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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2026-00011-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2026-00011-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia del 27 de enero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por las razones aquí expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-15-000-2026-00011-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2026-00011-01
Accionante: JUAN PABLO QUIÑONES SALAS
Accionado: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Solicitud de información.
Debido proceso. Habeas data

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el señor Juan Pablo Quiñones Salas, quien actúa en nombre propio,
contra la sentencia del 27 de enero de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 15 de enero de 2026, el demandante pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales de petición, debido proceso y habeas data,
supuestamente vulnerados por la autoridad accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. TUTELAR mis derechos fundamentales al Debido Proceso, de Petición y Habeas
Data.
2. DECRETAR la Medida Provisional solicitada en la Sección III de este escrito.
3. ORDENAR al Juez Administrativo que por reparto recibió el expediente, que con
carácter de urgencia, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo,
profiera la decisión sobre el Recurso de Insistencia.
4. SUBSIDIARIAMENTE Y EN EL FONDO, y dada la mora judicial y la ilegalidad de
la reserva, solicito a su Despecho ORDENAR DIRECTAMENTE a la Universidad
Nacional de Colombia la entrega de los documentos solicitados.
5. En aras de proteger el Principio de Proporcionalidad y la eventual reserva de la
UNAL, manifiesto mi plena disposición a suscribir un acta de compromiso o
confidencialidad notariada donde me obligo a no revelar ni publicar la información
(exámenes y claves de corrección), comprometiéndome a usarla exclusivamente
para fines de defensa académica.
6. ORDENAR que la entrega se realice mediante el envío de los archivos
correspondientes a mi correo electrónico personal, tal como fue solicitado
originalmente, previo cumplimiento de la condición de confidencialidad establecida
en el numeral 5”.

2. Hechos

Del escrito de tutela y las pruebas aportadas al expediente se observa lo siguiente:

El 23 de octubre de 2025, el accionante presentó una solicitud ante la Universidad
Nacional de Colombia bajo el radicado PQRS-49154, con el propósito de obtener

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Radicado: 25000-23 -15-000-2026-00011-01
Demandantes: Juan Pablo Quiñones Salas

copia de sus últimos diez exámenes de admisión a la Universidad Nacional y sus
respectivas claves de respuestas. El 6 de noviembre de 2025, la institución
educativa mediante oficio N.1.002.08-1042-25 profirió respuesta negativa en la que
señaló que la información requerida estaba sujeta a reserva de conformidad con el
Acuerdo 039 del Consejo Superior Universitario.

El 9 de noviembre de 2025, ante la negativa de la universidad, el accionante
interpuso recurso de insistencia en virtud de lo previsto en el artículo 26 de la Ley
1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2025.

El 22 de enero de 2026, el Director Nacional de Admisiones de la Universidad
Nacional dio respuesta al recurso de insistencia, en el que precisó que una vez
realizadas las verificaciones respectivas, se encontró que el accionante había
participado en los procesos de admisión a los programas de pregrado de la
universidad para los periodos de 2016-1, 2017-2, 2018-1, 2018-2, 2019-1, 2020-1,
2022-1, 2022-2, 2023-2, 2024-1, 2025-1, 2025-2 y 2026-1, no obstante, en la
petición solamente solicitó copia de las ultimas 10 pruebas de admisión presentadas
que correspondían a los periodos 2018-2, 2019-1, 2020-1, 2022-1, 2022-2, 2023-2,
2024-1, 2025-1, 2025-2 y 2026-1.

En ese contexto, se le informó al señor Quiñones Salas que dando alcance a lo
establecido en las condiciones de la contratación del servicio integral de impresión,
organización, empaque, transporte, distribución, recolección, custodia y disposición
final de las pruebas que la universidad aplicó en las convocatorias para los periodos
de 2018-2, 2019-1, 2020-1, 2022-1, 2022-2, 2023-2, dicha dependencia le solicitó a
la empresa de seguridad la destrucción de todo el material de examen, por lo que
no era posible acceder a lo solicitado. Adicionalmente, se le indicó al accionante
que “es importante resaltar que usted no realizó en dichos procesos de admisión
ante esta dependencia la solicitud de ver la prueba de admisión y su hoja de
respuesta. La única petición relacionada con el asunto es el derecho de petición del
23 de octubre de 2025”.

