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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00136-00

Fecha
18 de marzo de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00136-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión presentado por los señores Luis Ángel Gallego Quintero y otros contra la sentencia dictada el 5 de marzo de 2020 por el Tribunal Administrativo del Quindío, en el proceso ejecutivo con radicado 63001-33-33-003-2017-00503-03. SEGUNDO: CONDENAR en costas, a los recurrentes Luis Ángel Gallego Quintero, Leonila Gómez de Gallego, María Amparo Orozco González, Juan Fernando Gallego Bedoya, Luis Ángel Gallego Orozco, Gloria Nancy Bedoya Orozco, Ruby Gallego Gómez y Ludivia Gallego Gómez, las cuales serán liquidadas por la Secretaría de la Sección Tercera, teniendo en consideración las expensas demostradas en el proceso y con base en los siguientes porcentajes: Porcentaje respecto de la Recurrente totalidad de las costas Luis Ángel Gallego Quintero 14,16% Leonila Gómez de Gallego 14,16% María Amparo Orozco González 14,16% Juan Fernando Gallego Bedoya 14,16% Luis Ángel Gallego Orozco 14,16% Gloria Nancy Bedoya Orozco 14,16% Ruby Gallego Gómez 7,5% Ludivia Gallego Gómez 7,5% Por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte recurrente se fija el monto equivalente a tres (3) smlmv a la fecha de ejecutoria de esta providencia, para Seguros Generales Suramericana S.A. 21 Radicación: 11001-03-26-000-2021-00136-00 No. Interno: 67.174 Actor: Luis Ángel Gallego Quintero y otros Demandado: Seguros Generales Suramericana S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011) TERCERO: Cumplido lo anterior, el expediente debe regresar al despacho de la consejera ponente para considerar la aprobación de la liquidación de la condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2021-00136-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

18 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00136-00 (67.174)

Actor: LUIS ÁNGEL GALLEGO QUINTERO Y OTROS

Demandado: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – LEY 1437 DE 2011

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Nulidad originada en la sentencia
• También procede contra las sentencias dictadas en el marco de procesos ejecutivos, por
cuanto el legislador no los excluyó de tal mecanismo / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN
SEGUNDA INSTANCIA – Concepto y límites – La competencia de la segunda instancia
está limitada por los cargos de apelación y por los asuntos susceptibles de ser declarados
de oficio / JUEZ DE EJECUCIÓN – Debe verificar, incluso de forma oficiosa, los requisitos
de existencia del título ejecutivo, de tal manera que no exista equívoco acerca de que se
trate de una obligación clara, expresa y exigible – En caso de que el título ejecutivo lo
constituya una providencia judicial, se debe determinar si la parte ejecutada ostenta la
calidad de deudor / AGENCIAS EN DERECHO – Fijación de conformidad con las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por los señores Luis
Ángel Gallego Quintero y otros contra la sentencia dictada el 5 de marzo de 2020
por el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual se revocó el fallo
proferido por el Juzgado 3° Administrativo del Circuito de Armenia el 21 de agosto
de 2019.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Esta jurisdicción emitió condena patrimonial a favor de los recurrentes con ocasión
de la muerte del señor Luis Ángel Gallego Gómez, a cargo de la Clínica Central del
Quindío S.A., a la cual Seguros Generales Suramericana S.A. le debía reembolsar
las sumas ordenadas hasta el tope máximo asegurado.

La parte actora solicitó la ejecución de la anterior condena, para lo cual, dada la
liquidación de tal clínica, se vinculó de manera oficiosa a la aseguradora y,
finalmente, se ordenó seguir adelante la ejecución en su contra, decisión revocada

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00136-00
No. Interno: 67.174
Actor: Luis Ángel Gallego Quintero y otros
Demandado: Seguros Generales Suramericana S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

en segunda instancia, porque el juez no estaba facultado para llamar al proceso
“posibles deudores solidarios” que no fueron citados por el ejecutante.

Los interesados promovieron un nuevo proceso ejecutivo contra dicha aseguradora
y, agotado el trámite pertinente, se dictó sentencia en su contra, la que fue revocada
el 5 de marzo de 2020 por el Tribunal Administrativo del Quindío, por considerar
que no le asistía legitimación, en cuanto no estaba llamada a pagar la condena.

La anterior decisión, a juicio de los recurrentes, desconoce la solidaridad declarada
en proceso anterior y el principio de congruencia, por tratarse de una excepción que
no estaba consagrada en el artículo 442 del CGP.

II. ANTECEDENTES

1. Proceso en el que se profirió la sentencia objeto de revisión

1. A los accionantes se les reconoció indemnización por la muerte del señor Luis
Ángel Gallego Gómez, a cargo de la Clínica Central del Quindío S.A., mediante la
sentencia del 4 de abril de 2011, proferida por el Juzgado 1° Administrativo de
Descongestión del Circuito de Armenia, la cual fue modificada el 29 de mayo de
2015 por el Tribunal Administrativo del Quindío, en lo relacionado con el monto de
la condena que dicha clínica debía pagar a los demandantes.

Adicionalmente, en tal sentencia se dispuso que Seguros Generales Suramericana
S.A. reembolsaría lo que la Clínica Central del Quindío pagara a favor de los
accionantes y hasta el tope máximo asegurado, de conformidad con la póliza de
responsabilidad extracontractual vigente para la época de los hechos.

2. El 30 de noviembre de 2017, los señores Luis Ángel Gallego Quintero y otros1, a
través de apoderado judicial, presentaron demanda ejecutiva contra Seguros
Generales Suramericana S.A.2, con el fin de que se librara mandamiento de pago
con fundamento en la referida condena.

El 21 de febrero de 2018, se libró mandamiento de pago contra la citada
aseguradora3, la cual propuso como excepciones, entre otras, “la inexistencia del
título ejecutivo”, por cuanto no era deudora, dado que en el proceso declarativo se

1
La parte ejecutante estaba conformada por las siguientes personas: Luis Ángel Gallego Quintero,
Leonila Gómez de Gallego, Gloria Nancy Bedoya Orozco, Juan Fernando Gallego Orozco, María
Amparo Orozco González, Luis Ángel Gallego Orozco, Ruby y Ludivia Gallego Gómez.
2
Antes Compañía Agrícola de Seguros S.A.
3
La cual se formuló contra Seguros Generales Suramericana S.A.
2

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00136-00
No. Interno: 67.174
Actor: Luis Ángel Gallego Quintero y otros
Demandado: Seguros Generales Suramericana S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

determinó que lo que tenía a su cargo era una obligación de reembolso a favor de
la clínica referida, en virtud de una póliza de seguro, sin que tuviese una relación
directa con los ejecutantes, en cuanto no fue tal aseguradora la que causó el daño
que se ordenó indemnizar .

