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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-31-000-2006-00045-02

Fecha
19 de octubre de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-31-000-2006-00045-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia del 15 de mayo de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, así: <<PRIMERO: DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL por los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de las muertes de los señores Gabriel Joaquí Suárez y José Aníbal Calderón Romero en hechos ocurridos el día 29 de diciembre de 2004 en la vereda Santa María, municipio de Santa Rosa, Cauca. SEGUNDO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL al pago de los siguientes valores por concepto de perjuicios morales: Perjudicado Parentesco Monto Guillermo Joaquí Baos Padre 150 SMLMV Rosalba Suárez Rivera Madre 150 SMLMV Compañera Marinela Calderón 150 SMLMV permanente Gabriela Alexandra Hija póstuma 150 SMLMV Calderón Albeiro Joaquí Suárez Hermano 80 SMLMV Juan Camilo Joaquí Hermano 80 SMLMV Suárez Óscar Joaquí Suárez Hermano 80 SMLMV Yesica Yisela Joaquí 80 SMLMV Hermana Suárez Yolanda Joaquí Suárez Hermana 80 SMLMV Yamila Andrea Joaquí 80 SMLMV Hermana Suárez Perjudicado Parentesco Monto A favor de la masa Hermana 80 SMLMV sucesoral de Mercedes Calderón Romero TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL al pago de trescientos cuarenta y seis millones quinientos cincuenta y cinco mil quinientos setenta y dos pesos ($346.555.572) a favor de Marinela Calderón por concepto de lucro cesante. CUARTO: ORDÉNASE al Ministro de Defensa del Ejército Nacional, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, realizar lo siguiente: - Publicar en un medio escrito de amplia circulación nacional y en uno de amplia circulación local en los departamentos del Cauca, Huila y Putumayo, una nota en donde se haga alusión a la decisión contenida en esta sentencia, se rectifique la verdadera identidad de los occisos y se aclaren las circunstancias en las que murieron. 17 Radicado: 19001-23-31-000-2006-00045-02 (53034) acumulado con el proceso 19001-23-00-004-2006-00060-00 Demandantes: Guillermo Joaquí Baos y otros […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 19001-23-31-000-2006-00045-02

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

19 de octubre de 2023

Radicado: 19001-23-31-000-2006-00045-02 (53034) acumulado
con el proceso 19001-23-00-004-2006-00060-00
Demandantes: Guillermo Joaquí Baos y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Reparación directa
Radicación: 19001-23-31-000-2006-00045-02 (53034) acumulado con el
proceso 19001-23-00-004-2006-00060-00
Demandantes: Guillermo Joaquí Baos y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional

Tema: Responsabilidad del Estado por ejecución extrajudicial. Se confirma
la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de
las demandas acumuladas porque la sentencia penal condenatoria
contra el comandante a cargo de la tropa allegada constituye cosa
juzgada en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado;
y dicha responsabilidad estaba acreditada con las pruebas
analizadas en el fallo de primera instancia.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Ejército Nacional contra la
sentencia del 15 de mayo de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca, que resolvió lo siguiente:

<<(…) PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a
la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por los perjuicios causados
a los demandantes como consecuencia de la muerte de los señores GABRIEL
JOAQUÍ SUÁREZ y JOSÉ ANÍBAL CALDERÓN ROMERO, en hechos ocurridos
el día 29 de diciembre de 2004 en la vereda Santa María, municipio de Santa Rosa,
Cauca.

SEGUNDO: CONDENAR como consecuencia de la anterior declaración, a la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar las siguientes sumas
por concepto de:

Perjuicios morales:

▪ Por la muerte de GABRIEL JOAQUÍ SUÁREZ

DEMANDANTE PARENTESCO INDEMNIZACIÓN
Guillermo Joaquí Baos Padre 200 SMLMV
Rosalba Suárez Rivera Madre 200 SMLMV
Marinela Calderón Compañera permanente 200 SMLMV

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Radicado: 19001-23-31-000-2006-00045-02 (53034) acumulado
con el proceso 19001-23-00-004-2006-00060-00
Demandantes: Guillermo Joaquí Baos y otros

Yolanda Joaquí Baos Hermana 100 SMLMV
(sic)
Albeiro Joaquí Baos (sic) Hermano 100 SMLMV
Óscar Joaquí Baos (sic) Hermano 100 SMLMV
Yamila Andrea Joaquí Hermana 100 SMLMV
Baos (sic)
Yesica Yisela Joaquí Hermana 100 SMLMV
Baos (sic)
Juan Camilo Joaquí Hermano 100 SMLMV
Baos (sic)

▪ Por la muerte de JOSÉ ANÍBAL CALDERÓN ROMERO

DEMANDANTE PARENTESCO INDEMNIZACIÓN
Mercedes Calderón Hermana 200 SMLMV
Romero

▪ Por alteración grave a las condiciones de existencia

A GABRIELA ALEXANDRA CALDERÓN, la suma equivalente a 200 SMLMV.

▪ Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado y
futuro:

A GABRIELA ALEXANDRA CALDERÓN la suma de sesenta y siete millones
ochocientos doce mil cuatrocientos cinco pesos con noventa y dos centavos
($67.812.405,92).

▪ Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado:

A MARINELA CALDERÓN la suma de cuarenta y tres millones y ciento veitiocho
mil trescientos noventa y seis pesos con setenta y cinco centavos
($43.128.396,75).

TERCERO: Condenar in genere por concepto de perjuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante futuro a favor de MARINELA CALDERÓN, debiendo
adelantarse el respectivo trámite incidental para el reconocimiento, conforme a lo
expuesto.