En la misma respuesta, la universidad le informó a la parte actora que respecto a
las convocatorias para los periodos de 2022-1 y 2022-2 no tenía lugar al acceso del
material del examen, debido a que en dichos procesos no se aplicó la prueba de
admisión dada la situación de emergencia sanitaria en el país a causa del COVID-
19. Asimismo, precisó que en relación con las convocatorias 2024-1, 2025-1, 2025-
2 y 2026-1 podía ver en las instalaciones de la Dirección Nacional de Admisiones el
cuadernillo del examen presentado, la copia de su hoja de respuestas y la cadena
de respuestas correctas, atendiendo las condiciones y el protocolo que la
universidad había implementado para los procesos de admisión.

El 23 de enero de 2026, el accionante presentó ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B “memorial unificado de adición
integral” en el que adicionó argumentos “de fondo” y precisó las pretensiones tras
la respuesta brindada por la institución universitaria el 22 de enero de 2026, en el
sentido de solicitar:

“ORDENAR la entrega digital (PDF) del historial íntegro de mis exámenes
presentados, incluyendo claves de respuesta y cuadernos de preguntas.

ORDENAR el cupo directo en el programa de Medicina como única medida de
reparación ante la imposibilidad de verificación técnica causada por la accionada.

ORDENAR el aporte de las Actas de Eliminación Documental aprobadas por el
Comité de Archivo, bajo gravedad de juramento.

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Demandantes: Juan Pablo Quiñones Salas

COMPULSAR COPIAS a la Procuraduría General de la Nación por la presunta
destrucción de documentos públicos en litigio y obstrucción a la justicia”.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante manifestó que la Universidad Nacional de Colombia negó el
acceso a sus últimos diez exámenes y a las claves de respuesta con base en una
norma interna denominada “Acuerdo 039 de 1998”, por lo que dicha decisión
desconoció el principio de reserva legal contenido en el artículo 24 del CPACA
sustituido en lo que corresponde por la Ley 1755 de 2015, el cual solo permite la
reserva de documentos cuando la Constitución Política o la ley así lo disponen. Bajo
esa premisa, señaló que el Acuerdo 039 de 1998 no tenía jerarquía, “haciendo que
la reserva sea inaplicable”.

Asimismo, resaltó que la negativa de la universidad impidió el ejercicio efectivo de
los derechos a la defensa y a la contradicción, toda vez que la Corte Constitucional
ha sido enfática en establecer que el acceso a las pruebas de conocimiento y sus
respuestas es una “garantía ineludible del debido proceso”.

De igual manera, explicó que en relación con el derecho de habeas data, la
información solicitada concernía a sus datos personales, por lo que la Ley 1581 de
2012 le otorgaba el derecho “irrenunciable” a acceder a ellos.

Sostuvo que el despacho judicial que recibió el reparto incurrió en una mora
injustificada, toda vez que al 16 de diciembre de 2025 ya había transcurrido el plazo
de 10 días hábiles para resolver la controversia. Y señaló que la dilación procesal y
la aplicación de una reserva de carácter interno, carente de jerarquía legal,
impidieron el ejercicio de su derecho a la contradicción de los resultados
académicos.

Finalmente, concluyó que la omisión del juez administrativo en resolver el recurso
de insistencia en el término previsto de 10 días incurrió en una “vía de hecho por
mora judicial”, ocasionando una vulneración al artículo 29 de la Constitución Política.

