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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03304-01

Fecha
11 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03304-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 8 de agosto de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela por no acreditar el requisito de relevancia constitucional, y en su lugar, AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Rosa Elena Rincón Gómez y Danilo Rincón Gómez en relación con el defecto fáctico. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS únicamente lo relacionado con el numeral sexto de la Sentencia de 30 de enero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en el proceso de reparación directa No. 68001- 33-33-005-2013-00455-03, por lo que se le ORDENA que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión respecto de Rosa Elena Rincón Gómez y Danilo Rincón Gómez, en la cual atienda a lo expresado en la presente providencia. TERCERO: NEGAR el amparo solicitado por Guillermina Correa Rincón respecto del defecto fáctico, por las razones expuestas. CUARTO: NEGAR el amparo solicitado por todos los accionantes respecto del desconocimiento del precedente, por los argumentos expuestos en la parte motiva de la providencia. QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier 12 de 13 Radicación: 11001-03-15-000-2025-03304-01 Demandantes: Danilo Rincón Gómez y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Santander Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Revoca – ampara y niega ______________________________________________________________________________________________________________ solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin15. SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03304-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

11 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03304-01
Demandantes: Danilo Rincón Gómez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | REPARACIÓN DIRECTA|
Defecto fáctico – Ampara –Ausencia de valoración integral | Desconocimiento del
precedente – Niega

Síntesis del caso: Los accionantes enjuiciaron la sentencia que, en segunda instancia,
aceptó la cesión de derechos litigiosos en favor de uno de los demandantes con base en
documentos que carecían de la firma del cesionario y de claridad sobre la posición en la
que suscribieron los accionantes.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte demandante contra la Sentencia de
8 de agosto de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela por
no acreditar el requisito de relevancia constitucional2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 29 de mayo de 2025, Danilo Rincón Gómez, Rosa Elena Rincón
Gómez y Guillermina Correa Rincón3, mediante apoderado judicial,
presentaron una acción de tutela y solicitud de medida provisional contra
el Tribunal Administrativo de Santander, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia e igualdad, con ocasión de la Sentencia de 30 de enero de 2025,
proferida en el proceso de reparación directa Rad. 68001-33-33-005-2013-
00455-03.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “Primero. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por Danilo Rincón Gómez y Rosa Elena

Rincón Gómez, por las razones expuestas anteriormente”.
3 Se pone de presente que, en primera instancia, se tuvo a Guillermina Correa Rincón como tercera interesada en

el proceso debido a que “el poder presentado no está firmado por ella.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03304-01
Demandantes: Danilo Rincón Gómez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – ampara y niega
______________________________________________________________________________________________________________

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

“1. Que se ordene amparar a favor de mis poderdantes señores Danilo Rincón
Gómez, Rosa Elena Rincón Gómez Y Guillermina Correa Rincón, sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la justicia, al derecho a la
igualdad y conexos, que fueron vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER, en el literal sexto de la sentencia de segunda instancia, de fecha
30 de enero de 2025, dentro del proceso reparación directa radicado ante
dicha autoridad bajo el No. 680013333005- 2013-00455-03, el cual dispuso:
<<SEXTO: ACEPTAR la cesión de derechos litigiosos que realizaron Danilo Rincón
Gómez, Rosa Elena Rincón Gómez y Guillermina Correa Rincón a favor de José
Joaquín Rincón Gómez>>.

2.- Que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, declarar no
valida la cesión de derechos litigiosos efectuada por los accionantes por no
reunir los requisitos legales, esto es, revocando el literal sexto de la parte
resolutiva de la sentencia y profiriendo nuevo fallo ajustado a derecho.

3.- Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene dejar sin efecto dicho
literal sexto y en su lugar se ordene que los aquí accionantes, como
demandantes que son en el proceso contencioso, tengan el derecho
reconocido en el literal tercero del capítulo resuelve de la sentencia de
segunda instancia de fecha 30 de enero de 2025, que dispuso: “Tercero:
condenar a la Nación-Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, a favor
de los demandantes José Joaquín Rincón Gómez con C.C 9515281, Danilo
Rincón Gómez Con C.C 4052414, Rosa Elena Rincón Gómez con C.C 41.651.158
y Guillermina Correa Rincón con C.C 37.230.688, la suma de dos mil novecientos
sesenta y nueve millones ciento trece mil ciento tres pesos ($2.969.113.103), por
concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, con
ocasión de la ocupación temporal de su predio «Mesa Grande, Estoraque y
Tablón», desde el año 1995 hasta el 28 de febrero de 2021.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:

