indirectas; iii) la intensidad del sufrimiento
modificó el comportamiento social del grupo familiar; iv) la violación del derecho a la
honra del grupo familiar; v) la violación de la confianza depositada en las instituciones
públicas; entre otras situaciones”.
128. Sin embargo, las afectaciones alegadas corresponden justamente a aquellas
que se ven reconocidas con el pago por daño moral. Al analizar los dos testimonios
rendidos en el proceso -únicos medios de convicción que obran sobre la supuesta
causación del perjuicio inmaterial aludido-, se advierte que no aportan elementos de
convicción sobre las afectaciones que desbordarían la órbita del daño moral. Por esta
razón, no es procedente ordenar la reparación de un perjuicio inmaterial distinto al
daño moral, el cual fue reconocido en un monto excepcional tomando en
consideración que se trató de una grave violación de los derechos humanos. (…)”
Frente al daño a la salud reclamado, se concluyó lo siguiente:
“135. En el asunto bajo estudio, si bien en la demanda se hace alusión al síndrome de
estrés postraumático padecido por los demandantes, en el expediente no obra
ninguna prueba que acredite la existencia del padecimiento de orden médico
alegado, como lo sería la historia clínica de los actores o la calificación de la pérdida
de capacidad laboral. Por lo tanto, se negará el reconocimiento del perjuicio
pretendido a título de daño a la salud.”
En esta misma línea, abordó el daño emergente y aclaró que la parte actora había pedido
que la indemnización se fijara en equidad al no haber recaudado material probatorio que
sustentara la petición:
“138. En ese sentido, se advierte que el daño emergente corresponde a pérdidas
económicas reales sufridas y demostrables, no obstante, al plenario no se allegó
ninguna prueba (factura, recibo, contrato, informe pericial, etc.) que pudieran
sustentar una eventual reparación de perjuicios por este concepto, razón por la cual,
la pretensión de reconocimiento de perjuicios materiales a título de daño emergente
será negada.”
Por otro lado, frente al reconocimiento de lucro cesante y futuro a favor de María Elsa
Vergara Maldonado, como compañera permanente, y de los hijos se hizo el análisis que
sigue:
“139. La parte demandante solicitó el reconocimiento de perjuicios a título de lucro cesante
consolidado y futuro a favor de María Elsa Vergara Maldonado en calidad de compañera
permanente, en un porcentaje de 50% hasta la vida probable de Carlos Julio Maldonado
García. Y el otro 50% a favor de sus hijos Tatiana Lucero y Dairo de Jesús Maldonado
Vergara hasta cuando cumplan 28 años (sic), luego de lo cual, la señora María Elsa recibirá el
acrecimiento correspondiente.
140. En primer lugar, la Sala advierte que no obra prueba en el expediente relativa a que la
señora María Elsa Vergara Maldonado fuera la compañera permanente del fallecido Carlos
Julio Maldonado García, ni que dependiera económicamente de él. Es así como, el señor
José Edilberto Estupiñán Estupiñán en su testimonio rendido en la audiencia de pruebas
celebrada el 21 de junio de 2019, manifestó:
Pregunta: ¿Usted conoció a doña María Elsa Vergara Maldonado? Respuesta: Sí, ella es
la primera esposa del difunto Carlos, con ella vivió y a ella le dejó dos hijos, ya hacía dos
años se había apartado y vivía con otra, cuando lo mataron vivía con otra china, con
Marilce Tabaco Socha, él se había apartado de María Elsa. (…) Pregunta: ¿Cuál es el
nombre de los hijos del señor Carlos Julio Maldonado García? Respuesta: Dairo y Lucero
Maldonado Vergara. Carlos Julio tuvo dos hijos y con la que se había juntado
supuestamente estaba embarazada de tres meses. Pregunta: ¿sabe cómo era el trato
que tenía Carlos Julio con la excompañera la mamá de los dos hijos? Respuesta: Pues
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Accionantes: María América García Tabaco y otros.
que le colaboraba a los niños, pero él ya vivía con otra, los había abandonado. Pregunta:
¿le consta si él colaboraba con algo con la excompañera? Respuesta: si le estaba
colaborando y ella se juntó con otro, vive con otro, prontito que se apartó se juntó con otro,
pero él le colaboraba a los niños.
