Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02426-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02426-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-02426-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
24 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02426-01
Accionante: JUAN PABLO QUIÑONES SALAS
Autoridad: CONSEJO DE ESTADO–SECCIÓN CUARTA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. TUTELA CONTRA
TUTELA-Presupuestos para que proceda excepcionalmente. TUTELA CONTRA TUTELA-No procede para revisar la
decisión.
La Sala decide la impugnación interpuesta por Juan Pablo Quiñones Salas contra el fallo
proferido el 8 de mayo de 2026, por el Consejo de Estado–Sección Tercera– Subsección
A, que declaró improcedente la acción de tutela.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
Juan Pablo Quiñones Salas, actuando en nombre propio, formuló acción de tutela con el
fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
educación, igualdad, habeas data, petición, acceso a la administración de justicia y
acceso a documentos públicos, los cuales estimó vulnerados por el Consejo de Estado –
Sección Cuarta-, al haber proferido la sentencia del 19 de marzo de 2026, dentro de la
acción de tutela promovida contra la Universidad Nacional de Colombia 1 . En dicha
providencia se confirmó la decisión de primera instancia que había amparado sus
derechos de petición, debido proceso y habeas data respecto del trámite del recurso de
1 Proceso identificado con número de radicación: 25000-23-15-000-2026-00011-01
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02426-01
Accionante: Juan Pablo Quiñones Salas
Acción de tutela–Segunda instancia
insistencia, pero declaró improcedentes las pretensiones encaminadas a obtener copia
digital de sus exámenes de admisión, el aporte de las actas de eliminación documental y
el ingreso directo al programa de Medicina como medida de reparación. El accionante
consideró que la autoridad judicial accionada desconoció las consecuencias derivadas
de la destrucción del material correspondiente a sus exámenes de admisión, omitió
valorar adecuadamente los hechos y pruebas allegados al proceso, y le impuso una carga
probatoria imposible al exigirle demostrar circunstancias cuya acreditación, en su criterio,
resultaba inviable debido a la desaparición de los documentos que se encontraban bajo
custodia de la Universidad Nacional.
En virtud del amparo, la accionante solicitó textualmente:
«1. PRIMERA (MEDIDA CAUTELAR): Ordenar de manera inmediata a la
Universidad Nacional de Colombia la reserva de cupo y matrícula provisional del
suscrito en el programa de Medicina, para evitar la consolidación de un daño
consumado por el avance del calendario académico.
2. SEGUNDA: Tutelar mis derechos fundamentales al Debido Proceso, Igualdad,
Educación y Acceso a la Administración de Justicia. Y se restablezcan
DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS: Solicito el amparo de mis
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO (Art. 29 C.P.), EDUCACIÓN (Art.
67 C.P.), IGUALDAD (Art. 13 C.P.), HABEAS DATA (Art. 15 C.P.), PETICIÓN (Art.
23 C.P.), ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Art. 229 C.P.) y el
derecho al ACCESO A DOCUMENTOS PÚBLICOS (Art. 74 C.P.); así como los
derechos contenidos en el Bloque de Constitucionalidad referentes a las
GARANTÍAS JUDICIALES (Art. 8 CADH) y el DERECHO A UN RECURSO
EFECTIVO (Art. 25 CADH).
3. TERCERA: Dejar sin efectos la sentencia proferida el 19 de marzo de 2026 por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado (Rad. 25000-23-15-000-2026-00011-01)
y, en su lugar, dictar una sentencia de reemplazo que ampare mis derechos.
4. CUARTA (REPARACIÓN): Ordenar a la Universidad Nacional de Colombia mi
ingreso definitivo al programa de Medicina, como medida de Reparación In Natura
ante la confesada e ilegal destrucción de las pruebas de mi examen de admisión.
5. QUINTA (COMPULSA): Ordenar la compulsa de copias a la fiscalía general de
la Nación, Procuraduría y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que
se investigue el fraude en las notificaciones y la destrucción de documentos
públicos aquí denunciados.»