4. Oposición

4.1. Respuesta de la Universidad Nacional de Colombia

La directora de la Dirección Jurídica Nacional rindió informe en el que precisó que
mediante oficio N.1.002.08-102-26 del 6 de enero de 2026 dio respuesta de fondo
al recurso de insistencia presentado por el accionante el 9 de noviembre de 2025,
en el que informó que respecto de las convocatorias 2024-1, 2025-1, 2025-2 y 2026-
1 podía ver en las instalaciones de la Dirección Nacional de Admisiones el
cuadernillo del examen presentado, la copia de su hoja de respuestas y la cadena
de respuestas correctas, atendiendo las condiciones y el protocolo que la
universidad había implementado para los procesos de admisión.

En ese sentido, explicó que (i) la sesión de exhibición se desarrollaría de manera
presencial en los horarios establecidos, (ii) para llevar a cabo el proceso, se requería
que informara el día y horario para la exhibición, lo antes posible y a más tardar el
28 de enero de 2026 al correo electrónico aplicacion@unal.edu.co para poder
efectuar la respectiva solicitud a la empresa de seguridad responsable de la
custodia del material para lo que lo ubicara, empacara y transportara y (iii) de
conformidad con lo informado por el accionante, seria citado mediante correo
electrónico a la exhibición del material en las instalaciones de la dependencia
ubicada en la Calle 44 # 45-67.

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Demandantes: Juan Pablo Quiñones Salas

Asimismo, señaló que respecto de la petición relacionada con las convocatorias
2018-2, 2019-1, 2019-2, 2020-1 y 2023-2, no era posible acceder a la solicitud, toda
vez que la Dirección Nacional de Admisiones solicitó previamente a la empresa de
seguridad la destrucción de todo ese material y de los medios empleados para su
impresión de acuerdo con los procedimientos internos de la institución.

Finalmente, solicitó que se declarara la carencia actual de objeto por hecho
superado, comoquiera que la universidad dio respuesta al recurso de insistencia
que motivó la presentación de la acción constitucional, la cual fue notificada
debidamente al correo electrónico del accionante, por lo que con la respuesta del
22 de enero de 2026 se superó la situación fáctica que originó la presunta
vulneración de los derechos fundamentales alegados.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante sentencia de 27 de enero de 2026, amparó los derechos
fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la información del accionante
y resolvió lo siguiente:

“Primero: Ampárense los derechos fundamentales de petición, debido proceso
administrativo y acceso a la información del señor Juan Pablo Quiñones Salas,
de conformidad con lo manifestado en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo: En consecuencia, el Rector de la Universidad Nacional de Colombia
en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación
de esta sentencia, debe remitir el recurso de insistencia interpuesto por el actor
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que resuelva e informarle al
señor Juan Pablo Quiñones Salas.

Tercero: Declárense improcedentes las pretensiones encaminadas a que se
ordene el ingreso del demandante al programa de medicina, a título de
reparación, y que le sea entregada copia de las actas de eliminación documental
aprobadas por el Comité de Archivo.

Cuarto: Notifíquese la presente sentencia al señor Juan Pablo Quiñones Salas,
el Rector de la Universidad Nacional de Colombia y al Defensor del Pueblo,
mediante telegrama, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Decreto
No. 2591 de 1991, haciéndoles saber que puede ser impugnada para ante el H.
Consejo de Estado dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de su
notificación.

Quinto: Incorpórese al expediente constancia de notificación de esta sentencia.

Sexto: Si la presente sentencia no fuere impugnada, envíese el expediente a la
H. Corte Constitucional en el término señalado en el artículo 31 ibidem, para su
eventual revisión”.

Advirtió que el demandante presentó una solicitud en ejercicio del derecho de
petición el 23 de octubre de 2025 para obtener copias de sus exámenes de admisión
y claves de respuestas de la Universidad Nacional de Colombia, no obstante, el 6
de noviembre de 2025 la institución universitaria mediante oficio N.1.002.08-1042-
25 negó la solicitud bajo el argumento de que dicha información era de carácter
reservado en virtud del Acuerdo 039 de 2015 del Consejo Superior Universitario.
Ante esa negativa, “el 7 de noviembre de 2025” accionante presentó recurso de
insistencia.

