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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02431-01

Fecha
16 de junio de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02431-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de abril de 2026, proferida por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por José Joaquín Rincón Gómez, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02431-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

16 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02431-01
Accionante: JOSÉ JOAQUÍN RINCÓN GÓMEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales al debido proceso, acceso
efectivo a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica /
PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA – se negó la eficacia probatoria del documento de
cesión de derechos litigiosos presentados por la parte actora / SUBSIDIARIEDAD – el
accionante no cuenta con medios de defensa extraordinarios para proteger los derechos
fundamentales invocados en la demanda / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – la acción
de tutela se interpuso con el propósito de reabrir una discusión ya resuelta en sede del
proceso ordinario – se plantea un debate de índole eminentemente legal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por José Joaquín Rincón
Gómez, en nombre propio, contra la sentencia del 23 de abril de 2026, proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con
lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 1991.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 26 de marzo de 20261, José Joaquín Rincón Gómez, en nombre propio,
promovió acción de tutela2 contra el Tribunal Administrativo de Santander, con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso,
acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.

Hechos relevantes

2. El 2 de diciembre de 2013, José Joaquín Rincón Gómez, Danilo Rincón Gómez,
Rosa Helena Rincón Gómez y Guillermina Correa Rincón promovieron un proceso
bajo el medio de control de reparación directa3 contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional por la ocupación ejercida en el predio denominado

1 Índice 1 de Samai de primera instancia “REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS
EL jueves, 26 de marzo de 2026”.
2 Índice 2 Samai de primera instancia, expediente digital, archivo “Tribunal 5ED_Demanda(.pdf)
NroActua 2”
3 Proceso identificado con el radicado No. 68001-33-33-005-2013-00455-00.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02431-01
Accionante: José Joaquín Rincón Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

“Mesa Grande Estoraque y Tablón” identificado con matrícula inmobiliaria 312-
10578 ubicado en Molagavita, Santander.

3. El 1°. de septiembre de 2021, el Juzgado Quinto (5º) Administrativo de
Bucaramanga profirió sentencia de primera instancia en la que consideró que los
demandantes no acreditaron el daño alegado, por lo que negó las pretensiones de
la demanda. Contra esta decisión la parte demandante interpuso recurso de
apelación.

4. Mediante sentencia del 30 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de
Santander revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró
responsable a la Nación- Ministerio de Defensa – Policía Nacional por la ocupación
temporal del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 312-10578 y catastro
No. 00-01-0004-0166-000 ubicado en el municipio de Molagavita. En esta
providencia se avalaron los documentos de cesión de derechos litigiosos realizada
por Danilo Rincón Gómez, Rosa Helena Rincón Gómez y Guillermina Correa Rincón
en favor de José Joaquín Rincón Gómez y que fue comunicada a la autoridad
judicial durante la etapa de alegatos de conclusión de segunda instancia.

5. El 29 de mayo de 2025, los señores Danilo Rincón Gómez, Rosa Helena Rincón
Gómez y Guillermina Correa Rincón interpusieron acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Santander, por considerar que con la sentencia del 30 de enero
de 2025 vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad, por haber avalado la supuesta cesión de
derechos litigiosos a pesar de que no cumplía con los requisitos del negocio
previstos en los artículos 1969 a 1972 del Código Civil.

6. El 11 de noviembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B profirió fallo de tutela de segunda instancia4 en el que amparó los derechos
fundamentales de Danilo Rincón Gómez y Rosa Helena Rincón Gómez por
considerar que el Tribunal Administrativo de Santander en la sentencia del 30 de
enero de 2025 omitió examinar el contenido de las cesiones de derechos litigiosos
de los accionantes en favor de José Joaquín Rincón Gómez y puso de presente
varias inconsistencias evidenciadas en dichos documentos. En contraste, dicha
autoridad judicial negó el amparo de Guillermina Correa Rincón porque su cesión sí
aparecía suscrita por ella como cedente y por José Joaquín como cesionario.

7. El 19 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander profirió
sentencia complementaria de la providencia del 30 de enero de 2025 en la que se
aceptó la cesión de derechos litigiosos realizada por Guillermina Correa Rincón en
favor de José Joaquín Rincón Gómez y negó la cesión de parte de Danilo y Rosa
Helena Rincón Gómez, por diversas inconsistencias advertidas en dichos
documentos, especialmente la confusión respecto de la calidad en que las partes
del negocio suscribieron los documentos.

