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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02431-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02431-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor José Joaquín Rincón Gómez contra el Tribunal Administrativo de Santander por falta del requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02431-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02431-00
Accionante: José Joaquín Rincón Gómez
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
reparación directa

Decisión: Declarar improcedente la acción de tutela por falta del requisito
de subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por el señor José Joaquín Rincón Gómez, actuando en
nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo de Santander, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva, ocurrida presuntamente por
la expedición de la providencia del 19 de diciembre de 2025, dentro del medio de
control de reparación directa seguido bajo el radicado 68001-33-33-005-2013-
00455-03.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. Los señores José Joaquín Rincón Gómez, Danilo Rincón Gómez Rosa Helena
Rincón Gómez y Guillermina Correa Rincón en ejercicio del medio de control de
reparación directa demandaron a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional para que se les declarara patrimonialmente responsables por la
ocupación ejercida desde el año 1995 sobre una extensión de 4000 m2 del predio
denominado «Mesa Grande Estoraque y Tablón» con matrícula inmobiliaria 312-
10578, ubicado en Molagavita, Santander.

3. El proceso correspondió al Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga
autoridad judicial que negó las pretensiones mediante sentencia del 1.° de
septiembre de 2021, al considerar que no se demostró la existencia de una
ocupación temporal o permanente sobre los 3.872 metros cuadrados adicionales

1 Acción de tutela presentada el 26 de marzo de 2026.

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Accionante: José Joaquín Rincón Gómez

alegados como fuente del daño.

4. En sede apelación, el Tribunal Administrativo de Santander a través de
sentencia del 30 de enero de 2025 revocó la anterior decisión. En consecuencia,
ordenó lo siguiente:

«SEGUNDO: DECLARAR responsable a la NACIÓN-MINISTERIO DE
DEFENSA-POLICÍA NACIONAL por la ocupación temporal de 4.000 m2 en el
predio «Mesa Grande, Estoraque y Tablón», ubicado en la vereda el Llano del
municipio de Molagavita-Santander, identificado con matrícula inmobiliaria No.
312-10578 y catastro No. 00-01-0004-0166-000, de propiedad de los
demandantes José Joaquín Rincón Gómez, Danilo Rincón Gómez, Rosa Helena
Rincón Gómez y Guillermina Correa Rincón, desde el 1º de enero de 1995 hasta
el 28 de febrero de 2021.

TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA
NACIONAL a pagar, a favor de los demandantes (…) la suma de dos mil
novecientos sesenta y nueve millones ciento trece mil ciento tres pesos
($2.969.113.103), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro
cesante, (…).
(…)
SEXTO: ACEPTAR la cesión de derechos litigiosos que realizaron Danilo Rincón
Gómez, Rosa Helena Rincón Gómez y Guillermina Correa Rincón a favor de José
Joaquín Rincón Gómez.»

5. Al respecto, encontró acreditado que la Policía Nacional ocupó de manera
temporal, un área de 4.934,84 m² en el predio «Mesa Grande, Estoraque y
Tablón» desde diciembre de 1993 hasta el 28 de febrero de 2021, lo que causó
un daño antijurídico a los demandantes, consistente en la restricción de su
derecho a la propiedad, pues la ocupación fue ejecutada exclusivamente por la
Policía Nacional, y consistió en la construcción de diversas infraestructuras, como
una casa, garitas, andenes y zanjas, constatadas en la inspección judicial y el
informe del IGAC.

6. De otra parte, indicó que el 12 de noviembre de 2024, en la etapa de alegatos
de conclusión de segunda instancia la parte demandante informó sobre la cesión
de los derechos litigiosos de los señores Danilo Rincón Gómez, Rosa Helena
Rincón Gómez y Guillermina Correa Rincón a favor de José Joaquín Rincón
Gómez.

7. En ese sentido, concluyó que la cesión se consideraba válida por cuanto los ya
mencionados ostentaban la titularidad de los derechos litigiosos, la demandada
fue notificada el 2 de septiembre de 2015, mientras que los contratos de cesión
de derechos litigiosos se suscribieron el 17 de agosto y el 30 de septiembre de
2024, respectivamente, razón por la que reconoció al señor Joaquín Rincón
Gómez como cesonario.

8. El 29 de mayo de 2025, los señores Danilo Rincón Gómez, Rosa Elena Rincón
Gómez y Guillermina Correa Rincón promovieron una acción de tutela por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia e igualdad, con ocasión de la Sentencia de 30 de
enero de 2025, al omitirse verificar que los documentos de cesión no cumplían los
requisitos de los artículos 1969 a 1972 del Código Civil.

