Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02426-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02426-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-02426-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
8 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., ocho (08) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02426-00
Demandante: Juan Pablo Quiñones Salas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA / Improcedencia /
No se acreditaron los supuestos excepcionalísimos para su procedencia
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo
constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 26 de marzo de 2026, Juan Pablo Quiñones Salas presentó demanda de tutela
contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en busca de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, educación, igualdad, habeas
data, petición, acceso a la administración de justicia y acceso a documentos
públicos2.
2. De los elementos de juicio obrantes en el plenario, se destacan los siguientes
hechos:
3. El 23 de octubre de 2025, el demandante elevó una solicitud ante la Universidad
Nacional de Colombia, con el fin de obtener copia de los últimos diez exámenes de
admisión que presentó y sus respectivas claves de respuestas. Dicha petición fue
negada por la institución universitaria mediante oficio No. 1.002.08-1042-25 del 6 de
noviembre de 2025, bajo el argumento de que la información requerida se
encontraba sometida a reserva.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 También invocó los derechos contenidos en el bloque de constitucionalidad “referentes a las GARANTÍAS
JUDICIALES (Art. 8 CADH) y el DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO (Art. 25 CADH)”.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02426-00
Demandante: Juan Pablo Quiñones Salas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
4. Ante dicha negativa, el 9 de noviembre de 2025, el accionante interpuso recurso
de insistencia.
5. Posteriormente, el 15 de enero de 2026, el actor acudió al juez de tutela3,
solicitando el amparo de sus derechos fundamentales de petición, debido proceso y
habeas data, los cuales estimó vulnerados por la presunta omisión de la Universidad
Nacional al no notificarle la remisión del aludido recurso de insistencia a la autoridad
judicial competente, así como por la supuesta mora judicial en la resolución de dicho
asunto.
6. El conocimiento de la acción correspondió, en primera instancia, a la Sección
Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Dicha
autoridad, por medio de fallo del 27 de enero de 2026, dispuso la protección de los
derechos invocados por el accionante y, en consecuencia, ordenó al Rector de la
Universidad Nacional de Colombia remitir a esa Corporación el recurso de insistencia
interpuesto por el actor. Por su parte, declaró improcedente las pretensiones
encaminadas a que se ordenara el ingreso del demandante al programa de medicina,
a título de reparación, así como la entrega de copia de las actas de eliminación
documental aprobadas por el Comité de Archivo.
7. La decisión anterior fue confirmada por la Sección Cuarta de esta Corporación a
través de la providencia del 19 de marzo de 2026. Precisó que no emitiría
pronunciamiento alguno respecto a la orden de amparo, comoquiera que no fue
objeto de reproche en el escrito de impugnación, el cual se orientó exclusivamente a
controvertir lo relativo a la declaratoria de improcedencia de las demás pretensiones.
8. En relación con el pedimento consistente en ordenar la entrega digital del historial
íntegro de los exámenes presentados por el actor, la Sala estimó que resultaba
improcedente, toda vez que se trataba de un asunto que debía resolverse en el
marco del trámite del recurso de insistencia.
9. Respecto a las solicitudes orientadas a “ordenar el cupo directo en el programa de
Medicina como única medida de reparación ante la imposibilidad de verificación
técnica causada por la accionada” y “ORDENAR el aporte de las Actas de
Eliminación Documental aprobadas por el Comité de Archivo, bajo gravedad de
juramento”, señaló que el demandante no acreditó haberlas formulado directamente
ante el ente educativo accionado, lo que conducía a su improcedencia.
10. En lo que atañe a la pretensión relativa a la compulsa de copias, indicó que, si el
tutelante estimaba que el actuar de la entidad accionada constituía una irregularidad
de carácter disciplinario o administrativo, debía acudir directamente ante las
autoridades competentes para que adelantaran las investigaciones a que hubiere
lugar.