En ese orden de ideas, señaló que el 22 de enero de 2026 el director Nacional de
Admisiones de la Universidad Nacional le informó al accionante que no era posible
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acceder a la pretensión del envío al correo electrónico de las ultimas 10 pruebas de
admisión a los programas de pregrado que había presentado, no obstante, aclaró
que en virtud de la primacía de los derechos fundamentales al debido proceso y de
defensa, era posible permitirle ver el cuadernillo que constituyó el examen
presentado, la copia de su hoja de respuestas y la cadena de respuestas correctas
siempre y cuando los materiales no hubiesen sido destruidos.

En ese contexto, explicó que el recurso de insistencia era un mecanismo judicial
que permitía acceder a un documento que contuviera información de carácter legal
y, en ese sentido, la solicitud debía formularse ante la autoridad que negó el acceso
a la información dentro de los 10 días siguientes a la negativa, con el fin que remita
los documentos al Tribunal Administrativo del lugar para que decida en única
instancia si concede el acceso a la información de conformidad con lo señalado en
el numeral 5° del artículo 151 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).

De conformidad con lo anterior, sostuvo que el director Nacional de Admisiones de
la Universidad Nacional mediante escrito de 22 de enero de 2026 le informó al
accionante que podía ver la documentación solicitada, previo cumplimiento de una
serie de condiciones. Sin embargo, advirtió que al revisar el expediente no obraba
prueba de que la autoridad judicial accionada hubiera remitido al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el recurso de insistencia interpuesto por el actor.

En ese contexto, concluyó que se accedería al amparo de los derechos
fundamentales de petición, debido proceso administrativo y acceso a la
administración, y en consecuencia, ordenaría al Rector de la Universidad Nacional
de Colombia remitir al Tribunal Administrativo de Cundinamarca el recurso de
insistencia interpuesto por el actor.

Finalmente, precisó que respecto de las pretensiones encaminadas a que se
ordenara el ingreso del accionante1 al programa de medicina como medida de
reparación y que le fueran entregadas las copias de las actas de eliminación
documental aprobadas por el Comité de Archivo, no era posible acceder a ella,
comoquiera que la tutela no era el mecanismo procedente, toda vez que el actor
contaba con otros medios de defensa judicial como lo era el medio de control de
reparación directa.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revocara, al
considerar que se vulneró el derecho fundamental de educación al impedir el acceso
a los resultados y “confesar la destrucción de los mismos, la Universidad Nacional
ha bloqueado mi acceso al sistema de educación superior durante 7 años,
truncando mi proyecto de vida profesional de manera arbitraria”.

Asimismo, sostuvo que “resulta contradictorio que el Magistrado de instancia, siendo
integrante del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (juez natural de la
administración), se abstenga de ordenar el ingreso al programa de medicina
alegando la existencia de otros medios de defensa. El a quo ignora que, ante la
confesa destrucción de la prueba por parte de la UNAL, cualquier otro proceso
ordinario carecería de objeto probatorio, convirtiendo la tutela en el único
mecanismo residual capaz de evitar un perjuicio irremediable a mi derecho a la
educación, que es de orden constitucional y fundamental de protección al ser
vulnerado por la Universidad Nacional”.

1
Adicionadas en escrito de 23 de enero de 2026.
5

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Demandantes: Juan Pablo Quiñones Salas

Afirmó que la Universidad Nacional de Colombia obstaculizó su acceso a la
educación superior durante siete años, primero al impedirle conocer sus resultados
y, posteriormente al admitir la destrucción de los exámenes de los periodos
académicos del 2018 al 2023. Por lo que la eliminación de pruebas documentales
configuraba un daño consumado que le impidió verificar su puntaje real, razón por
la cual solicitó una reparación in natura consistente en el ingreso directo al programa
de medicina.

