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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02418-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02418-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de 15 de mayo de 2026, de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente el mecanismo de amparo. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02418-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Seis [6] de agosto de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02418-01
Demandante: NACIONAL DE SEGUROS S.A.- COMPAÑÍA DE SEGUROS
GENERALES
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
A

Temas: Tutela contra providencia judicial – Ejecutivo – Confirma
improcedencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo de 15 de mayo de 2026, de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, que declaró improcedente el mecanismo.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 26 de marzo de 2026, la Compañía de Seguros Generales, Nacional de Seguros
S.A. instauró, por intermedio de apoderada, acción de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A con el fin de que se le protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad.

Las mencionadas garantías las consideró vulneradas con la expedición de las
providencias de 8 de octubre de 20251 y 27 de noviembre de 20252, al interior de la
demanda ejecutiva identificada con el radicado 15001-23-33-000-2021-00491-00/01
[73.146].

1.2. Pretensiones

Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:

1. Amparar los Derechos Fundamentales Constitucionales al Derecho de Defensa, al
Debido Proceso, a la Igualdad, a ser juzgados conforme a criterios legales
prexistentes, al Principio de Seguridad Jurídica de NACIONAL DE SEGUROS S.A.
que han sido vulnerados por el Consejo de Estado – Sección Tercera Subsección A
– Consejera Ponente: Dra. María Adriana Marín, dentro del Proceso Ejecutivo
150012333000-2021-00491-01, mediante Providencia del 08 de octubre del 2025 y
auto que negó Solicitud de Adición del 27 de noviembre del 2025.

2. Como consecuencia de lo anterior, dejar sin valor ni efecto la Providencia del 08
de octubre del 2025 y auto que negó Solicitud de Adición del 27 de noviembre del

1 Que confirmó el auto del 30 de septiembre de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de

Boyacá que rechazó de plano las excepciones propuestas por la ejecutada.
2 Que negó la solicitud de adición de la providencia de 8 de octubre de 2025.

Demandante: Nacional de Seguros S.A.- Compañía de Seguros Generales
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02418-01

2025, proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera Subsección A –
Consejera Ponente: Dra. María Adriana Marín dentro del proceso ejecutivo
identificado con radicado No. 150012333000-2021-00491-01.

3. En Decisión sustitutiva, se ordene al Consejo de Estado – Sección Tercera
Subsección A – Consejera Ponente: Dra. María Adriana Marín que profiera
providencia mediante la cual:

3.1. En garantía de los Derechos Fundamentales Constitucionales al Derecho de
Defensa, al Debido Proceso, a la Igualdad, a ser juzgados conforme a criterios
legales prexistentes, al Principio de Seguridad Jurídica de NACIONAL DE
SEGUROS S.A., REVOQUE la Decisión de Primera Instancia proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ dentro del Proceso Ejecutivo No.
150012333000-2021-00491-01, con fecha del 30 de septiembre del 2024 aclarada
mediante auto del 28 de febrero del 2025, en virtud de la cual se rechazó de plano
las excepciones de fondo planteadas por NACIONAL DE SEGUROS S.A.

3.2. En su lugar, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
analizar, estudiar y resolver de fondo las excepciones de mérito presentadas por
NACIONAL DE SEGUROS S.A.

3.3. Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ tener en cuenta el
Precedente Jurisprudencial del Consejo de Estado para la resolución de las
excepciones, acatando las reglas jurisprudenciales para la afectación del amparo
de estabilidad de la obra en las pólizas de seguro3.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes presupuestos que, a juicio de
la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

● La Empresa Constructora de Tunja [en adelante Ecovivienda] promovió proceso
ejecutivo contra Nacional de Seguros S.A. para obtener el pago de las sumas
reconocidas en la Resolución 85 de 2018, mediante la cual se declaró el siniestro
de la póliza de cumplimiento n.º 400000556. La ejecución comprendía
$2.213.390.975 por el amparo de estabilidad de la obra, $138.016.000 por el
amparo de cumplimiento, además de intereses y costas.

● El Tribunal Administrativo de Boyacá libró mandamiento de pago y, al
contestarlo, la empresa Nacional de Seguros propuso excepciones orientadas a
demostrar que: i) el amparo de estabilidad nunca entró en vigencia porque no se
suscribió el acta de recibo final a satisfacción; ii) los amparos de cumplimiento y
estabilidad eran excluyentes; y iii) el título estaba incompleto por no incorporar otra
resolución relacionada con los mismos hechos.

● Inicialmente se corrió traslado de las excepciones; sin embargo, Ecovivienda
interpuso recurso de reposición, al considerar que aquellas no correspondían a las
previstas en el numeral 2.º del artículo 442 del CGP.