Pretensiones

8. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):

4 Proceso identificado con el radicado No. 11001-03-15-000-2025-03304-01.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02431-01
Accionante: José Joaquín Rincón Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

1. Tutelar los derechos fundamentales.

2. Dejar sin efectos la sentencia complementaria proferida el 19 de diciembre
de 2025 por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso de
reparación directa radicado 68001-33-33-005-2013-00455-03.

3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Santander proferir una nueva decisión
en la cual se realice una valoración integral del acervo probatorio, incluyendo:

a) los contratos de cesión de derechos litigiosos,

b) el acto procesal mediante el cual dichos contratos fueron aportados al
proceso por el propio cesionario (quién los presentó, en qué momento procesal,
con qué finalidad, etc.)

c) la ratificación expresa de aceptación de la cesión, presentada el 4 de
diciembre de 2025 con su documental anexa.
Todo con aplicación de las reglas y los principios hermenéuticos de los
contratos. Ej. artículos 1618 y 1624 del Código Civil

4. Disponer que la nueva decisión sea adoptada con observancia estricta del
debido proceso y del principio de prevalencia del derecho sustancial así como
el de conservación de los contratos”5.

Fundamentos de la demanda de tutela

9. La parte demandante alegó la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela
judicial efectiva porque omitió realizar una valoración integral del acervo probatorio.
Al respecto indicó que la sentencia complementaria del 19 de diciembre de 2025
incurrió en los siguientes defectos: (i) fáctico porque se omitió el análisis de los
contratos de cesión de derechos litigiosos en favor de José Joaquín Rincón Gómez,
cuyo contenido permitía acreditar la validez del negocio y constatar el
consentimiento de los contrayentes (cedentes y cesionario). Según el accionante si
la autoridad judicial accionada hubiere examinado el contenido todas las pruebas
documentales concluiría que los documentos contaban con la firma de los cedentes
y que fueron aportados al proceso de reparación directa previo a la sentencia de
segunda instancia del 30 de enero de 2025 y a la decisión complementaria del 19
de diciembre de 2025; (ii) exceso de ritualidad manifiesto porque la providencia
cuestionada desconoció la validez de los contratos de cesión fundado en la
supuesta falta de firma del cesionario a pesar de que posteriormente dicho
documento fue ratificado ante notario público y aportado al proceso el 4 de
diciembre de 2025; y (iii) desconocimiento del alcance vinculante de la providencia
del 11 de noviembre de 2025 proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado que ordenó al Tribunal Administrativo de Santander realizar un análisis de
los contratos de cesión de derechos litigiosos.

10. Seguidamente se alegó que la providencia cuestionada configuró una
vulneración autónoma del debido proceso y derecho a la tutela judicial efectiva
fundada en la omisión en la valoración probatoria integral por parte del Tribunal
Administrativo de Santander y que tuvo una incidencia clara en la conclusión

5 Folio 1 del escrito de tutela. Índice 2 Samai de primera instancia, expediente digital, archivo
“Tribunal 5ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02431-01
Accionante: José Joaquín Rincón Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

adoptada sobre la falta de consentimiento claro de las partes para celebrar la cesión
de derechos litigiosos. El accionante indicó que la autoridad judicial accionada
“omitió valorar un conjunto de elementos probatorios directamente relacionados con
el consentimiento del cesionario y con la validez del negocio jurídico de cesión de
derechos litigiosos” con lo que desconoció la orden dada por la subsección B de la
sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de tutela del 11 de
noviembre de 2025.

11. El tutelante también realizó un análisis jurídico sobre el perfeccionamiento del
contrato de cesión de derechos litigiosos, así como de la aceptación tácita inicial
realizada por el cesionario, la cual se volvió expresa a partir de la ratificación
realizada ante notario el 4 de diciembre de 2025. Adicionalmente realizó una
reflexión respecto del carácter consensual de la cesión y, junto con ello, indicó que
las firmas en el texto contractual únicamente tenían como finalidad dejar constancia
del acuerdo de voluntades; sin embargo, estimó que debió haberse analizado la
manifestación inequívoca de la voluntad del cesionario a través de sus actos
posteriores para ratificar la validez del negocio jurídico.

Trámite procesal

12. Por medio de auto del 27 de marzo de 20266, la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación7 admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Santander. Adicionalmente vinculó en calidad
de terceros con interés al Ministerio Público, a la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, al Juzgado Quinto (5º) Administrativo de Bucaramanga, a los
señores Danilo Rincón Gómez, Rosa Helena Rincón Gómez y Guillermina Correa
Rincón y a los demás intervinientes dentro del proceso de reparación directa 68001-
33-33-005-2013-00455-00/01/02/03. Por último, dispuso notificar a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Intervenciones

13. A través de apoderado judicial, los señores Danilo Rincón Gómez, Rosa
Helena Rincón Gómez y Guillermina Correa Rincón8 pidieron que se negara la
solicitud de amparo. Al respecto, indicaron que el accionante pretende desconocer
la sentencia complementaria del 19 de diciembre de 2025 y que puso fin al proceso
de reparación directa instaurado en contra de la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional. También señaló que la autoridad judicial accionada profirió la
providencia cuestionada en atención a la orden dada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B en el fallo de tutela del 11 de noviembre de 2025.