CUARTO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de ejecutoría de este fallo, a:

▪ Publicar en medio radial que tenga cobertura en los Departamentos de Cauca,
Huila y Putumayo, y en un periódico de amplia circulación nacional, una nota en la
que conste claramente que los señores GABRIEL JOAQUÍ SUÁREZ y JOSÉ
ANÍBAL CALDERÓN ROMERO no pertenecían a ningún grupo delincuencial de
atracadores, y que sus muertes producidas en total estado de indefensión el 29 de
diciembre de 2004 en la vereda Santa María, municipio de Santa Rosa, Cauca, no
se produjeron en desarrollo de un enfrentamiento armado con tropas del Ejército
Nacional sino que fueron perpetradas de forma unilateral por integrantes del
Batallón de Infantería No. 25 <<ROBERTO DOMINGO RICO DÍAZ, con sede en
Villagarzón – Putumayo Batallón General Roberto Domingo Rico Díaz>>.
▪ Redactar un oficio dirigido a todos y cada uno de los demandantes dentro del
proceso, el cual deberá contener una disculpa y reconocimiento y aceptación de la
actuación irregular y al margen de la ley de los efectivos del Ejército Nacional que

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Radicado: 19001-23-31-000-2006-00045-02 (53034) acumulado
con el proceso 19001-23-00-004-2006-00060-00
Demandantes: Guillermo Joaquí Baos y otros

participaron en los hechos ocurridos el 29 de diciembre de 2004 en la vereda Santa
María, municipio de Santa Rosa, Cauca, donde resultaron muertos los señores
GABRIEL JOAQUÍ SUÁREZ y JOSÉ ANÍBAL CALDERÓN ROMERO. El oficio,
además deberá incorporar la firma del señor Ministro de Defensa Nacional, del
Comandante del Ejército Nacional y deberá publicarse en un lugar visible del
Ministerio de Defensa, del Comando del Ejército Nacional y del Batallón de
Infantería No. 25 ROBERTO DOMINGO RICO DÍAZ, con sede en Villagarzón –
Putumayo. Su entrega a los demandantes deberá hacerse por conducto de su
apoderado o a través de correo certificado.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Para el cumplimiento de este fallo se dará aplicación a lo dispuesto en
los artículos 176 y 177 del CCA (…)>>

La Sala es competente para proferir esta providencia porque resuelve un recurso
de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un tribunal
administrativo. El Tribunal Administrativo del Cauca conoció el proceso en
primera instancia en razón a la cuantía estimada en la demanda1.

El recurso de apelación fue admitido mediante providencia del 5 de febrero de
20152. En el auto del 26 de febrero de 20153 se corrió traslado para alegar de
conclusión. La parte actora y el Ejército Nacional guardaron silencio. El Ministerio
Público solicitó confirmar la decisión de primera instancia porque está probado
que no existió enfrentamiento entre las víctimas y los miembros del Ejército
Nacional, sino que aquellas fueron sacadas de su vivienda y luego ejecutadas en
estado de indefensión. Agregó que la escena de los hechos fue alterada para
hacerlas pasar por <<guerrilleros y atracadores>>.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- Las demandas acumuladas que dieron origen al proceso fueron presentadas
el 27 de octubre de 2006 por los familiares de las víctimas directas, Gabriel
Joaquí Suárez y José Aníbal Calderón Romero. Se dirigió contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional para obtener la reparación de los
perjuicios causados por su ejecución extrajudicial.
2.- Los dos grupos familiares4 pretendieron que se les reconociera lo siguiente:
(i) por concepto de perjuicios morales, mil salarios mínimos legales mensuales

1 Según el numeral 6 del artículo 132 del C.C.A., los tribunales administrativos conocían en primera instancia

las demandas de reparación directa cuya pretensión mayor excedía 500 SMLMV, que al momento de
presentar la demanda ascendía a $204.000.000. En este caso la cuantía estimada superó dicho monto.
2 F. 275, c. ppl.
3 F. 277, c. ppl.
4 El grupo familiar de Gabriel Joaquí Suárez está integrado por Marinela Calderón en calidad de

compañera permanente, Gabriela Alexandra Calderón en calidad de hija póstuma de la víctima, Guillermo
Joaquí Baos y Rosalba Suárez Riveras en calidad de padres, Yolanda Joaquí Suárez, Yesica Yisela Joaquí
Suárez, Óscar Joaquí Suárez, Yamila Andrea Joaquí Suárez, Juan Camilo Joaquí Suárez y Albeiro Joaquí

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Radicado: 19001-23-31-000-2006-00045-02 (53034) acumulado
con el proceso 19001-23-00-004-2006-00060-00
Demandantes: Guillermo Joaquí Baos y otros

vigentes (1000 SMLMV) a cada uno de los demandantes en el primer nivel y
quinientos (500 SMLMV) a cada uno de los demandantes en el segundo nivel;
(ii) por daño a la vida de relación, cien millones de pesos ($100.000.000) a favor
de Marinela Calderón (compañera permanente de Gabriel Joaquí Suárez); (iii)
daño emergente a favor de Guillermo Joaquí Baos (padre de Gabriel Joaquí
Suárez) y Mercedes Calderón Romero (hermana de José Aníbal Calderón
Romero); y (iv) lucro cesante a favor de la compañera permanente de Gabriel
Joaquí Suárez y la hermana de José Aníbal Calderón Romero.

3.- En las dos demandas, las pretensiones se basaron en las siguientes
afirmaciones:

3.1.- El 29 de diciembre de 2004 los señores Gabriel Joaquí Suárez y José Aníbal
Calderón Romero se trasladaron a la vereda Santo Domingo del municipio de
Santa Rosa, Cauca, a visitar a Guillermo Joaquí Baos, padre del primero de ellos.

3.2.- Ese mismo día, a eso de las 8:30 de la noche, llegaron a la vivienda del
señor Guillermo Joaquí Baos ocho personas, algunos vestidos con prendas
militares y otros de civil, quienes se identificaron como miembros del Ejército y
con los que las víctimas se fueron en una camioneta. El padre de la víctima
Joaquí Suárez afirmó que lo ocurrido no les generó desconfianza porque los
militares tenían la costumbre de hacer patrullajes por la zona e incluso se
quedaban a dormir en su vivienda.

3.3.- El 30 de diciembre de 2004, en horas de la mañana, les informaron a los
padres de Gabriel Joaquí Suárez que su hijo y su compañero de trabajo, Calderón
Romero, fueron hallados sin vida en la zona rural del municipio de Santa Rosa,
Cauca.