4. 1) José Joaquín Rincón Gómez, Danilo Rincón Gómez, Rosa Elena
Rincón Gómez y Guillermina Correa Rincón promovieron acción de
reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, por la ocupación ejercida desde 1995 en el predio “Mesa Grande,
Estoraque y Tablón”, ubicado en el municipio de Molagavita (Santander). El
inmueble fue ocupado para la instalación de una subestación de policía
destinada a la protección de antenas de telecomunicaciones. En 2011 se
legalizó parcialmente la ocupación mediante contrato de arrendamiento
del área edificada, sin que se acordara nada respecto de la restante
extensión del predio.

5. 2) El 1 de septiembre de 2021, el Juzgado 5 Administrativo de
Bucaramanga negó las pretensiones al considerar que no se probó la fecha
de inicio de la ocupación ni el área efectivamente ocupada. Concluyó que
la entidad tomó en arriendo la parte edificada, lo cual justificaba la

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03304-01
Demandantes: Danilo Rincón Gómez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – ampara y niega
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tenencia y excluía la configuración de una ocupación temporal o
permanente.

6. 3) Contra la decisión anterior, la parte demandante interpuso recurso
de apelación. Sostuvo que el análisis fue erróneo, porque en los casos de
reparación directa por ocupación de inmueble lo que se discute es la
responsabilidad objetiva. Señaló que los contratos de arrendamiento
comenzaron en septiembre de 2011, por lo que los contratos celebrados
entre la entidad y la propietaria de un predio vecino eran inoponibles. Afirmó
que se probó que la demandada ocupó un área mayor a la edificada
desde 1993.

7. 4) El 12 de noviembre de 2024, el abogado Ignacio Andrés Bohórquez
Borda, en el escrito de alegatos de conclusión, solicitó el reconocimiento de
la personería jurídica de la firma IAbogados SAS y la cesión de los derechos
litigiosos de Danilo Rincón Gómez, Rosa Elena Rincón Gómez y Guillermina
Correa Rincón a favor de José Joaquín Rincón Gómez (hermano y primo de
los accionantes). No obstante, solo el contrato correspondiente a
Guillermina Correa Rincón fue firmado por el cesionario José Joaquín Rincón
Gómez, mientras que los demás contratos no cuentan con la firma de este
último.

8. 5) El 30 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la
responsabilidad de la Policía Nacional por la ocupación temporal de 4.000
m² del predio de los demandantes. Condenó al pago de los perjuicios
materiales por lucro cesante, ordenó como medida de reparación no
pecuniaria el retiro de las estructuras de defensa instaladas en el predio y
aceptó la cesión de derechos litigiosos.

9. El Tribunal concluyó que “Danilo Rincón Gómez, Rosa Elena Rincón
Gómez y Guillermina Correa Rincón ostentan la titularidad de los derechos
litigiosos en el presente proceso, conforme a lo señalado en la demanda y
los poderes otorgados. La demanda fue notificada el 2 de septiembre de
2015, mientras que los contratos de cesión de derechos litigiosos se
suscribieron el 17 de agosto4 y el 30 de septiembre de 20245. En
consecuencia, la cesión de derechos realizada por los demandantes
cedentes al señor Joaquín Rincón Gómez se considera válida, por lo que
este último será reconocido como cesionario”.

4 Se trascribe: “Expediente digital cargado a SAMAI. Índice 072. Documento: Memorial__63cesion3(.pdf) y
Memorial__62cesion2(.pdf)”.
5 Se trascribe: “7 Expediente digital cargado a SAMAI. Índice 072. Documento: Memorial__61cesion1(.pdf)”.

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Demandantes: Danilo Rincón Gómez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – ampara y niega
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10. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora
sostuvo que el Tribunal omitió verificar que los documentos de cesión no
cumplían los requisitos de los artículos 1969 a 1972 del Código Civil y que la
parte demandada no otorgó el consentimiento exigido por el artículo 68 del
CGP.

11. Afirmó que los documentos de cesión de Danilo Rincón Gómez y Rosa
Rincón Gómez no estaban firmados por José Joaquín Rincón Gómez.
Además, resaltó que las firmas de los accionantes no precisaban si
actuaban como cedentes o cesionarios, lo que impedía dotar de validez
jurídica a los instrumentos.