3 Con radicado número 25000-23-15-000-2026-00011-01.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02426-00
Demandante: Juan Pablo Quiñones Salas
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
11. En cuanto al alegado desconocimiento del precedente, sostuvo que la sentencia
que se invocó como desconocida por el a quo no constituía precedente aplicable
para el caso bajo estudio.
12. Por último, la autoridad judicial precisó que la inconformidad relacionada con la
respuesta suministrada por la Universidad Nacional de Colombia en el curso del
proceso, relativa a la destrucción del material de los exámenes, desbordaba el objeto
de la tutela, toda vez que los hechos que dieron lugar a la solicitud de amparo se
circunscribían a la presunta falta de trámite del recurso de insistencia interpuesto por
el actor frente a la negativa de acceso a la información solicitada.
13. El tutelante sostuvo que la decisión adoptada por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, educación,
igualdad, habeas data, petición, acceso a la administración de justicia, acceso a
documentos públicos, garantías judiciales y a un recurso efectivo, por cuanto incurrió
en los siguientes yerros:
14. Defecto fáctico, toda vez que el fallador omitió valorar que la Universidad
Nacional no se pronunció frente al escrito de impugnación, circunstancia que, en su
criterio, imponía la aplicación de la presunción de veracidad prevista en el artículo 20
del Decreto 2591 de 1991.
15. De otra parte, adujo que la autoridad accionada desconoció los elementos
probatorios que evidenciaban el actuar temerario y de mala fe por parte de la
institución universitaria.
16. Al respecto, afirmó que la Universidad Nacional habría sustituido su dirección de
correo electrónico por buzones institucionales propios dentro del formulario de
radicación de la acción de tutela inicial, lo que calificó como una maniobra engañosa
orientada a controlar el trámite de notificaciones e inducir en error al operador judicial,
haciéndole creer que el actor había sido debidamente notificado. A su juicio, dicha
conducta lo colocó en estado de indefensión y podría subsumirse en una eventual
falsedad ideológica en documento público.
17. Señaló que, pese a haber puesto en conocimiento del juez de tutela tales
irregularidades, este omitió pronunciarse al respecto, permitiendo que la institución
se beneficiara de su propia conducta, lo que calificó como una convalidación de un
eventual fraude procesal por omisión.
18. Asimismo, alegó que, al abstenerse de compulsar copias, el fallador incurrió en
una omisión en el deber de denuncia, desconociendo los mandatos previstos en el
Código de Procedimiento Penal, el Código General del Proceso y la jurisprudencia
constitucional, conforme a los cuales todo servidor público debe poner en
conocimiento de la autoridad competente los hechos que revistan carácter punible
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
19. Defecto sustantivo, al exigirle acreditar la aprobación del examen de admisión,
pese a que la propia Universidad reconoció la destrucción de los documentos
correspondientes, lo que, en su criterio, configura una exigencia probatoria imposible
o “prueba diabólica”. En ese contexto, sostuvo que la autoridad accionada
desconoció el precedente constitucional y contencioso administrativo en materia de
carga dinámica de la prueba.
20. Violación directa de la Constitución, dado que la decisión cuestionada omitió
aplicar los principios pro homine y favor debilis, al privilegiar una interpretación
restrictiva y formalista fundada en disposiciones internas de la Universidad Nacional
de Colombia, en detrimento de una interpretación orientada a la protección efectiva
de los derechos fundamentales a la educación y al debido proceso. En particular,
alegó que la duda derivada de la destrucción de las pruebas debió resolverse en
favor del estudiante.
21. Sostuvo que si bien la acción de tutela se fundamentó inicialmente sobre la
presunta vulneración del derecho fundamental de petición, correspondía al juez
constitucional, en virtud de su facultad de fallar ultra y extra petita, identificar y
proteger el derecho sustancial efectivamente comprometido, a partir de un análisis
integral de los hechos del caso.