A través de sentencia del 21 de agosto de 2019, el Juzgado 3° Administrativo del
Circuito de Armenia desestimó los argumentos de la ejecutada y ordenó seguir
adelante con la ejecución en lo concerniente a los perjuicios morales reconocidos a
cada demandante, sin incluir lo referente a la condena por pérdida de oportunidad.

La anterior sentencia fue apelada por las partes. La parte ejecutada para insistir en
que no tenía la calidad de deudora. Los ejecutantes para que se siguiera la
ejecución frente a todos los conceptos solicitados.

El 5 de marzo de 2020, el Tribunal ad quem resolvió los recursos interpuestos, en
el sentido de revocar la decisión del a quo, para, en su lugar, declarar probada la
“excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva”, porque, de conformidad
con el título ejecutivo, la aseguradora accionada no tenía obligación alguna con la
parte ejecutante.

2. Recurso extraordinario de revisión presentado en el sub lite

El 11 de junio de 20214, los señores Luis Ángel Gallego Quintero, Leonila Gómez
de Gallego, María Amparo Orozco González, Juan Fernando Gallego Bedoya, Luis
Ángel Gallego Orozco, Gloria Nancy Bedoya Orozco, Ruby Gallego Gómez y
Ludivia Gallego Gómez presentaron recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia del 5 de marzo de 2020, proferida en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo del Quindío.

Al respecto, los recurrentes invocaron la causal contemplada en el numeral 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 20115, consistente en la nulidad originada en la
sentencia, porque, a su juicio, se vulneró la garantía del debido proceso, por
desconocimiento del principio de congruencia.

4
Índice 2 de Samai.
5
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión: (…).
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación (…)”.
3

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00136-00
No. Interno: 67.174
Actor: Luis Ángel Gallego Quintero y otros
Demandado: Seguros Generales Suramericana S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

Lo anterior, porque el Tribunal ad quem solo podía pronunciarse respecto de las
excepciones señaladas “taxativamente” en el artículo 442 del CGP, pese a lo cual
declaró probaba de oficio la de “falta de legitimación en la causa por pasiva”.

Adicionalmente, en el fallo objeto de revisión se pasó por alto que la parte actora
había promovido con anterioridad otro proceso ejecutivo por la misma condena, en
el cual en primera instancia se dictó sentencia contra Seguros Generales
Suramericana S.A.; sin embargo, en la segunda instancia el Tribunal Administrativo
del Quindío declaró su falta de legitimación en la causa por pasiva, en cuanto no
había sido demandada, sino vinculada de manera oficiosa.

Con todo, tal corporación explicó que entre la referida clínica y Seguros Generales
Suramericana S.A. se configuró una “solidaridad”, de ahí que resultara posible
ejercer el derecho contra tal aseguradora.

No obstante, al promover el respectivo proceso ejecutivo, a través del fallo objeto
de revisión, se indicó que dicha solidaridad no existía y, por ende, se concluyó que
no era posible seguir adelante con la ejecución, lo cual generó que la parte actora
no obtuviera el pago de la condena impuesta a su favor en el proceso declarativo.

2.2. Trámite del recurso extraordinario de revisión

Por medio de auto del 17 de septiembre de 20216 se admitió el recurso
extraordinario de revisión7, decisión que fue notificada en debida forma a la parte
demandada y al Ministerio Público8.

2.3. Contestación del recurso extraordinario

La sociedad Seguros Generales Suramericana S.A.9 sostuvo que en el título
ejecutivo se estableció que esa aseguradora debía reembolsar las sumas que la
Clínica Central del Quindío S.A. pagara a los accionantes hasta el tope máximo
asegurado, obligación que cumplió, mediante consignación del 7 de octubre de 2015
a favor de la referida clínica.

6
A través de auto notificado el 3 de agosto de 2021, la magistrada conductora del proceso inadmitió
el recurso de revisión con la finalidad de que la parte demandante precisara las razones por las
cuales se configuraba alguna de las causales de nulidad de la sentencia y aportara copia de la
sentencia objeto de revisión, junto con su constancia de ejecutoria. Índices 4 a 7 de Samai.
7
La parte recurrente allegó memorial de subsanación. Índice 8 de Samai.
8
Índices 12, 13, 17 y 18 de Samai.
9
Índice 19 de Samai.
4

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00136-00
No. Interno: 67.174
Actor: Luis Ángel Gallego Quintero y otros
Demandado: Seguros Generales Suramericana S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

Por lo anterior, era claro que no se encontraba legitimada en la causa por pasiva,
por cuanto “en últimas no fue la destinataria de la condena”, por lo que la decisión
del Tribunal ad quem “no fue arbitraria, ni caprichosa”; además, el proceso ejecutivo
se adelantó sin vulneración alguna de las garantías procesales de las partes.

Finalmente, la demandada indicó que el fallo objeto de revisión quedó en firme el
11 de marzo de 2020, por ende, el recurso extraordinario de la referencia no fue
oportuno10.

2.3.3. El Ministerio Público guardó silencio.

2.4. Etapa probatoria

A través de providencia del 15 de febrero de 202211, a solicitud de la parte
recurrente, se decretaron como pruebas los documentos allegados con el recurso
extraordinario de revisión y se ordenó oficiar al Juzgado 3° Administrativo del
Circuito de Armenia para que remitiera los expedientes de los dos procesos
ejecutivos invocados por los recurrentes y la sentencia de reparación directa
proferida el 29 de mayo de 2015, por el Tribunal Administrativo del Quindío12. Tales
piezas procesales fueron allegadas en formato digital el 25 de febrero de este mismo
año13.

El sub lite ingresó al despacho para dictar sentencia el 14 de marzo siguiente14.