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9. El proceso correspondió a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado2, autoridad judicial que mediante sentencia del 8 de agosto de 2025
resolvió declarar improcedente por falta del requisito de relevancia constitucional.
Decisión que fue revocada por la Subsección B de la Sección Tercera de la misma
corporación a través de la sentencia del 11 de noviembre de 2025, en la que
amparó los derechos fundamentales de los señores Rosa Elena Rincón Gómez y
Danilo Rincón Gómez, al haberse configurado el defecto fáctico. En consecuencia,
dejó sin efectos el numeral 6.° de la providencia del 30 de enero de 2025. Sin
embargo, negó el amparo solicitado respecto de Guillermina Correa Rincón.

10. Sobre el particular, indicó que el Tribunal omitió pronunciarse sobre el
contenido de los contratos de cesión celebrados a título gratuito. Tampoco advirtió
la ausencia de la firma del cesionario José Joaquín Rincón Gómez en los contratos
de 17 de agosto de 2024, suscritos por Rosa Elena Rincón Gómez y Danilo Rincón
Gómez ante la Notaría 36 del Círculo de Bogotá D.C. Agregó que, las firmas de
los accionantes aparecían en calidad de cesionarios, aunque en el proceso
ordinario y en los contratos se indicó que actuaban como cedentes,
inconsistencias evidentes que impedían establecer con certeza la verdadera
voluntad y posición negocial de los demandantes respecto de la cesión de
derechos litigiosos.

11. A partir de lo anterior, concluyó que la ausencia de la firma del cesionario y la
ambigüedad sobre la calidad en que los accionantes suscribieron los contratos
generaba incertidumbre sobre la existencia de un consentimiento válido y, por
tanto, sobre el perfeccionamiento de la cesión.

12. Ahora, en el caso de Guillermina Correa Rincón, señaló que el contrato de
cesión de derechos litigiosos a título gratuito fue suscrito ante la Notaría 2 del
Círculo de Duitama (Boyacá) por ella en calidad de cedente y por José Joaquín
Rincón Gómez en calidad de cesionario, documento que no presentaba
inconsistencias evidentes.

13. Así las cosas, el Tribunal Administrativo de Santander en cumplimiento de lo
ordenado en la sentencia de tutela proferida el 11 de noviembre de 2025, dispuso
adicionar el numeral sexto de la sentencia proferida el 30 de enero de 2025, el
cual quedó así:

«Sexto: Se acepta la cesión de los derechos litigiosos realizada por Guillermina
Correa Rincón en favor de José Joaquín Rincón Gómez, y se niega la cesión de
los derechos litigiosos de Danilo Rincón Gómez y Rosa Helena Rincón Gómez en
favor del referido demandante José Joaquín Rincón Gómez.»

14. En cuanto al contrato de cesión suscrito por la señora Guillermina Correa
Rincón indicó que no existía duda sobre la validez del documento, por lo que se
reconoció a José Joaquín Rincón Gómez como cesionario de sus derechos
litigiosos.

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Accionante: José Joaquín Rincón Gómez

15. Por el contrario, negó la cesión de los derechos litigiosos de Rosa Elena Rincón
Gómez y Danilo Rincón Gómez, toda vez que en el contrato de cesión suscribieron
el recuadro equivocado y el señor José Joaquín Rincón Gómez no firmó la cesión
de la cual sería beneficiario.

16. Finalmente, precisó que, si bien el señor José Joaquín Rincón Gómez allegó
copias de los documentos mediante los cuales «acepta la cesión», lo cierto es que
dicho material probatorio no fue puesto en conocimiento ante el Consejo de
Estado en el trámite de la acción de tutela, por lo que su competencia se
circunscribía acatar la orden impartida. De modo que, cualquier controversia sobre
la validez de esos documentos debía ser planteada por las partes ante el juez civil,
como juez natural para conocer de dicho tipo de conflictos.

2.2. Fundamento jurídico

17. La parte actora indicó que el Tribunal incurrió en una omisión en la valoración
de material probatorio que, relacionó de la siguiente manera:

«(i) El hecho de que los contratos de cesión aportados al tribunal en noviembre
12 de 2024 (Archivos 60 a 63, índice 00072 SAMAI, segunda instancia) fueron
entregados por Rosa y Danilo Rincón Gómez a José Joaquín y no al revés, pues
estaban firmados por ellos y no por este.