12. Sostuvo que la providencia desconoció el Auto de 12 de agosto de
2019, proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado6, en el cual se
estableció que la cesión debe notificarse a la parte demandada para su
perfeccionamiento, conforme con lo dispuesto en el artículo 68 del CGP.

13. Señalaron que los documentos de cesión los redactó el abogado
Ignacio Andrés Bohórquez Borda “para facilitar el trámite del proceso, para
tener a uno solo como demandante esto es el señor José Joaquín Rincón
Gómez y también los obligó por conducto de este último a que le transfieran
mediante escritura pública No. 470 de fecha de 3 de julio de 2024 de la
Notaria Primera de Málaga las cuotas partes de copropiedad que tenían
sobre el predio rural (…) venta que obviamente fue simulada”. Los
accionantes añadieron que José Joaquín Rincón Gómez les advirtió que la
firma de los documentos era urgente porque ya conocía el sentido
favorable del fallo.

14. Finalmente, afirmaron que eran personas de escasos recursos, baja
escolaridad y edad avanzada. Relataron que, 15 días después de firmar los
documentos de cesión, el abogado de José Joaquín Rincón les ofreció
$15.000.000 a cada uno, lo que despertó su interés por conocer el resultado
del proceso. Al revisar la sentencia, comprendieron que fueron víctimas de
un engaño por parte de su apoderado y de su familiar. Informaron que los
hechos fueron objeto de denuncia penal bajo la noticia criminal No.
684326000144202510205 y que interpusieron acción disciplinaria contra el
abogado Ignacio Andrés Bohórquez Borda.

1.2. Sentencia de primera instancia7 e impugnación

6 Radicado “25000232600020070052701 (46791)”
7 Auto de 14 de julio de 2025, (1) admitió la acción de tutela, (2) negó la solicitud de suspensión provisional (3) tuvo

como demandado al Tribunal Administrativo de Santander y (4) vinculó al Juzgado 5 Administrativo de
Bucaramanga, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, a Ignacio Andrés Bohórquez Borda
y José Joaquín Rincón Gómez, como terceros con interés.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03304-01
Demandantes: Danilo Rincón Gómez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – ampara y niega
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15. Mediante Sentencia de 8 de agosto de 2025, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la acción
de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional. Consideró
que, aunque la demanda no invocó de forma expresa un defecto, los
argumentos presentados se enmarcaban en un posible defecto fáctico.
Negó la solicitud de desvinculación de la Policía Nacional, al haber
intervenido en el proceso de reparación directa, y se abstuvo de
pronunciarse sobre la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, por no
haber sido vinculada en el auto admisorio.

16. Concluyó que los argumentos de la tutela no permitían la intervención
del juez constitucional, pues el amparo buscaba controvertir un asunto de
naturaleza estrictamente económica y de carácter privado, derivado de un
acto voluntario (la cesión de derechos litigiosos). En consecuencia, no se
evidenció una relación directa con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental. El accionante pretendía invalidar los efectos de la
cesión, “esto es, un aspecto que escapa del objeto tanto del proceso de
reparación directa como del juicio de amparo de la referencia (tutela
contra providencia judicial). En ese orden de ideas, puede afirmarse que el
caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
o determinar el alcance de un derecho fundamental, por tratarse de una
controversia preponderantemente económica”.

17. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia. Alegó
que la acción de tutela sí identificó de manera expresa los defectos en los
que incurrió la sentencia cuestionada. Con base en los mismos argumentos,
precisó que se configuraron un defecto procedimental absoluto, un defecto
fáctico y una violación directa de la Constitución. Reafirmó que, al aceptar
la cesión de derechos litigiosos sin verificar la comprensión y voluntad de los
cedentes, el Tribunal vulneró los derechos al debido proceso, a la igualdad
y al acceso a la administración de justicia.

18. Los accionantes sostuvieron que el asunto tenía relevancia
constitucional porque fueron despojados procesalmente e inducidos a error
“en un proceso de alta cuantía y complejidad”, aspectos que exigían la
intervención del juez de tutela. Insistió en que el cesionario “no desplaza
automáticamente al cedente, requiere de aceptación de la contraparte, o
en su defecto, actúa como litisconsorte necesario”, pues, según el “Auto
46791 de 2019” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se requería del
consentimiento de la contraparte.