3.4.- Por solicitud de los militares, los cadáveres fueron recogidos y llevados al
Instituto de Medicina Legal de Mocoa por el propietario de la funeraria La Paz de
dicho municipio. Luego de practicada la necropsia, fueron trasladados a Pitalito,
Huila, donde fueron sepultados.

3.5.- Los militares exhibieron a las víctimas como delincuentes dados de baja en
un combate, cuando lo cierto es que laboraban en el campo en la zona del sur
del Huila.

B. Posición de la parte demandada

Suárez en calidad de hermanos de la víctima. El grupo familiar de José Aníbal Calderón Romero está
integrado por Mercedes Calderón Romero, quien compareció en calidad de hermana de la víctima. En la
demanda se piden perjuicios a favor de Óscar Mauricio Calderón Durán, en calidad de hijo de la víctima; sin
embargo, no otorgó poder para actuar en su representación, y la demanda fue admitida sólo a favor de la
demandante Mercedes Calderón Romero.

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Radicado: 19001-23-31-000-2006-00045-02 (53034) acumulado
con el proceso 19001-23-00-004-2006-00060-00
Demandantes: Guillermo Joaquí Baos y otros

4.- El Ejército Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda porque no
estaba demostrado que la muerte de las víctimas directas hubiera sucedido en
las circunstancias que narran los demandantes. En el escrito de alegatos de
conclusión precisó que lo ocurrido el 29 de diciembre de 2004 en la vereda El
Fogón de la Montaña, municipio de Santa Rosa, Cauca, vía Mocoa a Pitalito,
correspondió a un enfrentamiento entre las tropas y cuatro delincuentes que
estaban hurtando a los vehículos, en el que se dio de baja a dos de ellos, y a
quienes se les incautó material de guerra.

C. Sentencia recurrida

5.- El 15 de mayo de 2014 el Tribunal Administrativo del Cauca declaró la
responsabilidad de la demandada por las siguientes razones:

5.1.- El relato de los demandantes, en el sentido de que las víctimas directas
fueron sacadas de la vivienda por los militares y dadas de baja por estos,
concuerda con lo declarado por el uniformado Diego López.

5.2.- Las características de las heridas padecidas por las víctimas directas
demuestran que fueron ejecutadas en estado de indefensión y no que murieron
en un combate.

5.3.- Las decisiones que se dictaron en el proceso penal acreditan que los
militares alteraron la escena de los hechos poniendo en ella armamento de guerra
para simular un enfrentamiento con delincuentes y justificar que fueron dados de
baja en legítima defensa.

5.4.- En relación con el reconocimiento de perjuicios, el tribunal decidió lo
siguiente:

a.- Reconoció perjuicios morales a los demandantes de cada grupo familiar en
los montos transcritos al principio de la providencia. En cuanto a la <<hija
póstuma>>, indicó que era procedente reconocer lo solicitado para ella por
concepto de alteración grave a las condiciones de existencia.

b.- Reconoció perjuicios por lucro cesante consolidado y futuro a favor de la
compañera permanente y de la <<hija póstuma>> de la víctima Joaquí Suárez.
La compañera permanente no allegó su registro civil, por lo que se condenó en
abstracto el lucro cesante futuro. Y el reconocimiento de la <<hija póstuma>> se
fundamentó en el <<interés superior del menor>>, dado que no fue solicitado en
la demanda.

c.- Negó el perjuicio por concepto de lucro cesante a favor de Mercedes Calderón
Romero, hermana de la víctima José Aníbal Calderón Romero, porque no se
probó la dependencia económica.

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Radicado: 19001-23-31-000-2006-00045-02 (53034) acumulado
con el proceso 19001-23-00-004-2006-00060-00
Demandantes: Guillermo Joaquí Baos y otros

d.- Negó el daño emergente y daño a la vida de relación a favor de la compañera
permanente de Joaquí Suárez porque no se demostraron.

e.- Ordenó a las demandadas las siguientes medidas no pecuniarias: (i) publicar
en periódico de amplia circulación nacional una nota en la que se aceptara que
las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente; (ii) publicar en medio radial
con cobertura en los departamentos del Cauca, Huila y Putumayo la
responsabilidad de la demandada; y (iii) ofrecer disculpas a los demandantes
mediante escrito publicado también en un lugar visible del Ministerio de Defensa,
del Comando del Ejército Nacional y del Batallón de Infantería No. 25 <<Roberto
Domingo Rico Díaz>> con sede en Villagarzón, Putumayo.

D. Recurso de apelación

6.- El Ejército apela la sentencia de primera instancia y solicita su revocatoria con
base en los siguientes argumentos:

6.1.- Con las declaraciones de los militares rendidas en el proceso disciplinario,
está probado que ellos estaban cumpliendo su deber de proteger a la ciudadanía
de unos delincuentes que los atacaron.

6.2.- El tribunal no debió darle credibilidad a la declaración del uniformado Diego
López porque no era un testigo presencial, pues, como bien lo afirmó, estaba
prestando guardia en el área y no estaba en el lugar de los hechos. Además, su
versión se contradecía con las de los otros uniformados.

6.3.- En cuanto a los perjuicios, indicó que: (i) el dolor y sufrimiento de los
demandantes no se puede presumir, sino que se debe acreditar; y (ii) los
perjuicios morales y materiales reconocidos carecen de <<sustento probatorio>>.

E. Actuación relevante en primera instancia

7.- En la audiencia de conciliación judicial del 12 de agosto de 20145, la parte
demandante aportó la sentencia penal de segunda instancia dictada el 31 de julio
de 2014 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Popayán, en la que se condenó al teniente a cargo de la tropa, Luis Ramón
Osorio Roa, como autor del delito de homicidio agravado de José Aníbal Calderón
Romero y Gabriel Joaquí Suárez. El magistrado dio traslado de dicha decisión
judicial a la parte demandada para su conocimiento y estudio, con el fin de que
reconsiderara su posición de no conciliar. Dicha diligencia fue aplazada y se
declaró fallida el 21 de octubre de 2014.