141. Por su parte, el señor Rafael Antonio Tabaco López, en su testimonio rendido en la
audiencia de pruebas celebrada el 21 de junio de 2019, señaló:
“Pregunta: ¿cómo estaba conformado el núcleo familiar al momento del fallecimiento?
Respuesta: Él vivía con los papás, algunos hermanos, y con la muchacha que convivía,
ella se llama Ruth Marilce Tabaco Socha que murió con él ese día. (…) Pregunta: ¿sabe
si con sus ingresos le colaboraba a Dairo y a Lucero? Respuesta: Sí claro, él siempre
estaba pendiente de ellos. Pregunta: ¿cómo era el trato con María Elsa Vergara
Maldonado la mamá de los hijos? Respuesta: de todos modos ellos vivían separados,
pero el trato era de respeto. Pregunta: ¿con posterioridad a la muerte de Carlos se vio
afectada Elsa? Respuesta: Pues claro porque de ahí en adelante le tocó afrontar ella sola
la responsabilidad de la crianza de los niños. Pregunta: ¿Carlos le colaboraba a María
Elsa en algunas ocasiones? Respuesta: Si señor, él le colaboraba para lo de los niños.
Pregunta: ¿qué tipo de relación tenía Carlos Julio Maldonado con la señora María Elsa
Vergara Maldonado al momento de su fallecimiento, era ella la compañera sentimental o
era otra persona? Respuesta: Era otra persona, ellos ya llevaban más de unos tres años
separados y él ya tenía nuevo hogar con mi sobrina. María Elsa conformó otro núcleo
familiar, desde esa época, ella tiene marido se llama Ramiro Maldonado.”
142. De esta manera, la Sala concluye que para el momento de la ejecución extrajudicial del
señor Carlos Julio Maldonado García, su compañera permanente era la señora Marilce
Tabaco (quien también falleció en los mismos hechos), y que desde hacía dos o tres años, el
señor Carlos Julio se había separado de la señora María Elsa Vergara Maldonado, con quien
tuvo dos hijos: Tatiana Lucero y Dairo de Jesús, a quienes les colaboraba económicamente
para su sostenimiento.
143. En ese orden de ideas, como no se acreditó la calidad de compañera permanente de la
señora María Elsa Vergara Maldonado, todas las pretensiones solicitadas a su favor, serán
negadas, razón por la cual, en adelante no se mencionarán estas. (…)”
“144. Ahora, en cuanto a Tatiana Lucero y Dairo de Jesús Maldonado Vergara, se tiene que
de conformidad con la jurisprudencia reiterada y sostenida de la Sección Tercera del Consejo
de Estado86, la causación del lucro cesante por muerte se presume en relación con los hijos
menores, en virtud de la obligación alimentaria contenida en el numeral 2 del artículo 411 del
C.C.87, que se extiende hasta los 25 años, edad en la que, para estos casos, se presume la
independencia económica de los hijos no discapacitados, presunciones que, desde luego,
son susceptibles de ser desvirtuadas dentro del proceso.
145. En ese sentido, teniendo en cuenta que (i) Tatiana Lucero y Dairo de Jesús Maldonado
Vergara acreditaron ser hijos del señor Carlos Julio Maldonado García; (ii) demostraron que
para la fecha de la muerte de su padre (24 de diciembre de 2005) tenían 5 y 3 años, dado que
nacieron el 17 de febrero de 2000 y el 3 de septiembre de 2002, respectivamente; y, (iii) dado
que la parte demandada no desvirtuó la presunción derivada de la referida obligación
alimentaria, el reconocimiento del lucro cesante en favor de los aludidos demandantes
resulta procedente.
146. Ahora bien, cuando existen varios afectados con la muerte de un ser querido, el Consejo
de Estado88 ha señalado que los perjuicios por lucro cesante ocasionados a las personas que
percibían ayuda económica del fallecido deben reconocerse y liquidarse con acrecimiento.
(…)”.