3 Transcrito con posibles errores ortográficos con mayúsculas y negritas del texto original.

2
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Demandante: Nacional de Seguros S.A.- Compañía de Seguros Generales
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02418-01

● El 30 de septiembre de 20244, el Tribunal Administrativo de Boyacá revocó la
providencia que había corrido traslado de las excepciones y las rechazó de plano.

● Para llegar a esa conclusión, consideró que, en los procesos ejecutivos
sustentados en actos administrativos, resultaba aplicable la restricción prevista en
el numeral 2.º del artículo 442 del CGP, y como las excepciones formuladas no
estaban incluidas en el listado taxativo de esa norma y, en realidad, buscaban
cuestionar la legalidad del acto administrativo que servía de fundamento a la
ejecución, eran jurídicamente improcedentes. Esta decisión fue apelada por el
extremo desfavorecido.

● El 8 de octubre de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en primer lugar reconoció que el título ejecutivo en ese asunto era complejo,
sin embargo, concluyó que ello no permitía debatir, dentro del proceso ejecutivo, la
legalidad de los actos administrativos que lo integraban.

● Explicó que el proceso ejecutivo está dirigido al cobro de obligaciones claras,
expresas y exigibles, y no puede transformarse en un proceso declarativo destinado
a revisar la validez de actos administrativos, los cuales gozan de presunción de
legalidad mientras no sean anulados.

● Al examinar las excepciones, determinó que, pese a su denominación,
pretendían cuestionar la validez de la Resolución 85 de 2018, pues buscaban
establecer que el amparo de estabilidad no podía haberse declarado afectado sin la
entrega final de la obra. Esta conclusión se reforzó con la existencia de otro proceso
promovido por la aseguradora para obtener la nulidad de actos administrativos
relacionados con la declaratoria del siniestro.

● Por ello, el juez de segundo grado concluyó que las excepciones eran
improcedentes tanto en títulos simples como complejos cuando están dirigidas a
controvertir la legalidad de los actos administrativos que los integran. Admitir su
estudio desnaturalizaría el proceso ejecutivo e invadiría la competencia del juez del
proceso declarativo. En consecuencia, confirmó el rechazo de plano y condenó en
costas a Nacional de Seguros.

● La compañía Nacional de Seguros solicitó adicionar la anterior providencia,
porque estimó que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
no se pronunció sobre el hecho sobreviniente consistente en el pago de
$2.694.223.912,44, que efectuó en cumplimiento de un fallo de responsabilidad
fiscal, el cual, según la aseguradora, agotó el valor asegurado de la póliza objeto
del proceso ejecutivo.

● El 27 de noviembre de 2025 la autoridad judicial negó el anterior requerimiento,
al exponer que no había omitido resolver ningún punto propio del recurso de
apelación y que el análisis del hecho sobreviniente correspondía al Tribunal
Administrativo de Boyacá, como juez de primera instancia.

4 Aclarado y adicionado el 28 de febrero de 2025.

3
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Demandante: Nacional de Seguros S.A.- Compañía de Seguros Generales
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● Además, precisó que un pronunciamiento directo del superior podría afectar el
debido proceso y la garantía de doble instancia, especialmente porque dicho hecho
podría conducir a la terminación del proceso ejecutivo y esa determinación sería
susceptible de recurso de apelación.

● La providencia de segunda instancia fue notificada el 2 de diciembre de 2025 y
la acción de tutela de la referencia radicada el 26 de marzo de 2026.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La tutelante consideró que la accionada trasgredió sus garantías constitucionales,
al configurarse los defectos: sustantivo, desconocimiento del precedente y falta de
motivación5.

En primer lugar, señaló que sus excepciones no pretendían controvertir la legalidad
de la resolución que declaró el siniestro, sino demostrar la falta de exigibilidad de la
obligación derivada de la póliza y del contrato.

Resaltó que el tribunal accionado incurrió en un defecto sustantivo porque aplicó
extensivamente la restricción del numeral 2.º del artículo 442 del CGP, prevista para
títulos integrados exclusivamente por actos administrativos, a un título ejecutivo
complejo conformado por la póliza, el contrato estatal y la Resolución 085 de 2018.
Además, habría equiparado indebidamente el cuestionamiento de las condiciones
contractuales de exigibilidad con un ataque a la legalidad del acto administrativo,
desconociendo el deber del juez ejecutivo de verificar que la obligación sea clara,
expresa y exigible.

Agregó que se configuró un desconocimiento del precedente porque la
jurisprudencia del Consejo de Estado6 ha establecido que el amparo de estabilidad
de la obra solo inicia cuando esta es recibida en su totalidad y a satisfacción, por
ello, como en el expediente no existe acta de recibo final —condición necesaria para
la vigencia del amparo—, no era posible continuar con su ejecución.

1.5. Trámite de la acción

El 27 de marzo de 2026, la magistrada sustanciadora de la primera instancia admitió
la acción de tutela y ordenó notificar como demandado a la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.