5 Prevista en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010.

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Radicado: 19001-23-31-000-2006-00045-02 (53034) acumulado
con el proceso 19001-23-00-004-2006-00060-00
Demandantes: Guillermo Joaquí Baos y otros

II.- CONSIDERACIONES

F. Asuntos procesales

8.- La Sala se pronunciará de fondo porque la acción de reparación directa se
presentó dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del CCA. En
efecto: la muerte de las víctimas directas ocurrió el 29 de diciembre de 2004 y
la demanda fue presentada, oportunamente, el 27 de octubre de 2006.

9.- La Sala valorará la sentencia penal de segunda instancia dictada el 31 de julio
de 2014 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Popayán porque fue debidamente aportada al expediente, y se garantizó el
derecho al debido proceso al darse traslado de este documento a la parte
demandada, la cual no lo tachó de falso, no lo desconoció, ni se opuso a su
incorporación al proceso.

G. Decisión

10.- La Sala confirmará la decisión de condenar al Ejército Nacional en la medida
que existe una sentencia penal condenatoria proferida en el proceso adelantado
contra el teniente Luis Ramón Osorio, quien ordenó y tenía a cargo la tropa que
ejecutó extrajudicialmente a las víctimas, la cual hizo tránsito a cosa juzgada.

11.- Adicionalmente, la Sala advierte que, como lo señaló el tribunal, con los
medios de prueba obrantes en el proceso está demostrado que la muerte de las
víctimas directas no ocurrió en una confrontación armada entre delincuentes y
efectivos del Ejército, como lo afirmó la demandada, sino que se trató de un
homicidio cometido contra ellas cuando se encontraban en estado de
indefensión.

12.- En cuanto a los perjuicios, la Sala:

12.1.- Modificará la cuantía reconocida de 200 SMLMV y 100 SMLMV por
concepto de perjuicios morales porque estos montos han sido reconocidos por la
jurisprudencia6 en los casos en que se ha demostrado que la víctima fue objeto
de tortura y otro tipo de actos crueles, lo cual no ocurrió en el presente caso. Sin
embargo, se advierte que las circunstancias en las que fueron asesinadas las
víctimas y expuestas como delincuentes ante la sociedad evidencian la gravedad
del sufrimiento padecido por los demandantes, lo que da lugar a un
reconocimiento superior a los topes establecidos por la jurisprudencia.

12.2.- Le reconocerá a la <<hija póstuma>> de Gabriel Joaquí Suárez perjuicios
morales como lo solicitó en la demanda, pero no por alteración grave a las

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de octubre de 2015, exp. 34.507.

C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

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Radicado: 19001-23-31-000-2006-00045-02 (53034) acumulado
con el proceso 19001-23-00-004-2006-00060-00
Demandantes: Guillermo Joaquí Baos y otros

condiciones de existencia. Esto debido a que la jurisprudencia ha establecido que
a los <<hijos póstumos> se les reconocen perjuicios morales debido a que se les
priva del afecto y la compañía de su progenitor a lo largo de su vida.

12.3.- Respecto al lucro cesante: (i) se confirmará la decisión de reconocerlo a
favor de la compañera permanente de Gabriel Joaquí Suárez, porque la
dependencia económica está acreditada; la liquidación se hará teniendo en
cuenta el registro civil de la demandante aportado en segunda instancia y
decretado mediante auto del 16 de abril de 20157 y con base en el salario mínimo
legal mensual vigente porque no se probaron los ingresos que esta víctima
directa percibía por la actividad que ejercía; (ii) se revocará la decisión de
reconocer este perjuicio a la <<hija póstuma>>, porque no fue solicitado en la
demanda; y (iii) se confirmará la decisión de negar este perjuicio a la hermana
de la víctima José Aníbal Calderón Romero porque no fue apelada por la parte
demandante, quien tenía interés para recurrir.

12.4.- Confirmará la decisión de ordenar las medidas no pecuniarias porque
resultan adecuadas dadas las circunstancias en que fueron asesinadas las
víctimas y expuestas como delincuentes ante la sociedad.

12.5.- Confirmará la decisión de negar los perjuicios por concepto de daño
emergente y daño a la vida de relación a favor de la compañera permanente de
Gabriel Joaquí Suárez porque estas decisiones no fueron apeladas por la parte
demandante.

H. La sentencia penal de condena por la muerte de las víctimas hizo
tránsito a cosa juzgada

13.- La sentencia penal que confirmó la condena contra el teniente Osorio Roa,
quien ordenó la ejecución extrajudicial de Gabriel Joaquí Suárez y José Aníbal
Calderón Romero, hizo tránsito a cosa juzgada; por esta razón, no resulta
pertinente discutir la autoría del daño ni la responsabilidad del condenado. El
daño es imputable al Estado en los términos del artículo 90 de la Constitución
Política, porque el miembro del Ejército Nacional condenado por estos hechos
tenía la condición de agente del Estado y durante los hechos obraba en el ámbito
de sus funciones.

14.- El artículo 59 de la Ley 600 de 2000, vigente para la época de los hechos
investigados (29 de diciembre de 2004), dispone que cuando se condene al
procesado y no se hubiere constituido parte civil, la responsabilidad no podrá ser
discutida en el proceso de reparación. Textualmente, la norma señala lo
siguiente:

7 F. 295, c. ppl.

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Radicado: 19001-23-31-000-2006-00045-02 (53034) acumulado
con el proceso 19001-23-00-004-2006-00060-00
Demandantes: Guillermo Joaquí Baos y otros

<< Artículo 59. Efectos de la declaratoria de responsabilidad. Cuando no se
hubiere constituido parte civil y se condene al procesado, la responsabilidad no
podrá ser discutida en el proceso civil, debiendo limitarse éste a la clase y monto
de los perjuicios>>.

15.- Es decir, que los efectos de la cosa juzgada de la sentencia penal
condenatoria obedecen a la lógica conforme con la cual el juez de la
responsabilidad penal y el de la responsabilidad patrimonial no pueden
pronunciarse de manera divergente sobre un presupuesto común a las dos, como
es el de la relación de causalidad.