22. En ese sentido, indicó que la autoridad judicial accionada omitió valorar que,
durante el trámite de la acción de tutela, la Universidad Nacional habría reconocido
la eliminación de los cuadernillos y hojas de respuesta correspondientes a los
exámenes presentados por el actor, sin que existiera constancia del acta de
eliminación aprobada por el Comité de Archivo ni del cumplimiento de los deberes
de publicidad previos a la destrucción documental, lo que, en su criterio, comporta
una infracción al deber legal de custodia y acarrea la nulidad de dicha actuación.
23. Añadió que el fallador desconoció la sentencia T-166 de 2020, según la cual la
administración está llamada a adaptar sus actuaciones a las necesidades del
ciudadano mediante el uso de herramientas tecnológicas, y no a emplearlas como
mecanismos para sustraer o dificultar el control de sus actuaciones.
24. Aseguró que la destrucción de documentos públicos por parte de la Universidad
Nacional configura una falla en el servicio que no puede traducirse en la pérdida de
su derecho de acceso al programa académico, lo que obligaba al juez constitucional
a restablecer su situación jurídica mediante la adopción de una medida de reparación
in natura, consistente en la asignación directa del cupo, en aplicación del principio
de favorabilidad.
25. De esta manera, el juez de tutela no podía limitar su análisis a la verificación formal
del trámite del derecho de petición, cuando en el curso del proceso se evidenció la
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ineficacia de dicho mecanismo, precisamente por la destrucción de los documentos
solicitados.
26. Defecto procedimental: toda vez que la autoridad judicial le exigió agotar un
nuevo trámite administrativo ante la Universidad Nacional para solicitar el cupo
directo de ingreso, desconociendo que la acción de tutela está orientada a la
protección material y efectiva de los derechos fundamentales. Afirmó que no existió
una modificación caprichosa de las pretensiones, sino la ocurrencia de un hecho
sobreviniente que transformó la solicitud inicial de amparo de acceso a la información
en una pretensión de reparación in natura.
27. En ese orden, cuestionó que se le hubiera exigido acudir previamente a la
institución educativa, pese a que, para ese momento, no tenía conocimiento de la
destrucción de los documentos. Agregó que remitirlo al ejercicio del derecho de
petición resulta ineficaz y configura una denegación de justicia, dado que la
respuesta negativa sería previsible frente a la inexistencia de los documentos, a lo
que se suma el avance del calendario académico, el cual no se suspende durante
dichos trámites.
28. Asimismo, adujo que fue inducido a error, en tanto, de acudir posteriormente a
una nueva acción de tutela, podría enfrentarse a una declaratoria de improcedencia
por cosa juzgada o temeridad.
29. Desconocimiento del precedente, al apartarse de la sentencia SU-067 de 2022,
en la medida en que no se valoraron las presuntas irregularidades en materia de
notificaciones y manejo de información digital por parte de la Universidad Nacional
de Colombia, lo cual habría afectado su derecho de defensa.
30. Igualmente, sostuvo que se desconoció la sentencia T-612 de 2022, al confirmarse
una decisión que lo mantiene en una situación de exclusión académica mientras
avanza el calendario de la Facultad de Medicina, lo que configuraría un daño
consumado de carácter irreversible si no se adoptan medidas inmediatas.
31. Añadió que el fallador se apartó de las sentencias “012 de 2018 y 2011-00244”
expedidas por el Consejo de Estado, relativas a la responsabilidad del Estado por
pérdida de expedientes y a la eficacia de los mecanismos judiciales.
32. A su turno, cuestionó que la autoridad accionada hubiera omitido pronunciarse de
fondo sobre los argumentos expuestos en el escrito de impugnación relativos a la
obligatoriedad del precedente constitucional. En esa medida, señaló que el juzgador
no cumplió con la carga argumentativa exigida para apartarse de la sentencia T-214
de 2012, ni de las providencias que delimitan el alcance de la autonomía
universitaria, incurriendo así en un defecto por falta de motivación suficiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02426-00
Demandante: Juan Pablo Quiñones Salas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
33. De otro lado, sostuvo que la autoridad judicial accionada erró al indicar que debía
acudir a la jurisdicción ordinaria, dado que dicho mecanismo no resulta idóneo ni
eficaz en su caso concreto, dada su duración y el carácter irreversible de la
afectación a su proyecto de vida en el ámbito de la medicina. Explicó que ello no solo
compromete su derecho a la educación, sino también su mínimo vital.