Las consideraciones posteriores desarrolladas en la providencia cuestionada se
concentraron en el reconocimiento de la indemnización por afectación a bienes o
derechos convencional y constitucionalmente amparados, así como en la adopción de
medidas de reparación no pecuniarias.
5.3 En virtud de lo anterior, la Subsección considera que la acción de tutela se dirige a
prolongar el debate surtido en la segunda instancia del proceso ordinario, en otros
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Accionantes: María América García Tabaco y otros.
términos, el sentido de la acción es centrarse en el debate de las pruebas y
consideraciones ya analizadas por el juez natural, en aras de que se les dé el alcance que
la parte actora pretende, sin que se advierta prima facie la vulneración de los derechos
fundamentales respecto de los que se solicitó su protección.
5.4. En ese contexto, la Sala se referirá a los cargos formulados y efectuará algunas
consideraciones sobre estos, con el propósito de abordar integralmente la solicitud de
tutela, con observancia de la estructura argumentativa planteada por la parte actora
respecto de las dos situaciones objeto de reproche: (i) el quantum indemnizatorio
reconocido y (ii) la negativa de otorgar indemnización a la compañera permanente, los
sobrinos y los cuñados.
5.4.1. La parte actora argumentó que se configuró un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, pues de la regla general de unificación de la
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2014 se
desprendía que en casos excepcionales, podía reconocerse una indemnización superior
a la ordinaria, siempre que existieran circunstancias debidamente probadas de una mayor
intensidad y gravedad del daño moral, sin que el monto total superara el triple del tope
fijado en la unificación general y con la carga para el juez de motivar el quantum y hacerlo
proporcional a la intensidad del daño, de manera razonable y suficiente. Pese a lo
anterior, se concedió un monto intermedio y no el máximo que se dijo aplicable, lo que
configuraba un desconocimiento material del precedente.
Se mencionó que el Consejo de Estado (Rad. 18001-23-31-000-2010-00458-01 (63891))
había presumido el daño de los parientes más próximos y destacado que la gravedad e
intensidad del sufrimiento eran criterios para tener en cuenta. No obstante, en el asunto,
dicha gravedad implicaba la aplicación del reconocimiento máximo excepcional para
todos los demandantes.
Por otro lado, se agrega que la exclusión de los sobrinos careció de sustento, pues a
través de los testimonios se había demostrado la relación afectiva con la víctima directa.
Así las cosas, la providencia acusada había incurrido en un entendimiento restrictivo del
precedente, porque los trató como si fueran ajenos al ámbito resarcible, cuando estaban
ubicados dentro del esquema de reparación del daño moral. Misma aseveración que se
extendió a los cuñados (segundo grado de afinidad), pues sí se había demostrado la
relación afectiva y la congoja que hacían procedente la reparación, mediante los mismos
testigos.
No obstante, en criterio de la Sala, el tribunal partió de reconocer tanto la regla
jurisprudencial que la parte actora estima desconocida como la especial gravedad de los
hechos objeto de análisis. Asimismo, se advierte, particularmente a partir de la nota al pie
núm. 74 de la providencia cuestionada, que la autoridad judicial accionada tuvo en
consideración criterios desarrollados por el Consejo de Estado en asuntos que consideró
análogos y, con fundamento en ellos, fijó los montos indemnizatorios reconocidos en la
sentencia acusada.
En ese contexto, prima facie, no se observa una actuación arbitraria que habilite a esta
Sala para efectuar un examen de fondo del cargo formulado, en tanto la providencia
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Accionantes: María América García Tabaco y otros.
cuestionada sí tuvo en cuenta el precedente de unificación invocado por la parte actora.
Además, en el escrito de tutela no se desarrollan supuestos fácticos de contornos
sustancialmente semejantes que permitan concluir que el monto indemnizatorio
necesariamente debía corresponder al máximo excepcional previsto
jurisprudencialmente.
Del mismo modo, no se advierte que el tribunal hubiera interpretado el precedente en el
sentido de excluir, de manera absoluta, la procedencia de indemnización respecto de
sobrinos y cuñados. Por el contrario, la providencia cuestionada partió de considerar que,
para dichos familiares, resultaba necesario acreditar la existencia de una relación afectiva
cercana con la víctima directa, circunstancia que, a juicio del ad quem, no quedó
demostrada con los testimonios allegados al proceso.