19. Además, señalaron que el asunto tenía relevancia porque eran
adultos mayores y estaban en “condición de debilidad manifiesta”. Por lo
tanto, el “Tribunal (…) aceptó una cesión irregular de derechos litigiosos, sin

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – ampara y niega
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verificar la capacidad ni la voluntad de los cedentes, sin la firma válida del
cesionario, con errores sustanciales en la calidad en que firmaron los actores,
y sin dar intervención a la parte demandada como lo exige el art. 68 del
CGP y la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Tales
vicios no corresponden a un diferendo económico, sino a una violación
estructural del debido proceso, expresamente señalada y demostrada en la
tutela”. Además, sugirió que el silencio de los vinculados reafirmaba su
intención.

20. El fallo de primera instancia desconoció que se pretendía “evitar la
consolidación de un fraude procesal convalidado judicialmente, en
detrimento de personas especialmente protegidas”. Por lo tanto, lo que se
pretendía era mantener la titularidad “procesal de los actores”.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de defectos y derechos alegados. 2.2. Fijación de la
controversia. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4.
Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos fundamentales. 2.5.
Conclusiones.

2.1. Identificación de los defectos y derechos alegados

21. Aunque la acción de tutela no mencionó de forma explícita un
defecto específico, la Sala coincide con el juez de tutela de primera
instancia en que algunos de los reparos, concretamente, la valoración de
los contratos de cesión de derechos litigiosos, por, aparentemente, no haber
sido suscritos por todas las partes, se enmarca en un posible defecto fáctico.

22. Asimismo, como la parte actora alegó el desconocimiento de un
precedente judicial aplicable al caso, dicho reparo se encuadra en el
defecto por desconocimiento del precedente. En consecuencia, de
superarse los requisitos generales de procedibilidad, la Sala examinará los
planteamientos bajo dichos defectos.

23. Por otra parte, pese a que la parte accionante señaló en su solicitud
de amparo como violados distintos derechos fundamentales, esta Sala
centrará su análisis en la vulneración del derecho al debido proceso, pues
ante una presunta vulneración de garantías constitucionales en el marco de
una actuación judicial, cobra relevancia estudiar si este derecho fue
lesionado durante el desarrollo del trámite judicial ordinario. Aunado a ello,
la vulneración de los derechos constitucionales invocados surge como
consecuencia de la misma afrenta al debido proceso. En consecuencia, en
el evento de encontrar lesionado este derecho, existirá razón suficiente para
conceder el amparo.

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2.2. Fijación de la controversia

24. Corresponde a la Sala verificar si la presente acción de tutela cumplió
con el requisito de relevancia constitucional. En caso afirmativo, deberá
determinar, luego de verificar los demás requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, si el Tribunal
Administrativo de Santander, al aceptar la cesión de derechos litigiosos a
favor de José Joaquín Rincón Gómez en la sentencia de segunda instancia,
incurrió en una valoración defectuosa del material probatorio al no advertir
que el contrato de cesión no había sido suscrito por todas las partes. De igual
forma, debe establecerse si desconoció el precedente judicial al omitir la
exigencia de notificación de la parte demandada respecto de la cesión. En
ese orden, se procederá a confirmar, modificar o revocar la decisión de
primera instancia.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

25. La Sala, a diferencia del juez de tutela de primera instancia, encuentra
que la controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la
presunta afectación del derecho fundamental al debido proceso de los
accionantes, con ocasión de la providencia judicial de segunda instancia
que se pronunció y avaló la cesión de derechos litigiosos y respecto de la
cual el debate central gira en torno a una presunta valoración inadecuada
de pruebas y a un desconocimiento del precedente judicial en relación con
la obligación de obtener la aceptación del deudor cedido, argumentos que
no pudieron plantearse en instancias anteriores, porque dicho
pronunciamiento se dictó por primera vez en el fallo enjuiciado.

26. Adicionalmente, la Sala no comparte el argumento del fallo de
primera instancia de considerar que no es procedente la tutela por
cuestionar un asunto de contenido estrictamente económico.
Precisamente, el asunto controvertido tiene la capacidad real y directa de
afectar el derecho de las víctimas a acceder a la reparación reconocida
por una providencia judicial, en especial cuando los accionantes son
personas de edad avanzada y, por lo tanto, sujetos de especial protección
constitucional.