15.1.- Al respecto, la doctrina señala:

<<A diferencia de la cosa juzgada en lo civil, que no posee sino una autoridad
relativa, que requiere, además de la identidad de las partes y de la identidad del
objeto, la identidad de la causa, la cosa juzgada en lo criminal posee una
autoridad absoluta sobre lo civil; ya no es necesaria ninguna de las tres
identidades de causa, objeto y partes. El juez de la acción de responsabilidad
civil no puede contradecir jamás lo juzgado definitivamente por la jurisdicción
represiva como constitutivo de la base necesaria de la resolución penal>>8.
15.2.- Así mismo, la jurisprudencia de esta Sección ha indicado que:

<<La sentencia penal condenatoria tiene valor de cosa juzgada, en el proceso
administrativo, en relación con la ocurrencia del hecho y la responsabilidad del
agente estatal. Así las cosas, si tal responsabilidad ha sido declarada en un
proceso penal, mediante providencia debidamente ejecutoriada, ella no puede
ponerse en duda>>9.

16.- En el presente caso se profirió sentencia penal condenatoria10 confirmada
en segunda instancia en contra del teniente a cargo de la tropa de la unidad
<<Labrador 2>> por el delito de homicidio agravado.

16.1.- La sentencia proferida el 31 de julio de 2014 por la Sala de Decisión Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán confirmó la sentencia del
30 de enero de 2014 del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Bolívar,
Cauca, que condenó al teniente Luis Ramón Osorio Roa como autor
responsable del delito de homicidio agravado de Gabriel Joaquí Suárez y José
Aníbal Calderón Romero.

16.2.- En esta sentencia, el tribunal concluyó que la muerte de los señores
Joaquí Suárez y Calderón Romero fue consecuencia de una ejecución
extrajudicial ordenada por el teniente Luis Ramón Osorio Roa y efectuada por
los miembros de la tropa de la unidad <<Labrador 2>> cuando las víctimas se
encontraban en estado de indefensión.

8 Henri y Léon Mazeaud. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual.
Ediciones Jurídicas Europa-América, 1961.
9 Consejo de Estado, sentencia del 3 de mayo de 2001, exp. 1238, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
10 Fls. 226 a 257, c. ppl.

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Radicado: 19001-23-31-000-2006-00045-02 (53034) acumulado
con el proceso 19001-23-00-004-2006-00060-00
Demandantes: Guillermo Joaquí Baos y otros

16.3.- Con las declaraciones de los padres de la víctima Gabriel Joaquí Suárez
y del soldado Diego Orlando López, el tribunal encontró probado que los
militares arribaron a su vivienda en la vereda Santo Domingo y se llevaron a las
víctimas en una camioneta, y que estas aparecieron muertas al día siguiente y
fueron presentadas como <<dad[as] de baja>> en combate.

16.4.- Así mismo, evidenció que las declaraciones de los militares en el sentido
de que las muertes ocurrieron en combate no coinciden con la necropsia y el
estudio de balística que determinó que, inicialmente, las víctimas recibieron los
disparos en posición de pie, y posteriormente tendidas sobre el piso de la vía
en trayectoria de atrás hacia adelante y uno de frente, esto es, en evidente
estado de indefensión.

16.5.- Por el contrario, el tribunal le otorgó valor a la declaración del militar Diego
Orlando López, quien manifestó que su superior los obligó a mentir ante la
justicia penal militar. Indicó que no presenció los hechos porque tuvo que
quedarse de guardia mientras la tropa se trasladaba al lugar donde les
informaron que había personas que estaban hurtando; sin embargo, declaró
que sus compañeros le contaron que el superior al mando les ordenó sacar a
dos sujetos de sus viviendas y trasladarlos a un paraje, donde les dieron de
baja. Dijo, además, que los militares alteraron la escena, pues llevaron
armamento de guerra y lo dejaron cerca a los cadáveres para simular un
enfrentamiento, lo cual sí concuerda con las demás pruebas.

16.6.- Del análisis en conjunto de las pruebas obrantes en el proceso penal, las
cuales también fueron aportadas al proceso de reparación, el tribunal penal
concluyó que si bien era cierto que el pelotón se encontraba en dicha zona en
desarrollo de la Orden de Operaciones No. 077 <<Héroes de Villalobos>>, lo que
se demostró es que el teniente Luis Ramón Osorio Roa ordenó la ejecución
extrajudicial de las víctimas, la cual fue llevada a cabo por sus subalternos. En
este sentido, se indicó:
<<(…) 8. Para la Sala entonces si el pelotón comandado por el TE. OSORIO ROA
LUIS se encontraba en dicha área, en atención a la Orden de Operaciones No. 077
<<Héroes de Villalobos>> o como lo dijera aquel Oficial, para <<garantizar el flujo
de vehículos en la vía Pitalito – Mocoa, y en la noche del 29 de diciembre de 2004
varios usuarios de la carretera le dieron quejas de intranquilidad por atraco, para
la Sala ese motivo era más que suficiente para prestar el apoyo oportuno y
necesario a los fines de proteger a los transportadores o pasajeros (artículo 2.2.
C.N.)

9. Pero siendo esa la información de los militares en aquel sector de El Fogón de
la Montaña, para la Sala lo comprobado no es entonces el accionar legítimo o
justificado de ellos allí, porque los declarantes ROSALBA y GUILLERMO en forma
constante, clara y firme sostuvieron que, iterase, de su casa en la vereda Santo
Domingo, kilómetro 74, vía Pitalito – Mocoa, unos militares se llevaron en una
camioneta a su hijo GABRIEL y a JOSÉ ANÍBAL, quienes poco después supieron
fueron dados <<de baja>> sobre esa vía a manos del Ejército, por atracadores y
haber recibido a la autoridad con tiros de arma de fuego.

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Demandantes: Guillermo Joaquí Baos y otros

Aquella atestiguación por visualizar en directo que los miembros del Ejército se
llevaron a GABRIEL y JOSÉ ANÍBAL, para la Sala se enlaza y concatena con las
explicaciones que ante el Fiscal 38 Especializada UNDH – DIH suministraron en
detalle los soldados DIEGO ORLANDO L. quien se enteró de lo realmente
sucedido por boca del soldado CUEVAS.