34. En ese contexto, afirmó que el fallador omitió considerar su situación de
vulnerabilidad, en razón a su clasificación en el Sisbén B2, lo que refuerza la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo para evitar la configuración de
un perjuicio irremediable
35. Finalmente, alegó la vulneración del principio de imparcialidad, al considerar que
el magistrado sustanciador, en su calidad de egresado de la Universidad Nacional
de Colombia, se encontraba incurso en una situación que comprometía su
objetividad para conocer del asunto, pese a lo cual no se declaró impedido.
36. Con fundamento en lo expuesto, solicitó: (i) dejar sin efectos la providencia
acusada y, en su lugar, ordenar la expedición de un fallo de reemplazo que garantice
la protección efectiva de sus derechos fundamentales; (ii) disponer su ingreso
definitivo al programa de Medicina y; (iii) compulsar copias ante la Fiscalía General
de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura para que se investigue penal y
disciplinariamente a los funcionarios de la Universidad Nacional presuntamente
involucrados en la suplantación de su dirección de correo electrónico, la destrucción
no autorizada de sus exámenes de admisión y la omisión del deber de custodia legal.
B. Trámite procesal
37. Mediante auto del 8 de abril de 2026, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela; (ii)
notificar de su presentación a la autoridad judicial accionada; (iii) vincular, en calidad
de tercero con interés, a la Universidad Nacional de Colombia; (iv) comunicar la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; (v) requerir a la
Secretaría de la Sección Cuarta de esta Corporación para que remitiera copia digital
del expediente con radicado número 25000-23-15-000-2026-00011-00/01 y; (vi)
negar la solicitud de medida provisional formulada por la parte actora.
(i) Consejo de Estado – Sección Cuarta4
38. Sostuvo que la solicitud de amparo resulta improcedente, comoquiera que tiene
por objeto cuestionar una sentencia proferida en el marco de otra acción de tutela
que aún no ha culminado su trámite de eventual revisión ante la Corte Constitucional.
39. Además, señaló que el presente asunto carece de relevancia constitucional, por
cuanto el demandante no persigue la protección inmediata de un derecho
4 Intervención digital contenida en 4 folios.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02426-00
Demandante: Juan Pablo Quiñones Salas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
fundamental, sino reabrir un debate que ya fue resuelto por el juez constitucional.
40. Afirmó que en la sentencia acusada no se configuró irregularidad alguna que
permita inferir la existencia de una situación de fraude. Por el contrario, aseveró que
la decisión se sustentó en el marco normativo y jurisprudencial aplicable, así como
en el análisis del acervo probatorio.
(ii) Universidad Nacional de Colombia5
41. Señaló que el procedimiento interno de la Universidad en relación con los
procesos de destrucción del material de los exámenes no comporta una vulneración
a los derechos fundamentales del accionante. Máxime si se tiene en cuenta que la
solicitud que aquel presentó para obtener copia de los mismos se formuló el 23 de
octubre de 2025, es decir, más de dos años después de la presentación de las
pruebas correspondientes a las convocatorias 2018-02, 2019-01, 2019-02, 2020-01,
2023-02, momento para el cual ya se había adelantado el proceso de destrucción de
dichos documentos.
42. Añadió que, en ejercicio del principio de autonomía universitaria, la institución ha
establecido condiciones puntuales para garantizar la moralidad, imparcialidad,
igualdad y transparencia de los procesos de admisión. Entre otras, otorgar el carácter
de reservado a los bancos de preguntas y pruebas que se utilizan en las aplicaciones
especializadas o procesos de admisión, selección o evaluación.