27. En consecuencia, si se mantiene la orden tal como la estableció la
autoridad judicial accionada, la providencia entraría en ejecución y los
derechos derivados de ella quedarían en cabeza, únicamente, del
cesionario. Aunque, en abstracto, podrían acudir a un proceso ordinario civil
para controvertir la validez del contrato de cesión de derechos litigiosos,
esta vía tiene una alta probabilidad de ocasionar un perjuicio irremediable.
Resulta evidente que, aun en caso de que prosperara la demanda civil, sería

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extremadamente incierto y difícil lograr que el cesionario restituyera la
porción indemnizatoria que les corresponde a los accionantes, en
oportunidad, lo que los dejaría en una situación de indefensión material
incompatible con la protección reforzada de las personas de la tercera
edad.

28. Además, la Sala considera que se cumplieron con los demás requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe medio
de defensa judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte accionante
alegar el reparo planteado vía tutela y procurar la defensa del derecho
presuntamente vulnerado. Hubo un plazo razonable entre la fecha de
notificación de la Sentencia de 30 de enero de 2025 (10/2/2025)8 y la
interposición de la presente acción de tutela (29/5/2025)9. No se enjuició un
fallo de tutela, pues la controversia se relacionó con una sentencia de
segunda instancia dictada en el marco de un proceso de reparación
directa. Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los
hechos y la presunta vulneración derivada de ellos.

2.4. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales

29. La Sala revocará la decisión de primera instancia y accederá a las
pretensiones de la acción de tutela de Rosa Elena Rincón Gómez y Danilo
Rincón Gómez, al haberse configurado el defecto fáctico, porque la
autoridad judicial demandada no valoró de manera adecuada el material
probatorio. No obstante, negará el amparo solicitado respecto de
Guillermina Correa Rincón, por las siguientes razones:

30. Para llegar a esa conclusión, debe observarse que el Tribunal
determinó que los contratos de cesión de derechos litigiosos fueron suscritos
“el 17 de agosto y el 30 de septiembre de 2024. En consecuencia, la cesión
de derechos realizada por los demandantes cedentes al señor Joaquín
Rincón Gómez se considera válida, por lo que este último será reconocido
como cesionario”.

31. Sin embargo, el Tribunal omitió pronunciarse sobre el contenido de los
contratos de cesión celebrados a título gratuito. Tampoco advirtió la
ausencia de la firma del cesionario José Joaquín Rincón Gómez en los
contratos de 17 de agosto de 2024, suscritos por Rosa Elena Rincón Gómez
y Danilo Rincón Gómez ante la Notaría 36 del Círculo de Bogotá D.C.
Además, las firmas de los accionantes aparecen en calidad de cesionarios,

8 De acuerdo con la información que reposa en SAMAI, el mensaje de datos fue enviado el 6 de febrero de 2025.
9 Según acta Individual de reparto.

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aunque en el proceso ordinario y en los contratos se indicó que actuaban
como cedentes. Estas inconsistencias evidentes impiden establecer con
certeza la verdadera voluntad y posición negocial de los demandantes
respecto de la cesión de derechos litigiosos.

32. Al respecto, el contrato de cesión de derechos litigiosos está definido
en el artículo 1969 del Código Civil10. Para su perfeccionamiento la ley exige
que el cedente entregue al cesionario el título, que debe cumplir con los
requisitos establecidos en el artículo 1502 del Código Civil11, entre los cuales,
se destaca el consentimiento y la capacidad, que en este caso debe tener
el cedente.

33. Esta Subsección ha considerado que la cesión de un derecho litigio es
(se trascribe):

“el acto jurídico en virtud del cual una persona transfiere a otra, a título oneroso
o gratuito, los derechos que se controvierten en juicio. De esta manera, se cede
la posición de sujeto de la relación jurídica procesal y con ella la posibilidad de
ejercer las facultades y derechos que de allí se derivan, con miras a conseguir
una decisión final favorable, que en manera alguna garantiza la cesión, pues
se trata de derechos inciertos.

El acto de la cesión está desprovisto de toda solemnidad, toda vez que
ninguna norma exige algún tipo de formalidad. El adquirente a cualquier título
del derecho litigioso podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular o
sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte
expresamente12”.