2. Hechos relevantes
El señor Juan Pablo Quiñones Salas presentó el 23 de octubre de 2025 una solicitud ante
la Universidad Nacional de Colombia para obtener copia de los últimos diez exámenes
de admisión que había presentado y de sus respectivas claves de respuesta. La entidad
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02426-01
Accionante: Juan Pablo Quiñones Salas
Acción de tutela–Segunda instancia
negó la petición mediante oficio No. 1.002.08-1042-25 del 6 de noviembre de 2025, al
considerar que la información solicitada se encontraba sometida a reserva.
Contra dicha decisión, el actor interpuso recurso de insistencia el 9 de noviembre de
2025.
Al considerar que la Universidad Nacional no había dado el trámite correspondiente al
recurso de insistencia y que ello afectaba sus derechos fundamentales, el 15 de enero
de 2026 promovió acción de tutela contra dicha institución, invocando la protección de
sus derechos de petición, debido proceso y habeas data.
El conocimiento de la acción correspondió, en primera instancia, a la Sección Segunda,
Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que mediante sentencia de
27 de enero de 2026 amparó los derechos fundamentales invocados y ordenó al Rector
de la Universidad Nacional remitir el recurso de insistencia a la autoridad competente. No
obstante, declaró improcedentes las demás pretensiones encaminadas al ingreso del
actor al programa de Medicina y a la entrega de las actas relacionadas con la eliminación
documental.
La anterior decisión fue impugnada por el accionante y conocida en segunda instancia
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que mediante sentencia del 19 de marzo
de 2026 confirmó el fallo. La Sala precisó que la controversia relacionada con la entrega
de los exámenes debía resolverse dentro del trámite propio del recurso de insistencia y
consideró improcedentes las solicitudes encaminadas a obtener el ingreso directo al
programa de Medicina y la entrega de las actas de eliminación documental, por no haber
sido formuladas previamente ante la Universidad.
Durante el trámite de la acción constitucional, la Universidad Nacional informó que el
material físico correspondiente a los exámenes de admisión presentados por el actor
había sido destruido. A partir de dicha circunstancia, el accionante sostuvo que surgió un
hecho nuevo que impedía la verificación de los resultados obtenidos y que justificaba la
adopción de medidas de reparación relacionadas con su aspiración de ingreso al
programa de Medicina.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02426-01
Accionante: Juan Pablo Quiñones Salas
Acción de tutela–Segunda instancia
Inconforme con la decisión de segunda instancia proferida por la Sección Cuarta, el señor
Quiñones Salas presentó el 26 de marzo de 2026 acción de tutela contra dicha
providencia judicial, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, educación, igualdad, habeas data, petición, acceso a la administración de
justicia y acceso a documentos públicos.
Como fundamento de la nueva solicitud de amparo, afirmó que la autoridad judicial
accionada incurrió en defectos fácticos, sustantivos y procedimentales, al no valorar
adecuadamente las consecuencias derivadas de la destrucción de los documentos
relacionados con sus exámenes de admisión, exigirle demostrar circ unstancias que, a su
juicio, resultaban imposibles de acreditar por la desaparición de dicho material probatorio,
y negar las medidas que solicitó como forma de reparación de los derechos
presuntamente afectados.
Igualmente, adujo que durante el trámite de la actuación existieron irregularidades
relacionadas con las notificaciones electrónicas y con la destrucción de los documentos
correspondientes a sus exámenes de admisión, circunstancias sobre las cuales estimó
que la Sección Cuarta omitió efectuar un pronunciamiento suficiente.
3. Fundamentos de la acción
El accionante sostuvo que la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, educación, igualdad,
habeas data, petición, acceso a la administración de justicia y acceso a documentos
públicos, por cuanto desconoció las consecuencias derivadas de la destrucción del
material correspondiente a sus exámenes de admisión por parte de la Universidad
Nacional de Colombia.