43. Finalmente,aseveró que autorizar el ingreso del accionante a la carrera de
medicina en los términos de su pretensión de amparo, conllevaría a un
incumplimiento de la normativa que reglamenta el proceso de admisión y vulneraría
el derecho a la igualdad de los aspirantes que se encuentran participando
debidamente en las convocatorias vigentes.
(iii) Parte actora
44. Con posterioridad a la admisión de la demanda, el accionante presentó varios
memoriales.
45. En el primero de ellos6, aportó como prueba sobreviniente el auto proferido el 9
de abril de 2026 por la Sección Primera, Subsección C del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante el cual se rechazó por improcedente el recurso de
insistencia interpuesto por el actor, orientado a obtener copia de los exámenes de
admisión presentados, junto con sus respectivas claves de respuesta.
46. Adujo que la autoridad judicial fundamentó la improcedencia del recurso en la
5 Intervención digital contenida en 4 folios.
6 Visible a índice 8 del expediente digital.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02426-00
Demandante: Juan Pablo Quiñones Salas
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
existencia de un mecanismo judicial idóneo para dirimir de fondo la controversia, esto
es, la acción de tutela. En razón a ello, solicitó que, en aplicación del principio de
igualdad y de las facultades ultra y extra petita del juez constitucional, se ordene su
ingreso directo al programa de Medicina.
47. De otra parte, manifestó que en el presente caso no se configura el fenómeno de
la cosa juzgada, en la medida que surgieron hechos nuevos, consistentes en la
presunta confesión expresa por parte de la Universidad Nacional sobre la destrucción
del material probatorio, en el marco del trámite del recurso de insistencia. A su vez,
reiteró varios de los argumentos expuestos en la demanda.
48. A
través de memorial fechado el 14 de abril de 20267, solicitó el acceso al
expediente.
49. Posteriormente, mediante memorial del 16 de abril de 20268, el demandante se
pronunció sobre los informes rendidos por la autoridad accionada y el tercero
vinculado.
50. Además de insistir en los argumentos que sirvieron de sustento a la vulneración
alegada, señaló que el planteamiento de la Universidad Nacional relativo al principio
de igualdad constituía una falacia. Aseguró que su situación es jurídicamente distinta
a la de los demás aspirantes, en tanto en su caso se configuró una vía de hecho
derivada de la destrucción de su material de examen.
51. En cuanto a la contestación presentada por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, reprochó la ausencia de pronunciamiento frente al alegado desconocimiento
del precedente, así como respecto de la posible configuración de un conflicto de
interés derivado del vínculo institucional del magistrado ponente con la Universidad
Nacional, circunstancia que, a su juicio, comprometía la imparcialidad en la adopción
de la decisión.
52. Agregó que la controversia planteada reviste relevancia constitucional, en la
medida en que trasciende una simple disputa por el acceso a un cupo académico,
pues lo que se debate es la destrucción de documentos públicos. Asimismo, sostuvo
que el eventual trámite de revisión ante la Corte Constitucional no constituye un
mecanismo eficaz para la protección de sus derechos, por cuanto no suspende la
presunta vulneración al derecho a la educación ni evita la afectación a su proyecto
de vida. En ese sentido, señaló que la incertidumbre asociada a la eventual selección
para revisión configura una denegación de justicia.
53. En razón a lo anterior, además de reiterar las pretensiones inicialmente
planteadas, solicitó aplicar el control de convencionalidad, bajo el entendido de que
7 Visible a índice 15 del expediente digital.
8 Visible a índice 22 del expediente digital.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02426-00
Demandante: Juan Pablo Quiñones Salas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
cualquier medida distinta al ingreso directo al programa académico constituye una
respuesta insuficiente frente a la vulneración alegada, dado que la destrucción de los
exámenes habría impedido de manera definitiva el desarrollo de un debate probatorio
en las vías ordinarias.