III. CONSIDERACIONES

1. Régimen aplicable

Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la
fecha de presentación del recurso extraordinario –11 de junio de 2021-, las cuales
corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011, con las modificaciones

10
A través de auto notificado el 30 de noviembre de 2021, la magistrada ponente requirió al abogado
Héctor Jaime Giraldo Duque para que allegara el poder a él conferido por Seguros Generales
Suramericana S.A., lo cual se cumplió el 9 de diciembre siguiente. Índices 21 a 25 de Samai.
11
Índice 27 de Samai.
12
Providencia judicial que constituyó el título ejecutivo en virtud del cual la parte recurrente presentó
dos demandas ejecutivas, respectivamente, contra la Clínica Central del Quindío y Seguros
Generales Suramericana S.A., respectivamente.
13
Índice 31 de Samai.
14
Según informe secretarial que obra a índice 37 de Samai.
5

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00136-00
No. Interno: 67.174
Actor: Luis Ángel Gallego Quintero y otros
Demandado: Seguros Generales Suramericana S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

establecidas en la Ley 2080 de 202115, así como el C.G.P.16 y el Decreto 806 de
2020 -en lo no regulado por las disposiciones citadas-.

2. Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de 201117, la
Subsección es competente para decidir el recurso extraordinario de revisión de la
referencia.

3. Procedencia del recurso extraordinario de revisión

De acuerdo con el artículo 248 de la Ley 1437 de 201118, el recurso extraordinario
de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones
y subsecciones del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los
Jueces Administrativos, las cuales pueden ser invalidadas en los casos previstos
expresamente por el legislador en el artículo 250 ejusdem, sin que se trate de una
tercera instancia19.

La Sala encuentra oportuno destacar que el artículo citado dispuso que el recurso
extraordinario de la referencia se puede ejercer contra todas las sentencias
ejecutoriadas proferidas en esta jurisdicción, al margen de que se dicten en un
proceso declarativo o ejecutivo20.

Así las cosas, es susceptible de ser analizado en sede de revisión extraordinaria el
fallo proferido el 5 de marzo de 2020, por el Tribunal Administrativo del Quindío, que

15
Publicada en el Diario Oficial No. 51.568 de 25 de enero de 2021, razón por la cual, cumplida su
promulgación, entró a regir al día siguiente. Al respecto, se precisa que el recurso de la referencia
se presentó en vigor de la nueva normativa, dado que se radicó el 11 de junio del año citado.
16
En virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
17
“Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del consejo de estado conocerá la sala plena de lo contencioso
administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los tribunales
administrativos conocerán las secciones y subsecciones del consejo de estado según la
materia” (se destaca). Este artículo fue adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080 de 2021.
18
“Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.
19
Ver, entre otros, los siguientes pronunciamientos de la Sección Tercera, Subsección A: i) sentencia
del 14 de junio de 2019, C.P. María Adriana Marín, exp: 50.330; ii) sentencia del 8 de mayo de 2019,
exp: 46.453 y iii) sentencia del 5 de octubre de 2016, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp:
41.222.
20
Esta Corporación ha reconocido la procedencia del recurso extraordinario de revisión contra
sentencias dictadas en procesos ejecutivos, para lo cual se pueden consultar las siguientes
providencias: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 3 de junio de 2021, C.P: William Hernández Gómez, exp; 4483-17 (REV)
y ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión,
sentencia de 6 de octubre de 2020, C.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, exp: 2020-00085-00 (REV),
entre otras.
6

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00136-00
No. Interno: 67.174
Actor: Luis Ángel Gallego Quintero y otros
Demandado: Seguros Generales Suramericana S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

revocó el dictado el 21 de agosto de 2019 por el Juzgado 3° Administrativo del
Circuito de Armenia.

4. Oportunidad del recurso

La sentencia objeto de revisión se profirió el 5 de marzo de 2020, en vigor de la Ley
1437 de 2011, por tal razón, el término para promover el recurso de revisión es el
establecido en el artículo 251 ejusdem, que prevé:

“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva
sentencia.

En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente,
deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
sentencia penal que así lo declare.

En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente
a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso” (se resalta).

En las condiciones analizadas, el término para acudir ante esta jurisdicción, en virtud
del mecanismo extraordinario analizado, era de un año contado a partir de la
ejecutoria de la sentencia cuestionada, lo que en el sub lite ocurrió el 11 de marzo
de 202021.

Así las cosas, el recurso de la referencia debía presentarse, en principio, entre el 12
de marzo de 2020 y el 12 de marzo de 2021; no obstante, mediante el Decreto
Legislativo 564 de 15 de abril de 2020, se señaló que los términos judiciales se
entendían suspendidos desde el 16 de marzo de ese año hasta el día en que el
Consejo Superior de la Judicatura los reanudara22, lo que sucedió a partir del 1° de
julio siguiente23.

21
Según constancia de ejecutoria que obra en el índice 8 de Samai.
22
“Artículo 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y
de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones,
medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean
de días, meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día
que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales.
El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente
a la fecha en que cese la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior
de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión de términos por dicha
Corporación, el plazo que restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad
era inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al
levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente (…)” (se
destaca).
23
A través de Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020.
7

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00136-00
No. Interno: 67.174
Actor: Luis Ángel Gallego Quintero y otros
Demandado: Seguros Generales Suramericana S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

De este modo, el plazo en el sub lite corrió: i) entre el 12 de marzo de 2020 y el 15
de marzo siguiente -4 días-; y ii) y del 1º de julio de 2020 al 26 de junio de 2021,
término dentro del cual se ejerció el derecho de acción, pues los recurrentes
procedieron de conformidad el 11 de junio de 2021.

5. Alcance del recurso de revisión y de la causal establecida en el numeral 5
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011

La Sala precisa que las sentencias analizadas en sede de revisión solo pueden ser
invalidadas en los casos previstos expresamente por el legislador en el artículo 250
de la Ley 1437 de 2011, sin que se equipare una tercera instancia del proceso
pertinente24, tal como lo ha sostenido la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
de esta Corporación:

“El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la
tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto
objeto del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice
una vez más (…).

En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta
con trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro
del debido proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la
legalidad de una sentencia ejecutoriada (…)”25 (se resalta).

De este modo, la finalidad del recurso revisión no es la de cuestionar la sentencia
proferida dentro de un proceso ordinario, sino que su naturaleza extraordinaria
implica que proceda en determinadas y especiales circunstancias taxativamente
consagradas en la ley, las cuales, en todo caso, no deben ser imputables al afectado
con el fallo. Así lo ha precisado la jurisprudencia26:

“Dada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé como uno
de los requisitos para su procedencia, el que las razones o motivos que
constituyen las causales del recurso no hayan sido provocadas ni le sean
imputables al afectado con la sentencia, en el entendido de que este recurso no
consagra una nueva instancia, ni prevé oportunidades para que las partes
subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir
durante el trámite del proceso”.