Precisó que la primera instancia incurrió en un “defecto sustantivo al ignorar los
pronunciamientos de la Corte Constitucional que son de obligatorio cumplimiento”.
En particular, afirmó que se desconoció el precedente judicial contenido en las
sentencias (i) T-437 de 2012, la cual establece que cuando una entidad pública tiene
el control de una prueba y la pierde o destruye, no puede trasladar al ciudadano la
carga de demostrar un hecho imposible. Por lo tanto, precisó la UNAL al haber
destruido los exámenes debía operar una “presunción de veracidad” a favor del
ciudadano, (ii) T-951 de 2003, en la que se señaló que el ciudadano no debía
soportar las consecuencias negativas de errores administrativos, por lo que acudir
a un proceso de reparación directa largo y complejo castigaba al afectado por una
falla de la universidad (destrucción de documentos), y (iii) T-068 de 2012, mediante
la cual se precisó que la tutela debía garantizar una protección real y efectiva de los
derechos, por lo que limitarse a ordenar trámites cuando la prueba había sido
destruida hacia ineficaz la protección.

Por otro lado, señaló que la tutela era el mecanismo idóneo y urgente para proteger
el derecho a la educación, ya que remitir el asunto a un proceso de reparación
directa implicaba un proceso judicial de 5 a 10 años, después de que se ha esperado
7 años por una respuesta. Y en ese contexto, afirmó que eso haría que el derecho
a estudiar Medicina perdiera sentido por el paso del tiempo, causando un perjuicio
irremediable a su proyecto de vida. Asimismo, afirmó que la reparación directa era
principalmente indemnizatoria (económica) y no podía garantizarle el acceso
inmediato a la educación que era la necesidad real del caso.

Advirtió que el fallo de primera instancia desconoció el precedente sobre la carga
dinámica de la prueba establecido en la sentencia T-437 de 2012, pues se consideró
improcedente ordenar el cupo porque no existía prueba de que el examen había
sido aprobado. Sin embargo, omitió que dicha prueba no existía porque fue
destruida por la propia universidad, hecho ya había sido acreditado en el proceso.

De igual modo, sostuvo que la Universidad Nacional de Colombia alegó una
supuesta “reserva” sobre los exámenes de admisión para negar el acceso a la
información. Sin embargo, dicha actuación resultaba ilegal por varias razones: (i) la
reserva solo podía establecerse por ley de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 15 de la Constitución y la Ley 1266 de 2008, (ii) no podía oponerse al titular
de la información, (iii) la Corte Constitucional ha señalado que los aspirantes tienen
derecho a acceder a los documentos de sus exámenes de admisión, para garantizar
el debido proceso y la transparencia. Por lo tanto, invocar una reserva para
ocultarlos constituía una actuación arbitraria, y (iv) la Universidad Nacional como
“ente público” estaba sujeta a la Ley General de Archivos, por lo que la destrucción
de los exámenes sin cumplir los procedimientos establecidos constituía una
irregularidad administrativa y una posible falla del servicio.

Afirmó que la sentencia cuestionada incurrió en una “vía de hecho por defecto
fáctico y sustantivo”, toda vez que se omitió (i) “imponer una prueba diabólica” al
exigirle demostrar un puntaje que solo la universidad tenía y que ella misma
“confesó haber destruido”, lo que vulneraba el debido proceso al imponer una
prueba imposible, (ii) “idoneidad de la vía ordinaria”, toda vez que la primera
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instancia consideró procedente la reparación directa, pese a que es una “acción
indemnizatoria” y prolongada, incapaz de proteger de manera inmediata el derecho
fundamental a la educación y el proyecto de vida, (iii) “validación de reserva ilegal”
porque no se analizó la supuesta reserva alegada por la universidad, permitiendo
que se negara el acceso a información que pertenece al titular de los datos, (iv)
“omisión de control sobre el patrimonio documental” y (v) “desconocimiento de la
urgencia del semestre”.