5.4.2 Como segundo cargo, la parte actora sostuvo que la providencia cuestionada
incurrió en una contradicción manifiesta, debido a que reconoció la gravedad de los
hechos, admitió la existencia de factores agravantes extraordinarios y afirmó la
procedencia del estándar máximo indemnizatorio; no obstante, únicamente reconoció
una porción de dicho estándar, sin ofrecer, a su juicio, una justificación objetiva, suficiente
y verificable que permitiera comprender la reducción efectuada. En consecuencia, alegó
que se trataba de una decisión internamente incongruente y lesiva del derecho
fundamental al debido proceso.
Sin embargo, tal como lo señaló previamente la Sala, se advierte que la justificación de
los montos indemnizatorios reconocidos fue expuesta por el tribunal en la nota al pie núm.
74 de la providencia cuestionada, en la que la autoridad judicial hizo referencia a criterios
adoptados por el Consejo de Estado en asuntos que consideró similares.
En ese orden, la Sala recuerda que el juez de tutela no constituye una instancia adicional
llamada a fungir como juez de corrección de las decisiones adoptadas por la jurisdicción
ordinaria o contencioso-administrativa. Por tanto, en ausencia de una arbitrariedad
ostensible o de una actuación manifiestamente irrazonable, no resulta procedente
adelantar un examen de fondo del cargo formulado.
5.4.3 También se señaló que existía un defecto fáctico por indebida valoración de la
intensidad extraordinaria del daño moral, pues del expediente se desprendía la gravedad
que habilitaba el incremento excepcional del perjuicio moral, pero la sentencia los
subvaloró al tasar la condena. Empero, en criterio de esta Sala, el tribunal acusado sí
partió de que se estaba ante una situación grave y excepcional que ameritaba una
indemnización superior a la ordinariamente fijada para la reparación de los perjuicios
morales y bajo las consideraciones que estimó pertinentes, concedió la indemnización
ordenada. Así entonces, nuevamente el debate que se formula es el de la corrección del
análisis hecho por el juez natural.
5.4.4. La tutela señala que se vulneró directamente la Constitución y el mandato de
reparación integral (artículos 2, 13, 29, 90, 93, 228 y 229), debido a que, en casos de
violaciones a derechos humanos, la reparación debe ser integral, en consonancia con los
artículos 8, 25 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por tanto, si la
sentencia que reconoce la gravedad excepcional del ilícito estatal, reduce arbitrariamente
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Accionantes: María América García Tabaco y otros.
el alcance del resarcimiento, contraria la Constitución y se vacía el contenido de las
víctimas a una reparación integral.
Sin embargo, la sentencia acusada realizó un análisis profundo del caso y ordenó las
reparaciones que estimó pertinentes, justamente partió de la gravedad excepcional del
ilícito estatal que estimó acreditada. De tal manera, que no es advertible la arbitrariedad
acusada que haga procedente entrar a un análisis de fondo del cargo.
5.5. La segunda situación reprochada correspondió a la falta de reconocimiento
indemnizatorio para algunos de los accionantes. A partir de ello, se formularon unos
cargos, respecto de los que se elevarán algunas consideraciones.
5.5.1. Se señaló que la sentencia acusada no valoró los testimonios, indicios y demás
elementos que establecían los vínculos reales de afecto y pertenencia del entorno
familiar, de quienes debieron ser reconocidas como víctimas indirectas del daño moral.
Más aún, los testimonios acreditaban hechos que el tribunal no ponderó con la amplitud
diferencial y constitucionalmente exigible, pues la señora María Elsa Vergara conformó
una relación previa de donde nacieron dos hijos, sumado a que el señor Carlos Julio
colaboraba con la manutención de estos y la demandante debió asumir la responsabilidad
de crianza de sus hijos. Ello acreditaba un vínculo familiar y una afectación directa y
grave.
Se agregó que del precedente del Consejo de Estado (13001-33-31-001-1999-00344-
01(51317)), se derivaba la inferencia del perjuicio moral para la compañera permanente.