24
Ver, entre otros, los siguientes pronunciamientos de la Sección Tercera, Subsección A: i) sentencia
del 14 de junio de 2019, C.P. María Adriana Marín, exp: 50.330; ii) sentencia del 8 de mayo de 2019,
exp: 46.453 y iii) sentencia del 5 de octubre de 2016, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp:
41.222.
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 12 de agosto de
2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, exp: 2013-02110.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 8 de mayo de 2019, exp: 54.722.
8

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00136-00
No. Interno: 67.174
Actor: Luis Ángel Gallego Quintero y otros
Demandado: Seguros Generales Suramericana S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

El Consejo de Estado ha establecido que cuando se invoca la causal de revisión
establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, el recurso
extraordinario debe fundarse en la configuración de: i) las causales de nulidad
procesal previstas taxativamente en el artículo 133 del Código General del Proceso,
siempre que estas se prediquen de la sentencia27 o de ii) los supuestos que, según
la jurisprudencia, constituyen una violación del debido proceso28, así:

a. Haberse dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con
violación al debido proceso.
b. Haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue vinculada
al proceso.
c. Proferir una sentencia sin motivarla.
d. Dictar un fallo inhibitorio injustificado.
e. Desconocer el principio de congruencia.

Aunado a ello, de acuerdo con lo manifestado por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado29, podrían existir supuestos adicionales que
enmarquen en la violación del debido proceso y, por ende, den lugar a la causal de
nulidad originada en sentencia, la cual no se agota de manera exhaustiva en los
eventos señalados30.

Con todo, al amparo de la violación del debido proceso no es posible plantear
argumentos que tienen como propósito convertir el recurso extraordinario en una
instancia adicional del proceso ordinario precedente, pues este mecanismo no tiene
como finalidad que las partes insistan en las razones por las cuales consideran que
las pretensiones iniciales tenían o no vocación de prosperidad.

En cuanto a la violación del principio de congruencia, esta Corporación ha sostenido
que su desconocimiento afecta la validez del fallo, por cuanto implica la adopción

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Revisión,
sentencia del 7 de junio de 2016, C.P. Jorge Octavio Ramírez, exp. 2015-02493-01 (REV).
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 20 de febrero de 2020, C.P: María Adriana Marín, exp: 2019-03861-01 (AC).
29
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de
2018, C.P: Alberto Yepes Barreiro, exp: 1998-153-01(REV). Se precisa que la magistrada ponente
de esta providencia no acompañó el criterio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
anteriormente transcrito, en el sentido de darle un entendimiento más amplio a la causal que se
revisa, en tanto se considera que impartir un tratamiento abierto a las causales de nulidad puede
transgredir la seguridad jurídica por repercutir en la taxatividad del régimen de nulidades. No
obstante, en esta providencia se acata la postura mayoritaria de la Sala para estimar cumplido el
requisito formal relativo a la indicación y sustentación de la causal de revisión.
30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial de
Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021, exp. 2020-003697-00 (REV).
9

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00136-00
No. Interno: 67.174
Actor: Luis Ángel Gallego Quintero y otros
Demandado: Seguros Generales Suramericana S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

de una decisión por parte del juez sin tener facultades para ello, de ahí que se
considere que da lugar a la causal de revisión contemplada en el numeral 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 201131.

El artículo 281 del Código General del Proceso establece que “[l]a sentencia deberá
estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y
en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá
condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido
en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta”32.

Como consecuencia, a la correspondiente autoridad judicial le está vedado imponer
condena que supere las súplicas del demandante o pronunciarse sobre aspectos
distintos a los debatidos a lo largo del proceso por las partes, sin perjuicio del
ejercicio de sus facultades oficiosas33.

El principio de congruencia no solo constituye un límite para el juez de primera
instancia, sino también para el de segunda instancia, supuesto que precisamente
se alegó en el sub lite, pues los recurrentes sostuvieron que el Tribunal
Administrativo del Quindío declaró probada de oficio una excepción distinta a las
señaladas taxativamente en el artículo 442 del CGP, lo cual generó que no pudiera
obtener el pago de la condena proferida a su favor, argumentos que se analizarán
a continuación.

5.1. Principio de congruencia en segunda instancia

El principio de congruencia se vulnera en la segunda instancia cuando se resuelve
el recurso de apelación desbordando los temas objeto de la alzada, salvo el ejercicio
de las facultades oficiosas.

El superior resolverá sin limitaciones solo en el evento en el que “toda la sentencia”
sea apelada por ambas partes, bien sea de manera principal o adhesiva.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 328 del CGP y 187 de la

31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 10 de marzo de 2017, C.P: Sandra Lisset Ibarra Vélez, exp: 2014-00897-00.
32
La doctrina ha definido el principio de congruencia, así: “[e]l principio normativo que exige la
identidad jurídica entre lo resuelto, en cualquier sentido, por el Juez en la sentencia y las pretensiones
y excepciones planteadas por las partes” DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Teoría General del Proceso,
editorial universidad, página 49.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 25 de
enero de 2018, C.P: María Elizabeth García González, exp: 2013-00911.
10

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00136-00
No. Interno: 67.174
Actor: Luis Ángel Gallego Quintero y otros
Demandado: Seguros Generales Suramericana S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

Ley 1437 de 2011, a cuyo tenor:

“Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante,
sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único,
salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella” (…) (se resalta).

La segunda de las normas citadas -el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011- prevé
que en la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no
impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus” (se destaca).