Finalmente, concluyó que “la propia Universidad Nacional, en su Manual de Gestión
Documental, establece términos de custodia rigurosos. Al haber admitido que
'eliminó' los registros en pleno trámite de reclamación, la entidad actuó con
desviación de poder, tratando de ocultar el error administrativo inicial. El Derecho
no puede permitir que la administración cree su propia impunidad destruyendo las
pruebas del ciudadano, más aún cuando se evidencia que no sigue la ley de archivo
nacional, siendo una entidad pública, y es de obligatorio cumplimiento, incluyendo
a las universidades públicas al ser entes del Estado”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de primera instancia que amparó los derechos
fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la información del
accionante, y declaró improcedente las demás pretensiones del escrito de tutela, y,
en caso afirmativo y que cumpla con los demás requisitos generales de
procedencia, si la autoridad accionada incurrió en la vulneración de los derechos
fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la información de la parte
actora.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.

Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas
son hábiles para interponer la acción de tutela (…)”.

En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y subsidiario
de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona, cuando éstos

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resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Juan Pablo Quiñones Salas, quien actúa en nombre propio, presentó
acción de tutela con la pretensión de que el juez constitucional ampare sus
derechos fundamentales de petición, debido proceso y habeas data, presuntamente
vulnerados por la Universidad Nacional de Colombia, al no remitir copia de sus
últimos diez exámenes de admisión a la Universidad Nacional y sus respectivas
claves de respuestas2.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
mediante sentencia de 27 de enero de 2026, amparó los derechos fundamentales
de petición, debido proceso y acceso a la información del accionante, y como
consecuencia, ordenó al Rector de la Universidad Nacional de Colombia remitir al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca el recurso de insistencia interpuesto por
el actor, toda vez que no obraba prueba en el expediente de dicha remisión.
Asimismo, declaró improcedente las pretensiones encaminadas a que se ordenará
el ingreso del demandante al programa de medicina, a título de reparación, y que le
fueran entregadas copia de las actas de eliminación documental aprobadas por el
Comité de Archivo.

El accionante impugnó la decisión al considerar vulnerado su derecho fundamental
a la educación. Señaló que la Universidad Nacional de Colombia le impidió conocer
los resultados de sus exámenes de admisión y posteriormente admitió haber
destruido dichas pruebas correspondientes a los periodos 2018 a 2023, lo que a su
juicio bloqueó el acceso al sistema de educación superior durante siete años y
truncó su proyecto de vida. Por ello, sostuvo que la eliminación de los exámenes
configuró un daño consumado que le impidió verificar su puntaje real, razón por la
cual solicitó como reparación el ingreso directo al programa de medicina.

Asimismo, argumentó que la tutela era el único mecanismo idóneo y eficaz para
proteger su derecho, pues acudir al medio de control de reparación directa
implicaría un proceso prolongado e incapaz de garantizar el acceso inmediato a la
educación. Indicó además que la decisión de primera instancia desconoció
precedentes de la Corte Constitucional sobre carga dinámica de la prueba y
protección efectiva de los derechos fundamentales al exigirle demostrar un puntaje
cuya prueba fue destruida por la propia universidad. Finalmente, sostuvo que la
institución actuó de manera arbitraria al negar el acceso a la información bajo una
supuesta reserva y al eliminar documentos que, como entidad pública, debía
conservar conforme a la normativa aplicable, lo que configuraba una “vía de hecho
por defectos fáctico y sustantivo”.

De manera previa, la Sala advierte que no emitirá pronunciamiento alguno respecto
del amparo de los derechos fundamentales de petición, debido proceso y acceso a
la información reconocido al accionante en la sentencia de primera instancia, ni
frente a la orden impartida al Rector de la Universidad Nacional de Colombia para
que remitiera al Tribunal Administrativo de Cundinamarca el recurso de insistencia
presentado por el actor. Lo anterior, por cuanto del análisis del escrito de
impugnación no se evidencia reparo, inconformidad o cuestionamiento alguno

2
Mediante escrito de 23 de enero de 2026, solicitó como “pretensiones finales: 1. ORDENAR la entrega digital (PDF) del
historial íntegro de mis exámenes presentados, incluyendo claves de respuesta y cuadernos de preguntas. 2. ORDENAR
el cupo directo en el programa de Medicina como única medida de reparación ante la imposibilidad de verificación técnica
causada por la accionada. 3. ORDENAR el aporte de las Actas de Eliminación Documental aprobadas por el Comité de
Archivo, bajo gravedad de juramento. 4. COMPULSAR COPIAS a la Procuraduría General de la Nación por la presunta
destrucción de documentos públicos en litigio y obstrucción a la justicia”.