14. Frente al caso concreto, en el escrito de contestación se indicó que el Tribunal
Administrativo de Santander al examinar el contenido de las supuestas cesiones de
derecho litigiosos en favor de José Joaquín Rincón Gómez constató que dichos

6 Índice 4 de Samai de primera instancia, archivo “7Autoqueadmite_20260243100JoseJoaqu(.pdf)
NroActua 4”.
7 Despacho a cargo del consejero Luis Eduardo Mesa Nieves.
8 Índice 12 de Samai de primera instancia, archivo “17_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
TRASLADOACCIONDET(.pdf) NroActua 12”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02431-01
Accionante: José Joaquín Rincón Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

documentos no reunieron los requisitos exigidos por la ley debido a que no fueron
suscritos por las partes, aunado a que la alegada “ratificación” de la cesión por parte
del cesionario no podía ser tenida en cuenta en el proceso ordinario porque acaeció
cuando ya existía sentencia de segunda instancia, por lo que con ello ya se sabía
la decisión del caso concreto y se eliminó el alea intrínseca de este tipo de negocios.
Por último, alegó que el accionante realizó una tergiversación del contenido del fallo
de tutela del 11 de noviembre de 2025 proferido por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y que la sentencia complementaria del 19 de
diciembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander no incurrió
en el defecto fáctico invocado en la presente acción constitucional.

15. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional9 solicitó que se declare
su falta de legitimación en la causa por pasiva porque no profirió la providencia
cuestionada, ni tiene competencia para oponerse a lo resuelto por la autoridad
judicial, por lo que pidió ser desvinculado de la presente acción constitucional.

16. La autoridad judicial accionada, ni los demás vinculados al proceso rindieron
informe a pesar de haber sido debidamente notificados10.

La sentencia de primera instancia

17. Mediante de sentencia del 23 de abril de 2026, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia por no cumplir con el requisito de subsidiariedad11.

18. Sostuvo que los motivos de la acción constitucional interpuesta por el
demandante -omisión en la valoración del material probatorio- se enmarcan en los
supuestos del numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -en adelante CPACA- que
constituye la nulidad originada en la sentencia, por lo que dicho reproche es
susceptible de ser alegado mediante el recurso extraordinario de revisión. Aunado
a ello consideró que el accionante pretende hacer valer pruebas que debieron ser
solicitadas durante las oportunidades previstas en el proceso ordinario, por lo que
pretende reabrir una etapa procesal legalmente concluida por el Tribunal
Administrativo de Santander.

19. Así, se indicó que, al no comprobarse la existencia de un perjuicio irremediable,
no es procedente un estudio de fondo de la acción de tutela, especialmente, porque
el accionante cuenta con medios de defensa idóneos para hacer efectivos los
derechos que considera vulnerados, con sustento en ello declaró la improcedencia
de la acción de tutela.

9 Índice 11 de Samai de primera instancia, archivo
“16RECIBEMEMORIAL_gs2026010210segen(.pdf) NroActua 11”.
10 Índice 7 de Samai de primera instancia, archivo “Acuse Entregados Recibo
Notificación/Comunicación 2026-04-07T15:05:28.767 (.zip)(.zip) NroActua 7”.
11 Índice 17 de Samai de primera instancia, archivo “26Sentencia_1020260243100JoseJoa(.pdf)
NroActua 17”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02431-01
Accionante: José Joaquín Rincón Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

La impugnación12

20. El accionante solicitó que se revoque la providencia del 23 de abril de 2026 y,
en su lugar, se conceda el amparo de los derechos fundamentales invocados. Como
petición subsidiaria pidió que, si se considera que el recurso extraordinario de
revisión es el mecanismo judicial procedente para garantizar los derechos del
accionante, se conceda el amparo como mecanismo transitorio que garantice el
eventual restablecimiento de derechos del accionante.