En suma, la competencia funcional del juez de segunda instancia la delimitan: i) las
referencias fácticas, jurídicas y argumentativas que se esgrimen contra la decisión
que se impugna34, por lo que al ad quem le está vedado enmendar la providencia
en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que debido a la reforma fuere
indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con la
apelación35.

ii) la facultad oficiosa del superior de declarar el incumplimiento de alguno de los
presupuestos necesarios de la acción o requisitos indispensables para que el
proceso pueda ser definido de fondo, verbi gratia, la caducidad, la falta de
legitimación en la causa, la indebida escogencia de la acción, el pago previo o la

34
“Así pues, al ad quem le está vedado, en principio y salvo algunas excepciones, revisar temas del
fallo de primera instancia que no fueron objeto de impugnación y, por lo tanto, debe decirse que,
frente a dichos aspectos, termina por completo la controversia. Ello en garantía de los derechos a la
defensa, doble instancia y debido proceso que le asiste a los sujetos procesales”. Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión, sentencia del 22 de
enero de 2021, C.P: William Hernández Gómez, exp: 2017-03156-00(REV).
35
“Vale la pena aclarar que, en principio, los temas no propuestos en el recurso de apelación serían
llamados a eliminarse del conocimiento del juez ad quem; pero cuando se trate de puntos
íntimamente relacionados con la apelación el superior también goza de competencia” Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de
diciembre de 2017, exp: 54.440. También se puede consultar Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, sentencia del 25 de enero de 2008, M.P: William Namén Vargas, exp: 2002-00373-
01.
11

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00136-00
No. Interno: 67.174
Actor: Luis Ángel Gallego Quintero y otros
Demandado: Seguros Generales Suramericana S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

interposición de los recursos obligatorios, según el medio de control ejercido, lo cual
es procedente aún en los casos en los que se trate de un apelante único36.

El derecho de las partes a que entre la sentencia de segunda instancia y el objeto
de la apelación exista plena correspondencia, implica para ellas el deber de indicar
en su recurso de manera precisa los aspectos que no comparten y las razones que
las llevan a disentir de la decisión de primer grado, al punto de que los temas frente
a los cuales guardan silencio se entienden aceptados y, por ende, se asume que
han sido excluidos de la posibilidad de ser analizados por el superior.

Así las cosas, “lo que no es materia de impugnación se tiene como consentido, sea
beneficioso o perjudicial, por lo que (…) cualquier recurso (…) se resuelve en la
medida de los agravios expresados”37.

5.2. Congruencia en materia de excepciones en procesos ejecutivos

A juicio de los recurrentes, el principio de congruencia en los procesos ejecutivos se
encuentra limitado por lo previsto en el artículo 442 del CGP, a cuyo tenor:

“Artículo 442. Excepciones. La formulación de excepciones se someterá a las
siguientes reglas:

1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento
ejecutivo el demandado podrá proponer excepciones de mérito (…).

2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia,
conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo
podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión,
novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en
hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida
representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de
la cosa debida.

3. El beneficio de excusión y los hechos que configuren excepciones previas
deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago (…)” (se
destaca).

Los recurrentes consideran que en materia de ejecución de sentencias solo es
posible alegar y decretar las excepciones señaladas en la norma citada, de ahí que,
en virtud del principio de taxatividad, no resulte de recibo la de falta de legitimación

36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, C.P: Danilo Rojas Betancourth, exp: 46.005.
37
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de octubre de 2016, M.P: Ariel
Salazar Ramírez, exp: 2013-02839-00.
12

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00136-00
No. Interno: 67.174
Actor: Luis Ángel Gallego Quintero y otros
Demandado: Seguros Generales Suramericana S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

en la causa por pasiva –la cual en todo caso no se encuentra consagrada como
excepción previa en el artículo 100 del CGP–.

En principio, según la norma citada, podría afirmarse que cuando el título ejecutivo
es una providencia judicial, las excepciones están limitadas a la lista taxativa allí
señalada; sin embargo, tal disposición aplica sin perjuicio de la verificación que se
debe hacer del título ejecutivo, frente a lo cual en materia civil se ha sostenido:

“De esta manera, aun en segunda instancia, es deber de los jueces, inclusive,
de manera oficiosa, estudiar los requisitos formales o sustanciales de los
documentos base de recaudo, y determinar si estos consisten en títulos
ejecutivos complejos o singulares”38.

En efecto, el Consejo de Estado39 y la Corte Suprema de Justicia40 han indicado
que la hermenéutica que ha de dársele al artículo 442 del CGP no excluye la
potestad y/o deber que tienen los operadores judiciales de revisar –incluso de
oficio– que el título ejecutivo se ajuste a los parámetros del artículo 422 ejusdem, el
cual establece, entre otros, que el título debe obligar al ejecutado, es decir, que este
debe tener la calidad de deudor:

“Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra
él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal
de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias
que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios
de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La
confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero
sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184” (se destaca).

En virtud de lo anterior, puede exigirse ejecutivamente toda obligación que conste
en acto o documento que provenga del deudor o de su causante y constituya por sí
solo, según la ley, plena prueba contra él41.

38
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 27 de enero de 2021, M.P: Luis
Armando Tolosa Villabona, exp: STC290-202, reiterada en sentencia del 19 de enero de 2022, M.P:
Álvaro Fernando García Restrepo, exp: STC081-2022.
39
Al respecto, ver las siguientes providencias dictadas por la Sección Tercera de esta Corporación:
i) Subsección A, sentencia del 1° de febrero de 2018, C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera exp:
40.254; ii) Subsección B, sentencia del 9 de julio de 2021, C.P: Martín Bermúdez Muñoz y iii)
Subsección C, sentencia del 8 de noviembre de 2016, C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, exp:
52.779.
40
Consultar las siguientes sentencias proferidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia: i) sentencia del 24 de noviembre de 2021, M.P: Octavio Augusto Tejeiro Duque, exp:
STC15788-2021 y ii) sentencia del 28 de mayo de 2020, M.P: Octavio Augusto Tejeiro Duque, exp:
2020-01072-00.
41
BEJARANO GUZMÁN, Ramiro, Procesos declarativos, arbitrales y ejecutivos, editorial Temis,
novena edición, página 473
13

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00136-00
No. Interno: 67.174
Actor: Luis Ángel Gallego Quintero y otros
Demandado: Seguros Generales Suramericana S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

En el caso de las obligaciones de pago derivadas de sentencias, el título no proviene
del deudor, sino de un tercero –la autoridad judicial correspondiente–, de ahí que el
requisito citado en tal escenario tiene como propósito que se establezca que el
sujeto al que se cita como ejecutado, en efecto, sea el sujeto pasivo de la obligación
de pago, es decir, que tenga la condición de deudor42.

El juez de ejecución debe comprobar, al momento de dictar sentencia, las siguientes
situaciones43: i) en el evento de proposición de excepciones, se estudiará la
existencia y titularidad del derecho que se pretende ejecutar y ii) aún en la ausencia
de un ataque al derecho que se pide, se debe tener certeza sobre los requisitos del
título, de tal manera que no se presenten dudas acerca de que se trate de una
obligación clara, expresa y exigible44, lo cual, incluso debe hacer de oficio, y con
mayor razón cuando ese es el punto de la apelación interpuesta contra la sentencia
de primera instancia –como en el sub lite–.