Afirmó que la providencia incurrió en defecto fáctico, al omitir la aplicación de la
presunción de veracidad prevista en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 y exigirle
acreditar hechos que, en su criterio, resultaban imposibles de demostrar debido a la
desaparición de los documentos que contenían la información relativa a sus resultados
de admisión.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02426-01
Accionante: Juan Pablo Quiñones Salas
Acción de tutela–Segunda instancia
Igualmente, alegó la configuración de defectos sustantivos y procedimentales, por el
desconocimiento de la jurisprudencia sobre carga dinámica de la prueba, reparación
integral y facultades ultra y extra petita del juez constitucional. Sostuvo que la destrucción
de los exámenes constituyó un hecho sobreviniente que justificaba el estudio de las
pretensiones orientadas a obtener una reparación efectiva frente a la imposibilidad de
verificar sus resultados.
También señaló que la autoridad judicial accionada omitió pronunciarse adecuadamente
sobre las presuntas irregularidades relacionadas con las notificaciones electrónicas, la
destrucción del material probatorio y la solicitud de compulsa de copias, incurriendo
además en una falta de motivación suficiente respecto de varios de los argumentos
expuestos en la impugnación.
Finalmente, sostuvo que la decisión desconoció los principios pro homine y favor debilis,
así como la necesidad de brindar una protección efectiva a su derecho a la educación
frente al perjuicio que, en su concepto, se derivaba de la imposibilidad de acceder al
programa de Medicina y del avance del calendario académico.
4. Trámite de primera instancia
El 8 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela 2 y se ordenó su notificación a la
autoridad judicial accionada, así como vincular a la Universidad Nacional de Colombia,
en calidad de terceros interesados. Igualmente, se solicitó al Consejo de Estado –
Sección Cuarta remitir copia digital del expediente de tutela.
Con posterioridad a la admisión de la tutela, el accionante aportó 3 como prueba
sobreviniente el auto del 9 de abril de 2026 mediante el cual se rechazó por improcedente
el recurso de insistencia promovido para obtener copia de sus exámenes de admisión y
sus claves de respuesta. Con fundamento en dicha decisión, sostuvo que la tutela
constituía el mecanismo judicial idóneo para resolver la controversia y reiteró su solicitud
de ingreso al programa de Medicina. Asimismo, alegó que no existía cosa juzgada, debido
a los hechos nuevos relacionados con la destrucción del material de examen por parte
de la Universidad Nacional.
2 SAMAI, índice 5 de primera instancia.
3 SAMAI, índice 8 de primera instancia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02426-01
Accionante: Juan Pablo Quiñones Salas
Acción de tutela–Segunda instancia
En su escrito de contestación 4, el Consejo de Estado – Sección Cuarta- solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al considerar que se dirige contra una sentencia de
tutela que aún no había culminado su trámite constitucional, pues había sido remitida a
la Corte Constitucional para su eventual revisión. Señaló que no se cumplen los requisitos
excepcionales para la procedencia de la denominada tutela contra tutela.
Asimismo, sostuvo que el accionante pretende reabrir una controversia ya decidida por
el juez constitucional, relacionada con la solicitud de ingreso al programa de Medicina de
la Universidad Nacional como consecuencia de la presunta destrucción del material de
examen.
Finalmente, afirmó que la providencia cuestionada no presenta irregularidades, fraude ni
vulneración de derechos fundamentales, pues fue adoptada con fundamento en las
pruebas obrantes en el expediente y en la jurisprudencia aplicable, razón por la cual
solicitó negar el amparo solicitado.
De igual forma, en su escrito de contestación 5, la Universidad Nacional de Colombia
solicitó negar el amparo al considerar que no vulneró los derechos fundamentales del
accionante. Expuso que la negativa de entregar copia de los exámenes de admisión
obedeció al carácter reservado de dicha información y que, durante el trámite de la tutela
inicial, informó al actor acerca de la posibilidad de revisar algunos cuadernillos y de la
imposibilidad material de exhibir otros, correspondientes a convocatorias anteriores,
debido a que habían sido destruidos conforme a los procedimientos internos de la
institución.
Indicó que el accionante formuló su solicitud de acceso a los exámenes más de dos años
después de la presentación de varias de las pruebas respecto de las cuales solicitó
información, cuando el procedimiento de destrucción documental ya había sido
ejecutado. Asimismo, sostuvo que la reserva de los bancos de preguntas y pruebas de
admisión responde al principio de autonomía universitaria y busca garantizar la
transparencia, igualdad e imparcialidad de los procesos de selección.