5 Sin que se desarrollara este cargo.
6 Citó las siguientes providencias: de 10 de julio de 1997, Exp. 9286; de 3 de mayo de 2001, Exp.

1993-8948 (12724); 5 de diciembre de 2016, Exp. 2001-02407-01 (35057); 2 de agosto de 2018,
exp2002-02056-02 (37317); 20 de febrero de 2020, Exp. 2006-01957 (43766); 18 de noviembre de
2021, Exp. 2006-00318 (56085); 18 de febrero de 2022, Exp.2010-00660 (53318); 15 de octubre de
2020, Exp. 2014-00538-01 (24765); 18 de marzo del 2022, Exp. 110010326000-2021-00136-00; 15
de octubre del 2015, Exp. 44001233100020120002902 (48520); 21 de febrero de 2025, Exp.
250002336000-2014-01057-03 (70.108); y 23 de agosto de 2024, Exp. 2013-01136-01 (63696).

4
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Por su parte, vinculó como terceros con interés en las resultas del proceso a
Ecovivienda y al Tribunal Administrativo de Boyacá.

El despacho sustanciador presentó proyecto de fallo a la Sala, no obstante, el 5 de
agosto de 2026, la magistrada Gloria María Gómez Montoya manifestó estar
impedida para conocer del asunto de la referencia con fundamento en la causal 5.
° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, mediante auto
de 6 de agosto de 2026 se declaró infundada la mencionada manifestación.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:

1.6.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por intermedio del
magistrado encargado, informó que no suscribió la providencia objeto de censura,
pero que respetará y acatará lo que se resuelva en este caso.

1.6.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá, luego de recopilar la actuación
procesal a su cargo, solicitó negar el mecanismo de la referencia, comoquiera que,
no se configuran los defectos alegados.

1.7. Fallo impugnado

El 15 de mayo de 2026, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró improcedente el mecanismo por falta de relevancia constitucional y
subsidiariedad.

En primer lugar, consideró que la providencia cuestionada expuso razones
suficientes, coherentes y razonables para rechazar las excepciones: aunque el título
ejecutivo era complejo, las defensas formuladas por Nacional de Seguros buscaban
realmente controvertir la validez de la resolución que declaró el siniestro.

Agregó que la decisión no fue arbitraria ni caprichosa, sino que se encontraba dentro
del margen de autonomía judicial, máxime cuando la accionante no demostró que
la interpretación adoptada fuera contraria al ordenamiento o al precedente, sino que
reiteró los mismos argumentos jurídicos y probatorios expuestos en la apelación,
pretendiendo convertir la tutela en una instancia adicional

Por su parte, también expuso que no se acreditó el requisito de subsidiariedad
porque el proceso ejecutivo aún se encontraba en trámite ante el Tribunal
Administrativo de Boyacá y estaba pendiente de resolverse, entre otras, una
solicitud de suspensión por prejudicialidad. Por tanto, el juez natural todavía podía
examinar los argumentos relacionados con la exigibilidad de la obligación y el
material probatorio.

5
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1.8. Impugnación7

El accionante alegó que el fallo de primera instancia calificó indebidamente la
controversia como una simple discrepancia interpretativa, pese a que en la tutela se
relacionó jurisprudencia según la cual el juez del proceso ejecutivo debe verificar,
incluso de oficio, que la obligación sea clara, expresa y exigible, y que, tratándose
de títulos ejecutivos complejos, pueden proponerse excepciones distintas de las
previstas en el numeral 2.º del artículo 442 del CGP.

También cuestionó que se declarara la falta de acreditación del requisito de
subsidiariedad, porque el rechazo de plano de las excepciones quedó en firme y
cerró definitivamente la discusión sobre la exigibilidad de la obligación; por ello, las
actuaciones pendientes dentro del proceso ejecutivo, incluida la suspensión por
prejudicialidad, no permiten reparar la vulneración alegada.

Además, reprochó que no se analizara autónomamente el desconocimiento del
precedente conforme al cual el amparo de estabilidad solo entra en vigor con el
recibo total de la obra a satisfacción8. Finalmente, afirmó que haber utilizado
argumentos similares en un proceso de controversias contractuales no impedía
formularlos como excepciones dentro del proceso ejecutivo. Por ello, solicitó revocar
la improcedencia, estudiar de fondo los cargos y conceder el amparo.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación
presentada por la Compañía de Seguros Generales, Nacional de Seguros S.A., de
conformidad con lo establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y el
Acuerdo 080 de 20199 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sección determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse
la decisión de primera instancia de 15 de mayo de 2026, proferida por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado al interior del presente mecanismo
constitucional.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad,
y (iii) el caso en concreto.