Y esos pormenores que a la autoridad judicial entregó el soldado LÓPEZ L. oídas
del soldado CUEVAS se incrustan y ensartan con los testimonios de los padres de
GABRIEL que se conectan a la vez en forma de nudo con el examen anatómico a
los cuerpos sin vida por el legista y con el trabajo del investigador del CTI, JAIRO
ENRIQUE ERAZO MUÑOZ, sobre BALÍSTICA FORENSE, en cuanto a la
determinación de la posición de las víctimas y victimarios o que aquellas recibieron
los disparos en posición de pie, y posteriormente tendidos sobre el piso de la vía,
conforme a las diagramaciones de trayectoria.

10.- Para la Sala entonces la atestiguación <<de segunda mano>> del soldado
LÓPEZ L., no solamente acredita lo que oyó del soldado CUEVAS, esto es, el
señalamiento que hizo del TE. OSORIO ROA LUIS, ordenando la ejecución de
muerte, sino que también acredita que ese relato no fue deliberado, engañoso o
de última hora, porque esa delación fue subsiguiente al instante de los disparos,
razón por la cual se entrevea espontánea y sin exagerarse las circunstancias oídas
para forzar su credibilidad ni tampoco se advierte opinativo, sino claro, detallado y
completo en punto de los datos que recibió, mostrando con ello un real
acercamiento con las manifestaciones de ROSALBA y GUILLERMO y la prueba
BALÍSTICA FORENSE con sus soportes y conclusión de la posición de las víctimas
y victimarios.(…)>> (fls. 249 – 250, c. ppl).

I. Determinación de los perjuicios y reparación

17.- Grupo familiar de Gabriel Joaquí Suárez

17.1.- Según los registros civiles obrantes en el proceso, está acreditado que los
demandantes tienen el siguiente vínculo con Gabriel Joaquí Suárez:
Padres: Guillermo Joaquí Baos y Rosalba Suárez Rivera11.
Hermanos: Albeiro Joaquí Suárez, Juan Camilo Joaquí Suárez, Óscar Joaquí
Suárez, Yesica Yisela Joaquí Suárez, Yolanda Joaquí Suárez y Yamila Andrea
Joaquí Suárez12.
17.2.- En cuanto a la demandante Marinela Calderón, la Sala encuentra probada
su calidad de compañera permanente con las declaraciones rendidas por los
testigos Édgar Soto13 y Nubia Fernández Díaz14, quienes afirmaron que la

11 F. 3, c. 1.
12 Fls. 6 al 11, c. 1.
13 <<él era esposo de una hija de doña Mercedes, de Marinela, (…) ellos ya llevaban viviendo tres años,

dejó una niña en esta muchacha (…) cuando yo estuve en el entierro Marinela estaba en embarazo, ella
creó que se llama Gabrielita (…)>> (fls. 73 - 74, c. 3.
14 <<(…) Llevaba viviendo con Marinela 2 años (…)>>. (f. 89, c. 6).

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Demandantes: Guillermo Joaquí Baos y otros

demandante convivía con la víctima Gabriel Joaquí Suárez y que al momento de
su fallecimiento estaba embarazada de él.
17.3.- Respecto a la demandante Gabriela Alexandra Calderón 15, la Sala
encuentra acreditada su calidad de <<hija póstuma>> con la declaración rendida
por el testigo Édgar Soto que afirmó que de la relación entre Marinela Calderón
y Gabriel Joaquí Suárez nació <<Gabrielita>>, lo cual corresponde con el registro
civil aportado16.
18.- Grupo familiar de José Aníbal Calderón Romero
18.1.- Con los registros civiles aportados en el proceso17 está acreditado que la
demandante Mercedes Calderón Romero es hermana de la víctima José Aníbal
Calderón Romero.

18.2.- Mediante memorial presentado el 25 de mayo de 202218, se informó que
la demandante Mercedes Calderón Romero falleció el 12 de diciembre de 2021.

18.3.- Teniendo en cuenta que la jurisprudencia del Consejo de Estado 19 ha
admitido la procedencia de la indemnización de perjuicios tanto morales como
materiales a favor de la masa sucesoral de los demandantes que fallecen luego
de haber ejercido su derecho de acción, la Sala otorgará a favor de la sucesión
de la señora Mercedes Calderón Romero los perjuicios a que haya lugar, sin
individualizar los beneficiarios.
i) Perjuicios morales

19.- De acuerdo con las reglas jurisprudenciales señaladas en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014, expediente 2625120, la indemnización de
perjuicios morales en casos de muerte está sujeta a las siguientes reglas: (i) el
monto de los perjuicios morales está determinado por el nivel de cercanía afectiva
entre la víctima directa y los demandantes; y (ii) se presumen los perjuicios
morales para los demandantes que se encuentren en el primer nivel (víctima
directa, parientes en primer grado de consanguinidad, cónyuges y compañeros
permanentes) y en el segundo nivel (parientes en segundo grado de
consanguinidad o civil).

20.- De la indemnización ordenada por el tribunal por concepto de perjuicios
morales, la Sala advierte:

15 La demandante nació el 21 de febrero de 2005 (f. 5, c. 1), es decir, después de la muerte de su padre

Gabriel Joaquí Suárez.
16 La demandante nació el 21 de febrero de 2005 (f. 5, c. 1), es decir, luego de la muerte de su padre Gabriel

Joaquí Suárez.
17 Fls. 2 – 4, c. 5.
18 Índices 29 y 30 de Samai.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de abril de

2006, expediente 14.908.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 26.251. C.P. Jaime

Orlando Santofimio.

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Demandantes: Guillermo Joaquí Baos y otros

20.1.- En casos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al
Derecho Internacional Humanitario, entre otros, podrá otogarse una
indemnización mayor a la establecida en los eventos descritos en la sentencia de
unificación antes citada.