4 SAMAI, índice 19 de primera instancia.
5 SAMAI, índice 20 de primera instancia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02426-01
Accionante: Juan Pablo Quiñones Salas
Acción de tutela–Segunda instancia
Finalmente, afirmó que acceder a la pretensión de ordenar el ingreso directo del actor al
programa de Medicina implicaría desconocer las reglas que rigen los procesos de
admisión y afectar el derecho a la igualdad de los demás aspirantes, razón por la cual
solicitó que se negara la tutela.
Posteriormente, la parte accionante solicitó acceso al expediente y presentó 6
observaciones a las contestaciones de la Sección Cuarta del Consejo de Estado y de la
Universidad Nacional. En ellas insistió en los argumentos de la demanda, afirmó que su
situación era diferente a la de los demás aspirantes por la destrucción del material
probatorio, cuestionó la falta de pronunciamiento sobre el presunto desconocimiento del
precedente y el eventual conflicto de intereses del magistrado ponente, y sostuvo que la
controversia planteada tiene relevancia constitucional al involucrar la destrucción de
documentos públicos y la afectación de su derecho a la educación. Finalmente, reiteró
sus pretensiones y solicitó la aplicación del control de convencionalidad, al considerar
que únicamente su ingreso al programa de Medicina constituía una medida de reparación
adecuada.
El 8 de mayo 20267, el Consejo de Estado–Sección Tercera–Subsección A profirió
sentencia de primera instancia, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela
promovida por Juan Pablo Quiñones Salas contra el Consejo de Estado–Sección Cuarta-
, al concluir que no se cumplen los presupuestos de procedencia excepcional de la acción
de tutela contra sentencias de la misma naturaleza, en tanto el accionante no demostró
de manera clara y suficiente que la providencia enjuiciada fuera producto de una situación
irregular o fraudulenta, y sus reparos se dirigieron a expresar inconformidad con la
decisión adoptada en segunda instancia. Asimismo, advirtió que la solicitud de amparo
buscaba reabrir un debate jurídico ya resuelto, configurando una identidad procesal con
la tutela inicial, y que no se acreditó el requisito de relevancia constitucional, pues no se
evidenció la afectación directa de derechos fundamentales que ameritara la intervención
del juez de tutela.
La parte accionante impugnó la decisión 8, argumentando que el Consejo de Estado–
Sección Tercera–Subsección A- incurrió en defectos fácticos, sustantivos y
procedimentales al declarar improcedente la tutela sin valorar adecuadamente la
6 SAMAI, índice 22 de primera instancia.
7 SAMAI, índice 26 de primera instancia.
8 SAMAI, índice 30 de primera instancia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02426-01
Accionante: Juan Pablo Quiñones Salas
Acción de tutela–Segunda instancia
destrucción de los exámenes de admisión por parte de la Universidad Nacional, las
presuntas irregularidades en las notificaciones electrónicas y el Auto del 9 de abril de
2026 que, según afirma, reconoció a la tutela como el mecanismo idóneo para controvertir
la actuación de la Universidad. Igualmente, alegó que se desconocieron la presunción de
veracidad, los principios pro homine y favor debilis, el bloque de constitucionalidad, sus
condiciones de vulnerabilidad socioeconómica (Sisbén B2) y la existencia de un perjuicio
irremediable derivado de la pérdida de la oportunidad de ingresar al programa de
Medicina, por lo que solicitó revocar la providencia impugnada y conceder el amparo de
los derechos invocados.
Finalmente, el 3 de junio de 20269, se concedió el recurso de impugnación.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
8 de mayo de 2026, proferida por el Consejo de Estado–Sección Tercera–Subsección A,
que declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se acreditaron los
presupuestos excepcionales que habilitan la procedencia de una tutela contra una
sentencia de tutela, particularmente la existencia de cosa juzgada fraudulenta.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
9 SAMAI, índice 33 de primera instancia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02426-01
Accionante: Juan Pablo Quiñones Salas
Acción de tutela–Segunda instancia
derecho constitucional fundamental 10. De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela11.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.