21. Los motivos de disenso frente a la decisión de primera instancia se sintetizaron
así: (i) la sentencia impugnada aplicó indebidamente el requisito de subsidiariedad
porque el recurso extraordinario de revisión no es un mecanismo idóneo y eficaz
para decidir los cuestionamientos frente al defecto fáctico y exceso de ritualidad
manifiesto en que incurrió la sentencia complementaria del 19 de diciembre de 2025;
(ii) el accionante no pretendió reabrir el debate probatorio de un proceso concluido
sino controlar la omisión en la valoración de pruebas que obraban en el proceso de
reparación directa y que no fueron tenidas en cuenta por el Tribunal Administrativo
de Santander; (iii) la providencia cuestionada vulneró el derecho a la igualdad y
acceso a la administración de justicia porque produce una diferencia frente al criterio
de relevancia constitucional debido a que, previamente, resolvió de fondo la acción
de tutela instaurada por Rosa Helena Rincón Gómez y Danilo Rincón Gómez; (iv)
no puede alegarse la existencia de cosa juzgada constitucional porque el reproche
se dirigió contra la sentencia complementaria del 19 de diciembre de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander en el proceso de reparación directa; (v)
la omisión en la valoración probatoria respecto de la ratificación del contrato de
cesión de derechos litigiosos por parte del cesionario incidió en la resolución del
caso concreto en el proceso ordinario; (vi) la sentencia impugnada no examinó el
cargo de exceso de ritualidad manifiesto y redujo dicha alegación a un asunto
relativo a la etapa probatoria concluida por el Tribunal Administrativo de Santander;
(vii) reiteró que se desconoció la orden del fallo de tutela del 11 de noviembre de
2025 que exigió la valoración integral del material probatorio; (viii) el recurso
extraordinario de revisión no puede constituirse como una barrera para no acceder
a lo pedido en la acción constitucional y (ix) solicitó de manera subsidiaria que se
otorgue el amparo transitorio hasta que se resuelva el eventual recurso
extraordinario de revisión para que se evite la materialización de un perjuicio
irremediable en su contra.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

22. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

12 Índice 21 de Samai de primera instancia, archivo “29_MemorialWeb_Recurso-
ImpugnacionTutela(.pdf) NroActua 21”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02431-01
Accionante: José Joaquín Rincón Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

23. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que los
problemas jurídicos se circunscriben a responder: (i) ¿la presente demanda de
tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, al existir, como indicó el juez de
primera instancia del proceso de tutela, otros mecanismos de defensa, como el
recurso extraordinario de revisión?; y (ii) ¿si la acción constitucional de la referencia
ostenta relevancia constitucional o, por el contrario, pretende reabrir el debate
jurídico y probatorio del proceso ordinario?

24. En caso de que los anteriores interrogantes tengan respuestas afirmativas, se
resolverá ¿si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales del
debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva del
accionante?

25. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) el requisito de subsidiariedad; (iii) el
requisito de relevancia constitucional; y (iv) el caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

26. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades o de los
particulares en los casos que señale la ley. En ese sentido, el artículo 5° del Decreto
2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo
86 de la Constitución Política”, prevé:

“Artículo 5. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela
procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la
acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto
jurídico escrito”13.

27. Frente a esto, la Corte Constitucional ha establecido:

“[…]para que proceda la acción de tutela en un asunto determinado, se
requiere que existan elementos objetivos de los cuales se pueda inferir
una amenaza o vulneración cierta de derechos fundamentales, bien sea por
una acción o una omisión de las autoridades públicas y,
excepcionalmente, de los particulares.

Así las cosas, quien acuda a la acción de tutela en procura de obtener la
protección de los derechos fundamentales que considera conculcados,
debe, como cuestión inicial, acreditar, siquiera sumariamente, el hecho
vulnerador, es decir, la amenaza o afectación directa del bien jurídico
susceptible de amparo.

13 Art. 5. Decreto 2591 de 1991.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02431-01
Accionante: José Joaquín Rincón Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en
señalar que, ‘la acción de tutela procede, cuando se pruebe que se
amenazan o vulneran los derechos fundamentales de una persona por parte
de autoridades públicas o los particulares, y adicionalmente no existe un
mecanismo judicial de protección de los mismos, idóneo para tal efecto’14(se
destaca)15.

Del principio de subsidiariedad. Procedencia excepcional de la acción de
tutela

28. El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6° del Decreto 2591 de
1991 establecen que la acción de tutela es procedente cuando no exista un medio
de defensa judicial eficaz que permita resolver el asunto sometido a consideración
del juez o, en los casos en los que, pese a contar el accionante con una herramienta
idónea, se esté frente a la inminencia de un perjuicio irremediable en los términos
de la jurisprudencia constitucional.