20.2.- En este caso el reconocimiento excepcional está justificado por la gravedad
del perjuicio. Está probado que los militares se aprovecharon de su investidura
para sacar a las víctimas de su vivienda sin generar mayor sospecha, las
asesinaron en total estado de indefensión y las hicieron pasar por delincuentes
<<dados de baja en combate>>, esto es, afectando su buen nombre y a sus
familias. En consecuencia, para la Sala es claro que procede un reconocimiento
superior a los topes establecidos por la jurisprudencia.

20.3.- El reconocimiento a favor de la demandante Gabriela Alexandra Calderón,
quien compareció en calidad de <<hija póstuma>> de la víctima Gabriel Joaquí
Suárez debe hacerse a título de perjuicio moral, tal y como lo solicitó en la
demanda y lo contempla la jurisprudencia21, y no por alteración grave a las
condiciones de existencia.

20.4.- Con la declaración de Nubia Fernández Díaz22 está probado que, al
momento de los hechos, la demandante Mercedes Calderón Romero vivía con la
víctima José Aníbal Calderón Romero y este era su único apoyo.

21.- Teniendo en cuenta lo anterior y que los demandantes están cobijados por
la presunción de los perjuicios morales, la Sala estima que el monto a reconocer
por perjuicios morales a favor de los demandantes es el siguiente:
21.1.- Grupo familiar de la víctima Gabriel Joaquí Suárez:

Perjudicado Parentesco Monto
Guillermo Joaquí Baos Padre 150 SMLMV
Rosalba Suárez Rivera Madre 150 SMLMV
Compañera
Marinela Calderón 150 SMLMV
permanente
Gabriela Alexandra Calderón Hija póstuma 150 SMLMV
Albeiro Joaquí Suárez Hermano 80 SMLMV
Juan Camilo Joaquí Suárez Hermano 80 SMLMV
Óscar Joaquí Suárez Hermano 80 SMLMV
Yesica Yisela Joaquí Suárez Hermana 80 SMLMV
Yolanda Joaquí Suárez Hermana 80 SMLMV
Yamila Andrea Joaquí Suárez Hermana 80 SMLMV

21 Sentencia del 26 de marzo de 2014 de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,

C.P. Enrique Gil Botero, expediente 30344. En el mismo sentido se decidió en sentencia del 10 de
septiembre de 2014, expediente 30875, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
22 <<cuando la mamá de Aníbal murió, la mamá doña Dolores, entonces Aníbal se fue a vivir donde doña

Mercedes con el hijo de él, con Óscar. En esa época vivía con la hermana y con el hijo. (…) Pues la relación
de ellos, como toda familia han sido unidos. Siempre estaban pendientes uno del otro, por lo menos las
tragedias que les ocurrían, era una sola unión de ellos allí. (…) Eso fue para ellos un dolor muy grande, para
ella como hermana (…)>> (f. 90, c. 6).

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Demandantes: Guillermo Joaquí Baos y otros

21.2.- Grupo familiar de la víctima José Aníbal Calderón Romero:

Perjudicado Parentesco Monto

A favor de la masa sucesoral
Hermana 80 SMLMV
de Mercedes Calderón
Romero

ii) Lucro cesante

22.- La primera instancia reconoció perjuicios por concepto de lucro cesante
consolidado y futuro a favor de la <<hija póstuma>> de la víctima Joaquí Suárez,
pese a que no fue solicitado en la demanda. Al respecto, la Sala advierte que el
tribunal vulneró el artículo 280 del CGP que dispone que la sentencia deberá
guardar consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda, por lo
que no podrá condenarse al demandado <<por objeto distinto del pretendido en
la demanda>>. En consecuencia, se revoca la decisión de reconocer perjuicios
por concepto de lucro cesante a la demandante Gabriela Alexandra Calderón.

23.- En cuanto a la demandante Marinela Calderón, quien compareció al proceso
en calidad de compañera permanente de la víctima Gabriel Joaquí Suárez, el
tribunal le reconoció perjuicios por concepto de lucro cesante consolidado y futuro
porque se probó la dependencia económica. Para la liquidación de este perjuicio
tuvo en cuenta: (i) el salario mínimo legal mensual vigente porque encontró
probado que la víctima trabajaba en labores del campo; (ii) más un 25% por
concepto de prestaciones sociales como ingreso base; y (iii) le restó un 25% por
gastos propios.

24.- A partir de los testimonios de Jaime Bambague Hoyos23 y Édgar Soto24
rendidos en este proceso, está demostrado que Gabriel Joaquí Suárez trabajaba
en labores del campo y que su compañera permanente, Marinela Calderón
dependía económicamente de él. Sin embargo, no se acreditaron los ingresos
que devengaba por esa actividad económica. Por lo tanto, la Sala aplicará la
presunción del salario mínimo legal mensual vigente para liquidar el lucro cesante

23 <<(…) Conocí a Gabriel Joaquí Suárez, trabajador, me ayudó a coger café, y el otro muchacho también

que llama Calderón Aníbal fueron compañeros. Don Gabriel les había comprado máquinas de aserrar y otra
de guadañar y con eso trabajaban. (…) Yo no sé cuánto era el jornal que ganaba, pero él mantenía
aserrando. (…)>> (fls. 43 -44, c. 3).
24 <<(…) Joaquín, él era el esposo de una hija de doña Mercedes, de Marinela, ya ellos cuando yo distinguí

a Gabriel, ellos ya llevaban viviendo tres años, dejó a una niña en esta muchacha. Buen muchacho,
responsable, trabajaba también en labores del campo, aserraba madera, más que todo en esto era que
trabajaba. Él contaba con sus dos motores que era la guadaña y la motosierra, muy responsable este
muchacho Gabriel, dedicado a la familia prácticamente, tanto acá con Marinela como a los papás (…)>> (f.
73, c. 3).

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Demandantes: Guillermo Joaquí Baos y otros

sin adicionar el 25% por concepto de prestaciones sociales debido a que era una
actividad independiente.

25.- Para calcular el ingreso base de liquidación se disminuirá el salario mínimo
legal mensual vigente que corresponde a la suma de un millón ciento sesenta mil
pesos ($1.160.000) en un 50%, teniendo en cuenta que la víctima debía destinar
la mitad para sus gastos personales. Es decir, el monto para la liquidación será
la suma de quinientos ochenta mil pesos ($580.000).