7 El fallo fue notificado mediante correo electrónico enviado el 26 de junio de 2026, la impugnación

se presentó el 2 de julio de 2026. El 8 de julio de 2026, se concedió la impugnación.
8 Insistió en el desconocimiento de las siguientes providencias: 15 de octubre de 2020, Exp. 2014-

00538-01 (24765); 18 de marzo del 2022, Exp. 110010326000-2021-00136-00; 15 de octubre del
2015, Exp. 44001233100020120002902 (48520); y 21 de febrero de 2025, Exp. 250002336000-
2014-01057-03 (70.108).
9 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

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2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 10
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema11.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales12.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta
pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de
2022, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de frente a este
requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de

10 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. acción de tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
12 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

Sobre el particular, se considera que, tal y como lo expuso el a quo, este asunto no
es relevante constitucionalmente, como se pasará a explicar.

En primera medida se recuerda que los fundamentos de la solicitud de amparo se
enmarcaron en la configuración de los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente.

Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le
está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los
jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente
en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro
del trámite de tutela, dado que, de no hacerlo, se atentaría contra el principio de
autonomía judicial y así, en últimas, se convertiría el mecanismo constitucional en
una tercera instancia.

Además, si bien la tutela puede ser procedente para controvertir decisiones de
cualquier grado, sin excluir las de las corporaciones de cierre, también es importante
resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional hace especial énfasis en la
carga argumentativa que se debe tener cuando se pretenda dejar sin efectos una
decisión de la Sección que la Constitución Política14 y la ley15 determinaron como
suprema autoridad en la materia, lesión que se podría sintetizar en una actuación
«arbitraria o violatoria de derechos fundamentales16».

Ahora, para resolver este asunto, resulta pertinente resaltar que los argumentos de
ambos cargos se podrían resumir en una indebida interpretación del numeral 2º. del
artículo 442 del CGP, porque, según la accionante, podía formular excepciones
distintas a las contempladas en dicha normativa, al estar en presencia de un título
ejecutivo complejo, sin embargo, de entrada es posible concluir que dicho alegato

14 «Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal

supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. […]»
(Énfasis de la Sala).
15 Ver Ley 270 de 1996: «Artículo 34. INTEGRACION Y COMPOSICION. Modificado por el Artículo

9 de la Ley 1285 de 2009. El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la
misma Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas
superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que
se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura». (Énfasis de
la Sala).
16 Ver al respecto SU-573 de 2019: «Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional

orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se
fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a la independencia
de los jueces ordinarios». (Énfasis de la Sala)

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no cuenta con la carga argumentativa mínima para ser estudiado en el marco de la
trasgresión de derechos fundamentales, porque además de ser una reiteración de
lo ya resuelto en sede ordinaria, a primera vista, es posible colegir que no se
desvirtúa la consideración realizada por el máximo tribunal de lo contencioso
administrativo, que estableció que las excepciones propuestas eran improcedentes
tanto en títulos simples como complejos porque estaban dirigidas a controvertir la
legalidad de los actos administrativos que los integran, y su estudio desnaturalizaría
el proceso ejecutivo e invadía la competencia del juez del proceso declarativo.

En efecto, a primera vista, no resultan irrazonadas las conclusiones del tribunal
relativas a que las excepciones planteadas por la parte ejecutada, pese a su
denominación, pretendían cuestionar la validez de la Resolución 85 de 2018, pues
buscaban establecer que el amparo de estabilidad no podía haberse declarado
afectado sin la entrega final de la obra, y aunque se reconociera que se estaba en
presencia de un título ejecutivo complejo, ello no permitía debatir, dentro del proceso
ejecutivo, la legalidad de los actos administrativos que lo integraban.

Al respecto, esta Sala advierte que el juez natural de la causa se enfrenta a múltiples
posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación y aplicación de normas a
un caso en específico17, y no le corresponde al juez constitucional señalar cuál de
tales posibilidades es la «correcta», pues se vulneraría la independencia y
autonomía con la que cuenta el funcionario que conoce el trámite ordinario, donde
cabe destacar que, de hacerlo, esta Sección se convertiría en una tercera instancia.

Por eso, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este presupuesto, en
atención a que no se justificó la presencia de una posible trasgresión de las
garantías constitucionales del tutelante por parte de la autoridad judicial de segundo
grado demandada.

De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la controversia
planteada por el accionante, la Sala advierte que esta no se encuentra ligada a la
satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional, máxime cuando sus
argumentos fueron resueltos por el juez natural de la causa, lo que implica que la
tutela se torna improcedente.

En este sentido, para esta Sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de la parte tutelante, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»18 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.

2.6. Conclusión

Así las cosas, se confirmará la decisión que declaró la improcedencia del

17 Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.

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Demandante: Nacional de Seguros S.A.- Compañía de Seguros Generales
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02418-01

mecanismo constitucional de la referencia, por las razones aquí expuestas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

3. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de 15 de mayo de 2026, de la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente el
mecanismo de amparo.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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