6. Caso concreto

En el sub lite los recurrentes consideran que el Tribunal Administrativo del Quindío,
en segunda instancia, desconoció el principio de congruencia, porque esa autoridad
judicial declaró probada de oficio “la falta de legitimación en la causa por pasiva”;
excepción no se encuentra consagrada taxativamente en el artículo 442 del CGP.

Adicionalmente, explicaron que en la sentencia objeto de revisión se pasó por alto
que en un proceso ejecutivo que promovieron con anterioridad contra la Clínica
Central del Quindío, el Tribunal ad quem señaló que Seguros Generales
Sudamericana S.A. tenía la condición de deudora solidaria.

Para resolver lo expuesto se señalarán los hechos que resultaron probados.

42
Sobre la denegatoria de pretensiones cuando el documento no proviene del deudor o su causante,
se puede consultar las siguientes providencias dictadas por esta Corporación: i) Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 44.687 y ii) Sección
Tercera, auto del 31 de julio de 2003, C.P: María Elena Giraldo Gómez, exp: 22.966.
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 10 de septiembre de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 48.228.
44
Por su parte, la doctrina ha señalado: “No resulta lógico que el operador judicial observe que
efectivamente existe un hecho probado que invalida el título y, a pesar de ello, decida
continuar con el proceso. Tal conducta, además de ser contrario al debido proceso constitucional,
desconocería los específicos deberes funcionales (…) Lo que no es posible es intentar verificar la
legalidad al momento de liquidar el crédito, pues esa oportunidad precluye al dictarse la sentencia
ejecutiva respectiva” (se destaca). RODRÍGUEZ TAMAYO, Mauricio Fernando, la acción ejecutiva
ante la jurisdicción administrativa, sexta edición, Editorial Jurídica Sánchez R. S.A.S., página 798.
También se puede consultar VELÁSQUEZ GÓMEZ, Luis Guillermo, los procesos ejecutivos y
medidas cautelares, décimo tercera edición, Editorial Jurídica Sánchez R. S.A.S, páginas 129 y 130.
14

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00136-00
No. Interno: 67.174
Actor: Luis Ángel Gallego Quintero y otros
Demandado: Seguros Generales Suramericana S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

6.1. Hechos acreditados

1. El proceso ejecutivo en el que se profirió la sentencia objeto de revisión fue
promovido por los ahora recurrentes para que se librara mandamiento de pago
contra la aseguradora Seguros Generales Suramericana S.A., con el fin de obtener
el pago de la condena impuesta en sentencia del 29 de mayo de 2015, por el
Tribunal Administrativo del Quindío, debido a la muerte del señor Luis Ángel Gallego
Gómez.

En el marco de lo cual se decidió (se transcribe de forma literal, incluso con posibles
errores):

“PRIMERO: MODIFICASE el numeral SEGUNDO de la sentencia del cuatro
(04) de abril de dos mil once (2011) proferida por el Juzgado Administrativo de
Descongestión del Circuito de Armenia, en lo siguiente:

Luis Ángel Gallego Quintero, 60 salarios mínimos legales
Leonilla Gómez de Gallego mensuales vigentes al
(Padres de la víctima) Gloria momento del fallo de
Nancy Bedoya Orozco, María primera instancia para cada
Amparo Orozco González45 y uno.
Claudia Patricia Bedoya Orozco
(hijos de compañera de la víctima
directa) y Luis Ángel Gallego
Orozco (hijo de la víctima)
Edgar, Gloria, Erman, Fabián, 30 salarios mínimos legales
Ruby y Ludivia Gallego Gómez mensuales vigentes al
momento del fallo de
primera instancia para cada
uno.

No habrá lugar a reconocerse perjuicios materiales en la modalidad de lucro
cesante por lo anterior expuesto; sin embargo, se modifica la condena impuesta
a la Clínica Central del Quindío S.A., en el sentido de reconocer como
indemnización de perjuicio por el daño perdida de la oportunidad, la suma
equivalente a setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento
del fallo de primera instancia (70 smlmv) a favor de la masa sucesoral de Luis
Ángel Gallego.

SEGUNDO: Aclarar el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia en
el sentido de que la COMPAÑÍA AGRICOLA DE SEGUROS S.A. sucedida
por la COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A., deberá pagar a la
CLÍNICA CENTRAL DEL QUINDÍO las sumas materia de esta condena
hasta el tope máximo asegurado, en las condiciones previstas en el contrato
de seguros de responsabilidad civil extracontractual vigente a la fecha de los
hechos.

45
La cual se adicionó mediante auto proferido por el Tribunal ad quem el 21 de julio de 2015.
15

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00136-00
No. Interno: 67.174
Actor: Luis Ángel Gallego Quintero y otros
Demandado: Seguros Generales Suramericana S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

TERCERO: CONFÍRMESE en lo demás (…)” (se destaca).

2. El respectivo proceso ejecutivo fue definido en primera instancia por el Juzgado
3° Administrativo del Circuito de Armenia, el cual, a través de fallo del 21 de agosto
de 201946, ordenó seguir adelante con la ejecución, en lo referente a los perjuicios
morales reconocidos a cada demandante, pero no incluyó la condena por pérdida
de oportunidad.

2.1. La sentencia fue apelada, para que se tuviera en cuenta el referido rubro por
pérdida de oportunidad.

2.2. A su vez, la ejecutada apeló, entre otros aspectos, porque el título ejecutivo
establecía una obligación de reembolso a favor de la Clínica Central del Quindío, lo
cual implicaba que esa clínica debía efectuar el pago a los demandantes y la
aseguradora, por su parte, mantener indemne al asegurado, más no realizar pagos
directos a favor de los actores.

2.3. El 5 de marzo de 2020, el Tribunal Administrativo del Quindío resolvió los
recursos interpuestos, en el sentido de revocar la determinación del a quo por
cuanto la accionada no se encontraba “legitimada en la causa”47.

El Tribunal ad quem sostuvo que, si bien los artículos 100 y 442 del CGP no señalan
como excepción previa o de fondo la falta de legitimación en la causa por pasiva, lo
cierto es que el juez, al dictar sentencia, debía verificar el cumplimiento de los
requisitos del título ejecutivo.