Sumado a lo anterior, debió aplicarse prueba indiciaria para tener por demostrado el dolor
sufrido. Así pues, debía reconocerse a la señora Vergara Maldonado el máximo
indemnizatorio y lucro cesante (05001-23-25-000-1999-01063 01(32988)), conforme a su
condición de compañera permanente. Por otro lado, también se señaló que los dos
testigos presentados por la actora habían manifestado que conocían a los sobrinos y sido
enfáticos en referir el dolor experimentado por la pérdida del señor Maldonado García.
Sin embargo, la Sala no advierte que el tribunal hubiera indicado que la compañera
permanente no debía ser titular de indemnización, ni desconocido la relación afectiva que
existió entre la señora María Elsa y el señor Carlos Julio Maldonado García. En realidad,
a partir de los testimonios respecto de los que se reclama una valoración distinta, el ad
quem concluyó que no estaba debidamente demostrada la condición de compañera
permanente de la demandante. En este sentido, la Sala no advierte una valoración
irrazonable que conlleve a un análisis de fondo, menos que del fallo se derive una especie
de tarifa legal para acreditar la unión marital de hecho, sino que se entiende que el
Tribunal Administrativo de Boyacá ponderó si en su criterio estaba demostrada la calidad
de compañera permanente, lo que obtuvo una conclusión negativa. Misma consideración
se extrae del reproche hecho frente a los sobrinos, pues para la autoridad judicial en
mención la relación afectiva no estaba demostrada.
5.5.2. En la misma línea, se formuló un defecto sustantivo por aplicación de un criterio
restrictivo sobre legitimación indemnizatoria de las víctimas indirectas. La parte actora
refiere que a la señora María Elsa Vergara Maldonado se le negó indemnización por
razones formales, pese a que la unión marital de hecho se supedita a la comunidad de
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Accionantes: María América García Tabaco y otros.
vida que fue demostrada. Ello además implicaba desconocer que la familia se conforma
por vínculos naturales (C.P., art. 42) y que se aplicó un parámetro incompatible con la
igualdad. En cuanto a los sobrinos y cuñados, el defecto radicaba en que la providencia
asumió que sólo tienen derecho a ser indemnizados quienes pertenecen al círculo familiar
cubierto por las presunciones ordinarias de aflicción.
Sin embargo, de la descripción del fallo acusado resulta evidente que no se excluyó de la
posibilidad de indemnización a los parientes fuera del núcleo presunto, ni tampoco se fijó
una especie de tarifa legal para acreditar la unión marital de hecho. En realidad, el tribunal
extrañó que se hubiera acreditado la condición de compañera y la relación afectiva para
proceder a conceder la indemnización deprecada.
5.5.3. Por otra parte, la parte actora sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en
una decisión carente de motivación, debido a la ausencia de un examen individualizado
respecto de cada uno de los reclamantes excluidos del reconocimiento indemnizatorio.
En concreto, afirmó que el tribunal no podía negar la indemnización de manera genérica,
sino que debía precisar, frente a cada reclamante o grupo homogéneo de reclamantes,
cuáles eran las pruebas relevantes, el alcance que les atribuía y las razones por las
cuales consideraba no acreditado el vínculo afectivo o familiar alegado.
En ese sentido, señaló que la motivación de la providencia resultaba insuficiente,
circunstancia particularmente grave si se tiene en cuenta que la sentencia reconoció la
existencia de una ejecución extrajudicial y, pese a ello, restringió el universo de víctimas
indirectas sin desarrollar una argumentación específica, seria y verificable acerca de las
razones constitucionalmente admisibles que justificaban dicha exclusión.
No obstante, en relación con este aspecto, la Sala reitera que el tribunal accionado sí
expuso las razones que sustentaron su decisión, sin que estas se adviertan, prima facie,
ostensiblemente arbitrarias o irrazonables al punto de habilitar un examen de fondo en
sede de tutela.