34. Al analizar los contratos de cesión firmados por Rosa Elena Rincón
Gómez y Danilo Rincón Gómez ante notario, la Sala observa que el título que
pretendía materializar la cesión presenta inconsistencias sustanciales que
impiden determinar con claridad la validez del negocio y la posición de los
firmantes frente al negocio jurídico. Aunque la ley no exige formalidad
alguna para este tipo de contratos, las partes optaron por instrumentarlo por
escrito y ante notario En consecuencia, la ausencia de la firma del
cesionario y la ambigüedad sobre la calidad en que los accionantes
suscribieron los contratos generan incertidumbre sobre la existencia de un
consentimiento válido y, por tanto, sobre el perfeccionamiento de la cesión.

10 “ARTÍCULO 1969. CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS. Se cede un derecho litigioso cuando el objeto directo de la

cesión es el evento incierto de la litis, del que no se hace responsable el cedente.
Se entiende litigioso un derecho, para los efectos de los siguientes artículos, desde que se notifica judicialmente la
demanda”.
11 “ARTÍCULO 1502. REQUISITOS PARA OBLIGARSE. Para que una persona se obligue a otra por un acto o

declaración de voluntad, es necesario:
1o.) que sea legalmente capaz.
2o.) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.
3o.) que recaiga sobre un objeto lícito.
4o.) que tenga una causa lícita”.
La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de
otra”.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 1 de

junio de 2020, Radicado 25000-23-26-000-2005-021-4403 (46395).

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03304-01
Demandantes: Danilo Rincón Gómez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – ampara y niega
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35. Por el contrario, en el caso de Guillermina Correa Rincón, el contrato
de cesión de derechos litigiosos a título gratuito fue suscrito ante la Notaría
2 del Círculo de Duitama (Boyacá) por ella en calidad de cedente y por
José Joaquín Rincón Gómez en calidad de cesionario. Este documento no
presenta inconsistencias evidentes, pues su contenido y alcance son claros,
a diferencia de los firmados por Rosa Elena Rincón Gómez y Danilo Rincón
Gómez.

36. En consecuencia, el Tribunal incurrió en una valoración defectuosa del
material probatorio al omitir el análisis integral del contenido de los contratos
de cesión y al aceptar la validez del negocio jurídico sin advertir las
inconsistencias existentes al momento de su suscripción.

37. Por lo anterior, la Sala concederá el amparo del derecho fundamental
al debido proceso de Rosa Elena Rincón Gómez y Danilo Rincón Gómez. En
consecuencia, únicamente dejará sin efectos el numeral sexto de la
Sentencia de 30 de enero de 2025, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Santander aceptó la cesión de derechos litigiosos.
Además, y le ordenará que emita una nueva decisión en la que valore de
forma integral los elementos probatorios del expediente, en especial los
contratos de cesión suscritos por los accionantes, y que, con base en ese
análisis, profiera el fallo de segunda instancia que en derecho corresponda
sobre la aceptación de la cesión de derechos litigiosos. Por otra parte,
negará el amparo solicitado por Guillermina Correa Rincón porque no se
configuró un defecto fáctico respecto de su situación.

38. En relación con el desconocimiento del precedente, los accionantes
argumentaron que la providencia enjuiciada desconoció el Auto de 12 de
agosto de 2019, proferido por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, Rad. 46791. Según su interpretación, dicha providencia
establecía la obligación de notificar a la parte demandada para que la
cesión se considerara perfeccionada, conforme con el artículo 68 del
Código General del Proceso, y exigía el consentimiento de la contraparte
para su validez.

39. La Sala advierte que los accionantes interpretaron de manera errónea
el contenido de la sentencia invocada, porque esta decisión es explicita en
señalar que (se trascribe):

“El artículo 68 del CGP dispone en el inciso tercero que el cesionario, es decir el
adquirente del derecho, puede intervenir en el pleito para realizar todas las
actuaciones necesarias para acometer la defensa de sus intereses, pero de
distintas maneras, según la postura que adopte la contraparte del proceso, ya
que si el cesionario pretende ser tenido como parte y su contraparte se
manifiesta favorablemente a ello, adquirirá, entonces, tal calidad desplazando
en su posición al cedente, lo que genera una verdadera sucesión procesal;

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03304-01
Demandantes: Danilo Rincón Gómez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – ampara y niega
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mientras que si el accionado guarda silencio al respecto o se opone
expresamente, la normativa señala que “podrá intervenir como litisconsorte del
anterior titular”. Cabe resaltar que para tal efecto, esa tercería es de carácter
cuasinecesario, esto es, que las resultas del fallo lo cobijarán aun en el caso de
que este no se haga parte en el proceso.