Como consecuencia, esa autoridad judicial manifestó que, a pesar de que en
primera instancia se libró mandamiento de pago contra la ejecutada, al estudiar el
fallo dictado el 29 de mayo de 2015 era dable concluir que Seguros Generales
Suramericana S.A. no tenía una obligación frente a los ejecutantes, por cuanto la
referida aseguradora pagaría a la Clínica Central del Quindío “las sumas materia de
esta condena hasta el tope del máximo asegurado”.

El Tribunal de segunda instancia precisó que la clínica mencionada era la deudora
de los accionantes, además, se consideró que lo expuesto con anterioridad por esa
corporación en lo concerniente a la supuesta solidaridad frente a la aseguradora,

46
Elemento que obra en el índice 31 de Samai.
47
Ibídem.
16

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Actor: Luis Ángel Gallego Quintero y otros
Demandado: Seguros Generales Suramericana S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

fue un dicho de paso, por lo que no se podía considerar como una modificación a la
providencia que sirvió de título ejecutivo.

6.2. Falta de vulneración del principio de congruencia en el sub lite

Como se explicó, en los procesos ejecutivos en los que el título es una providencia
judicial proceden las excepciones expresamente señaladas en el numeral 2 del
artículo 442 del CGP, sin perjuicio del deber del juez de la ejecución –bien sea a
petición de parte o de oficio–de verificar que el título se ajuste a los parámetros
señalados en el artículo 422 ejusdem, dentro de los cuales, entre otros, se
encuentra el de carácter sustancial relacionado con la constatación efectiva de la
calidad de deudor.

En el sub examine la sentencia que constituía el título ejecutivo, es decir, la dictada
en el proceso de reparación directa el 29 de mayo de 2015, por el Tribunal
Administrativo del Quindío, delimitó la obligación a cargo de Seguros Generales
Suramericana, en el sentido de establecer que esa aseguradora reembolsaría lo
que dicha clínica pagara a favor de los accionantes y en las condiciones previstas
en el contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual vigente para la
fecha de los hechos.

Por lo anterior, el Tribunal ad quem cumplió con su deber de estudiar los requisitos
del título ejecutivo, en especial, el concerniente a la verificación de la calidad de
deudora de la parte ejecutada, aspecto que, en todo caso, fue alegado en las dos
instancias por la respectiva aseguradora.

Así las cosas, si bien la falta de legitimación en la causa por pasiva no se trata de
alguna de las excepciones señaladas en el artículo 442 del CGP, lo cierto es que
ello es un aspecto que, incluso de oficio, el juez de ejecución debe analizar al revisar
el título como presupuesto procesal de la acción ejecutiva, lo cual, en todo caso, fue
alegado por la parte ejecutada.

En conclusión, en la sentencia dictada el 5 de marzo de 2020, por el Tribunal
Administrativo del Quindío, no se incurrió en nulidad por violación al debido proceso,
por cuanto esa autoridad judicial actuó al amparo de las disposiciones relacionadas
con los supuestos que debe cumplir el título, en concreto, el estudio de que la
condena impuesta en la providencia judicial no recaía sobre la aseguradora
ejecutada.

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Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

6.3. Obligación del Tribunal ad quem

A juicio de la parte recurrente, para dictar sentencia en el proceso ejecutivo objeto
de análisis, el Tribunal Administrativo del Quindío se encontraba sujeto al
reconocimiento de la existencia de una obligación solidaria en un proceso ejecutivo
anterior, en el que también se pretendía el pago de la condena proferida a favor de
los accionantes.

Pues bien, en fallo del 10 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo del
Quindío revocó el fallo proferido en primera instancia el 22 de septiembre de 2016
por el Juzgado 3º Administrativo de Armenia, en cuanto consideró que el a quo
había vinculado de manera oficiosa a Seguros Generales Suramericana S.A., lo que
no resultaba procedente, pues en su contra no se había dirigido la demanda
ejecutiva, de ahí que se configurara la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva.

En lo relacionado con la solidaridad invocada por los recurrentes, el Tribunal
Administrativo del Quindío sostuvo (se transcribe literal, incluso con posibles
errores):

“Debe anotarse que el título ejecutivo que se pretendió ejecutar en el presente
asunto, consagró unas obligaciones de pago solidarias entre la Clínica
Central del Quindío y la aseguradora Seguros Generales Suramericana
S.A. ya que en la sentencia del Tribunal se ordenó lo siguiente.

(…)
Por lo anterior, queda suficientemente explicado que el juez de la ejecución no
puede de manera oficiosa vincular posibles deudores solidarios para efectos de
librar mandamiento de pago, ya que, como se expuso, dicha potestad debe ser
determinada exclusivamente por el ejecutante” (se destaca).

La Sala observa que, a pesar de que, en el fallo del 10 de noviembre de 2017, el
Tribunal Administrativo del Quindío sostuvo que se “consagraron (sic) unas
obligaciones de pago solidarias entre la Clínica Central del Quindío y la aseguradora
Seguros Generales Suramericana S.A.”, lo cierto es que al juez de ejecución debía
remitirse al título ejecutivo, con la finalidad de verificar la existencia o no de dicha
solidaridad.

Por lo anterior, no se desconoció el principio de congruencia entre la sentencia
objeto de revisión y el título ejecutivo, porque tal y como lo advirtió el Tribunal ad
quem, Seguros Generales Suramericana S.A. no tenía que pagar suma alguna a
favor de los demandantes, al margen de que la parte ejecutante pidió que se librara

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Radicación: 11001-03-26-000-2021-00136-00
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

mandamiento de pago en su contra al amparo de una solidaridad que no se
consagró en la sentencia que se trajo como título ejecutivo.

Además, la Subsección observa que el cargo formulado por la parte recurrente no
encuadra en un supuesto desconocimiento del principio de congruencia, por cuanto
se funda en un asunto externo al proceso ejecutivo en el que se dictó el fallo objeto
de revisión.

Como consecuencia, tal argumento también se resolverá de manera desfavorable.

6.4. Conclusión

En suma, la parte actora no demostró la configuración de la causal invocada –
numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011- y, por ende, el recurso
extraordinario de revisión formulado en el presente caso carece de fundamento y
así se declarará.