26.- El periodo consolidado se liquidará desde el 29 de diciembre de 200425,
fecha de la muerte de Gabriel Joaquí Suárez, hasta la fecha de esta sentencia
(19 de octubre de 2023), esto es 225,21 meses, que se calcula según la
siguiente fórmula:

S = Ra x (1+ i)n - 1
i
En donde:
S = Es la indemnización a obtener.
Ra = Es el Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante
consolidado $580.000.
N = Número de meses que comprende el período indemnizable (225,21).
I = Interés puro o técnico: 0.004867

S = $580.000 (1+ 0.004867)225,21 - 1
0.004867
S = $236.494.880

27.- El tiempo indemnizable por concepto de lucro cesante futuro se liquidará
desde el día siguiente de la fecha de esta sentencia (20 de octubre de 2023)
hasta el periodo más corto entre la expectativa de vida probable entre el señor
Gabriel Joaquí Suárez (víctima directa) y la demandante Marinela Calderón
(compañera permanente). Dicho periodo corresponde a 754,8 meses, que hacen
relación a la vida probable de la víctima Joaquí Suárez26. A los 754,8 meses
deberán restarse los 225,21 meses que fueron tenidos en cuenta para la
indemnización consolidada, para un total de 529,59 meses.

25 Como consta en el registro civil de defunción que obra en el folio 4 del c. 1.
26 En la fecha de los hechos, Gabriel Joaquí Suárez tenía 17 años; de conformidad con la Resolución 1555

de 2010 de la Superintendencia Financiera, su expectativa de vida probable era de 62.9 años (754.8 meses).
Por su parte, la demandante Marinela Calderón tenía 21 años y su expectativa de vida probable al momento
de los hechos eran 64,2 años (770,4 meses).

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Demandantes: Guillermo Joaquí Baos y otros

Para la determinación del lucro cesante futuro se utilizará la siguiente fórmula:

S = Ra (1+ i)n - 1
i (1+ i) n

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.
Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante futuro
$580.000
n= Número de meses que comprende el período de la indemnización: 529,59
meses
i= Interés puro o técnico: 0,004867.

S = $580.000 (1+ 0.004867)529,59 – 1 __
0.004867 (1+ 0.004867)529,59
S = $110.060.692
28.- Sumados los valores de la indemnización debida y futura por concepto de
lucro cesante, se obtiene un valor de trescientos cuarenta y seis millones
quinientos cincuenta y cinco mil quinientos setenta y dos pesos ($346.555.572).
iii) Medidas no pecuniarias

29.- La Sala encuentra adecuadas las medidas no pecuniarias ordenadas por el
tribunal porque está demostrado que los miembros del Ejército Nacional que
perpetraron el homicidio de los señores Gabriel Joaquí Suárez y José Aníbal
Calderón Romero exhibieron sus cadáveres como si hubieran sido delincuentes,
lo que da lugar a ordenar en estos casos la adopción de medidas de reparación
integral orientadas a evitar la repetición de conductas como las probadas.

J. Condena en costas

30.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Demandantes: Guillermo Joaquí Baos y otros

RESUELVE

PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia del 15 de mayo de 2014 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, así:

<<PRIMERO: DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL por los perjuicios causados
a los demandantes como consecuencia de las muertes de los señores Gabriel
Joaquí Suárez y José Aníbal Calderón Romero en hechos ocurridos el día 29 de
diciembre de 2004 en la vereda Santa María, municipio de Santa Rosa, Cauca.

SEGUNDO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL al pago de los siguientes valores por concepto de
perjuicios morales:

Perjudicado Parentesco Monto
Guillermo Joaquí Baos Padre 150 SMLMV
Rosalba Suárez Rivera Madre 150 SMLMV
Compañera
Marinela Calderón 150 SMLMV
permanente
Gabriela Alexandra
Hija póstuma 150 SMLMV
Calderón
Albeiro Joaquí Suárez Hermano 80 SMLMV
Juan Camilo Joaquí
Hermano 80 SMLMV
Suárez
Óscar Joaquí Suárez Hermano 80 SMLMV
Yesica Yisela Joaquí 80 SMLMV
Hermana
Suárez
Yolanda Joaquí Suárez Hermana 80 SMLMV
Yamila Andrea Joaquí 80 SMLMV
Hermana
Suárez

Perjudicado Parentesco Monto

A favor de la masa
Hermana 80 SMLMV
sucesoral de Mercedes
Calderón Romero

TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL al pago de trescientos cuarenta y seis millones quinientos
cincuenta y cinco mil quinientos setenta y dos pesos ($346.555.572) a favor de
Marinela Calderón por concepto de lucro cesante.

CUARTO: ORDÉNASE al Ministro de Defensa del Ejército Nacional, dentro del
mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, realizar lo siguiente:

• Publicar en un medio escrito de amplia circulación nacional y en uno de amplia
circulación local en los departamentos del Cauca, Huila y Putumayo, una nota en
donde se haga alusión a la decisión contenida en esta sentencia, se rectifique la
verdadera identidad de los occisos y se aclaren las circunstancias en las que
murieron.

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Radicado: 19001-23-31-000-2006-00045-02 (53034) acumulado
con el proceso 19001-23-00-004-2006-00060-00
Demandantes: Guillermo Joaquí Baos y otros

• El Ministro de Defensa del Ejército Nacional, el comandante del Ejército Nacional
y del Batallón de Infantería No. 25 <<Roberto Domingo Rico Díaz>> con sede en
Villagarzón, Putumayo, deberán emitir un comunicado en el que ofrezcan disculpas
a los demandantes, reconozcan y acepten la actuación irregular y al margen de la
ley de los efectivos del Ejército Nacional que participaron en los hechos ocurridos
el 29 de diciembre de 2004. El comunicado deberá ser entregado por conducto del
apoderado de los demandantes.

QUINTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del
CCA>>.

SEGUNDA: SIN CONDENA en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto

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