29. En la Sentencia SU-355 de 2015, la Corte Constitucional precisó su posición
frente al requisito de subsidiariedad y señaló que este principio se rige por las reglas
de exclusión de procedencia y de procedencia transitoria. Así, estableció que (i) es
improcedente cuando existen medios de defensa judicial idóneos y eficaces para
resolver el problema jurídico y no se evidencia riesgo de un perjuicio irremediable;
(ii) procede de manera definitiva cuando no existen tales mecanismos; y, (iii) de
forma excepcional, es procedente de manera transitoria cuando, aun existiendo
medios judiciales adecuados, se advierte la posibilidad de un perjuicio irremediable
que haga necesaria la protección inmediata de los derechos fundamentales del
accionante.

30. el Tribunal Constitucional, en sentencia T-511 de 2020 consideró que la
intromisión del juez de tutela en aquellos eventos en que se disputan autos
proferidos en un proceso judicial en curso deben someterse a un análisis de
procedencia estricto, puesto que: (i) no se trata de decisiones definitivas; (ii) la
persona tiene a su disposición distintos recursos jurídicos para controvertir el auto,
en el marco del proceso judicial en el cual fue emitido y, además, (iii) tiene la
posibilidad de recurrir la decisión final. Aunado a que está condicionada a (i)
agotamiento de los recursos procedentes contra la decisión definitiva y (ii) la
demostración de la existencia de un perjuicio irremediable.

El requisito de relevancia constitucional

31. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

14 Original de la Cita: “Ver Sentencia T-313 del 7 de abril de 2008, M.P Rodrigo Escobar Gil”.
15 T-346-10.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02431-01
Accionante: José Joaquín Rincón Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

32. La Corte Constitucional indicó16 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.

33. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en los
eventos en que se pretende reabrir el debate17: (i) la deliberación debe recaer sobre
un asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre en el contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

34. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
transgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia18.

Caso concreto

35. La Subsección no comparte la decisión de primera instancia que concluyó que
la acción de tutela incumplía el requisito de subsidiariedad. Sin embargo, considera
que no hay lugar a estudiar de fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple
con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional. A
continuación, se desarrolla esta conclusión. Para ello, en primer lugar, precisará
algunos elementos del trámite ordinario; en segundo lugar, estudiará la
subsidiariedad del caso; y, en tercer lugar, analizará la relevancia constitucional.

36. Como punto de partida, se debe rememorar que la Subsección B de la Sección
Tercera de esta Corporación, al conocer del asunto mediante la acción
constitucional interpuesta por Rosa Helena Rincón Gómez, Danilo Ríncon Gómez y
Guillermina Correa Rincón, profirió la sentencia de tutela 11 de noviembre de 2025
en la que puso de presente que el Tribunal administrativo de Santander en la
providencia del 30 de enero de 2025 omitió pronunciarse sobre el contenido de los
contratos de cesión celebrados a título gratuito en favor de José Joaquín Rincón
Gómez, debido a que en ellos fueron suscritos por Rosa Elena y Danilo Rincón
Gómez en calidad de cesionarios y no de cedentes y no constaba la firma del
beneficiario de la cesión, lo que constituía graves inconsistencias que impedían
determinar con claridad la validez de esos negocios, por lo que concluyó que la

16 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
17 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-134 de 2022.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02431-01
Accionante: José Joaquín Rincón Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

autoridad judicial accionada incurrió en una valoración defectuosa del material
probatorio en ese caso concreto.

37. En cumplimiento del fallo de tutela, proferido por esta Corporación, el Tribunal
Administrativo de Santander expidió la sentencia complementaria del 19 de
diciembre de 2025, la cual adicionó a la providencia del 30 de enero de 2025, que
había accedido a las pretensiones de la demanda instaurada por los señores José
Joaquín, Danilo, Rosa Helena Rincón Gómez y Guillermina Correa Rincón en contra
de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional en el proceso de reparación
directa 68001-33-33-005-2013-00455-03. En dicha providencia se dispuso:

“Primero. Adicionar el numeral sexto de la sentencia proferida el 30 de enero de
2025, con una nueva decisión, de acuerdo con los parámetros establecidos en
la sentencia de tutela del 11 de noviembre de 2025 emitida por el H. Consejo de
Estado, así:

Sexto. Se acepta la cesión de derechos litigiosos realizada por Guillermina
Correa Rincón en favor de José Joanquín Rincón Gómez y se niega la cesión
de los derechos litigiosos de Danilo Rincón Gómez y Rosa Helena Rincón
Gómez en favor del referido demandante José Joaquín Ricón Gómez.

(…)”.