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Radicado: 25000-23 -15-000-2026-00011-01
Demandantes: Juan Pablo Quiñones Salas

dirigido contra dicha decisión. En ese sentido, la Sala comparte lo decidido por el a
quo.

No obstante, se tiene que los argumentos expuestos por la parte actora se orientan
exclusivamente a controvertir los aspectos de la providencia en los que se declaró
improcedente la pretensión encaminada a que se ordene su ingreso al programa
de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia como medida de reparación
y la entregade las actas de eliminación documental aprobadas por el Comité de
Archivo.

En ese contexto, la Sala observa que el 23 de octubre de 2025 el accionante
presentó un derecho de petición ante la Universidad Nacional de Colombia con el
fin de obtener copia de sus últimos diez exámenes de admisión y de sus respectivas
claves de respuestas. Mediante oficio del 6 de noviembre de 2025, la universidad
negó la solicitud al señalar que la información estaba sujeta a reserva conforme al
Acuerdo 039 del Consejo Superior Universitario. Ante esta respuesta, el 9 de
noviembre de 2025 el actor interpuso recurso de insistencia.

Posteriormente, el 22 de enero de 2026, el director Nacional de Admisiones informó
que el accionante había participado en varios procesos de admisión y que la
solicitud se refería a las pruebas de los periodos 2018-2 a 2026-1. No obstante,
indicó que respecto de algunas convocatorias (2018-2, 2019-1, 2020-1, 2022-1,
2022-2 y 2023-2) el material de examen había sido destruido conforme a los
procedimientos contractuales de disposición final, que en los periodos 2022-1 y
2022-2 no se aplicó prueba de admisión debido a la emergencia sanitaria por
COVID-19 y que, en relación con las convocatorias 2024-1, 2025-1, 2025-2 y 2026-
1, el actor podía consultar el material del examen de manera presencial en las
instalaciones de la Dirección Nacional de Admisiones bajo las condiciones y
protocolos requeridos.

Finalmente, el 23 de enero de 2026 el accionante presentó un memorial mediante
el cual adicionó sus pretensiones dentro del trámite de la presente acción de tutela,
solicitando la entrega digital del historial completo de sus exámenes, el
otorgamiento de un cupo directo en el programa de Medicina como medida de
reparación, el aporte de las actas de eliminación documental y la compulsa de
copias a la Procuraduría General de la Nación. Frente a dichas solicitudes -que
constituyen los aspectos que el actor cuestiona mediante su escrito de
impugnación-, la Sala confirmará la declaratoria de improcedencia adoptada en
primera instancia, por las razones que se exponen a continuación.

En relación con la pretensión consistente en “ORDENAR la entrega digital (PDF)
del historial íntegro de mis exámenes presentados, incluyendo claves de respuesta
y cuadernos de preguntas”, la Sala advierte que se trata de un asunto que debe ser
resuelto en el marco del trámite del recurso de insistencia, mecanismo previsto
precisamente para que el juez competente determine si la negativa de la entidad a
suministrar determinada información resulta o no ajustada a derecho. En ese
sentido, no corresponde al juez de tutela pronunciarse nuevamente sobre una
solicitud cuyo conocimiento corresponde resolverse en dicha instancia judicial.