(ii) El propósito procesal expresado con dicha presentación, consistente en
solicitar el reconocimiento judicial de la cesión de los derechos Litigiosos de Rosa
y Danilo, además de los de Guillermina, a José Joaquín (archivo 60, folio 1,
numeral 2).

(iii) La ratificación expresa del consentimiento o aceptación de José Joaquín, que
no había sido considerada inexorable, allegándose firmados también por él los
contratos el 4 de diciembre de 2025, cuando aún no se había proferido la
sentencia complementaria (SAMAI, Índice 00098, Archivos 104 y 105).

(iv) Además, vista la motivación de las revocatorias de poder realizadas por Rosa
y Danilo Rincón Gómez antes del proferimiento de la sentencia complementaria,
esto es las de diciembre 5 de 2025 y que obran en los archivos 106 y 107, SAMAI,
índice 00100, de la segunda instancia de la reparación directa: no desconocen su
rol contractual de cedentes de los derechos litigiosos a su hermano José
Joaquín.»

18. En ese sentido, insistió que dichas omisiones demostraban que el Tribunal «se
apartó del mandato de valoración integral ordenada por el Consejo de Estado y,
en todo caso, condujo a una conclusión incompatible con el material probatorio
del proceso.»

19. De modo que, a su juicio, el Tribunal en lugar de efectuar la valoración integral,
reprodujo la misma premisa fáctica que había sido cuestionada en sede de tutela
y omitió examinar elementos probatorios directamente relacionados con el
consentimiento del cesionario, circunstancia que implicaba no solo un defecto
fáctico por omisión de valoración probatoria, sino también un desconocimiento del
alcance vinculante de la sentencia de tutela previa.

20. Así como también, incurrió en el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, toda vez que «el análisis integral del contenido de los contratos (…)

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no puede realizarse con exclusión de la ratificación del consentimiento del
cesionario, sobre todo porque no se le dio la oportunidad de subsanar la supuesta
irregularidad que, si es que existía, era subsanable y consistía en un simple
formalismo o ritual»

21. A partir de lo anterior, afirmó que la autoridad judicial accionada sacrificó la
justicia material por un apego a formalidades, renunciando a la verdad jurídica que
emanaba del acervo probatorio.

2.3. Pretensiones

22. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
1. Tutelar los derechos fundamentales.

2. Dejar sin efectos la sentencia complementaria proferida el 19 de diciembre de
2025 por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso de
reparación directa radicado 68001-33-33-005-2013-00455-03.

3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Santander proferir una nueva decisión en
la cual se realice una valoración integral del acervo probatorio, incluyendo:
a) los contratos de cesión de derechos litigiosos,
b) el acto procesal mediante el cual dichos contratos fueron aportados al proceso
por el propio cesionario (quién los presentó, en qué momento procesal, con qué
finalidad, etc.)
c) la ratificación expresa de aceptación de la cesión, presentada el 4 de diciembre
de 2025 con su documental anexa.
Todo con aplicación de las reglas y los principios hermenéuticos de los contratos.
Ej. artículos 1618 y 1624 del Código Civil

4. Disponer que la nueva decisión sea adoptada con observancia estricta del debido
proceso y del principio de prevalencia del derecho sustancial así como el de
conservación de los contratos. (…)»

2.4. Intervenciones

23. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 13 de marzo
de 2026 en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Santander
como accionado y a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ministerio
Público, Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga y a los
señores Danilo Rincón Gómez, Rosa Helena Rincón Gómez y Guillermina Correa
Rincón, como interesados en el resultado del proceso.

24. Los señores Danilo Rincón Gómez, Rosa Helena Rincón Gómez y
Guillermina Correa Rincón después de hacer un recuento de las actuaciones
surtidas en el proceso ordinario manifestaron que no era factible que el Tribunal
valorara la ratificación del consentimiento que presentó el 4 de diciembre de 2025,
pues para esa fecha ya se había desnaturalizado el contrato de cesión mediante
sentencia de tutela del 11 de noviembre de 2025. En ese sentido, no podía hacer
valer dicho documento porque había precluido la oportunidad probatoria,
conforme lo preceptuado en el artículo 212 del CPACA.

25. De otra parte, señalaron que la acción de tutela es improcedente, toda vez que

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lo que pretende la parte actora con su interposición es reabrir el debate ya zanjado
por el Consejo de Estado mediante sentencia del 11 de noviembre de 2025,
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional.

26. Por ende, concluyó que la discrepancia del accionante era meramente
interpretativa y acomodativa de sus intereses económicos, lo cual es ajeno al
control constitucional, por no tratarse de vulneración de derecho fundamental
alguno al mismo.