38. En el caso bajo estudio, la parte accionante solicita que se deje sin efectos la
sentencia complementaria expedida el 19 de diciembre de 2025, por el Tribunal
Administrativo de Santander por considerar que vulneró los derechos del debido
proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva porque la
autoridad judicial omitió realizar una valoración integral del material probatorio del
expediente, especialmente, los referidos a los documentos de cesión de derechos
litigiosos.

39. Estudio del requisito subsidiariedad: en el caso concreto, la Subsección
reconoce que no hay mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial
que permitan cuestionar la decisión atacada por las razones expuestas en la
presente acción de tutela.

40. En efecto, la sentencia complementaria del 19 de diciembre de 2025 fue
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en segunda instancia, en
cumplimiento de la orden impartida en la sentencia de tutela del 11 de noviembre
de 2025, con el propósito específico de adicionar el numeral sexto de la sentencia
dictada el 30 de enero de 2025 dentro del proceso de reparación directa. En
consecuencia, frente a esa decisión no procedía recurso ordinario de apelación,
pues fue adoptada por el juez de segunda instancia y el proceso ordinario ya había
culminado.

41. Tampoco se advierte que el recurso extraordinario de revisión constituya, en las
condiciones particulares del caso, un mecanismo judicial idóneo para desplazar la
procedencia formal de la acción de tutela. Si bien el numeral 5 del artículo 250 del

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02431-01
Accionante: José Joaquín Rincón Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

CPACA19 prevé como causal de revisión la existencia de nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede apelación, dicha
hipótesis no cobija cualquier desacuerdo con la apreciación del material probatorio20
ni toda controversia sobre la interpretación de documentos allegados al
expediente21. Su procedencia exige que el reproche se subsuma en un vicio con
entidad anulatoria originado en la propia sentencia, esto es, en una irregularidad
que comprometa de manera autónoma y grave el debido proceso, y no simplemente
en la inconformidad de una de las partes con la valoración judicial de determinadas
pruebas.

42. En este asunto, los cargos formulados por el accionante no se estructuran
alrededor de una nulidad originada en la sentencia, sino sobre la supuesta indebida
valoración de los contratos de cesión de derechos litigiosos, el alcance jurídico de
la aceptación o ratificación posterior del cesionario y la forma en que el Tribunal
Administrativo de Santander cumplió la orden de tutela previamente impartida. Tales
cuestionamientos no encajan, de manera clara y directa, en la causal prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, toda vez que implican una discrepancia con
la lectura que la autoridad judicial efectuó sobre el contenido, oportunidad, eficacia
y alcance de unos documentos específicos en lugar de una irregularidad procesal
constitutiva de nulidad en la sentencia. Por esa razón, exigir al accionante acudir al
recurso extraordinario de revisión equivaldría a imponerle una carga procesal que,
en este caso concreto, no ofrece una vía adecuada para resolver la controversia
constitucional planteada.

43. De igual forma, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
tampoco constituye un medio judicial idóneo en este caso, de acuerdo con el
Capítulo II del Título VI del CPACA, es decir, los artículos 256 a 268 de la Ley 1437
de 2011. La controversia no plantea la necesidad de unificar un punto de derecho
ni evidencia la oposición de la sentencia cuestionada frente a una sentencia de
unificación aplicable al asunto. Por el contrario, el debate se concentra en la
valoración de unos documentos de cesión de derechos litigiosos, en la
determinación de si estos permitían acreditar una manifestación clara e inequívoca
de voluntad y en el alcance que podía darse a la ratificación presentada por el
accionante. Se trata, entonces, de una discusión eminentemente probatoria y de
aplicación concreta de reglas sobre cesión de derechos litigiosos, no de un
problema jurídico abstracto que justifique la intervención del juez de unificación.

44. En esta lógica, la demanda satisface el requisito de subsidiariedad.

19 Ley 1437 de 2011. Artículo 250. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
son causales de revisión: (…).
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación. (…)”.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión,
sentencia del 7 de junio de 2016, C.P. Jorge Octavio Ramírez, exp. 2015-02493-01.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 20 de febrero de 2020, C.P: María Adriana Marín, exp: 2019-03861-01.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02431-01
Accionante: José Joaquín Rincón Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

45. Estudio del requisito de relevancia constitucional: La Sala constata que los
reproches formulados por la parte accionante no superan la presente exigencia,
porque la sentencia cuestionada no evidencia una afectación autónoma, directa y
grave de los derechos fundamentales invocados. En realidad, lo planteado mediante
la presente acción constitucional es una discrepancia con la valoración efectuada
por el juez natural del proceso de reparación directa 68001-33-33-005-2013-00455-
00 frente al contenido y alcance de los documentos con los que se pretendió
acreditar la cesión de derechos litigiosos de Danilo Rincón Gómez, Rosa Helena
Rincón Gómez y Guillermina Correa Rincón en favor de José Joaquín Rincón
Gómez.