54. Finalmente, en memorial del 22 de abril de 20269, se pronunció sobre el Oficio 20
del 21 del mismo mes y año, por medio del cual la Procuraduría Delegada de
Intervención Cuarta ante el Consejo de Estado dio respuesta a la solicitud de agencia
especial que presentó el actor, con el fin de que el Ministerio Público interviniera en
el presente trámite.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Caso concreto
55. En el presente asunto, el accionante atribuyó la vulneración de sus derechos a la
sentencia del 19 de marzo de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, dentro del trámite de la acción de tutela que instauró en contra de la
Universidad Nacional de Colombia.
56. En ese sentido, no le corresponde a esta Sala emitir pronunciamiento alguno
respecto de la alegada prueba sobreviniente, habida cuenta de que dicho elemento
no fue objeto de análisis en el proceso adelantado por la autoridad judicial accionada,
por no existir al momento de adoptarse la decisión cuestionada. En consecuencia,
de prosperar la presente acción, el examen debe circunscribirse a los supuestos
fácticos y probatorios que fueron puestos en conocimiento del juez de tutela en la
oportunidad correspondiente.
57. Precisado lo anterior, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo por no encontrar acreditados los presupuestos que habilitan su
procedencia, en tanto no cumple con la carga argumentativa exigida para demostrar
la existencia de una situación fraudulenta.
58. La Corte Constitucional ha admitido la procedencia excepcionalísima de la acción
de tutela contra una sentencia proferida en un proceso de la misma naturaleza,
siempre que, además de cumplir los requisitos generales y específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, la demanda no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo que se pretende cuestionar,
no exista otro mecanismo para remediar la situación alegada y se demuestre, a
través de una exigente y rigurosa carga argumentativa, que la providencia acusada
fue producto de un actuar fraudulento10.
9 Visible a índice 24 del expediente digital.
10 Al respecto, ver sentencia SU-627 de 2015.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02426-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
59. Para acreditar esta última exigencia, es imperativo que la parte promotora de la
acción demuestre -con base en fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes-,
por un lado, que el juez constitucional incurrió en una conducta dolosa o
extremadamente negligente, que se opone a los principios básicos que orientan la
labor de administrar justicia; y, por otro, que el fallo acusado no puede ser admitido
debido a que resulta evidentemente incorrecto11.
60. En el caso concreto, la parte actora formuló diversas objeciones en contra de la
sentencia de tutela cuestionada. Algunas de ellas se encuadraron en la configuración
de algunos defectos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial, pero no propiamente en la ocurrencia de una situación de fraude.
Por tanto, solo serían susceptibles de estudio, en la medida en que se acreditara de
manera previa un actuar fraudulento, lo cual, como se verá, no ocurrió en el presente
asunto.
61. En efecto, las inconformidades que se plantearon a manera de fraude, aun cuando
fueron presentadas como manifestaciones de una supuesta conducta dolosa, no
tienen la entidad suficiente para ser consideradas como tal.
62. Por un lado, el actor reprochó que la autoridad judicial accionada no se hubiese
pronunciado sobre la supuesta maniobra engañosa atribuida a la Universidad
Nacional en relación con la dirección de correo electrónico suministrada para efectos
de notificación al actor, con el propósito de inducir en error al juez. A su juicio, dicha
omisión convalidó una conducta punible, máxime al abstenerse de compulsar copias.
De otro lado, cuestionó la imparcialidad del Consejero ponente al considerar que su
condición de egresado de la institución universitaria accionada comprometía su
objetividad para conocer y decidir el asunto.
63. Al respecto, resulta pertinente precisar que no toda irregularidad procesal
configura, por sí misma, un fraude. Situaciones como eventuales deficiencias en las
notificaciones, la decisión de no compulsar copias o la ausencia de declaratoria de
impedimento, en caso de estar acreditadas, pueden constituir aspectos susceptibles
de control por las vías ordinarias o disciplinarias correspondientes. Sin embargo, ello
no implica, per se, la configuración de una conducta dolosa ni permite inferir que la
providencia acusada haya sido proferida con fines ilegales.