Por último, es preciso aclarar que la contraparte no le corresponde efectuar un
pronunciamiento sobre su aceptación, legalidad o conveniencia o no del
contrato de cesión, sino que su intervención se debe limitar simplemente a las
repercusiones que en el proceso judicial ha de tener el acto de cesión”.

40. Por lo tanto, no es cierto que la validez del contrato de cesión de
derechos litigiosos dependa de la aceptación del deudor cedido. El
conocimiento de la cesión por parte de este solo tiene efectos procesales y
no determina la existencia ni la validez del negocio jurídico, como
equivocadamente lo sostienen los accionantes.

41. Además, esta Subsección ha sostenido que la falta de notificación de
la cesión de derechos litigiosos a la contraparte no vulnera el debido
proceso, ya que el cesionario puede intervenir en el proceso como
litisconsorte, conforme con el artículo 68 del CGP13. Asimismo, la Sala Civil de
la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el deudor de la obligación
carece de incidencia en la existencia y validez del contrato de cesión, pues
se trata de un negocio entre el cedente y el cesionario14.

42. Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que los accionantes
no demostraron el desconocimiento del precedente. La interpretación que
realizaron de la providencia invocado fue descontextualizada y contraria a
su contenido, lo que impide considerar configurada un defecto por
desconocer la jurisprudencia aplicable.

2.5. Conclusiones

43. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala revocará el fallo de
primera instancia y, en su lugar, amparará el derecho fundamental al
debido proceso de Rosa Elena Rincón Gómez y Danilo Rincón Gómez por
haberse configurado un defecto fáctico. En contraste, negará el amparo
solicitado por Guillermina Correa Rincón, al no haberse acreditado dicho

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 19 de

septiembre de 2025, Radicado 76001-23-31-000-2002-04561-01 (67.721), ACUMULADO: 76001-23-31-000-2003-04400-
00. “No obstante, no se advierte vulneración alguna al debido proceso; de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 68 del Código General del Proceso —norma vigente en el año 2016, cuando se aportó el contrato en
cuestión—, según el cual en los casos de cesión de derechos litigiosos el traslado que debe hacerse es para la
contraparte para que esta manifieste si acepta la sustitución procesal; de no hacerlo, el cesionario se incorpora
al proceso como litisconsorte necesario. (…)”.
14 Sentencia de 5 de julio de 2017, proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, Radicado11001-31-

03-026-2012-00121-01 “En esa línea, respecto de la relación cedente y cesionario de un derecho litigioso, el
consentimiento del respectivo deudor de la cuestión incierta y discutida, ningún papel juega, así la aceptación
expresa de la alternación subjetiva de su contraparte, para los efectos sustanciales y procesales dichos, sea de su
exclusivo resorte”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03304-01
Demandantes: Danilo Rincón Gómez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – ampara y niega
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defecto fáctico. Asimismo, negará el desconocimiento del precedente
formulado por todos los accionantes, por no encontrarse probada. En
consecuencia, únicamente se dejará sin efectos el numeral sexto de la
Sentencia de 30 de enero de 2025 que aceptó la cesión de derechos
litigiosos de los señores Rincón Gómez dentro del proceso de reparación
directa No. 68001-33-33-005-2013-00455-03, y se ordenará rehacer la
actuación conforme con los lineamientos establecidos en la parte motiva
de esta decisión.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 8 de agosto de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela por no acreditar el requisito de relevancia
constitucional, y en su lugar, AMPARAR el derecho fundamental al debido
proceso de Rosa Elena Rincón Gómez y Danilo Rincón Gómez en relación
con el defecto fáctico.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS únicamente lo relacionado con el numeral
sexto de la Sentencia de 30 de enero de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, en el proceso de reparación directa No. 68001-
33-33-005-2013-00455-03, por lo que se le ORDENA que, dentro de los 10 días
siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión
respecto de Rosa Elena Rincón Gómez y Danilo Rincón Gómez, en la cual
atienda a lo expresado en la presente providencia.

TERCERO: NEGAR el amparo solicitado por Guillermina Correa Rincón
respecto del defecto fáctico, por las razones expuestas.

CUARTO: NEGAR el amparo solicitado por todos los accionantes respecto del
desconocimiento del precedente, por los argumentos expuestos en la parte
motiva de la providencia.

QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03304-01
Demandantes: Danilo Rincón Gómez y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – ampara y niega
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solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin15.

SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

15 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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