46. En criterio de esta Corporación, el requisito de relevancia constitucional implica
que el accionante identifique un derecho fundamental presuntamente afectado y
acredite de manera clara, específica y suficiente la forma en que la providencia
judicial cuestionada desconoce dicha garantía. El razonamiento jurídico requiere
algo más que la simple alegación de la transgresión de derechos fundamentales.
Es imprescindible explicar con precisión la forma en que estos han sido afectados,
lo que evita el uso de la tutela como mecanismo para manifestar una inconformidad
contra las providencias adoptadas y que sea utilizada como una instancia adicional.

47. Así, aunque la actora invocó defecto fáctico fundado en la omisión de las
pruebas aportadas en el proceso ordinario y que acreditaban la existencia y validez
los contratos de cesión de derechos litigiosos en favor de José Joaquín Rincón
Gómez, la Sala constata que el Tribunal Administrativo de Santander, en la
sentencia complementaria del 19 de diciembre de 2025, valoró los referidos
documentos. Sin embargo, consideró que respecto de los señores Danilo Rincón
Gómez y Rosa Helena Rincón Gómez su contenido no evidencia una manifestación
de voluntad clara e inequívoca para ceder sus derechos litigiosos, debido a que no
existe certeza sobre la condición en que dichos sujetos suscribieron el referido
documento (cedentes o cesionarios). En consecuencia, la tutela no plantea un juicio
de validez constitucional de la providencia, sino un cuestionamiento de corrección
en la valoración de las pruebas realizadas por la autoridad judicial accionada,
aspecto que es ajeno al ámbito excepcional del amparo contra decisiones judiciales.

48. Adicionalmente el accionante alegó que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander incurrió en exceso de ritualidad manifiesto porque
desconoció la validez de los contratos de cesión solo por la falta de firma de parte
del cesionario; empero, la Sala constata que esa no fue la razón para negar la cesión
de derechos litigiosos invocada, sino que ello se sustentó en la falta de claridad de
los documentos, junto con que la ratificación de los documentos por parte de José
Joaquín Rincón Gómez aportada al proceso ordinario el 4 de diciembre de 2025 no
podía ser valorada en ese escenario procesal como elemento suficiente para
modificar el alcance de la orden de tutela que se cumplía y no fue puesta en
conocimiento de manera oportuna como prueba procesal en el proceso ordinario, ni
al momento en que el Consejo de Estado profirió el fallo de tutela del 11 de
noviembre de 2025; de modo que la autoridad judicial no podía valorar dicha
actuación extemporánea del cesionario para determinar la validez de los negocios
jurídicos celebrados con Danilo y Rosa Helena Rincón Gómez.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02431-01
Accionante: José Joaquín Rincón Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

49. Ahora aunque el accionante indicó que el Tribunal Administrativo de Santander
desconoció el alcance vinculante del fallo de tutela del 11 de noviembre de 2025
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que
dispuso realizar un análisis integral de la cesión de los derechos litigiosos en favor
de José Joaquín Rincón Gómez, lo cierto es que no sustentó la manera en que,
según su criterio, la autoridad judicial accionada dejó de cumplir con lo ordenado
por esta Corporación en sede de tutela y tampoco aportó argumentos distintos a su
disentimiento respecto del juicio valorativo realizado por el fallador, lo que implicó
que la solicitud de amparo se centrara, en realidad, en reproducir cuestionamientos
ya decididos en el proceso de reparación directa.

50. En ese sentido, se debe reiterar que la acción de tutela contra providencias
judiciales exige una carga mínima de sustentación respecto de los defectos que se
invocan en la tutela, lo cual no fue satisfecho en la presente acción constitucional
en la que no se identificó mínimamente el precedente que consideró vinculante, ni
el yerro en los soportes jurisprudenciales tenidos en cuenta por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo al resolver la controversia.

51. Por último, la Sala destaca que el razonamiento esgrimido en la providencia
judicial para descartar el contenido de los contratos de cesión invocados por el aquí
accionante fue razonablemente sustentado en las inconsistencias evidenciadas en
dichos documentos, junto con la decisión adoptada por esta Corporación en el fallo
de tutela del 11 de noviembre de 2025 que ordenó examinar el contenido de dichos
contratos a efectos de determinar si eran procedente aceptar las cesiones de
derechos litigiosos invocadas por José Joaquón Rincon Gómez. Aunado a que el
accionante tampoco sustentó las razones por las cuales dicho.