27. La Policía Nacional pidió ser desvinculada del presente trámite por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

28. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

29. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20193 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

30. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo de Santander, al proferir la sentencia del
19 de diciembre de 2025, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, al incurrir en los
defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

31. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

32. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como

3 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

33. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de
asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

3.4. Del requisito de subsidiariedad

34. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

35. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que
resultan idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se
consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

36. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia4.

37. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el
cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.

3.4 Análisis del presunto defecto de subsidiariedad y el perjuicio
irremediable

3.4.1. La parte actora sostiene que la autoridad judicial incurrió en un defecto
fáctico por omisión en la valoración de los elementos probatorios debidamente

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incorporados al proceso, material probatorio directamente relacionados con el
«consentimiento del cesionario».

38. Al respecto, esta Sala considera que la presente acción de tutela es
improcedente porque la controversia aquí planteada encuadra dentro de los
supuestos del numeral 5.° del artículo 250 del CAPCA. En efecto, el
cuestionamiento relacionado con la presunta a omisión en la valoración del
material probatorio constituye un reproche dirigido a controvertir la legalidad de la
sentencia, lo cual se enmarca en la causal de nulidad originada en la providencia
judicial que puso fin al proceso, susceptible de ser alegada mediante el recurso
extraordinario de revisión.

39. Sobre el particular, el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, establece lo
siguiente:

«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
(…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación.»

3.4.2. Asimismo, refiere que el Tribunal incurre en un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto porque «no se le dio la oportunidad de subsanar una
supuesta irregularidad que, si es que existía, era subsanable y consistía en un
simple formalismo o ritual»

40. En ese sentido, la Sala entiende que la inconformidad del accionante radica,
en la imposibilidad de aportar o hacer valer pruebas en una etapa procesal ya
precluida. Sin embargo, es menester recordarle al accionante que la tutela no
puede utilizarse como un mecanismo alternativo para reabrir etapas probatorias
ni para corregir omisiones atribuibles a las partes dentro del proceso ordinario.

41. Al respecto, el artículo 212 del CPCA prevé:

«ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean
apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse
al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código.
(…)
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término
de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que
se decretarán únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros
diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.
2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse
decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último
caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su
perfeccionamiento.
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad
para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o
desvirtuar estos hechos.
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia
por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

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5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales
3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que
las decreta»

42. En ese sentido, si el accionante no hizo uso de dichas oportunidades
procesales o no acreditó encontrarse en alguno de los supuestos excepcionales
previstos en la norma, no puede pretender, a través del presente mecanismo
constitucional, subsanar esa omisión, pues, admitir lo contrario implicaría
desconocer los principios de seguridad jurídica y autonomía judicial.

43. En ese orden de ideas, para la Sala dicho reparo tampoco cumpliría con el
requisito de subsidiariedad, en la medida que se itera que no es esta la
oportunidad procesal para aportar material probatorio dentro de un proceso en el
que ya se profirió decisión al respecto.

44. Es de advertir que en el presente asunto no se acredita la amenaza inminente
de los derechos fundamentales de los cuales la parte actora pide su protección,
ni tampoco se encuentra que el amparo deba concederse de manera urgente.

38. Así las cosas, dado que, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario
que permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios
de protección judicial como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos, ese reconocimiento obliga a los asociados a incoar
los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que
estimen lesiva de sus derechos.

39. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional5 ha sido clara en reiterar que
las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios
que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o
lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de la acción
de tutela como vía preferente o instancia judicial adicional de protección.

40. De tal modo, al no comprobarse la inminencia, ni existencia de un perjuicio
irremediable, no resulta procedente un estudio de fondo cuando la parte
accionante no ha hecho uso de los medios de defensa judicial que son idóneos y
efectivos para obtener el amparo de sus derechos, razón por la cual se declarará
improcedente la presente acción de tutela.

41. Así las cosas, la Sala procederá a declarar improcedente la presente acción
por falta del requisito de subsidiariedad, pues, se reitera, dentro de las facultades
del juez constitucional no se encuentra la de sustituir las herramientas judiciales
idóneas para obtener la protección iusfundamental quebrantada, porque de lo
contrario, la acción de tutela se convertiría irremediablemente en un medio de
protección alternativo que lejos de amparar un derecho vulnerado, propiciaría un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones que le encomendó la
Carta a los jueces constitucionales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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Accionante: José Joaquín Rincón Gómez

FALLA

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor José
Joaquín Rincón Gómez contra el Tribunal Administrativo de Santander por falta
del requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

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