Por otra parte, frente a las pretensiones encaminadas a “ORDENAR el cupo directo
en el programa de Medicina como única medida de reparación ante la imposibilidad
de verificación técnica causada por la accionada” y “ORDENAR el aporte de las
Actas de Eliminación Documental aprobadas por el Comité de Archivo, bajo
gravedad de juramento”, la Sala advierte que respecto de ambas solicitudes no se
acredita que el accionante las hubiera formulado previamente ante la Universidad
Nacional de Colombia. En efecto, revisado el derecho de petición allegado al
expediente se desprende que el requerimiento presentado por el actor se limitó a
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solicitar copia de los exámenes de admisión y de sus respectivas claves de
respuesta, sin que en dicha petición se hubiera solicitado el otorgamiento de un
cupo directo en el programa de medicina ni el suministro de las actas de eliminación
documental. En ese contexto, no es posible predicar la vulneración de derecho
fundamental alguno frente a solicitudes que no fueron planteadas previamente ante
la entidad accionada, razón por la cual tales pretensiones resultan improcedentes
en sede de tutela.

Finalmente, en cuanto a la pretensión de “COMPULSAR COPIAS a la Procuraduría
General de la Nación por la presunta destrucción de documentos públicos en litigio
y obstrucción a la justicia”, la Sala advierte que, si el actor considera que la actuación
de la entidad configura una irregularidad de carácter disciplinario o administrativo,
deberá acudir directamente ante las autoridades competentes para que adelanten
las investigaciones a que haya lugar, escenario que no corresponde dirimir al juez
de tutela en el marco de la presente acción constitucional.

Ahora bien, en relación con el argumento del accionante según el cual la decisión
de primera instancia desconoció el precedente constitucional relativo a la carga
dinámica de la prueba en aquellos eventos en los que el material probatorio ha sido
destruido o se encuentra en poder de la entidad accionada, la Sala advierte que
dicha jurisprudencia no resulta aplicable al caso concreto. En efecto, de la revisión
del expediente se observa que las pretensiones formuladas por el actor, en
particular el otorgamiento de un cupo directo en el programa de medicina como
medida de reparación y la entrega de determinada documentación pueden ser
tramitadas a través de otros mecanismos o actuaciones idóneas. En ese contexto,
la circunstancia relativa a la eventual destrucción del material del examen no
habilita, por sí sola, la intervención del juez de tutela para disponer las medidas
solicitadas, ni permite desplazar los procedimientos previstos para la definición de
ese tipo de controversias, razón por la cual no es posible predicar el
desconocimiento del precedente invocado por el accionante.

Por otro lado, la Sala advierte que, a partir de los argumentos expuestos en el escrito
de impugnación, el accionante pretende controvertir el contenido de la respuesta
suministrada por la Universidad Nacional de Colombia en el curso del trámite de la
presente acción de tutela. No obstante, dicho planteamiento desborda el objeto de
la solicitud de amparo, toda vez que la acción constitucional fue promovida
inicialmente ante la presunta falta de trámite del recurso de insistencia interpuesto
por el actor frente a la negativa de acceso a la información solicitada, aspecto que
ya fue resuelto favorablemente en la sentencia de primera instancia al ordenarse la
remisión del referido recurso al juez competente.

En ese sentido, ampliar el análisis en esta instancia para examinar la legalidad o
suficiencia de la respuesta emitida por la universidad durante el trámite de la tutela
no solo implicaría alterar el alcance de la controversia inicialmente planteada, sino
que además podría desconocer el derecho de defensa y contradicción de la
autoridad accionada y particularmente interferir en la competencia atribuida al juez
encargado de resolver el recurso de insistencia. Por lo tanto, las inconformidades
del actor dirigidas a cuestionar dicha respuesta no pueden ser objeto de
pronunciamiento en el marco de la presente acción de tutela.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia impugnada que amparó
los derechos fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la información
del accionante, y como consecuencia, ordenó al Rector de la Universidad Nacional
de Colombia remitir al Tribunal Administrativo de Cundinamarca el recurso de
insistencia interpuesto por el actor, y declaró la improcedencia respecto de las
pretensiones encaminadas a que se ordenará el ingreso del demandante al
programa de medicina, a título de reparación, y que le fueran entregadas copia de
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Demandantes: Juan Pablo Quiñones Salas

las actas de eliminación documental aprobadas por el Comité de Archivo, pero por
las razones expuestas.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia del 27 de enero de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por las razones
aquí expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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