Asimismo, se observa que la parte actora no cuestiona la existencia de un aspecto
omitido o dejado de analizar por la autoridad judicial accionada, sino que, en realidad,
controvierte la suficiencia y calidad argumentativa de las conclusiones a las que arribó el
Tribunal, discusión que corresponde al ámbito propio de valoración del juez natural y no al
del juez constitucional.
5.5.4. Finalmente, se desarrolló un cargo de violación directa de la Constitución (artículos
5, 13, 42, 90, 93 y 229 superiores), puesto que ésta protege a la familia en sus distintas
manifestaciones y prohíbe que el reconocimiento de derechos dependa de formas rígidas
o formalistas de acreditación, cuando materialmente se encuentra demostrado un vínculo
de afecto, apoyo mutuo y pertenencia familiar.
Al respecto, cabe reiterar que de la lectura de la sentencia acusada se puede inferir que la
misma buscó establecer que se demostrara la relación afectiva y la condición de
compañera permanente, aceptando también que los sobrinos, cuñados y compañera
pudieran ser objeto de indemnización.
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Accionantes: María América García Tabaco y otros.
5.6. Bajo estas condiciones, la Subsección reitera que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del referido asunto. Aun
cuando la parte actora expuso la argumentación de cara a los derechos fundamentales
que en su sentir señala que fueron vulnerados, la Sala no pierde de vista que la acción de
tutela tiene un carácter excepcional, orientado a la protección inmediata de los derechos
fundamentales frente a su amenaza o vulneración.
En ese contexto, su naturaleza residual y subsidiaria limita su procedencia a la
verificación de eventuales afectaciones iusfundamentales atribuibles a una autoridad
judicial con ocasión de una providencia, sin que resulte admisible, como lo pretende la
parte actora, reabrir el análisis del caso como si se tratara de una instancia adicional.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada18, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 19.
5.7. En este punto, conviene señalar que no se desconoce el contexto de la acción, ni la
gravedad de la situación descrita en este asunto, ni los derechos a los que tienen las
víctimas a la verdad, reparación integral y no repetición. Sin embargo, la conclusión
tomada se sustentó en que no se advirtió una conducta arbitraria que permitiera a la Sala
entender que este debate no se circunscribía a un juicio de corrección del análisis llevado
a cabo por el juez de instancia. A pesar de la argumentación de la parte actora, el debate
propuesto se concentra en aspectos indemnizatorios, así como en la razonabilidad
probatoria del juez de instancia, más no se estima que se circunscriba al alcance de un
derecho fundamental o norma supra constitucional.
5.8. Por último, la Sala no ignora que la parte actora afirmó que el fallo acusado implicaba
una omisión grave, puesto que de la sentencia T-202 de 2025 se desprendía que debía
realizarse una valoración integral, flexible y de las pruebas, con observancia de los
principios pro homine e iura novit curia pro-víctima. No obstante, se afirmó que ello no
ocurrió en los casos de las personas excluidas de indemnización.
Al respecto, debe precisarse que las consideraciones expuestas por la Sala
corresponden a la valoración de los criterios que habilitan la procedencia excepcional de
la tutela contra providencias judiciales. De ahí que no se ha calificado la sentencia de
reemplazo respecto de la orden emanada de la Corte Constitucional. Esto es relevante,
pues si en realidad la actora estima que la referida providencia no se adecúa a lo
ordenado por la Corte Constitucional, tiene a su disposición los instrumentos de desacato
y cumplimiento para que sean los jueces competentes los que establezcan tal situación.
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela por
no superar el requisito de relevancia constitucional.
18
SU-215 de 2022.
19
Ibid.
26
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Accionantes: María América García Tabaco y otros.
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por María
América García Tabaco y otros contra el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de
Decisión No. 5., por no cumplirse el requisito de relevancia constitucional. En el caso del
señor Olmar Alveiro Maldonado, debido a la falta de observancia del requisito de
legitimación en la causa por activa.
SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado Rafael Alberto Gaitán Gómez,
identificado con cédula de ciudadanía núm. 4.090.574 de Chinavita y Tarjeta Profesional
núm. 58.011 del C.S. de la J., en los términos y para los efectos del poder allegado como
apoderado del señor Fredy Maldonado Tabaco.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
LMSG
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