52. Según lo expuesto en precedencia, en este caso resulta evidente que la acción
constitucional fue promovida con el propósito de reabrir un debate ya agotado en
sede contencioso-administrativa, donde las objeciones de la actora fueron
ampliamente examinadas a la luz del acervo probatorio y decididas conforme al
ordenamiento jurídico. Conviene recordar que la tutela no constituye un recurso
alternativo frente a sentencias desfavorables, especialmente cuando las cuestiones
debatidas fueron objeto de un análisis dentro del proceso ordinario.

53. Adicionalmente, no se observa una vulneración del derecho al debido proceso
en su dimensión fundamental. La Corte Constitucional ha señalado que dicho
derecho solo resulta afectado en ese ámbito cuando se desconocen sus garantías
esenciales, como el acceso al juez natural, la posibilidad de aportar y controvertir
pruebas, la publicidad del trámite y de las decisiones, la imparcialidad judicial o el
ejercicio de la defensa. Ninguno de estos aspectos resultó afectado en el caso bajo
estudio, toda vez que la parte accionante intervino de manera activa en el proceso
ordinario, ejerció su derecho a la defensa y obtuvo pronunciamientos de fondo. En
efecto, el Tribunal Administrativo de Santander resolvió la controversia con respeto
a las garantías procesales y constitucionales de los sujetos procesales del litigio

54. En esa misma lógica, no se advierte vulneración al derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia en su dimensión constitucional. El accionante
dispuso de un acceso real, efectivo y sin restricciones a la jurisdicción competente,

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Accionante: José Joaquín Rincón Gómez
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así como a los recursos previstos en el ordenamiento jurídico para controvertir las
decisiones adoptadas dentro del proceso. No obra prueba que permita inferir que
se le negó la posibilidad de acudir al aparato judicial, que se hubiere obstaculizado
el normal desarrollo del trámite, o que se le hubieran restringido sus facultades
procesales para ejercer su derecho de defensa y contradicción. Por el contrario, el
expediente refleja que las garantías propias del debido proceso fueron respetadas,
lo cual descarta cualquier afectación a la tutela judicial efectiva.

55. Por último, aunque el accionante en su impugnación indicó que la sentencia de
primera instancia en el presente trámite constitucional proferida el 23 de abril de
2026 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró su
derecho a la igualdad y acceso a la administración de justicia con fundamento en
que previamente se resolvió de fondo la acción de tutela promovida por los señores
Danilo Rincón Gómez, Rosa Helena Rincón Gómez y Guillermina Correa Rincón en
contra del Tribunal Administrativo de Santander, se debe precisar que en dicha
oportunidad la intervención del juez constitucional se justificó en que la sentencia
condenatoria del 30 de enero de 2025 en la que, además, se aceptó la cesión de
derechos en favor de José Joaquín Rincón Gómez puso en riesgo el derecho de las
víctimas de acceder a la reparación reconocida por parte de la autoridad judicial
ante la omisión del contenido de los referidos acuerdos de voluntades, asunto que
no es predicable en la presente acción constitucional en la que es el señor José
Joaquín Rincón Gómez quien pretende que se le otorgue validez a los acuerdos de
cesión en que se constataron múltiples inconsistencias y cuya validez puede ser
examinada a través de un proceso civil ordinario y no mediante la presente acción
constitucional con el ánimo de suscitar una tercera instancia del proceso de
reparación directa.

56. Así las cosas, pese a que la demanda supera el requisito de subsidiariedad, no
se cumple con el de relevancia constitucional, debido a que se constató que lo que
realmente pretende el accionante es reabrir el debate sobre el contenido de los
documentos de cesión de derechos litigiosos presentados ante el Tribunal
Administrativo de Santander en el proceso de reparación directa 68001-33-33-005-
2013-00455-00 en atención a lo ordenado por la Subsección B de la Sección
Tercera de esta Corporación mediante fallo de tutela del 11 de noviembre de 2025,
por lo que la acción de tutela no puede ser usada como un mecanismo para
controvertir el examen jurídico y probatorio realizado por el juez natural del proceso
ordinario.

57. En este contexto, esta Sala confirmará la sentencia del 23 de abril de 2026,
proferida por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela presentada por José Joaquín Rincón Gómez en
contra del Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02431-01
Accionante: José Joaquín Rincón Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

III. R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de abril de 2026, proferida por la
Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró improcedente
la acción de tutela presentada por José Joaquín Rincón Gómez, en nombre propio,
contra el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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