64. En todo caso, los reparos formulados por el accionante ni siquiera se enmarcan
en irregularidades susceptibles de protección, en tanto se sustentan en
apreciaciones subjetivas carentes de respaldo probatorio.
65. La alegada afectación a la imparcialidad del magistrado ponente por su condición
de egresado de la Universidad Nacional, además de no corresponder a una causal
11 Corte Constitucional, sentencia T-322 de 2019.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02426-00
Demandante: Juan Pablo Quiñones Salas
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
legal de impedimento, no evidencia, por sí misma, la existencia de un interés directo
o particular en la decisión. A ello se suma que la providencia cuestionada fue
adoptada de manera colegiada, lo que diluye cualquier inferencia de parcialidad
individual, máxime cuando en el trámite de la acción de tutela no procede la
recusación.
66. En lo que respecta al alegato de una supuesta inducción en error derivada de
irregularidades en la notificación, fundado en la presunta sustitución de la dirección
de correo electrónico del actor, se estima que dicho planteamiento carece de
sustento fáctico suficiente para evidenciar una actuación fraudulenta atribuible a la
autoridad judicial.
67. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela dentro de la cual se profirió la decisión
cuestionada fue promovida por el propio actor, quien suministró sus datos de
contacto para efectos de notificaciones. Aun en el evento en que la entidad
accionada hubiese reportado información errónea en el trámite en relación con la
dirección electrónica del demandante, ello no tuvo incidencia real en el ejercicio del
derecho de defensa y contradicción, pues, de la revisión del expediente, se advierte
que aquel conoció oportunamente las decisiones adoptadas en el marco del proceso,
al punto que interpuso impugnación con la sentencia de primera instancia y, una vez
expedido el fallo de segunda instancia, promovió la presente acción, con el fin de
controvertirlo.
68. La decisión de no compulsar copias tampoco configura, por sí sola, una
irregularidad relevante desde la perspectiva constitucional. En ejercicio de su
autonomía judicial, la Sala accionada consideró que, de estimarlo pertinente, el
propio interesado podía acudir ante las autoridades competentes para poner en
conocimiento los hechos que considerara constitutivos de infracción penal o
disciplinaria. Dicha determinación no comporta una valoración abiertamente
irrazonable ni contraria a los principios que rigen la administración de justicia, ni
permite inferir la existencia de un actuar fraudulento.
69. De esta manera, la Sala concluye que la parte actora no desplegó un ejercicio
argumentativo suficiente para revelar que la providencia acusada se haya proferido
con fines ilegales vinculados a una intención dolosa o que se deriva de una
interpretación que riñe abiertamente con los postulados constitucionales o la buena
fe que rige la función judicial.
70. Del contenido de la providencia acusada tampoco se vislumbra algún indicio de
arbitrariedad, dolo o fraude que habilite la procedencia excepcionalísima del
mecanismo de amparo, menos aún si se tiene en cuenta que no se ha surtido el
trámite de selección eventual ante la Corte Constitucional. Dicha circunstancia
impide considerar la configuración de una eventual cosa juzgada fraudulenta, habida
cuenta que, según el Alto Tribunal, dicha figura sólo podría producirse cuando la
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02426-00
Demandante: Juan Pablo Quiñones Salas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
sentencia objetada no haya sido seleccionada para revisión y haya vencido el
término de insistencia12.
71. Finalmente, la Sala no encuentra motivos para pronunciarse sobre las
inconformidades que presentó el accionante en relación con el oficio de la
Procuraduría, en tanto dicho documento fue expedido en respuesta a una solicitud
elevada directamente por el actor ante ese ente, el cual, además, no intervino en el
presente trámite de tutela.
72. Por lo expuesto en precedente, se declarará improcedente el amparo deprecado
en la demanda.
73. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
12 Sentencia T-266 de 2022.
13 VF
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