Tutela contra providencias proferidas en acción de tutela
La Corte Constitucional, en su jurisprudencia de unificación, determinó que la acción de
tutela contra una sentencia de tutela es, por regla general, improcedente 12. Dicha regla
no admite excepciones cuando la sentencia es expedida por esa Corporación. Si la
sentencia es proferida por cualquier otra autoridad judicial, la tutela procederá cuando se
configure la cosa juzgada fraudulenta. Este fenómeno se consolida cuando i) se
satisfacen los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, ii) se demuestre que la decisión adoptada en la providencia fue
producto de un fraude y iii) que no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz
para resolver la situación.
Además, para que la acción proceda, la demanda de tutela no debe guardar identidad
procesal con la tutela que se pretende enjuiciar. Asimismo, el fenómeno de la cosa
10 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
12 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-627 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo. Sentencia SU-1219
de 2001.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02426-01
Accionante: Juan Pablo Quiñones Salas
Acción de tutela–Segunda instancia
juzgada fraudulenta sólo puede existir, en sede de tutela, cuando el fallo haya hecho
tránsito a cosa juzgada constitucional, lo cual ocurre una vez la Corte Constitucional se
abstiene de seleccionar el fallo para revisión dentro del término legal otorgado para ello 13.
Caso concreto
El señor Juan Pablo Quiñones Salas promovió acción de tutela contra la sentencia del 19
de marzo de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al considerar
que dicha providencia vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso,
educación, igualdad, habeas data, petición, acceso a la administración de justicia y
acceso a documentos públicos.
Como fundamento principal de la demanda de tutela, el accionante sostuvo que la
providencia cuestionada incurrió en defectos fácticos, sustantivos y procedimentales, al
desconocer las consecuencias derivadas de la destrucción del material correspondiente
a sus exámenes de admisión por parte de la Universidad Nacional de Colombia, exigirle
acreditar circunstancias que, en su criterio, resultaban imposibles de probar ante la
desaparición de dicha evidencia, y negar el estudio de las pretensiones orientadas a
obtener una reparación efectiva frente a la imposibilidad de verificar los resultados
obtenidos en el proceso de admisión al programa de Medicina.
No obstante, la Sala advierte que, la providencia cuestionada fue proferida en el marco
de un proceso de tutela. Respecto de este punto, la presente acción es a todas luces
improcedente, pues no satisface los requisitos generales de la tutela contra providencia
judicial, ni los supuestos excepcionalísimos de procedencia de la acción de tutela contra
una decisión de su misma naturaleza.
En virtud de lo anterior, los reproches expuestos por el accionante no cumplen con una
carga argumentativa mínima suficiente que permita abordar el estudio de los argumentos
que esgrime. Por un lado, no cumple con plantear, como base de la discusión que
propone, los requisitos especiales de procedencia de acción de tutela contra providencia
judicial. Se limita a plantear su inconformidad con lo resuelto en la sentencia de tutela de
Radicado No. 25000-23-15-000-2026-00011-00/01.
13 Además del término de insistencia de los magistrados, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo
y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En ese sentido: Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia del
29 de julio de 2021. M.P. Diana Fajardo Rivera.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02426-01
Accionante: Juan Pablo Quiñones Salas
Acción de tutela–Segunda instancia
Además, la cosa juzgada fraudulenta solo podrá existir cuando fenezca el término para
que la Corte Constitucional seleccione la sentencia para revisión, fenómeno que se
consolida cuando i) se satisfacen los requisitos generales para la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, ii) se demuestre que la decisión adoptada
en la providencia fue producto de un fraude y iii) que no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación 14 ; situaciones que, por demás, no se
encuentran acreditadas en el caso en cuestión. En ese entendido, la acción de tutela
resulta abiertamente improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de mayo de 2026 por el Consejo de
Estado–Sección Tercera–Subsección A, que declaró improcedente la acción de tutela.
SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
14 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-627 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo. Sentencia SU-1219
de 2001.
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