7. Costas

De conformidad con lo previsto en el artículo 255 de la Ley 1437 de 201148, en
concordancia con el artículo 365 del CGP, procede la condena en costas a cargo
de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso extraordinario de
revisión y en la medida en que se declare infundado su recurso49 y esté acreditada
su causación, razón por la cual en el sub lite se condenará a la parte recurrente,
señores Luis Ángel Gallego Quintero, Leonila Gómez de Gallego, María Amparo
Orozco González, Juan Fernando Gallego Bedoya, Luis Ángel Gallego Orozco,
Gloria Nancy Bedoya Orozco, Ruby Gallego Gómez y Ludivia Gallego Gómez,
quienes pagarán, en diferentes porcentajes50, el total de las costas que se hubieren
causado en el sub examine.

48
“Artículo 255. Sentencia. (Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021) Vencido
el período probatorio se dictará sentencia. (…) Si se declara infundado el recurso, se condenará
en costas y perjuicios al recurrente” (se destaca).
49
El numeral 6 del artículo 365 del CGP señala: “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos
y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se
sujetará a las siguientes reglas:
(…) 6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará
en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán
distribuidas por partes iguales entre ellos (…)” (se resalta).
50
Al respecto, la doctrina ha manifestado lo siguiente: “Una parte puede estar integrada por
diferentes personas. De ahí que cuando se impone condena en costas a dos o más litigantes, deberá
hacerse ‘en proporción a su interés en el proceso’ y el juez tendrá que exponer las razones
por las cuales considera que hay diversidad en cuanto a su magnitud económica se refiere.
Si el juez guarda silencio, como sucederá en la mayoría de los casos, se entiende que la condena
se impone en partes iguales a los litigantes; por tanto, cada uno de ellos responderá por su cuota-
parte y sin que haya solidaridad entre ellos para el pago, por cuanto la ley no lo establece” (se
19

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00136-00
No. Interno: 67.174
Actor: Luis Ángel Gallego Quintero y otros
Demandado: Seguros Generales Suramericana S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

Lo anterior, en atención a que a los recurrentes les asistía un interés diverso en
sede de revisión, por cuanto la sentencia cuya anulación pidieron fue consecuencia
de la demanda ejecutiva que presentaron y a través de la cual pretendían que se
librara mandamiento de pago por sumas distintas, es decir, la obtención del pago
que se buscaba con ese medio de control era dispar respecto de cada ejecutante.
De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que en el sub lite la eventual
anulación del respectivo fallo beneficiaba de forma distinta a los recurrentes, de ahí
que se deban fijar los siguientes porcentajes frente a la totalidad de las costas, en
función de su interés respecto de las pretensiones formuladas:

Sumas pretendidas en Porcentaje respecto de
Recurrente el proceso ejecutivo la totalidad de las
objeto de revisión costas
smlmv
Luis Ángel Gallego Quintero 60 14,16%
Leonila Gómez de Gallego 60 14,16%
María Amparo Orozco González 60 14,16%
Juan Fernando Gallego Bedoya 60 14,16%
Luis Ángel Gallego Orozco 60 14,16%
Gloria Nancy Bedoya Orozco 60 14,16%
Ruby Gallego Gómez 30 7,5%
Ludivia Gallego Gómez 30 7,5%

El artículo 361 ejusdem prevé que las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el trámite de la controversia, así como por
las agencias en derecho, las cuales, en virtud del numeral 4 del artículo 366 de la
misma normativa, se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo
Superior de la Judicatura en el numeral 9 del artículo 5 del Acuerdo No. PSAA16-
10554 de 201651, que en el caso de los recursos extraordinarios de revisión se
encuentran entre 1 y 20 smmlv52.

En este caso, la parte demandada compareció mediante apoderado judicial, en
virtud de lo cual tuvo a su cargo la vigilancia del proceso; además, desplegó
actuaciones como las relacionadas con la contestación del recurso extraordinario
de revisión, por lo que la fijación de agencias en derecho resulta procedente53.

destaca). LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – Parte General, Dupré
Editores, segunda edición, página 1080.
51
El recurso de revisión se presentó el 11 de junio de 2021, fecha posterior a la entrada en vigor del
Acuerdo 10554 de 2016.
52
“9. Recursos extraordinarios. Entre 1 y 20 S.M.M.L.V (…)”.
53
Criterio que ha reiterado la Sala Veinticinco Especial de Decisión en las sentencias de 6 de marzo
de 2018, exp: 201501542 (REV) y 201602187 (REV) y sentencia de 2 de julio de 2019, exp:
20160292900 (REV).
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Radicación: 11001-03-26-000-2021-00136-00
No. Interno: 67.174
Actor: Luis Ángel Gallego Quintero y otros
Demandado: Seguros Generales Suramericana S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

Así las cosas, a cargo de la parte recurrente, se fijan las agencias en derecho en
tres (3) smlmv a la fecha de ejecutoria de esta providencia, suma que se reconocerá
a favor de Seguros Generales Suramericana S.A.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
presentado por los señores Luis Ángel Gallego Quintero y otros contra la sentencia
dictada el 5 de marzo de 2020 por el Tribunal Administrativo del Quindío, en el
proceso ejecutivo con radicado 63001-33-33-003-2017-00503-03.

SEGUNDO: CONDENAR en costas, a los recurrentes Luis Ángel Gallego Quintero,
Leonila Gómez de Gallego, María Amparo Orozco González, Juan Fernando
Gallego Bedoya, Luis Ángel Gallego Orozco, Gloria Nancy Bedoya Orozco, Ruby
Gallego Gómez y Ludivia Gallego Gómez, las cuales serán liquidadas por la
Secretaría de la Sección Tercera, teniendo en consideración las expensas
demostradas en el proceso y con base en los siguientes porcentajes:

Porcentaje respecto de la
Recurrente
totalidad de las costas
Luis Ángel Gallego Quintero 14,16%
Leonila Gómez de Gallego 14,16%
María Amparo Orozco González 14,16%
Juan Fernando Gallego Bedoya 14,16%
Luis Ángel Gallego Orozco 14,16%
Gloria Nancy Bedoya Orozco 14,16%
Ruby Gallego Gómez 7,5%
Ludivia Gallego Gómez 7,5%

Por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte recurrente se fija el monto
equivalente a tres (3) smlmv a la fecha de ejecutoria de esta providencia, para
Seguros Generales Suramericana S.A.

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Radicación: 11001-03-26-000-2021-00136-00
No. Interno: 67.174
Actor: Luis Ángel Gallego Quintero y otros
Demandado: Seguros Generales Suramericana S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)

TERCERO: Cumplido lo anterior, el expediente debe regresar al despacho de la
consejera ponente para considerar la aprobación de la liquidación de la condena en
costas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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